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SCP 0384/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53020-2023-107-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como lesionado su derecho derechos al debido proceso en su elemento motivación de las resoluciones judiciales y valoración integral y razonable de la prueba, presunción de inocencia y derechos a la libertad y a la salud; debido a que el Juez demandado no atendió a sus solicitudes de salida médica y cesación a la detención preventiva, argumentando falta de competencia debido a que la causa no se encontraba radicada en su Juzgado, sin considerar la urgencia de su situación de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs.47 vta. a 49, pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El Estado como garante del derecho a la vida de las personas privadas de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad que requieran servicios especializados. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0384/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53020-2023-107-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 47 vta. a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elvis Alexander Guerrero Ibarra, contra John Javier Montalvo Flores, Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 19 a 38, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el 25 de enero de 2022, el Ministerio Público formalizó imputación en su contra y se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso la detención preventiva por un plazo de seis meses. El proceso penal fue inicialmente tramitado ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, instancia que emitió una sentencia condenatoria imponiéndole catorce años de presidio; fallo que fue apelado dentro del plazo legal mediante recurso de apelación restringida, encontrándose desde entonces, radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

Asimismo refirió que, en el marco de la refuncionalización judicial, el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo del mismo departamento, perdió competencia en materia penal desde el "...09/08/2022 "(sic), conforme a lo dispuesto por el acuerdo de Sala Plena 014/2022 de 11 de mayo, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, las causas, penales pasaron a ser atendidas por el Juzgado de Sentencia en lo Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y que posteriormente el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Instructivo S.P. 21/2022 de 11 de octubre, dispuso que, las causas en materia penal que se encuentren en dicho Juzgado, "sean remitidas al "JUZGADO DE SENTENCIA PENAL DE BERMEJO" hasta el 20 de Octubre de 2022 a través del sistema SIREJ..." (sic). Seguidamente, el 21 de noviembre de 2022, presentó un memorial ante el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -ahora demandado-, solicitando permiso de salida con escolta policial para realizarse una revisión médica urgente, debido a dolencias severas en la zona lumbar y síntomas compatibles con afección renal, petición que, fue rechazada mediante Resolución de 22 de noviembre de 2022, bajo el argumento que la causa no se encontraba radicada en dicho Juzgado; limitando la competencia del mismo, para resolver la solicitud Posteriormente el 28 de noviembre de 2022, dirigió un nuevo memorial a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, solicitando la remisión de fotocopias simples del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia en lo Penal Primero de Bermejo del mismo departamento; a fin de que, dicha autoridad contara con los antecedentes necesarios para resolver su pedido; sin embargo, dicha Sala Penal respondió que la causa seguía radicada en esa instancia, y que hasta la resolución del recurso de apelación, no correspondía remitir los obrados al Juzgado de origen, sugiriendo que se dirigiera nuevamente al Juez del proceso, conforme previene el art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 2 de diciembre de 2022, reiteró su solicitud de salida médica ante el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija ahora demandado, haciendo notar que había gestionado ante el Tribunal de alzada la remisión de antecedentes; sin embargo, nuevamente se le negó el permiso, alegando falta de competencia por no estar radicada la causa. Por lo acontecido precedentemente, el 13 de diciembre de 2022, se presentó ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, quien se apersonó al Juzgado de origen, solicitando que atendiera su petición de salida médica, ante lo cual, dicho Juez señaló, que debido a la refuncionalización y reasignación de competencias, ya no ejercía jurisdicción en materia penal;

