Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, a) El Juez hoy coaccionado teniendo conocimiento de que está siendo procesado por un mismo hecho dos veces mediante Auto Interlocutorio 19/2023 de 11 de enero, rechazó su situación jurídica y amplió su detención preventiva sin que se justifique los setenta días a tal efecto; y, b) La Vocal ahora accionada por Auto de Vista 202/2023 de 22 de febrero, sin argumento legal y realizando una errónea interpretación gramatical declaró inadmisible y confirmó el referido Auto interlocutorio sin considerar que es la instancia de reparar el derecho vulnerado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El carácter instrumental de las medidas cautelares implica su aplicación y tramitación flexible y sin rigorismos procesales; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 62 a 69, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, de Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer que la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, deje sin efecto el Auto de Vista 202/2023 de 22 de febrero, y admita el recurso de apelación incidental interpuesto por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza ingresando a conocer y resolver el fondo del mismo, conforme corresponda en derecho, siempre y cuando que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del nombrado no hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela respecto al principio de persecución penal única; y, en cuanto a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0374/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54459-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 62 a 69, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento.
El accionante por memorial presentado el 7 de marzo de 2023, cursante a fs. 46 a 47 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Delia Graciela Mendoza Alcoreza contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP). Se formuló una nueva denuncia penal que también está a cargo del Juez hoy coaccionado. El Fiscal de Materia emitió la Resolución 22/2022 de 25 de mayo; por el que, se le imputó formalmente, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica. Posteriormente, se emitió la Resolución 758/2022 de 28 de septiembre; en el que, el Juez ahora accionado determinó su detención preventiva por tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, señalando audiencia de su situación jurídica para el 28 de diciembre de 2022. En dicha fecha por problemas de energía eléctrica no se celebró la referida audiencia; por el cual, solicitó nueva fecha de audiencia, la que fue fijada para el 11 de enero de 2023, en ese acto procesal no solo se consideró su situación jurídica sino también la ampliación de su detención preventiva que fue presentada el 3 de igual mes y año, por el Fiscal de Materia; en ese, acto procesal el citado Juez coaccionado, por Auto Interlocutorio 19/2023 de 11 de ese mes, dispuso ampliar su detención preventiva por setenta días sin justificar el motivo; por lo que, presentó recurso de apelación de manera oral. Así también, se presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal -través de la Resolución de Acusación Formal 004/2023 de 6 de febrero- con base a las dos únicas pruebas documentales que fueron ofrecidas en la denuncia y la imputación formal sin la producción de otras pruebas. Su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 19/2023, fue sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la Vocal hoy accionada, quien por Auto de Vista 202/2023 de 22 de febrero, lo declaró inadmisible al no formularse en el acto oralmente conforme señalaron las normas legales “indicadas”; en consecuencia, confirmó el citado Auto Interlocutorio con el argumento de que el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias no reconoce el termino de ‘“…vamos hacer el recurso de apelación…’” (sic) porque se refiere a un acto futuro que puede o no ser realizado. Interpretación gramatical errónea; puesto que, debió ser tomado en cuenta la totalidad de lo expresado que significa una “AFIRMACION” y no denota de ninguna manera una realización futura. En consecuencia, el Juez hoy coaccionado a sabiendas que se encuentra siendo procesado por un mismo hecho dos veces en franca vulneración del principio de la persecución penal única y sin que el Ministerio Público fundamente y justifique el motivo de su solicitud, determinó mediante el Auto Interlocutorio 19/2023, la ampliación de su detención preventiva y la Vocal ahora accionada siendo la instancia que repare el derecho vulnerado, sin argumento legal y efectuando una errónea interpretación gramatical declaró inadmisible y confirmó el citado Auto Interlocutorio; ambas autoridades judiciales hoy accionadas mantuvieron un indebido procesamiento y una ilegal restricción de su libertad que solamente puede ser restringido en los límites señalados por la ley.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y en audiencia de consideración de la acción de libertad denuncio la vulneración de su derecho al debido proceso; citando al efecto los arts. 2 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Vocal ahora accionada revoque el Auto Interlocutorio 19/2023 de 11 de enero y que el Juez ahora coaccionado señale día y hora de audiencia de consideración de su situación jurídica.