B.IA.LEGAL

SCP 0386/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45152-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 21 de diciembre de 2021, Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital de departamento de La Paz -codemandado-, emitió el Auto Interlocutorio 57/2021 de 21 de diciembre, que rechazó su pedido; a tal efecto, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, “hasta la fecha” no se remitieron los antecedentes procesales a conocimiento del Tribunal de alzada para su resolución, pese a que tenía veinticuatro horas para su envío, conforme lo establece el art. 251 del CPP, debiendo ser remitidos en originales cuando no se cuenta con las copias respectivas; situación que, ocasionó retardación indebida en la tramitación de la causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2021 de 24 de diciembre, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, al haberse vulnerado el principio de celeridad relacionado con el derecho a la libertad del accionante, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin costas; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia
  2. III.2. Sobre el trámite del recurso de apelación en medidas cautelares
  3. III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  5. III.5. De la acción de libertad innovativa
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2023-S2 Sucre, 19 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45152-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2021 de 24 de diciembre, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César Oswaldo Rojas Orellana en representación sin mandato de Edwin Ronal Characayo Villegas contra Germán Ramos Mamani y Miguel Ángel Flores Orihuela, Jueces; y, Wendy Jeanneth Vargas Bautista, Secretaria, todos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 3, el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de cesación de la detención preventiva emitió el Auto Interlocutorio “221/2021” de 21 de diciembre, a esa decisión interpuso recurso de apelación incidental de manera verbal, conforme establecen los arts. 251 y 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, “hasta la fecha” no se remitió el legajo correspondiente ante el Tribunal de alzada, pese a que tenía veinticuatro horas para hacerlo, aun cuando el 23 del mismo mes y año, su abogado se apersonó a dicho despacho judicial; empero, ni siquiera se encontraba transcrita la respectiva Resolución; tomando en cuenta que, según la jurisprudencia constitucional incumbe el envío en originales del cuaderno procesal, cuando no se contaba con copias y/o fotocopias; ocasionado una retardación indebida en la tramitación de la causa y restringiendo con ello su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se remita “en el día” ante el Tribunal de alzada, la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio “221/2021”, sea con el pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 16 a 18 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expresados en su memorial de acción de libertad, y ampliándolos señaló que, el art. 112 del CPP, establece que los memoriales serán presentados con las copias suficientes para notificar a las partes; en el caso concreto, la apelación incidental fue formulada de manera verbal; por ello, el legajo debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas, según prevé el art. “151” -lo correcto es 251- del citado Código, no encontrándose sujeto a la provisión de recaudos que determine la autoridad judicial; por tal motivo, y gracias a la interposición de esta demanda tutelar, se remitió “esta mañana” el cuaderno de apelación, habiéndose superado el acto denunciado; sin embargo, conforme a lo previsto en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se deben determinar las responsabilidades que correspondan, a efectos de que se efectúe las acciones legales pertinentes.

I.2.2. Informe de los demandados

Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital de departamento de La Paz, presentó informe escrito el 24 de diciembre de 2021, cursante a fs. 10 y vta., señalando que: a) La audiencia de 21 del mismo mes y año, se celebró a requerimiento del peticionante de tutela, emitiendo el correspondiente Auto Interlocutorio 57/2021 de 21 de diciembre, rechazando la solicitud de cesación de la detención preventiva, y ante la interposición del recurso de apelación incidental por el prenombrado, se dispuso la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, debiendo el solicitante de tutela cumplir con el art. 112 del CPP, proveyendo las copias para el envío; b) El 23 de igual mes y año, se remitió el informe por parte de la Secretaria codemandada; en sentido de que, no se cumplió con la provisión de fotocopias por parte del aludido; por lo que,

