B.IA.LEGAL

SCP 0375/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52720-2023-106-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 181/2022 de 16 de diciembre, resolvió confirmar el Auto Interlocutorio de 9 de igual mes de 2022, por el que se dispuso la ampliación de su detención por un mes más en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, sin considerar la dilación ocasionada por parte del Ministerio Público en generar la prueba pericial genética y bajo la argumentación de que la causa penal en cuestión sería compleja. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de “26” -siendo lo correcto 23- de diciembre, cursante de fs. 52 vta. a 54 vta. pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0375/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52720-2023-106-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 15/2022 de “26” -siendo lo correcto 23- de diciembre, cursante de fs. 52 vta. a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Leandro Villanueva y Hernán López López en representación sin mandato de José Manuel Villanueva contra Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 5 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Manuel Villanueva -accionante-, por la presunta comisión del delito de estupro agravado, previsto y sancionado por los arts. 312 con relación al 310 inc. k) del Código Penal (CP), el 9 de septiembre de 2022 se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí por tres meses, en ese sentido, la audiencia de control jurisdiccional fue celebrada el 9 de diciembre de igual año, y es en ese acto procesal donde a petición del Ministerio Público se determinó ampliar dicha medida cautelar personal por un mes más, en razón a que las investigaciones no fueron concluidas, entre ellas la pericia sobre genética que fue remitida a la ciudad de Cochabamba; sin embargo, esa demora sería ajena al imputado; ya que, la toma de muestra fue realizada un mes después de celebrada la audiencia de aplicación de medidas cautelares; asimismo, los encargados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba, informaron que hasta el 8 de diciembre -de 2022-, dicha prueba no hubiese llegado para su análisis. En consecuencia, no se puede detener a una persona por dilaciones que no son de su responsabilidad. Planteado el recurso de apelación incidental ante el Vocal ahora accionado, bajo los argumentos anteriormente descritos con relación al plazo de su detención preventiva, el referido Vocal ratificó la decisión del Juez de la causa, vulnerando de esa manera sus derechos, al no aplicar de manera correcta el plazo de la detención preventiva; puesto que, no se encuentran frente a una investigación compleja.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el Auto de Vista 181/2022 de 16 de diciembre, ordenando que el Vocal ahora accionado emita un nuevo auto de vista, tomando en cuenta los principios de razonabilidad, favorabilidad y proporcionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 46 a 52, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes sin mandato y abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Se interpuso la acción de libertad debido a que el Vocal ahora accionado ratificó el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, que fue emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, respecto a la duración de la detención preventiva; b) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional el Ministerio Público presentó la imputación formal el 8 de septiembre -de igual año- por la presunta comisión del delito de estupro agravado; ya que. hubiese mantenido -relaciones- consentidas con una menor de edad; en ese contexto, el Ministerio Público solicitó su detención preventiva por el plazo de tres meses a efectos de realizar actos investigativos como la Cámara Gesell y la prueba pericial genética de Ácido Desoxirribonucleico (ADN); asimismo, en el cuaderno de investigaciones cursa que en esa fecha existe una nota dirigida al Fiscal de Materia ahora tercero interviniente en la que se manifestó que ya se encontraba el feto; por lo que, ya se podía proceder a la toma de muestra de ADN y recién el 20 de octubre -del citado año-, la autoridad fiscal convocó a una audiencia para la toma de muestra; asimismo, después de un mes y medio de la toma de muestra, el 14 de noviembre -de 2022-, de manera digital el Ministerio Público realizó el requerimiento fiscal al IDIF de Cochabamba; y, el 8 de diciembre -de dicho año-, un día antes a la audiencia de control jurisdiccional se advirtió que los resultados de la prueba no estarían; ya que, esa prueba no se encontraría en el IDIF de Cochabamba, razón por la que, el Ministerio Público solicitó la ampliación de su detención preventiva a un mes más; c) Posterior a la celebración de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, se solicitó al Fiscal de Materia que certifique la fecha en la que se envió la muestra; ya que, si bien el 14 de noviembre -de 2022-, se remitió el requerimiento de manera digital; sin embargo, no se conocía la fecha de remisión de la muestra de ADN física, no obstante no mereció respuesta alguna; d) El Ministerio Público manifestó que se encuentra frente a un proceso complejo en el cual se involucra una menor de edad y que el IDIF de Cocha bamba estaría con mucha recarga laboral, siendo ésta la razón por la que no se remitió los resultados de la prueba pericial de ADN, siendo el fundamento para la ampliación de su detención preventiva; empero, esa afirmación no tiene relación con la información del periódico “Los Tiempos” de 20 de abril de 2015, en la que se señaló que el IDIF de Cochabamba, contaba con equipos modernos que permitían entregar el resultado de la prueba de ADN en el día; asimismo, el 10 de marzo de 2022, la Directora de la Unidad Especializada en Delitos en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, manifestó que los resultados de la prueba pericial de ADN en el caso de la “bebé NN” serían entregados en el plazo de diez días, lo cual es concordante con la SCP 0095/2019-S3 de 15 de marzo, donde se advierte que el resultado de la prueba pericial de ADN fue entregado en el plazo de diez días; e) El Ministerio Público conforme a la Ley “254” trabaja bajo el principio de celeridad, al igual que en el Reglamento del IDIF se señala que las actuaciones deben estar en el marco de la celeridad; en ese contexto, si la muestra fue supuestamente remitida el 14 de noviembre -de 2022- y para el 8 de diciembre -de igual año- ya se deberían tener los resultados al transcurrir más de diez días; empero, la muestra de sangre no fue enviada; en consecuencia, se advirtió una dilación por parte del Ministerio Público, queriendo encubrirla en la complejidad de la prueba de acuerdo a lo establecido por la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, teniendo como resultado la ampliación del plazo de su detención preventiva; f) El Ministerio Público pretendió escudarse en el enfoque interseccional que establece la protección del sector vulnerable de las mujeres niñas que son víctimas de violación, violencia, etc.; sin embargo, esa no puede ser una razón para que se deje de trabajar y se pida que el imputado siga siendo detenido preventivamente cuando la jurisdicción ordinaria conforme al art. 180.I de la CPE, señala como uno de sus principios al de celeridad, lo cual va en concordancia con los arts. “14.3” de la CADH y 7.1 del “Pacto Internacional”; ya que, toda persona debe ser juzgada sin dilaciones indebidas y más aun cuando se trata de un delito contra la libertad sexual de menores de edad; y, g) De acuerdo con lo referido en la SC “214/2010” la participación del Ministerio Público como director de la investigación tiene como finalidad dirigir y desarrollar la investigación eficientemente, lo cual no sucedió en el presente caso; así también en el ejercicio de sus funciones debe primar el respeto y el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; sin embargo, se vulneró su derecho a la libertad; ya que, continúa con detención preventiva y se tiene la incertidumbre de la respuesta por parte del Ministerio Público en cuanto a la pericia del ADN.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia, manifestó que: 1) En la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de alguna manera se hizo referencia a la supuesta dilación incurrida por el Ministerio Público; ya que, no se hubiese remitido la prueba a la perito que fue designada y que desarrollaría sus funciones en la ciudad de Cochabamba; asimismo, se indicó que el caso investigado -no- sería complejo; ya que, no existe pluralidad de sujetos; 2) Tanto el Ministerio Público como el Órgano Judicial cuentan con bastante carga procesal y muchas veces no se puede -efectuar- en el momento algunos actuados; es más, se le indicó que no sería necesario realizar la prueba pericial; ya que, se tendría la declaración de la víctima menor de edad de catorce años de edad, la cual goza de presunción de veracidad; en consecuencia, ya se cuentan con todos los elementos de convicción para que se emita una acusación; razón por la que se señaló a la autoridad fiscal que de conformidad con el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que se cuenta con un plazo para emitir la acusación fiscal, en ese contexto, no se puede obligar a que el Ministerio