B.IA.LEGAL

SCP 0381/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 20 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
20 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55705-2023-112-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; y, de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se le otorgó la cesación a la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2026; sin embargo, tras la apelación del Ministerio Público, el Vocal demandado dictó el Auto de Vista 061/2023, omitiendo la valoración integral de los elementos probatorios presentados, tales como los informes social y psicológico, el CENVI, el flujo migratorio, el certificado de trabajo e informes financieros; dicha autoridad jurisdiccional fundó su decisión exclusivamente en el REJAP en el cual no se registra antecedentes penales; por lo que, no se constituye en un nuevo elemento que desvirtúe los motivos de la detención preventiva, prescindiendo de un análisis razonado del acervo probatorio, lo que deviene en una resolución carente de fundamentación. Ante ello, el Vocal demandado sostiene que, revocó el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, debido a la deficiente motivación y valoración del inferior en grado, manteniendo el riesgo de fuga; asimismo, observó la errónea identificación del fallo impugnado por el accionante y la falta de relevancia constitucional por ausencia de nexo causal, solicitando se deniegue la tutela. Por su parte, el Fiscal de Materia, manifiesta que, el riesgo procesal del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 105 a 111, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La valoración de la prueba en el régimen de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55705-2023-112-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 44/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 105 a 111, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oliver Andreas Nieves Gallardo contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Esteban Condori Mamani, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 21 a 27, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 30 de diciembre de 2022, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, fecha de la audiencia de cesación, resolvió imponerle detención preventiva; posteriormente, el 26 de abril de 2023 solicitó cesación de dicha medida extrema; ante lo cual, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la citada Capital y departamento, pronunció un Auto Interlocutorio de la misma fecha aceptando su solicitud e imponiéndole medidas cautelares personales como la detención domiciliaria entre otras. Contra dicha determinación, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental, aduciendo la lesión del debido proceso en su componente fundamentación, por parte del referido Tribunal de Sentencia Penal, pues el Juez de primera instancia advirtió la concurrencia de los presupuestos contenidos en el art. 233.1, 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); así como, del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del mismo Código; toda vez que, sería un peligro para la sociedad al ser un “narcotraficante” y una amenaza para la salud pública; por otra parte, contradictoriamente, hizo referencia a otra audiencia, sin considerar el art. 239.1 del CPP, tampoco presentó el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, pues no estuvo presente en dicho acto procesal y, al encontrarse el proceso con acusación fiscal, ya no estaba vigente el peligro de obstaculización. La referida impugnación mereció el Auto de Vista 061/2023 de 3 de mayo, dictado por Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandado-, mediante el cual, revocó el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, manteniendo subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y la detención preventiva, considerando únicamente el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), cuando su persona también presentó en audiencia de cesación de la detención preventiva informes social y psicológico, Certificado de No Violencia (CENVI), flujo migratorio, certificado de trabajo, informes de entidades financieras que indicaron no tiene cuentas registradas a su nombre y varios fallos constitucionales; incluso señaló que padece epilepsia y “…su único error fue consumir mariguana para evitar sus ataques…” (sic), extremo que no afectaba a la sociedad en su conjunto.