Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
La demandante de tutela denuncia la lesión a sus derechos a la libertad y a la defensa, toda vez que el Juez demandado no celebró la audiencia de verificación de la situación jurídica señalada para el 22 de octubre de 2022, manteniéndose la medida de detención preventiva sin requerimiento fiscal ni nuevos elementos que la justifiquen. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 35/2022 de 4 de noviembre -siendo lo correcto 9 de noviembre-, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y con la expresa aclaración que no se analizó el fondo, ya que la misma debe ser resuelta en la vía ordinaria, con la aplicación del juzgamiento con perspectiva de género, dada la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. 2° DENEGAR la tutela en relación al derecho a la defensa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2025-S1 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51934-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2022 de 4 de noviembre -siendo lo correcto 9 de noviembre-, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Alberto Vicente Muruchi en representación sin mandato de Miriam Gabriela Flores Quispe contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 7 a 9 vta., la impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domestica inserta en el art. 272 Bis del Código Penal (CP), el 22 de junio de 2022, se celebró audiencia de consideración de medidas cautelares, en la cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 637/2022 de misma fecha, dispuso su detención preventiva por el término de un mes en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes del referido departamento. Transcurrido el plazo de la medida cautelar, y debiendo revisar su situación jurídica, dicho acto procesal no se llevó a cabo y tampoco se emitió resolución que extendiera su detención preventiva. Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 22 de agosto de 2022, la demandante de tutela permaneció detenida sin sustento legal, dado que ni el Ministerio Público ni la parte denunciante, solicitaron la ampliación de la medida antes mencionada. El 22 de agosto de 2022, se celebró audiencia de cesación a la detención preventiva, en base a lo previsto en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no obstante, la autoridad judicial demandada, mediante Auto Interlocutorio 843/2022 de la misma fecha, resolvió la improcedencia de la solicitud y decidió ampliar la detención preventiva por dos meses adicionales, fijando nueva audiencia para el 22 de octubre del mismo año. En la fecha establecida -22 de octubre- tampoco se realizó la audiencia correspondiente para considerar su situación jurídica, e incluso hasta el 8 de noviembre de 2022, continuaba sin resolverse la misma, manteniéndose su detención preventiva sin nuevo requerimiento fiscal, sin audiencia judicial y sin la existencia de nuevos elementos de convicción que justifiquen su privación de libertad.
La peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad y a la defensa, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga el cese de su detención que se tornó en ilegal.
Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción de libertad el 9 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su acción tutelar y ampliando los mismos, en audiencia, señaló: a) Mediante Auto Interlocutorio 637/2022 de 22 de junio, se determinó la detención preventiva de la ahora demandante de tutela, y posteriormente, mediante el Auto Interlocutorio 843/2022 de 22 de agosto, se amplió dicha medida hasta el 22 de octubre de 2022; y b) Sostuvo que se solicitó la cesación a la detención preventiva, habiéndose desvirtuado los riesgos procesales del art. 234.1 y 2 del CPP. Sin embargo, afirmó que existió vulneración de derechos fundamentales cuando la audiencia fijada para el 22 de octubre del 2022, no se celebró y no se resolvió la situación jurídica, quien, hasta la fecha, continuaba detenida sin causa, ni ampliación legal. Ante las consultas realizadas por el Juez de garantías sobre aspectos de la audiencia de 22 de octubre de 2022, la peticionante de tutela señaló que accedió a dicho acto procesal virtual a través del link que se le proporcionó, pero como no se aceptó su solicitud de ingreso, se quedó en espera hasta que el organizador se lo permita, situación que no llegó a suceder.