Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad y a la reincorporación; toda vez que, la autoridad demandada: i) Declinó de manera ilegal y arbitraria su competencia a favor de la judicatura laboral, aduciendo la existencia de hechos controvertidos, cuando correspondía emitir una conminatoria ordenando la reincorporación del actor; y, ii) No dispuso su reincorporación a la AN, pese a que contaba con inamovilidad por ser padre progenitor. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe escrito alguno ni accedió a la audiencia virtual de garantías programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 169 a 176, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz;
y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2025-S2 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 54320-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 169 a 176, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Rojas Molina contra Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 37 a 52, el accionante manifiesta lo siguiente:
Mediante Memorándum 2508/2021 de 17 de febrero, fue designado por la Presidenta de la Aduana Nacional (AN) en el cargo de Técnico Aduanero en Gestión Aduanera dependiente de la Administración de Aduana Frontera Puerto Suárez de la Gerencia Regional Santa Cruz, y ratificado por Memorándum 7266/2021 de 30 de diciembre. Sin embargo, en aplicación del art. 39 inc. d) de la Ley General de Aduanas (LGA), a través de Memorándum 1222/2022 de 29 de junio, se dispuso su retiro, precisándose que dicha remoción surtiría efectos a partir del 2 de julio de 2022 y sus haberes básicos serían pagados hasta el 1 del mismo mes y año. Dicha decisión, fue adoptada sin ningún tipo de motivación y en un contexto en el que ya gozaba de inamovilidad laboral por ser padre progenitor. El 2 de julio de 2022 fue notificado con el Memorándum de retiro; en respuesta, mediante notas presentadas el 4 del mismo mes y año, solicitó su reincorporación tanto al Gerente de la Gerencia Regional Santa Cruz como a la Presidenta de la AN, adjuntando documentación que acreditaba la concepción de su hija; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no recibió ningún tipo de respuesta. En ese contexto, acudió ante Julio César Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandado-, reclamando su reincorporación laboral. Dicha instancia, por Resolución Administrativa de 9 de agosto del mismo año, declinó competencia a la judicatura laboral, argumentando la existencia de hechos controvertidos en torno a la causal de inamovilidad laboral invocada; toda vez que, el reconocimiento ad vientre de su hija fue realizado el mismo día de su desvinculación. La Resolución Administrativa de 9 de agosto de 2022 constituye un acto lesivo a sus derechos fundamentales, puesto que de manera arbitraria e ilegal, denegó su solicitud de reincorporación laboral y el pago de haberes devengados. Además, resultó contradictoria porque: a) Señaló normativa destinada a la protección de los derechos del trabajador, pero en el caso concreto la desconoce; b) Invocó el Auto Supremo 116/2015 de 22 de abril, que reconoce la existencia de las vías administrativa y judicial para precautelar la estabilidad laboral del trabajador; sin embargo, pese a ser competente para conocer su solicitud, declinó competencia; y, c) Desconoce que los derechos del trabajador prevalecen frente a las arbitrariedades del empleador, especialmente cuando se trata de un despido intempestivo de un padre progenitor, siendo que los menores gozan de protección especial a través de la estabilidad laboral de sus padres. Por ello, interpuso recurso de impugnación solicitando la revocatoria de la Resolución Administrativa mencionada; sin embargo, la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, en lugar de disponer la revocatoria del acto impugnado, emitió la Resolución Administrativa de 29 de septiembre de 2022, por la cual confirmó la decisión recurrida. Fundamentó su determinación señalando que no se habría logrado desvirtuar el hecho controvertido relativo a la causal de inamovilidad laboral invocada ni el momento preciso en que la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN fue puesta en conocimiento del reconocimiento ad vientre del ser en gestación. Todo lo expuesto vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y a la inamovilidad laboral, así como aplicación más favorable de la norma en beneficio del trabajador, previsto en el art. 48.”I” de la Constitución Política del Estado (CPE). En consecuencia, interpone la presente acción tutelar con el propósito de que, en observancia del principio de inmediatez, la jurisdicción constitucional brinde tutela efectiva e inmediata a sus derechos laborales, ya que el agotamiento previo de los recursos administrativos o judiciales tornaría ineficaz su protección.