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; y, de sus derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23, 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 061/2023 emitido por el Vocal demandado y, se confirme el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 96 a 104, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando señaló que: a) El único riesgo por el que estaba detenido, supuestamente es el peligro efectivo para la sociedad, pues fue encontrado en el Hospital Daniel Bracamonte a una hora donde circulaba mucha gente, considerándolo un traficante, culpable de la venta de sustancias controladas; b) El Vocal demandado debía indicar qué elementos desvirtuaban el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; c) Conforme prevé el art. 173 del referido Código, el Juez de primera instancia debía realizar la valoración integral de la prueba con base en la sana crítica, pues no existía un elemento específico para desvirtuar el supuesto peligro para la víctima o para la sociedad, labor que realizó el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; puesto que, valoró lo siguiente: 1) Una prueba de “narcotesis” que determinó que es consumidor, al encontrar cannabis en su sangre y orina; 2) No tenía cuentas bancarias, tampoco bienes inmuebles, ya que, si fuera un traficante, tendría cuentas para realizar sus transacciones; y, 3) No tenía flujo migratorio ni antecedentes penales y trabajaba en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Potosí, tendría problemas psicológicos, y a raíz de ello, inició el consumo de sustancias controladas; empero, se supuso que era consumidor, traficante y peligroso para la sociedad; d) El Fiscal de Materia, en su recurso de apelación incidental, no indicó que exista una mala valoración de la prueba -de informes toxicológico, bancario, entre otros-, sino lo sustentó haciendo referencia solo al REJAP, careciendo dicho recurso de fundamentación, tampoco observó la audiencia de cesación a la detención preventiva; e) El Vocal demandado realizó la valoración de anteriores audiencias como la de aplicación de medidas cautelares; f) Fue encontrado en posesión de “240 gr.” de “marihuana”, no así vendiendo sustancias controladas; por lo que, se presumía su inocencia y tenía derecho a un juicio; y, g) En cuanto al informe del Vocal demandado, este contenía argumentos contradictorios que lesionaban el derecho a la libertad, y el fallo confutado carecía de fundamentación y motivación.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe escrito cursante de fs. 41 a 44, manifestó que: i) Revocó el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, debido a que, el Tribunal inferior incurrió en una defectuosa valoración probatoria y falta de motivación, lo que determinó la subsistencia del riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP y la necesidad de mantener la detención preventiva; ii) El impetrante de tutela hizo referencia al Auto de Vista 33/2023 de 16 de marzo, cuando el fallo que dictó fue el Auto de Vista 061/2023, denotando el desconocimiento de la Resolución confutada; y, iii) Los argumentos de la acción tutelar carecían de relevancia constitucional y de carga probatoria, al no establecer el nexo causal entre la decisión judicial y los derechos supuestamente vulnerados; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Esteban Condori Mamani, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, señaló que: a) Estuvo presente en el acto procesal de cesación a la detención preventiva, donde sostuvo que, el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP no fue desvirtuado, pues la medida extrema no se fundó en la ausencia de antecedentes penales, sino en la gravedad del ilícito -tráfico de sustancias controladas- y su impacto lesivo en grupos vulnerables -como niños, jóvenes y familia-; b) Si bien no se cuestionó el arraigo natural, presentó documentación atingente a ese aspecto; así como el REJAP, documentación que resultaba insuficiente para desvirtuar el riesgo procesal; y, c) La SCP 0696/2017-S3 -no indicó fecha- estableció que, en delitos de sustancias controladas, el riesgo de fuga no está supeditado exclusivamente a la existencia de antecedentes, sino a la protección integral de la sociedad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 44/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 105 a 111, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Vocal demandado realizó la contrastación de los argumentos del Fiscal de Materia con la jurisprudencia constitucional -SCP 0650/2028-S1 de 22 de octubre, entre otras-atingente a los delitos relacionados con sustancias controladas, haciendo hincapié en que el no tener antecedentes en el REJAP no es un elemento suficiente para desvirtuar el art. 234.7 del CPP; toda vez que, el delito de tráfico de sustancias controladas representa un el peligro para la víctima y la sociedad; 2) El mencionado Vocal advirtió que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, no efectuó una adecuada fundamentación acorde a dicho fallo constitucional, para poder desvirtuar dicho precepto legal, resolviendo revocar el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2026 y mantener la detención preventiva del accionante; y, 3) El accionante adujo la lesión de la presunción de inocencia, al respecto, corresponde el pronunciamiento de la autoridad de control jurisdiccional en sentencia. En vía de complementación y enmienda, el accionante solicitó aclaración sobre el porqué no se valoró la prueba presentada, consistente en: un informe toxicológico que señala es consumidor; no tiene cuentas bancarias; y, no se le encontró vendiendo sustancias controladas, sino solo en posesión de las mismas, que no eran para la venta; por lo que, debió ser beneficiado con medidas cautelares personales al haber desvirtuado el 234.7 del CPP; ante ello, la Sala Constitucional sostuvo