Público emita una acusación en un plazo menor al establecido; 3) El art. 233 del citado Código, en su parte in fine señala que en plazo de duración de la detención preventiva puede ser ampliado a petición fundada del Fiscal de Materia y únicamente cuando corresponda la complejidad del caso; por su parte el querellante también puede solicitar esa ampliación; 4) De acuerdo con el art. 239.2 del CPP, refiere que la cesación de las medidas cautelares personales proceder cuando el plazo dispuesto para tal efecto hubiese vencido, siempre y cuando el Fiscal de Materia no solicite la ampliación de la detención preventiva, en ese antecedente su autoridad verificó la existencia de una petición fundada del representante del Ministerio Público para la ampliación de la detención preventiva, la cual se basó en la propuesta de la realización de una diligencia investigativa como ser la toma de muestras del imputado -accionante- y de un embrión para realizar una pericia genética forense y para ello se nombró a la perito Janet Cristina Serva Vásquez; 5) El 8 de diciembre -de 2022-, se recibió una nota de la mencionada perito, donde señaló que no recepcionaron las muestras que se obtuvieron del imputado y del embrión, solicitando que las mismas sean remitidas a la brevedad posible, debido a que dicha prueba debe ser realizada en la ciudad de Cochabamba; 6) Se pidió la realización de la pericia genética debido a que dependerá de los resultados para determinar la existencia o no de la agravante prevista por el art. 310 inc. k) del “CPP” -siendo lo correcto Código Penal-; ya que, se denunció la presunta comisión del delito de estupro contra una menor de catorce años de edad a quien presuntamente el imputado -accionante- hubiese embarazado; 7) La solicitud del Ministerio Público de ampliación de la detención preventiva del nombrado hizo mención expresamente a la complejidad del caso, indicando que al tratarse de una menor de edad, contaría con protección reforzada por parte del Estado y que se deberá aplicar una perspectiva de género; en consecuencia, su autoridad obró conforme a lo mencionado; 8) Se revisó el Auto Interlocutorio emitido por el Juez de la causa, donde también se hizo referencia a la complejidad del caso e igualmente expresó la importancia de la realización de la pericia de genética forense a efectos de determinar la existencia o no de la agravante mencionada anteriormente; 9) Su autoridad señaló que el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022 objeto del recurso de apelación incidental se encontraba debidamente fundamentado y dentro de los parámetros exigidos en el art. 124 del CPP; puesto que, se aclaró que la complejidad del caso no se mide únicamente por la pluralidad de sujetos; sino que también puede ser por otras circunstancias conforme establece la SC 0411/”2011-S4 de 31 de mayo de 2022”; asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se asume que la complejidad del caso podrá medirse en función a la circunstancia debidamente justificada que impida el desarrollo del proceso en un plazo razonable, y su precisión emergerá de acuerdo a las particularidades propias de cada caso respondiendo de manera fundamentada el grado de dificultad, lo cual tiene relación con lo dificultoso de obtener la prueba; ya que, se debe obtener la muestra del imputado y luego del embrión y remitirlas a la ciudad de Cochabamba, lo cual ya hubiese sido realizado; 10) En el Auto de Vista 181/2022 pronunciado también se hizo mención al contexto, indicando que se trata de una menor de catorce años de edad y que presuntamente fue embarazada por el accionante, encontrándose la nombrada en una situación de vulnerabilidad, las circunstancias deben ser analizadas y juzgadas con perspectiva de género de acuerdo con los estándares de protección internacional; y, 11) Al demostrarse de manera fundada la complejidad del caso que respalda la ampliación de la detención preventiva del accionante, se consideró que no existe vulneración alguna al derecho a la libertad del nombrado; por lo que, solicitó que se declare “improcedente” la presente acción de libertad al no tener ningún argumento.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Juan José Quiroga Duchén, Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: i) En la audiencia de 9 de diciembre de 2022, se dispuso la ampliación de la detención preventiva del accionante por el plazo de un mes, señalándose audiencia de control jurisdiccional para el 9 de enero de 2023; ii) La defensa del imputado se centra en una presunta dilación por parte del Ministerio Público, motivo por el que, hubiese existido retardación de justicia, en ese sentido, se remitió a lo manifestado por el Vocal ahora accionado, con relación a la SCP “411/2022” y el Auto Supremo 69/2018 de 15 de febrero, que estableció los parámetros para establecer la complejidad de un proceso penal, entre los cuales también se encuentra la prueba de los hechos que puede resultar difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; iii) Fundamentó la necesidad de ampliar la detención preventiva del imputado -accionante-, en razón a la referida complejidad; ya que, como se mencionó la prueba en cuestión resulta ser necesaria y trascendental para establecer si concurre o no la agravante prevista por el art. 310 inc. k) del CP; y que permita al Ministerio Público emitir el requerimiento conclusivo; iv) Se efectuaron todas las investigaciones en los primeros tres meses que se dispuso la detención preventiva del nombrado, no obstante en el caso en análisis se presentó una investigación de tipo científica que no depende de su autoridad como tampoco de los funcionarios policiales, sino que se depende de un brazo operativo como es el IDIF que cuenta con un número limitado de peritos a nivel nacional que reciben diariamente pericias a realizar de todos los procesos penales del país; v) La perito que se propuso radica en la ciudad de Cochabamba, en ese sentido, se debe tomar en cuenta la considerable distancia entre Potosí y la indicada ciudad; asimismo, se debe preservar la cadena de custodia desde la obtención de una prueba se deben cumplir con formalidades para que no se produzca ningún tipo de susceptibilidades en las partes procesales; vi) En cumplimiento a las formalidades, las muestras obtenidas fueron entregadas al Coordinador del IDIF de Potosí, para que sean remitidas a la oficina de evidencias hasta que el perito las requiera; en el presente caso, al tratarse de una evidencia de tipo biológica necesita su cuidado y tratamiento; por lo que, resulta obligatorio el cumplimiento de la cadena de custodia en su cabalidad; vii) Se solicitó obtener la muestra de sangre del imputado -accionante- para establecer la relación de ADN con el embrión de la víctima quien hubiese resultado embarazada, en ese sentido las dilaciones ocurridas responden a que se deben cumplir con todas las formalidades para preservar la evidencia desde un inicio hasta su devolución, entonces esos actuados y aspectos demoran un tiempo prudencial; por lo que, el IDIF no cumple plazos fatales de incluso días; ya que, una pericia puede demorar hasta cinco meses; viii) No existió ningún tipo de dilación; puesto que, estarían cumpliendo con el plazo previsto por el art. 134 del CPP, dando al imputado la oportunidad de defenderse en un tiempo oportuno y razonable; y, ix) No se vulneró el derecho a la libertad del accionante; ya que, se debe considerar que en el presente caso existe una víctima menor de edad, una adolescente de catorce años de edad, en ese sentido se debe realizar una proporcionalidad respecto también a los derechos de la víctima, de conformidad con los arts. 15, 60 y 61 de la CPE; por lo que, actuaron con la debida diligencia, tomando en cuenta la complejidad que presenta el caso en análisis, siendo ese el motivo para que persista la detención preventiva del accionante. Ante la pregunta realizada por el Tribunal de garantías respecto a que se aclare si la prueba fue enviada para que se realice el peritaje, respondió que sí se envió la prueba, y que en la práctica y conforme al marco de la legalidad al emitir un requerimiento para la obtención de una prueba queda bajo cadena de custodia a cargo de Coordinador del IDIF de Potosí; por lo que, una vez emitido el requerimiento de designación de perito, se notifica a las partes y se entrega ese requerimiento para que el mencionado Coordinador remita las evidencias ante el perito designado mediante el sorteo del Sistema Justicia Libre (JL1), que en el presente caso recayó en una perito del IDIF de Cochabamba; posteriormente, se otorga un plazo razonable para que las partes procesales cumplan con lo previsto por el art. 204 y ss. por el CPP. Una vez que la evidencia llega a la ciudad de Cochabamba se la guarda en la Oficina de Evidencias del IDIF hasta que la perito las solicite una vez concluidas las pericias anteriores y así iniciar con el respectivo análisis. NN madre de la menor de edad AA -víctima-, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 18.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/2022 de “26” -siendo lo correcto 23- de diciembre, cursante de fs. 52 vta. a 54 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad tiene por objeto la protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física o de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados; en la presente acción de libertad se concluye que efectivamente el Ministerio Público cumplió con todas las formalidades legales y protocolos de la cadena de custodia; b) No se presentó en la audiencia de consideración de esta acción de defensa algunos reclamos oportunos ante las instancias correspondientes, por consiguiente, se incumplió con el principio de subsidiariedad -excepcional- que rige a la acción de libertad; y, c) El accionante no se encuentra ilegalmente detenido, tomando en cuenta que se encuentra cumpliendo una detención preventiva que fenecería el 9 de enero de 2023, oportunidad en la que se tratarían las respectivas circunstancias y se determinaría la cesación de la detención preventiva del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Imputación Formal de 8 de septiembre de 2022, dirigida al Juez de Instrucción Penal Tercero de la capital del departamento de Potosí, emitido por Juan José Quiroga Duchén, Fiscal de Materia -ahora tercero interviniente-; por el que, imputó a José Manuel Villanueva -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de estupro agravado, solicitando en consecuencia la aplicación de su detención preventiva (fs. 20 a 27). II.2. Consta Acta de Audiencia Pública de Consideración de Imputación Formal y Aplicación de Medidas Cautelares de 9 de septiembre de 2022, en la que se advierte que Raúl Ángel Raya Cueto, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí dispuso la aplicación de la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, por el plazo de tres meses, señalándose audiencia de control jurisdiccional para el 9 de diciembre de igual año (fs. 29 a 35 vta.). Decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental, que resuelto mediante Auto de Vista de 226 de 26 septiembre de dicho año, se declaró su improcedencia y se confirmó lo dispuesto por el Juez de la causa (fs. 36 a 39).

II.3. Cursa memorial de 8 de diciembre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, por el que, el Fiscal de Materia ahora tercero interviniente solicitó ampliación de la detención preventiva del accionante (fs. 40 a 41). II.4. Por Auto de Vista 181/2022 de 16 de diciembre, Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora accionado-; declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental planteado por el accionante y dispuso confirmar el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, emitido por el Juez de la causa (fs. 43 a 45).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 181/2022 de 16 de diciembre, resolvió confirmar el Auto Interlocutorio de 9 de igual mes de 2022, por el que se dispuso la ampliación de su detención por un mes más en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, sin considerar la dilación ocasionada por parte del Ministerio Público en generar la prueba pericial genética y bajo la argumentación de que la causa penal en cuestión sería compleja. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP

La SCP 0186/2021-S1 de 22 de junio, establece que: «Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (…). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (…).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (…).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (…).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (…).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (…).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (…).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones.

Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 181/2022 de 16 de diciembre, resolvió confirmar el Auto Interlocutorio de 9 de igual mes de 2022, por el que se dispuso la ampliación de su detención por un mes más en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, sin considerar la dilación ocasionada por parte del Ministerio Público en generar la prueba pericial genética y bajo la argumentación de que la causa penal en cuestión sería compleja. De la revisión de antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, el Fiscal de Materia ahora tercero interviniente mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, imputó formalmente al accionante por la presunta comisión del delito de estupro agravado, solicitando en consecuencia la aplicación de la detención preventiva (Conclusión II.1.); posteriormente, el 9 de igual mes y año, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio de igual fecha, dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí por el plazo de tres meses, señalándose audiencia de control jurisdiccional para el 9 de diciembre de dicho año; decisión que fue confirmada mediante Auto de Vista 226 (Conclusión II.2.).