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 61, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 8 de marzo de 2023, cursante de fs. 56 a 58, manifestó que: a) El accionante en ninguna parte de su memorial de la acción de libertad fundamenta respecto a la vulneración del derecho al debido proceso con relación al Auto de Vista 202/2023, señalando en su totalidad fundamentos del Juez ahora coaccionado, de su situación jurídica y contra el Auto Interlocutorio 19/2023; b) Se creó el Reglamento 12/2019 -Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal-, en su art. 33, conjuntamente con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen que la persona agraviada con una resolución de medida cautelar personal debe formular el recurso de apelación en el acto de manera oral; es decir, inmediatamente de dictada la resolución cautelar; en el presente caso, el accionante no interpuso recurso de apelación en el acto de manera oral; ya que, la frase ‘“…vamos hacer el recurso de apelación…’” (sic) se refiere a un acto futuro que puede o no realizarse; en ese sentido, el accionante al no presentar de manera oral en el acto su recurso de apelación como exige la citada norma, actuó negligentemente; c) El nombrado tuvo la obligación de solicitar una explicación, complementación y enmienda de acuerdo al art. 215 del CPP, al no efectuarlo se considera que estuvo conforme con el citado Auto de Vista, el cual es claro y coherente; en consecuencia, al no agotar esa instancia, vulneró el principio de subsidiariedad, pretendiendo subsanar su negligencia con la acción tutelar; y, d) El accionante se encontraba en la obligación de especificar en qué consistiría la vulneración que alega; así como, establecer el nexo causal entre los actos supuestamente lesionados y derechos o garantías constitucional que considera vulnerados; además, de no referir cuál es su pretensión con relación al Auto de Vista 202/2023. Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de liberta ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 50.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 62 a 69, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se aclara que existen dos procesos contra el accionante, el que se analiza es el segundo; 2) En cuanto al Juez hoy coaccionado, consideró la situación jurídica del accionante; además, de disponer la ampliación de su detención preventiva por el tiempo de setenta días lo cual vencía el 22 de marzo de 2023, el citado Juez realizó sus actos conforme a la competencia que tiene; por lo que, no existe vulneración de derecho alguno por parte del referido Juez; y, 3) Respecto a la Vocal ahora accionada que emitió el Auto de Vista 202/2023, se observó que evidentemente el accionante no habría cumplido con el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal que refiere que la parte que considere agraviada por la “resolución” apelará la misma en el acto a los efectos del plazo establecido por el art. 251 de la Ley 1173 y el Juez ordenará en audiencia que por intermedio de la Oficina Gestora de Procesos se remitan las piezas procesales ante el Tribunal de alzada; siendo el fundamento principal para declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental el sustento en el art. 33 del referido Reglamento, bajo el cual determino confirmar el Auto Interlocutorio 19/2023; por lo que, la mencionada Vocal, adecuó su actuar a los arts. 251 del CPP y 33 de ese Reglamento, de donde se considera que se emitió un Auto de Vista conforme a los datos del proceso y la norma vigente. Por otra parte, consultado el abogado del accionante si planteó algún recurso de complementación y enmienda del referido Auto de Vista, este manifestó que no hizo uso del citado recurso; es decir, que estaba de acuerdo con lo determinado por la Vocal hoy accionada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó al Juez de garantías: i) Se señaló el “art. 33” para que se confirme el Auto Interlocutorio 19/2023 por parte de la Vocal hoy accionada; y, ii) Se refirió que el Juez ahora coaccionado dispuso la remisión al Tribunal de alzada. En mérito a esa solicitud el Juez de garantías señaló que resulta evidente que el Juez ordenó la remisión del recurso de apelación; empero, lo hace conforme al art. 396 del CPP y ninguna autoridad puede negar el recurso de apelación y en el presente caso se dio lectura a parte de ese recurso de que haría una apelación y eso sería a futuro.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 758/2022 de 28 de septiembre, emitido por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz -hoy coaccionado-; por el que, se determinó la detención preventiva de Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza -ahora accionante-en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el periodo de tres meses, fijando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 28 de diciembre de 2022 (fs. 19 a 24). II.2. Consta Auto interlocutorio 019/2023 de 11 de enero, emitido por el Juez hoy coaccionado; por el cual rechazo respecto a su situación jurídica del accionante y acepta la ampliación por detención preventiva del nombrado por setenta días, tiempo prudente que considera para que el Fiscal de Materia concluya la etapa preparatoria. En ese acto procesal el imputado -accionante- señaló “…vamos a ha hacer el recurso de apelación…” (sic) refiriendo que fueron vulnerados sus derechos, siendo más de un año de investigación y sigue detenido, si en un año no se realizó una investigación, menos podría realizarse en setenta días; por lo que, solicitó la remisión de antecedentes al tribunal Departamental de Justicia de La Paz a efectos de que repare esa vulneración. En respuesta el Juez ahora coaccionado refirió que siendo formulado el recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio, remítase los antecedentes a la Sala que corresponda, respecto al citado recurso de apelación planteado el “…día de hoy en audiencia…” (sic [fs. 27 a 29]). II.3. Cursa Resolución de Acusación Formal 004/2023 de 6 de febrero, emitida por el Fiscal de Materia; por el que, se solicitó al Juez hoy coaccionado se dicte auto de apertura de juicio, señalando día y hora del mismo y a su conclusión se dicte sentencia declarando autor y culpable del delito acusado a “JUAN AGUSTIN QUIROGA ENRIQUEZ” imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años de privación de libertad, más el pago de costas y multas y daños ocasionados al Estado (fs. 30 a 32 vta.). II.4. Consta el Auto de Vista de 22 de febrero de 2023, emitido por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-; por la que, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por el accionante; en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 019/2023 (fs. 33 a 36).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, a) El Juez hoy coaccionado teniendo conocimiento de que está siendo procesado por un mismo hecho dos veces mediante Auto Interlocutorio 19/2023 de 11 de enero, rechazó su situación jurídica y amplió su detención preventiva sin que se justifique los setenta días a tal efecto; y, b) La Vocal ahora accionada por Auto de Vista 202/2023 de 22 de febrero, sin argumento legal y realizando una errónea interpretación gramatical declaró inadmisible y confirmó el referido Auto interlocutorio sin considerar que es la instancia de reparar el derecho vulnerado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El carácter instrumental de las medidas cautelares implica su aplicación y tramitación flexible y sin rigorismos procesales; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 1116/2023-S3 de 6 de diciembre, establece que: “Desde su más temprana jurisprudencia, este Tribunal Constitucional Plurinacional de forma reiterada ha sostenido la interposición oral del recurso de apelación incidental de medidas cautelares en audiencia de primera instancia, como una posibilidad viable y alternativa, más no imperativa a la interposición escrita en el plazo de setenta y dos horas tal como lo dispone el art. 251 del CPP de manera invariable; a pesar de sus posteriores reformas legislativas. La SC 1491/2003-R de 20 de octubre, que, en un contexto fáctico diferente, señala que: ‘Dado el carácter garantista del Nuevo Código de procedimiento penal, toda resolución que imponga una medida cautelar personal debe ser notificada necesaria y obligatoriamente en forma personal, conforme dispone el art. 163 inc. 3) CPP, a objeto de que las partes puedan. hacer. uso del recurso de apelación previsto por el art 251 CPP, con la aclaración de que, no es suficiente que las partes sean notificadas con dicha resolución en audiencia por su lectura, por cuanto es necesario la entrega de una copia al interesado y la constancia de su recepción; por otra parte, interpuesto el recurso oralmente en la misma audiencia o por escrito, dentro del plazo de las 72 horas previstas por esta norma legal, el juez o tribunal dictará el decreto correspondiente, ordenando la remisión de actuados pertinentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de 24 horas, decreto con el que también las partes deben ser notificadas en la forma establecida por el art. 162 CPP, a objeto de que en resguardo de sus derechos y pretensiones, y cumpliendo con sus deberes procesales se apersonen ante este tribunal’. Lo anterior obedece al carácter instrumental de las medidas cautelares, que no solo repercute en la forma en que éstas son aplicadas sino también tramitadas, de ahí el efecto no suspensivo del recurso de apelación interpuesto, sus plazos breves de consideración y resolución, entre otros; lo cual hace que las mismas deban ser tramitadas de manera flexible y sin rigorismos procesales; puesto que, en definitiva se trata de la determinación de una situación jurídica que puede modificarse sucesivamente con la urgencia que requiere el caso, lo que impide tener una concepción rígida acerca de su tramitación; más aún, si de por medio se comprometen los derechos del accionante vinculados con su libertad personal (…) …si bien el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal se legitima mediante la Disposición Décima Tercera de la Ley 1173, del tenor literal de esa última se extrae claramente el alcance de dicha norma reglamentaria, la cual se encuentra limitada a desarrollar a través de un conjunto de disposiciones reglamentarias el poder ordenador y disciplinario de la autoridad judicial en audiencia, y no así modificar la tramitación del régimen de medidas cautelares ” (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que: 1) El Juez hoy coaccionado teniendo conocimiento de que está siendo procesado por un mismo hecho dos veces mediante Auto Interlocutorio 19/2023 de 11 de enero, rechazó su situación jurídica y amplió su detención preventiva sin que se justifique los setenta días a tal efecto; y, 2) La Vocal ahora accionada por Auto de Vista 202/2023 de 22 de febrero, sin argumento legal y realizando una errónea interpretación gramatical declaró inadmisible y confirmó el referido Auto interlocutorio sin considerar que es la instancia de reparar el derecho vulnerado.