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SCP 0381/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51697-2022-104-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión a su derecho al debido proceso en su elemento principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; toda vez que, la Secretaria accionada omitió cumplir con la remisión al Tribunal de alzada de los antecedentes que conciernen al recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2022, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, incurriendo en una dilación indebida.

Ante ello, la Secretaria accionada argumentó que: a) No asistió a la audiencia de cesación a la detención preventiva del hoy accionante celebrada el 11 de octubre de 2022; empero, el 12 del mismo mes y año la Jueza de la causa dispuso que elabore el acta de audiencia al haberse interpuesto recurso de apelación incidental, así, el 13 de igual mes y año, entregó el acta respectiva al Oficial de Diligencias para la firma correspondiente, no obstante se le informó que no se encontraban arrimadas algunas piezas procesales, ante ello, dispuso que dicho funcionario de manera inmediata costure el acta de audiencia, lo folie y remita el expediente en el estado en que se encontraba; y, b) Se debe tomar en cuenta la carga procesal del Juzgado donde es Secretaria titular y la distancia de los juzgados, lo que hace imposible estar en ambos lugares a la vez.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 076/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la evidenciada vulneración del derecho al debido proceso en su componente principio de celeridad vinculado con la libertad del accionante, derivada de la omisión de remisión del recurso de apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2022, sea con el mismo efecto dispositivo central asumido por la indicada Sala Constitucional; con la modificación de no remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; y, 2° Exhortar a Sabina Abal Oña, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, debiéndose a efecto de su conocimiento y observancia disponer su notificación expresa, a ser diligenciada por la precitada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Consideración exhortativa final

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2025-S2 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51697-2022-104-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 076/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abimael Isau Llanos Callasuca en representación sin mandato de Jaime Ramos Arce contra Lizzet Paola Mamani Mendoza, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Primero en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal, ambos de Uyuni del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del ilícito de tráfico de sustancias controladas, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 5Y095330, “actualmente” radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, solicitó cesación de su detención preventiva la cual fue considerada y rechazada por Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2022; determinación contra la cual interpuso recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiéndose la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada; empero, tal remisión no se cumplió hasta la fecha -se entiende hasta la interposición de la presente acción de libertad- por dejadez y negligencia de Lizzet Paola Mamani Mendoza, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Uyuni del mencionado departamento -hoy accionada-, que se encuentra en suplencia legal del Tribunal de Sentencia referido; toda vez que, acude al señalado Tribunal solo a partir de horas 16:00, infiriendo que no sería su juzgado y que solo estaría en suplencia.

De esta manera, transcurrió casi un mes aproximadamente, sin que dicha funcionaria de apoyo judicial haya cumplido lo dispuesto de remitir el legajo de apelación incidental al Tribunal de alzada de turno, sobrepasando la excepción de los tres días, incurriendo en dilaciones indebidas.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento principio de celeridad vinculado con la libertad, sin citar precepto constitucional alguno.

I.1.3. Petitorio

Solicita se “disponga” -siendo lo correcto conceda- la tutela impetrada; y, ordene la remisión del cuadernillo judicial del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada y sea de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, por lo que, no se desarrolló esta fase del proceso constitucional.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Lizzet Paola Mamani Mendoza, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Primero en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal; ambos de Uyuni del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante a fs. 42 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) Conforme la prueba que acompaña se advierte que el 11 de octubre de 2022, de horas 8:30 a 12:30 tomo juramentó de domicilio y paradero desconocido dentro de otro proceso que radica en “su Juzgado” y culminado el mismo tomó el asueto por el Día de la Mujer Boliviana; por lo que, no asistió a la audiencia de cesación a la detención preventiva del hoy accionante; empero, el 12 del mismo mes y año al haberse constituido al Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del mencionado departamento, la Jueza dispuso que elabore el acta de audiencia al haberse interpuesto recurso de apelación incidental y que se habilitó al oficial de diligencias para asistir a dicho acto procesal, así, el 13 de igual mes y año, entregó el acta respectiva al citado funcionario para la firma de la Jueza del Tribunal al que suple, se costure, folie y remita al Tribunal de alzada; empero, le informó que no se encontraba arrimado al expediente el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, el decreto de señalamiento de audiencia, tampoco la prueba que fue acompañada para la referida audiencia; b) Ante ello dispuso que el Oficial de Diligencias de manera inmediata costure el acta de audiencia, lo folie y remita el expediente en el estado en que se encontraba, con la aclaración de que no se le habría proporcionado el expediente para revisar antecedentes; y, c) Se debe tomar en cuenta la carga procesal del Juzgado donde es Secretaria titular y la distancia de los juzgados, que le hace imposible estar en ambos lugares a la vez.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí por Resolución 076/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, concedió la tutela impetrada, ordenando que: 1) La Secretaria accionada remita el legajo de apelación al Tribunal de alzada y sea dentro el plazo de veinticuatro horas para su respectivo sorteo; 2) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura respecto a la accionada, por las observaciones realizadas a través de la presente acción de libertad, una vez sea devuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de evitar cualquier perjuicio que pueda ocasionarse en caso de no confirmarse la “Resolución Constitucional”; en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 3) Respecto a Sabina Abal Oña, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del referido departamento, únicamente por esta vez se exhorta a cumplir con su obligación de control del Tribunal que preside a efectos de evitar las observaciones realizadas en esta acción de defensa.

