Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 3 de mayo de 2023
Concede la tutela
El demandante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el derecho al debido proceso, en sus vertientes de defensa; igualdad procesal de partes; y al acceso a una justicia pronta y oportuna, por incumplimiento de los plazos procesales, toda vez que la autoridad jurisdiccional denunciada no remitió la apelación que presentó en audiencia dentro de las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 del CPP, por lo que solicita que la autoridad jurisdiccional demandada remita en el día el recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR la Resolución 20/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
2º Exhortar a Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, a remitir las apelaciones incidentales dentro del término legal, con la advertencia de que en caso de reiterarse la demora se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0387/2023-S1 Sucre, 3 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44782-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 20/2021 de 16 de diciembre de 2021, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jorge Daniel Olivera Fernández contra Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2021, cursante de fs. 13 a 16 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado en el art. 308 Bis del Código Penal (CP), tramitado ante el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba; el 7 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una audiencia en cumplimiento del Auto de Vista de 3 de diciembre de mismo año, en el cual se pronunció el Auto Interlocutorio de 7 del citado mes y año y contra la que formuló recurso de apelación incidental. El recurso mencionado fue sorteado por sistema al tercer día a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, a lo cual una vez que se apersonó para la obtención de copias simples, le comunicaron que dicho recurso no fue remitido en físico, situación que persistió hasta el día 14 de diciembre del referido año, habiendo transcurrido un total de cinco días hábiles desde la celebración de la referida audiencia y la impugnación del Auto de 7 de diciembre de 2021, lo que sin lugar a dudas generó lesión a sus derechos por retardación indebida.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el derecho al debido proceso, en sus vertientes de defensa; igualdad procesal de partes; y al acceso a una justicia pronta y oportuna, por incumplimiento de los plazos procesales; citando al efecto los arts. 8, 22, 23, 73, 115, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que la autoridad demandada ordene al secretario de su despacho judicial, que en el día remita el cuadernillo de apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La audiencia pública de consideración de la acción tutelar, se celebró el 16 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 53 a 55, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogado, se ratificó en su memorial de acción de libertad, y amplió su fundamentación señalando que: a) Amplía su acción de libertad en contra del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba; b) Habiéndose desarrollado la audiencia el 7 de diciembre de 2021, en horas de la mañana y emitida la resolución, la defensa del imputado apeló la decisión, en previsión de los arts. 180 y 251, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), que reconocen el derecho de apelación, su trámite y el plazo para su remisión de veinticuatro horas ante la Sala de turno. Si bien se estableció que era un caso sui generis, debido a que en esa fecha el Juzgado se encontraba de vacación, este aspecto no limita ni restringe el derecho que tiene Jorge Olivera Fernández a que se cumplan los plazos procesales, remisión que se efectuó por sistema el 10 de diciembre de 2021; c) Realizando el seguimiento de la remisión por plataforma, el día viernes 10 de diciembre, se constató que el mismo fue remitido a la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal Departamental de Justicia, con esa información se realizó el seguimiento en dicha Sala por los siguientes días hasta la interposición de la presente acción constitucional; d) Se desconocía que los días anteriores a la presentación de esta acción, el expediente fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, y éste a su vez remitió el expediente a la Sala Penal Cuarta, Tribunal que el día 15 de diciembre del referido año, por la tarde notificó con la radicación y señalamiento de audiencia de apelación; y, e) Que esta última remisión realizada al referido Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, también resulta dilatoria, debido a que se realizó el día viernes 10 de diciembre a horas 15:50, faltando diez minutos para que se termine la jornada laboral, pero nuevamente no fue remitido en físico sino hasta el día 13 de diciembre del mismo año, conforme establece la nota de cargo de recepción de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que señala lunes 13 de diciembre horas 10:20.
Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, el 16 de diciembre de 2021, presentó informe escrito, cursante a fs. 37 y vta., señalando los siguientes extremos: 1) Que efectivamente el 7 de diciembre de 2021, se desarrolló una audiencia de revisión de medidas cautelares en cumplimiento de un Auto de Vista que establecía su sustanciación en un plazo de veinticuatro horas; 2) Que el 10 de diciembre se realizó la remisión del expediente a la Sala Penal Tercera, donde la Secretaria se rehusó a recibir el expediente, bajo el argumento de que el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, se encontraba de vacación, razón por la cual no podrían efectuar sorteos; y, 3) En coordinación con la oficina gestora de procesos, se realizó la baja del primer sorteo, para acto seguido realizar la remisión del expediente al juzgado de turno, Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, el cual realizó el sorteo correspondiente que llego a recaer en la Sala Penal Cuarta del dicho Tribunal, siendo efectivizada la remisión en físico el 13 de diciembre de 2021. Razón por la cual, dicho trámite se realizó en el marco de la razonabilidad y celeridad habiéndose superado todas las dificultades.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 20/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., denegó la tutela solicitada; sobre la base de los siguientes fundamentos; i) El 7 de diciembre de 2021, en el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, se realizó una audiencia de cesación a la detención preventiva en cumplimiento de un Auto de Vista emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba; ii) Que el 7 de diciembre de 2021, el Juzgado mencionado, se encontraba en vacaciones colectivas en cumplimiento de la Circular 009/2021 siendo de conocimiento general; iii) El secretario del referido Juzgado, realizó el sorteo asignándose inicialmente a la Sala Penal Tercera; sin embargo, el envío en físico no pudo realizarse, por la negativa de recepción de parte de la Sala Penal Tercera debido a que el juzgado de origen no estaba habilitado (de turno) para que sea esta instancia quien efectivice el sorteo que corresponde, situación que refleja el informe del secretario del Juzgado de origen; iv) Que a consecuencia de esta situación, se remitió la causa al juzgado de turno, Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, por nota de remisión de 7 de diciembre de 2021, remisión que se materializó el 10 de diciembre de igual año, según nota y sello de recepción; v) El Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero (Juzgado de turno), el 13 de diciembre de 2021, procedió al envió de la causa en apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Sala de turno), mediante nota recepcionada en la misma fecha, según sello de recepción; vi) Compulsado los antecedentes, se tiene que si bien existió un intervalo desde el 7 hasta el 13 de diciembre de 2021, entre el momento de la apelación y la radicación en alzada del recurso de apelación, existen imponderables que la parte demandada ha superado para la efectivización del envió de la causa, de las cuales subraya que evidentemente el distrito judicial de Cochabamba se encontraba de vacaciones judiciales por la emisión de la Circular 009/2021, que si bien el secretario efectivizó el sorteo correspondiente y su remisión para luego ser observado, este trámite tampoco estaba previsto por la Circular 009/2021, aspecto que es un imponderable, situación que determinó en que este trámite sea reconducido y enviado al juzgado de turno para finalmente ser sorteado y remitido a la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal Departamental de Justicia; situación que pese a la demora, existe un justificativo razonable en razón de la vacación que venía gozando la autoridad demandada, que si bien resulta cierto que el imputado tiene derecho a que se resuelva su situación jurídica, no puede desconocerse el derecho que tienen los funcionarios judiciales a gozar de su vacación; y, vii) Respecto a la vulneración de derecho al debido proceso, en sus componentes, defensa, igualdad y acceso a la justicia, la parte accionante no consideró los lineamentos establecidos por la SCP 0139/2015-S3, relativa al procesamiento indebido, señalándose como vía idónea la acción de amparo constitucional. En consecuencia, denegándose la tutela con costas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de acta de Audiencia Pública y Resolución de Vista de apelación de medida cautelar de 3 de diciembre de 2021, dictada por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en la que dispuso la procedencia del recurso de apelación y en consecuencia se revoque el Auto Interlocutorio de 15 de noviembre de 2021, y determinó que en un plazo no mayor a veinticuatro horas de efectuada la devolución de los antecedentes al Tribunal de origen, la autoridad a quo reinstale audiencia y emita nueva resolución respondiendo a todos y cada uno de los planteamientos que realizó la defensa (fs. 7 a 9).
II.2. Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe de 15 de diciembre de 2021, señaló que habiendo verificado el libro de ingresos de apelaciones de medidas cautelares de la referida Sala Penal, no ingresó ningún legajo procesal correspondiente al sujeto procesal Jorge Daniel Olivera Fernández. (fs. 45) Adjunta copias (fs. 46 a 51).