advirtiendo que, atender dicha solicitud implicaría una usurpación de funciones; sin embargo, reconoció que el Juzgado de Sentencia en lo Penal Primero de Bermejo de dicho departamento debía atender la petición, por tratarse de un derecho fundamental como es la salud. En consecuencia, el 14 de diciembre de 2022, solicitó la cesación a su detención preventiva, al Juez demandado; señalando que, la medida ya había cumplido su finalidad y que el proceso se encontraba en etapa de apelación; acompañó copia de los antecedentes; no obstante, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2022, dicha autoridad rechazó nuevamente su petición, señalando que la causa no estaba radicada en su Juzgado; por lo que, no tenía competencia para resolver, advirtiendo además que cualquier actuación en la causa, podría ser nula o constituir una intromisión en otra jurisdicción. Finalmente, el 16 de diciembre de 2022, presentó un último memorial reiterando su solicitud de salida médica urgente, además expuso que había acudido a cada una de las instancias indicadas por los Jueces sin obtener solución alguna; sin embargo, el 20 de diciembre de 2022, fue notificado con Resolución fechada el 19 del mismo mes y año; en la que, nuevamente se le negó el permiso solicitado, reiterando los argumentos anteriormente esgrimidos, en sentido que, la causa no se encontraba radicada en el Juzgado de Sentencia Penal supra mencionado y que resolver dicha petición no era competencia de dicha autoridad. En consecuencia, refirió que, a pesar de haber acudido ante tres autoridades distintas -el Juez demandado, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del mismo departamento-; ninguna de ellas, asumió competencia ni brindó solución a su solicitud urgente de atención médica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado sus derechos al debido proceso en su elemento motivación de las resoluciones judiciales y valoración integral y razonable de la prueba, presunción de inocencia y derechos a la libertad y a la salud; citando al efecto los arts. 21, 22, 23, 115.II, 116.1, 117, 119.II, 180, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Que el Juez-ahora demandado- resuelva y considere la petición de audiencia de cesación a la detención preventiva; así, como la solicitud de permiso de salida para revisión médica de manera inmediata, siendo el Juez de turno en lo penal de sentencia y además habiéndole asignado la presente causa y con una valoración de la prueba razonable e integral, debiendo por lógica observar las garantías denunciadas, apreciando y valorando los elementos -documental adjuntada-, que no ha considerado al emitir el Auto de Vista ahora impugnado mediante la presente acción extraordinaria, debiendo ser la misma en audiencia pública para tal efecto, sin retrotraer el trámite de fundamentación de las partes, conforme enseña el principio de preclusión, inmediación, publicidad y oralidad, como rectores de la administración de justicia, b) Asimismo, conforme es pertinente, se ordene la remisión de obrados de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija ante el Juzgado de Sentencia en lo Penal Primero de Bermejo del mismo departamento, en el plazo de veinticuatro horas de devueltos los actuados; y, c) Conforme establece el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se disponga que la autoridad que se demanda, sea sancionada con las costas, identificando los errores, omisiones flagrantes y dolosas, determinando la responsabilidad penal y disciplinaria, para tal efecto una vez identificada pido se remitan antecedentes tanto al Ministerio Público como así al Consejo de la Magistratura, para las investigaciones correspondiente a efectos de sancionar a dichos funcionarios públicos y demás consecuencias al no ser excusables las infracciones que fundan el recurso

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 44 a 47, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó inextenso lo planteado en el memorial de la acción tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) El Juez demandado, John Javier Montalvo Flores, se negó sistemáticamente a atender las solicitudes del accionante bajo el argumento de que la causa no estaba radicada en su Juzgado y que el competente seguía siendo el juez de origen “Dr. Sandoval”; sin embargo el mismo perdió competencia en materia penal desde el 1 de agosto de 2022, al ser reasignado como Juez de la Niñez y Adolescencia; 2) Se solicitó oportunamente un permiso temporal con escolta para que el accionante recibiera atención médica especializada debido a una sintomatología lumbar crónica y posibles problemas renales , petición que no fue atendida de fondo por el Juez demandado; 3) A pesar de haber acreditado que la Sala Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, determinó que las solicitudes de cesación y permisos deben ser resueltas por el juzgado de origen en Bermejo, el Juez demandado -siendo la única autoridad con competencia penal actual en dicha localidad- omitió señalar día y hora de audiencia para la cesación a la detención preventiva; y, 4) La autoridad judicial desconoció el principio de celeridad procesal y el deber de garantizar la continuidad del servicio judicial, especialmente al tratarse de una causa con detenido y existir riesgos a la salud; finalmente solicita que se conceda la tutela para que el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del mismo departamento, resuelva y considere de manera inmediata tanto la audiencia de cesación a la detención preventiva como la solicitud de permiso de salida para revisión médica.

