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SCP 0377/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45334-2022-91-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela, a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad personal; toda vez que, ante la emisión del requerimiento conclusivo de Sobreseimiento a su favor y posterior ratificación por Resolución Jerárquica emitida por el Fiscal Departamental; puesto, a conocimiento de la autoridad jurisdiccional ahora demandada, ésta no providenció el mismo y menos ordenó la notificación correspondiente a las partes; generando que, se mantenga con las medidas personales dispuestas en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0377/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45334-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Iván Reynolds Calderón en representación sin mandato de Carlos Wilber Mérida Arce y Betty Eva Carrasco Choque contra Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de enero de 2022, cursante de fs. 1; y, 32 a 37 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Penal Cuarto del mencionado departamento –ahora demandado–, dispuso su detención domiciliaria y otras medidas de carácter personal. El 13 de abril de 2021, el Fiscal de Materia emitió Resolución de Sobreseimiento; sosteniendo que, las pruebas recolectadas dentro del proceso investigativo no fueron suficientes para fundar acusación fiscal en contra de los imputados. En ese contexto procesal, el 8 de noviembre del citado año, fue emitida por el Fiscal Departamental de Cochabamba, la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R.-I.S. 474/2021; por la cual, se ratifica el sobreseimiento dispuesto con antelación, así también se ordena que se ejerzan los trámites administrativos pertinentes al efecto;

este actuado procesal fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional en fecha 1 de diciembre de 2021, por el Fiscal de Materia asignado al caso; sin embargo, a la fecha –se entiende de presentación de la acción tutelar el 17 de enero de 2022–, no existe la notificación pertinente por la autoridad jurisdiccional, menos aún proveído o auto alguno al respecto; por ello sostienen que, al estar la problemática vinculada con su derecho a la libertad, existe la vulneración de sus derechos fundamentales; pues, aún se mantiene la detención domiciliaria dispuesta en su contra además de otras medidas cautelares impuestas; por ello, y habiendo ya trascurrido casi dos meses, desde que se confirmó el sobreseimiento del cual fueron beneficiados, la autoridad jurisdiccional demandada no resuelve su situación jurídica, ante ello plantearon la acción tutelar en resguardo de sus intereses.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, señalaron como lesionado su derecho a la libertad personal, “vinculado al principio de celeridad”, citando al efecto los arts. 22; 23.I y III; 115.II; y, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron a través de su representante sin mandato, se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene al Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba hoy demandado, de forma inmediata resuelva el fondo de la petición de levantamiento de las medidas cautelares impuestas y la cancelación de sus antecedentes.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de enero de 2022, según consta el acta cursante de fs. 62 a 64, presentes los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los solicitantes de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, ratificaron in extenso la acción de defensa y en el desarrollo de la audiencia, añadieron lo siguiente: a) El 10 de enero de 2022 y ante la ausencia de la notificación con la Resolución Jerárquica de parte de la autoridad jurisdiccional se “fue consultando” –se entiende en sede del despacho judicial– los motivos de la demora, denostándose que la dilación aparentemente se debía a la interposición de un memorial de apelación de parte suya; mismo que, fue presentado para modificar las medidas cautelares impuestas; aclarando que, ello fue presentado antes del conocimiento de la confirmación del sobreseimiento del cual, fueron beneficiados sus representados, ante ello se produjo el retiro de la apelación cuestionada a través de un memorial, en la misma fecha se presentó otro memorial fruto de la emisión de la Resolución Jerárquica ut supra señalada solicitando el levantamiento de las medidas impuestas y la cancelación de los antecedentes penales que correspondan de conformidad al art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo a la fecha –de presentación de la acción de libertad– no se efectuó pronunciamiento alguno a los memoriales presentados por su parte; pidiendo en suma se resuelva el fondo del asunto citando a su vez Sentencia Constitucional Plurinacional 0230/2021-S2 de 8 de junio, que debe ser considerada a momento de la “interpretación” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Andrés Arias Pereira, Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, en audiencia manifestó lo siguiente: 1) Resultan ser evidentes los fundamentos esgrimidos por “Jorge Reynolds” –representante sin mandato de los accionantes–, pues en fecha 18 de enero de 2022 a horas 12:28 se remitió a su despacho los memoriales de 29 de noviembre de 2021 y de 10 de enero de 2022, a los cuales hizo referencia los solicitantes de tutela; habiéndose resuelto ambos y disponiéndose dejar sin efecto cualquier medida cautelar dispuesta en la presente causa; del mismo modo, se ordenó la notificación a las instancias pertinentes para que se efectúen los trámites administrativos que correspondan; 2) En atención a la emisión de los decretos correspondientes; se tiene que, la acción presentada resulta ser maliciosa; pues, resulta que la supuesta demora se debe a la remisión tardía de actuados en sede Fiscal; de tal modo, no se toma en cuenta o considera la vacación judicial en la que se hallaba ese despacho, pues del 7 al 31 de diciembre de 2021, no se tenía una atención normal al público litigante; 3) Es de conocimiento público las recargadas labores que tienen todos los Juzgados, en especial los de Instrucción Penal; por ende, ello repercute en la mora procesal; aspecto que, no constituye una violación de derechos o retardación de justicia como maliciosamente se manifiesta; aclarando que, los accionantes no se encuentran precisamente privados de libertad, pues no se encuentran detenidos y únicamente tuvieron como medida cautelar detención domiciliaria sin custodia policial entre otras; además, no se considera que los imputados ya gozaban de su libertad a momento de conocer la emisión de la Resolución Jerárquica que confirmó el sobreseimiento; y, 4) Conforme el art. 56.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las providencias de mero trámite podrían haber sido realizadas por la secretaria-abogada de ese despacho; motivo por el cual, no se vulneró –se infiere que refiere de parte de él– su libertad (de los accionantes); por lo que, pide se rechace la acción tutelar planteada; del mismo modo no se toma en cuenta las bajas médicas suscitadas en su despacho a causa del COVID-19; aspecto que, hizo que se incremente la mora procesal lo cual no es atribuible al juzgador ni a su personal; pues, además ya fue resuelta la problemática, el día de hoy se emitió pronunciamiento en relación al fondo del asunto.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 02/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 65 a 67 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que, se realicen las notificaciones correspondientes a efectos de poder ejecutar la determinación asumida respecto de la cancelación de todas las medidas decretadas en el caso que nos ocupa; bajo los siguientes fundamentos: i) Los impetrantes de tutela, versan su reclamo en la demora injustificada de parte de la autoridad recurrida, debido a la falta de respuesta los memoriales presentados por los mismos, al no existir respuesta a lo incoado desde hace cinco días, se denota la vulneración del derecho a la libertad personal descrita en los arts. 22; 23.I y II., de la CPE, vinculado además con el principio de celeridad previsto en los arts. 115.II y 119.I de la mencionada Norma Suprema; ii) Del análisis de la jurisprudencia constitucional descrita en la “SCP 1017/2012 de 5 de septiembre”, “SC 0465/2010-R de 5 de julio”, que desarrollaron los fundamentos del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, asimismo la “SCP 0230/2021-S2 de 8 de junio”, ha establecido los fundamentos respecto a la acción de libertad traslativa, por ende esta jurisprudencia determinó precisiones y reglas encaminadas a reparar demoras recurrentes en ciertas cuestiones procesales; iii) Después de establecer un resumen de toda la problemática antes descrita; y, respecto a la supuesta demora indebida de la autoridad hoy demandada; se debe tomar en cuenta, ciertas apreciaciones que resultan ser excusables a la misma, una de ellas resulta ser lo reglado por el art. 56 del CPP que señala de forma expresa que los secretarios o secretarias (de juzgados) pueden emitir providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia, en consecuencia los memoriales debieron ser proveídos por la secretaría de dicho despacho, o cuando menos se debió poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional en el día para su tratamiento, máxime si se trata de personas privadas de libertad, en el caso presente todo ello no aconteció y fue cabalmente a la fecha –se entiende en la fecha de celebración de la audiencia tutelar- que se remitió a conocimiento del Juez de mérito ambos memoriales y se pudo emitir el respectivo proveído al respecto; y, iv) Al margen de ello corresponde señalar que todo el sistema judicial en general atraviesa por una excesiva carga procesal; ante ello, y más allá de las responsabilidades que se tienen de parte de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, en relación a la emisión de providencias de mero trámite, existe corresponsabilidad del Juez de la causa; pues, este está imbuido de la autoridad del despacho y es el director de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se estableció lo siguiente: II.1. Mediante Acta de Audiencia de Consideración de Aplicación de Medidas Cautelares de fecha 13 de enero de 2020; la cual, se dispuso la detención domiciliaria y demás medidas cautelares de los hoy accionantes (fs. 5 a 9 vta.). II.2. A través de Memorial de Sobreseimiento I/63, emitido por el Fiscal de Materia asignado al caso, con Nurej 30231051; por el cual, decreta el sobreseimiento a favor de Carlos Wilber Mérida Arce y Betty Eva Carrasco Choque –ahora solicitantes de tutela–, en aplicación del art. 323.3 del Codigo de Procedimiento Penal (CP) [fs. 10 a 14 vta.].

II.3. Por Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. – I.S. 474/2021 de 8 de noviembre, en el cual el Fiscal Departamental de Cochabamba en revisión jerárquica, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 324 del CPP concordante con el art. 34 núm. 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) –Ley 260 de 11 de junio de 2012–, dispuso Ratificar la Resolución de Sobreseimiento de 13 de abril de 2021 en favor de los imputados –hoy impetrantes de tutela– (fs. 15 a 23 vta.). II.4. Cursa el Memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, por el Fiscal de Materia asignado al caso, informando a la autoridad jurisdiccional el resultado de la Resolución Jerárquica emitida, a fines de control jurisdiccional (fs. 24 vta.). II.5. Por Informe escrito de 18 de enero de 2022, presentado por Lizeth Drianda Vino Salas, Secretaría del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba; señalando que, la misma instruyó a la auxiliar de Juzgado remitir todos los memoriales de forma directa a despacho –se entiende del Juez que conoce la causa– a este respecto lamentablemente la misma se encontraba con baja médica por COVID-19; aspecto que, no permitió efectuar este trabajo pese a las instrucciones vertidas, al margen de ello tampoco informó respecto a los pendientes que habría dejado; a ello se suma que, su persona solicitó permiso sin goce de haberes para el día 17 de enero de 2022; siendo, este hecho de conocimiento pleno del Juez; concluye señalando que ya se puso en conocimiento a la fecha –18 de enero de 2022– los memoriales pendientes del caso que nos ocupa, por lo que, ella dentro del ejercicio de sus funciones no vulneró derecho alguno por los motivos y justificativos que hizo mención (fs. 61 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela, a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad personal; toda vez que, ante la emisión del requerimiento conclusivo de Sobreseimiento a su favor y posterior ratificación por Resolución Jerárquica emitida por el Fiscal Departamental; puesto, a conocimiento de la autoridad jurisdiccional ahora demandada, ésta no providenció el mismo y menos ordenó la notificación correspondiente a las partes; generando que, se mantenga con las medidas personales dispuestas en su contra. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, expresó el siguiente entendimiento: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.

Además, enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad…’” (Las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento

El Tribunal Constitucional Plurinacional, recogiendo entendimientos jurisprudenciales establecidos en numerosos fallos constitucionales, ha ido desarrollándolos y reconduciéndolos, como en la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, de la que se glosará lo pertinente a la problemática planteada, misma señaló que: “…establece un término brevísimo (art. 324 del CPP) para resolver la impugnación a un sobreseimiento que debe cumplirse porque los fiscales que tienen el deber de realizar sus actuados con la mayor diligencia y celeridad al encontrarse de por medio la libertad del accionante (SC 0214/2011-R) y si bien puede acudirse al juez cautelar para observar la falta de celeridad en las actuaciones de los Fiscales de Materia y los Fiscales Departamentales (SC 0833/2004-R de 1 de junio), la finalidad es otorgar certeza a su situación jurídica con la resolución de la impugnación del sobreseimiento, sin embargo, cuando el imputado se encuentra privado de su libertad una actuación negligente de dichas autoridades no puede perjudicar al imputado quien goza de presunción de inocencia y en definitiva no le es atribuible el referido incumplimiento de deberes.

Los principios de favorabilidad y proporcionalidad en la materia, deducidos del art. 23.I de la CPE, que establece: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales' y expresamente reconocido por el art. 7 del CPP, cuando sostiene que: ‘La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional. Cuando exista duda en el aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derecho o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste', impelen a adoptar una interpretación favorable a la libertad del imputado.

Si bien durante la tramitación a una impugnación a un sobreseimiento es posible solicitar la cesación a una detención preventiva (SC 0217/2005-R de 11 de marzo) por faltar uno de los requisitos contenidos en el art. 233.1 del CPP, como es 'La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o participe de un hecho punible', no existe argumento para mantener la detención preventiva de una o un imputado respecto al cual dicho elemento ya no concurriría, existe demora que no le es imputable en la resolución de una impugnación a un sobreseimiento y se reitera se presume inocente.

En consecuencia, sintetizando lo anteriormente desarrollado, corresponde precisar lo siguiente: 1) Una vez que el Fiscal inferior presenta el sobreseimiento al juez, ya sea como efecto de una impugnación o de oficio, deberá remitir dicho actuado dentro del plazo máximo de veinticuatro horas al Fiscal Departamental para su revisión, y el Fiscal Departamental, o superior jerárquico, una vez recibido el sobreseimiento deberá emitir su resolución de ratificación o de revocatoria al sobreseimiento, indefectiblemente dentro de los cinco días siguientes; y, 2) Una vez transcurrido el lapso señalado, sin que el Fiscal Departamental se haya pronunciado en cualquiera de sus formas, el juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído. Entendimiento que implica una superación de la SCP 0068/2012 de 12 de abril”. (Las negrillas son añadidas)

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho fundamental a la libertad personal; bajo el argumento que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, en su contra por la presunta comisión del delito de Estafa, el Fiscal de Materia emitió Resolución de Sobreseimiento el 13 de abril de 2021; misma que, fue Ratificada en revisión Jerárquica el 8 de noviembre del mismo año; este último actuado procesal fue presentado ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada a través de memorial por el Fiscal de Materia asignado al caso, el 1 de diciembre de 2021. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes; se evidencia que, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, emitió la Resolución de Sobreseimiento el 13 de abril de 2021 (Conclusión II.2), y que la misma mereció la emisión de la Resolución Jerárquica de Ratificación (Conclusión II.3); ante todo ello se denota también que la misma fue informada y presentada a la autoridad jurisdiccional en fecha 1 de diciembre de igual año (Conclusión II.4). La autoridad demandada, dentro de su informe vertido en audiencia señala que, la supuesta demora se debió a la remisión y resolución de actuados en sede Fiscal; igualmente indico que, no se tomó en cuenta, la vacación judicial en la que se hallaba su despacho; pues, del 7 al 31 de diciembre de 2021, no se tenía una atención normal al público litigante, del mismo modo puntualiza que es de conocimiento público las recargadas labores que tiene todos los Juzgados, en especial los de Instrucción Penal y además justifica su actuar en el marco de aplicación del art. 56.3 del CPP; pues, infiere que las providencias de mero trámite podrían haber sido realizadas por la Secretaria de dicho despacho, mas no fue así; por lo reiterado, se puede evidenciar que el Juez hoy demandado, pretende justificar su actuar en relación a la actuación de su personal de apoyo jurisdiccional y la recarga de labores que se tiene en todo el espectro judicial y en especial en materia penal, al respecto a los efectos del requerimiento conclusivo de sobreseimiento y su ratificación, es necesario aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2, pues cuando procesalmente la autoridad Fiscal ratifica el sobreseimiento el Juez a cargo del proceso, dispondrá de oficio o a petición de parte la libertad inmediata del imputado sobreseído, por supuesto previamente emitiendo al efecto la providencia de notificación que resulte pertinente, disponiendo su notificación a las partes; no obstante lo mencionado; corresponde aclarar que, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho.

De lo denunciado por los impetrantes de tutela; en lo que respecta, se encuentran menoscabado su derecho a la libertad; debido a que, el Juez ahora demandado no se pronunció sobre su situación jurídica de imposición de medidas personales; pese a contar con Resolución de sobreseimiento, de la revisión del expediente de la presente acción tutelar; se tiene que, la autoridad jurisdiccional demandada ante la presentación de Resolución de sobreseimiento que le fue hecha por la autoridad Fiscal, no emitió providencia alguna; por ende el Juez hoy demandado, al no realizar un seguimiento, ni tramitar la solicitud presentada por los accionantes con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, vulneró su derecho a la libertad; habida cuenta contra el mismo se tienen dispuestas medidas personales, de lo anteriormente descrito, se hace incuestionable que vulneró el principio de celeridad, comprendido en el art. 180.I de la CPE; así como, lo dispuesto en los arts. 54.1 y 279 del adjetivo penal, al no cumplir con su obligación de ejercer su rol de control jurisdiccional de la investigación; infringiendo su obligación de verificar de oficio o a solicitud de parte, el cumplimiento de plazos procesales, con la finalidad de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la libertad. Por consiguiente, resulta claro que entre la comunicación con la Resolución Jerárquica, hasta el día de la interposición de la presente acción de libertad, pasaron aproximadamente dos meses, y desde la presentación del memorial de parte en fecha 10 de enero de 2022 al 17 de enero de 2022, ya transcurrieron cinco días hábiles; lo que, indudablemente se constituye en una dilación indebida para resolver la situación jurídica de los ahora impetrantes de tutela; extremo que, se encuentra vinculado directamente con el derecho a su libertad; pues de acuerdo con el desarrollo contenido en la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2; se establece que, este tipo de decisiones judiciales deben ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad, para concretar precisamente el valor de la libertad; sin embargo, la autoridad demandada no obró conforme a esta jurisprudencia, tratando de justificar la negligencia en su pronunciamiento recién el día del desarrollo de la audiencia de la presente acción tutelar, y ni aún ese extremo presentó constancia de notificación a los solicitantes de tutela con alguna determinación judicial, ergo, dicha actitud es vulneratoria del derecho fundamental denunciado; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 18 de enero, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yvan Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0377_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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