Determinación asumida con base en los siguientes argumentos: i) Conforme a lo previsto en el art. 46 del CPCo la acción de libertad protege la afectación del derecho a la vida, libertad física de locomoción, y una persecución o procesamiento indebido; ii) Se debe considerar la obligación de cumplir con las actividades en suplencia legal conforme lo establecido por el art. 93.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, misma que la Secretaria accionada debió cumplir dentro del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí; iii) Al no haber remitido el legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, no cumplió con sus funciones de manera eficiente y eficaz de llevar el control del juzgado en el que se encuentra supliendo; iv) La existencia de bastante carga procesal no es justificativo, en mérito a que a la fecha transcurrió “...el tiempo de una vez de haberse emitido la orden de remisión en apelación...” (sic), lo que impide se pueda considerar el plazo razonable; y, v) Se puede evidenciar que el actuar de la funcionaria de apoyo judicial accionada, incurrió en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento celeridad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jaime Ramos Arce -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 11 de octubre de 2022, Sabina Abal Oña, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí-, resolvió rechazar tal petición, ante lo cual, la defensa técnica del prenombrado interpuso recurso de apelación incidental, disponiendo dicha autoridad judicial que: “...en cuanto sea posible la transcripción de la audiencia se van a remitir los (ineligible) estamos sin secretaria por eso es que vamos a acompañar al último legajo de apelación toda la documentación que se ha presentado en esta audiencia y también el acta de la presente audiencia afin de que se evite el sacar fotocopias y hacer crecer el expediente de legajos de apelación incidental...” (sic [fs. 10 a 15]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión a su derecho al debido proceso en su elemento principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; toda vez que, la Secretaria accionada omitió cumplir con la remisión al Tribunal de alzada de los antecedentes que conciernen al recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2022, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, incurriendo en una dilación indebida.

Ante ello, la Secretaria accionada argumentó que: a) No asistió a la audiencia de cesación a la detención preventiva del hoy accionante celebrada el 11 de octubre de 2022; empero, el 12 del mismo mes y año la Jueza de la causa dispuso que elabore el acta de audiencia al haberse interpuesto recurso de apelación incidental, así, el 13 de igual mes y año, entregó el acta respectiva al Oficial de Diligencias para la firma correspondiente, no obstante se le informó que no se encontraban arrimadas algunas piezas procesales, ante ello, dispuso que dicho funcionario de manera inmediata costure el acta de audiencia, lo folie y remita el expediente en el estado en que se encontraba; y, b) Se debe tomar en cuenta la carga procesal del Juzgado donde es Secretaria titular y la distancia de los juzgados, lo que hace imposible estar en ambos lugares a la vez.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 1021/2022-S3 de 9 de agosto, sintetizando los lineamientos jurisprudenciales desarrollados sobre la finalidad, alcance y tramitación del medio recursivo previsto en el art. 251 del CPP, enfatizó que: “...por la particularidad y características de este medio recursivo, es que los plazos para su tramitación son breves, debido a que en el mismo se discute y resuelve la situación jurídica de una persona sometida a medidas cautelares personales, muchas de las veces privada de libertad; por ello, el legislador otorgando la importancia necesaria a dicho recurso, implementó medidas para agilizar y dinamizar los trámites relativos a la apelación de las medidas cautelares, así la Ley 1173, modificó la disposición contenida en el art. 251 del CPP, en los siguientes términos:

´Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad´.

Asimismo, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

‘i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. (...) 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberán notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte’” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad

Al respecto la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Del reclamo constitucional objeto de la presente acción tutelar, se denota que el mismo converge en la presunta dilación y/u omisión indebida en que la Secretaria -ahora accionada- incurrió ante la falta de remisión de los antecedentes que conciernen al recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2022, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva.

Al respecto, y como se extrae de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que en audiencia de cesación de la detención preventiva de 11 de octubre de 2022, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, resolvió rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; contra la cual formuló recurso de apelación incidental, disponiendo dicha autoridad judicial que: “...en cuanto sea posible la transcripción de la audiencia se van a remitir los (ineligible) estamos sin secretaria por eso es que vamos a acompañar al último legajo de apelación toda la documentación que se ha presentado en esta audiencia y también el acta de la presente audiencia afin de que se evite el sacar fotocopias y hacer crecer el expediente de legajos de apelación incidental...” (sic).

