Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación, la doble instancia y ser oído y la garantía de presunción de inocencia; toda vez que, en la audiencia de medida cautelar que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, habiendo transcurrido más de sesenta días desde su recepción, recién fue resuelto por el Vocal demandado, declarándolo inadmisible por no cumplir con lo estipulado por el art. 251 del CPP; es decir, por no haberse interpuesto en el acto; por lo que solicita se conceda la acción para que se convoque una audiencia para considerar sus agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la Resolución 011/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 785/2022 de 25 de octubre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo admitir el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 147/2022 de 27 de julio, y convocar a audiencia de consideración de los agravios que vaya a fundamentar el accionante, conforme lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando el accionante no hubiere presentado otra solicitud de cesación de su detención preventiva.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0387/2025-S3 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52123-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 011/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Filemón Aruni Gonzales en representación sin mandato de Franz “Coaquira” Chuquimia contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 12 a 21, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 27 de julio de 2022, se desarrolló la audiencia de cesación de la detención preventiva en la que se dispuso su rechazo por Auto Interlocutorio 147/2022 de igual fecha; por tal situación conforme a lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), formuló recurso de apelación incidental, siendo remitido por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Canaviri del departamento de La Paz por nota CITE: OF. 368/2022 de 26 de agosto, a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; empero, luego de haber transcurrido más de sesenta días, el Vocal de la Sala Penal Tercera del referido Tribunal de Justicia -hoy demandado-, emitió el Auto de Vista 785/2022 de 25 de octubre, sin haber convocado al correspondiente verificativo para la exposición de los agravios sufridos, declarando la inadmisibilidad del prenombrado medio de impugnación, bajo el argumento de no haberlo interpuesto de manera oral.
El Vocal demandado no valoró adecuadamente el Auto Interlocutorio 147/2022, causando una incongruencia en su contenido; puesto que, en sus últimas líneas se advierte textualmente que planteó el señalado mecanismo de impugnación de acuerdo a lo previsto por el art. 251 del CPP; por ello, se pronunció una decisión sin una explicación detallada que justifique su fundamentación y motivación; asimismo, la actuación de la mencionada autoridad judicial le ocasiona la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a ser oído, a la impugnación y a la doble instancia; ya que, al no convocar a audiencia de consideración del indicado recurso de apelación se le impidió su participación procesal para la exposición de sus intereses legítimos y puedan ser conocidos y resueltos en segunda instancia, y de esa manera se le restituyan sus derechos.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación, la doble instancia y ser oído, y la garantía de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 785/2022 de 25 de octubre; b) Ordenar a la autoridad judicial demandada convoque a audiencia a efectos de considerar los agravios sobre la apelación contra el Auto Interlocutorio 147/2022; c) Se remita obrados al Consejo de la Magistratura a efectos de iniciar proceso disciplinario; y, d) Se califique costas y costos por la vulneración de sus derechos fundamentales, sea con la reparación de daños civiles teniendo presente que se encuentra indebidamente detenido.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de la acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) En la audiencia de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 147/2022, indicando que se reserva el derecho de exponer los agravios en audiencia de alzada; por consiguiente, el juez a quo ordenó por secretaría se remitan obrados a la instancia superior, por ello, cumplió con lo establecido por el art.
251 del CPP; no obstante, el Vocal demandado por Auto de Vista 785/2022, dispuso su inadmisibilidad aduciendo que no lo interpuso de forma oral en el verificativo de la referida cesación; en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio confutado; 2) Se lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la celeridad vinculado con la libertad, protegido por el art. 115 de la CPE, al estipular que todo ciudadano se encuentra amparado de manera oportuna y efectiva por los jueces y tribunales de justicia, para el ejercicio de sus derechos e interese legítimos; 3) La autoridad judicial demandada entiende equivocadamente que al mencionar que, vamos a interponer el medio de impugnación incidental, solo se realizó la reserva del mismo; cuando el término debe ser entendido en tiempo presente y no en futuro; ante lo cual, se evidencia que se obró con criterios rigurosos y extremadamente formalistas; por lo que, su accionar es esquivo y de mala fe, de esta manera, vulneró los arts. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 8 de la CADH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los cuales prevén que, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente, con las concernientes garantías dentro de un plazo razonable ante un juez competente; 4) Para otorgar la garantía a la tutela judicial efectiva es preciso efectuar una interpretación más justa y favorable al momento de examinar los requisitos de admisión a la justicia, traducida en lo que se entiende por iura novit curia, debiendo aplicarse la jurisprudencia constitucional e internacional bajo el principio de convencionalidad y el estándar más alto de los derechos y garantías constitucionales; 5) El derecho a la impugnación y doble instancia es considerado como componente del debido proceso; así establecido, por la Ley Fundamental y la SCP 0189/2019-S3 de 30 de abril; no obstante, el Vocal demandado incurrió en una incongruencia al declarar la inadmisibilidad del citado medio de impugnación y al mismo tiempo confirmar el Auto Interlocutorio 147/2022 sin una debida fundamentación y motivación del por qué decidió ratificarla; y, 6) Al no haberse valorado como prueba el legajo de apelación, ocasionó que el Auto de Vista cuestionado sea considerado como arbitrario y discrecional.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito 51/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 28 a 31, pidió se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) El art. 398 del CPP, determina el principio de limitación por competencia de su persona; puesto que, se apertura la misma por la formulación de los agravios del recurrente y sobre los cuales se deberá emitir la referida fundamentación, aspecto que se encuentra relacionado con el principio de imparcialidad; ii) El Auto de Vista 785/2022 fue dictado bajo los elementos de hecho, derecho y jurisprudencia, señalando que, el accionante no dio cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 251 del Adjetivo Penal y 33 del Reglamento 12/2019 de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, los cuales determinan que el recurso de apelación incidental deberá ser planteado de manera oral y en el acto; es decir, inmediatamente, elementos que fueron omitidos; dado que, el demandante de tutela expresamente señaló, vamos a interponer el recurso de apelación, entendiéndose que es un acto futuro que podría o no realizarse y por el contrario la interposición del indicado recurso de apelación incidental es un acto procesal presente y cierto; iii) Dictó el Auto de Vista cuestionado dentro de los parámetros del Auto Supremo 114/2016-RRC de 14 de febrero, con la debida exposición de fondo y de forma, por ello, no se causó ninguna vulneración al derecho del debido proceso en sus componentes a la fundamentación y motivación; iv) El impetrante de tutela en la exposición de sus argumentos en la acción de libertad, se limitó a realizar una transcripción de los antecedentes, normativa, de sentencias constitucionales, señaló derechos y principios constitucionales, sin sustentar el por qué los cita y cuál la relación de la transgresión al debido proceso con el Auto de Vista demandado; y, v) Si el peticionante de tutela no comprendía con claridad los fundamentos emitidos por el Auto de Vista prenombrado, debió solicitar explicación, complementación y enmienda conforme el art. 125 del CPP y al no haber agotado esa “instancia”, no cumplió con la subsidiariedad; asimismo, no estableció el nexo causal entre los actos vulneratorios y los derechos o garantías supuestamente violentados; por ello, no se transgredió el derecho al debido proceso.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 011/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 36 a 40, denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante denuncia que el Auto de Vista 785/2022 al declarar la inadmisibilidad de su recurso de apelación incidental no consideró que el citado medio de impugnación fue planteado el 27 de julio de 2022, en la audiencia de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, no sustentó con argumentos claros sobre la vinculatoriedad entre el hecho concreto demandado y el tipo de acción de libertad que formuló; conforme al principio pro persona se infiere que se interpone esta acción de defensa por la transgresión del debido proceso, concerniente a ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso parámetros específicos a ser empleados, como ser, el acto lesivo debe estar vinculado con el derecho a la libertad, ser la causa directa para su restricción o supresión, y un estado absoluto de indefensión; de los cuales, se observa que, la situación jurídica del impetrante de tutela deviene de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, y no así, del Auto Interlocutorio 147/2022 y del Auto de Vista 785/2022; también, advirtió que fue asumiendo defensa de acuerdo a los preceptos normativos penales; por consiguiente, no cumplió con los presupuestos para su concesión; y, b) Es aplicable la subsidiariedad; ya que, el peticionante de tutela no hizo uso de los medios ordinarios estipulados por el Código de Procedimiento Penal; puesto que, si no comprendía el Auto de Vista confutado, debió pedir la complementación o explicación de las determinaciones emitidas.