“en el día” se elaboró dicho informe, disponiendo que se remitan obrados originales, los cuáles “a la fecha” se encuentran en la Sala Penal de turno; y, c) En ningún momento vulneró norma ni procedimiento alguno según alegó el impetrante de tutela, no existiendo ninguna transgresión tampoco su pretensión estaría dentro de los alcances del art. 125 de la CPE, por no agotarse la subsidiariedad; motivo por el cual, solicitó se deniegue la tutela demandada. Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que, no intervino en la presente causa, al no haber sido parte de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela; señalando que se encuentra efectuando una labor de suplencia en el indicado Tribunal, no habiendo sido convocado para el citado acto judicial; por lo cual, no tuvo participación en cualquier actuación de carácter jurisdiccional que pudo realizarse; en tal sentido, no posee legitimación pasiva. Wendy Jeanneth Vargas Bautista, Secretaria del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 24 de diciembre de 2021, cursante a fs. 7 y vta., indicando que: 1) El 21 del mismo mes y año, a horas 14:00, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante, quien interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 57/2021, mismo que al no proveer las copias para armar el legajo procesal, efectuó el informe respectivo el 23 de igual mes y año, el cual mereció la providencia: “‘En atención al informe que antecede a fin de evitar dilaciones en la presente causa, remítase obrados en originales ante el tribunal de alzada se[a] con nota de cortesía’” (sic); y, 2) Por ello, se dio cumplimiento al envío del expediente en original ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, “…y siendo que las Salas penales recepcionan legajos de apelación solo en horas de la mañana es que se procedió al envío de los expedientes a primeras horas de la mañana del día de hoy…” (sic); pidiendo se deniegue la tutela requerida.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 46/2021 de 24 de diciembre, cursante a fs. 19 y vta., “OTORGA TUTELA EN PARTE”, con relación a Germán Ramos Mamani y Wendy Jeanneth Vargas Bautista, Juez y Secretaria, ambos del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la referida Capital y departamento -codemandados-; y, denegó tutela en relación a Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez del indicado Tribunal de Sentencia -codemandado-; con base en los siguientes fundamentos: i) De los informes presentados por las autoridades demandadas, el legajo de la apelación incidental fue remitido “hoy” a la Sala Penal correspondiente y en original ante la falta de fotocopias; encontrándose a cargo del caso únicamente Germán Ramos Mamani, Juez del referido Tribunal de Sentencia; ii) No existió un actuar doloso por parte de los demandados; debido a que, el justificativo que presentaron es totalmente creíble, respecto al límite que tienen los juzgados para la presentación de las apelaciones, “…en cuanto a que no siempre se cuentan con los recursos económicos necesarios para efectivizar estas circunstancias de índole jurídico” (sic); y, iii) Si bien existió la vulneración del derecho al debido proceso del peticionante de tutela, en su vertiente relacionada al principio de celeridad, se debe considerar que no se tiene antecedente alguno para declarar responsabilidad a los prenombrados, ya sea penal, civil o administrativa; “…más aún si se toma en cuenta que enviaron los antecedentes para el recurso de apelación y que al haber enviado los originales fue en virtud a administrar la boleta de fotocopias que nos facilitan para la diferentes notificaciones” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Ronal Characayo Villegas -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandada-, el 23 de diciembre de 2021, presentó informe dirigido al Juez de la causa, señalando que el 21 del indicado mes y año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del nombrado, habiéndose dispuesto el rechazo de la misma, mediante Auto Interlocutorio 57/2021 de 21 de igual mes; a tal efecto, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, “…por lo que su autoridad dispuso dar cumplimiento al art. 112 del C.P.P. es decir a las copias necesarias para su remisión correspondiente; sin embargo la parte impetrante NO ha dado cumplimiento a los recaudos de ley” (sic [fs. 5]). II.2. A través de la providencia de 23 de diciembre de 2021, Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandado-, en atención al informe supra citado, dispuso: “…a fin de evitar dilaciones en la presente causa, remítanse obrados en originales ante el Tribunal de Alzada, sea con nota de cortesía” (sic [fs. 5 vta.]). II.3. Mediante Oficio CITE OF: 473/2021 TSA1° de 23 de diciembre, el Juez codemandado remitió obrados en original a la Sala Penal Cuarta Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, en grado de apelación incidental, formulado por el peticionante de tutela; legajo procesal que fue recibido el 24 de igual mes y año a horas 8:45, según cargo de recepción (fs. 6 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 21 de diciembre de 2021, Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital de departamento de La Paz -codemandado-, emitió el Auto Interlocutorio 57/2021 de 21 de diciembre, que rechazó su pedido; a tal efecto, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, “hasta la fecha” no se remitieron los antecedentes procesales a conocimiento del Tribunal de alzada para su resolución, pese a que tenía veinticuatro horas para su envío, conforme lo establece el art. 251 del CPP, debiendo ser remitidos en originales cuando no se cuenta con las copias respectivas; situación que, ocasionó retardación indebida en la tramitación de la causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (la negrilla fue añadida). Asimismo, el art. 178.I de la Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado es nuestro). En concordancia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden). Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (énfasis añadido).

III.2. Sobre el trámite del recurso de apelación en medidas cautelares

En relación al tema, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (el resaltado es agregado). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de igual mes.

En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras). Entendimiento reiterado por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio.

III.3. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre este tópico, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema.

En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.

(…)

De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.4. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la citada ley. Sobre este tema, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, indicó que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. …este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’ Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (el énfasis y subrayado corresponden al texto original).

III.5. De la acción de libertad innovativa

Al respecto, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, entendió que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).

III.6. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra Edwin Ronal Characayo Villegas -hoy ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy codemandada-, informó que el 21 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, la misma que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 57/2021 de 21 de diciembre; a tal efecto, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, no dio cumplimiento a lo previsto en el art. 112 del CPP; es decir, a la provisión de las copias necesarias para su remisión. En atención al citado informe, Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la citada Capital y departamento -hoy codemandado-, mediante providencia de 23 del mismo mes y año, dispuso el envío de obrados en original ante el Tribunal de alzada, a fin de evitar dilaciones, habiendo efectivizado la indicada remisión en grado de apelación el 24 de igual mes y año, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del aludido departamento. En ese contexto, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del señalado derecho; en consecuencia, se impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas. Por otra parte, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. En virtud al razonamiento jurisprudencial supra citado, en el caso que se analiza, una vez que el referido Juez codemandado en audiencia de cesación de la detención preventiva, celebrada el 21 de diciembre de 2021, a horas 14:00, pronunció el Auto Interlocutorio 57/2021, el peticionante de tutela en el mismo acto judicial interpuso recurso de apelación incidental contra el aludido fallo; sin embargo, en virtud al informe evacuado el 23 del indicado mes y año, por la Secretaria codemandada; en sentido de que, el prenombrado no había cumplido los recaudos pertinentes; es decir, con la provisión de copias necesarias para la remisión respectiva, la autoridad jurisdiccional codemandada dispuso el envío de obrados en originales al Tribunal de alzada; extremo que se materializó a través del Oficio CITE OF: 473/2021 TSA1° de 23 de ese mes, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recepcionado el 24 de igual mes y año a horas 8:45, según se advierte del cargo de presentación correspondiente (Conclusión II.3). De donde se puede inferir que, desde la celebración de la aludida audiencia y posterior emisión del Auto Interlocutorio 57/2021, transcurrieron más de dos días hábiles, desconociendo con ello lo previsto en el art. 251 del CPP, el cual establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo; y una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; en igual sentido, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determinó que cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia, las mismas serán enviadas ante el citado Tribunal, en el plazo improrrogable señalado; lo contrario, significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad. Consiguientemente, el Juez demandado vulneró el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, sobre el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, vinculada a la libertad del solicitante de tutela, el mismo que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico e ineludible de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; toda vez que, al no supervisar que la remisión de los actuados pertinentes al superior en grado, se efectuara en el plazo previsto por la normativa legal pertinente, generó una demora injustificada e innecesaria, debiendo adoptar las medidas conducentes a objeto de cumplir con el envío correspondiente, dejando de lado toda actitud pasiva que implique demora en su tratamiento, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Ahora bien, en cuanto concierne a la Secretaria codemandada, en su condición de servidora de apoyo judicial, es preciso establecer que dicha funcionaria también tiene legitimación pasiva en esta acción de defensa; puesto que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional -conforme se identificó-; sino que, las omisiones de carácter administrativo como ser: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación y el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, entre otras, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas; aspecto que, en el caso en examen efectivamente aconteció, adecuándose su conducta en el segundo supuesto previsto por la jurisprudencia constitucional, al haberse demorado el envío de los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada; puesto que, dicha funcionaria judicial debió asumir una actitud diligente y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones, afectando con su actuar el buen desempeño de las labores jurisdiccionales. Por otra parte, si bien se procedió al envío del expediente de apelación extrañado al Tribunal de alzada antes de celebrada la audiencia de garantías, tratando de rectificar con ello el error cometido, cumpliendo así la pretensión del impetrante de tutela a través de esta acción de defensa; sin embargo, dicho extremo no se constituye en un óbice para que este Tribunal se pronuncie al respecto, acorde con el desarrollo jurisprudencial inmerso en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, referido a la acción de libertad en su modalidad innovativa, cuyo propósito fundamental es el de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, o como en el caso en análisis, ante la inobservancia del principio de celeridad. Finalmente, respecto a Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-, en la audiencia de garantías manifestó que no habría intervenido en el acto judicial de cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante; extremo que no fue controvertido por el prenombrado; consiguientemente, corresponde denegar la tutela con relación al aludido Juez, por falta de legitimación pasiva. Por consiguiente, al ser evidente la vulneración del derecho invocado por el peticionante de tutela respecto a la falta de celeridad en la remisión del cuaderno procesal, se hace viable otorgar la tutela solicitada, bajo las modalidades señaladas.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber “otorgado en parte” la tutela impetrada, aunque con diferente terminología, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2021 de 24 de diciembre, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, al haberse vulnerado el principio de celeridad relacionado con el derecho a la libertad del accionante, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin costas; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0386_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): c97ebe067ca790a51291b12279070711efebc5be1096551fa230ce3fd2cd6073

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