Realizada la puntualización precedente, contrastando el reclamo constitucional que motivó esta acción de defensa y los antecedentes fácticos procesales, es evidente que existió una omisión indebida e incumplimiento de la norma procesal contenida en el art. 251 del CPP, con incidencia en el derecho a la libertad del impetrante de tutela, por la dilación en la que se incurrió, generando incertidumbre en la definición de su situación jurídica.

Sobre el particular, corresponde señalar que, si bien los funcionarios subalternos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones de libertad, por no asumir determinaciones de índole jurisdiccional; empero, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional existe la permisibilidad procesal-constitucional que adquiera esa calidad en tres supuestos, cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (SCP 0043/2018-S1 [las negrillas nos pertenecen]).

Bajo ese lineamiento jurisprudencial, en el caso de análisis se evidencia que, la Secretaria ahora accionada, detenta legitimación pasiva para ser accionada en la presente acción de libertad, al haber con una actuación omisiva ocasionado la advertida dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela, por cuanto, inobservó lo previsto en el art. 251 del CPP, no siendo justificativo las circunstancias de descargo manifestadas en el informe presentado dentro de esta acción de defensa, en sentido de que, no asistió a dicha audiencia y que habiendo elaborado el acta respectivo, ésta fue entregada al Oficial de Diligencias para la firma correspondiente, empero, éste informó que no se encontraban arrimadas algunas piezas procesales, ante ello, dispuso que dicho funcionario de manera inmediata costure el acta de audiencia, lo folie y remita el expediente en el estado en que se encontraba; y, que se debe tomar en cuenta la carga procesal del Juzgado donde es Secretaria titular y la distancia de los juzgados, que le hace imposible estar en ambos lugares a la vez; en razón a que, si bien conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo de veinticuatro horas establecido en el precitado precepto procesal penal, ante la justificación razonable y fundada en las recargadas labores por suplencia legal; en el caso de examen, la demora de remisión excedió incluso el plazo flexibilizado, sumado a que, la referida funcionaria de apoyo judicial limitó su labor -tal como refirió- a la observación y emisión de órdenes, empero, en los hechos se abstrajo de efectivizar -como correspondía- la remisión que fue ordenada en audiencia de cesación de la detención preventiva; y, menos aún de considerar determinantes los imprevistos alegados, informó de ello a la autoridad judicial correspondiente.

En este sentido, se advierte que, la Secretaria accionada incumplió las funciones y obligaciones que tiene como funcionaria de apoyo judicial, lo cual conlleva a que tal omisión se enmarque en los supuestos establecidos de los incisos b) y c) desarrollados en el precitado Fundamento Jurídico III.2, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada, al evidenciarse la lesión del derecho al debido proceso en su vertiente principio de celeridad vinculado con la libertad del accionante.

III.4. Consideración exhortativa final

Abordada y resuelta la problemática planteada, este Tribunal considera importante efectuar la siguiente exhortación:

De la revisión a la Resolución 076/2022 de 10 de noviembre emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, se denota que, define como parte del efecto de la concesión de la tutela dispuesta, exhortar a Sabina Abal Oña, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del señalado departamento, a cumplir con su obligación de control del Tribunal que preside a efectos de evitar las observaciones realizadas en esta acción de libertad únicamente por esta vez.

Al respecto, cabe señalar que, dentro del ejercicio de control de constitucionalidad tutelar, este Tribunal no puede dejar de precisar que, dentro del contexto normativo constitucional y legal; la administración de justicia se rige, entre otros, por los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, que en conjunto buscan que los justiciables accedan idónea y oportunamente al ejercicio material de sus derechos y garantías constitucionales.

En este sentido, de los antecedentes fácticos vinculados al acto lesivo denunciado, es posible alertar que, la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, como encargada del control jurisdiccional de la causa penal de la cual deviene esta acción tutelar, tampoco asumió el debido control después de impartir la orden de remisión de la impugnación formulada por el accionante, cuando debió hacer seguimiento y supervisar que la Secretaria accionada cumpla con la misma, considerando además que -como expresamente advirtió- su Juzgado se encontraba sin secretaria titular, por lo que, no siendo accionada dentro de esta acción de defensa, resulta pertinente validar y reforzar la exhortación realizada por la antes referida Sala Constitucional.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 076/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, ante la evidenciada vulneración del derecho al debido proceso en su componente principio de celeridad vinculado con la libertad del accionante, derivada de la omisión de remisión del recurso de apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2022, sea con el mismo efecto dispositivo central asumido por la indicada Sala Constitucional; con la modificación de no remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; y, 2° Exhortar a Sabina Abal Oña, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, debiéndose a efecto de su conocimiento y observancia disponer su notificación expresa, a ser diligenciada por la precitada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0381_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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