Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la defensa; y, a la libertad física y de locomoción; toda vez que, fue indebidamente apremiada por un funcionario policial encubierto de civil, conjuntamente a un abogado, en ejecución de un mandamiento de apremio, librado por la Jueza demandada a solicitud del padre de sus dos hijos, pretendiendo cobrarle indebidamente “pensiones” por aquellos, quienes ya eran mayores de edad, profesionales y con trabajo estable, siendo conducida al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin considerar que el 7 de junio de 2021, suscribió un acuerdo transaccional con los beneficiarios reconociendo que cumplió con la asistencia familiar y renunciando a la misma; el cual, de manera injusta se le seguía cobrando, pese haber cesado dicha obligación, conforme a lo previsto por el art. 945 del CC; por lo que, solicita su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 20/”22” de 13 de julio de 2021, cursante de fs. 40 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada por el impetrante, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por la omisión en la remisión de los actuados necesarios, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2025-S3 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52103-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/”22” de 13 de julio de 2021, cursante de fs. 40 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipámo Saravia y Remberto Cossío Zeballos en representación sin mandato de Concepción Huayta Cuhaquira contra Erika Lizet Paniagua Medina, Jueza Pública Sexta de Familia de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 12 de julio de 2021, cursante de fs. 13 a 20 vta., la accionante expresó lo siguiente:
El 9 de julio de 2021, fue aprehendida por un funcionario policial encubierto de civil, conjuntamente a un abogado, en ejecución de un mandamiento de apremio, librado por la Jueza demandada a solicitud del padre de sus dos hijos, pretendiendo cobrarle indebidamente “pensiones” por aquellos, quienes ya eran mayores de edad, profesionales y con trabajo estable, siendo posteriormente conducida al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin considerar que el 7 de junio de 2021, suscribió un acuerdo transaccional con los beneficiarios reconociendo que cumplió con la asistencia familiar; la cual, de manera injusta se le seguía cobrando, pese haber renunciado y cesado a dicha obligación sus hijos, conforme a lo previsto por el art. 945 del Código Civil (CC). Debido al horario de atención y restricciones dispuestas en los tribunales y juzgados por el confinamiento del COVID-19, la fecha de su privación de libertad -9 de julio de 2021-, pasadas las horas establecidas, se vio imposibilitada de ingresar el acuerdo transaccional de manera ordinaria; pese a ello, la Jueza demandada sin motivación y fundamentación en su decisión, restringió su libertad física y de locomoción sin que exista obligación de su parte conforme expresaban los referidos documentos, los cuales asimismo en su parte infine establecían que podían ser homologados por cualquier autoridad judicial llamada; empero, fue recluida, sin poder comunicarse con sus familiares ni abogados al no existir atención oportuna en dicho “penal”, además de no contar con el control jurisdiccional correspondiente al encontrarse cerrado el Juzgado de origen, poniendo asimismo en riesgo su vida por el hacinamiento carcelario existente.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la defensa; y, a la libertad física y de locomoción, sin citar norma constitucional que los contenga.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) El restablecimiento de las formalidades legales extrañadas y se otorgue su inmediata libertad física; y, b) El cese de la persecución indebida.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de julio de 2021, según consta el acta cursante de fs. 39 a 40, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante, ratificó íntegramente el contenido de su acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) La demanda de asistencia familiar deviene de un proceso de divorcio instaurado por el padre de sus hijos quien desde el 2013, la viene torturando, manteniéndola indebidamente en prisión como a la fecha; 2) La Jueza demandada basó su informe en el art. 127.