Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y a la defensa; dado que, la autoridad jurisdiccional demandada omitió remitir su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, dentro de los plazos legales; agravando su situación al no considerar que dicha remisión ya había sido demorada anteriormente por el Juzgado de turno por vacación judicial.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 14 de enero de 2022, cursante de fs. 64 a 69, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho; y 2º Exhortar a la autoridad demandada a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún, en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0376/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45287-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 14 de enero de 2022, cursante de fs. 64 a 69, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alber Choque Colque en representación sin mandato de Clemente Quintana Zambrana contra Omar Blanco Fuentes, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 13 de enero de 2022, cursante de fs. 21 a 23, el accionante, a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, se determinó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitneciario de San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Ante lo cual, solicitó su cesación, señalándole audiencia para su consideración para el 17 de diciembre de 2021 ante el Juzgado Público, Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba (de turno por vacación judicial); instancia en la cual, la autoridad jurisdiccional rechazó la pretensión con argumentos contradictorios a las líneas jurisprudenciales; por lo que, el 20 de diciembre de 2021 planteó recurso de apelación incidental contra dicha Resolución; la misma no fue remitida ante el Tribunal de alzada, hasta el 31 de diciembre, porque supuestamente el acta aún estaba pendiente de firma y que la suplencia legal de ese Juzgado concluía en esa fecha. El 3 de enero de 2022 se devolvió el cuaderno procesal al Juzgado Mixto Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento precitado; dado que, en esa fecha retornaba de las vacaciones, donde el expediente fue radicado el 5 de enero de 2022 sin procederse a la remisión de la apelación; ante lo cual, el 11 de enero del mismo año, presentó memorial, solicitando que el expediente sea puesto a conocimiento del Tribunal superior, relevando la demora de veintidós días en el cumplimiento de la pretendida remisión en la que incurrió el Juzgado de turno por vacación judicial y de nueve días, desde que la autoridad demandada, conoció los antecedentes y supo que el expediente no fue remitido ante la Sala Penal, vulnerando su derechos a la defensa y a la libertad de locomoción.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados sus derechos a la defensa, a la libertad y al principio a la celeridad; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que el Juez demandado, remita los actuados al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 63 vta., presentes el accionante asistido por su abogado y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos de su memorial de demanda de acción de libertad.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento de Cochabamba, en audiencia y mediante informe escrito cursante de fs. 31 a 34, manifestó lo siguiente: a) Mediante Resolución de medidas cautelares de 13 de julio de 2021 se dispuso la detención preventiva del ahora accionante, por la probable autoría prevista en el art. 233.1 y riesgos procesales de fuga y obstaculización arts. 234.7 y 235.2 de Código de Procedimiento Penal (CPP); y debido a las vacaciones judiciales de la gestión 2021, el proceso se remitió al Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primero de Vinto; instancia en la cual, el imputado solicitó cesación a su detención preventiva, y por resolución de 17 de diciembre del mismo año fue rechazada; apelando el impetrante de tutela, el 20 de diciembre de igual año, emitiendo el Secretario de ese Juzgado, providencia de 21 de diciembre del mismo año; por la que, dispuso la remisión de la impugnación ante el superior en grado; c) El expediente fue devuelto a su Juzgado, mediante nota de 3 de enero de 2022 y radicado en el mismo el 5 del mismo mes y año, presentando el solicitante de tutela, memorial el 11 del señalado mes y año, que fue decretado el 12 de igual mes y año; c) Del tenor de la acción tutelar se identifican acciones y omisiones de funcionarios subalternos; como son, el Secretario del Juzgado de Vinto, quién el 23 y 31 de diciembre de 2021 informó que el acta de audiencia estaba pendiente de firma y la Secretaria del Juzgado de Morochata, que tuvo conocimiento de la causa y su tramitación el 3 de enero de 2022; d) Devuelto el expediente al Juzgado de Morochata, la Secretaria del mismo emitió el decreto de radicatoria, y su autoridad recién conoció sobre la demora el 11 de enero de 2022, cuando la causa ingresó a su Despacho con memorial; en el que, se le hizo conocer que transcurrieron veintidós días desde la interposición de la apelación incidental, tiempo que se le pretende atribuir sin considerar que en ese tiempo, los antecedentes se encontraban radicados en el Juzgado de Vinto, donde cursaba hasta el 31 de diciembre de 2021; y respecto a los nueve días, aclaró que fue la Secretaria de su Despacho, quien decretó la radicatoria; por lo que, no se le podría atribuir a su persona, que prolongó indebidamente su detención, cuando su autoridad, una vez conocido el memorial el 11 de enero de 2022, lo decretó el 12 del mismo mes y año, ordenando la remisión del expediente al superior en grado, en un plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad de la Secretaria del Juzgado; y, e) Por lo señalado, pide que se declare improcedente el recurso de acción de libertad por falta de legitimación pasiva de la autoridad hoy demandada.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por Resolución de 14 de enero de 2022, cursante de fs. 64 a 69, concedio en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata, remita la apelación incidental planteada en el plazo de veinticuatro horas improrrogables, a partir de la presente fecha, exhortando al personal subalterno del Juzgado a cumplir con los plazos procesales, sin demora alguna al tratarse de una persona privada de libertad; y denegó en cuanto se refiere al demandado Omar Blanco Fuentes, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata. Determinación asumida en virtud a los siguientes fundamentos: 1) Es evidente las omisiones en las que incurrieron los funcionarios subalternos, la Secretaria del Juzgado Público, Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Vinto, quién informó que el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, no había sido remitido porque el acta estaba pendiente de firma; y, la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata, ante quien se puso en conocimiento, la falta de remisión de la apelación el 3 de enero de 2022; y sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, cumplió con dicha obligación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 9 de diciembre de 2021 por el ahora impetrante de tutela ante el Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba; por el que, solicitó se señale día y hora de audiencia para la consideración de su solicitud de cesación a su detención preventiva (fs. 2 a 3). II.2. Cursa Resolución de 17 de diciembre de 2021 emitida por la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba; por la cual se determinó, el rechazo a la solicitud de cesación de detención preventiva, manteniendo firme la Resolución de 13 de julio de 2021; por el que, se determinó la aplicación de medidas cautelares al imputado (fs. 6 y 7). II.3. Por decreto de 21 de diciembre de 2021, el Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto, dispuso la remisión de las piezas necesarias ante el Tribunal superior, ante la interposición de recurso de apelación incidental (fs. 8). II.4. Por memorial de 11 de enero de 2022, presentado ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata, el solicitante de tutela solicitó remisión de obrados ante el superior jerárquico, en mérito a la apelación incidental interpuesta contra la Resolución de 17 de diciembre de 2021, emitida por el Juez Público Mixto de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto (fs. 11).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y a la defensa; dado que, la autoridad jurisdiccional demandada omitió remitir su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, dentro de los plazos legales; agravando su situación al no considerar que dicha remisión ya había sido demorada anteriormente por el Juzgado de turno por vacación judicial.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
A través de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, este Tribunal, revisó el trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, señalando lo siguiente: “…el art. 251 del CPP vigente por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC) dispone que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia -ahora Tribunal Departamental de justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
En la SC 0213/2010-R de 24 de mayo, este Tribunal determinó que: “Se debe considerar que el Código de Procedimiento Penal, adopta el sistema oral acusatorio, que emplaza y orienta a lograr una oportuna y pronta administración de justicia, un proceso con las mismas igualdades tanto para el imputado como para la víctima y sin dilaciones que se desenvuelva y tramite en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido; y en el que las partes del proceso y los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción mediante un resultado que se encuentre dirimido y dictaminado en un tiempo razonable en el marco de la razonabilidad jurídica y el resguardo de los valores supremos y principios que constituyen la base esencial del Estado Social y democrático de derecho, en este caso, acordes a los principios de celeridad e inmediatez establecidos en la Constitución Política del Estado; consecuentemente, la apelación antes referida, tiene que seguir su trámite especifico sin que implique su interposición de forma escrita; y la notificación para dicho planteamiento debe estar acorde al Código de Procedimiento Penal…”. La SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: “(…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la leyʼ. En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, estableció que: ʽ…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…ʼ. En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, señaló: ʽ… si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP)ʼ” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y a la defensa; dado que, la autoridad jurisdiccional demandada, omitió remitir ante el Tribunal de alzada, su recurso de apelación incidental interpuesto contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; agravando su situación al no considerar que dicha remisión ya había sido demorada anteriormente por el Juzgado de turno por vacación judicial.
Precisada la problemática planteada, previo a ingresar a su análisis, corresponde examinar los antecedentes aparejados al expediente; en ese contexto, se examina que dentro del proceso penal seguido contra el accionante a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación, se impuso en su contra, la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva; dando lugar, a que posteriormente presente solicitud de cesación a la misma ante el Juez Público, Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, que en ese momento se encontraba de turno por vacaciones judiciales, mereciendo Resolución de rechazo de 17 de diciembre de 2021, que fue apelada por el afectado el 20 de diciembre de 2021; en atención a lo cual, por decreto de 21 del mismo mes y año, el Secretario de ese Juzgado, dispuso la remisión del cuaderno procesal al Tribunal de alzada; sin embargo, no dio cumplimiento a lo dispuesto hasta el 31 de diciembre del mismo año; fecha esta última en la cual, la precitada instancia procedió a devolver actuados al Juzgado de origen al haber concluido la vacación judicial, donde fueron radicados el 5 de enero del mencionado año. Ante la falta de atención a su solicitud, el 11 del mismo mes y año, el accionante presentó memorial al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del citado departamento –Juzgado de origen–, solicitando la remisión de obrados ante el superior en grado, en mérito a la apelación incidental interpuesta por su parte el 20 de diciembre de 2021 contra la Resolución de 17 de diciembre de 2021, emitida por la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del precitado departamento, al ser el Juzgado de turno por vacación judicial. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo Constitucional, la acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto, asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad, busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud al cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no solo observar los plazos procesales; sino también, cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales; considerando que, se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que, de no hacerlo se provoca una restricción indebida del citado derecho. En el caso que se analiza, la parte accionante dirigió la presente acción tutelar contra el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Morochata del departamento de Cochabamba; es decir, el Juzgado de origen y el último que recibió los antecedentes correspondientes al proceso penal seguido en su contra, de parte de la instancia jurisdiccional que se encontraba de turno y que había rechazado su pretensión de cesación a su detención preventiva; actos únicos que pueden ser objeto de análisis en la presente acción, en vista a la legitimación pasiva delimitada por el propio impetrante de tutela. En ese orden, ingresando al análisis de lo expresamente demandado, se evidencia que la causa penal fue recibida en el precitado Juzgado el 5 de enero de 2022, fecha en la que fue radicada, e ingresó a despacho del Juez, con memorial presentado por el accionante, el 11 de enero de igual año, decretado por el Juez de la causa al día siguiente, disponiendo la remisión del expediente ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; y sin embargo de ello, no se cumplió con dicha determinación. Los hechos cronológicamente relatados de manera precedente, evidencian que no obstante la recepción de actuados el 5 de enero de 2022; el Juzgado de origen dilató la tramitación del recurso de apelación incidental, sobrepasando de manera exagerada su remisión ante el Tribunal de alzada, pues ni siquiera resultaba necesario que el solicitante de tutela presente nuevo memorial el 11 de enero del citado año; como lo hizo, requiriendo el cumplimiento de un deber legal que le correspondía a la autoridad demandada y a todo el personal dependiente del Juzgado; más aun, considerando la dilación con la que había arribado el expediente antes de su radicatoria; lo que debió haber sido considerado; lo que debió haber dando lugar a su inmediata atención; y no provocar mayores gastos y esfuerzos al accionante, que incluso tuvo que acudir a la presente acción de defensa, para lograr el cumplimiento de los términos establecidos en la normativa procesal penal.
Lo señalado demuestra que la autoridad demandada incurrió en una dilación indebida y vulneró el derecho a la libertad del impetrante de tutela, transgrediendo el principio de celeridad, a haber incumplido los plazos procesales establecidos en los arts. 178 y 180.I de la CPE, y el entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por lo que, al no haber remitido los actuados correspondientes al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas, puso en incertidumbre la situación jurídica del accionante; consiguientemente, corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho.
Tampoco resulta atendible lo señalado por el Juez demandado, en sentido que su autoridad hubiera cumplido con decretar el memorial presentado por el solicitante de tutela dentro de los plazos legales y que conoció de la causa, cuando ingresó el memorial a su Despacho; es decir el 11 de enero de 2022; y que, las dilaciones en la tramitación del recurso presentado por el accionante, serían responsabilidad de la Secretaria del Juzgado; dado que, el control y cumplimiento de plazos de su personal, es atribuible a su autoridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró parcialmente de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 14 de enero de 2022, cursante de fs. 64 a 69, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho; y 2º Exhortar a la autoridad demandada a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún, en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0376_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 25f6674b9b76b55659c07cd862f1fdf4ef75695acf2d55b0c39a2f49c934c687
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