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe cuando la audiencia de la acción tutelar ya había culminado, es decir, a horas 10:50 del día 9 de noviembre de 2022, que cursa a fs. 15 y vta. en los siguientes términos: 1) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se tiene que mediante Auto Interlocutorio 843/22 de 22 de agosto, en audiencia de cesación a la detención preventiva se rechazó la solicitud y se amplió la detención preventiva por dos meses; 2) Por Auto Interlocutorio 1063/22 de 17 de octubre de 2022, se volvió a rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva; 3) La imputada nuevamente solicitó la cesación a la detención preventiva señalando audiencia para el 25 de octubre de 2022, en la cual se cumplieron las formalidades de ley; y, 4) Las suspensiones de la audiencia fueron por la inasistencia del representante del Ministerio Público, la parte sindicada o su abogado, no por causa de la autoridad judicial. La audiencia de 9 de noviembre de 2022, pese a que se cumplieron con las formalidades de ley, se suspendió por inasistencia del abogado de la defensa; por lo que solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 35/2022 de 4 de noviembre -siendo lo correcto 9 de noviembre-, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad judicial demandada programe la audiencia en el plazo de tres días. Decisión asumida con los siguientes argumentos: i) De antecedentes se constató que no se llevó a cabo la audiencia programada para el 22 de octubre de 2022 a horas 09:00, destinada a considerar la situación jurídica de la demandante de tutela; ii) Se evidenció que, pese a la existencia de Resoluciones judiciales previas, mediante las cuales se declaró la improcedencia de la cesación a la detención preventiva, se estableció una audiencia específica para valorar nuevamente la situación jurídica de la imputada; sin embargo, dicho acto procesal no se realizó ni fue reprogramado, lo cual generó una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa; iii) La audiencia de cesación a la detención preventiva es jurídicamente distinta de la audiencia de revisión de la situación jurídica, conforme lo establece el art. 54 del adjetivo penal, el cual señala como atribución del Juez de instrucción, el control de las medidas cautelares y la convocatoria a audiencias pertinentes; iv) El principio de celeridad y eficacia, conforme al art. 180 de la CPE, obliga a las autoridades judiciales a actuar con prontitud y eficiencia en los procesos, especialmente cuando se encuentra comprometido el derecho fundamental a la libertad; v) Se citó la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, que establece el deber de los jueces y autoridades demandadas en acciones de libertad deben emitir informe o asistir personalmente a audiencia para aclarar los hechos. En este caso, el Juez demandado no remitió informe, ni compareció a la audiencia, lo cual agravó la indefensión de la solicitante de tutela; y vi) Se consideró verosímil la versión de la privada de libertad respecto a que fue conectada a la audiencia virtual desde el Centro Penitenciario, pero no pudo ingresar por falta de habilitación de la plataforma virtual, hecho que pudo ser subsanado por la Secretaria del juzgado, situación que no ocurrió, pues en ningún momento se aceptó su ingreso a la audiencia virtual.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 637/2022 de 22 de junio, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, en el que dispuso la detención preventiva de Miriam Gabriela Flores Quispe (ahora peticionante de tutela) en el Centro Penitenciario de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz por un mes, fijándose audiencia para el 22 de julio de ese año (fs. 2 a 3). II.2. Consta Auto Interlocutorio 843/2022 de 22 de agosto, emitido por el Juez demandado, quien declaró improcedente la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por Miriam Gabriela Flores Quispe, y atendiendo el pedido realizado por el Ministerio Público amplió la detención preventiva por dos meses más (fs. 4 a 5). II.3. A través del Auto Interlocutorio 1063/2022 de 17 de octubre, emitido por la autoridad judicial demandada, se declara improcedente la solicitud de cesación de detención preventiva formulada por la impetrante de tutela (fs. 6 y vta.).
La demandante de tutela denuncia la lesión a sus derechos a la libertad y a la defensa, toda vez que el Juez demandado no celebró la audiencia de verificación de la situación jurídica señalada para el 22 de octubre de 2022, manteniéndose la medida de detención preventiva sin requerimiento fiscal ni nuevos elementos que la justifiquen. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; c) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, señala que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto al principio de celeridad exigido a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales, como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad es dispuesta por una orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R de 27 de julio.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden).
