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SCP 0385/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53127-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 496/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de la fundamentación jurídica de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, exhortándolo a que en futuras acciones de defensa que sean de su conocimiento obre con mayor diligencia en cumplimiento a sus funciones, remitiendo toda la documentación presentada y ofrecida por las partes; máxime, si la decisión asumida se fundó sobre estas. Ello, bajo advertencia de que, en caso de incurrir nuevamente en esa omisión, se remitirán antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para su correspondiente procesamiento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas
  2. III.2. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Sobre la actuación del Juez de garantías

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53127-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 496/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joaquín Álvaro Rondón en representación sin mandato de Juan Carlos Choque Mamani contra Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz; Julio Wilder Tarifa Vidal, Fiscal de Materia; y, Abrahán Calle Sánchez, Funcionario Policial.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad; así como los principios del debido proceso, celeridad, certeza y seguridad jurídica; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, debido a una afección en su dentadura no pudo asistir a prestar su declaración informativa, fijada para el 18 de octubre de 2022, a horas 15:00, habiendo justificado dicha incomparecencia pidiendo la suspensión de ese actuado procesal, en ese contexto, refiere que: a) El funcionario policial -ahora demandado-, en su condición de Investigador Asignado al Caso, emitió el Informe de 25 de octubre de 2022, plasmando datos falsos con la finalidad de perjudicarlo; b) El Fiscal de Materia -ahora demandado-, omitiendo considerar su solicitud de suspensión de la declaración informativa; la cual, se encontraba debidamente justificada y respaldada documentalmente, emitió de manera ilegal en su contra el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión y la Orden de Aprehensión de 27 del mismo mes y año; y, c) El Juez -ahora demandado-, no resolvió su denuncia de actos de persecución ilegal vinculados a su libertad, presentada el 8 de noviembre del referido año; en mérito a ello, impetró que el Juez mencionado ejerza el correspondiente control jurisdiccional respecto de la investigación dispuesta en su contra, pronunciándose sobre su solicitud dentro de los plazos establecidos; el Fiscal de Materia referido deje sin efecto la Orden de Aprehensión emitida en su contra, procediendo previamente a notificarlo de manera personal con la reapertura de la investigación, absteniéndose en ese lapso de tiempo, de emitir requerimiento de imputación formal; el funcionario policial mencionado, en su calidad de Investigador Asignado al Caso, se abstenga de pronunciar informes falsos con el propósito de perjudicarlo; y, se declare a los hoy demandados “…REOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS…” (sic).

Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 27 de noviembre de 2022, cursante a fs. 23 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Habiendo el accionante presentado el memorial con la suma: “DENUNCIO PERSECUCIÓN ILEGAL VINCULADA A LA LIBERTAD” (sic), el 8 de noviembre de 2022, en ejercicio del control jurisdiccional, corrió en traslado dicho memorial al Fiscal de Materia ahora demandado, solicitándole que informe al respecto; 2) Emitido el Auto de Conminatoria 478/2022 de 18 de noviembre, se ofició al Fiscal Departamental de La Paz a efectos de su cumplimiento por parte del Fiscal de Materia demandado; y, 3) La solicitud del impetrante de tutela, fue tramitada conforme al procedimiento cumpliéndose todos los plazos.

Julio Wilder Tarifa Vidal, Fiscal de Materia, por informe escrito de 27 de noviembre de 2022, cursante de fs. 20 a 22 vta., así como en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: i) Lo señalado en esta acción de defensa; evidencia que, el solicitante de tutela acudió ante el Juez hoy demandado, pidiendo se deje sin efecto la Orden de Aprehensión emitida en su contra; por lo que, concurre la subsidiariedad excepcional, al no haber agotado previamente todas las instancias correspondientes; ii) En ningún momento se dejó en estado de indefensión al accionante al contrario; si bien es cierto que, inicialmente se rechazó el proceso penal de referencia, el mismo fue reabierto ante la existencia de nuevos elementos, circunstancia que fue comunicada al Juez demandado; siendo además, de pleno conocimiento del peticionante de tutela; iii) Se valoraron tanto el Informe de 18 de octubre de 2022, emitido por el Investigador Asignado al Caso -ahora demandado-, como el de 5 de agosto del mismo año; mediante el cual, la funcionaria policial Betty Olga Mamani Huanca; señaló que, el impetrante de tutela no se hizo presente para prestar su declaración informativa en reiteradas oportunidades; iv) Además de presentar el certificado odontológico, el solicitante de tutela no acreditó la imposibilidad de comparecer a prestar su declaración informativa; por lo que, en cumplimiento del art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP), emitió la Orden de Aprehensión en su contra con la única finalidad de que, acuda a prestar su declaración informativa; v) El accionante no identificó con claridad la legitimación pasiva, siendo su intención dilatar las investigaciones seguidas en su contra; y, vi) La víctima del delito denunciado contra el impetrante de tutela, es una mujer de catorce años de edad, perteneciente a un sector vulnerable de la sociedad, quien, según a la valoración psicológica de 16 de agosto de 2022, habría sufrido nuevos hechos de violencia por parte del citado.

Abraham Calle Sánchez, funcionario policial, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 19. El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 496/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31, denegó la tutela solicitada; en razón a que, el memorial presentado por el accionante ante el Juez ahora demandado, se encuentra debidamente costurado y decretado; que también se encuentra el Auto de Reapertura de investigación, que incluso fue objeto de recurso de reposición; y, que la Orden de Aprehensión que el impetrante de tutela pretende sea dejada sin efecto, fue emitida en razón a diferentes incomparecencias de éste. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Así mismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. De igual manera, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas

La SC 0105/2010-R de 10 de mayo; señaló que, cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, refirió que:

[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.

III.2. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes cursantes en obrados y de las intervenciones suscitadas en la audiencia de garantías; se tiene que, habiendo sido reabierta la investigación dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, a instancia de María Paulina Huallpa y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), este fue citado por el Fiscal de Materia -ahora demandado- para que, a horas 15:00 del 18 de octubre de 2022, acuda a prestar su declaración informativa; sin embargo, no asistió a dicho acto procesal, presentando a horas 15:15 de ese mismo día una solicitud de suspensión y que se le haga conocer la denuncia presentada en su contra; argumentando para tal efecto que, de acuerdo con el Certificado Odontológico adjunto, se encontraría delicado de salud por un “…absceso agudo en la región de la pieza 13 [de su dentadura]; la cual presenta una extrusión…” (sic), debiendo guardar reposo absoluto, conforme fue recomendado por el Cirujano Odontólogo que lo atendió (fs. 1 a 4); dicha situación fue, debidamente informada al Fiscal de Materia -ahora demandado-, mediante el Informe de 25 de igual mes y año; a través del cual, el funcionario policial hoy demandado, en su condición de Investigador Asignado al Caso; además enfatizó que, la referida solicitud fue presentada con posterioridad a la hora programada para la mencionada declaración informativa (fs. 10).

Con base en esos antecedentes, se advierte que el Fiscal de Materia hoy demandado, el 27 de octubre de 2022, emitió el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión y, seguidamente, libró la correspondiente Orden de Aprehensión contra el solicitante de tutela (fs. 5 y 6); finalmente, se observa que el 8 de noviembre de igual año, el accionante denunció ante el Juez demandado que, pese a haber justificado documentalmente su impedimento para acudir a prestar su declaración informativa y solicitado la suspensión de ese acto procesal, el Fiscal de Materia ahora demandado, -omitiendo considerar dicho extremo- emitió de manera ilegal los referidos Requerimiento Fundamentado de Aprehensión y Orden de Aprehensión en su contra por no haber acudido a su llamado; por lo que, solicitó se dejen sin efecto tales determinaciones fiscales y se le notifique “…PORQUE SE REABRIÓ LA INVESTIGACIÓN CON CARÁCTER PREVIO A CUALQUIER ACTUADO…” (sic [fs. 7 a 9]).

En cuanto al Fiscal de Materia y al funcionario policial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; se tiene que, la acción de libertad no procede por incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional cuando la parte accionante, respecto de la misma problemática, activa un medio de defensa o recurso ante la jurisdicción ordinaria y, paralelamente, acude a la vía constitucional, estando pendiente de resolución el recurso ordinario interpuesto; en cuyo caso no es posible que, la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de fondo.

Entendimiento que, debe ser aplicado en el presente caso; puesto que, las actuaciones del Fiscal de Materia y del funcionario policial ahora demandados, que habrían vulnerado los derechos invocados por el impetrante de tutela, previamente fueron denunciadas ante el Juez de Instrucción Penal que, ejerce el control jurisdiccional de la etapa preparatoria, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022; y, encontrándose en trámite dicho reclamo, el peticionante de tutela presentó esta acción de tutela denunciando los mismos actos lesivos. Por consiguiente, no corresponde a la jurisdicción constitucional emitir pronunciamiento alguno, debido al incumplimiento de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad por activación simultánea de jurisdicciones; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al examen de fondo.