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Auto Interlocutorio 758/2022 de 28 de septiembre, emitido por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz -hoy coaccionado-; por el que, se determinó la detención preventiva de Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el periodo de tres meses, fijando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 28 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1). Por otra parte, mediante Auto interlocutorio 019/2023 de 11 de enero, emitido por el Juez hoy coaccionado; por el cual rechazo respecto a su situación jurídica del accionante y acepta la ampliación por detención preventiva del nombrado por setenta días, tiempo prudente que considera para que el Fiscal de Materia concluya la etapa preparatoria. En ese acto procesal el imputado -accionante- señaló “'…vamos a ha hacer el recurso de apelación …'” (sic) refiriendo que fueron vulnerados sus derechos, siendo más de un año de investigación y sigue detenido, si en un año no se realizó una investigación, menos podría realizarse en setenta días; por lo que, solicitó la remisión de antecedentes al tribunal Departamental de Justicia de La Paz a efectos de que repare esa vulneración. En respuesta el Juez ahora coaccionado refirió que siendo formulado el recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio, remítase los antecedentes a la Sala que corresponda, respecto al citado recurso de apelación planteado el “…día de hoy en audiencia…” (Conclusión II.2.). Además, a través de la Resolución de Acusación Formal 004/2023 de 6 de febrero, emitida por el Fiscal de Materia; por el que, se solicitó al Juez hoy coaccionado se dicte auto de apertura de juicio, señalando día y hora del mismo y a su conclusión se dicte sentencia declarando autor y culpable del delito acusado a “JUAN AGUSTIN QUIROGA ENRIQUEZ” imponiéndole la pena privativa de libertad de cuatro años de privación de libertad, más el pago de costas y multas y daños ocasionados al Estado (Conclusión II.3.). Consta el Auto de Vista de 22 de febrero de 2023, emitido por Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-; por la que, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por el accionante; en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 019/2023 (Conclusión II.4.).
El accionante a través de la acción tutelar en el fondo pretende que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 019/2023, emitido por el Juez hoy coaccionado, contra el cual refiere que concluido ese acto procesal planteó recurso de apelación; empero, a través del Auto de Vista 202/2023, emitido por la Vocal ahora accionada no fue considerado; ya que, declaró inadmisible el citado recurso, al no plantearse en el acto de manera oral, confirmando el referido Auto Interlocutorio bajo el argumento de que el art. 33 del Reglamento 12/2019 no reconoce el término “…Vamos a ha hacer el recurso de apelación…” (sic), sino indica que se debe apelar en el acto y oralmente la resolución cautelar personal, lo que no hubiese efectuado el accionante; puesto que dicha frase se referiría a un acto futuro que puede o no ser realizado, en cambio la interposición en el acto de un recurso de apelación es un acto procesal presente y cierto. Ahora bien corresponde señalar, que a partir de noviembre de 2019, ingresó en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres 1173, que modificó el art. 251 del CPP; asimismo, dicha Ley por mandato de su Disposición Transitoria Décima Tercera estableció la creación del Reglamento 12/2019 denominado Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, que debe ser aplicado a los procesos penales; en consecuencia, para la tramitación y conocimiento de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares es importante tomar en cuenta lo señalado por los arts. 251 del CPP modificado por la Ley 1173 y 33 del Reglamento 12/2019. En ese sentido, el art. 251 del CPP, señala expresamente “…La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas…”; asimismo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que creó el Reglamento 12/2019 en su art. 33 de impugnación del fallo de medidas cautelares en audiencia, señala expresamente que: “I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considere agraviada con la resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el art. 251 de la Ley 1173…”. En consecuencia, aplicando integralmente los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento 12/2019 -se entiende del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal-, ambas normas en plena vigencia, establecen que la persona agraviada con una resolución de medida cautelar personal, puede interponer el recurso de apelación en el acto de manera oral; es decir, inmediatamente dictada la resolución en audiencia, a efecto que la autoridad de primera instancia disponga la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno en el plazo señalado por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, donde el apelante oralmente fundamentará sus agravios ante el Tribunal de alzada. A pesar que el referido Reglamento puede especificar procedimientos o modalidades para la presentación de recursos, que inclusive reforzarían la inmediatez de la apelación; no obstante, su aplicación debe ser considerada de manera complementaria, y no puede contradecir o menoscabar lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, que ocupa un lugar preeminente sobre el mencionado Reglamento, más aun cuando el alcance del art. 251 del CPP ya fue interpretado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese marco, la determinación de la Vocal hoy accionada de declarar inadmisible el recurso de apelación incidental planteada por el accionante contra el Auto Interlocutorio 019/2023, al considerar que la frase “….vamos a ha hacer el recurso de apelación …” (sic) se refería a un acto futuro que podía o no ser realizado, considerando que no se hubiese interpuesto formalmente en audiencia su recurso