Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/23 de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 39, así como su Auto Complementario de igual data (fs. 39 vta. y 40), pronunciadas por el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
2° Dimensionar los efectos, de este fallo constitucional, manteniendo invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Tribunal de garantías, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53128-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1/23 de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Islas Rivero en representación sin mandato de Ronald Alberto Molina Rosado contra Yiye David Ríos Sarabia; y, Vania Beatriz Romero Peña, Jueces Públicos Mixtos Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo y Primera, respectivamente del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, así como a la defensa técnica y material; toda vez que, estando detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por memoriales presentados el 13 y 20 de diciembre de 2022; en el cual solicita al Juez ahora demandado -quien se encontraba de turno por vacación judicial-, cesación de su detención preventiva; sin embargo, dicha autoridad jurisdiccional no dio curso a las mismas, alegando no tener el acta de audiencia de 28 de julio de igual año -de imposición de medidas cautelares- y que el expediente se encuentra en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz; por su parte, la autoridad de dicho Juzgado, habría manifestado no tener dicho expediente; por lo que, ambas autoridades no le dan una respuesta objetiva, vulnerando así sus derechos. Por lo que, solicita se ordene a las autoridades demandadas, procedan a instalar la audiencia de cesación de la detención preventiva del caso signado con Código Único de Denuncias (CUD) 701102042201420, Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 716/2022. Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, no se hizo presente a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni presentó informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 7. Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 12 de enero de 2023, cursante a fs. 9; señaló que: a) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encuentra radicado en dicho Juzgado, estando el mismo en etapa preliminar; b) Desconocía que dentro del proceso mencionado se habría llevado a cabo una audiencia de medida cautelar con aprehendido; toda vez que, dentro del inicio de investigación que cursa en su despacho judicial solamente cursa el inicio de investigación y el último memorial que presentó la Fiscal de Materia de 2 de diciembre de 2022; en el que, hizo conocer la presentación de querella por parte de la víctima; y, c) En ningún momento -las partes-indicaron que existiese alguna imputación formal y mucho menos algún memorial presentado por parte de la defensa. El Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 1/23 de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 39; concedió la tutela impetrada, disponiendo: 1) Que en el término de veinticuatro horas la autoridad demandada Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal “Segunda” del Plan 3000, del citado departamento, lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva incoada por el ahora impetrante de tutela, conminándola a su cumplimiento; y, 2) Respecto al Juez demandado; señaló que, en lo sucesivo tratándose del cumplimiento de un turno, remita las actuaciones completas de las causas que ingresan, y deberá recepcionar todas las actuaciones que se lleven a cabo bajo prevenciones de ley; ya que, está en la obligación de recibir un cuaderno totalmente saneado. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Evidentemente, se han vulnerado los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante; toda vez que, estando éste detenido preventivamente desde el 28 de julio de 2022, solicitó cesación de su detención preventiva mediante memoriales presentados el 13 y 20 de diciembre del mismo año, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del referido departamento; sin embargo, el Juez titular de dicho Juzgado quien se encontraba de turno, y que además fue quien dispuso la detención preventiva del accionante, no solo omitió señalar audiencia de cesación de la detención preventiva; sino que, además no remitió el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000; ii) Si bien la Jueza demandada reconoció que la causa se encuentra radicada en su despacho; no obstante manifestó que, no cuenta con el acta de audiencia de 28 de julio del citado año; razón por la cual, se vio imposibilitada de señalar audiencia; más aún cuando dicha actuación no habría sido solicitada ante su autoridad; asimismo, indicó desconocer que en la causa se hubiera dispuesto la detención preventiva del solicitante de tutela; y, iii) De lo antes mencionado es preciso señalar que, es responsabilidad del Juez demandado organizar debidamente el cuaderno procesal, juntamente con el personal de apoyo jurisdiccional, y remitirlo con todas las actuaciones ante la autoridad judicial competente a cargo de la causa. Por Auto Complementario de la misma fecha, cursante de fs. 39 vta. a 40, el Tribunal de garantías, señaló que: a) Por error involuntario se había consignado a la autoridad ahora demandada Vania Beatriz Romero Peña, como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal “Segunda” del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, siendo lo correcto Primera; por lo que, corresponde enmendar la titularidad de los juzgados Primero y Segundo del Plan 3000; b) De la revisión de antecedentes se ha establecido que los memoriales de 12 y 20 de diciembre de 2022, se habrían presentado ante el Juez ahora demandado Yiye David Ríos Sarabia, titular del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000; mismos que, debieron haber sido resueltos por esta autoridad; por lo que, ratifica la concesión de la tutela contra dicha autoridad; dado que, el mismo estaba en la obligación de fijar audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva; y, c) A la Jueza ahora demandada, que en su informe indicó que se le había remitido el expediente sin el acta de medida cautelar o mandamiento de detención preventiva; recomendó que, en lo sucesivo tratándose del cumplimiento de un turno deberá verificar las actuaciones completas de las causas que ingresan a su Juzgado, proveniente del de turno; y “Siendo dicha autoridad que se encuentra de turno actualmente (por vacación del juzgado 2do. del Plan 3000); señalar audiencia de Cesación de la detención preventiva en el término de 24 horas” (sic). En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
La SCP 1397/2022-S2 de 17 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1 establece:
La SCP 2383/2012 de 22 de noviembre, reiterando los fundamentos establecidos en la SC 0320/2010-R de 15 de junio, con respecto a la falta de prueba en la acción de libertad, estableció que: «“…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada”; …».
De los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene que, el proceso penal de referencia había sido presentado el 9 de junio de 2022, a instancia del Ministerio Público, en contra del ahora accionante, mismo que fue radicado mediante Auto de 13 de igual mes y año, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, y cuyo último actuado sería el memorial presentado por la Fiscal de Materia de 2 de diciembre del citado año; por el cual, hizo conocer la querella de la víctima; al cual, la Jueza ahora demandada providenció: “Se tiene por informada la querella…” (sic [fs. 9 vta.; 12, y, 17 vta.]). Asimismo, cursan en actuados memoriales de 13 y 20 de diciembre de 2022, presentado por el impetrante de tutela ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, -quien se encontraba de turno por el receso de fin de año- (fs. 18 a 19; y; 20 a 21); autoridad a la cual, solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se atendieron sus solicitudes, alegando dicha autoridad jurisdiccional -según el peticionante de tutela-, que no contaba con el acta de audiencia de 28 de julio de 2022, y que el expediente se encontraba en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz. Por otra parte, en el presente caso de acuerdo a lo señalado por las partes; se tiene que, esta autoridad no solo no resolvió la cesación solicitada por el impetrante de tutela, sino que terminado el receso judicial de fin de año, a momento de remitir el cuaderno procesal a su similar Primero, no adjuntó las solicitudes de cesación a la detención preventiva presentadas por el accionante. Sobre el particular, la Jueza Pública Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, informó (fs. 9) que, desconocía que dentro del proceso mencionado se habría llevado a cabo una audiencia de medida cautelar con aprehendido; toda vez que, dentro del inicio de investigación que cursa en su despacho judicial solamente cursa el inicio de investigación y el último memorial que presentó la Fiscal de Materia de 2 de diciembre de 2022; en el que, hizo conocer la presentación de querella por parte de la víctima. Señalados los antecedentes precedentes; se concluye que, la documental contenida en el expediente no refleja prueba fehaciente de los actos denunciados como lesivos por el accionante; quien, no adjuntó ninguna otra prueba que acredite que los demandados lesionaron sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. La falta de elementos probatorios en el presente caso hace aplicable la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1; puesto que, el principio de informalismo de la acción de libertad tiene como finalidad efectivizarla en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos; no obstante, ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados,; en razón a que, al sustanciar y resolver la acción tutelar, la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, pues la falta de prueba sobre el contenido de las decisiones impugnadas constituye un impedimento insalvable que, imposibilita el análisis de fondo de la controversia; puesto que, resultaría un exceso emitir criterio sobre lesión de los derechos fundamentales, cuando no se han compulsado los hechos denunciados con los elementos probatorios mínimos que generen convicción y respalden la decisión asumida por este Tribunal. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo.
Si bien la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, deniega la tutela sin examen de fondo, es pertinente tomar en cuenta el alcance de la concesión inicialmente dispuesta por el Tribunal de garantías, disponiendo: 1) Que en el término de veinticuatro horas, la autoridad demandada Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal “Segunda” del Plan 3000, del citado departamento, lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva incoada por el ahora impetrante de tutela, conminándola a su cumplimiento; y, 2) Respecto al Juez -ahora demandado-; señaló que, en lo sucesivo tratándose del cumplimiento de un turno, remita las actuaciones completas de las causas que ingresan, y deberá recepcionar todas las actuaciones que, se lleven a cabo bajo prevenciones de ley; ya que, está en la obligación de recibir un cuaderno totalmente saneado; considerando que, conforme prevé el art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Jueces o Tribunales de garantías, es inmediato; por lo que, la denegatoria de esta acción no puede ser instrumentalizada para generar disfunción procesal o inseguridad jurídica. En tal sentido, corresponde traer a colación la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia, determinando que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”.
Por consiguiente, en una labor previsora, de conformidad al art. 28.II del CPCo y en resguardo a los principios de seguridad jurídica y previsibilidad, corresponde dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, determinando, que en consecuencia de la decisión asumida mediante Resolución 1/23 de 12 de enero de 2023, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, -dado el transcurso del tiempo- la misma quedará válida y subsistente; así como, todos los actos procesales emergentes de la concesión de la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obro de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/23 de 12 de enero de 2023, cursante de fs. 35 vta. a 39, así como su Auto Complementario de igual data (fs. 39 vta. y 40), pronunciadas por el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
2° Dimensionar los efectos, de este fallo constitucional, manteniendo invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados, como consecuencia de la concesión de tutela dispuesta por el Tribunal de garantías, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0386_2026-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): a378543512a6b208f28aaed6a40b2f0dbd458927790f5d653342c4f69036b58b
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