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar ley 603 (CFPF), reconociendo los seis meses que la autoridad judicial tiene como plazo razonable para remitir a prisión a una persona por obligaciones pecuniarias o asistencia familiar devengada, como la referida por dicha autoridad; la cual, le hubiera sido notificada; sin embargo, su persona no fue emplazada con el motivo de la liquidación ni conminatoria, no pudiendo por ello aplicarse la notificación en estrados judiciales, conforme a lo previsto por el CC; puesto que, dicha normativa no es aplicable en casos de familia, lesionando su derecho fundamental a “tener conocimiento” para no causarse indefensión; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada al afectar al debido proceso vinculado a su libertad; 3) Sus hijos son los beneficiarios de la asistencia familiar y al ser mayores de edad decidieron desistir de cualquier obligación pecuniaria a través de dos acuerdos transaccionales; ya que, uno de ellos es médico y el otro también trabaja, en la parte infine de dichos documentos, adosados a la presente acción de defensa, se estipuló que cualquier autoridad podría homologar dichos acuerdos; sin embargo, fue aprehendida e ingresó al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; 4) Presentó capturas de pantalla de los números de los Juzgados de turno que no les atendieron el viernes, sábado y domingo, intentando presentar su acción tutelar, porque no existía una autoridad judicial a la cual acudir a objeto que valore los acuerdos de desistimiento al haberse “cerrado” el Juzgado de Familia Sexto de la Capital debido al COVID-19; no obstante, dicho documento estaba reconocido en firmas por un Notario de Fe Pública, y al tener “calidad de Juez”; ya contaría con verdad material, conforme la línea jurisprudencial establecida por la entonces Corte Suprema de Justicia; 5) El Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254 de 5 de julio de 2012-, establece que la acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger y tutelar los derechos a la libertad personal y de locomoción; sin embargo, se encuentra privada del indicado derecho, aun existiendo un desistimiento por parte de sus hijos y sin haber sido debidamente notificada por la autoridad judicial demandada; por lo que, al no existir obligación económica vigente solicitó se conceda la tutela; 6) Al no haber demostrado la autoridad demandada las notificaciones debidas, la instancia constitucional tiene la obligación de homologar los desistimientos restituyendo así sus derechos conculcados, invocando a ese efecto la SCP 1090/2017-S3 de 18 de octubre, la cual reconduce la línea sobre el cumplimiento de la ejecución del apremio en materia familiar cuando el obligado es apremiado por primera vez; por lo que, solicitó se libre mandamiento de libertad; y, 7) La autoridad judicial demandada presentó extemporáneamente su informe de ley; por lo que, al haber precluido su derecho, solicitó el rechazo del mismo. En uso de la palabra Roberto Guzmán Huayta, hijo de la accionante, señaló que, su hermano y él suscribieron un acuerdo transaccional con su progenitora señalando que desistían de la asistencia familiar.
Erika Lizet Paniagua Medina, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 13 de julio de 2021, cursante de fs. 24 a 25 vta., expresó que: i) En el Juzgado a su cargo, radicó el fenecido proceso de divorcio seguido a instancias de Concepción Huayta Cuhaquira -ahora accionante-; en el cual, ante el incumplimiento de las obligaciones de pago de asistencia familiar por la mencionada, en el marco de lo previsto por el art. 127 del CFPF libró mandamiento de apremio contra la peticionante de tutela hasta que cumpla con su obligación o hasta seis meses de reclusión; ii) De conformidad a lo previsto por el art. 415 del citado Código, notificada la obligada con la liquidación de asistencia familiar, tenía tres días para observar, corregir y/o rechazar la liquidación; sin embargo, vencido dicho lapso, previa nueva notificación, aprobada la conminatoria de pago, dicho procedimiento no fue observado por la impetrante de tutela, motivando la emisión del mandamiento de apremio; iii) En relación al supuesto acuerdo transaccional, de la revisión del expediente original remitido a la instancia constitucional a objeto de su valoración, consta que no existe dicho documento, situación por la cual, no ameritaría considerar tal extremo; iv) La accionante en ninguna parte de la presente acción señaló de qué forma hubieran sido lesionados sus derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, siendo su única labor como juzgadora impartir justicia acorde a lo establecido por el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); v) En cuanto al derecho a la salud, tampoco señaló como hubiera sido conculcado el mismo; ya que, a la fecha se encuentra atendida por un profesional médico; y, vi) De igual forma, la impetrante de tutela, no demostró no haber sido protegida oportunamente; más al contrario su autoridad, actúo conforme a la normativa vigente y dentro de sus facultades legales, limitándose a ejecutar las medidas previstas por ley de acuerdo a la contrastación del certificado de permanencia y en aplicación a la normativa familiar, librando el mandamiento de apremio; consiguientemente al no haber vulnerado alguna garantía del debido proceso, solicitó se deniegue la tutela impetrada al no cumplir la acción planteada con los requisitos de procedencia.