II.3. Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, el 16 de diciembre de 2021, mediante informe escrito señalo: a) Que el 7 de diciembre de ese año, se desarrolló una audiencia de revisión de medidas cautelares en cumplimiento de un Auto de Vista de la Sala Penal Primera; b) Que en fecha 10 de diciembre de igual año se realizó la remisión del recurso de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde la secretaria se rehusó a recibir el expediente, porque el juzgado de origen se encontraba de vacación y no podría efectuar sorteos; y, c) El 13 de diciembre se remitió el expediente al juzgado de turno, mismo que remitió en físico el recurso de apelación sorteándose a la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal Departamental de Justicia, el 13 de diciembre de 2021 (fs.37).
II.4. Jhonny Lomas García, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, mediante informe de 16 de diciembre de 2021, señaló que el 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una audiencia en cumplimiento del Auto de Vista emitido por la Sala Penal Primera, emitiéndose el Auto Interlocutorio de la misma fecha, cual fue apelado por el denunciante de tutela Jorge Daniel Olivera Fernández, por lo que el 9 de diciembre se realizó el sorteo de la apelación por sistema SIREJ, llegando a recaer en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin embargo, al tiempo de su recepción en físico se observó que el juzgado de origen se encontraba de vacación. En tal razón, se procedió a remitir el expediente al juzgado de turno para su tramitación y sorteo (fs. 42).
II.5. Por reporte de Sistema Integrado de Registro Judicial SIREJ., se tiene la existencia de remisión del recurso de apelación ante la Sala Penal Tercera efectuada el 10 de diciembre de 2021 a horas 10:36, una recepción de la Sala Penal Tercera a horas 14:21 y devolución del expediente a horas 14:23; y la recepción del juzgado de origen a horas 14:24; por otra parte, existe una remisión del juzgado de origen al juzgado de turno, Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital, en fecha 10 de diciembre a horas 14:24, mismo que fue recepcionado en físico el 13 de diciembre de 2021 a horas 08:20, cual a su vez a horas 8:29 remitió la causa ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sala que recepcionó el expediente de manera física en fecha 14 de diciembre de 2021 a horas 14:45 (fs. 38).
II.6. Cursa oficio de 7 de diciembre de 2021, por el cual se remitió el cuaderno procesal en cuestión al juzgado de turno, Juez de Violencia y Anticorrupción N°3 de la capital, con nota de recepción de fecha 10 de diciembre a horas 15:50. (fs. 39 y vta.). II.7. Cursa oficio de 13 de diciembre de 2021, por el cual se remitió el recurso de apelación en cuestión ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con nota de recepción de fecha 13 de diciembre a horas 10:20. (fs. 40 y vta.). II.8. Cursa copia de decreto de señalamiento de audiencia de consideración de apelación de medidas cautelares de fecha 14 de diciembre de 2021. (fs. 43). III.9. Cursa copia de papeleta de notificación realizada a Jorge Daniel Olivera con decreto de 14 de diciembre de 2021, notificada el 15 de diciembre de 2021 a horas 13:46 (fs. 44).
El demandante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el derecho al debido proceso, en sus vertientes de defensa; igualdad procesal de partes; y al acceso a una justicia pronta y oportuna, por incumplimiento de los plazos procesales, toda vez que la autoridad jurisdiccional denunciada no remitió la apelación que presentó en audiencia dentro de las veinticuatro horas, conforme dispone el art. 251 del CPP, por lo que solicita que la autoridad jurisdiccional demandada remita en el día el recurso de apelación incidental. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes fundamentos jurídicos 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) La acción de libertad innovativa; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0140/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 4El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 5El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.
