Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia externa, seguridad jurídica y motivación; a la doble instancia, al acceso a una justicia pronta y oportuna; y, a la defensa, así como a la garantía de la cosa juzgada; en razón a que: a) Los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 107/2022 que, resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por la Procuraduría General del Estado, revocó el Auto Interlocutorio 15/2018: 1) Se pronunciaron indebidamente sin que exista resolución del recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 04/2022, que dispuso la notificación a la referida Institución con el Auto Interlocutorio entonces impugnado; por lo que, no podían pronunciarse respecto a la impugnación interpuesta por un sujeto procesal cuya intervención era cuestionada y debía ser definida previamente; y, 2) No fundamentaron ni explicaron sobre el momento procesal en el que fue dictado el Auto Interlocutorio 15/2018 y las partes procesales habilitadas para impugnarla, justificando la participación de la referida Institución de manera ilegal y únicamente bajo las atribuciones y prerrogativas que tiene la misma, evitando referirse, asimismo, respecto a la imposibilidad de retrotraer actos procesales por el principio de preclusión; e, inobservaron que la indicada Resolución contaba con calidad de cosa juzgada, convalidando de esta manera que un sujeto procesal que se apersona a estrados judiciales después de más de dos años de su ejecutoria, pueda apelarla; y, b) Los Vocales codema…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 220 a 225, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 53921-2023-108-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 220 a 225, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yerko Julio Garafulic Barrón contra Silvia Maritza Portugal Espinoza; y, César Wenceslao Portocarrero Cuevas; Vocales de la Sala Penal Primera; y, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 17 y 31 de octubre de 2022, cursantes de fs. 88 a 100 y 102 a 103 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, el 15 de junio de 2018 el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz dictó el Auto Interlocutorio 15/2018, mediante el cual declaró la extinción de la acción penal por prescripción a su favor. Dicha Resolución fue notificada a las partes y, al no ser objeto de apelación, adquirió calidad de cosa juzgada, situación posteriormente corroborada por informe de 10 de mayo de 2021. Ante ello, el 15 de septiembre de 2021, el mencionado Tribunal dispuso la prosecución del juicio oral respecto de los demás acusados, sin que en ese momento el Ministerio Público, el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB) o el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción -los dos últimos hoy terceros interesados- formularan incidente alguno;
no obstante, en tal acto alegaron defectos de notificación con el Auto Interlocutorio 15/2018, los cuales fueron rechazados por extemporáneos, en aplicación de los principios de preclusión y convalidación. Posteriormente, el RIBB reiteró por escrito un incidente de actividad procesal defectuosa con el mismo fundamento, al cual se adhirió el Ministerio Público; asimismo, la Procuraduría General del Estado -también hoy tercera interesada- se apersonó de forma tardía al proceso y promovió actuaciones vinculadas a dicha Resolución. Estos incidentes fueron resueltos mediante Auto Interlocutorio 04/2022 de 1 de febrero, que, si bien declaró infundado el planteamiento principal, de manera incongruente dispuso la notificación a la Procuraduría General del Estado con el Auto Interlocutorio 15/2018, lo que dio lugar a la interposición de recurso de apelación incidental. Sin embargo, sin que se resolviera previamente la apelación contra el Auto Interlocutorio 04/2022 -relativa a la legalidad de la notificación y participación de la Procuraduría General del Estado-, Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista 107/2022 de 18 de abril, mediante el cual revocaron el Auto Interlocutorio 15/2018, a partir de una apelación interpuesta por la citada institución, pese a su apersonamiento extemporáneo. Esta decisión fue adoptada sin fundamentar adecuadamente la legitimación de la referida institución, omitiendo considerar el momento procesal de su intervención, la preclusión de etapas, la imposibilidad de retrotraer actos procesales y la calidad de cosa juzgada de la Resolución que declaró la extinción de la acción penal por prescripción. Finalmente, por Auto de Vista 302/2022 de 14 de septiembre, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandados-, resolvieron el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 04/2022, rechazándolo bajo el argumento de que el Auto de Vista 107/2022 ya revocó la Resolución principal; no obstante, dicha decisión omitió pronunciarse sobre los agravios vinculados a la vulneración del debido proceso, la incongruencia externa, la seguridad jurídica y la indebida habilitación de un sujeto procesal fuera de término, consolidando así una actuación retroactiva contraria a los principios procesales.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia externa, seguridad jurídica -e infiriéndose del sustento argumentativo- a la motivación; a la doble instancia, al acceso a una justicia pronta y oportuna; y, a la garantía de la cosa juzgada, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de los Autos de Vista cuestionados, por falta de fundamentación y explicación racional y coherente y que “...la SALA PENAL TERCERA resuelva primero el recurso de apelación planteado, fundamentando el mismo y con el resultado, una vez conocido este fall[o] la SALA PENAL PRIMERA, resuelva el recurso de apelación puesto a su conocimiento, sea en acto de estricta justicia y con las formalidades de ley” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 25 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 208 a 219; se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El 24 de noviembre de 2021 se apersonó la Procuraduría General del Estado “...acá empieza la vulneración de sus derechos fundamentales de parte accionante...” (sic); y, b) Se puso a conocimiento de los Vocales demandados que existía un recurso de apelación incidental pendiente respecto a la participación de la Procuraduría General del Estado, “...pero omite esta situación y señala que no fundamenta en la resolución este extremo del momento de la presentación de la procuraduría” (sic).
