B.IA.LEGAL

SCP 0375/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 16 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47564-2022-96-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración o salario justo, a la salud, al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, habiendo el 2002, ingresado a trabajar a la ANB obtuvo la calidad de funcionario de carrera, y de forma inexplicable fue desvinculado a través del Memorándum Cite 0163/2021 de 7 de enero, pronunciado por la Presidenta Ejecutiva demandada; en virtud a ello, formuló los recursos de revocatoria el 14 de idéntico mes y año y jerárquico el 3 de febrero del indicado año; no obstante, este último no fue sometido a procedimiento; ya que, no se remitieron los antecedentes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para su resolución; por tal razón, se dirigió a esa cartera de Estado a través del escrito de 2 de marzo de 2021 poniendo a conocimiento su causa, solicitando el pronunciamiento en el fondo respecto a la merituada impugnación; lo que, no aconteció; por lo que, considera que su situación laboral fue dejada en suspenso generándole indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 78/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 199 a 201 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0375/2023-S2 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 47564-2022-96-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 78/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 199 a 201 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ernesto Peinado Añez contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); y, Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 de noviembre de 2021 y 31 de enero de 2022, cursantes de fs. 30 a 41 y 44 a 51 vta., el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Memorándum Cite 0163/2021 de 7 de enero, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB -demandada-, le comunicó su determinación de retirarlo de esa institución; pese a que, durante todo el tiempo que trabajó no fue objeto de llamadas de atención ni procesos disciplinarios; en virtud a ello, el 15 de igual mes y año, interpuso recurso de revocatoria, alegando que al ser funcionario de carrera conforme se tiene del Registro 364-TC-0702 expedido el 16 de julio de 2002, por la Superintendencia del Servicio Civil, no se justificó las causales o motivos para su desvinculación. El 29 de enero de 2021, fue notificado con la respuesta a su recurso de revocatoria a través de la Nota AN-PREDC-C-2021/0211 de 27 de idéntico mes y año, el cual se constituye en un acto administrativo; por ello, el 3 de febrero del señalado año, presentó recurso jerárquico mereciendo la Nota AN-PREDC-C-2021/0363 de 5 de marzo del indicado año, misiva haciendo referencia a su impugnación, siendo notificado con la misma en la señalada fecha, sin remitir los antecedentes a la autoridad competente. Presentó una respuesta a la referida Nota, y en escritos posteriores, exigió la remisión de su recurso jerárquico ante la autoridad competente, lo cual, no aconteció; en ese entendido, por memorial de 2 de marzo de 2021, dirigido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, puso a conocimiento de esa cartera de Estado el mencionado recurso, impetrando sea resuelto, obteniendo como respuesta el Oficio CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-BECS-0206-CAR/21 de 27 de mayo del merituado año, pronunciado por Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General de Servicio Civil del señalado Ministerio, indicando que no estaba facultado para resolver la impugnación relacionada con el retiro de su fuente laboral; decisión que le fue notificada el 31 del citado mes y año, dejando su situación laboral indefinida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración o salario justo, a la salud, al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 18, 46, 49.III, 115.I y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del acto administrativo Nota CITE: AN-PREDC-C-2021/0363, ordenando a la demandada remitir el recurso jerárquico a la autoridad competente; b) Dejar sin efecto y anular el Memorándum CITE 0163/2021; c) La restitución a su fuente laboral, además de asignarle la liquidación de salarios, aguinaldos y derechos sociales devengados; y, d) Se anule la nota de respuesta al recurso jerárquico Oficio CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-BECS-0206-CAR/21, instruyendo al Director General codemandado, resuelva en el fondo esa impugnación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el “12” -lo correcto es 20- de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 190 a 198, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: 1) El 17 de julio de 2001, ingresó a trabajar a la ANB por concurso de méritos al ser licenciado en comercio internacional, cumpliendo funciones por más de diecinueve años, estando en capacitación constante; 2) En casos similares, primero se bajaba al trabajador mediante un memorándum a funcionario provisorio, pasado un tiempo recién se lo retiraba; en su caso, fue desvinculado de forma directa; 3) El Estatuto del Funcionario Público no fue derogado por la Ley del Presupuesto General del Estado -Ley 1356 de 28 de diciembre de 2020-; en virtud a ello, estaba facultado a oponer los recursos de revocatoria y jerárquico; y, 4) Fue destituido en pleno rebrote del COVID-19 negándole la oportunidad de ser asistido por la Caja Nacional de Salud (CNS), ante una posible emergencia.