I.2.2. Informe del demandado

John Javier Montalvo Flores, Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; por informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 42 a 43, refirió lo siguiente: i) Según el informe de la Secretaria del Juzgado, no se encontraba radicada ninguna causa, expediente o testimonio vinculado a Elvis Alexander Guerrero Ibarra ahora accionante; es decir, que no se había recibido dicho expediente ni por efecto de la Refuncionalización de juzgados, ni como causa nueva, ni por la asignación durante vacaciones colectivas; de modo que, en reiteradas oportunidades y de manera oportuna, informó al impetrante de tutela que su juzgado carecía de competencia para resolver la solicitud; ii) Luego de recibir la negativa fundamentada, el solicitante de tutela acudió ante la Sala Penal donde la causa se encontraba en apelación restringida y es el propio accionante quien reconoció en su memorial, que la Sala que resolvió debía presentar su solicitud ante el Juzgado de origen, en aplicación del art. 380 del Código de Procedimiento Penal (CPP), iii) El impetrante de tutela acudió al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, que rechazó su solicitud y a pesar de conocer esta situación, el impetrante de tutela volvió a presentar peticiones similares en el mismo Juzgado, ignorando que debía hacerlo ante el juzgado de origen, ya que, en ningún momento se había remitido oficialmente el expediente a su conocimiento; iv) El accionante, fue notificado con la Resolución del Juez del proceso -ex Juez-, quien, en respuesta a un memorial del 13 de diciembre de 2022; señaló que, no se había remitido el expediente porque la causa estaba en apelación; no obstante, a pesar de esta respuesta, el impetrante de tutela no presentó ningún recurso ordinario como el de reposición; en su lugar, acudió nuevamente a su Juzgado, y presentó acción de libertad en su contra; y, v) La actuación del solicitante de tutela es ineficaz, inidónea y desleal, pues al no haberse agotado los recursos disponibles en la vía ordinaria, no correspondía acudir directamente a la jurisdicción constitucional y la causa seguía bajo control jurisdiccional; y que, por tanto no se aplicaban las excepciones al principio de subsidiariedad, que conforme a la SCP 0482/2013 del 12 de abril, que no es posible activar simultáneamente recursos en la jurisdicción ordinaria y constitucional; salvo cuando existan causas justificadas, lo que no ocurrió en este caso.

I.2.3. Resolución

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 05/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 47 vta. a 49, concedió la tutela solicitada, sin responsabilidad, disponiendo que por Secretaria, a primera hora del día siguiente, es decir, del 29 de noviembre de 2022, se oficie al juzgado de sentencia que está de turno para qué dentro del plazo legal qué establece la ley pueda conocer dilucidar la solicitud de permiso por motivos de salud y la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrado por parte del accionante; decisión que fue tomada en base a los siguientes fundamentos: a) Aunque el expediente no fue formalmente radicado ante el Juez ahora demandado, el mismo conocía los hechos y contaba con copias relevantes del expediente, más aún, como único Juez de sentencia en funciones por las vacaciones colectivas, tenía la responsabilidad funcional de atender pedidos urgentes que afecten derechos fundamentales, incluso si formalmente no contaba con radicación, especialmente tratándose de solicitudes que inciden en la vida o libertad del detenido preventivo; b) Aunque no se atribuye responsabilidad exclusiva al ahora demandado por la falta de remisión de antecedentes, su inacción frente a una situación que afectaba a la salud y a la libertad del solicitante de tutela puede constituir una omisión lesiva, dado que, la jurisprudencia admite que incluso sin radicación formal, si se encuentra en funciones de suplencia y tiene conocimiento de los hechos, el Juez puede y debe actuar en protección de derechos fundamentales; y, c) Si bien la acción de libertad no protege directamente el derecho a la salud, la jurisprudencia ha establecido que, puede activarse cuando el deterioro de la salud pone en riesgo la vida. En ese sentido por las vacaciones colectivas, razón por la cual el juzgado se encuentra de turno, corresponde que el mismo conozca todas las diligencias y solicitudes hasta que sea radicado el juzgado correspondiente.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial de 21 de noviembre 2022; mediante el cual, Elvis Alexander Guerrero Ibarra -ahora accionante-, solicitó al Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -hoy demandado-, que el proceso en su contra fue conocido inicialmente por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; donde fue, condenado a catorce años de presidio; no obstante apeló la sentencia dentro del plazo legal; y que, tras la reestructuración de competencias, las piezas principales del proceso fueron enviadas a la ciudad de Tarija; y, a pesar de ello, la autoridad competente para resolver su solicitud era el actual Juzgado. Por ese motivo, solicitó permiso de salida con escolta para acudir a una revisión médica; en mérito a dicho memorial se advierte Decreto de 22 de noviembre de 2022; por el cual, dicho Juez basándose en el informe de la Secretaria; indicó que, la causa no estaba radicada en su juzgado; por lo que, se vio limitado para resolver lo solicitado por Elvis Alexander Guerrero Ibarra; además señaló que, no contaba con antecedentes del caso y que el solicitante debía acudir directamente a la Sala Penal donde actualmente radicaba la causa (fs. 4 a 5). II.2. Por memorial de 28 de noviembre de 2022; por el cual, Elvis Alexander Guerrero Ibarra informó a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que, se encontraba detenido preventivamente en Bermejo y en un estado delicado de salud, informó además que solicitó al Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del mismo departamento, un permiso de salida para revisión médica, pero este no pudo atender su pedido porque no contaba con los antecedentes del caso, ya que, el proceso se encontraba en apelación ante la Sala Penal; en ese marco, solicitó que se remitan fotocopias simples del cuaderno de autos al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Bermejo del mismo departamento, a fin de que puedan atender su solicitud por motivos de salud; no obstante, mediante Decreto de 30 de mismo mes y año, suscrito por el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se informó que la apelación restringida interpuesta por el accionante se encontraba radicada en ese Tribunal y aún no había sido resuelta; por ese motivo señaló que, no era posible remitir los obrados al Juzgado de origen; y que además indicó que, lo que correspondía era exigir en dicho juzgado el cumplimiento del art. 238 del CPP (fs. 8); asimismo cursa, acta de entrega de 1 de diciembre de igual año; en el cual, consta que la Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, entregó fotocopias simples de todo el cuaderno de autos, a la parte solicitante de tutela (fs. 6 a 7).

II.3. Cursa escrito de 2 de diciembre de 2022; por el cual, el impetrante de tutela solicitó nuevamente al Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, permiso de salida con escolta para realizarse una revisión médica; debido a problemas de salud, recordando que el art. 238 del CPP, establece que los permisos de salida deben ser autorizados por el Juez del proceso, incluso cuando la causa se encuentra en etapa de apelación; no obstante, mediante Decreto de 5 del mismo mes y año; la autoridad -hoy demandada-, rechazó nuevamente dicha solicitud, indicando que la causa penal no estaba radicada en ese juzgado y que, conforme al art. 380 del CPP, no era el Juez competente para autorizar una salida, y que acceder al pedido implicaría pronunciarse sobre un asunto fuera de su competencia; además, aclaró que, la refuncionalización de juzgados aplicaba solo a causas pendientes de juicio o resolución; y que, en este caso la causa ya contaba con sentencia condenatoria y estaba en apelación; por lo que, el Juez del proceso seguía siendo el Juez a quo que envió el expediente a la Sala Penal (fs. 9 a 10). II.4 Por memorial de 13 de diciembre de 2022; por el cual, el accionante, inicialmente contextualizó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, sobre los memoriales presentados con anterioridad a otras autoridades judiciales a fin de salir del recinto carcelario para una revisión médica; no obstante, al no tener respuesta sobre su solicitud, nuevamente acude a tal instancia a fin de que se considere su solicitud para salir temporalmente para una revisión médica, acompañando copias del expediente para la valoración del Juez; ante tal solicitud, mediante Decreto de 14 de igual mes y año, la citada autoridad; señaló que, el solicitante de tutela fue sentenciado por su autoridad cuando ejercía el cargo de "...Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo..." (sic); sin embargo, tras la refuncionalización del sistema judicial, se le suprimió la competencia en materia penal, reasignándosela a materia laboral; de modo que, actualmente preside el "Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Bermejo". Por esta reasignación, las causas penales, incluyendo del impetrante de tutela, fueron trasladadas al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Bermejo del mismo departamento, y el expediente no fue remitido porque el caso está en apelación restringida, por tanto, el Juez actual no tiene competencia para autorizar la salida solicitada, ya que hacerlo sería una usurpación de funciones. A pesar de ello, reconoce que el derecho a la salud es fundamental y que la petición debería ser atendida por el Juez competente; es decir, el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo de dicho departamento (fs. 11 a 12 vta.).

