Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad física o de locomoción; puesto que, en aplicación del art. 39 de la Ley 2298, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libre mandamiento de libertad definitiva por haber cumplido su condena dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado en grado de complicidad; sin embargo, por Informe de 27 de agosto de 2022, el Secretario de ese Juzgado, señaló que el memorial presentado no correspondería al proceso penal con NUREJ: 201609166 ni a ningún otro proceso cursante en ese Juzgado relacionado con el accionante; asimismo, la certificación emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dio cuenta de la inexistencia del proceso y de los datos del condenado; lo que provocó una flagrante vulneración a su derecho a la libertad, ya que, conforme a lo señalado en el Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de ese departamento, quien suplía a ese Juzgado, la privación de libertad era por cuatro años, teniendo como fecha de cumplimiento el 19 de noviembre de 2020; empero, “a la fecha”, transcurrieron más de dos años desde que cumplió la pena impuesta y continúa privado de su libertad indebidamente al no contar con un control jurisdiccional, debido a que sería el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien debía atender su solicitud, no obstant…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04 de 18 de febrero de 2023, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y la determinación asumida por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0377/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54508-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04 de 18 de febrero de 2023, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elia Ivete Morales Villegas en representación sin mandato de Gerardo Velarde Soliz contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 27 vta., manifestó lo siguiente:
El 25 de agosto de 2022, conforme el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, solicitó ante la Jueza Decimotercera de Instrucción Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz, se libre mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena; pedido que mereció el Informe de 27 del citado mes y año, emitido por el Secretario del señalado Juzgado en cumplimiento al decreto de “26” -27-del mismo mes y año, a través del cual indicó que dicho memorial no correspondería al proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ): 201609166 ni a ningún otro proceso penal cursante en ese Juzgado; asimismo, se señaló que revisados todos los procesos y en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ) que se conocieron en el citado Juzgado, desde el 13 de marzo de 2013, hasta “la fecha” no se encontraba como sujeto o parte procesal en algún proceso.
Posteriormente el 21 de octubre de 2022, la autoridad judicial emitió Oficio con “CITE:-SPDP/DDSC/EIMV N° 001/2022”, por el cual solicitó al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, informe o certifique si en la base de datos o archivos de ese Tribunal Departamental existe algún registro del proceso penal seguido contra su persona -accionante- por el delito de robo agravado en grado de complicidad en la gestión 2016, y se certifique en qué tribunal o juzgado se encontraría radicado en la actualidad dicho expediente; en respuesta se tuvo la Certificación con Cite: TDJ-JSJ-CERT. 2071/2022 de 1 de noviembre, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, en el cual se informó que no se encontraba registrado en Sistema Informático IANUS los datos de su persona -accionante-, lo que denota una flagrante vulneración al derecho a la libertad, debido a que conforme a lo enunciado en el Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, librado por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, la condena a cumplir fue por el plazo de cuatro años, teniendo como fecha de cumplimiento el 19 de noviembre de 2020; sin embargo, a “la fecha” transcurrieron más de dos años, desde que cumplió la pena impuesta; empero, aún continúa privado de su libertad indebidamente al no contar con un control jurisdiccional “aperturado”; ya que, conforme a los datos del referido Mandamiento de Condena quien tendría el control jurisdiccional en primera instancia sería el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del citado departamento, no obstante la audiencia en la que fue sentenciado es en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del referido departamento en suplencia legal del Juzgado antes mencionado, desconociéndose a la fecha el paradero del expediente el cual no contaría con un número de identificación, y tendría un NUREJ equivocado; aspectos que lo dejan en completa indefensión, al no tener a dónde acudir para solicitar que se libre el correspondiente mandamiento de libertad por condena cumplida, transgrediéndose lo previsto por el art. 39 de LEPS, que establece que el interno será liberado sin que sea necesario trámite alguno, cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad física o de locomoción; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se declare procedente la acción de libertad reparadora; y, en consecuencia, se disponga conminar al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que de manera inmediata libre mandamiento de libertad por cumplimiento de condena.
Celebrada la audiencia pública el 18 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 61, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a que no cursa en obrados la citación a dicho Juez; empero, en audiencia de acción de libertad se informó sobre su legal citación.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04 de 18 de febrero de 2023, cursante de fs. 61 a 63, concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Que el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital de dicho departamento, dentro del plazo de veinticuatro horas desde su notificación, inicie el proceso de reposición con la documentación presentada por el accionante en la acción de defensa y remita al Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del referido departamento, quien tenía el control jurisdiccional desde el inicio de la investigación, con la finalidad que ese Juzgado proceda a crear dentro del plazo de veinticuatro horas un Código en el SIREJ, para que las partes procesales puedan presentar -lo que corresponda- y se remitan antecedente ante -el Juez- de Ejecución Penal y demás actuados necesarios; y, b) En caso de así corresponder al Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del señalado departamento, se emita el correspondiente mandamiento de libertad sobre la base de la documentación presentada por el accionante, dentro de las veinticuatro horas. Todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, respecto a la flexibilización de la prueba y la aplicación del principio de presunción de veracidad, establece que se tendrán como probados los extremos denunciados cuando las autoridades accionadas no desvirtúen los hechos demandados, lo que concurre cuando no obstante de su legal notificación no comparecieron a la audiencia y no presentaron su informe; 2) De la revisión de la documentación presentada por el accionante, se tiene el Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, emitido por Carlos Martín Camacho Chávez -entonces Juez de Instrucción Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz-, quien se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital de ese departamento, en el que se dispuso la detención del accionante en el Centro Penitenciario Palmasola de dicho departamento; 3) Existe un certificado de permanencia de conducta del accionante que señala que éste se encuentra en el citado Centro Penitenciario por el tiempo de cinco años, seis meses y cuatro días a la fecha de 23 de mayo de 2022, y el memorial presentado de solicitud de libertad definitiva al Juez de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del señalado departamento con NUREJ 201609166; sin embargo, se dispuso que por Secretaría se informe sobre si sería cierto que el accionante se encontraría recluido por más de cinco años a causa de un mandamiento de condena librado en su oportunidad por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de dicho departamento en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del indicado departamento; 4) Del informe emitido por Secretaría del referido Juzgado, se tiene que se habría verificado y certificado que el accionante no sería parte del proceso penal y que en actuados no cursa memorial o requerimiento alguno que acredite que el nombrado sea parte del proceso o que se hubiese apersonado, y que su nombre no se encuentra dentro del proceso penal con NUREJ 201609166, ni en ningún otro proceso cursante en dicho Juzgado; sin embargo, de la carátula del SIREJ se tiene que los datos del accionante cursarían en el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; empero, corresponde a un proceso de robo en la que la querellante sería Lucy Arroyo Choque y el imputado Daniel Paz Poquivique; 5) La certificación emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, dio a conocer que de los datos buscados en el Sistema Informático IANUS hasta el 16 de septiembre de 2012, no estarían registradas en dicho Sistema los del accionante; y, 6) “del mandamiento de libertad” se puede establecer que el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital de ese departamento se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del mencionado departamento, y en aplicación del principio de presunción de veracidad, se pudo asumir que el IANUS que figura para el proceso en el mandamiento de libertad que sería el 201609166 corresponde ser revisada de acuerdo a la documentación presentada por el accionante como la vertida por ese Tribunal de garantías, al haberse evidenciado que corresponde a otro proceso penal y otras personas, así de acuerdo a la fecha del Mandamiento de Condena que sería del 19 de noviembre de 2016, recaía a un día sábado, estando en suplencia legal el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital de ese departamento; por lo que, de la prueba presentada por el accionante no existe antecedentes del proceso tanto en el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero como en el Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la Capital del referido departamento, contándose solamente con la documentación que cursa en el Kardex del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, presentada por el accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, emitido por Carlos Martín Camacho Chávez, entonces Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del mismo departamento; por el cual se mandó y ordenó al Director del Centro Penitenciario Palmasola de esa misma ciudad, poner en calidad de detención formal al condenado Gerardo Velarde Soliz, -ahora accionante-dentro del proceso penal con IANUS 201609166, seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad (fs. 1). II.2. Consta Certificación de Permanencia y Conducta de 23 de mayo de 2022, emitida por la División de Filiación D.E.P. “Recinto Varones” a solicitud escrita de la Directora Departamental del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), señalando que el accionante, registraría antecedentes de reclusión por tercera vez; teniéndose como fecha de su tercer ingreso el 19 de noviembre de 2016, a consecuencia de un mandamiento de condena de cuatro años de presidio, librado esa misma fecha, ordenado por Carlos Martín Camacho Chávez, entonces Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del mismo departamento, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado en grado de complicidad con IANUS 201609166 (fs. 2 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, ante el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante solicitó, se libre mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena en su favor (fs. 3 a 4).
II.3.1. Cursa decreto de 27 de agosto de 2022, mediante el cual la Jueza Decimotercera de Instrucción Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz, indicó que en atención al memorial e informe que anteceden, por Secretaría se habría verificado y certificado que el accionante, no sería parte del proceso penal y que en actuados no cursaría memorial o requerimiento alguno que acredite que sea parte de dicho proceso en algún momento o se hubiese apersonado o fuera parte o sujeto procesal, tanto en el cuaderno procesal, ni mucho menos en el SIREJ; además, de no corresponder los datos del nombrado con los del proceso con NUREJ 201609166, ni a ningún otro proceso cursante en el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del referido departamento desde su creación; indicando en consecuencia, que el accionante tendría que acudir ante la autoridad quien conozca y tuviese competencia de su proceso penal o en su defecto a la persona responsable de la emisión del mandamiento de condena (fs. 5). II.4. Mediante Nota presentada el 24 de octubre de 2022, ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Director Departamental a.i. del SEPDEP Santa Cruz, solicitó informe y/o certificación, si en la base de datos o archivos de ese Tribunal Departamental existía algún registro del proceso penal seguido contra el accionante por el delito de robo agravado en grado de complicidad de la gestión 2016, y se certifique qué juzgado o tribunal conoció dicho proceso penal seguido contra el nombrado y dónde se encontraría radicado en la actualidad el expediente (fs. 7 a 8). II.5. Cursa Nota con Cite: TDJ-JSJ-CERT. 2071/2022 de 1 de noviembre, emitida por el Jefe de Servicios Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la cual se certificó que el accionante, contaría con procesos de demandas en el Distrito de Santa Cruz, destacando que de los datos buscados en el Sistema Informático IANUS que habrían sido revisados hasta el 16 de septiembre de 2012, y a partir del 17 de ese mes, no se encontraron registradas en el Sistema Informático, las causas nuevas ingresadas a los “…JUZGADOS 5to. De Instrucción Penal Cautelar - 7mo. De Instrucción Penal Cautelar, y 9no. De Instrucción Pernal Cautelar, debido a la desconcentración de los mismos a las Casas Judiciales en los Distritos: 05, 10 y 12 de la Capital.
Así mismo, debido al traslado de los JUZGADOS 1ro de Sentencia Penal - 7mo de Instrucción Civil y Comercial, ambos de la Capital al Centro de Seguridad Integral del Distrito 10 (…). A partir de fecha 27 de Febrero de 2014, ya no se encuentran registros de causas. De igual manera para el Juzgado 7mo de Instrucción de Familia de la Capital con desconcentración a la Casa de Justicia de la Pampa de la Isla, (…).
Además de Juzgados Mixtos del Plan Tres Mil, Juzgado 11vo. De la Villa 1ro. De y Provincias, NO se encuentran registrados en el Sistema Informático IANUS” (sic [fs. 11]). II.6. Mediante Informe de 27 de agosto de 2022, dirigido a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, el Secretario de ese Juzgado, en cumplimiento de lo dispuesto por decreto de 27 de igual mes y año, informó que: i) De la revisión del cuaderno procesal con NUREJ 201609166, en dichos actuados el accionante, no sería parte del referido proceso penal, no cursaría actuado alguno en el que el nombrado en algún momento se hubiese apersonado o fue parte o sujeto procesal, tanto en el cuaderno procesal, y menos en el SIREJ; ii) En el proceso penal con NUREJ 201609166, se encuentra como único imputado Erwin Daniel Paz Poiquiviqui y no así el accionante, ni como víctima o denunciante; iii) El memorial presentado por el accionante, no corresponde al proceso penal con NUREJ 201609166, ni a ningún otro proceso cursante en el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; iv) De la revisión de todos los procesos y del SIREJ que se conocieron en ese Juzgado desde su creación el 13 de marzo de 2013, “hasta la fecha”, el accionante no estuvo como sujeto o parte procesal en algún proceso que conoció ese Juzgado -de Instrucción Penal Decimotercero-; y, v) Si bien se presentó junto al memorial un Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, expedido por Carlos Martín Camacho Chávez, entonces Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del referido departamento, quien se encontraba en esa fecha en suplencia legal de ese Juzgado, “…puede ser de qué forma errónea hubieran insertado al momento de hacer el mandamiento de condena datos de los procesos que conocía e su juzgado y no así en este juzgado” (sic. [fs. 10 y vta.]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad física o de locomoción; puesto que, en aplicación del art. 39 de la Ley 2298, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libre mandamiento de libertad definitiva por haber cumplido su condena dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado en grado de complicidad; sin embargo, por Informe de 27 de agosto de 2022, el Secretario de ese Juzgado, señaló que el memorial presentado no correspondería al proceso penal con NUREJ: 201609166 ni a ningún otro proceso cursante en ese Juzgado relacionado con el accionante; asimismo, la certificación emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dio cuenta de la inexistencia del proceso y de los datos del condenado; lo que provocó una flagrante vulneración a su derecho a la libertad, ya que, conforme a lo señalado en el Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de ese departamento, quien suplía a ese Juzgado, la privación de libertad era por cuatro años, teniendo como fecha de cumplimiento el 19 de noviembre de 2020; empero, “a la fecha”, transcurrieron más de dos años desde que cumplió la pena impuesta y continúa privado de su libertad indebidamente al no contar con un control jurisdiccional, debido a que sería el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien debía atender su solicitud, no obstante la audiencia en la que se lo sentenció fue en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital de ese departamento en suplencia legal de dicho Juzgado, desconociéndose a “la fecha” el destino del expediente el cual no contaría con un número de identificación, y tendría un NUREJ equivocado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La naturaleza jurídica de la acción de libertad; b) Procedencia de la acción de libertad reparadora por prisión indebida; c) Efectos del cumplimiento de la condena; d) De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho alegado por el accionante; y, e) Análisis de caso concreto.
La SCP 0095/2020-S1 de 20 de julio, señala que: “El art. 125 de la CPE instituye la acción de libertad señalando que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Asimismo, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que:
La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. En cuanto a la procedencia de esta acción tutelar el art. 47 del CPCo establece que: ʽLa Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personalʼ.
Conforme lo desarrollado se tiene que la Norma constitucional citada, así como las disposiciones legales referidas, con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, prevén la activación de acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, que tiene como objetivo principal proteger y restablecer los derechos fundamentales a la libertad personal y a la vida cuando se encuentre en peligro, así como los derechos a la integridad física, la libertad de locomoción y el debido proceso cuando éste se encuentre directamente vinculado con la libertad personal. Los presupuestos a los que alcanza esta acción de defensa, están instituidos en el art. 125 de la CPE, sobre los que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance y finalidad en su protección con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, configurándolo como un mecanismo oportuno, eficaz e inmediato para la protección de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección. Para cumplir con este objetivo, las características que diseñan su naturaleza son la sumariedad, celeridad, inmediatez en la protección e informalismo que la hacen expedita y oportuna. Entendimiento que fue asumido en la SCP 0990/2019-S1 de 9 de octubre” (las negrillas son nuestras).
La SCP 2215/2012 de 8 de noviembre, establece que: “Conforme a la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que a su vez cita la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, que refiere que en ʽ…el hábeas corpus reparador es necesario que se hubiere configurado una situación de privación de libertad física ilegal por haber sido dispuesta al margen de los casos previstos por la ley y/o incumpliendo los requisitos y formalidades de ley. En la nueva configuración constitucional este tipo de hábeas corpus está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hacen referencia a los casos en que la persona considere que es indebidamente privada de libertad personalʹ. En este contexto, el legislador en desarrollo de la acción de libertad, en el art. 46 del CPCo, referido al objeto, señaló: ʽLa Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligroʼ. En ese marco, una de las formas de apresamiento indebido o prisión indebida es cuando se incumple lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298- de 20 de diciembre de 2001, en su art. 39, dispone que: ʽCumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondanʹ.
Al respecto, la SC 0676/2005-R de 16 de junio, en un caso análogo al caso que se examina, en la que el accionante solicitó la tutela de su derecho fundamental a la libertad física, denunciando que fue vulnerado por la Juez Primero de Ejecución Penal debido a que no resolvió con prioridad su solicitud de libertad por cumplimiento de condena, el Tribunal Constitucional anterior, abrió la procedencia del entonces habeas corpus contra prisión indebida. Señaló: ʽ…dentro de las acciones contra las que procede hábeas corpus está la prisión ilegal, entendida como aquella privación de libertad que, habiéndose impuesto por autoridad competente y conforme a ley, se prolonga de manera indebida o ilegal más allá de los límites establecidos por una actuación negligente o apartada del ordenamiento jurídico de la autoridad encargada de poner en libertad al preso; en tales situaciones no es posible exigir al titular del derecho lesionado que acuda a las vías jurisdiccionales previstas por ley, ya que ello prolongaría aún más el tiempo de la privación de libertad, por lo que en esas situaciones corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática; ese es el caso de la problemática planteada en el presente hábeas corpus, por lo que este Tribunal ingresa al resolver dicha problemática en el fondo.
Luego, la misma Sentencia, concedió la tutela con los siguientes fundamentos relevantes, que se pasan a sintetizar: a) Reconoció la competencia del Juez de Ejecución Penal para librar mandamiento de libertad, una vez cumplida la condena, a partir de las atribuciones de los jueces de ejecución penales previstas en el art. 55 del CPP y art. 19.7 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), de controlar la ejecución de las sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución, así como de lo dispuesto en el art. 428 del CPP, que dispone: Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el Juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecuciónʼ; imponiéndole el deber de ordenar inmediatamente la libertad del condenado; y, b) Determinó que la prolongación de la restricción de la libertad física más allá del tiempo dispuesto en sentencia, desconoce el sistema de valores y garantías constitucionales y, por ende procede el hábeas corpus por prisión indebida, debido a que la restricción a la libertad personal se prolonga de manera indebida más allá de los límites establecidos, por una actuación negligente o apartada del ordenamiento jurídico del Juez de Ejecución penal, autoridad encargada de poner en libertad al preso, desconociendo lo dispuesto en el art. 39 de la LEPS.
En el mismo sentido, existen otras sentencias constitucionales. Así la SC 0172/2007-R de 23 de marzo, en la que pese haberse concedido beneficio de libertad condicional, no se libró mandamiento de libertad condicional oportunamente. Del mismo modo la SC 1052/2004-R de 6 de julio, subrayó que se somete al condenado a un apresamiento indebido, cuando no obstante haber sido cumplida la pena, se antepusieron formalidades procesales, prorrogando la condena privativa de libertad más allá de lo impuesto.
Otra resolución emitida por este Tribunal, con supuestos fácticos análogos, es la contenida en la SCP 0553/2012 de 20 de julio, en la que el accionante denunció que el Juez de Ejecución Penal no emitió mandamiento de libertad, demorando su emisión a pesar de haber cumplido una determinada fecha la condena de dos años que se le impuso, encontrándose recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción para menores imputables ʽQalaumaʹ, luego de haber dispuesto que se emita un informe de cómputo de la pena cumplida, señaló una audiencia oral y pública para considerar su pedido. El Tribunal Constitucional, aprobó la concesión de la tutela solicitada que dispuso que en el día se efectivice el mandamiento de libertad expedido por el Juez de Ejecución Penal, con el fundamento jurídico que el Juez de ejecución penal no obstante conocer que la pena se había cumplido en su totalidad a través del informe de cómputo o liquidación de pena cumplida emitido por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal y la petición del accionante de que se emita el mandamiento de libertad, fijó innecesariamente una audiencia para 19 de igual mes y año para su consideración, en aplicación al art. 432 del CPP, dilatando así, la emisión de mandamiento de libertad del representado de la accionante” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
La SCP 0193/2024-S4 de 4 de junio, señala que: “Por disposición del art. 19 de la Ley de ejecución Penal y Supervisión (LEPS), ‘El Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución’, concordante con el art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone los siguiente, ‘Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo: 1) El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados’; por otro lado, el art. 39 de la LEPS, dispone que: ‘Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno’, normativa de la cual se interpreta en relación a los jueces de ejecución penal que, ‘…su competencia se extiende a disponer la libertad del condenado que ha cumplido la pena, conforme lo entendió la SC 0676/2005-R de 16 de junio. Además, esa autoridad debe velar por el control del respeto de los derechos y garantías del privado de libertad, contenidas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos’ (SC 0082/2010-R de 3 de mayo).
En la misma línea de razonamiento y de manera más detallada, la SCP 1707/2013 de 10 de octubre, con relación a la labor de Juez de Ejecución Penal, sostuvo que: ‘…de lo establecido por los arts. 19.1 de la LEPS y 55.1 del CPP, le corresponde hacer un minucioso y permanente seguimiento de la situación de cada uno de los condenados que se encuentren bajo su control, y estar al tanto con precisión, de la fecha en que los indicados cumplan sus respectivas condenas, por lo que no deberá necesariamente esperar que el condenado que cumpla su condena le solicite expresamente mandamiento de libertad por esta circunstancia, sino que inclusive podrá disponerla de oficio, expidiendo el correspondiente mandamiento, previa constatación del efectivo cumplimiento de la condena y de que el condenado no se encuentre detenido por otra circunstancia, verificación que como se dijo, deberá ser realizada anticipadamente, de modo tal que cuando se cumpla el término de la condena, el interno pueda ser liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, como imperativamente establece el art. 39 de la LEPS, debiéndose prescindir de toda formalidad o trámite burocrático, bajo responsabilidad penal del juez e inclusive del secretario en su caso, puesto que de persistir la privación de libertad luego de cumplida la condena, ésta se convierte automáticamente en ilegal e indebida, conforme a las previsiones del art. 23.III de la CPE. En definitiva, cuando el precepto contenido en el art. 39 de la LEPS, manda que el interno que cumpla su condena, será liberado en el día, dicha disposición no sólo es aplicable para los directores de los establecimientos penitenciarios en cuanto a efectivizar el mandamiento de libertad, sino que vincula también a todos los operadores jurídicos, quienes deberán efectivizar la libertad del interno en el día, correspondiendo aclarar que el entendimiento plasmado anteriormente, constituye una modulación de la línea jurisprudencial antes citada”’ (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La SCP 0761/2024-S3 de 4 de septiembre, mencionando a la SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 255/01-R de 2 de abril de 2001, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001, la que la define señalando que ésta, debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción. En este contexto, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que estableció que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal sea ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales. Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo. Una de ellas está contenida en la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, que establece la posibilidad de ingresar de manera excepcional al análisis fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad física o de locomoción; puesto que, en aplicación del art. 39 de la Ley 2298, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, libre mandamiento de libertad definitiva por haber cumplido su condena dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de robo agravado en grado de complicidad; sin embargo, por Informe de 27 de agosto de 2022, el Secretario de ese Juzgado, señaló que el memorial presentado no correspondería al proceso penal con NUREJ: 201609166 ni a ningún otro proceso cursante en ese Juzgado relacionado con el accionante; asimismo, la certificación emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dio cuenta de la inexistencia del proceso y de los datos del condenado; lo que provocó una flagrante vulneración a su derecho a la libertad, ya que, conforme a lo señalado en el Mandamiento de Condena de 19 de noviembre de 2016, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de ese departamento, quien suplía a ese Juzgado, la privación de libertad era por cuatro años, teniendo como fecha de cumplimiento el 19 de noviembre de 2020; empero, “a la fecha”, transcurrieron más de dos años desde que cumplió la pena impuesta y continúa privado de su libertad indebidamente al no contar con un control jurisdiccional, debido a que sería el Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien debía atender su solicitud, no obstante la audiencia en la que se lo sentenció fue en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital de ese departamento en suplencia legal de dicho Juzgado, desconociéndose a “la fecha” el destino del expediente el cual no contaría con un número de identificación, y tendría un NUREJ equivocado. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que Carlos Martín Camacho Chávez, entonces Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del mismo departamento, emitió Mandamiento de Condena el 19 de noviembre de 2016, contra el accionante, mediante el cual se ordenó al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, poner en calidad de detención formal al nombrado dentro del proceso penal con IANUS “201609166” seguido por el Ministerio Público por la comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad. Asimismo, de la Certificación de Permanencia y Conducta de 23 de mayo de 2022, emitida por la División de Filiación D.E.P. “Recinto Varones” a solicitud escrita de la Directora Departamental del SEPDEP, se evidencia que el accionante, registraría antecedentes de reclusión por tercera vez, teniéndose como fecha de su tercer ingreso el 19 de noviembre de 2016, a consecuencia, de un mandamiento de condena de cuatro años de presidio, librado en esa misma fecha, ordenado por Carlos Martín Camacho Chávez, entonces Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del mismo departamento. De igual manera se tiene que el accionante, el 25 de agosto de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, proceda a librar mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena en su favor, señalando que se encontraba detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de ese departamento, desde el 19 de noviembre de 2016; por lo que, hasta esa fecha llevaría recluido más de cinco años, habiendo sobrepasado la pena que le fue impuesta. Ante esa solicitud, la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por decreto de 27 de agosto de 2022, señaló que se verificó que el condenado -accionante-, no sería parte del proceso penal y que en actuados no cursaría memorial o requerimiento alguno que acredite que sea parte de ese proceso en algún momento o se hubiese apersonado o fuese parte o sujeto procesal, tanto en el cuaderno procesal, así como en el SIREJ; además, de no corresponder los datos del nombrado con los del proceso con NUREJ 201609166, ni a ningún otro proceso penal cursante en el referido Juzgado de Instrucción Penal Decimotercero, desde su creación, indicando en consecuencia, que el solicitante tendría que acudir ante la autoridad quien conociese y tuviese competencia de su proceso penal o en su defecto a la persona responsable de la emisión del mandamiento de condena. De igual manera, se tiene de antecedentes que el Secretario del Juzgado Instrucción Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, elevó informe de 27 de agosto de 2022, ante la Jueza del mismo Juzgado, en el que informó que revisado el cuaderno procesal con NUREJ 201609166, el accionante, no sería parte de ese proceso penal, que el memorial presentado por el nombrado no correspondería al señalado proceso penal, ni a ningún otro proceso cursante en ese Juzgado; y de la revisión de todos los procesos y del SIREJ que se conocieron en ese Juzgado desde su creación el 13 de marzo de 2013, hasta la fecha, el accionante no habría sido sujeto o parte procesal en algún proceso que conoció ese Juzgado; señalando igualmente que de manera errónea se podía haber consignado al momento de emitir el mandamiento de condena, datos de procesos que conocía el Juzgado en suplencia de ese Juzgado. Ahora bien, de los antecedentes descritos precedentemente se puede establecer que el accionante, busca la tutela a su derecho a la libertad física o de locomoción, debido a que habiendo cumplido su condena y excedido el tiempo que le fue impuesta la misma, no se habría librado el mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, debido a que en su caso no existiría control jurisdiccional; al respecto cabe señalar que si bien el Juez ahora accionado; no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni presentó informe sobre el caso, pudiendo otorgar credibilidad a todo lo señalado por el accionante en aplicación del principio de presunción de veracidad; sin embargo, de acuerdo a los datos del proceso y los informes que fueron descritos precedentemente, no se conocería con certeza el Juzgado en el que se encontraría el proceso penal del accionante. Sin embargo a ello, no se puede hacer abstracción, de que resulta de lo más evidente que el accionante, ya cumplió la condena asumida en la audiencia de procedimiento abreviado de 19 de noviembre de 2016, conforme lo señaló el Mandamiento de Condena de esa fecha, cursante a fs. 1; lo que suscitó que solicitara que una autoridad jurisdiccional emita el mandamiento de libertad correspondiente, más aun si se encuentra privado de libertad de manera ilegal e indebida habiendo sobrepasado el tiempo de cuatro años a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; en este acápite, es preciso señalar que de conformidad a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, una vez cumplida la condena por cualquier persona, los Jueces de Ejecución Penal tienen -entre otros- la facultad de librar el mandamiento de libertad correspondiente de manera inmediata en favor del condenado, conforme sus atribuciones señaladas en los arts. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 19.7 de la LEPS; resultando por ello, que la prolongación de restricción a la libertad física determinada más del tiempo dispuesto en sentencia, vulnera de sobremanera las garantías constitucionales y desconoce lo establecido por el art. 39 de la referida Ley. En ese sentido y siendo que el accionante no acudió ante ningún Juez de Ejecución Penal para hacer efectivo el mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; sin embargo, habiéndose establecido de manera concreta la concurrencia de la vulneración del derecho a la libertad física o de locomoción del accionante, corresponde prescindir ante la flagrante vulneración de ese derecho de la legitimación pasiva en la presente acción de libertad, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, lo que permite ingresar de manera excepcional al análisis de fondo de la presente acción de libertad, no obstante de no haber sido dirigida contra la autoridad judicial que ostenta dicha legitimación.
Efectuada la aclaración, se debe recordar que por disposición del art. 19 de la LEPS, los Jueces de Ejecución Penal son competentes para conocer y controlar, todo lo relacionado con la ejecución penal de sentencias condenatorias ejecutoriadas, que impongan penas o medidas de seguridad y los incidentes que se produzcan durante su ejecución; facultad que se encuentra relacionada con lo previsto por el art. 39 de esa misma Ley, que establece que cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin trámite alguno; debiendo esa autoridad judicial en el ejercicio de su competencia disponer la libertad del condenado que cumplió la pena, correspondiendo igualmente, cuidar y velar por la preminencia de los derechos y garantías de la persona que se encuentre privada de libertad con base a la Norma Suprema y el derecho convencional; ya que, la norma le impele a realizar un minucioso y permanente seguimiento de la situación de cada uno de los condenados que se encuentren bajo su control, lo que implica que deba estar al tanto con precisión de la fecha en la que un condenado cumpla con su condena, no siendo necesario esperar una solicitud expresa de mandamiento de libertad, pudiendo incluso disponerla de oficio y expedir el correspondiente mandamiento de libertad, debiendo simplemente constatar el cumplimiento efectivo de la condena y que el condenado no se encuentre detenido por otras condiciones; situación que debe ser verificada con anticipación con la finalidad de que una vez que se cumpla el tiempo establecido como condena, el condenado pueda asumir su libertad en el día sin necesidad del cumplimiento de formalismos procesales; todo ello, bajo el criterio de que cumplida la condena y continuada la privación de libertad, la misma se convierte automáticamente en indebida e ilegal. Bajo ese criterio, corresponde en el caso de examen conceder la tutela solicitada bajo la acción de libertad reparadora por prisión indebida, que incluso prescinde de la aplicación excepcional del principio de subsidiariedad en la acción de libertad, pudiendo la parte acudir de manera directa para obtener la protección de su derecho a la libertad física o de locomoción sin ser antes necesario acudir a otras instancias ordinarias; en ese sentido, en el caso de análisis, correspondía que todas las autoridades que conocieron el caso del accionante y que emitieron los informes correspondientes, actuar de manera diligente y reponer el legajo procesal a efecto de que se viabilice la solicitud del accionante y de esa manera obtener su libertad ante el cumplimiento de su condena, y si bien la autoridad judicial quien debió concretizar el derecho a la libertad física y de locomoción no fue accionada en la presente acción de defensa, no es menos evidente que las autoridades judiciales fueron, advertidos de la inexistencia de datos del proceso penal del accionante, realizar las gestiones necesarias para que el nombrado obtenga su libertad de manera inmediata, y no estar sujeto a aspectos administrativos y formales, que pudieron ser subsanados de manera rápida y diligente. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04 de 18 de febrero de 2023, cursante de fs. 61 a 63, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y la determinación asumida por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0377_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4b0ebf36e7450e25a4b4b249ea078080dfdde202152c0b145a2a4911d874e27d
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