La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 20/”22” de 13 de julio de 2021, cursante de fs. 40 a 42 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El mandamiento de apremio en los procesos de asistencia familiar procede ante el incumplimiento del pago de la liquidación, debiendo ser emitido conforme las condiciones y formalidades previstas en el ordenamiento jurídico de la materia y en resguardo de la garantía prevista por el art. 23 de la CPE, que determina los requisitos de validez para la restricción de la libertad, acorde a lo establecido por la SCP 549/2018-S3 de 25 de septiembre, que sentó la línea jurisprudencial sobre los supuestos que existan medios idóneos, deben ser utilizados para acudir a la justicia constitucional; b) De la revisión de actuados procesales evidenció que fueron notificados -a la accionante- la liquidación de asistencia familiar y estaría ordenado el mandamiento de apremio; asimismo, constató que los acuerdos transaccionales no formaban parte de los referidos actuados procesales en virtud del art. 122 inc. b) del CFPF; por lo que, la impetrante de tutela si consideraba que se habría vulnerado sus derechos, debió plantear los recursos previstos en el citado Código, a efectos que la autoridad de control jurisdiccional tome conocimiento de esos incidentes; y, c) Respecto a la preclusión del informe de la autoridad demandada, por haber “ingresado” diez minutos después de instalada la audiencia de garantías, en virtud al principio de informalismo que rige a ese mecanismo constitucional, ello no era óbice para que fuese puesto a conocimiento de la solicitante de tutela y fundamente respecto a los argumentos expuestos por dicha autoridad.
A la solicitud de aclaración, complementación y enmienda solicitada por la accionante respecto a la presentación de los acuerdos transaccionales y desistimiento de los beneficiarios que no pudieron ser presentados en fin de semana; en sustanciación y resolución, la Jueza de garantías, señaló que, los acuerdos pueden ser homologados por cualquier autoridad jurisdiccional; por lo cual, al no haber tenido conocimiento de aquellos la Jueza demandada, ratificó inextenso la Resolución emitida en sus argumentos y citas legales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Según acta y Resolución de la presente acción tutelar; en la cual, la Jueza de garantías, en inmediación de los actuados del proceso de divorcio seguido por la accionante contra Juan Carlos Guzmán García, respecto a la liquidación de asistencia familiar, evidenció que, ante el incumplimiento del pago de asistencia familiar devengada en la suma de Bs23 000 (veintitrés mil bolivianos).-, por parte de la impetrante de tutela, quien fue notificada mediante comisión instruida, diligenciada por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Noveno de la Capital del departamento de Cochabamba, en el domicilio real de la prenombrada en presencia de testigos, mediante decreto de 12 de febrero de 2021, la Juez Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, ordenó se libre mandamiento de apremio contra la solicitante de tutela y sea hasta que cancele el monto adeudado (fs. 41). II.2. Cursan documentos privados transaccionales suscritos el 7 de junio de 2021, entre Concepción Huayta Cuhaquira y Andre Leandro y Roberto Carlos Guzmán Huayta, estableciendo por una parte, que la obligada adeudaría la suma de veintitrés mil bolivianos por concepto de asistencia familiar devengada en favor de sus hijos; monto que en la fecha era cancelado por la mencionada; por otra parte, siendo que los beneficiarios eran mayores de edad, conforme a sus cédulas de identidad, y que trabajan por cuenta propia, y ya no eran dependientes de la madre o padre, renunciaban voluntariamente a la asistencia familiar, conforme lo establecido por el art. 122 del CFPF, dentro del proceso tramitado a instancia de Juan Carlos Guzmán García, en el Juzgado de Familia Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, Número de Registro Judicial (NUREJ) 201307704 (fs. 2 a 12 vta.).
La accionante a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la defensa; y, a la libertad física y de locomoción; toda vez que, fue indebidamente apremiada por un funcionario policial encubierto de civil, conjuntamente a un abogado, en ejecución de un mandamiento de apremio, librado por la Jueza demandada a solicitud del padre de sus dos hijos, pretendiendo cobrarle indebidamente “pensiones” por aquellos, quienes ya eran mayores de edad, profesionales y con trabajo estable, siendo conducida al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin considerar que el 7 de junio de 2021, suscribió un acuerdo transaccional con los beneficiarios reconociendo que cumplió con la asistencia familiar y renunciando a la misma; el cual, de manera injusta se le seguía cobrando, pese haber cesado dicha obligación, conforme a lo previsto por el art. 945 del CC; por lo que, solicita su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.
Tomando en cuenta las características especiales de la obligación de la asistencia familiar que la distinguen de la obligación civil, destinada a la insoslayable asistencia integral del beneficiario para cubrir sus necesidades indispensables, y cuya naturaleza trasciende el vínculo familiar para convertirse en una responsabilidad social que incumbe a la sociedad y las diferentes entidades del Estado en todos sus niveles, en ese marco es necesario tomar en cuenta entre otros, el principio de prevalencia del derecho material respecto al formal, la observancia del principio de justicia material para la efectiva y oportuna concreción del derecho de asistencia familiar de los beneficiarios, extremo que podría alcanzarse de alguna manera a través de su cumplimiento voluntario extrajudicial, sin necesidad de acudir a la vía judicial y los medios compulsivos para su materialización, estado aconsejable tanto para los obligados como para los beneficiarios. Sin embargo, cuando no se cumpla en los términos indicados precedentemente, el CFPF en su art. 127.I, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, bajo amenaza inminente de ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal. Esta regulación normativa merece algunas consideraciones, en los casos en que no sea posible su cumplimiento voluntario, puede acudirse a la vía judicial para la determinación o aprobación de la asistencia familiar, en el marco del debido proceso, traducido en el cumplimiento de los procedimientos fijados por el Código de las Familias y del Proceso Familiar a través de un proceso extraordinario de asistencia familiar o mediante un proceso de resolución inmediata cuando haya acuerdo para la asistencia familiar; asimismo, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de la asistencia familiar propuesta y se tenga cuantificada la misma, conforme a lo previsto por el art. 415.I y II del CFPF, no es cumplida esta obligación, puesto que el cumplimiento del deber de asistencia familiar es inexorable y no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno. Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca. El precedente constitucional citado ha sido desarrollado en la SCP 0714/2019 de 21 de agosto.
La Constitución Política del Estado, da especial énfasis a la protección del derecho a la libertad, en cuyos arts. 22 y 23, se ocupa de la libertad personal, estableciendo sus garantías y regulando el trato a los privados de libertad. Así el citado art. 23.I, señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales” (las negrillas son añadidas). Conforme a la referida normativa constitucional, la libertad puede ser restringida; empero, en el marco de un Estado Constitucional, respetuoso de los derechos fundamentales, esta limitación debe ser excepcional y no puede ser arbitraria. Por ello, la Norma Suprema establece requisitos para el efecto; en ese sentido, el art. 23.III de la CPE, señala que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito” (las negrillas y subrayado son ilustrativos). Del art. 23 de la CPE, se desprenden los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad; pues ésta, únicamente puede ser limitada: 1) En los casos previstos por ley; y, 2) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los arts. 23.I y III de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostuvo en su Fundamento Jurídico III.3, que:
De las normas glosadas, se concluye que para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE.
Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló: “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal [las negrillas nos corresponden]). En ese sentido, la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; sino, que el propio texto constitucional establece la posibilidad de su limitación, siempre y cuando, esté establecida por una ley, que determine los requisitos materiales y formales para la privación de libertad, que en materia familiar se encuentran establecidas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, promulgado mediante Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, que establece los casos, condiciones y formalidades, en las que es posible la limitación al derecho a la libertad del obligado, que incumple con el pago de la asistencia familiar; dado a que, este derecho concierne a la satisfacción de las necesidades más elementales, como la alimentación, vestido, vivienda, educación, etc.; en ese entendido, no solo incumbe al interés particular de las partes, sino, alcanza a un interés social, cuya materialización se encuentra garantizada por el Estado. Así, el art. 127.II del CFPF, respecto al apremio corporal, dispone: “Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado”. Por su parte, el art. 415 del CFPF, referido a la ejecución de la asistencia familiar, establece:
La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia I. devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.
II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. (…) Conforme se aprecia, los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad física, por incumplimiento al pago de asistencia familiar, se encuentran establecidos en los arts. 127.II y 415.I y II del CFPF, que autorizan el apremio corporal del obligado que incumplió con su deber de prestar la asistencia familiar, no obstante haber sido intimado judicialmente -condiciones de validez material-; y, disponen que la autoridad competente para ordenar el apremio, es el Juez Público de Familia; con la condición que se cumplan determinadas formalidades, como es la presentación de la liquidación de la obligación devengada a cargo de la parte beneficiaria, su puesta a conocimiento al obligado para que, en su caso, éste la observe en el plazo de tres días; a cuya conclusión, el juez debe aprobar la liquidación e intimar su pago dentro de tercero día -condiciones de validez formal-. En ese sentido, el art. 415.III del CFPF, determina:
La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. De acuerdo a dicha normativa, la autoridad judicial debe disponer el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado, sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio; lo que significa, que ambas medidas pueden ser dispuestas de manera paralela, sin establecer ninguna prelación entre ellas, considerando que la finalidad de la asistencia familiar, es otorgar a los miembros de la familia que se encuentren en una situación de necesidad, los recursos necesarios que garanticen su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; priorizándose el interés de niñas, niños y adolescentes. A la luz de la finalidad descrita, es evidente que el apremio corporal, junto con la adopción paralela de otras medidas, se presenta como una medida idónea o adecuada para obtener el cumplimiento de la asistencia familiar devengada, dado el carácter compulsivo que tiene para vencer la resistencia del obligado renuente, que a pesar de tener medios suficientes para cumplir con su deber, se rehúsa al cumplimiento oportuno; o para que el obligado, que carece de esos medios, extreme sus esfuerzos para conseguirlos, con el fin de cumplir con su obligación devengada. Por otra parte, el apremio corporal, como medio compulsivo resulta necesario para la satisfacción de la asistencia familiar; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible, la realización del crédito alimentario no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que está destinada la asistencia familiar; toda vez que, los trámites judiciales necesarios, que se requiere para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada, implica el transcurso de un tiempo, que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a las que está destinada; además, puede demandar de parte de los beneficiarios el gasto de recursos económicos, que son precisamente de los que carece el alimentario o su representante, y que por consiguiente, pueden dificultar el logro del objetivo oportunamente; y en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, dicha medida se presenta como la única posible para compeler al obligado a extremar sus esfuerzos, para obtener los recursos económicos que se requiere para cumplir con su obligación alimentaria. Sin embargo, es evidente que para lograr la finalidad que se busca con la asistencia familiar, que fue descrita precedentemente, la autoridad judicial competente, no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por la asistencia familiar devengada, y esperar que el mismo, cumpla con su objetivo compulsivo; sino, que al tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial, es que provea oportunamente a las necesidades básicas del beneficiario. Finalmente, a la luz del principio de proporcionalidad, el legislador propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; así como de la protección reforzada, de la que son objeto otros beneficiarios que forman parte de grupos vulnerables, como es el caso de personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres, que por su condición socioeconómica se encuentran en situación de desventaja; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada. Por otra parte, y en cuanto a la duración del apremio, el art. 415.IV del CFPF, señala: “El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad”.