que, al no señalar el impetrante de tutela, en su mecanismo de defensa, la vulneración del debido proceso en su componente valoración de la prueba razonable u omisión de la misma, no ameritaba pronunciamiento al respecto; asimismo, se estableció de forma clara cuál es el fundamento principal en relación a dichos elementos de prueba, puesto que el Vocal demandado realizó el contraste entre la prueba que sirvió de base para su detención y las que se consideraron para la cesación pretendida por el accionante; la autoridad demandada, en el Auto de Vista confutado, indicó que los demás elementos no eran necesarios en su análisis, sino solo la que refiere al art. 234.7 del CPP, realizando un análisis del antecedente penal contrastando con la jurisprudencia citada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 116 a 120); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, dispuso la cesación de la detención preventiva de Oliver Andreas Nieves Gallardo -accionante-, e impuso medidas cautelares personales (fs. 7 a 8 vta.). II.2. A través de Auto de Vista 061/2023 de 3 de mayo, Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandado-, resolvió declarar procedentes las cuestiones planteadas por el Ministerio Público en su recurso de apelación incidental; y, revocó el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2026 (fs. 9 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; y, de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se le otorgó la cesación a la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2026; sin embargo, tras la apelación del Ministerio Público, el Vocal demandado dictó el Auto de Vista 061/2023, omitiendo la valoración integral de los elementos probatorios presentados, tales como los informes social y psicológico, el CENVI, el flujo migratorio, el certificado de trabajo e informes financieros; dicha autoridad jurisdiccional fundó su decisión exclusivamente en el REJAP en el cual no se registra antecedentes penales; por lo que, no se constituye en un nuevo elemento que desvirtúe los motivos de la detención preventiva, prescindiendo de un análisis razonado del acervo probatorio, lo que deviene en una resolución carente de fundamentación. Ante ello, el Vocal demandado sostiene que, revocó el Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, debido a la deficiente motivación y valoración del inferior en grado, manteniendo el riesgo de fuga; asimismo, observó la errónea identificación del fallo impugnado por el accionante y la falta de relevancia constitucional por ausencia de nexo causal, solicitando se deniegue la tutela. Por su parte, el Fiscal de Materia, manifiesta que, el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP no fue desvirtuado, y debido a la gravedad del “narcotráfico” y su impacto social, el arraigo natural resulta insuficiente; pues, aplicando la SCP 0696/2017-S3, esta priorizó la protección de grupos vulnerables sobre la falta de antecedentes, solicitando la denegatoria de la tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La valoración de la prueba en el régimen de medidas cautelares

Sobre el particular, la SCP 0273/2025-S2 de 24 de abril, sostuvo que: «El art. 173 del CPP establece que la valoración de la prueba en materia penal es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales de sentencia. Esta disposición, en conjunto con el art. 124 del mismo cuerpo Adjetivo Penal, impone a los operadores de justicia el deber de fundamentar debidamente sus resoluciones. Esto implica no solo la adecuación de los hechos al derecho aplicable, sino también la expresión del valor otorgado a cada medio de prueba. Por lo tanto, toda resolución judicial que resuelva una solicitud dentro del régimen de medidas cautelares, conforme al art. 239.1 del CPP, debe analizar los motivos que sustentaron la imposición de la medida cautelar. Además, es crucial que considere los nuevos elementos aportados por el solicitante que puedan desvirtuar dichos motivos o justificar la sustitución por una medida menos gravosa. Ahora bien, en este punto corresponde considerar que, la jurisprudencia de este Tribunal fue consistente al señalar que, como regla general, la valoración de la prueba no es competencia de la justicia constitucional; sin embargo, existen excepciones a esta regla cuando el accionante demuestre el cumplimiento de presupuestos específicos, como ser: “‘…cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-R, de 28 de enero)…’”, líneas jurisprudenciales señaladas en la SC 0222/2010-R de 31 de mayo».

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso objeto de estudio, el accionante cuestiona que, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 061/2023 de 3 de mayo, revocó su cesación a la detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, determinación carente de fundamentación y motivación, pues al omitir la valoración integral de los informes social y psicológico, el CENVI, el flujo migratorio, el certificado de trabajo e informes financieros; basó su decisión analizando únicamente en la ausencia de antecedentes penales en el REJAP que no se constituye en un hecho nuevo y no desvirtúa el art. 234.7 del CPP.