La parte accionante en uso del art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó explicación y complementación -no se advierte literalmente los argumentos que mencionó-. En respuesta el Juez de garantías manifestó que, no tiene la posibilidad de emitir una explicación; dado que, la redacción de la resolución que dictó es clara, no es obscura o ambigua; tampoco, se constata alguna supresión; ante ello, determinó no ha lugar a lo peticionado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Franz “Coaquira” Chuquimia -ahora accionante-, en audiencia virtual de 27 de julio de 2022, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, dictó el Auto Interlocutorio 147/2022, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva; según el acta complementaria de audiencia, el abogado del accionante manifestó, conforme al art. 251 del CPP, “vamos a interponer el recurso de apelación, reservándonos el derecho de fundamentar en el tribunal de alzada” (sic), solicitando se remita obrados (fs. 2 a 6). II.2. Cursa nota CITE: OF. 368/2022 de 26 de agosto, del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental del mismo departamento; mediante la cual, remitió el legajo del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 147/2022; ingresando a la Sala Penal Tercera el 31 de agosto del referido año (fs. 10 a 11). II.3. Por Auto de Vista 785/2022 de 25 de octubre, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la citada Sala Penal -hoy demandado-, declaró inadmisible el prenombrado medio de impugnación y confirmó el Auto Interlocutorio 147/2022; bajo el fundamento, que el impetrante de tutela no interpuso el recurso de apelación en el acto y oralmente, y los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento 12/2019 de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, creado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no reconoce el término de “vamos a interponer el recurso de apelación” (sic[fs. 25 a 26]).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, a la valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación, la doble instancia y ser oído y la garantía de presunción de inocencia; toda vez que, en la audiencia de medida cautelar que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, habiendo transcurrido más de sesenta días desde su recepción, recién fue resuelto por el Vocal demandado, declarándolo inadmisible por no cumplir con lo estipulado por el art. 251 del CPP; es decir, por no haberse interpuesto en el acto; por lo que solicita se conceda la acción para que se convoque una audiencia para considerar sus agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estipula:
La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Sobre las formas de presentación del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, así la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, determinó que este mecanismo de impugnación “puede ser planteado en forma oral y en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito” . Bajo el mismo entendimiento la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, hace alusión a los principios de oralidad e inmediación que son parte del procedimiento penal, y reiteró lo establecido por la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que determinó las subreglas referentes al recurso de apelación incidental, citando entre ellas:
[iv)] Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. (…) Por tal motivo, ante toda apelación oral formulada en audiencia, la autoridad judicial debe disponer la remisión de los antecedentes de la causa al Tribunal ad quem en la misma audiencia, en ese mérito, a partir de ese momento, se computará el plazo previsto en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. [el resaltado es añadido] Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”.
2El FJ III.3, indica: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis añadido).
Este razonamiento se ha mantenido en el marco de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 1173 al art. 251 del CPP, así la SCP 0807/2021-S4 de 12 de noviembre, reafirmó lo siguiente:
[Al] respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.
En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo (…) [el resaltado es añadido]. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente: [Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…). En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].
Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].
La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, al respecto señala que:
[El] derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: `I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental.
Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras.
El accionante, denuncia que habiendo transcurrido más de sesenta días desde la recepción del recurso de apelación incidental, el Vocal demandado declaró inadmisible el mismo, con el argumento de que no cumplió con lo estipulado por el art. 251 del CPP, de interponer el recurso de apelación inmediatamente en el acto y oralmente; por consiguiente, confirmó la resolución de rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva. Expuesta como se tiene la problemática planteada por el accionante, concierne traer a colación aquellas piezas procesales que evidencien la existencia del mismo; por ello, se tiene, el Auto Interlocutorio 147/2022 de 3El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido: 1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158) 2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158) 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”. 4El FJ III.2.2. refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras).
27 de julio, por el cual el juez de la causa, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, y en acta complementaria el abogado del accionante señaló “vamos a interponer el recurso de apelación” (sic) incidental, y se reservó la respectiva fundamentación en el Tribunal de alzada, conforme al art. 251 del CPP (Conclusión II.1.); por consiguiente, a través de la nota CITE: OF. 368/2022, se remitió el legajo del citado medio de impugnación a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que fue recepcionada el 31 de agosto del referido año, por la Sala Penal Tercera (Conclusión II.2.); es así que, mediante Auto de Vista 785/2022 de 25 de octubre, el Vocal demandado declaró inadmisible el prenombrado recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 147/2022; bajo el argumento, que el impetrante de tutela no lo interpuso de acuerdo a lo previsto por el art. 251 del citado Código; vale decir, que haya sido planteado de forma inmediata y oral; ya que, al mencionar “vamos” a interponer el recurso de apelación se refiere a un acto futuro que puede ser que suceda o no (Conclusión II.3.). Ahora bien, para la dilucidación del acto lesivo corresponde aplicar los entendimientos pronunciados en la jurisprudencia de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2. de este fallo constitucional. Así, corroborados los mencionados actos jurídicos, el peticionante de tutela cumplió con los parámetros normativos y jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, una vez concluida la audiencia de cesación de la detención preventiva de 27 de julio de 2022, y siendo notificado de manera verbal con la decisión del juez de la causa, y al no encontrarse de acuerdo con la misma, inmediatamente planteó recurso de apelación incidental conforme lo previsto por el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, haciendo la alusión “vamos a interponer el recurso de apelación” (sic), difiriendo la fundamentación de sus agravios ante el Tribunal de segunda instancia, pidiendo se remitan obrados; el indicado precepto legal refiere que se activará el indicado mecanismo de impugnación cuando una resolución disponga, modifique o rechace medidas cautelares y una vez sorteada al vocal de turno, bajo responsabilidad y sin más trámite deberá resolverlo; igualmente, estipula que, una vez planteado el mismo, las actuaciones pertinentes serán enviadas ante al tribunal de apelación, aspecto que fue realizado por nota CITE: OF 368/2022 enviando el legajo con los antecedentes del proceso. Por consiguiente, el accionante en la audiencia de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva, efectuó la interposición de su recurso de apelación de manera oral; la cual, claramente quedó descrita en el acta complementaria de 27 de julio de 2022, manifestando también que, desarrollará la fundamentación de sus agravios ante la autoridad judicial de la instancia superior; siendo ese, el acto procesal idóneo para la exposición y confrontación de éstos, y ser resueltos por la autoridad competente. El Vocal demandado por Auto de Vista 785/2022 declaró inadmisible el citado recurso de apelación incidental; razonando que, el imperante de tutela no se ajustó a lo descrito por los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento 12/2019 de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; ya que, al utilizar la palabra “vamos”, se refería a un acto en tiempo futuro; argumento judicial que no se encuentra acorde con el objeto de la Ley 1173 y del señalado Reglamento, los cuales disponen que los conflictos penales sean resueltos garantizando una justicia pronta, oportuna y eficaz; por lo que, plasmó un criterio erróneo de la citada palabra, entendiendo que el verbo estaba en tiempo futuro, y por lo mismo sería un acto que podría o no realizarse; la cual contiene una interpretación gramatical equivocada; ya que, se encuentra en el indicativo presente en primera persona del plural del verbo ir -vamos-; ante ello, el término utilizado por el accionante en el acta complementaria de 27 de julio de 2022 se halla correctamente pronunciado. La interpretación dictada por el Vocal demandado, además, de ser incorrectamente gramatical, también es excesivamente rigurosa y formal al declarar la inadmisibilidad del referido recurso de apelación incidental, el cual va en contra de la concepción de ese medio de impugnación al cerrarle la oportunidad procesal de acceder al reclamo y exposición de sus agravios en instancia de apelación; cuando su competencia fue activada al momento de recepcionar los obrados remitidos por el juez a quo; es así que, la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, determina que el citado mecanismo de impugnación debe ser aceptado sin pedir ningún tipo de exigencia de manera formal que ocasione un despropósito al principio de inmediación ante su persona; pues la sola interposición del recurso de manera oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes, razón por la cual la