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 207 y vta., sostuvo que: 1) La cita de jurisprudencia que efectuó el accionante es insuficiente; toda vez que, debió señalar cuál es la ratio decidendi y que la problemática resuelta sea análoga al presente caso; al contrario, se limitó a mencionar el número de los fallos constitucionales, aspecto que denota que no cumplió con la debida carga argumentativa, derivando en un acto de postulación defectuosa; y, 2) Respecto a la falta de fundamentación y explicación, se emitió pronunciamiento sobre el agravio expresado; y, con relación a que ya existiría cosa juzgada, se adoptó la decisión con base a que el Tribunal a quo dictó el Auto Interlocutorio 04/2022, habilitando a la Procuraduría General del Estado para que pueda apelar. Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito cursante de fs. 202 a 206, refirió que: i) El Auto de Vista 302/2022 se encuentra debidamente motivado y fundamentado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudencia, cumpliendo con la estructura de fondo y de forma conforme el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que no vulneró el debido proceso; ii) El accionante no agotó los mecanismos intra procesales al no solicitar aclaración, complementación y enmienda, según lo establecido en el art. 125 del citado Código, incumpliendo el principio de subsidiariedad; iii) En la acción tutelar solo se efectuó una relación de los hechos sucedidos en el proceso penal y copia de extractos jurisprudenciales; sin embargo, no están debidamente fundamentados, al no explicarse el porqué de su aplicación, no teniendo relación con el Auto de Vista dictado, incumpliendo con los arts. 128 de la CPE y 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo); iv) El impetrante de tutela señaló de forma lírica que se vulneró el debido proceso en su vertiente congruencia externa, sin especificar cómo ocurrió aquello; y, v) Como consecuencia del Auto de Vista 107/2022, el Auto Interlocutorio 04/2022 ya no existe en la vida jurídica y no tiene efecto jurídico, siendo ilógico que se pronuncien en alzada; lo contrario daría lugar a crear resoluciones contradictorias e incluso otorgar nuevamente efectos jurídicos a el Auto Interlocutorio 15/2018. Silvia Maritza Portugal Espinoza y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Primera y segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no remitieron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 127.
Álvaro Erwin Siñani Valeriano, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que, la evocación de jurisprudencia por el accionante rompe con las reglas básicas para la aplicación de precedentes constitucionales.
La Procuraduría General del Estado, a través de sus representantes apersonados por memorial cursante a fs. 112, en audiencia refirió que: a) Los arts. 230 y 231 de la CPE establecen con claridad que la participación de la Procuraduría General del Estado es ineludible en los procesos penales en los que se establezca que los intereses del Estado se encuentran afectados, lo que significa que, tiene todas las atribuciones, condiciones y obligaciones de un sujeto procesal por un aspecto de relevancia económica y social, como ocurre en el hecho que dio origen al proceso penal de referencia; b) Como sujeto de pleno derecho se notificó a dicha entidad con el Auto Interlocutorio 15/2018, que al estar vulnerando los intereses del Estado, derivó en la interposición de recurso de apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 107/2022, que efectuó la compulsa necesaria de los parámetros previstos por el art. 112 de la CPE para que no opere la prescripción, determinando revocar la indicada Resolución apelada; fallo de alzada que no es motivo de denuncia constitucional respecto al fondo o al contenido, sino simplemente sobre la participación de la Procuraduría General del Estado; c) No existe una resolución fundamentada y motivada respecto a la ejecutoria del señalado Auto Interlocutorio 15/2018; d) También se interpuso incidente de actividad procesal defectuosa que mereció el Auto Interlocutorio 04/2022; y, e) El peticionante de tutela efectuó una cita cronológica de los antecedentes; empero, en la parte pertinente invocó como actos vulneratorios los Autos de Vista 107/2022 y 302/2022 sin explicar “...cuál es la forma, o sea en realidad nos habla de forma general...” (sic), sin expresar qué parte de los mismos supuestamente le estaría generando la lesión a sus derechos, cuando debió exponer los argumentos por los que solicita su tutela, conforme establece la SCP 0805/2020-S4 de 9 de diciembre. Julia Susana Ríos Laguna, Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, apersonándose por memorial cursante a fs. 120 y vta. y en audiencia a través de los abogados de dicha dependencia, refirió que: 1) El accionante no activó ninguna acción de defensa contra el Auto Interlocutorio 04/2022, existiendo un primer acto consentido conforme el art. 53.2 del CPCo; 2) Con relación al apersonamiento de la Procuraduría General del Estado el prenombrado no planteó ninguna excepción ni incidente; es decir, no hubo un reclamo procesal oportuno; 3) Respecto al Auto de Vista 107/2022, dicho fallo se basa en la sana crítica de los Vocales demandados, quienes, revisando el recurso de apelación incidental de la indicada Institución, llegaron a la conclusión de que el Auto Interlocutorio 15/2018 fue emitido de forma irregular, al ser firmado solo por la Presidenta del Tribunal a quo; y, 4) Sobre el Auto de Vista 302/2022, es correcta “la atribución” de los Vocales codemandados, toda vez que, con anterioridad ya se resolvió el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 15/2018; en este sentido, ya no existía ningún efecto jurídico, por lo que se debía respetar lo anteriormente dispuesto mediante Auto de Vista 107/2022, considerando, además, que los administradores de justicia están obligados a cumplir de manera uniforme fallos ya emitidos con anterioridad, lo que ocurrió en el caso de autos. Bernardo Laura Álvarez, en representación legal del RIBB, a través de su abogado en audiencia de garantías, manifestó que, el Auto Interlocutorio 15/2018 apareció sorpresivamente, “...obviamente nosotros como entidades del estado hemos decidido utilizar los mecanismos que la Ley nos a[m]para, obviamente nos han denegado, pero (...) por la intervención oportuna de la Procuraduría del estado se ha llegado a revisar esta resolución...” (sic), demostrándose que no cumplía con las “características” de fondo ni de forma.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 10/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 220 a 225, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) De manera previa, con relación a lo manifestado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, sobre que el accionante hubiese incurrido en la causal de improcedencia de actos consentidos e inobservado el principio de inmediatez, el hecho de que el nombrado no hubiese activado mecanismo de impugnación alguno contra el Auto Interlocutorio 04/2022 no importar acto consentido, pues de antecedentes se evidencia que sí formuló recurso de apelación incidental; además, el desarrollo de los mecanismos de impugnación generados contra los Autos Interlocutorios 04/2022 y 15/2018 no son atribuibles exclusivamente al mencionado; y, respecto a la inobservancia del principio de inmediatez, el Auto de Vista 107/2022 fue emitido y notificado el 18 de abril de 2022 y esta acción de defensa activada el 17 de octubre de igual año; es decir, un día antes del vencimiento del plazo de seis meses; ii) Si por razones de distribución de sorteo los Vocales demandados resolvieron de manera previa el recurso de apelación incidental de la Procuraduría General del Estado contra el Auto Interlocutorio 15/2018; y, por otro lado, los Vocales codemandados