Asimismo, el art. 127.III del CFPF, prevé: “El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo”. Como se advierte, el mantenimiento del apremio corporal no solo está condicionado a la persistencia del incumplimiento de la obligación devengada, sino que además, se halla sujeto a un plazo máximo de duración; pues, no puede exceder de seis meses; asimismo, dicha medida, puede ser suspendida cuando el obligado ofrece el cumplimiento de la obligación devengada en el plazo -no mayor a tres meses- convenido con el beneficiario. Consecuentemente, cuando el apremio corporal excede el plazo máximo de duración o no se suspende su ejecución ante la acreditación de un convenio de pago suscrito entre el beneficiario y el obligado, la privación de libertad deviene en irrazonable.
Consecuentemente, el apremio corporal del obligado por el incumplimiento de la prestación de asistencia familiar resultará constitucionalmente válido, cuando dicha medida restrictiva del derecho a la libertad personal se la adopte y mantenga con estricta sujeción a los requisitos establecidos en la ley y en el marco del plazo de su duración; contrario sensu -en contrario-, la privación de libertad del apremiado resultará indebida en los casos en los cuales se ordene o se mantenga la restricción de la libertad personal del obligado, al margen de los supuestos previstos en el Código de las Familias y del Proceso Familiar. En ese contexto, es preciso enfatizar, que el suministro oportuno de la asistencia familiar no puede rezagarse con ningún recurso o procedimiento, tomando en cuenta la finalidad de la provisión o suministro adecuado de la asistencia familiar. Este entendimiento ha sido desarrollado en la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre.
La accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la defensa; y, a la libertad física y de locomoción; así como, de los principios a la seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, fue indebidamente apremiada por un funcionario policial encubierto de civil, conjuntamente a un abogado, en ejecución de un mandamiento de apremio, librado por la Jueza demandada a solicitud del padre de sus dos hijos, pretendiendo cobrarle indebidamente “pensiones” por aquellos, quienes ya eran mayores de edad, profesionales y con trabajo estable, siendo conducida al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, sin considerar que el 7 de junio de 2021, suscribió un acuerdo transaccional con los beneficiarios reconociendo que cumplió con la asistencia familiar y renunciando a la misma; el cual, de manera injusta se le seguía cobrando, pese haber cesado dicha obligación, conforme a lo previsto por el art. 945 del CC; por lo que, solicita su inmediata libertad.
