Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y, el derecho a la defensa; toda vez que, dentro del proceso administrativo de fiscalización técnica territorial en propiedad municipal y/o bienes de dominio municipal tramitado por el GAM de La Paz, sobre un predio ubicado en el área limítrofe en controversia entre el citado municipio y el de Palca, se cometieron las siguientes irregularidades: a) La Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 incorporó a Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi -no incluidos en el Auto Inicial 59/2020- y agregó nuevas infracciones, las cuales fueron confirmadas por la Resolución Ejecutiva 449/2022, que precisó que pudo ofrecerse prueba en la etapa recursiva; vulnerando los arts. 39.I, 44, 45 y 61 inc. c) del Reglamento General de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial y el debido proceso; por lo que correspondía iniciar un nuevo proceso técnico administrativo; b) La notificación del Auto Inicial 59/2020, el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020, el “rechazar” el recurso de revocatoria formulado contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020, y la remisión tardía del recurso jerárquico, configuran en conjunto, actuaciones fuera de plazo en vulneración de los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 074/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática respecto a los argumentos rechazados por el principio de subsidiariedad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0383/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56981-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 074/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Jobit Rojas Miranda contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.
Por memoriales presentados el 8 de febrero y 10 de marzo de 2023, cursantes de fs. 19 a 29; y, 32 a 36 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso administrativo de fiscalización técnica territorial en propiedad municipal y/o bienes de dominio municipal tramitado por el GAM de La Paz -en el que cuestionó que el predio fiscalizado se encontraba en el área limítrofe en controversia entre los municipios de La Paz y Palca, conforme la Resolución Prefectural 121 de 4 de marzo de 2009-, se emitió la Resolución Ejecutiva “…102/2020 de fecha 10 de junio…” (sic), que dispuso la nulidad de obrados hasta el Auto Inicial 35/2019 de 3 de abril, ordenando a la Subalcaldía del Distrito Urbano V Sur, la reposición del trámite debido a la falta de notificación a Gustavo Alberto Abastoflor Montero, Carlos Alberto Sarabia Miranda, Lucia Frida Ali de Salazar, Gloria Esperanza Yushima Sea y Javier Carpio Nava. En cumplimiento, se emitió el Auto Inicial 59/2020 de 29 de julio, que delimitó el objeto de fiscalización en “…Movimientos de tierra Cantidad (x*y*z*) 2088, construcción cantidad 180 y ruptura de precinto 1...” (sic); no obstante, el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020 de 30 de octubre, incorporó “…Infracción 2088,00 m3 de movimiento de tierra, 366,28 m2 de construcción, 1004,40 m2 ocupación de bien municipal, ruptura de precinto, 86.39 m de muro de cerco…” (sic), extremos que no estaban consignados en el citado Auto Inicial ni fueron conocidos por los administrados. Pese a ello, mediante Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 de 6 de noviembre, se impuso una sanción a su persona y a los administrados previamente mencionados, así como a Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi, quienes no se encontraban comprendidos en el mencionado Auto Inicial, ampliándose tanto el objeto como los sujetos del procedimiento sin comunicación previa. Contra dicha resolución interpuso recurso de revocatoria, el cual fue rechazado mediante Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 de 15 de diciembre, y ulteriormente promovió recurso jerárquico, resuelto por Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz -hoy demandado-, a través de la Resolución Ejecutiva 449/2022 de 10 de agosto, que confirmó la resolución impugnada. En ese sentido acude a la justicia constitucional, solicitando que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, en concreto hasta el Auto Inicial 59/2020, para tal cometido argumenta que: a) La Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 incorporó a Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi, quienes no estaban incluidos en el citado Auto Inicial dirigido únicamente contra Gustavo Alberto Abastoflor Montero, Carlos Alberto Sarabia Miranda, Lucia Frida Ali de Salazar, Jenny Jobit Rojas Miranda, Gloria Esperanza Yushima Sea y Javier Carpio Nava. Asimismo, añadió nuevas infracciones “…Construcción en bien municipal, ocupación de bien municipal y muro de cerco…” (sic), extremo confirmado -tras inspección ocular- por la Resolución Ejecutiva 449/2022, que además consideró que los administrados pudieron ofrecer prueba en los recursos de revocatoria y jerárquico. Tales actuaciones vulneraron los arts. 39.I, 44, 45 y 61 inc. c) del Reglamento General de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial -Decretos Municipales 035/2017 de 20 de diciembre, 24/2018 de 31 de agosto y 009/2019 de 29 de marzo-, al incorporar sujetos y hechos sin permitir descargos, cuando el art. 63 del Reglamento, limita los medios probatorios a la inspección ocular posterior a la notificación del Auto Inicial. Por ello, dichas resoluciones afectan el debido proceso al ser incongruentes y carentes de fundamentación, correspondiendo, por analogía al proceso penal, iniciar un nuevo proceso técnico administrativo o anular el Auto Inicial 59/2020; b) La notificación de dicho Auto Inicial se realizó el 18 de septiembre de 2020, treinta y cinco días después de su emisión; el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020, se emitió fuera de plazo; la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 al “rechazar” el recurso de revocatoria excedió la facultad del Subalcalde, que solo podía revocar o anular el acto impugnado; y, el recurso jerárquico presentado el 12 de enero de 2021 fue remitido fuera de plazo respecto al Auto de 21 de enero de ese año. En conjunto, estas irregularidades vulneran los arts. 39.I, 45, 60, 62, 63 y 92 del Reglamento; y, c) La Resolución Prefectural 121 suspendió toda actuación administrativa en los municipios de La Paz y Palca por conflicto territorial; en consecuencia, dado que los bienes inmuebles fiscalizados se ubican en dicha zona -según la Resolución Ejecutiva “102/2020”-, el GAM de La Paz carecía de competencia para ejercer facultades de fiscalización y sanción en el área limítrofe en controversia.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y derecho a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 14.III de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se le conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga “…la NULIDAD DE OBRADOS hasta el vicio más antiguo, siendo éste el Auto Inicial de Proceso Administrativo de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal No. 59/2020 data fecha 29 de julio de 2020” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 105 a 110 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ante las preguntas de los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: 1) No cuenta con el documento de recurso jerárquico que precedió a la Resolución Ejecutiva 449/2022; no obstante, Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi, alegaron que no figuran en el proceso, al haber sido notificados únicamente con la “resolución sancionatoria” y no con el Auto Inicial 59/2020, evidenciándose así que no debieron integrar el proceso de fiscalización; y, 2) La acción tutelar se fundamenta en que la sanción atribuye responsabilidad solidaria por todas las construcciones, sin individualizarla, pese a que posee un folio real individualizado; por lo que, la reclamación se limita a su propia sanción y no representa a terceros.
Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz, por escrito cursante de fs. 92 a 95 vta., y en audiencia de garantías, a través de su representante, solicitó se deniegue la tutela impetrada, expresando que: i) La accionante no individualiza acto u omisión dentro del proceso administrativo de fiscalización territorial, limitándose a cuestionamientos dispersos sobre presuntas vulneraciones al derecho a la defensa y al debido proceso; en ese marco, la justicia constitucional, no actúa como instancia de apelación o casación para anular procedimientos administrativos, sino un mecanismo de control sobre actos específicos; ii) La impetrante de tutela alega vulneraciones al derecho a la defensa de terceros sin contar con poder de representación, careciendo así de legitimación activa para ejercer dichos derechos; iii) Conforme al art. 64.IV de la Ley Municipal Autonómica 233, citado en la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020, el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020 posterior al auto inicial, puede identificar nuevas infracciones o responsables, ampliando el proceso, sin restringir el derecho a la defensa de Yaneth Huaranca Veliz, “Rafael Yampa” y Cecilia Limachi; iv) Incluso en presencia de irregularidades formales en las notificaciones, corresponde aplicar la SC 1405/2011-R de 30 de septiembre; en el caso, los administrados conocieron la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 y ejercieron su defensa mediante descargos y recursos administrativos, sin que se afecte el derecho a la defensa; v) La terminología de la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 y el error material en el nombre de “Rafael Hilarión Alberto Yampa” -cuando lo correcto sería “Rafael Alberto Yampa”-, no generan agravio ni revisten relevancia, pues la nulidad no procede por formalismos sin incidencia en derechos constitucionales; y, vi) Las supuestas irregularidades de plazos, denominaciones o errores materiales no fueron oportunamente reclamadas en sede administrativa, limitándose la accionante a cuestionar la falta de notificación en su domicilio, sin afectar el derecho a la defensa, por lo que resulta improcedente solicitar la nulidad del proceso administrativo por causales no invocadas conforme al art. 35.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), sin que además se acredite que el inmueble fiscalizado se ubique en área de conflicto territorial, extremo que debía tramitarse mediante recurso directo de nulidad.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 074/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 111 a 115, denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento, si bien la Resolución Ejecutiva 449/2022 produce efectos respecto de la accionante, ésta no acreditó que los reclamos formulados en la presente acción de defensa, hubieran sido previamente planteados como agravios en sede administrativa; en consecuencia, al no haber sido controvertido ante la autoridad administrativa competente, no existe elemento que habilite la competencia del “tribunal de garantías constitucionales”. Asimismo, al no individualizar ni fundamentar agravios propios, tampoco acredita representación de los sujetos que afirma resultarían afectados. En aplicación del principio de subsidiariedad y de la regla de improcedencia prevista en el art. 53.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), desarrollada por la SC “1337/2010”, esta Sala Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones no debatidas en el proceso administrativo previo, correspondiendo denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 124 a 128); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo legal establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 de 15 de diciembre, el Subalcalde del Macrodistrito V de la Zona Sur del GAM de La Paz, rechazó el recurso de revocatoria presentado por “…JHANETH HUARANCA VELIZ, RAFAEL ALBERTO YAMPA, CECILIA LIMACHI, JENNY JOBIT ROJAS MIRANDA Y YANETH HUARANCA VELIZ…” (sic), y confirmó la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 de 6 de noviembre (fs. 10 a 12 vta.). II.2. Cursan memoriales de 11 de enero de 2021, dirigidos al Subalcalde del Macrodistrito V de la Zona Sur del GAM de La Paz, mediante los cuales Jenny Jobit Rojas Miranda -hoy accionante-, Yaneth Huaranca Veliz y “x Celia Limachi Rafael Alberto” (sic) formularon recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 (fs. 60 a 67 vta.). II.3. Consta Resolución Ejecutiva 449/2022 de 10 de agosto, emitida por Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del GAM de La Paz -ahora demandado-, mediante la cual confirmó la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 (fs. 4 a 6 vta.).
La accionante denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; y, el derecho a la defensa; toda vez que, dentro del proceso administrativo de fiscalización técnica territorial en propiedad municipal y/o bienes de dominio municipal tramitado por el GAM de La Paz, sobre un predio ubicado en el área limítrofe en controversia entre el citado municipio y el de Palca, se cometieron las siguientes irregularidades: a) La Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 incorporó a Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi -no incluidos en el Auto Inicial 59/2020- y agregó nuevas infracciones, las cuales fueron confirmadas por la Resolución Ejecutiva 449/2022, que precisó que pudo ofrecerse prueba en la etapa recursiva; vulnerando los arts. 39.I, 44, 45 y 61 inc. c) del Reglamento General de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial y el debido proceso; por lo que correspondía iniciar un nuevo proceso técnico administrativo; b) La notificación del Auto Inicial 59/2020, el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020, el “rechazar” el recurso de revocatoria formulado contra la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020, y la remisión tardía del recurso jerárquico, configuran en conjunto, actuaciones fuera de plazo en vulneración de los arts. 39.I, 45, 60, 62, 63 y 92 del citado Reglamento; y, c) La Resolución Prefectural 121 suspendió toda medida administrativa en los municipios de La Paz y Palca, por lo que el GAM de La Paz -según la Resolución Ejecutiva “102/2020”- actuó sin competencia al fiscalizar y sancionar bienes inmuebles en la zona limítrofe en controversia. Ante ello, la autoridad demandada, expresó que: 1) La acción tutelar no identifica acto u omisión específico en el proceso administrativo de fiscalización territorial; 2) La impetrante de tutela carece de legitimación activa, al alegar vulneraciones de derechos de terceros sin contar con poder de representación; 3) Conforme al art. 64.IV de la Ley Municipal Autonómica 233, citada por la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 y el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020, puede identificar nuevas infracciones o responsables, ampliando el proceso; 4) Los administrados conocieron la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 y ejercieron su defensa mediante descargos y recursos administrativos; 5) La terminología empleada en la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 y el error en el nombre de “Rafael Hilarión Alberto Yampa” no generan agravio; y, 6) Es improcedente solicitar la nulidad del proceso por causales no invocadas conforme al art. 35.II de la LPA, sin acreditar que el inmueble fiscalizado se ubica en área de conflicto territorial, extremo que debía tramitarse mediante recurso directo de nulidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señaló que existen: “…reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuándo: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas fueron añadidas).
En ese sentido, la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario; puesto que, no es posible interponerlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa.
La accionante solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, concretamente hasta el Auto Inicial 59/2020 de 3 de abril, y para tal efecto argumenta distintos defectos que habrían ocurrido durante la tramitación del proceso administrativo de fiscalización, conforme a lo delimitado en el objeto de la presente acción tutelar. En cuanto al inciso a) cuestiona que la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 de 6 de noviembre, incorporó como sujetos a Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi -no comprendidos en el Auto Inicial 59/2020-, impidiéndoles presentar descargos, además de introducir nuevas infracciones, por lo que correspondía iniciar nuevo proceso técnico administrativo; extremo que habría sido confirmado por la Resolución Ejecutiva 449/2022 de 10 de agosto (Conclusión II.3), la cual además señaló que los administrados pudieron ofrecer prueba en el recurso de revocatoria y jerárquico. Delimitado el agravio corresponde su análisis en dos aspectos: 1) La presunta indebida incorporación de otros sujetos; y, 2) La introducción de nuevas infracciones. Respecto al primer punto, uno de los recursos jerárquicos que dio origen a la Resolución Ejecutiva 449/2022, fue interpuesto por Jhaneth Huaranca Veliz, “Rafael Hilarión Alberto Yampa” y Cecilia Limachi, quienes alegaron no haber sido incluidos en el Auto Inicial 59/2020 y ser incorporados recién en la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020 (Conclusión II.2), lo cual coincide parcialmente con lo planteado por la accionante en su acción tutelar. No obstante, la Resolución Ejecutiva 449/2022, resolvió expresamente este agravio, diferenciándolo del recurso jerárquico que interpuso a su vez la accionante -limitado a cuestionar una supuesta notificación defectuosa-, concluyendo que los administrados, en calidad de ocupantes conforme al art. 5.I de la Ley Municipal 233 debieron ejercer su derecho a ofrecer prueba mediante los recursos administrativos. En ese marco, el cuestionamiento relativo