B.IA.LEGAL

SCP 0376/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 28 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de junio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
50498-2022-101-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía de inamovilidad laboral; puesto que, el Consejo de la Magistratura a pesar de conocer su condición de progenitor, lo desvinculó de su fuente laboral mediante Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de 8 de noviembre, situación que subsistió no obstante de activar la etapa de impugnación en la vía administrativa y sin recibir respuesta alguna al recurso jerárquico planteado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 157/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Elvis Saravia Avalos ordenando al Presidente del Consejo de la Magistratura el pago de salarios devengados y el cumplimiento de las asignaciones familiares en dinero, hasta que el hijo de Elvis Saravia Avalos, nacido el 15 de julio de 2021, cumpla un año de edad; consiguientemente, se difieren los efectos del Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de 8 de noviembre, y la Resolución RR/DNR 40/2021 de 23 de noviembre, por el tiempo que corresponde a la garantía constitucional de inamovilidad laboral, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la reincorporación del accionante a su fuente laboral en el cargo de Técnico III, Chofer Mensajero con Ítem 1716, en atención a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores no reconoce condicionamiento
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0376/2024-S3 Sucre, 28 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 50498-2022-101-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 157/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elvis Saravia Avalos contra Marvin Arsenio Molina Casanova, Presidente del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 6 y 25 de mayo de 2022, cursante de fs. 14 a 17; y, 24 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 29 de mayo de 2018, ingresó a trabajar a la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, a través del Memorando CM-DIR.NAL RRHH 0719/2018 de asignación de funciones al cargo de Técnico III, Chofer Mensajero, con Ítem 1716. Posteriormente, cuando se encontraba prestando servicios por más de tres años en forma continua e ininterrumpida y sin cometer alguna falta grave durante su desempeño laboral, por Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de 8 de noviembre, de agradecimiento de servicios, fue desvinculado de la institución señalándole que fue una “instructiva desde Sucre”; no obstante, que el 8 de enero del mismo año, puso en conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, que su esposa se encontraba con once semanas de embarazo, solicitó a dicha institución que se reconozcan sus derechos, según establece el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009.

El 8 de noviembre de 2021, presentó impugnación contra el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021, sustentado la inamovilidad laboral de los progenitores del sector público y privado, solicitando se deje sin efecto el referido Memorando de desvinculación y se disponga la suspensión de sus efectos, en tanto se resuelva la impugnación. Posteriormente, el 3 de diciembre del mismo año, fue notificado en Secretaría de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, con la Resolución RR/DNR 40/2021 de 23 de noviembre, emitida por Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, en cuya parte resolutiva se confirmó el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021. El 7 de diciembre de 2021, interpuso recurso jerárquico contra la Resolución RR/DNR 40/2021, citando jurisprudencia constitucional que establece la protección de servidores públicos de libre nombramiento, progenitores a quienes corresponde la protección establecida por el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE). En el desarrollo de las impugnaciones, el 17 de noviembre de ese año, solicitó la reincorporación laboral ante la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la cual hizo conocer su desvinculación sin justo motivo, adjuntando la documentación de respaldo.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía de la inamovilidad laboral; citando al efecto el art. 48.VI de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La reincorporación a su fuente laboral en el cargo de Chofer Mensajero, Técnico III, con Ítem 1716; y, b) El pago de sus salarios devengados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 74, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) El accionante tiene un crédito pendiente con el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), que fue solicitado para pagar el anticipo de su actual vivienda; puesto que el 30 de abril de 2019, fue afectado por el deslizamiento de casas en la zona San Jorge, bajo Kantutani de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, lugar donde tenía su vivienda, suceso del cual aún no pudo recuperarse económicamente, y ante su situación laboral “actual”, se ve imposibilitado para poder cubrir esa obligación; y, 2) El Consejo de la Magistratura no puede asumir discrecionalmente sus decisiones, sin tomar en cuenta la garantía de la inamovilidad laboral reconocida por la norma constitucional que adquiere primacía en su aplicación frente a cualquier otra disposición normativa; puesto que la destitución del personal obedece a la concurrencia de causas justificadas.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Marvin Arsenio Molina Casanova, Presidente del Consejo de la Magistratura, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 54 a 57, manifestó que: i) El accionante de manera clara señaló que impugnó el memorando de desvinculación CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021, a través del recurso de revocatoria, posteriormente interpuso el recurso jerárquico contra la Resolución RR/DNR 40/2021 que resolvió el referido recurso de revocatoria; empero, no señaló la fecha de notificación con la Resolución RR/DNR 40/2021, tampoco adjuntó memorial de interposición del recurso jerárquico; en consecuencia, se dio a entender que la respectiva notificación fue el 3 de diciembre de 2021; por consiguiente, desde esa fecha transcurrieron más de seis meses, incumpliendo de esa manera el principio de inmediatez de esta acción tutelar; asimismo, el accionante omitió formular el recurso jerárquico; y, ii) El nombramiento laboral del accionante fue por Memorando CM-DIR.NAL RRHH 0719/2018, en el cargo de Técnico III, con las funciones de Chofer Mensajero, siendo esa una asignación provisional de funciones, como la de todos los servidores judiciales, en cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Órgano Judicial (LOJ) y conforme a las instrucciones impartidas por el Pleno del Consejo de la Magistratura; es decir, una designación directa por ser de confianza y no por convocatoria, ya que “…ésta sería la razón por la cual el ahora accionante no podría ser beneficiado con la inamovilidad laboral…” (sic). Por lo expuesto, pide que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 157/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 75 a 76 vta., denegó la tutela solicitada por el accionante, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante no cumplió con la identificación del o los actos lesivos; puesto que, parcialmente solo se refirió al Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021, que previa impugnación mediante el recurso de revocatoria, mereció pronunciamiento a través de la Resolución RR/DNR 40/2021 y contra esa determinación formuló el recurso jerárquico, de cuyo resultado o resolución no se tiene certeza y respecto al cual, el accionante ni siquiera alegó el silencio administrativo; y, b) En consecuencia, el accionante incumplió el principio de subsidiariedad, razón por la que esa Sala Constitucional no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorando CM-DIR.NAL RRHH 0719/2018 de 29 de mayo, suscrito por Vicente Remberto Cuellar Tellez, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura; Elvis Saravia Avalos -hoy accionante- fue asignado provisionalmente en el cargo de Técnico III, Chofer Mensajero con Ítem 1716 (fs. 3). II.2. Cursa Nota presentada el 21 de enero de 2021, dirigida a Neda Flores Rodríguez, encargada de la Unidad de RR.HH. de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura; por la cual, el accionante informó que su esposa Dania Beba Valdez Cerruto se encontraba con once semanas de gestación, y en calidad de progenitor solicitó la protección de la inamovilidad laboral (fs. 4); asimismo, cursa Certificado de Nacimiento expedido por la Oficialía de Registro Civil 20101049 de 7 de agosto de 2021, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que acredita el nacimiento del menor de edad AA, el 15 de julio de igual año, registrado como hijo del accionante y de Dania Beba Valdez Cerruto (fs. 13). II.3. Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2021, ante la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, en etapa de impugnación por la vía administrativa, el accionante impugnó el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de la misma fecha, de agradecimiento de servicios del cargo de Técnico III, Chofer Mensajero, con Ítem 1716, correspondiente a la indicada Oficia Departamental, pidiendo se deje sin efecto dicho Memorando (fs. 5 a 7); memorial que mereció pronunciamiento de Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. de esa institución y en consecuencia cursa Resolución RR/DNR 40/2021 de 23 de igual mes, que confirma el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 (fs. 64 a 70); en mérito a ello cursa memorial presentado el 7 de diciembre del mismo año, ante el Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, en el que, el accionante cuestiona la Resolución RR/DNR 40/2021, reclamando la protección constitucional que otorga la garantía de la inamovilidad laboral (fs. 11 a 12). II.4. Consta Nota con CITE: METPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-KNTM-0083-CAR/22 de 31 de marzo de 2022, suscrita por Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en respuesta a la Nota de 17 de noviembre de 2021 de solicitud de reincorporación, presentada por el accionante; comunicándole que el Consejo de la Magistratura ante otro caso similar vinculado a inamovilidad laboral de “Fabiola Charcas Choque”, se comprometió a la continuidad de subsidios hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; sin embargo, en su caso se mostró un trato diferente, por lo que “…el interesado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan…” (sic [fs. 62 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía de inamovilidad laboral; puesto que, el Consejo de la Magistratura a pesar de conocer su condición de progenitor, lo desvinculó de su fuente laboral mediante Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de 8 de noviembre, situación que subsistió no obstante de activar la etapa de impugnación en la vía administrativa y sin recibir respuesta alguna al recurso jerárquico planteado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores no reconoce condicionamiento

La Constitución Política del Estado, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo de forma expresa en el art. 48.VI de dicha norma constitucional. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Concerniente a esa materia, el DS 0012, reglamentó las condiciones de esta garantía constitucional en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de esta garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo.

Sin embargo, esa garantía tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la CPE vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional razonó que el derecho que se debe proteger no es solo es el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas”, el Tribunal Constitucional estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento.

Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial, tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo que no puede reducírsele su sueldo ni postergarse el pago de sueldos adeudados. De manera análoga, el Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-; puesto que, lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud, ya que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, indefinidos, contratos a plazo definido como a las trabajadoras o funcionarias eventuales, porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado, conforme a lo previsto por el art. 193 de la Constitución, es decir, que no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas;…” (las negrillas nos corresponden), asimismo es citado por la SCP 0227/2013-L de 10 de abril, en el Fundamento Jurídico titulado “La protección constitucional a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no reconoce condicionamiento, menos la exigencia de dar aviso previo al empleador sobre dicho estado” (las negrillas nos pertenecen) y la SCP 0338/2013-L de 20 de mayo. 6 La SCP 0424/2012 de 22 de junio, respecto a la inamovilidad laboral señaló que: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados” (las negrillas son añadidas). 7 Respecto al principio pro homine, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, citando a su vez a la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, señaló que: “Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (las negrillas son añadidas).

pues si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser aplicables a los servidores públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.

III.1.1 En caso de mujeres embarazadas o padres progenitores se activa la excepción de la subsidiariedad

Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, sin bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la salvaguarda de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de 8 La SCP 1417/2012 de 20 septiembre, respecto a la inamovilidad laboral de la mujer embarazada o progenitor, señaló que:

“…más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: ‘El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades’ y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo” (las negrillas son nuestras).

tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.

III.1.2 La comunicación del estado de embarazo no es condición para la protección de la inamovilidad laboral

La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho y garantía de inamovilidad laboral; puesto que, el Consejo de la Magistratura, a pesar de conocer su condición de progenitor, lo desvinculó de su fuente laboral mediante Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de 8 de noviembre, situación que subsistió no obstante de activar la etapa de impugnación en la vía administrativa y sin recibir respuesta alguna al recurso jerárquico planteado.

9 La SC 0558/2011-R de 29 de abril, respecto a la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas o padres progenitores, estableció que: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (la negrillas nos corresponden). Jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0076/2012 de 12 de abril y 0673/2013-L de 18 de julio, entre otras. 10 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010 -R de 25 de octubre, la SCP 1187/2012 de 6 de septiembre, SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.

De los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, al accionante se le asignó provisionalmente en el cargo de Técnico III, Chofer Mensajero con Ítem 1716, mediante Memorando CM-DIR.NAL RRHH 0719/2018, suscrito por Vicente Remberto Cuellar Tellez, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.1.). El accionante durante el cumplimiento de sus funciones, por Nota presentada el 21 de enero de 2021 dirigida a Neda Flores Rodríguez, encargada de la Unidad de RR.HH. de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, comunicó que su esposa Dania Beba Valdez Cerruto, se encontraba con once semanas de gestación, por lo que, en calidad de progenitor pidió la protección de la inamovilidad laboral (fs. 4); asimismo, mediante Certificado de Nacimiento expedido por la Oficialía de Registro Civil 20101049 de 7 de agosto del mismo año, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se acreditó el nacimiento del menor de edad AA, hijo del accionante y de Dania Beba Valdez Cerruto (Conclusión II.2.). Mediante Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021, de agradecimiento de servicios, el accionante fue desvinculado laboralmente del cargo de Técnico III, Chofer Mensajero, con Item 1716, correspondiente a la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, contra el cual solicitó su revocatoria promoviendo impugnación mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2021, en la que solicitó se deje sin efecto el referido Memorando, mereciendo pronunciamiento de Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, mediante la Resolución RR/DNR 40/2021, que confirmó el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021. Contra esa última Resolución, el accionante presentó memorial el 7 de diciembre de igual año, dirigido a la misma autoridad administrativa, cuestionándola y reclamando la protección constitucional que otorga la garantía de la inamovilidad laboral (Conclusión II.3.). En ese contexto se revisará el problema jurídico identificado por el accionante, para ese cometido es necesario señalar que los hechos de relevancia jurídico-constitucional están vinculados a funcionarios provisorios y al ámbito de la garantía constitucional de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; empero, a efectos de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde pronunciarse a aspectos de orden procesal presentados por la autoridad hoy accionada, así como, por los Vocales Constitucionales que resolvieron el problema jurídico planteado. Respecto al presunto incumplimiento del principio de inmediatez y subsidiariedad. Estas cuestiones fueron planteadas por la autoridad hoy accionada a tiempo de presentar su informe y por los Vocales Constitucionales que resolvieron la causa, no obstante, es necesario resaltar que el accionante en forma sucesiva cuestionó el primer acto lesivo, consistente en el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de agradecimiento de servicios, presentando el memorial de impugnación el 8 de noviembre de 2021, no obstante, pese al reclamo, no logró el cumplimiento de la garantía constitucional de inamovilidad laboral, tampoco la restitución a su fuente laboral, ya que se emitió la Resolución RR/DNR 40/2021, que confirmó el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021; y, posteriormente con la presentación del memorial de 7 de diciembre de igual año, cuestionando y reclamando la protección constitucional que otorga la garantía de la inamovilidad laboral. Datos que permiten identificar que la interposición de la presente acción de amparo constitucional de 6 de mayo de 2022, se encuentra dentro los seis meses exigidos por mandato constitucional, cumpliendo el accionante el principio de inmediatez. Respecto al presunto incumplimiento del principio de subsidiariedad, se debe resaltar que es uniforme la jurisprudencia constitucional, al señalar que, tratándose de mujeres embarazadas cuya protección merece atención inmediata y el retiro injustificado en estado de gestación, puede significar ponerlas en riesgo para su salud y vida, y la del hijo por nacer -colocándola en grupos de personas vulnerables de atención prioritaria-, en consecuencia, en esos casos se aplica la excepción del principio de subsidiariedad como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, no es exigible al accionante agotar los medios o recursos en sede administrativa con el objeto de buscar la restitución de sus derechos, habida cuenta que la solicitud presentada por el accionante a la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el mismo que fue respondido por CITE: METPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-KNTM-0083-CAR/22 de 31 de marzo de 2022, suscrita por Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien refirió que su caso no mereció ningún trámite por parte del Consejo de la Magistratura, al contrario le comunicaron que acuda a la jurisdicción constitucional en los siguientes términos “…el interesado podrá acudir interponer las acciones constitucionales que correspondan…” (sic [Conclusión II.4.]). En ese entendido el accionante tiene la facultad acudir directamente a la jurisdicción constitucional para salvaguardar sus derechos y los de su hijo menor de edad AA. Respecto al acto lesivo relacionado a la desvinculación laboral y la garantía de inamovilidad laboral. Efectuado el pronunciamiento sobre las cuestiones procesales planteadas por el accionante y la misma Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en esa comprensión es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación, cualquiera sea la modalidad de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, en todo caso incluyendo a los funcionarios provisorios; puesto que la finalidad de dicha garantía no solo tiene un carácter protector para la madre, sino también para el hijo o hija por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social, salud; ésta garantía incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, como se tiene expuesto ampliamente en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En esa comprensión, cuando la parte hoy accionada le comunicó al accionante su desvinculación laboral mediante el Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021, ya conocía que Dania Beba Valdez Cerruto -esposa del accionante-, se encontraba con once semanas de gestación, situación que fue comunicada mediante Nota presentada el 21 de enero de igual año, en la que solicitó la protección constitucional de la garantía de inamovilidad laboral; circunstancia afianzada con el nacimiento de su hijo el 15 de julio de ese año, por lo que el indicado Memorando vulneró la garantía de la inamovilidad laboral, extremo que no cambia aún en el supuesto de que no se hubiese comunicado a la parte ahora accionada, el estado de embarazo de la esposa del accionante, la protección de la garantía de inamovilidad laboral subsiste con todo su vigor. En el presente caso, el accionante tampoco queda excluido de la protección de la garantía de inamovilidad laboral por el hecho de ser asignado provisionalmente -funcionario provisorio- en el cargo de Técnico III Chofer Mensajero, con Ítem 1716, de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura; puesto que, la garantía constitucional de la inamovilidad laboral no excluye a servidores públicos eventuales o provisorios, ya que, tiene la finalidad de otorgar protección a la mujer embarazada o madre o progenitor de un hijo menor a un año de edad, brindando estabilidad económica, certidumbre emocional, atención médica y a las prestaciones en salud y las asignaciones familiares que corresponden al accionante, en su calidad de progenitor y padre de un menor de edad, hasta que su hijo cumpla un año de edad; empero, también corresponde al hijo por nacer y una vez nacido, hasta que cumpla un año de edad, con las prestaciones en salud y las que comprenden a la seguridad social, necesarias en ese periodo de tiempo; lo contrario implicaría, aceptar una desvinculación que genere incertidumbre y preocupación que pueda comprometer su salud y por consiguiente la vida de la madre, beneficiaria y el ser en gestación o el hijo o hija hasta que cumpla un año de edad. Sin embargo, para la resolución del presente caso es preciso tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1) La inamovilidad laboral es una garantía constitucional que brinda protección laboral a las mujeres en estado de embarazo y los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; es decir, por un lapso de tiempo de un año de edad después de nacido el hijo o hija; 2) En el caso en análisis, como se tiene explicado resulta evidente la vulneración de la garantía de inamovilidad laboral del accionante, por la emisión del Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021, y la Resolución RR/DNR 40/2021; 3) Específicamente, la pretensión de reincorporación laboral, sería de imposible cumplimiento por el transcurso del tiempo, puesto que el hijo del accionante nació el 15 de julio de 2021 y a la fecha de interposición de esta acción de defensa superó el año de edad, consiguientemente excede el tiempo de protección de la garantía constitucional; y, 4) En atención a los razonamientos precedentes, corresponde el pago de sus salarios devengados y el cumplimiento de las asignaciones familiares en dinero, hasta que el hijo del accionante cumpla un año de edad, consiguientemente, corresponde diferir los efectos del Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 y la Resolución RR/DNR 40/2021, por el periodo que corresponde a la garantía constitucional de inamovilidad laboral. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 157/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 75 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Elvis Saravia Avalos ordenando al Presidente del Consejo de la Magistratura el pago de salarios devengados y el cumplimiento de las asignaciones familiares en dinero, hasta que el hijo de Elvis Saravia Avalos, nacido el 15 de julio de 2021, cumpla un año de edad; consiguientemente, se difieren los efectos del Memorando CM-DIR.NAL RRHH 1662/2021 de 8 de noviembre, y la Resolución RR/DNR 40/2021 de 23 de noviembre, por el tiempo que corresponde a la garantía constitucional de inamovilidad laboral, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a la reincorporación del accionante a su fuente laboral en el cargo de Técnico III, Chofer Mensajero con Ítem 1716, en atención a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La Constitución Política del Estado fue aprobada por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizada en el Congreso Nacional el 2008, aprobada en Referendum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009.

2 El DS 0012 de 19 de febrero de 2009, que Reglamenta las Condiciones de Inamovilidad Laboral de la Madre y Padre Progenitores que Trabajen en el Sector Público o Privado, establece en su art. 2, el alcance de esta garantía constitucional en los siguientes términos: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”(las negrillas nos pertenecen).

3 La SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional señaló que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas nos corresponden).

4 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló que: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras (las negrillas nos pertenecen).

5 Aplicando una interpretación sistemática y teleológica respecto a la protección de la mujer embarazada el extinto Tribunal, en la SC 0715/2005-R de 28 de junio, citando a su vez las SSCC 310/2000-R, 447/2000-R, 807/2001-R, 483/2002-R, 0785/2003-R y 1331/2003-R, 0572/2005-R de 24 de mayo, entre otros, estableció que: “…abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión; asimismo alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas que tengan contratos

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0376_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 79e2002f9bd15de40cbdc7ae9dfbe6d2b94dcce1fc9b0eaeb9584fd396c11f0c

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