I.2.2. Informe de los demandados

Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB, en audiencia de garantías sostuvo que: i) Su institución contestó a todas las solicitudes del peticionante de tutela; por tal razón, no se lesionó al debido proceso; ii) Se vulneró el principio de inmediatez; ya que, el prenombrado efectúo tres solicitudes y siendo que el “Cite: 0211” fue notificado el 29 de enero de 2021, y realizando el cómputo de los seis meses, aquel vencía el 29 de julio del indicado año, respecto al “Cite: 363” fue comunicado el 5 de marzo de igual año, y su plazo era hasta 5 de septiembre de mismo año, lo propio con el “Memorándum de retiro” que data de 7 de enero del merituado año, notificado el 11 del señalado mes y año, revisado el computo asciende a seis meses y ciento ochenta días; iii) Con la promulgación de la “Ley financial” el impetrante de tutela adquirió la condición de funcionario provisorio; en ese marco, era aplicable los alcances de la SCP 0780/2019 de 12 de septiembre, que establece la posibilidad de despedir a un servidor público de esa condición sin necesidad de invocar falta alguna o proceso previo. Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, por informe escrito presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 120 a 123, y en audiencia de garantías señaló que: a) La acción tutelar fue interpuesta sin cumplir el principio de inmediatez; b) El art. 56 del Decreto Supremo (DS) 0071 de 9 de abril de 2009, dispuso que en adición a lo establecido en el DS 29894 de 7 de febrero de 2008, el Ministro o Ministra de su institución tiene la atribución de conocer y resolver recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera, o aquellos que tengan esa cualidad respecto a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, así como, los derivados de procesos disciplinarios, en el marco del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, y sus disposiciones reglamentarias; y, c) Mediante Oficio CITE MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-BECS-0206-CAR/21, la solicitud del solicitante de tutela fue contestada y se procuró encaminar el procedimiento para que el prenombrado continúe su reclamo en la vía administrativa interna de la ANB.

I.2.3. Intervención de la entidad estatal

Carola Cazón Fernández, Gerente General a.i. de la ANB, a través de sus representantes, mediante informe escrito el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 60 a 76, y en audiencia de garantías sostuvo que: 1) Esta acción de amparo constitucional es extemporánea; por cuanto, el accionante fuera de los seis meses previstos en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) pretende la nulidad de actos administrativos que le fueron notificados en su oportunidad; por lo que, se inobservó el principio de inmediatez; 2) El prenombrado en la tramitación de sus recursos de revocatoria y jerárquico no utilizó los medios de defensa a su alcance; es decir, no activó la acción de inconstitucionalidad concreta; ello se constituye en la configuración del principio de subsidiariedad de este mecanismo constitucional; 3) Estaban pendientes de pronunciamiento cinco acciones de inconstitucionalidad concreta, en las que se cuestionó la Disposición Séptima parágrafo II de la Ley 1356 relativa a los funcionarios de carrera; 4) La causal de retiro del impetrante de tutela era la supresión de la calidad de servidores públicos de carrera a través de la señalada Ley, la cual gozaba de presunción de constitucionalidad en tanto el Tribunal Plurinacional Constitucional no se pronuncie en contrario; por tales motivos, el aludido obtuvo la calidad de funcionario provisorio, pudiendo ser desvinculado de conformidad con el art. 39 inc. d) de la Ley General de Aduanas (LGA) que le confiere tal atribución; asimismo, dicho tipo de servidores no pueden impugnar las resoluciones de su remoción; y, 5) El abogado del accionante señaló que el hecho generador de la presunta lesión a los derechos del prenombrado ocurrió el 11 de enero de 2021; por lo que, era aplicable el principio de inmediatez.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 78/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 199 a 201 vta., denegó la tutela impetrada, con base en el siguiente fundamento; el accionante pretendió que se resuelva una pluralidad de actos administrativos, siendo la más relevante la respuesta a su recurso jerárquico, que le brindó la demandada a través de la Nota CITE AN-PREDC-C-2021/0363; explicándole que al no ser considerado funcionario de carrera; ya que, al haberse suprimido la misma, la ANB estaba imposibilitada de aplicar el procedimiento para dicha impugnación; en ese entendido, al existir un pronunciamiento taxativo, le corresponde al prenombrado interponer la acción de amparo constitucional, y no así, reiterar su pedido a través de distintos memoriales para la remisión de antecedentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por ello, no se cumplió con el principio de inmediatez.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La Superintendencia del Servicio Civil el 16 de julio de 2002, otorgó el Registro de funcionario de carrera 364-TC-0702 a Ernesto Peinado Añez -hoy accionante- (fs. 4).