En ese sentido, mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, el Fiscal de Materia hoy tercero interviniente, en aplicación del art. 233.3 del CPP, solicitó la ampliación de la detención preventiva del accionante por un mes más, con la finalidad de asegurar la presencia del nombrado y el no entorpecimiento de la averiguación histórica de los hechos, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley (Conclusión II.3.).

En consecuencia, como se mencionó en antecedentes, en audiencia de control jurisdiccional de 9 de diciembre de 2022, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, dio lugar a la ampliación de plazo de la detención preventiva del accionante; en virtud a lo cual se formuló recurso de apelación incidental, pronunciándose el Auto de Vista 181/2022, por el que, el Vocal ahora accionado declaró la improcedencia del citado recurso de apelación planteado y dispuso confirmar el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.4.).

Ahora bien, estando descritos los antecedentes, es necesario tomar en cuenta que el accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; puesto que, el Vocal ahora accionado, confirmó el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022 por el que se dispuso la ampliación del plazo de su detención preventiva, bajo la fundamentación de que el caso penal sería complejo, sin considerar la dilación ocasionada por parte del Ministerio Público en generar la prueba pericial genética; por lo que, solicitó mediante esta acción de defensa que el Auto de Vista 181/2022, sea dejado sin efecto y se emita uno nuevo tomando en cuenta los principios de razonabilidad, favorabilidad y proporcionalidad; en ese contexto, es que si bien el accionante no precisó los elementos del debido proceso que estuviesen siendo vulnerados, no obstante, es preciso señalar que la acción de libertad se rige por el principio de informalismo, y es en virtud del cual que de la lectura del petitorio se deduce que lo cuestionado por el accionante es la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, de los cuales presuntamente carecería el indicado Auto de Vista, en consecuencia, a continuación se analizará el contenido del mismo.

De la lectura del Auto de Vista 181/2022 se advierte que los agravios expuestos por el accionante en el recurso de apelación incidental que planteó contra el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, fueron: i) Que el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención preventiva por un mes debido a que la prueba pericial -de ADN- no hubiese llegado, en ese sentido, se señaló que el art. 193 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) presume la veracidad de la declaración de un menor de edad, y es así que en el proceso penal de referencia la menor de edad -víctima- ya presentó su declaración, razón por la que, el Ministerio Público debió actuar inmediatamente; toda vez que, con la declaración de la víctima ya se obtuvieron todos los elementos para poder proceder con un juicio oral, público y contradictorio; ii) El Ministerio Público no obró con celeridad, tomando en cuenta que la imputación formal es del 8 de septiembre de 2022 y transcurridos tres meses de su detención preventiva, no realizó algunos actuados que son imprescindibles para la investigación, como ser la prueba pericial genética, limitándose a efectuar la declaración en Cámara Gesell; iii) La SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, hizo mención a la celeridad con la que se debe tramitar un proceso penal en los que se encuentran involucrados menores de edad; iv) El Ministerio Público aduce la necesidad de ampliación de plazo con base en que la causa penal sería compleja; v) Se debió presentar la acusación formal durante esos tres meses transcurridos; toda vez que, ya se cuenta con la declaración de la víctima, la cual es una prueba fundamental en el presente caso, en virtud de lo cual solicitó que se declare improcedente la ampliación de la detención preventiva y se disponga su libertad aplicándole las medidas cautelares conforme a lo dispuesto por el art. 231 bis del CPP e incluso su detención domiciliaria, considerando que se encuentra a cargo de su abuelo paterno, quien vive en una comunidad; y, vi) El Juez de la causa no motivó ni fundamentó el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022 emitido; ya que, bajo el fundamento de que el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de su detención preventiva indicando que la causa penal es compleja; sin tomar en cuenta que en el presente caso únicamente hay un imputado y una víctima; es decir, no existe pluralidad de sujetos, razón por la que no se debió dar lugar a lo solicitado; a lo que se agregó que “a la fecha” -se entiende 16 de diciembre de 2022- ya se tomaron las muestras de sangre para la pericia genética, y no se observó lo establecido por el art. 233 del citado Código, que prevé que el plazo de la detención preventiva se amplía únicamente cuando el caso es complejo y existe la pluralidad de sujetos.

Ahora bien, en respuesta a todo lo mencionado, el Vocal ahora accionando, mediante el Auto de Vista 181/2022, resolvió declarar improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes se advirtió que el Fiscal de Materia hoy tercero interviniente solicitó la ampliación de la detención preventiva, señalando que se propuso una diligencia de investigación, como ser la pericia genética forense, designando a tal efecto a la perito Janet Cristina Serva Vásquez, quien funge sus funciones en el IDIF de Cochabamba y mediante una Nota de 8 de diciembre de 2022, señaló que no hubiese llegado a recepcionar las muestras o evidencias para realizar la pericia pedida por el Ministerio Público, requiriendo que las mismas sean remitidas a la brevedad posible; b) El Ministerio Público considera que esa pericia es importante para la investigación, especialmente para ver si concurre o no la agravante prevista por el art. 310 inc. k) del CP y de esa manera emitir el respectivo requerimiento conclusivo en aplicación del art. 323 del CPP; asimismo, se refirió que el caso sería complejo al tratarse de una menor de catorce años de edad que fue objeto de agresión sexual y que cuenta con una protección reforzada por el Estado, motivo por el que debe observarse el enfoque de género; c) De la revisión del Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, el Juez de la causa hizo mención a los arts. 233, 235 ter y 239.2 del CPP, fundamentando las razones por las que el caso penal sería complejo señalando la importancia de la realización de la pericia genética debido a su importancia para determinar la existencia o no de la agravante prevista en el art. 310 inc. k) del CP; haciendo mención a la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, la cual estableció que ‘“que bajo el alcance interpretativo de la Corte Interamericana de DDHH se asume que la complejidad del caso podrá medirse en función a las circunstancias debidamente justificadas que impidan el desarrollo del proceso en un plazo razonable, cuya precisión emergerá de acuerdo a las particularidades propias de cada caso, respondiendo de manera fundamentada al grado de dificultad que conlleva la investigación, el que pueda estar vinculado a la complejidad de la prueba y las dificultades en su obtención; pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas o testigos…”’ (sic), en ese sentido, dicha jurisprudencia hace mención que la complejidad de un caso no se presenta únicamente ante la pluralidad de sujetos imputados o víctimas, sino también cuando exista dificultad en la obtención de pruebas y es lo que precisamente señaló el Ministerio Público en el presente caso penal; ya que, no obstante que se tomaron las pruebas de sangre del imputado y del embrión, éstas no fueron remitidas a la perito, con la finalidad de establecer la agravante de embarazo que se señaló en la investigación, en virtud de lo cual consideró que ese actuado era importante para el caso; y, d) El Juez de la causa mencionó que en el presente caso se tiene una víctima de catorce años de edad, que fue objeto de agresión sexual y que cuenta con protección reforzada del Estado que suscribió tratados y convenios internacionales como ser la Convención Belem do Pará y otros que protegen a ese sector vulnerable de la sociedad; más aun, si se trata de una menor de edad.

Por todo lo mencionado, indicó que: 1) El Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2022, se encuentra debidamente fundamentado, conforme a lo previsto por el art. 124 del CPP, y que si bien se produjo una dilación en la realización de varios actuados, que debieron ser realizados con la celeridad correspondiente, aquello seguramente generará la respectiva responsabilidad a quien se encuentra realizando la investigación en el presente caso penal; y, 2) No consideró evidente el agravio por parte de la defensa del imputado -accionante- respecto a que ante la inexistencia de pluralidad de sujetos ya debió emitirse una acusación formal al ya tenerse la declaración de la víctima que goza de presunción de veracidad; si bien esto es evidente; sin embargo, no se puede olvidar que la etapa preparatoria tiene una duración de seis meses, y en ese periodo el Ministerio Público puede emitir su requerimiento conclusivo como lo establece el art. 323 del citado Código; por lo que, no se le puede exigir que lo presente en un plazo menor al establecido; ya que, el Fiscal de Materia ahora tercero interviniente en su momento efectuará un análisis correspondiente de todos los elementos obtenidos en esa etapa.

Asimismo, en mérito a la solicitud de aclaración y complementación efectuada por la defensa del imputado -accionante-, el Vocal ahora accionado mediante Auto de 16 de diciembre de 2022, señaló que: i) No se hizo referencia a la existencia de una retardación de justicia, simplemente se señaló que existe una dilación en las investigaciones que se estarían realizando; lo cual es comprensible; puesto que, el Ministerio Público conoce varios procesos y cuenta con una recargada labor y es la razón para que no se hubiese dado celeridad en la investigación, reiterando la aclaración de que en ningún momento se estableció la existencia de una retardación de justicia; y, ii) El abogado del imputado -accionante- cuenta con los mecanismos para exigir al Ministerio Público la celeridad en las investigaciones y recordarle cuál es su función; sin embargo, aquello no fue mencionado; ya que, se desconoce si se hicieron llegar esos reclamos ante el Fiscal Departamental de Potosí, entonces consideró que en el presente caso no se señaló la existencia de una retardación de justicia que pueda establecer responsabilidad.

Estando establecido el contenido del Auto de Vista 181/2022, corresponde remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la cual establece que las resoluciones judiciales sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas y motivadas, diferenciando que la fundamentación implica la cita e interpretación de las normas aplicables, mientras que la motivación se refiere a la exposición lógica y razonada de los hechos y pruebas que sustentan la decisión. La obligación de fundamentar y motivar recae tanto en jueces de instrucción penal como en Tribunales de segunda instancia, quienes no pueden limitarse a formalidades ni a presunciones legales, sino que deben justificar expresamente la concurrencia de los requisitos previstos por los arts. 233, 234 y 235 del CPP, conforme exige el art. 236.4 de ese Código. En particular, respecto al art. 398 del indicado Código, se señaló que no debe interpretarse de manera literal, sino integral, obligando a los tribunales de alzada a realizar un análisis completo de los agravios y a motivar sus resoluciones con base en elementos de convicción claros y razonables. En conclusión, la falta de fundamentación y motivación convierte la detención preventiva en arbitraria y vulnera derechos constitucionales.

Bajo ese entendimiento jurisprudencial, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que el Auto de Vista 181/2022, contiene una debida fundamentación y una motivación fáctica; puesto que, citó las disposiciones aplicables con relación a la detención preventiva como ser los arts. 233, 235 ter, 239.2 y 323 del CPP; asimismo, hizo énfasis en los tratados internacionales de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes como ser la Convención Belem do Pará; al igual que desarrolló las razones vinculadas con la necesidad de que se desarrolle la prueba genética para la determinación de la concurrencia o no de la agravante prevista por el art. 310 inc. k) del CP. Por otro lado, el Vocal ahora accionado ponderó la situación de la víctima, la cual no únicamente es menor de edad al contar con catorce años, sino que también se encuentra en estado de gestación, motivos por los que al ser parte de un grupo vulnerable de protección reforzada requiere de la protección del Estado; por lo que, el citado Vocal obró de manera correcta al aplicar en su fallo la perspectiva de género y el enfoque interseccional, para determinar la complejidad del caso penal respecto a la obtención de la prueba que conllevó a la ampliación de la detención preventiva del accionante. Por lo señalado y no habiéndose establecido la vulneración de los derechos del accionante, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de “26” -siendo lo correcto 23- de diciembre, cursante de fs. 52 vta. a 54 vta. pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0375_2026-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 534a781a8047ca3da6cd7744e6ff8cccf9b75b0efd05b5631eec24a7ca5057c7

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