a la incorporación indebida de terceros incide exclusivamente en la situación jurídica de dichos administrados, al referirse a sus condiciones de defensa frente a eventuales efectos sancionatorios, configurando un interés jurídico propio e individual de ellos pero no de la ahora impetrante de tutela, tratado así también en sede administrativa por la autoridad demandada; por consiguiente, la solicitante de tutela carece de legitimación activa para invocar este agravio, lo que, determina la improcedencia de su pretensión. En cuanto al segundo punto, se advierte que, aun cuando no fuera abordado por la Resolución Ejecutiva 449/2022 -cuestionada-, si fue considerado por la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020 de 15 de diciembre, al evidenciarse el incremento de construcciones, integrándose así al acervo fáctico y jurídico del trámite. No obstante, pese a su conocimiento previo, la accionante no formuló oportunamente este agravio en su recurso jerárquico, circunscribiendo su impugnación a una presunta notificación defectuosa en “…CALLE 1 S/N IRPAVI…” (sic) respecto de la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020, mantenida por la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020, sosteniendo que la notificación válida debía practicarse en “…CALLE 5 Nº 525 DE LA ZONA DE IRPAVI…” (sic [Conclusión II.2]). En consecuencia, al no haber sido planteado en sede administrativa a través del recurso jerárquico, la pretensión de la solicitante de tutela incumple el principio de subsidiariedad descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, deviniendo en improcedente. En cuanto al inciso b) se impugnan diversas actuaciones dentro del trámite administrativo y recursivo, señalando que la notificación del Auto Inicial 59/2020 se realizó treinta y cinco días después de su emisión; que el Informe Determinativo SAS MD-V/DIFT/UFTDPM 086/2020, fue emitido fuera de plazo; que la Resolución Administrativa Macrodistrital 270/2020, al “rechazar” el recurso de revocatoria excedió la facultad del Subalcalde; y, que el recurso jerárquico fue remitido fuera de plazo.
No obstante, tales aspectos debieron ser cuestionados oportunamente en la propia vía administrativa, mediante el recurso de revocatoria respecto a las actuaciones previas a la emisión de la Resolución Administrativa Macrodistrital de Fiscalización Técnica Territorial en Propiedad Municipal y/o Bienes de Dominio Municipal 212/2020, como la notificación del Auto Inicial 59/2020 y la emisión del señalado Informe Determinativo; y, mediante el recurso jerárquico en cuanto al uso del término “rechazar”. De manera que se incumplió el principio de subsidiariedad descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, pues debieron en su caso alegarse que en la instancia administrativa a través del recurso jerárquico efectúe un control de legalidad y relevancia sobre los supuestos defectos. En cuanto a la remisión fuera de plazo del recurso jerárquico, si bien dicho extremo surgió después de su presentación y quedó fuera del análisis de la Resolución Ejecutiva 449/2022, no se argumenta, ni acredita en la acción de amparo constitucional lesión a derechos fundamentales en la medida en la que no se acreditó que la supuesta infracción al art. 92.I del Reglamento General de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial, tenga relevancia constitucional para el caso pues conforme a la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, se tiene que se debe acreditar por la parte accionante que: “…esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”; por lo que no resulta procedente examinar el supuesto vicio ni su incidencia competencial, deviniendo el cargo en improcedente. Respecto al inciso c) aunque la parte accionante no individualiza con precisión el acto presuntamente lesivo, de su argumentación se infiere que cuestiona la Resolución Ejecutiva 449/2022 -erróneamente citada como “102/2020”-, al sostener que debía aplicarse la Resolución Prefectural 121 por supuesta falta de competencia del GAM de La Paz en un área limítrofe en controversia. No obstante, el conflicto de delimitación territorial entre los municipios de La Paz y Palca no fue planteado en ninguno de los recursos jerárquicos (Conclusión II.2), por lo cual no integró el ámbito de conocimiento ni de decisión de la autoridad demandada, y en consecuencia no le era exigible un pronunciamiento sobre ello. Por lo que, al presentar dicho agravio directamente en sede constitucional, se incumple el principio de subsidiariedad descrito en Fundamento Jurídico III.1 de esa Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo improcedente su tratamiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 074/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 111 a 115, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarándose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática respecto a los argumentos rechazados por el principio de subsidiariedad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0383_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b98259b218b3275d5693d87a26e9b2ad99efe1f41a886cf2eccd4ccad16860cb
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