recién pronunciaron Auto de Vista en el mes septiembre de 2022; es un aspecto que no puede ser abordado en sede constitucional, toda vez que, el Tribunal de la causa, como consecuencia de la impugnación contra el Auto Interlocutorio 04/2022, estableció que sea asumida en vía incidental; es decir, sin la suspensión del proceso principal; en consecuencia, si de manera posterior se cumplió con el acto de notificación ordenado a la Procuraduría General del Estado, y esta institución activó el mecanismo de impugnación contra la citada Resolución, ello fue producto del direccionamiento de concesión del recurso asumido por dicho Tribunal; iii) No se establece en qué mérito vinculado al debido proceso el Auto Vista 107/2022 debiera ser analizado, respecto al hecho de haber generado la revocatoria del Auto Interlocutorio 15/2018, considerando que, la jurisdicción constitucional tiene marcadas sus facultades y competencias a objeto de analizar la actividad que fue desplegada por la autoridad de la jurisdicción ordinaria, debiéndose considerar la “SC 682/2014-S3”, cuyos parámetros jurisprudenciales no fueron postulados por el impetrante de tutela, al no indicar si dicha decisión incurre en una motivación y fundamentación arbitraria, incongruente citra o extra petita; iv) Con relación al Auto de Vista 302/2022, el Auto de Vista 107/2022 ciertamente dejó sin efecto con anterioridad el Auto Interlocutorio 15/2018, y, teniendo en cuenta que el peticionante de tutela no cuestionó ante esta jurisdicción la justiciabilidad o no de ese Auto de Vista, lo cuestionado carece de relevancia constitucional, entendiéndose que, independientemente de que no hubiese adoptado criterio alguno con relación a los agravios de la apelación incidental formulada, una eventual concesión de la tutela no provocaría un efecto modificatorio respecto a las consecuencias ya asumidas sobre el Auto Interlocutorio 15/2018 por otro Tribunal de alzada; y, v) El art. 398 del CPP establece que el pronunciamiento de alzada debe guardar correlación con los agravios de apelación y la contestación; empero, la presunta omisión a esa exigencia debe ser conjuncionada con la relevancia constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 235 a 239); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 15/2018 de 15 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -constando pie de firma de la Presidenta de dicho colegiado-, resolvió: “No haber lugar a la extinción de la acción penal, por duración máxima del proceso. Y se declara PRESCRITA la presente acción penal y en ejecución de fallos se dispone el archivo de obrados” (sic [fs. 131 a 132]). II.2. A través de Auto Interlocutorio 04/2022 de 1 de febrero, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en lo central, declaró infundados los incidentes de actividad procesal defectuosa planteados por el RIBB, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y Ministerio Público; y, fundado el presentado por la Procuraduría General del Estado; en consecuencia, dispuso la notificación de dicha Institución con el Auto Interlocutorio 15/2018 para que pueda hacer valer los derechos del Estado; determinación que fue recurrida en apelación incidental por los sujetos procesales (fs. 55 a 62 vta.). II.3. Por memorial presentado el 24 de febrero de 2022, la representación legal de la Procuraduría General del Estado -ahora tercera interesada-interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio citado en la Conclusión II.1 (fs. 176 a 183 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 107/2022 de 18 de abril, Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados- declararon: “...la PROCEDENCIA de las cuestiones planteadas y en el fondo REVOCA el Auto N° 15/2018 (...), Disponiendo se prosiga el juicio conforme a Ley” (sic [fs. 74 a 81]). II.5. A través de Auto de Vista 302/2022 de 14 de septiembre, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy codemandados-, en lo pertinente, resolvieron rechazar los recursos de apelación incidental presentados por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, el RIBB y Yerko Julio Garafulic Barrón -accionante-, ya que la Resolución apelada -Auto Interlocutorio 04/2022- se refería al Auto Interlocutorio 15/2018, determinación que, por Auto de Vista 107/2022 fue revocada, por lo que ya no tendría ningún efecto jurídico en el proceso penal, debiendo respetarse lo dispuesto en dicho Auto de Vista: “…al ordenar que se prosiga el juicio conforme a ley” (sic [fs. 82 a 85 vta.]