Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y congruencia; al acceso a la justicia, a la propiedad privada; así como de los principios pro homine, legalidad y seguridad; aduciendo que el Auto de Vista de 19 de octubre de 2020, que confirmó la Sentencia de 21 de febrero de 2020, que declaro improbada su demanda, y probada la excepción de prescripción formulada por los terceros interesados, se pronunció sin considerar que el plazo para el cómputo de la prescripción era de cinco años al demandarse el proceso ejecutivo sobre la base de un acta de conciliación producto de un anterior proceso civil por desalojo y no así de dos años como manifestaron los Vocales de ese entonces en el citado Auto de Vista. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-069/2024 de 3 de septiembre, cursante de fs. 508 a 513, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0375/2025-S3 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 43587-2021-88-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-069/2024 de 3 de septiembre, cursante de fs. 508 a 513, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Peredo Tapia contra Zulma Raiza Garcia Basualdo y Clelia Elizabeth La Fuente Torrico, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 30 de septiembre y 7 de octubre de 2021, 29 de julio y 8 de agosto de 2024, cursantes de fs. 198 a 209 vta, 242 a 249 vta, 483 y vta; y, 487 y vta.; el accionante manifestó que:
Dentro el proceso ejecutivo que instauró contra Jhery y Richard Angulo Centellas -terceros interesados-, por Sentencia de 20 de febrero de 2017, la Jueza Pública Civil y Comercial Veintidós del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba se declaró probada la demandada e improbada la excepción de prescripción, que fue objeto de recurso de apelación resuelto por la Sala Civil Segunda del citado Tribunal Departamental, a través del Auto de Vista REG/S.CII/SEN.083/29.08.2019 de 29 de agosto, que anuló el citado fallo ordenando se emita una nuevo. En mérito a ello, se dictó la Sentencia de 21 de febrero de 2020, que declaró improbada la demanda ejecutiva y probada la excepción de prescripción;
determinación contra la que formuló recurso de apelación, mereciendo Auto de Vista de 19 de octubre de 2020 que confirmó esa decisión. Señala que en un anterior proceso sumario de desalojo dirigido contra los terceros interesados, a raíz de la falta de pago de alquileres cursaba una citación por edictos de 6 de junio de 2013, por ello esa causa que fue tramitada hasta el “PRESENTE”; resultando erróneo el razonamiento del Auto de Vista de 19 de octubre de 2020, referente a que desde el 5 de enero de 2013 al 5 de mismo mes del 2015 no hubiera practicado ningún acto procesal orientado a cobrar su acreencia emergente del arrendamiento. Por otra parte, se configuraba el art. 1505 del Código Civil (CC), en lo referente al reconocimiento expreso de la deuda perseguida por parte de los terceros interesados se encuentra materializada en el memorial de 23 de agosto de 2016, a través del cual formularon su excepción de prescripción liberatoria admitiendo que estaban pendientes algunos alquileres de la gestión 2012. Asimismo indica que no se consideró la interrupción del plazo de la prescripción que realizó de conformidad al art. 1503 del CC, y que además se incumplió lo acordado en una anterior demanda de desalojo que suscribió con los terceros interesados un acta de conciliación el 4 de enero de 2013 en la cual asumieron obligaciones judiciales pendientes, pese a ello su demanda fue declarada improbada por Sentencia de 21 de febrero de 2020. Aclara que: “…la última resolución que secunda los derechos vulnerados por a J.P.C.C.22, es el Auto de Vista de fecha 19 de octubre de 2020 dictado por la S.C.II, que ratifica ilegalmente la nueva sentencia de fecha 21 de febrero de 2020” (sic) (fs. 245) “…las Autoridades RECURRIDAS, por la emisión de la última resolución emitida es sin duda la resulta por los vocales de la Sala Civil Primera por AUTO del 2020, ahora estando en cargo las Vocales:
1. Zulma Raiza Garcia Basualdo 2. Clelia Elizabeth La Fuente Torrico” (sic [fs. 487 vta]).
Denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la propiedad privada; así como de los principios pro homine, legalidad y seguridad jurídica citando a ese efecto los arts. 56, 57, 115, 180.I, 302, 315.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.1 de la Declaración de Derechos Humanos; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 21 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH),
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de: a) Auto de Vista de 29 de agosto de 2019; b) Sentencia de 21 de febrero de 2020; y, c) Auto de Vista de 19 de octubre de 2020.
Celebrada la audiencia pública de 3 de septiembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 506 a 507, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogado, ratificó in extenso el contenido de la acción tutelar presentada y ampliándolo manifestó que: 1) Existió una flagrante violación al debido proceso en sus vertientes legalidad y congruencia en el sentido de que existía un acta de conciliación de 4 de enero de 2013, que determinó un desalojo y la obligación pecuniaria de los terceros interesados aspecto que según la SCP 0769/2013 de 7 de junio y el art. 181 del Código de Procedimiento Civil (CPC abrog) de ese entonces, dicho acuerdo tenía carácter de cosa juzgada cuyo cumplimiento se efectiviza por proceso ejecutivo; 2) La obligación ejecutiva que reclama sea honrada no emerge del pago de alquileres sino del acta de conciliación firmada dentro un proceso anterior, ante autoridad judicial por lo cual prescribía en el plazo de cinco años; y, 3) Por ello se vulneró el debido proceso en todas sus vertientes en especial en lo referente a la congruencia legalidad y fundamentación.
Zulma Raiza Garcia Basualdo y Clelia Elizabeth La Fuente Torrico, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 2 de septiembre de 2024, cursante a fs. 502, indicaron que no pronunciaron el Auto de Vista de 19 de octubre de 2020; pese a ello, se ratifican en los fundamentos expuestos en ese fallo emitido por Janeth Rivas Solís y Gualberto Terrazas Ibañez, exvocales de la citada Sala Civil.
Richard y Jhery Angulo Centellas, no presentaron escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 499 y 500.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC-069/2024 de 3 de septiembre, cursante de fs. 508 a 513, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Utilizando los mismos fundamentos de su recurso de apelación contra la Sentencia de 21 de febrero de 2020, el accionante se refirió a dos procesos diferentes: el primero, relativo a una causa por desalojo instaurado contra los terceros interesados, cuya pretensión era la desocupación de un inmueble de su propiedad, ante la negativa de los prenombrados de salir del mismo además del impago de las rentas; y, el segundo el proceso ejecutivo que también dirigió contra los terceros interesados buscando el cobro de alquileres devengados; ii) El impetrante de tutela, a través de esta acción de defensa, pretendía la revisión de todo lo obrado en el proceso ejecutivo aspecto que prohibido a la justicia constitucional; iii) El solicitante de tutela no explicó por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica; de igual forma no precisó los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados ni mucho menos señalo cual la relevancia constitucional; y, iv) La Jueza de la causa de desalojo, expresó que por la naturaleza de ese proceso no era posible referirse al cobro de alquileres es por ello que el solicitante de tutela adjuntando talonario de alquileres, facturas y contrato de alquiler formalizó su demanda ejecutiva. De lo cual se evidenciaba que el prenombrado no demandó el cumplimiento del acta de conciliación de 4 de enero de 2013, sino el pago de las rentas devengadas utilizando como base las referidas literales; por tal motivo, el Auto de Vista de 19 de octubre de 2020 se encontraba debidamente fundamentado y motivado, siendo congruente con el objeto del proceso ejecutivo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso ejecutivo por cobro de alquileres, instaurado por Rolando Peredo Tapia -accionante-, contra Jhery y Richard Angulo Centellas –terceros interesados- a través de la Sentencia de 21 de febrero de 2020, la Jueza Publica Civil y Comercial Veintidós de la Capital del departamento de Cochabamba declaró improbada la demanda ejecutiva y probada la excepción de prescripción opuesta por los prenombrados disponiendo el archivo de obrados y condenando en costas al demandante (fs. 235 a 237 vta.). II.2. Por Auto de Vista de 19 de octubre de 2020, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba confirmó la citada Sentencia (fs. 187 a 190 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación y congruencia; al acceso a la justicia, a la propiedad privada; así como de los principios pro homine, legalidad y seguridad; aduciendo que el Auto de Vista de 19 de octubre de 2020, que confirmó la Sentencia de 21 de febrero de 2020, que declaro improbada su demanda, y probada la excepción de prescripción formulada por los terceros interesados, se pronunció sin considerar que el plazo para el cómputo de la prescripción era de cinco años al demandarse el proceso ejecutivo sobre la base de un acta de conciliación producto de un anterior proceso civil por desalojo y no así de dos años como manifestaron los Vocales de ese entonces en el citado Auto de Vista. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0367/2012 de 22 de junio, al analizar un proceso ejecutivo y coactivo civil, estableció una distinción precisa de los hechos que pueden ser reclamados directamente a través de la acción de amparo constitucional y los que deben ser conocidos a través de un proceso ordinario previo, distinguiendo cuando se configura una improcedencia por subsidiariedad y cuando no, en ese sentido la aludida Sentencia señaló que: “III.2.1. Primer supuesto de hecho: Cuando el amparo ingresa a la compulsa del acto lesivo en el proceso ejecutivo y acción coactiva civil debido a que en el proceso ordinario posterior no podrá ser analizada, revisada y corregida.
La primera situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados se refieren a la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso, caso en el cual, evidenciándose su quebrantamiento, se otorga la tutela, debido a que dentro del proceso ordinario posterior no podrán ser analizadas, revisadas ni corregidas, existiendo únicamente la justicia constitucional para su tutela.
Esto debido a que como entendió la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, la ordinarización posterior del proceso ejecutivo o coactivo civil, ‘…encuentra su excepción cuando, atentos a la circunstancias de cada caso, la ordinarización del proceso ejecutivo no representa un mecanismo idóneo y efectivo para dilucidar los hechos vulneratorios de derechos fundamentales, es así que, cuando se aleguen y lleguen a constatarse vulneraciones al debido proceso que, posteriormente, en un proceso ordinario no podrán restituirse, se podrá analizar la problemática directamente mediante la tutela que brinda esta acción tutelar sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la LAPCAF’.
Al respecto están las siguientes líneas jurisprudenciales, como ejemplos:
1) Derecho a la defensa
La línea jurisprudencial, respecto a la obligación de iniciar el proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- no sólo contra el deudor, sino también contra el garante hipotecario, está fundada a partir de la SC 0136/2003-R de 6 de febrero (Fundamento Jurídico III.1.2.), la que fue complementada con el entendimiento asumido en la SC 0331/2003-R de 18 de marzo (Fundamento Jurídico III.2.), en sentido que el proceso de ejecución en cuestión debe iniciarse no sólo contra los deudores sino también contra el garante hipotecario o los herederos de éste último.
Dicha línea jurisprudencial no puede ser aplicada a los casos en los cuales el garante hipotecario o los herederos de éste último, pese a no haberse omitido iniciar el proceso en su contra o porque no se les citó con la demanda coactiva o ejecutiva, tuvieron conocimiento y por lo mismo asumieron defensa, conforme lo entendieron las SSCC 0509/2006-R y 0783/2006-R, entre otras.
En ese orden, la SC 1505/2010-R 11 de octubre de 2010, entendió que si bien la SC 0136/2003-R, estableció que debía notificarse al garante hipotecario con la demanda coactiva civil se debía considerar la SC 0299/2010-R de 7 de junio, que determinó que: ‘…se debe tener en cuenta que: Si existe constancia de que el garante hipotecario durante el proceso tomó conocimiento extraoficial de la demanda o acción del acreedor contra el deudor, o si en ejecución de sentencia es notificado con los actos preparatorios al remate, no existe indefensión, y por ende no corresponde la nulidad de obrados, por cuanto tuvo los medios para reclamar cualquier supuesta ilegalidad que lesione sus derechos fundamentales, agotados los mismos, recién corresponderá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional.
Por consiguiente, se puede evidenciar efectivamente que al haber presentado los accionantes el incidente de nulidad de obrados hasta el momento de que sean notificados con la demanda, el mismo que fue resuelto por Auto de 25 de mayo de 2005, rechazando dicha solicitud, el Juez de la causa dispuso que estando apersonados los impetrantes y con el fin de que tomen causa, se dispone su notificación con la sentencia pronunciada, así como con el avalúo del inmueble en proceso de subasta’.
En este sentido, también existe profusa jurisprudencia constitucional, que señala que así no se cumplan las formalidades legales exigidas por las normas procesales civiles, si el coactivado o ejecutado, ha asumido defensa -situación que se verifica con cualesquier actuación dentro del proceso, incluso con un simple apersonamiento, la notificación es válida y de ningún modo puede prosperar el incidente de nulidad de notificación. Así lo ha establecido la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre (Fundamento Jurídico III.2.), jurisprudencia reiterada en las SSCC 0612/2007-R y 0648/2010-R (Fundamento Jurídico III.4.1.), entre otras.
Esta línea jurisprudencial se encuentra en vigor por su compatibilidad con el nuevo orden constitucional, que prevé el derecho a la defensa en los arts. 115.II de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Otro caso, en la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, en el que dentro de un proceso ejecutivo, los vocales demandados no imprimieron el trámite correspondiente al incidente de nulidad de obrados planteado por los herederos de la ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 149 al 155 del CPC, y por el contrario dispusieron la ejecutoria de la sentencia apelada, el Tribunal Constitucional, en principio señaló que era: ‘…necesario dejar establecido que los hechos alegados no serán susceptibles de revisión en un proceso ordinario posterior, puesto que se tratan de lesiones al debido proceso, inherentes a la naturaleza de este proceso judicial; en consecuencia, no es aplicable el entendimiento expuesto en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la improcedencia por subsidiariedad, correspondiendo su análisis en el fondo, como se explica en el siguiente acápite’. Y, posteriormente, resolviendo el fondo, refirió que ‘…los miembros del Tribunal de alzada, codemandados, en vez de imprimirle el trámite correspondiente al incidente de nulidad de obrados planteado por los herederos de la ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en los art. 149 al 155 del CPC, se constata que no emitieron pronunciamiento alguno sobre el mismo; a pesar de que, corrido en traslado a la parte contraria y una vez respondido, concernía dictar la resolución correspondiente; actuando en contrario, vulneraron los derechos de los incidentistas, ahora accionantes, al debido proceso, al derecho a la igualdad jurídica y a la defensa, consagrados en los arts. 115 y 119 de la CPE’.
2) Derecho a una resolución judicial motivada
La línea jurisprudencial en protección del derecho a una resolución judicial motivada, de mayor relevancia cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, que tienen carácter definitivo (SC 0577/2004 de 15 de abril) (Fundamento Jurídico III.3.), entendió que cuando en un proceso ejecutivo o coactivo civil una de las partes interpone recurso de apelación contra una Resolución, en apelación que resuelve las excepciones opuestas o contra la sentencia de primera instancia, el juez o tribunal ad quem debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que fueron apelados, conforme lo exige el art. 236 del CPC. En ese sentido se pronunció la SC 0954/2004-R, reiterada en las SSCC 0415/2010-R, 1291/2011-R y 1582/2011-R, entre otras.
En otro caso, en la SC 1528/2010-R 11 de octubre, el Tribunal Constitucional concedió la tutela en parte respecto al debido proceso en su elemento constitutivo el derecho a una resolución judicial motivada en un proceso ejecutivo, señalando que la fundamentación implica la identificación de la norma aplicable al caso concreto y su correspondiente adecuación, por cuanto evidenció que: ‘El accionante, a través de su memorial de amparo constitucional, alega la falta de cita legal expresa que sustente la Resolución de 30 de junio de 2007 y el Auto Complementario de 3 de agosto del mismo año, a través de las cuales se rechazaron la excepción bienal de prescripción planteada por el accionante en segunda instancia, argumentándose que en procesos ejecutivos, solamente puede oponerse la excepción de prescripción en el plazo de cinco días después de la citación con la demanda y el Auto Intimatorio. La Resolución de 30 de junio de 2007, está estructurada en tres partes considerativas, de las cuales, la primera realiza la relación fáctica relacionada con la problemática concreta; el segundo considerando, analiza el régimen de la prescripción, sustentando el razonamiento en las siguientes normas concretas: i) En el art. 336 inc. 9) del CPC y el art. 1497 del CC, disposición adjetiva que regulan la excepción de prescripción en procesos de conocimiento; ii) En el art. 507 inc. 6) del CPC, que faculta la interposición de excepciones de prescripción en el plazo de cinco días después de la citación con la demanda y auto intimatorio; e, iii) En los arts. 509, 511 y 336 del CPC. Ahora bien, como ya se tiene dicho, uno de los requisitos de la motivación como elemento del debido proceso, precisamente es la descripción de manera expresa de los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; en ese contexto, se tiene que la problemática en dicho caso, versa sobre la oposición de la excepción de prescripción en segunda instancia y en la sustanciación de procesos ejecutivos, entonces, de acuerdo a las citas legales señaladas, se establece lo siguiente: 1) el art. 336 inc. 9) del CPC, no es aplicable al caso concreto porque disciplina procesos ordinarios; 2) el art. 507 inc. 6) del CPC constituye una disposición cuyo supuesto de hecho faculta la presentación de la excepción de prescripción en primera instancia dentro de juicios ejecutivos, razón por la cual, esta cita legal no cumple con el requisito de motivación señalado, toda vez que el supuesto de hecho, no esta directamente vinculado a la problemática concreta; es decir, a la interposición de la excepción de prescripción en segunda instancia y en proceso de ejecución; y, 3) los arts. 509, 511 y 336 del CPC, tampoco son supuestos de hecho normativos aplicables a la problemática concreta, puesto que disciplinan situaciones fácticas aplicables a la facultad de interponer excepciones en primera instancia; en consecuencia, del contenido de la Resolución de 30 de junio de 2007, se establece que esta decisión no cita la normativa cuyos supuestos de hecho se adapten al caso concreto. Por su parte, el auto complementario de 3 de agosto de 2007, cursante de fs. 142 y vta., a pesar de establecer en su parte dispositiva ‘no haber nada que complementar y aclarar’; sin embargo, en la parte considerativa cita las mismas disposiciones legales señaladas supra; por tanto, se establece que esta providencia tampoco cumple con el requisito de motivación desarrollado líneas arriba. Lo expuesto precedentemente, evidencia que las autoridades demandadas vulneraron el derecho de la Compañía que representa el accionante al debido proceso en su elemento motivación, razón por la cual, en cuanto a la denuncia de su vulneración, la tutela debe ser concedida’.
3) Derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior
La SC 0391/2010-R de 22 de mayo, en un caso en el que los Vocales demandados declararon inadmisible el recurso de apelación presentado por el accionante, -en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo-, contra el Auto que rechazó el incidente de nulidad de obrados, con el argumento de haber sido planteado extemporáneamente fuera de los tres días previstos en los arts. 188 y 216 del CPC, el entonces Tribunal Constitucional entendió que: ‘…conforme al entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0090/2010-R, la apelación presentada por el accionante -que fue admitida en el efecto devolutivo-es considerada una apelación directa y tiene el plazo de diez días para su presentación, ya que en el caso analizado, el Auto apelado tiene el carácter de definitivo, porque el mismo define el derecho del ahora accionante, además de encontrarse el proceso en ejecución de sentencia’.
En la SC 1053/2011-R de 1 de julio, en un asunto en el que el accionante denunció que dentro de un proceso coactivo civil, el juez demandado rechazó su recurso de apelación con el argumento de que fue interpuesto fuera de término, el Tribunal Constitucional, ingresando a la compulsa del acto lesivo, evidenció que en efecto el recurso de apelación se presentó extemporáneamente previsto en el art. 220.1 del CPC, por lo que denegó la tutela solicitada.
La segunda situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados a través de la acción de amparo constitucional pueden ser analizados, revisados y corregidos en proceso ordinario posterior, precisamente por no incidir en la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso y referirse a aspectos que requieren amplio debate en el proceso. Así tenemos las siguientes líneas jurisprudenciales, como ejemplos:
1) Excepción de falta de fuerza coactiva o ejecutiva
Existe uniforme jurisprudencia respecto a denegar la tutela por subsidiariedad cuando el accionante a través del amparo denuncia que dentro del proceso ejecutivo o coactivo, el documento de crédito o base de la ejecución que lo originó tuvo vicios de nulidad por cualesquier circunstancia y por lo mismo carece de fuerza coactiva o ejecutiva, en el entendido que este extremo puede ser corregido en vía ordinaria posterior prevista por el art. 490 CPC, modificado por el art. 28 de la LAPCAF. En este sentido se pueden consultar las SSCC 0966/2006-R, 1062/2003-R, 1522/2011-R y SC 0504/2010-R de 5 julio, (caso en el cual se activó paralelamente la vía ordinaria y la acción de amparo).