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el 4El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”. 5El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
La peticionante de tutela denuncia la lesión a sus derechos a la libertad y a la defensa, toda vez que el Juez demandado no celebró la audiencia de verificación de la situación jurídica señalada para el 22 de octubre de 2022, manteniéndose la medida de detención preventiva sin requerimiento fiscal ni nuevos elementos que la justifiquen. Previamente corresponde aclarar, que si bien el petitorio inicial de la impetrante de tutela es amplio; sin embargo, a efectos de resolver, se considerará lo precisado en la audiencia tutelar, donde identificó como el único acto arbitrario la falta de celebración de la audiencia fijada para el 22 de octubre del 2022 para considerar y resolver la situación jurídica de la imputada. Aclarado lo anterior, de los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que Miriam Gabriela Flores Quispe -ahora demandante de tutela-fue detenida preventivamente por Auto Interlocutorio 637/2022 de 22 de junio, medida que en un primer momento tenía una vigencia de un mes (Conclusión II.1), y que posteriormente dicha medida cautelar fue ampliada por el lapso de dos meses más a través del Auto Interlocutorio 843/2022 de 22 de agosto, ello a pedido del Ministerio Público (Conclusión II.2). Posteriormente, se tiene que por Auto Interlocutorio 1063/2022 de 17 de octubre, se resolvió una solicitud de cesación de medida cautelar, misma que fue declarada improcedente por la autoridad judicial ahora demandada (Conclusión II.3). De conformidad a los argumentos expuestos en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad, más aún, si existen plazos máximos establecidos legalmente, los que deben ser observados de manera estricta. Ahora bien, con relación a la celebración de la audiencia de revisión de situación jurídica de 22 de octubre de 2022, del informe extemporáneo evacuado por la autoridad demandada se tiene que no se pronuncia de manera específica o taxativa al respecto, tampoco adjunta prueba objetiva que acredite que este actuado se desarrolló en la fecha señalada, o hubiese sido suspendido con nuevo señalamiento de audiencia, tan solo refiere que el 17 de octubre se realizó una audiencia de cesación a la detención preventiva, por lo que en aplicación del Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional se tiene por cierto lo denunciado por la solicitante de tutela, respecto a que la audiencia señalada no se celebró y tampoco fue reprogramada, cuando correspondía celebrarse indefectiblemente en el plazo fijado por la misma autoridad jurisdiccional. La autoridad judicial al incumplir con la celebración y la no reprogramación de dicha audiencia dejó a la imputada en una indeterminación, lo que ciertamente evidencia la vulneración al derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad procesal, dado que la autoridad judicial no dio cumplimiento al deber de realizar una audiencia específicamente señalada en la normativa adjetiva penal para considerar la situación jurídica de la imputada, la que tenía por objeto analizar en forma integral la situación jurídica de la peticionante de tutela, es decir, evaluando la necesidad de mantener o modificar la detención preventiva, en base a la evolución del caso y las circunstancias personales de la imputada. En consecuencia, la autoridad demandada con su accionar restringió el derecho a la libertad, lo que da lugar a la concesión de la tutela, con la expresa aclaración que no se analizó el fondo de la situación jurídica, tampoco corresponde disponer la libertad de la impetrante de tutela, la que debe ser considerada por la autoridad demandada, además aplicando un juzgamiento con perspectiva de género al existir en el presente caso una víctima mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.
Con relación al derecho a la defensa, solo fue citado, sin explicar cómo fue vulnerado por lo que corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 35/2022 de 4 de noviembre -siendo lo correcto 9 de noviembre-, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y con la expresa aclaración que no se analizó el fondo, ya que la misma debe ser resuelta en la vía ordinaria, con la aplicación del juzgamiento con perspectiva de género, dada la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. 2° DENEGAR la tutela en relación al derecho a la defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la
éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0381_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): d5a1fc92887467e18b267ad00439ca2eacb7412cf43ad05469e1b549877a26b3
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