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I.1, 48.VI y 49.III de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se dejen sin efecto la Resolución Administrativa de 9 de agosto de 2022 y la Resolución Administrativa (RA) JDSTSC/JCCHS/R.R. 252/2022 de 29 de septiembre, disponiéndose la inmediata reincorporación laboral por parte de la AN; 2) Se ordene el pago de todos los haberes, subsidios y demás beneficios devengados hasta la fecha de efectiva reincorporación; y, 3) La condenación en honorarios, costas, y costos.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 169, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia de garantías señaló que: i) El Memorándum 1222/2022 no explicó las razones de su despido; sin embargo, antes de la celebración de la audiencia de garantías, se le notificó mediante resolución que su desvinculación se debía a mantener una relación sentimental con una compañera de trabajo que quedó embarazada, situación que, según el art. 17 del Reglamento Interno de la AN, constituiría una falta; ii) De haberse considerado que dicha relación era la causa de su remoción, debió haberse seguido un procedimiento interno previo, conforme a normativa vigente, antes de disponer su despido; iii) El presente caso, constituye un despido injustificado; toda vez que, no se le informó oportunamente sobre los motivos de su desvinculación. Si bien se intentó subsanar esta omisión mediante la nota de 4 de octubre de 2022, dicha comunicación no se realizó en su debido momento; y, iv) A diferencia del actor, la madre de su hija mantuvo su inamovilidad laboral, renunciando el 1 de noviembre del mismo año, debido al constante acoso por parte de funcionarios de la institución, lo que deja a la familia sin una fuente de ingresos que la sustente.
Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni accedió a la audiencia virtual de garantías programada, a pesar de su citación cursante a fs. 58.
Carla Antonieta Vásquez Pareja, representante legal de la AN, por memorial presentado de fs. 158 a 160 vta. y en audiencia sostuvo que: a) El accionante se desempeñó como servidor público de la institución hasta el 1 de julio de 2022, fecha en la que se dispuso su desvinculación mediante el Memorándum 1222/2022; b) El 4 de julio de 2022, impetrante de tutela solicitó su reincorporación alegando inamovilidad laboral por el nacimiento de su hija, adjuntando copia del “…Testimonio de Reconocimiento de Hijo Ad-Vientre N° 000274 de fecha 01/07/2022…” (sic). Sin embargo, Melissa Inés Ibáñez Robles, ex servidora pública de la institución y progenitora de la menor, había solicitado asignaciones familiares el 22 de junio del mismo año, sin adjuntar documentación que acreditara la paternidad del impetrante de tutela; c) Mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2022, la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN remitió al Departamento de Talento Humano la documentación presentada por la progenitora, a fin de dar curso a su solicitud, aclarando que los derechos de la madre y de la menor se mantuvieron salvaguardados hasta la aceptación de la renuncia de la progenitora mediante Memorándum 2803/2022 de 29 de noviembre de 2022; d) La solicitud de inamovilidad laboral por parte del peticionante de tutela contraviene lo dispuesto en el art. 17 del Código de Ética de la AN, aprobado mediante Resolución de Directorio AD 02-018-15 de 24 de septiembre de 2015, que establece que “…las servidoras y servidores públicos de la Aduana Nacional deben abstenerse de mantener, fomentar o generar relaciones y situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, afectivos, laborales o económicos pudieran estar en conflicto…” (sic); e) La petición del accionante fue atendida mediante la Nota AN/GNAF/N/ 4302/2022 de 4 de octubre, notificada a través de WhatsApp al número registrado, debido a que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encontraba afectada por un paro cívico de treinta días. En caso de inconformidad con dichas determinaciones, el impetrante de tutela debió agotar previamente las vías y medios legales correspondientes antes de recurrir a la vía constitucional; f) La desvinculación dispuesta por Memorándum 1222/2022 se realizó conforme al art. 39 inc. d) de la LGA, dado que el peticionante de tutela tenía la condición de funcionario provisorio y no de funcionario de carrera; y, g) El beneficio de inamovilidad laboral fue otorgado a la progenitora de la menor, constituyendo la solicitud del accionante un hecho controvertido, dado que dicho beneficio no puede ser concedido simultáneamente tanto al padre como a la madre de la menor.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 05/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 169 a 176, denegó la tutela solicitada, disponiendo que la AN, continúe cumpliendo con los beneficios correspondientes a la prestación de subsidio conforme a ley, en el entendido de que dichos beneficios fueron otorgados a la madre progenitora, Melissa Inés Ibáñez Robles, y no al accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) Los servidores públicos provisorios no cuentan con estabilidad laboral y su retiro no requiere de procedimientos previos, dado que su designación se realiza mediante contratación directa y no a través de un proceso de reclutamiento; por tanto, su desvinculación debe regirse bajo el mismo principio; 2) La tercera interesada, al momento de emitir el Memorándum 1222/2022, así como la autoridad demandada a través de las resoluciones objeto de la presente acción tutelar, no incurrieron en vulneración alguna de derechos ni garantías constitucionales; y, 3) De la documentación de antecedentes, se evidenció que la AN cumplió con los beneficios correspondientes a la menor en lo relativo a prestaciones de subsidio prenatal; por consiguiente, no existe transgresión de derechos. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante solicitó que se detallaran las pruebas documentales que sustentan la conclusión de que la AN estaría cumpliendo con el pago de las asignaciones familiares a favor de su hija menor de edad. En respuesta, la Sala Constitucional declaró no ha lugar a lo solicitado; toda vez que, precisaron todas las pruebas relacionadas con la decisión adoptada, entre ellas, la planilla de asignaciones familiares prenatal y de lactancia registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) a favor de Melissa Inés Ibáñez Robles, madre de la menor, quien debió estar presente en la audiencia de garantías si se pretendía contradecir dicha situación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum 1222/2022 de 29 de junio, Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la AN -ahora tercera interesada-dispuso el retiro de la institución de Luis Fernando Rojas Molina -ahora accionante- a partir del 2 de julio de 2022, señalando que sus haberes serán “cancelados” hasta el 1 del mismo mes y año (fs. 4). II.2. Mediante Testimonio de reconocimiento de hijo(a) ad-vientre 274 de 1 de julio de 2022, suscrito ante Wilmar Salvatierra Simoes, Oficial de Registro Civil del municipio de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz del Servicio de Registro Cívico (SERECI), el impetrante de tutela manifestó su voluntad de reconocer a su hijo(a) ad-vientre que concibió con Melissa Inés Ibáñez Robles (fs. 10). II.3. A través de nota de 4 de julio de 2022, presentada en la misma fecha el peticionante de tutela solicitó a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz “…establecer [su] inamovilidad laboral y se proceda a [su] inmediata reincorporación a [su] fuente de trabajo” (sic [fs. 8 a 9]). II.4. Cursa Resolución Administrativa de 9 de agosto de 2022, pronunciada por Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz -ahora demandado-, por la cual, resolvió declinar competencia a la judicatura laboral respecto a la solicitud de reincorporación laboral formulada por el accionante al haber advertido hechos controvertidos (fs. 19 y vta.).
II.5. A través de nota de 1 de septiembre de 2022, el impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa de 9 de agosto del mismo año, por medio de la cual, señaló que no existen hechos controvertidos y reclamó se respeten sus derechos como trabajador (fs. 20 a 21). II.6. Por RA JDTSC/JCCHS/R.R. 252/2022 de 29 de septiembre, la autoridad demandada resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por el peticionante de tutela, confirmando la Resolución Administrativa de 9 de agosto de 2022 en todos sus extremos y por ende mantuvo vigente la determinación referida a la declinación de competencia (fs. 22 a 23).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad y a la reincorporación; toda vez que, la autoridad demandada: i) Declinó de manera ilegal y arbitraria su competencia a favor de la judicatura laboral, aduciendo la existencia de hechos controvertidos, cuando correspondía emitir una conminatoria ordenando la reincorporación del actor; y, ii) No dispuso su reincorporación a la AN, pese a que contaba con inamovilidad por ser padre progenitor. Ante ello, la autoridad demandada no presentó informe escrito alguno ni accedió a la audiencia virtual de garantías programada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0838/2012 de 20 de agosto, estableció que: “Pese al contenido del principio de subsidiariedad en la acción tutelar, existen excepciones a la regla, tal es el caso de que se alegue la supuesta vulneración de derechos y garantías de mujeres embarazadas y/o progenitores, por cuanto la solicitud de tutela, debe resolverse de manera inmediata, considerando los derechos fundamentales que se protegen -a la vida, a la alimentación, a la salud y al trabajo-; en ese sentido la SC 1795/2011-R de 7 de noviembre, dejo claramente establecido que: ‘…la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección en el caso de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, no siendo exigible agotar esos medios de defensa, pues esta exigencia implicaría un perjuicio que podría ser irreparable, por cuanto el derecho a protegerse no es solamente al trabajo, sino otros primarios de la recurrente, ahora accionante, y del ser en gestación de urgente e inmediata tutela como son la vida, la salud y la seguridad social, que con la medida adoptada por la autoridad recurrida, ahora denominada autoridad demandada, ponen en riesgo y que no pueden depender de otros recursos o vías administrativas'…”.
Al respecto, la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, interpretando la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, estableció que: “…la inamovilidad de su puesto de trabajo a favor de toda mujer en período de gestación, la empresa o empleador reatados a esta obligación, para su cumplimiento deben tener necesariamente conocimiento fehaciente del estado de embarazo de la mujer, estando vigente la relación laboral, o sea antes de que ésta concluya, y no, como en el caso presente en que el recurrido fue informado de esa situación después de haber fenecido el contrato de trabajo, de donde resulta que, por una parte, no puede atribuírsele el haber vulnerado derecho alguno de la recurrente y, por otra, que no estaba obligado a ampliar el contrato de trabajo a favor de ella” (las negrillas son nuestras). Posteriormente, la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, sostuvo que: “…se debe cambiar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, en sentido que no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora, para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado a la mujer gestante y con niño menor a un año; siempre que acuda de manera inmediata al empleador solicitando el respeto y vigencia de sus derechos a través de su reincorporación a su fuente de trabajo…”(las negrillas son nuestras). La Sentencia Constitucional que precede no modificó el entendimiento establecido en la SC 1416/2004-R, sino que reconoce una excepción en determinados supuestos: por un lado, cuando la mujer, de manera probada, recién se entera de su estado de gravidez y lo comunica de inmediato; y, por otro, cuando, aunque no se haya dado aviso, el estado de gravidez era notorio. Es decir, se admite la excusabilidad de la comunicación únicamente en estos casos, pero no cuando exista negligencia o aceptación de la desvinculación por parte del trabajador o trabajadora. En estas situaciones, si el beneficiario conocía su situación de inhabilidad y decide no ejercer su derecho a la inamovilidad laboral, la desvinculación no puede ser imputable al empleador, dado que éste no puede prever la gravidez de su trabajadora o de la pareja de su trabajador; este razonamiento protege el principio de seguridad jurídica.
En el caso concreto, por Memorándum 1222/2022 de 29 de junio, se dispuso el retiro de Luis Fernando Rojas Molina -ahora accionante- de la AN, que se hizo efectivo a partir del 2 de julio de 2022 (Conclusión II.1). Frente a ello, el impetrante de tutela, tras ser notificado con dicha documentación, presentó el 4 del mismo mes y año una nota dirigida a Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, -ahora demandado-, solicitando su reincorporación a la fuente laboral, bajo el argumento de que goza de inamovilidad por ser padre progenitor (Conclusión II.3). Asimismo, adjuntó el Testimonio de reconocimiento de hijo(a) ad-vientre 274 de 1 del citado mes y año, mediante el cual reconoce a su hija concebida con Melissa Inés Ibáñez Robles (Conclusión II.2). En atención a dicha solicitud, la autoridad demandada emitió la Resolución administrativa de 9 de agosto de 2022, mediante la cual declinó su competencia a favor de la judicatura laboral, argumentando la existencia de hechos controvertidos (Conclusión II.4). Esta decisión fue impugnada por el accionante mediante la interposición de un recurso de revocatoria, sustentado en que tal extremo no resulta evidente y que, por tanto, deben respetarse sus derechos como trabajador, considerando que goza de inamovilidad por su condición de padre progenitor (Conclusión II.5). Dicha impugnación concluyó con la emisión de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 252/2022 de 29 de septiembre, por el que la autoridad demandada resolvió el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando la Resolución impugnada y ratificando la decisión de declinar competencia a favor de la judicatura laboral (Conclusión II.6). Contra esta determinación, el accionante interpone la presente acción tutelar, prescindiendo del requisito de subsidiariedad, solicitando que se dejen sin efecto la Resolución Administrativa de 9 de agosto y la citada ut supra, y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada emitir la conminatoria de reincorporación correspondiente, así como el pago de haberes y subsidios devengados. En este sentido, respecto del agravio i), corresponde señalar que el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, aún vigente, establece en su art. 1 que: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado”. Asimismo, su art. 6 dispone que: “Si el empleador no cumple con el presente Decreto Supremo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, previa verificación, dispondrá la reincorporación de la madre y/o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por infracciones a leyes sociales, salvaguardando los derechos de la madre y/o padre progenitores en la vía judicial correspondiente”. En este contexto, considerando que el accionante acudió a la entidad demandada el 4 de julio de 2022, la RA JDTSC/JCCHS/R.R.
252/2022 se pronunció de forma concreta al respecto con el argumento de hechos controvertidos, lo cual será analizado en el siguiente acápite. Con respecto al agravio ii), si bien el accionante no activó el recurso administrativo -recurso jerárquico- previsto en el art. 64.I de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), el cual es procedente contra resoluciones que resuelven un recurso de revocatoria, tampoco existe recurso legal pendiente en la vía ordinaria. Por lo tanto, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y en atención a la jurisprudencia constitucional que prescinde del principio de subsidiariedad en este tipo de casos, corresponde analizar el fondo de la problemática. Habiéndose entregado el Memorándum 1222/2022, a través del cual se dispuso el retiro del accionante a partir del 2 de julio de 2022, aclarando que: “…siendo sus haberes cancelados hasta el 01/07/2022 inclusive…” (sic), se observa que el impetrante de tutela recién realizó un reconocimiento ad-vientre el 1 de julio de 2022, presentado ante la AN recién el 4 del citado mes y año, fecha en la cual solicitó su reincorporación invocando la inamovilidad laboral y presentando documentación que acreditaría que su pareja llevaba gestando al menos cinco meses. No obstante, se evidencia que el peticionante de tutela conocía esta situación con anterioridad, pero no la comunicó a la entidad demandada hasta después de su desvinculación. En este sentido, si bien el art. 48.VI de la CPE reconoce la garantía de inamovilidad a madres y padres progenitores con hijos menores de un año, también es obligación de los progenitores, como responsables de proteger y garantizar los derechos de sus hijos menores, mantener una fuente laboral que les permita cumplir dicha responsabilidad, o, en su caso, comunicar oportunamente a su empleador sobre situaciones como la gravidez de su pareja, siendo ese el argumento expuesto a su vez por la autoridad demandada, explicando toda esa situación de falta de comunicación a la entidad empleadora, bajo la figura de hechos controvertidos, por lo que no se advierte actuación ilegal u omisión indebida al respecto. Por lo tanto, en el presente caso, la garantía de inamovilidad invocada no puede ser tutelada por este Tribunal. En consecuencia, Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con argumentos distintos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 169 a 176, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz;
y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0386_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): c0af4e6779799b1d1403cb28f50389842fcc6397201f02a604c88e30d55ba90a
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