de apelación incidental, razonamiento que se torna en muy formalista, lo que va en contra del razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional que en lo sustancial determinó que el recurso de apelación incidental contra decisiones que tengan que ver con medidas cautelares deben ser flexibles y estar exentas de rigorismos procesales, dado su carácter instrumental; asimismo, es contrario a la SCP 2045/2013 de 18 de noviembre, que dispuso:“…el principio pro actione que garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios de impugnación legales previstos por el ordenamiento jurídico, apartándose de toda forma de ritualismo o formalidad excesiva, que garantice el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de la persona y que no confluyan en la vulneración de derechos y garantías fundamentales. En otro orden de cosas, en consonancia con lo precedentemente expuesto, no puede pasar inadvertido lo prescrito por el art. 180.II de la CPE, que: ‘…garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’, principio universal que se encuentra consagrado como un derecho fundamental por el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”; razonamiento y principio que son plenamente aplicables al presente caso; debido a que, no se puede exigir términos específicos para la interposición de un recurso de apelación incidental, la simple intensión expresada, que dé a entender el propósito perseguido por el accionante es válida a efectos de garantizar el acceso a los medios impugnativos que la ley establece en favor de una persona privada de libertad, más aun cuando en el presente caso el accionante ante su solicitud “…vamos a ha hacer el recurso de apelación…” (sic), añadió la solicitud de “…se remitan antecedentes al Tribunal Departamental de justicia a efecto de que repare esa vulneración…” (sic), intensión que fue asumida por el Juez ahora coaccionado, quien reconoció que “…habiendo apelado a la presente resolución, remítase antecedentes ante la Sala que corresponda, respecto a la apelación planteada el día de hoy en audiencia…” (sic [fs. 28 vta.)], reafirmando la presentación del recurso de apelación por parte del accionante. En ese entendido, de acuerdo a lo analizado sobre la validez del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en audiencia, se evidencia que la Vocal hoy accionada privó al accionante que un Tribunal superior que establezca si la autoridad judicial de primera instancia obró de manera correcta o no, en el marco del medio recursivo previsto por el art. 251 del CPP; Por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la nombrada Vocal al advertirse vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de impugnación relacionado a la situación jurídica del accionante, concesión que únicamente abarca a la admisión del recurso de apelación incidental; es así que, todas las alegaciones efectuadas contra el Auto Interlocutorio 19/2023, que se pretende dejar sin efecto, en su momento serán consideradas por el Tribunal de alzada; es decir, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en mérito a la concesión parcial de la tutela; por lo que, resulta innecesario considerar la actuación del Juez ahora coaccionado inmiscuido en el citado Auto Interlocutorio, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada respecto a esta última autoridad judicial. Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración del principio de persecución penal única; se tiene que, a partir de la lectura del memorial de acción de libertad; así como, en audiencia de su consideración, el accionante no identificó de qué manera dicho principio fue vulnerado, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto. Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda a la Vocal y Juez ahora accionados que en el desarrollo del proceso penal debe cumplir su obligación de considerar en sus razonamientos y labor judicial un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras); Por lo que, esta demora también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta, ya que el caso está vinculado a un delito de violencia familiar o doméstica, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia. En ese sentido, se precisa que la concesión de tutela se limita a ordenar que la Vocal hoy accionada admita el recurso de apelación formulado por el accionante contra el Auto Interlocutorio 19/2023, con la finalidad de su resolución; sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante, cuya valoración corresponde a la referida Vocal, quien debe garantizar la debida protección de los derechos de la víctima. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 11/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 62 a 69, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, de Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
a) Disponer que la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, deje sin efecto el Auto de Vista 202/2023 de 22 de febrero, y admita el recurso de apelación incidental interpuesto por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza ingresando a conocer y resolver el fondo del mismo, conforme corresponda en derecho, siempre y cuando que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del nombrado no hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela respecto al principio de persecución penal única; y, en cuanto a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0374_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ed5980e7f2e4374ca1ee834ff46e8035d4b73e59e3afdb94d0e38f63c461049
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