II.2. Mediante Memorándum Cite 0163/2021 de 7 de enero, Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB -ahora demandada-comunicó al peticionante de tutela que se dispuso su retiro de la merituada institución (fs. 3). II.3. Por memorial de 14 del indicado mes y año, el solicitante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra el indicado Memorándum (fs. 5 a 8 vta.). II.4. A través de la Nota AN-PREDC-C-2021/0211 de 27 de igual mes y año, la demandada contestó al referido recurso, indicando que al no existir la carrera administrativa la cesación del cargo del impetrante de tutela no se hallaba sujeta a representaciones o impugnaciones (fs. 14 a 16). II.5. Por escrito presentado el 3 de febrero de 2021, el impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la indicada Nota en virtud al Reglamento de Impugnaciones al Régimen Laboral de la Función Pública -Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010- incoando se revoque el Memorándum 0163/2021, remitiéndose antecedentes a la autoridad competente y superior jerárquicamente (fs. 9 a 13 vta.) II.6. Se tiene memorial presentado el 2 de marzo de 2021, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el accionante puso en conocimiento de esa instancia los antecedentes de su retiro, y los recursos de revocatoria y jerárquico solicitando se pronuncien respecto a este último (fs. 24 a 25 vta.). II.7. Mediante Nota AN-PREDC-C-2021/0363 de 5 de marzo de 2021, la demandada expuso al peticionante de tutela que la ANB se encontraba inhabilitada para aplicar el procedimiento que establece la RM 014/10; y por consiguiente, no era posible la remisión de la impugnación a las instancias correspondientes; decisión que fue puesta a conocimiento del aludido en la indicada fecha (fs. 92 a 95). II.8. El 27 de mayo de 2021, Bernardo Abath Vargas Rivera, Director General de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social -hoy codemandado- emitió el Oficio CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-BECS-0206-CAR/21, explicando al impetrante de tutela que no era posible pronunciarse respecto a su recurso jerárquico; decisión que fue comunicada al prenombrado el 31 de mayo del indicado mes y año (fs. 27 a 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la remuneración o salario justo, a la salud, al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, habiendo el 2002, ingresado a trabajar a la ANB obtuvo la calidad de funcionario de carrera, y de forma inexplicable fue desvinculado a través del Memorándum Cite 0163/2021 de 7 de enero, pronunciado por la Presidenta Ejecutiva demandada; en virtud a ello, formuló los recursos de revocatoria el 14 de idéntico mes y año y jerárquico el 3 de febrero del indicado año; no obstante, este último no fue sometido a procedimiento; ya que, no se remitieron los antecedentes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para su resolución; por tal razón, se dirigió a esa cartera de Estado a través del escrito de 2 de marzo de 2021 poniendo a conocimiento su causa, solicitando el pronunciamiento en el fondo respecto a la merituada impugnación; lo que, no aconteció; por lo que, considera que su situación laboral fue dejada en suspenso generándole indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional

La SCP 0245/2021-S3 de 26 de mayo, asumiendo el entendimiento de la SC 0128/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: «…“El recurso de amparo constitucional, actualmente acción de amparo constitucional, instituido por el art. 128 de la CPE, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, que está regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. El principio de inmediatez en el ámbito procesal, entendido como el requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias; se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. El plazo encuentra sentido cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida. Razonamiento que conforme a lo señalado por la SC 0770/2003-R de 6 de junio: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’. (…) El principio procesal de inmediatez también implica el seguimiento del recurso o reclamo, y la reacción oportuna ante el silencio a los mismos, puesto que el uso de los medios impugnativos previos a la acción de amparo constitucional, sean éstos en la vía judicial o administrativa antes de interponer el amparo, no debe ser en forma circunstancial u ocasional, sino, una vez activados los mismos, se debe exigir una respuesta oportuna y dentro de plazo, o en su defecto, si no hay un plazo específico, reiterar oportunamente el pedido, y si se mantiene la actitud lesiva, acudir a la jurisdicción constitucional como un medio reparador de tales derechos. Lo cual significa, que no es posible que el agraviado deje pasar cierto tiempo sin prestar atención al trámite, es decir actuando sin interés en causa propia, y después de un tiempo, nuevamente vuelva a reclamar y luego otra vez abandonar su reclamo o medio impugnativo, y así sucesivamente sólo para interrumpir o dejar en suspenso el plazo de caducidad, sin que frente a una falta de definición se acuda rápidamente al amparo como mecanismo de protección inmediata. Estos aspectos no pueden pasar inadvertidos, pues cada acción de un ciudadano tiene una consecuencia jurídica, y la actitud desidiosa no puede encontrar respaldo en esta jurisdicción que no actúa de oficio, sino a instancia de parte. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la ya citada SC 0770/2003-R aplicable al presente caso, señaló que: ‘…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental’”» (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