II.5. Cursa memorial de 14 de diciembre de 2022; por el cual, el impetrante de tutela solicitó al Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, la cesación de la detención preventiva y aplicación de medidas sustitutivas, impuesta inicialmente por el Juez de Instrucción Cautelar Segundo de Bermejo del mismo departamento; pero que este perdió competencia debido a la Refuncionalización del sistema judicial, de la misma manera indicó que, ya se realizó el juicio oral y fue dictada una sentencia en su contra, la cual ha sido apelada mediante recurso de apelación restringida, explicó que la causa fue inicialmente conocida por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo del citado departamento, quien se declaró Incompetente para conocer solicitudes como la cesación de detención; en ese marco solicitó que, se señale día y hora de audiencia para tratar la solicitud y se conceda la cesación de la detención preventiva; sin embargo, mediante Decreto de 15 de mismo mes y año, el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento del mencionado departamento; estableció que, atendiendo al memorial presentado y a la nota de la Secretaria, no podía dar curso a la solicitud; ya que, la causa no estaba radicada en ese Juzgado, y que no tenía competencia aperturada para resolver peticiones en una causa ajena que podría generar actos procesales nulos, e Incluso constituir una posible usurpación de funciones. (fs. 13 a 15). II.6. Se advierte memorial de 16 de diciembre de 2022, dirigido al Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; en el cual, el accionante hizo conocer que en reiteradas oportunidades solicitó salida temporal para revisión médica debido a su delicado estado de salud; sin embargo, las diferentes autoridades judiciales, le negaron tal pretensión, de modo que, reiteró su petición manifestando su preocupación por la falta de atención médica y el riesgo que esto representa para su salud; por lo que, reiteró su solicitud de salida, a fin de realizarse una revisión médica no obstante, mediante Decreto de 19 del mismo mes y año el juzgado mencionado estableció que, según el memorial presentado, no podía emitir una resolución porque la causa no estaba radicada allí; en consecuencia, no tenía competencia para resolver lo solicitado y que intervenir en un proceso ajeno podría generar actos procesales nulos, e incluso podría considerarse una usurpación de funciones. (fs. 16 a 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como lesionado su derecho derechos al debido proceso en su elemento motivación de las resoluciones judiciales y valoración integral y razonable de la prueba, presunción de inocencia y derechos a la libertad y a la salud; debido a que el Juez demandado no atendió a sus solicitudes de salida médica y cesación a la detención preventiva, argumentando falta de competencia debido a que la causa no se encontraba radicada en su Juzgado, sin considerar la urgencia de su situación de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El Estado como garante del derecho a la vida de las personas privadas de libertad. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0716/2020-S1 de 11 de noviembre, señala que: “Así, de manera específica, respecto al derecho a la vida digna de las personas privadas de libertad, la SCP 0257/2012 de 29 de mayo, precisó que la importancia del derecho a la vida deviene de su naturaleza primaria, pues, se constituye en una condición del ejercicio de los demás derechos; por ello, como todos los derechos subjetivos, deben interpretarse de conformidad con los principios de dignidad y vivir bien; añadiendo que la Constitución Política del Estado no reconoce cualquier forma de vida, sino únicamente la vida digna, es decir: …la dignidad acompaña de manera integral al ser humano en su interacción social, es decir en la salud (art. 35.I CPE), en el trabajo (art. 70.4), en la educación (art. 78.IV), en la vivienda (19.I), etc., lo que incluye por supuesto a las personas privadas de libertad, entre ellas los detenidos preventivamente, cuyas condiciones de detención deben tender a conservar la dignidad humana y sobre todo el derecho a la