De la revisión de antecedentes, se advierte que en el proceso de divorcio seguido por Concepción Huayta Cuaquira -ahora accionante-contra Juan Carlos Guzmán García, la liquidación de cuotas de asistencia familiar devengadas por la ahora accionante, fue realizada el 14 de octubre de 2019, por un total de Bs23 000.-, misma que le fue notificada mediante comisión instruida diligenciada por la Oficial de Diligencias del Juzgado Público de Familia Noveno de la Capital del departamento de Cochabamba, realizada en el domicilio real de la nombrada en presencia de testigos, y al no existir observación, a la liquidación -según informe expuesto por la Jueza demandada- fue aprobada mediante decreto de 12 de febrero de 2021, ordenándose se libre mandamiento de apremio hasta que se cancele la suma adeudada. Por las circunstancias anotadas precedentemente, se evidencia que ante el incumplimiento del pago de asistencia familiar por parte de la peticionante de tutela, la Jueza demandada, dispuso en su contra la emisión del mandamiento de apremio por Bs23 000.-, asumiendo al efecto el procedimiento previsto en el art. 415 del CFPF -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; vale decir, previa notificación con la liquidación de asistencia familiar, posteriormente aprobada por la autoridad judicial, al no haber sido objeto de observación alguna, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; que concluyó que, efectuada la liquidación de asistencia familiar y una vez aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de la obligación en favor del o los beneficiarios, no pudiendo posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazos, teniendo toda autoridad judicial, las facultades compulsorias para dicha finalidad, entre ellas, el apremio corporal hasta que el importe de la asistencia familiar devengada sea pagada. Por otra parte, si bien es evidente que la ahora accionante, suscribió los documentos privados transaccionales de 7 de junio de 2021, entre Leandro y Roberto Carlos Guzmán Huayta -sus hijos-, con reconocimiento de firmas por Notaria de Fe Pública, estableciendo la cancelación de Bs23 000.-, por concepto de asistencia familiar devengada; y, que estos en su condición de beneficiarios, renunciaron voluntariamente a la asistencia familiar por ser mayores de edad, que trabajaban por cuenta propia, y ya no son dependientes de la madre o padre; sin embargo, conforme lo precisado por la propia impetrante de tutela, no fueron homologados ante la Jueza de la causa; situación por la cual, no cursaban en el expediente a objeto de su consideración por dicha autoridad; situación que permite corroborar que el mandamiento de apremio, no podía dejarse sin efecto; por cuanto, la propia accionante no gestionó oportunamente su homologación, a objeto de que dicho documento adquiera eficacia dentro del citado proceso de divorcio; actuación negligente, que no puede ser corregida a través de la presente acción de libertad, homologando dicho acuerdo transaccional como pretendió la mencionada; siendo que, los actos que afectan el estado y las relaciones familiares como es la asistencia familiar que al ser de interés social, no disponibles para las partes, requiere la validación de la autoridad judicial competente, en el caso la Jueza ahora demandada. Consiguientemente, no se advierte que la Jueza ahora demandada hubiera lesionado el derecho al debido proceso, a la defensa y la libertad física y de locomoción de la accionante; por el contrario, sujetó sus actos a los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad física, ante el incumplimiento al pago de asistencia familiar; conforme a los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia concierne denegar la tutela demanda.
Finalmente, en cuanto al derecho a la vida alegado por la accionante, no se advierte la conculcación del señalado derecho, ya que al no haberse demostrado que la orden de apremio hubiera sido ilegal, no se le puede atribuir a la accionada la exposición innecesaria al hacinamiento carcelario como factor de riesgo para su salud y por consiguiente a su vida, durante la pandemia por el Covid 19, razón por la cual igualmente corresponde denegar la tutela solicitada por esta denuncia.
De los actuados procesales adjuntos al expediente constitucional, se observa que la Jueza de Sentencia Penal Décimo tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, omitió remitir ante este Tribunal Constitucional Plurinacional los antecedentes del caso y que sirvieron de base para sustentar su determinación; por lo que, corresponde llamar la atención a dicha autoridad, por no haber adoptado las diligencias necesarias para que llegue a esta instancia los actuados que permitan a este Tribunal constar la causa y objeto de la presente acción de libertad, debiendo en lo posterior remitir a esta instancia constitucional toda la documentación arrimada a la acción tutelar, conforme lo establece el art. 38 del CPCo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 20/”22” de 13 de julio de 2021, cursante de fs. 40 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada por el impetrante, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por la omisión en la remisión de los actuados necesarios, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Respecto a la priorización del interese superior de la niña, niño y adolescente, el art. 60 de la CPE, expresa: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (es resaltado es nuestro).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0385_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 158a1e87ae95294ee99aa70d529a1308e54988600ca93404982d6ff53949abf5
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