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, congruencia externa, seguridad jurídica y motivación; a la doble instancia, al acceso a una justicia pronta y oportuna; y, a la defensa, así como a la garantía de la cosa juzgada; en razón a que: a) Los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 107/2022 que, resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por la Procuraduría General del Estado, revocó el Auto Interlocutorio 15/2018: 1) Se pronunciaron indebidamente sin que exista resolución del recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 04/2022, que dispuso la notificación a la referida Institución con el Auto Interlocutorio entonces impugnado; por lo que, no podían pronunciarse respecto a la impugnación interpuesta por un sujeto procesal cuya intervención era cuestionada y debía ser definida previamente; y, 2) No fundamentaron ni explicaron sobre el momento procesal en el que fue dictado el Auto Interlocutorio 15/2018 y las partes procesales habilitadas para impugnarla, justificando la participación de la referida Institución de manera ilegal y únicamente bajo las atribuciones y prerrogativas que tiene la misma, evitando referirse, asimismo, respecto a la imposibilidad de retrotraer actos procesales por el principio de preclusión; e, inobservaron que la indicada Resolución contaba con calidad de cosa juzgada, convalidando de esta manera que un sujeto procesal que se apersona a estrados judiciales después de más de dos años de su ejecutoria, pueda apelarla; y, b) Los Vocales codemandados, al dictar el Auto de Vista 302/2022, rechazaron su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 04/2022, bajo el argumento de que el Auto de Vista 107/2022 revocó el Auto Interlocutorio 15/2018, por lo que no correspondía ingresar a su análisis, omitiendo con ello, considerar los argumentos de su impugnación y que la orden de notificación a un sujeto procesal que no estaba apersonado a tiempo de la ejecutoría de la indicada Resolución vulneraba la prohibición de retrotraer actos procesales. Ante ello, los Vocales demandados sostienen que: i) El accionante incumplió la carga procesal de fundamentar su acción tutelar, derivando en un acto de postulación defectuosa; ii) No es evidente la falta de fundamentación y explicación, por cuanto, en el Auto de Vista 107/2022 se pronunciaron sobre el agravio expresado; y, con relación a que ya existiría cosa juzgada, se adoptó la decisión con base en que el Tribunal a quo dictó el Auto Interlocutorio 04/2022, habilitando a la Procuraduría General del Estado para que pueda apelar; y, iii) No vulneraron ningún derecho o garantía constitucional. A su turno, los Vocales codemandados afirman que: a) El Auto de Vista 302/2022 se encuentra debidamente motivado, fundamentado y es congruente; b) El impetrante de tutela inobservó el principio de subsidiariedad, al no solicitar explicación, complementación y enmienda; c) Como consecuencia del Auto de Vista 107/2022, el Auto Interlocutorio 04/2022 ya no existe en la vida jurídica y no tiene efecto jurídico, siendo ilógico que se pronuncien en alzada; lo contrario daría lugar a crear resoluciones contradictorias e incluso otorgar nuevamente efectos jurídicos al Auto Interlocutorio 15/2018; y, d) No vulneraron ningún derecho ni garantía constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló subreglas sobre el principio de subsidiariedad en acción de amparo constitucional, estableciendo que esta última no procede en caso que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de RIBB, con la intervención del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y de la Procuraduría General del Estado, ambos en calidad de terceros interesados, contra el ahora accionante y otros, por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado y otros, se suscitaron los siguientes actuados procesales relevantes: Mediante Auto Interlocutorio 15/2018 de 15 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz resolvió declarar la extinción de la acción penal por prescripción en cuanto al impetrante de tutela, disponiendo el archivo de obrados (Conclusión II.1). Posteriormente, por Auto Interlocutorio 04/2022 de 1 de febrero, el supra citado Tribunal declaró -en lo pertinente- fundado el incidente promovido por la Procuraduría General del Estado, disponiendo en consecuencia su notificación con el ya citado Auto Interlocutorio 15/2018, a efectos de que dicha institución pueda ejercer los derechos del Estado (Conclusión II.2); determinación que fue objeto de recursos de apelación incidental por diversos sujetos procesales, entre ellos el impetrante de tutela. No obstante, la interposición de los referidos recursos, se procedió a notificar a la Procuraduría General del Estado con el Auto Interlocutorio 15/2018, actuación que dio lugar a la interposición de recurso de apelación incidental contra dicha resolución, mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2022 (Conclusión II.3). Este recurso fue resuelto por los Vocales demandados a través del Auto de Vista 107/2022 de 18 de abril, que declaró su procedencia y, en el fondo, revocó el citado Auto Interlocutorio 15/2018, disponiendo la prosecución del juicio conforme a ley (Conclusión II.4). Posteriormente, mediante Auto de Vista 302/2022 de 14 de septiembre, los Vocales codemandados rechazaron los recursos de apelación incidental previamente interpuestos contra el Auto Interlocutorio 04/2022, bajo el entendimiento de que la resolución impugnada guardaba vinculación con el Auto Interlocutorio 15/2018, el cual ya había sido revocado por el Auto de Vista 107/2022; en consecuencia, consideraron que carecía de eficacia jurídica dentro del proceso, debiendo estarse a lo resuelto en este último fallo, que dispuso la prosecución del juicio conforme a ley (Conclusión II.5).
Efectuadas esas precisiones, corresponde inicialmente delimitar el enfoque proyectado en el ámbito de análisis a partir de la propia configuración del objeto procesal y del petitorio formulado, esto es: “…que la SALA PENAL TERCERA resuelva primero el recurso de apelación planteado (…) y con el resultado, una vez conocido este falla la SALA PENAL PRIMERA, resuelva el recurso de apelación puesto a su conocimiento…” (sic); es decir, el accionante no cuestiona aisladamente los Autos de Vista 107/2022 y 302/2022, sino que plantea una secuencia procesal que, a su entender, debió resolverse en un orden distinto; esto es, que previamente se resuelva la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 04/2022 -relativo a la notificación y eventual habilitación procesal de la Procuraduría General del Estado, permitiéndole gozar de legitimidad recursiva- y, recién con ese resultado, se emita pronunciamiento sobre el recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio 15/2018; aspecto que circunscribe el ámbito de análisis de este Tribunal, pues la justicia constitucional no puede mutar la pretensión planteada. Ahora bien, siendo que se sostiene que la validez del Auto de Vista 107/2022 se encontraba condicionada a la previa definición del recurso vinculado al Auto Interlocutorio 04/2022; entonces ante el señalamiento de audiencia para la vista y resolución del recurso interpuesto contra el Auto Interlocutorio 15/2018 tenía a su alcance el mecanismo de corrección procesal previsto en el art. 168 del CPP, pues el propio diseño del sistema recursivo le brindaba la facultad de solicitar correcciones al procedimiento; es decir, le permitía solicitar que el Auto de Vista 107/2022 se resuelva de manera posterior a la resolución del Auto Interlocutorio 04/2022. Es decir, ante el señalamiento de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental que derivó en la emisión del Auto de Vista 107/2022, el accionante pudo -y debió- plantear la correspondiente solicitud de corrección procesal, haciendo notar que, a su entender, existía un recurso pendiente cuya resolución incidía directamente en la legitimación recursiva de la Procuraduría General del Estado y, por lo tanto, en la admisibilidad del recurso. Esta actuación habría permitido a las autoridades demandadas pronunciarse de manera expresa sobre dicho extremo en específico -el efecto suspensivo previsto en el art. 396.1 del CPP, debido a la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 04/2022 y su alcance en la legitimación recursiva de la referida institución-, ya sea ratificando la prosecución del trámite o disponiendo su suspensión; sin embargo, al no acreditar la activación oportuna de dicho mecanismo y, por el contrario, aguardar pasivamente la resolución de ambos recursos, privó a la jurisdicción ordinaria de la posibilidad de corregir o, en su caso, convalidar la actuación ahora cuestionada. En consecuencia, se configura uno de los supuestos establecidos en la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en cuanto determina que la acción de amparo constitucional no procede cuando las autoridades judiciales o administrativas que no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno; supuesto que se verifica en el caso de autos; toda vez que, el accionante no acreditó el haber utilizado un mecanismo procesal idóneo y oportuno para cuestionar la secuencia procedimental que ahora denuncia como lesiva. Asimismo debe hacerse notar que si el agravio central radica en el momento procesal de la emisión del Auto de Vista 107/2022; es decir, en una supuesta irregularidad procedimental que, por su propia naturaleza, debió ser reclamada inmediatamente dentro del proceso y no esperar a que se emita la resolución desfavorable para recién denunciar la lesión de sus derechos, ignorando los principios de preclusión y convalidación, pues un razonamiento en contrario implicaría habilitar a la jurisdicción constitucional como una instancia supletoria para revisar incidencias procesales no reclamadas oportunamente, desnaturalizando así, su carácter subsidiario y excepcional. Por otra parte, debe considerarse que de los antecedentes, se establece que el Auto de Vista 107/2022 acto que, se entiende, modificó sustancialmente la situación jurídica del accionante al revocar la declaratoria de prescripción y disponer la prosecución del juicio oral- fue emitido el 18 de abril de 2022; no obstante, el prenombrado no acudió de manera inmediata a la justicia constitucional, sino que aguardó la emisión del Auto de Vista 302/2022 el 14 de septiembre de ese año, interponiendo la acción de amparo constitucional recién el 17 de octubre de igual año consintiendo y convalidando un procedimiento que en su oportunidad pudo corregir. En otros términos, si el agravio principal radicaba en la supuesta indebida emisión previa del Auto de Vista 107/2022, no se advierte razón válida para diferir su cuestionamiento constitucional hasta la emisión de un acto posterior convalidándolo y que, en esencia, se habría limitado a reconocer los efectos jurídicos del primero; correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 220 a 225, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0385_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6c4cfd86b5d7765ebd6da40e6b5d94a01f15a6ce6b3991f9c24ffd1d06d27553
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