En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 6El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 7El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 8El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El demandante de tutela indica que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 7 de diciembre de 2021 se instaló audiencia de cesación a la detención preventiva en cumplimiento del Auto de Vista de 3 de diciembre de mismo año; contra la decisión asumida formuló recurso de apelación incidental, siendo este sorteado al tercer día a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por lo cual se apersonó ante dicha Sala para la obtención de copias simples, donde le informaron que el recurso de apelación no fue remitido en físico, situación que persistió hasta el día 14 de diciembre de 2021, habiendo transcurrido un total de cinco días hábiles desde la celebración de la referida audiencia y la impugnación del Auto Interlocutorio de 7 de diciembre de igual año. Previamente a ingresar al análisis de la problemática de fondo, cabe referirse al hecho de que la autoridad demandada habría remitido el expediente de manera física, al Juzgado de turno por motivo de vacaciones el 10 de diciembre de 2021, cual a su vez habría remitido el recurso de apelación ante la sala de turno mediante oficio de 13 de diciembre del citado año; es decir, dos días antes al día de la presentación de la presente acción de tutela; sin embargo, la parte accionante en audiencia refirió desconocer este último trámite, habiendo la Sala Penal Cuarta notificado a la parte accionante con señalamiento de audiencia de apelación de medidas cautelares en fecha 15 de diciembre de 2021 a horas 13:46, lo que evidencia que, el día de la audiencia de consideración de la acción de libertad, el envío ya estaba materializado. Ahora bien, no obstante la cesación del acto reclamado, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, corresponde pronunciarse en el fondo de la problemática para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional y evitar futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, por cuanto el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”, razón por la cual se procede a examinar el fondo de la denuncia. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Concretamente en cuanto a la demora en la remisión de la apelación interpuesta contra los autos interlocutorios que resuelven la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares de carácter personal, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas en torno a la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho en estos casos, la primera subregla establece que:
Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales”. Asimismo, la cuarta sub regla (…) iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, y considerando los hechos expuestos por el accionante y los informes que cursan en obrados, dentro del proceso penal que se le sigue al imputado Jorge Daniel Olivera Fernández -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, en cumplimiento de un Auto de Vista de 3 de diciembre de 2021, el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, en habilitación de horas inhábiles, al encontrarse en vacaciones, el 7 de diciembre de mismo año sustanció una audiencia de cesación de medidas cautelares, en la cual se emitió el Auto Interlocutorio de mismo mes y año, cual fue recurrida en apelación incidental por el ahora accionante (Conclusión II.1, 2 y 3). Dispuesto el trámite procesal, la autoridad judicial demandada, mediante Secretaría, procedió al sorteo de la causa el 10 de diciembre de 2021, sin considerar que su juzgado se encontraba de vacaciones, este aspecto fue observado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba, que rehusó recibir el expediente en grado de apelación y pidió reconduzca su trámite por el juzgado de turno, hecho que es evidente por verificativo del libro de ingresos de dicha sala. (Conclusión II.2.). Evidenciado el error de trámite por reporte de SIREJ (Conclusión II.5 y 6), la autoridad demanda dispuso la remisión del expediente al juzgado de turno, Juzgado Anticorrupción y Contra Violencia a la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, el cual a su vez el 13 de diciembre de 2021, remitió el trámite de apelación ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.7), tribunal que finalmente señaló audiencia para la tramitación de la revisión de medidas cautelares mediante decreto de 14 de diciembre del mismo año, lo que fue notificado a la parte recurrente el 15 de diciembre de 2021 (Conclusión II.8 y 9); por lo cual se evidencia el transcurso de seis días desde la interposición del recurso hasta su efectiva remisión; incumpliendo de esa manera el plazo legal de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP. La demora advertida, evidentemente vulnera el derecho al debido proceso vinculado al derecho a la libertad y celeridad, toda vez que la autoridad demandada, quien tenía pleno conocimiento de que su juzgado se encontraba de vacaciones (Conclusión II.3.), ignoró esta situación y en lugar de remitir el expediente al juzgado de turno realizando sus actos de forma diligente y oportuna dentro de los plazos legales; y verificar que el personal de apoyo judicial también cumpla de esa manera, omitió dicho deber, y permitió se produzca un trámite erróneo que derivó en una dilación indebida en la remisión del recurso de apelación en alzada, lo cual ha provocado la afectación del derecho a la libertad del accionante, ya que, por causa de esa demora, se dilató indebidamente el trámite del recurso de apelación incidental que planteó, demorando la revisión de la decisión del Juez a quo en torno a la aplicación de la improcedencia de la solicitud de cesación a la detención preventiva dispuesta; razón por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada, sin disponer la remisión solicitada por haberse ya producido. Por último, en relación a la vulneración del derecho al debido proceso, en sus vertientes de derecho a la defensa, derecho a la igualdad procesal de partes, no serán abordados, por cuanto tan solo fueron nombrados sin realizar argumentación respecto como hubieran sido lesionados. Por lo desarrollado, se tiene que el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR la Resolución 20/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 56 a 58 vta., pronunciada el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
2º Exhortar a Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR Cochabamba, a remitir las apelaciones incidentales dentro del término legal, con la advertencia de que en caso de reiterarse la demora se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0387_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): d35b3171661b61d25c8044deee6d2cc0ae85253043ab2c329d7333d6fc6660e8
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →