Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de marzo de 2026
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud y la seguridad social; y, “de las personas con discapacidad”; toda vez que, tras suscribir dos contratos a plazo fijo durante las gestiones 2021 y 2022, fue desvinculada de su fuente laboral, pese a su condición de discapacidad auditiva, acreditada por RA APS/DPC/1057-2015 de 22 de octubre y su carnet de discapacidad emitido por el CODEPEDIS; sin embargo, continuó desempeñando funciones durante el mes de enero de 2023 por propia recomendación de sus inmediatos superiores y a la espera de una nueva contratación, la cual nunca fue formalizada; sin que, además, se le hubiese cancelado la remuneración correspondiente a dicho periodo. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) La impetrante de tutela no precisó cuál sería la vía de hecho que habría vulnerado sus derechos ni acudió ante la autoridad competente para realizar su reclamo; incumpliendo con el presupuesto de subsidiariedad; 2) Tras la conclusión de su contrato, se procedió al pago de los beneficios sociales; por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32 de 12 de abril de 2023, cursante de fs. 88 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación de la accionante a su fuente laboral, en las mismas condiciones anteriores a su desvinculación laboral, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0382/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56128-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 32 de 12 de abril de 2023, cursante de fs. 88 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marisol Flores Calvimontes contra Abdel Tango Flores, Director General Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud (CBES).
Por memorial presentado el 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 50 a 55, la accionante manifestó lo siguiente:
El 5 de abril de 2021, fue contratada a plazo fijo por la CBES -entidad demandada- para desempeñar el cargo de Regente de Farmacia Regional Santa Cruz; relación laboral que concluyó el 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, suscribió un segundo contrato de misma naturaleza con la referida entidad; la cual se ejecutó del 10 de enero 2022 al 31 de diciembre del citado año. En ese contexto, mediante oficio presentado el 29 de diciembre de 2022, con cargo de recepción de 3 de enero de 2023, solicitó ante la CBES la aplicación del beneficio de inamovilidad laboral; señalando que, mediante Resolución Administrativa (RA) APS/DPC/1057-2015 de 22 de octubre, se determinó que presenta un grado de discapacidad auditiva “…den un 50 %. (Diagnostico: 1) Hipoacusia conductiva OD Oído Derecho; 2) Pérdida Total de la Audición en OI – Oído Izquierdo) según Dictamen N° 169/2015” (sic);
asimismo, adjuntó carnet de discapacidad emitido por el Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS). No obstante, el 31 de diciembre de 2022, se le comunicó, vía WhatsApp, la conclusión de la relación laboral; pese a ello, continuó desempeñando funciones hasta el 3 de febrero de 2023, por recomendación de sus inmediatos superiores y a la espera de una respuesta a la solicitud efectuada; empero, aun registrando su asistencia con normalidad, nunca se formalizó una nueva contratación ni se emitió pronunciamiento alguno; tampoco se le canceló el salario correspondiente al periodo trabajado; ni mucho menos, se mantuvo la cobertura del Seguro Social de Salud, pese a que se encontraba bajo tratamiento prolongado y medicación vinculada a su condición de discapacidad auditiva.
Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la salud y la seguridad social; y, “de las personas con discapacidad”, citando al efecto los arts. 35, 46 y 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Restituya la continuidad laboral y determine la naturaleza del contrato en indefinido; b) Ordene la reincorporación laboral a su mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones del contrato anterior; c) Disponga la restitución del seguro social de salud; y, d) Otorgue “garantías” respecto a su condición de discapacidad, para evitar futuras represalias por parte de la entidad demandada.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 87 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia de garantías ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Abdel Tango Flores, Director General Ejecutivo de la CBES, por informe escrito cursante de fs. 82 a 84 vta., sostuvo que: 1) La peticionante de tutela no precisó cuál sería la vía de hecho que habría vulnerado sus derechos; en ese sentido, de haber considerado la existencia de un agravio emergente de su desvinculación laboral, correspondía agotar previamente los mecanismos legales previstos por la normativa antes de acudir a la justicia constitucional; en consecuencia, no cumplió con el presupuesto de subsidiariedad; 2) Concluida la relación laboral, el 3 de enero de 2023 se procedió al pago de los beneficios sociales, extremo que consta en el formulario de finiquito emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el art. 10.II del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; y, 3) La accionante sufrió un accidente laboral en la gestión 2014; por ende, correspondía a la entidad empleadora de ese entonces el reconocimiento de los derechos que ahora invoca; asimismo, de la revisión del sistema de seguridad social de largo plazo, se advierte que percibe una renta de invalidez, lo que evidencia que no perdió la cobertura de salud, conforme a lo previsto en el art. 60 de la Ley de Pensiones (LP) -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010-.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 32 de 12 de abril de 2023, cursante de fs. 88 a 89 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación laboral, así como la restitución del seguro de salud; con base en los siguientes fundamentos: i) En virtud del principio in dubio pro operario y considerando que la problemática versa sobre derechos laborales, corresponde aplicar la excepción al principio de subsidiariedad en el presente caso; y, ii) De la revisión de obrados, se constató que la impetrante de tutela presenta discapacidad auditiva; en consecuencia, es acreedora de una protección reforzada de sus derechos constitucionales, conforme a lo dispuesto por la propia Constitución Política del Estado.