autoridad demandada al entender que el término “vamos”, implicaba que la apelación podía ocurrir, desconoció arbitrariamente el acto de formulación oral del recurso de apelación presentado por el accionante, que quedó ratificado con la petición de remisión de obrados y aseveración que fundamentaría los agravios ante el Tribunal de alzada, conforme existe la normativa en vigencia y la jurisprudencia constitucional, correspondiendo señalarse el verificativo para que el accionante formule de manera oral los argumentos sobre los perjuicios que le provocó el Auto Interlocutorio 147/2022. Cabe señalar que, si bien, las medidas cautelares no causan estado en la situación jurídica del accionante; puesto que, entre sus características esta la excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, es con base en las mismas, que presentó su solicitud de la cesación de la detención preventiva, precisamente para cambiar su estado de detención preventiva, petición que estaba asociada directamente con su libertad, aspecto que la autoridad judicial demandada al ser el Tribunal a quem debió considerar antes de emitir un pensamiento riguroso y arbitrario, puesto que, los fundamentos y motivaciones expresados en el Auto de Vista 785/2022 se encuentran alejados de la normativa legal y la jurisprudencia constitucional citada en este fallo constitucional; más al contrario, tenía que aplicar criterios interpretativos más amplios, en procura de la revisión o modificación si correspondiere de su privación de libertad; por consiguiente, concierne conceder la tutela solicitada. Continuando con el estudio del acto lesivo, este Tribunal constató que, el Vocal demandado al haber vertido un criterio formalista y equivocado, suscitó la lesión de los derechos también demandados por el accionante a la defensa y a la impugnación; ya que, al negarse la admisibilidad del recurso de apelación incidental le impidió la efectivización del mismo, sin que se le permitiera ser oído en audiencia pública y oral sobre los agravios que a su criterio estaban en contra de sus intereses legítimos; para así, ejercer su derecho a la defensa material y técnica dentro de los parámetros legales; y posteriormente, sean analizados y resueltos en el fondo de su pretensión. Razonamiento concordante con lo determinado por lo citado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que explicita la concatenación del derecho a la defensa con el derecho a la impugnación, entendiéndose como aquella actuación otorgada al sujeto procesal, para la aplicación de todos aquellos mecanismos de impugnación previstos por la normativa legal y vigente, en cualquier etapa del proceso para la defensa de sus derechos, permitiéndole disentir la resolución pronunciada por el juez a quo, para que sea revisada por una autoridad superior en grado, quien tendrá la obligación de examinar y contestar jurídica y legalmente cada una de sus cuestionantes, conforme a lo establecido por los arts. 115 y 119.II de la CPE, la jurisprudencia de la Corte IDH y la normativa del bloque de constitucionalidad; por lo mencionado, es pertinente conceder la tutela impetrada.
Por otra parte, de obrados que contiene el expediente y lo mencionado por el impetrante de tutela, se advierte que, los antecedentes del recurso de apelación que se estudia fue recepcionado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 31 de agosto de 2022; empero, el Auto de Vista 785/2022 fue emitido el 25 de octubre de ese año, corroborando que, efectivamente fue dictado sobre pasando el plazo previsto de tres días a partir de sorteada la causa, estipulado por el art. 251 párrafo tercero del CPP modificado por la Ley 1173, sin que el Vocal demandado haya expresado ningún justificativo del por qué emitió una resolución con tanto tiempo de dilación; por ello, se concluye que, el prenombrado cometió una demora ilegal e indebida, transgrediendo el citado precepto legal y lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional que señala en la SCP 0309/2025-S3 de 30 de abril: “…toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho (…), por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (el énfasis fue añadido); de lo razonado, es adecuado conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR, la Resolución 011/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 785/2022 de 25 de octubre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo admitir el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 147/2022 de 27 de julio, y convocar a audiencia de consideración de los agravios que vaya a fundamentar el accionante, conforme lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando el accionante no hubiere presentado otra solicitud de cesación de su detención preventiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0387_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6975b28cfe0c546fd5a973430bbc6ccf9a707316c74cfb3339176d28e9e0dc45
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