De antecedentes que componen el expediente constitucional se tiene que, el accionante obtuvo la condición de funcionario de carrera el 16 de julio de 2002, bajo el Registro 364-TC-0702 (Conclusión II.1); posterior a ello, mediante Memorándum Cite 0163/2021 de 7 de enero, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la ANB ahora demandada, comunicó al aludido que se dispuso su retiro de esa institución (Conclusión II.2); en virtud a esa decisión, el impetrante de tutela activó recurso de revocatoria ante la referida autoridad, que mereció como respuesta la Nota AN-PREDC-C-2021/0211 de 27 de enero de igual año, por la cual se le explicó que al no existir la carrera administrativa, la cesación de su cargo no estaba sujeta a representaciones o impugnaciones (Conclusiones II.3 y 4); a raíz de ello, el 3 de febrero de 2021, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la indicada Nota solicitando se revoque el Memorándum Cite 0163/2021; y se envié antecedentes a la instancia correspondiente (Conclusión II.5); generándose la Nota AN-PREDEC-C-2021/0363 de 5 de marzo del referido año, a través de la cual, la demandada expuso al accionante que su institución se encontraba inhabilitada para aplicar el procedimiento que establece la RM 014/10; y por consiguiente, no era posible la remisión de la impugnación; determinación puesta a conocimiento del aludido en la indicada fecha (Conclusión II.6). De otra parte, por memorial presentado el 2 de marzo de 2021, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el impetrante de tutela puso en conocimiento de esa instancia los antecedentes de su retiro, y los recursos de revocatoria y jerárquico, solicitando se emitan criterio respecto a este último (Conclusión II.7); es así que, el 27 de mayo del citado año, el codemandado emitió el Oficio CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-URLeI-BECS-0206-CAR/21, explicando al prenombrado que no era posible pronunciarse en relación a esa impugnación (Conclusión II.8). Ahora bien, la problemática traída a revisión versa en que el peticionante de tutela fue destituido de su fuente laboral; por lo que, decidió activar el recurso de revocatoria dilucidado por la demandada, estando habilitado a formalizar recurso jerárquico el cual no fue resuelto; ya que, no se remitieron los antecedentes de forma oportuna, llegando incluso el solicitante de tutela comunicar de manera particular el estado de su causa administrativa directamente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que esa entidad, resuelva tal impugnación. En tal sentido, conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el accionante debe estar constreñido por su propio interés a efectuar el seguimiento que concierna a sus solicitudes; de tal modo que, si no fue diligente, no puede pretender que la jurisdicción constitucional esté sometida de forma indefinida a prestarle su protección.

Desvinculado que fue de su empleo, el impetrante de tutela decide activar los mecanismos previstos en la RM 014/10 de 18 de enero de 2010, habiendo inicialmente utilizado el recurso revocatorio, el cual no revertió su situación, decidió formular recurso jerárquico el 3 de febrero de 2021, obteniendo como respuesta de la ANB a través de la Presidente Ejecutiva demandada la Nota AN-PREDC-C-2021/0363, comunicada el 5 de marzo de igual año, mediante la cual le explicaban que no sería posible remitir la merituada impugnación ante la instancia pertinente; constituyéndose ese hecho el punto de quiebre del proceso que se desarrollaba; por cuanto, de forma unilateral decidió mediante un memorial dirigirse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, peticionar se emita un criterio al respecto cuando lo que correspondía era que instaure la presente acción de defensa; sin embargo, aquello no se materializó; toda vez que, desde el 5 del indicado mes y año, al momento de la interposición de esta acción tutelar -5 de noviembre del 2021-, transcurrieron más de los seis meses establecidos por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo; en ese entendido, en el caso bajo estudio, el solicitante de tutela dejo operar el principio de inmediatez, teniendo como lógica consecuencia jurídica, la denegatoria de la tutela impetrada. En relación al codemandado, quien contestó la nota del accionante por la que se exigía se pronuncie respecto al recurso jerárquico, el cual no ingresó a resolver en el fondo, no concierne pronunciamiento; por cuanto, el proceso de impugnación que se activó fue interrumpido y aquel no tuvo forma legal y procesal de conocer la referida objeción; por ende, no puede reprochársele la falta de emisión de criterio alguno; en virtud a ello, corresponde denegar la tutela al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 78/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 199 a 201 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0375_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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