Por Auto Constitucional (AC) 064/2025-CA/S de 7 de febrero, cursante de fs. 93 a 96, ante la solicitud efectuada por la accionante de adelanto de sorteo (fs. 92 y vta.), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 100 a 104), en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por RA APS/DPC/1057-2015 de 22 de octubre, Patricia Viviana Mirabal Fanola, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), aprobó el Dictamen 169/2015 de 19 de octubre, el cual establece que Marisol Flores Calvimontes -ahora accionante- posee un grado de pérdida de la capacidad laboral de origen común por enfermedad de cincuenta por ciento (fs. 9 a 12); asimismo, consta carnet de discapacidad 161998 de 29 de enero de 2021, emitido por el CODEPEDIS en favor de la impetrante de tutela (fs. 22). II.2. Constan contratos de trabajo a plazo fijo suscritos por la peticionante de tutela y la Caja Bancaria Estatal de Salud (CBES) -entidad demandada-, todos para el cargo de Regente de Farmacia Regional Santa Cruz, conforme al siguiente detalle: a) Contrato A.L.CONT. LAB. 281/2021 de 5 de abril; desde misma fecha y año hasta el 31 de diciembre de igual año; y, b) Contrato A.L.CONT. LAB. 153/2022 de 7 de enero, que surte efecto desde el 10 de ese mes hasta el 31 de diciembre del referido año (fs. 1 a 4). II.3. A través de formulario de finiquito de 3 de enero de 2023, sin refrendado por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se observa que la accionante recibió la suma de Bs6 960,52.-(seis mil novecientos sesenta 52/100 bolivianos) por concepto de beneficios sociales (fs. 26 y vta.). II.4. Mediante nota presentada el 3 de enero de 2023, la impetrante de tutela solicitó a la entidad demandada la aplicación del derecho a la inamovilidad laboral, adjuntando su carnet de discapacidad (fs. 7 a 8). II.5. Cursan registros de asistencia correspondientes al mes de enero de 2023 -visadas por la entidad demandada el 11 de abril de mismo año-, en las que se observa el ingreso y salida de la peticionante de tutela a su fuente laboral (fs. 60 a 74).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la salud y la seguridad social; y, “de las personas con discapacidad”; toda vez que, tras suscribir dos contratos a plazo fijo durante las gestiones 2021 y 2022, fue desvinculada de su fuente laboral, pese a su condición de discapacidad auditiva, acreditada por RA APS/DPC/1057-2015 de 22 de octubre y su carnet de discapacidad emitido por el CODEPEDIS; sin embargo, continuó desempeñando funciones durante el mes de enero de 2023 por propia recomendación de sus inmediatos superiores y a la espera de una nueva contratación, la cual nunca fue formalizada; sin que, además, se le hubiese cancelado la remuneración correspondiente a dicho periodo. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) La impetrante de tutela no precisó cuál sería la vía de hecho que habría vulnerado sus derechos ni acudió ante la autoridad competente para realizar su reclamo; incumpliendo con el presupuesto de subsidiariedad; 2) Tras la conclusión de su contrato, se procedió al pago de los beneficios sociales; por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el art. 10.II del DS 28699; y, 3) La peticionante de tutela sufrió un accidente laboral en la gestión 2014; por ende, correspondía a la entidad empleadora de ese entonces el reconocimiento de los derechos que ahora invoca; asimismo, de la revisión del sistema de seguridad social de largo plazo, se advierte que percibe una renta de invalidez; en consecuencia, no perdió la cobertura de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, modificado por el art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2008, establece que: “Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley”. En esa línea, el art. 4 del DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, establece como requisitos para acceder a la inserción laboral obligatoria, los siguientes: “I. Las personas con discapacidad, la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, que deseen acceder al beneficio de inserción laboral, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Requisitos Generales:
a. Cédula de Identidad vigente; b. Carnet de discapacidad vigente registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad - SIPRUNPCD o carnet de afiliado al Instituto Boliviano de la Ceguera - IBC, del beneficiario, de la hija o hijo, tutelada o tutelado y cónyuge, según corresponda. 2. Además de los requisitos generales según cada caso concreto se presentarán los siguientes requisitos específicos:
a. Para personas con discapacidad: Únicamente los requisitos generales detallados en el numeral 1 del presente Parágrafo” (las negrillas fueron añadidas).
A partir de ello, la SCP 0493/2024-S2 de 20 de agosto, señaló que: “...es pertinente remitirnos a lo establecido en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, que, específicamente sobre la inmovilidad laboral determina que ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inmovilidad de las personas con discapacidad , así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación' (…) Por su parte, el DS 3437 de 20 de diciembre de 2017, que reglamenta la mencionada Ley, nos otorga mayores luces en cuanto a dichos requisitos, en cuyo art. 4, si bien hace referencia a los requisitos necesarios para las beneficiarias y beneficiarios a fin de la inserción laboral obligatoria, no es menos cierto que estos son presupuestos generales que pueden perfectamente ser considerados como parámetros a momento de verificar la procedencia o no de la inamovilidad laboral, pues a partir de estos se acredita la situación de discapacidad del beneficiario y el vínculo existente entre éste y la persona responsable de su cuidado, aspectos en función a los cuales justamente hace viable la determinación de la inamovilidad laboral en atención a la cual se garantiza la permanencia del trabajador en su fuente laboral, considerando precisamente su condición de discapacidad o que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad . Así, para la persona con discapacidad solo se requiere su cédula de identidad y el carnet de discapacidad vigente, registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD)” (énfasis agregado).
Previamente, corresponde señalar que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la accionante acreditó su condición de persona en situación de vulnerabilidad mediante el carnet de discapacidad otorgado por el CODEPEDIS (Conclusión II.1); en consecuencia, tratándose de aspectos relacionados con el derecho a la inamovilidad laboral, en el marco de lo establecido en la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, esta Sala se encuentra habilitada para abstraer el principio de subsidiariedad que caracteriza la presente acción tutelar, correspondiendo ingresar al análisis de la problemática planteada. Con relación al fondo de lo alegado, se advierte que la impetrante de tutela suscribió dos contratos a plazo fijo durante las gestiones 2021 y 2022 (Conclusión II.2); sin embargo, durante la ejecución del segundo contrato puso en conocimiento de la CBES -entidad demandada- su condición de discapacidad y solicitó la aplicación del derecho a la inamovilidad laboral (Conclusión II.4), adjuntando el correspondiente carnet de discapacidad; no obstante, pese a dicha solicitud, la entidad demandada procedió a desvincularla una vez concluido el contrato. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la normativa vigente garantiza la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, siempre que acrediten tal condición mediante los requisitos establecidos, siendo el más relevante el carnet de discapacidad otorgado por el CODEPEDIS. Así, de la revisión de obrados se demuestra que la referida condición fue acreditada mediante RA APS/DPC/1057-2015 de 22 de octubre, que determinó un grado de discapacidad auditiva del cincuenta por ciento en un oído y pérdida total en el otro, posteriormente formalizada a través del carnet de discapacidad otorgado por el CODEPEDIS en favor de la peticionante de tutela (Conclusión II.1). Ahora bien, aunque la relación laboral fue pactada a plazo fijo y la entidad demandada justificó la desvinculación en la conclusión del segundo contrato, se advierte que dicha finalización no se materializó en los hechos, pues, pese a haberse fijado como fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2022, la accionante continuó desempeñando funciones de manera regular durante el mes de enero de 2023, conforme se acredita en los registros de asistencia visados por la propia entidad demandada (Conclusión II.5) reconduciéndose la relación laboral a uno de carácter indefinido. Este extremo evidencia una contradicción entre la actuación administrativa de la entidad demandada -que sostiene la conclusión del vínculo laboral- y la realidad fáctica constatada en obrados, en la que la impetrante de tutela continuó prestando servicios; es decir, la relación laboral no habría concluido efectivamente con el vencimiento del contrato; asimismo, si bien se invocó la existencia de un finiquito por cobro de beneficios sociales suscrito con la peticionante de tutela (Conclusión II.3), dicho elemento no guarda correspondencia con los actos posteriores de la propia entidad; por tanto, pese a su existencia formal, carece de coherencia con la realidad material acreditada. En este marco, la entidad demandada tampoco acreditó la concurrencia de una causal legal ni la tramitación de un proceso interno que justifique la desvinculación efectuada, conforme a lo exigido por el DS 27477; máxime cuando ya había sido informada sobre la condición de discapacidad que tenía la accionante; en consecuencia, se advierte una vulneración a su situación de trabajadora en condición de discapacidad, toda vez que cumplió con los requisitos exigidos por la normativa y se encontraba amparada por el régimen de estabilidad laboral. De lo expuesto, este Tribunal se ve obligado a otorgar tutela respecto a la vulneración de derechos fundamentales derivada de una desvinculación contraria al régimen de inamovilidad laboral; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación de la impetrante de tutela a su fuente laboral en las mismas condiciones previas a su desvinculación, así como la restitución de los derechos laborales conexos, en observancia de la garantía de inamovilidad laboral que le asiste. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32 de 12 de abril de 2023, cursante de fs. 88 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación de la accionante a su fuente laboral, en las mismas condiciones anteriores a su desvinculación laboral, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0382_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3d5b4577dfe9df4089d943e82eadd8779c0465de42a0b80952d6f3cf4840addc
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