vida. La misma Sentencia, en el Fundamento Jurídico III.1.1 señala: …respecto a la protección del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, que adolezcan de problemas de salud, en principio establecer de que es posible su detención, sin embargo existen mecanismos para salvaguardar su derecho a la vida; así se tiene que, el art. 90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece la existencia de un servicio de asistencia médica que debería funcionar las veinticuatro horas del día en cada establecimiento penitenciario, el cual se encuentra a cargo de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Salud y Previsión Social y funcionalmente de la administración penitenciaria; de igual manera el art. 92 del mismo cuerpo legal establece la posibilidad para que, cuando el médico constate la necesidad de un tratamiento especializado por parte del interno, éste pueda ser trasladado a un centro hospitalario, previo informe y recomendación al Juez de Ejecución Penal; por último, el art. 94 de la ya mencionada Ley, contempla la posibilidad de que en casos de emergencia, el Director del establecimiento o quien se encuentra a cargo, ordenará el traslado del interno a un centro de salud, sin embargo es menester aclarar que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, tienen el deber ineluctable de garantizar que estas condiciones se materialicen, puesto que dichas autoridades están en posición de garantes de su cumplimiento que además implica el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Constitución. Por su parte la SC 1624/2013 de 4 de octubre, precisó que los jueces y tribunales, así como el Ministerio Público y autoridades penitenciarias, son los garantes primarios de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, por ello, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las prescripciones constitucionales” (las negrillas son nuestras). El cumplimiento del deber de cuidado que asume el Estado respecto del privado de libertad; éste conlleva la obligación de garantizarle al privado de libertad en todo momento y en cualquier circunstancia el derecho al acceso a la justicia, al derecho a ser oído y al Juez competente que ejerza control de su privación de libertad para efectuar solicitudes relativas al cuidado de su salud y todas las que incumban a su permanencia en el recinto carcelario; por ello, toda vez que el tratamiento médico especializado fuera del recinto penitenciario requiere del conocimiento y la autorización de la autoridad judicial competente, tanto para la materialización del derecho a la salud como para garantizar el derecho al acceso a la justicia, el Estado esta compelido a garantizar el derecho al Juez natural del privado de libertad en todo momento; por lo cual, se reitera, en ninguna circunstancia y en ningún momento el privado de libertad puede hallarse restringido para acceder a la autoridad judicial que está a cargo de garantizar sus derechos durante su permanencia en reclusión. En ese marco, cuando se producen traslados de penitenciaria, el Juez remitente, mantiene su competencia para atender los asuntos relativos a la salud y vida del recluido hasta que el Juez de destino radique la causa en su despacho; y, asimismo, dicho juez remitente tiene el deber de hacer seguimiento al traslado hasta que los antecedentes del caso leguen a destino, momento a partir del cual recién se libera de la responsabilidad por el cuidado del recluido; consiguientemente, con la sola remisión y el franqueo de los antecedentes no se cumple con el deber de cuidado; el cumplimiento de ese deber requiere de un comportamiento compatible con la diligencia de un pater familias, que exige el correspondiente seguimiento de la remisión hasta verificar que los antecedentes hayan llegado al destino final y el juez remitido a radicado la causa en su despacho. Un comportamiento contrario no solo resulta incompatible con la posición de garante que tiene el Estado respecto de los privados de libertad, sino que vulnera los derechos fundamentales del privado de libertad del acceso a la justicia, al debido proceso; y, como en este caso al derecho a la salud y a la vida.

III.2. El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad que requieran servicios especializados. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0751/2018-S2 de 8 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0618/2012 de 23 de julio, establece que: “…La SCP 0257/2012 de 29 de mayo establece que las autoridades judiciales, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, adoptan la posición de garante respecto a la materialización de las condiciones para la salvaguarda de los derechos a la vida y a la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad. En similar sentido, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que de acuerdo al art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), las personas privadas de libertad, si bien sufren temporalmente las limitaciones de la ley; empero, no se convierten en seres sin derechos; en ese marco, gozan del derecho a la salud; el cual, debe ser materializado en los recintos penitenciarios: Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal.

Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo…” (las negrillas nos corresponden). Finalmente, cabe resaltar que la Corte IDH en el Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, ha resaltado que “…el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión”.

III.3. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la salud y a la libertad personal; debido a que el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -ahora 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

demandado- rechazó de manera reiterada tramitar sus solicitudes de salida médica con escolta policial y de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, bajo el argumento de que la causa no se encontraba formalmente radicada en su despacho. Conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Estado -a través de sus autoridades judiciales y administrativas- se encuentra en posición de garante respecto de las personas privadas de libertad, lo que implica no solo resguardar su derecho a la vida, sino también garantizar de manera efectiva su derecho a la salud, incluyendo el acceso a atención médica especializada cuando sea necesario. En ese entendido, ninguna persona privada de libertad puede quedar sin control jurisdiccional, tampoco sin acceso a una autoridad que atienda solicitudes vinculadas a su integridad física y su libertad personal. En ese marco, de principio cabe precisar que cuerdo a lo manifestado por el accionante y los antecedentes del caso, producto de la refuncionalización de juzgados dispuesto por el Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 014/2022 de 11 de mayo, a partir del 9 de agosto del 2022, el entonces Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo del citado departamento, perdió competencias en materia penal, por lo cual las causas penales del referido juzgado refuncionalizado, pasaron a ser atendidas por el Juzgado de Sentencia en lo Penal Primero de Bermejo del mismo departamento. Con ese antecedente, cabe precisar que de la revisión de antecedentes y lo manifestado por el accionante, se evidencia que, dentro del proceso penal en contra del accionante, que inicialmente fue conocido por el Juzgado de Sentencia de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, donde fue condenado a la pena de catorce años de presidio; el fallo de primera instancia fue apelado, por lo que el expediente fue remitido a la ciudad de Tarija, estando radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento. Posteriormente, el solicitante de tutela, mediante memorial de 21 de noviembre 2022, presentado ante el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija -hoy demandado, solicitó permiso de salida con escolta para acudir a una revisión médica. En respuesta a dicho pedido, por Decreto de 22 de igual mes y año, el Juez demandado, basándose en el informe de la Secretaria de su juzgado, indicó que la causa no estaba radicada en su juzgado; por lo que, se vio limitado para resolver lo solicitado por Elvis Alexander Guerrero Ibarra; además señaló que no contaba con antecedentes del caso y que el solicitante debía acudir directamente a la Sala Penal donde actualmente radicaba la causa (Conclusión II.1); pedido de salida médica que fue reiterado por escrito de 2 de diciembre del 2022, que le fue rechazado nuevamente indicando que la causa no estaba radicado en ese Juzgado y que de acuerdo al art. 380 del CPP, no era el juez competente para autorizar una salida, aclarando que la refuncionalización alcanzaba únicamente a causas pendientes de juicio o resolución; y, que en este caso, la causa ya contaba con sentencia condenatoria y estaba en apelación, por lo que el juez competente seguía siendo el Juez a quo que envió el expediente a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Conclusión II.3). De lo relacionado precedentemente, se advierte, que el Juez demandado ha rehusado conocer y resolver el pedido de salida médica especializada que le formuló el impetrante de tutela, con el fundamento que al no tener radicada la causa en su despacho carecía competencia para atender ese pedido; lo cual no resulta evidente, puesto que si bien es cierto que al ser un Juzgado de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, y el único en esa materia en funcionamiento durante la vacación judicial, le correspondía atender dicho pedido; y de ninguna manera al juzgado que emitió la sentencia cuando atendía también asuntos penales, dado que por efecto de la refuncionalización, en el momento del pedido efectuado, ese juzgado carecía ya de competencia en razón de materia -penal-; consecuentemente, no resulta valida la justificación fincada en la mera formalidad administrativa como la radicatoria física del expediente, más aún cuando el Juez demandado tenía conocimiento de la situación del accionante y contaba con copias de los antecedentes. Por ello, su inacción, implica una grave afectación al derecho a la salud y la vida del impetrante de tutela, que, en su condición de privado de libertar para acceder a la atención médica especializada, requiere de la intervención judicial, puesto que por las restricciones propias de su privación de libertad no está en condiciones de acceder a la atención médica por su propia cuenta. En lo que concierne al pedido de señalamiento de audiencia de cesación a detención preventiva, al tratarse del juzgado de turno durante la vacación judicial, igualmente tenía competencia para atender dicho pedido, puesto que al referirnos de un privado de libertad su competencia eran innegable; consecuentemente, el Juez demandado, al haber rechazado mediante decreto de 15 de diciembre del 2022, el pedido de señalamiento de audiencia formulado por el peticionante de tutela el 14 del mismo mes y año, incurrió en dilación indebida que vulnera el derecho al debido proceso y a la libertad personal del accionante, que corresponde tutelar a través de la acción de libertad de pronto despacho, la cual, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene por finalidad evitar dilaciones indebidas en la tramitación de solicitudes que incidan en la libertad personal, imponiendo a toda autoridad el deber de otorgar una respuesta oportuna, motivada y dentro de un plazo razonable; razón por lo cual corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs.47 vta. a 49, pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, Párr. 171 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que, en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0384_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4d71fce97e0923c1fe4c1e7af5021a0e3083546f40dc6ee63699b0e9d538bfc4

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