Respecto al Juez

El accionante, reclama que esa autoridad judicial omitiendo ejercer el correspondiente control jurisdiccional de la investigación como manda el adjetivo de la materia, hasta la presentación de esta acción tutelar, no se pronunció sobre su denuncia y solicitud de 8 de noviembre de 2022; por la que, pidió se dejen sin efecto el Requerimiento Fundamentado de Aprehensión y la Orden de Aprehensión de 27 de octubre de igual año, emitidas en su contra; y se le notifique “…PORQUE SE RE ABRIÓ LA INVESTIGACIÓN CON CARÁCTER PREVIO A CUALQUIER ACTUADO…” (sic).

Al respecto, de conformidad con el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; se tiene que, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho abarca a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad personal, cuando toda autoridad judicial o administrativa que conozca tales solicitudes se encuentra obligada a tramitarlas con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos procesales. Conforme a ello, el análisis de la presente causa, se centrará en verificar si el Juez ahora demandado, incurrió en una demora injustificada en la tramitación de la referida solicitud y denuncia, que amerite la concesión de la tutela impetrada.

En ese sentido, si bien en antecedentes no consta mayor documentación que la presentada por el solicitante de tutela; no es menos cierto que, conforme consta en el acta de la audiencia en la que se resolvió la presente acción de defensa, el Juez de garantías estando en poder del expediente original del proceso del que deviene esta acción de libertad, verificó directa y materialmente que lo referido por el Juez hoy demandado, en su informe escrito resultaba evidente; señalando que, en el indicado expediente se encontraba debidamente costurada la solicitud y denuncia del accionante con su correspondiente providencia y conminatoria, dejando entrever con meridiana claridad que, la señalada autoridad judicial tramitó de manera adecuada y oportuna dicha petición.

Es así, tomando en cuenta que el Juez de garantías se constituye en un servidor público del órgano judicial que, debe enmarcar su actuación en el principio de buena fe, demostrando honestidad en cada uno de sus actos; y, toda vez que, no consta ningún reclamo por parte del ahora solicitante de tutela, en el sentido de que no figurarían en el expediente del proceso penal los actuados procesales identificados por dicha autoridad constitucional; este Tribunal sobre la base de lo resuelto y analizado por el señalado Juez de garantías; concluye que, el Juez ahora demandado no incurrió en ninguna demora en la tramitación de la solicitud y denuncia presentada por el accionante; más al contrario, las determinaciones asumidas por el mismo se encuentran dentro del marco del principio de celeridad, no correspondiendo conceder la tutela solicitada con relación a la referida autoridad judicial.

III.4. Sobre la actuación del Juez de garantías

Tal cual fue precisado líneas arriba; se advierte que, el Juez de garantías fundó su decisión de denegar la tutela solicitada en la revisión que, pudo efectuar del expediente original del proceso penal del que deviene esta acción de defensa, verificando según la fundamentación expuesta en la Resolución 496/2022, que en dicho expediente se encontraba debidamente costurada la solicitud y denuncia presentada por el accionante, con su correspondiente providencia y conminatoria; sin embargo, tales documentos no fueron remitidos a conocimiento de este Tribunal para su consideración.

En tal sentido, tomando en cuenta que de conformidad con la SCP 0087/2012 de 19 de abril: “…todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática”; se observa que, el Juez de garantías, habiendo tomado conocimiento de los mencionados documentos cursantes en el expediente original del proceso penal, sobre los cuales fundó su decisión, tenía el deber de garantizar a través de los mecanismos necesarios que, le faculta la Ley, que los mismos sean de conocimiento de este Tribunal para su correspondiente análisis y consideración; empero, al no haber obrado de esa manera, remitiendo el expediente constitucional sin ninguna documentación que respalde su decisión, incumplió con la referida obligación inherente al ejercicio de sus funciones, correspondiendo en efecto, llamar la atención de dicha autoridad.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 496/2022 de 27 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de la fundamentación jurídica de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, exhortándolo a que en futuras acciones de defensa que sean de su conocimiento obre con mayor diligencia en cumplimiento a sus funciones, remitiendo toda la documentación presentada y ofrecida por las partes; máxime, si la decisión asumida se fundó sobre estas. Ello, bajo advertencia de que, en caso de incurrir nuevamente en esa omisión, se remitirán antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para su correspondiente procesamiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0385_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): fa0e5b76f8c547a3179d70b6b51bc245eedaa7c10e24f18d039b85d33018db48

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