2) Excepción perentoria de prescripción liberatoria
La SC 0258/2010-R de 31 de mayo, en un caso en el que se pretendió a través de la acción de amparo se revise la resolución que declaró improbada la excepción perentoria de prescripción liberatoria, el Tribunal Constitucional Transitorio consideró que ello era una situación que únicamente podía ser cuestionada y controvertida a través del proceso ordinario conforme lo establece el art. 490.I del CPC y no así mediante la jurisdicción constitucional cuya función específica se traduce en la tutela de derechos fundamentales.
3) Excepción de prescripción de la acción y del derecho
La SC 1023/2010-R de 23 de agosto, en similar sentido que el anterior, no ingresó a analizar el fondo de la denuncia respecto a la excepción de prescripción de la acción y del derecho, derivando su análisis al proceso ordinario posterior” (las negrillas son añadidas).
Si bien el desarrollo jurisprudencial glosado, tuvo su génesis cuando aún era aplicable el Código de Procedimiento Civil anterior, dicho entendimiento es adaptable al Código Procesal Civil vigente; en el sentido que, la naturaleza y esencia del proceso ejecutivo y la posibilidad de su revisión en proceso ordinario conforme lo prevé el art. 486.I de la norma procesal civil actual, no fue modificada en el nuevo régimen.
En antecedentes que hacen la presente acción de defensa, dentro el proceso ejecutivo a instancias del accionante contra los terceros interesados se declaró improbada la demanda por Sentencia de 21 de febrero de 2020, y probada la excepción de prescripción que presentaron los prenombrados, dicho fallo producto de apelación fue confirmado el 8 de octubre de 2021 (Conclusiones II.1 y 2). En ese marco, el impetrante de tutela identifica como lesivo a sus derechos el Auto de Vista de 19 de octubre de 2020 y como última resolución asimismo solicita se deje sin efecto el mismo aduciendo que no se efectuó un adecuado cómputo del plazo para la prescripción. Ahora bien la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que en lo concerniente al caso sub judice señala que respecto a la subsidiariedad en procesos civiles de naturaleza ejecutiva se activa cuando el problema jurídico planteado esté vinculado a la excepción de falta de fuerza coactiva o ejecutiva; a la excepción de prescripción liberatoria y a la excepción de prescripción de la acción y del derecho; toda vez que, esos cuestionamientos deben ser dilucidados en un proceso ordinario posterior. En ese marco y siendo que el debate propuesto por el accionante de la presente acción de defensa se centra en si la excepción perentoria formulada por los terceros interesados debió ser computada como aduce el accionante y la Juez a quo en la Sentencia de 20 de febrero de 2017, a partir del acta de conciliación de un anterior proceso de desalojo por lo que hubiera tenido el plazo de cinco años como prevé el art. 1507 del CC, o si ese término fue adecuadamente valorado por los ex vocales que pronunciaron el Auto de Vista de 19 de octubre de 2020, quienes señalaron que en un proceso ejecutivo el cobro de alquileres fenece a los dos años conforme el art. 1509.1 del CC. Este Tribunal debe inhibirse de ingresar al análisis de fondo de la problemática; puesto que, el art. 386 del Código Procesal Civil (CPC) admite que lo resuelto en un proceso ejecutivo puede ser modificado en un proceso ordinario posterior, máxime si se considera lo resuelto en un caso similar a través de la SC 0258/2010-R de 31 de mayo que estableció: “…se solicita la nulidad de los fallos judiciales tanto de los que han adquirido la calidad de cosa juzgada formal como la consideración de la excepción perentoria de prescripción liberatoria opuesta; pues tratándose de cuestiones de hecho a probar, estas en virtud al rol específico de la jurisdicción ordinaria, únicamente podrán ser cuestionadas y controvertidas a través del proceso ordinario y no así mediante la jurisdicción constitucional cuya función específica se traduce en la tutela de derechos fundamentales.” (las negrillas pertenecen al texto original); en ese entendido, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC-069/2024 de 3 de septiembre, cursante de fs. 508 a 513, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0375_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): f03791d24ba457ae5a5d173b877318aa147465aef7674a48d5e29e46cfa4ede0
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