Ahora bien, conforme al art 239.1 del CPP se tiene que la norma procesal establece como causal de la cesación de las medidas cautelares personales: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida…”; en este sentido, las autoridades judiciales tienen el deber de fundamentar sus determinaciones, sea que dispongan la detención preventiva, su modificación, sustitución o cesación de la medida impuesta en el marco de la normativa vigente. Bajo ese contexto, del análisis del Auto de Vista 061/2023 se tiene lo siguiente: i) El Vocal demandado determinó que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, se limitó a valorar el REJAP del accionante de forma aislada, el cual, no registraba antecedentes penales; no obstante, en observancia de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0070/2014 y 0650/2018-S1, señaló que en delitos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el peligro para la sociedad se evalúa por la naturaleza del hecho y no solo por la conducta previa del imputado. ii) En cuando a la aducida falta de fundamentación -por parte del Ministerio Público- del Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2023, el Vocal demandado concluyó que, el Tribunal inferior en grado no contrastó los nuevos elementos de prueba presentados por el accionante con los fundamentos originales que motivaron la detención preventiva del prenombrado, incumpliendo el art. 124 del CPP. iii) Con relación a la respuesta -del ahora accionante- al recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público, referente a que, si bien alegó que es consumidor de sustancias controladas y que tiene arraigo social, el Vocal demandado consideró que estos aspectos no eran suficientes para enervar el riesgo contenido en el art. 234.7 del CPP. iv) La autoridad demandada ratificó el criterio de que la prueba de falta de cuentas bancarias o el REJAP son impertinentes o insuficientes frente a la gravedad de la conducta de tráfico -flagrancia con 264 gr. de marihuana-.

De lo anterior, se advierte que el Auto de Vista 061/2023 se encuentra motivado y fundamentado; puesto que, el Vocal demandado determinó que los motivos para disponer la detención preventiva se establecieron con base en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0070/2014 y 0650/2018-S1, y en ese sentido se explicó de manera razonada que, en delitos de sustancias controladas, la ausencia de antecedentes penales en el REJAP no se constituye en un elemento nuevo que desvirtúe el peligro para la sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP; ya que, este riesgo debe evaluarse en función de la naturaleza y gravedad del hecho, argumento que se habría utilizado para disponer la medida cautelar. Al contrastar la flagrancia y la cantidad de sustancia incautada -264 gr. de marihuana- el Vocal cumplió con el estándar de una valoración integral y objetiva, otorgando prevalencia a la protección de la salud pública sobre la conducta previa del procesado. Asimismo, el Auto de Vista confutado cumple con la exigencia de fundamentación, al identificar que, el Tribunal inferior en grado incurrió en una omisión de contraste, al no explicar cómo las nuevas pruebas lograban desvirtuar los fundamentos originales que motivaron la detención preventiva, tampoco ignoró los argumentos de la defensa del justiciable, sino que calificó de forma motivada la impertinencia e insuficiencia de las pruebas financieras y de la condición de consumidor, razonando que esos aspectos no mitigan la peligrosidad inherente al tráfico ilícito en el contexto social; en consecuencia, al exponer con claridad los motivos de hecho, los fundamentos de derecho y responder de forma congruente a los puntos de la apelación y respuesta a esta, no se denota lesión a los derechos invocados; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, el accionante menciona que no se valoraron otros documentos como los informes social y psicológico, el CENVI, el flujo migratorio, el certificado de trabajo e informes financieros; sin embargo, en su acción de libertad no desarrolla en forma alguna cómo dichos documentos fueron propuestos para desvirtuar el art. 234.7 del CPP y no otros riesgos procesales, pero además, tampoco se cumplen los requisitos para que esta instancia revise la valoración de la prueba, es decir: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso…” (SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero); no habiéndose cumplido dichos requisitos pretendiendo que la justicia constitucional no solo actúe de oficio, sino como si fuese un tribunal ordinario, lo que no es admisible. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 44/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 105 a 111, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0381_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9a3afab500c85531919e851f6b432e6410134e5b0a8821bb450f950c843875d2

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →