B.IA.LEGAL

SCP 0374/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 15 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
15 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
50954-2022-102-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a cargo de sus tres hijos menores de edad, denuncia la vulneración de sus derechos al servicio básico de electricidad, a la vida, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la petición, porque Ignacio Valdez Saracho -su hermano y demandado- le cortó el suministro del señalado servicio que recibía en la vivienda que ambos habitan con sus respectivas familias; y por otra parte, la empresa SETAR no le instaló el nuevo medidor que solicitó de dicho servicio para contar con energía eléctrica, pese a que con anterioridad había cumplido con la presentación de todos los documentos para ese fin y suscrito contrato de suministro de energía eléctrica 66476, recibiendo como explicación de dicha negativa, que su hermano se había opuesto, lo cual no sería justificativo; toda vez que, también es propietaria del inmueble respecto del cual pidió una nueva conexión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 98/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 62 vta. a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela, con respecto a Ignacio Valdez Saracho -demandado-por la vulneración del derecho al servicio básico de energía eléctrica, a quien se le prohíbe volver a incurrir en las medidas de hecho advertidas; y; 2° DENEGAR la tutela con relación a la empresa de Servicios Eléctricos Tarija y a los derechos de petición, a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre las medidas de hecho y la acción de amparo constitucional
  2. III.2. De la protección del derecho constitucional a los servicios básicos
  3. III.3. Respecto a las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional
  4. III.4. Del cómputo del plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez de la acción de amparo frente a medidas de hecho
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0374/2024-S2 Sucre, 15 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50954-2022-102-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 98/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 62 vta. a 66, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Valdez Saracho contra Marco Antonio López Zamora, Gerente General de Servicios Eléctricos Tarija (SETAR); e, Ignacio Valdez Saracho.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de septiembre y 6 de octubre de 2022, cursantes de fs. 17 a 22; y, 28 y vta., la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Junto a Ignacio Valdez Saracho -su hermano ahora demandado-, es propietaria de un lote de terreno de 136 m debidamente inscrito en oficina de Derechos Reales (DD.RR) bajo la Matrícula 6.01.1.01.0011557, otorgado en calidad de herencia por sus padres; cada uno de ellos formó sus respectivas familias, viviendo en la parte correspondiente de ese bien inmueble; sin embargo, hace un año el prenombrado le cortó el servicio eléctrico, siendo afectada su familia con sus tres hijos menores de edad de nueve, quince y diecisiete años, desde entonces “a la fecha” no cuentan con el señalado servicio básico, puesto que, su hermano no cedió a su solicitud de restituirle la instalación del mismo, sino a cambio del pago de una desmesurada cantidad de dinero. En “agosto” de 2022, se apersonó a las oficinas de SETAR pidiendo la “reinstalación” de dicho servicio, donde el asesor legal le solicitó ciertos requisitos, como una carta notarial mediante la cual acredite que es copropietaria del referido bien inmueble y una carta dirigida al presidente del barrio para que dé su visto bueno a su petición de la instalación de un nuevo medidor; entregada la mencionada documentación, compró todo el material necesario para dicha instalación, por lo que, la citada empresa se comprometió a instalarle el referido medidor en el plazo de cinco días; sin embargo, al cabo de ese tiempo, el 20 de septiembre del mismo año, ante el incumplimiento de esa instalación, SETAR le informó que su hermano había presentado una carta en la que no autorizaba la misma, dejando la indicada institución sin energía eléctrica a ella y su familia. Por ello, solicitó informe y/o certificación de negativa de instalación de servicio eléctrico a SETAR, empero, dicha empresa le negó entregarle ese documento y le pidió que acuda a instancias judiciales para obtener la autorización de su hermano a tal fin, por lo que, a más de un mes de presentar todo lo requerido no le instalaron energía eléctrica, negándose además a emitir alguna respuesta escrita del referido rechazo. Asimismo, el 30 de septiembre de 2022, presentó memorial a SETAR, ante el cual se le señaló que a partir del “lunes” recién se le respondería. Finalmente, el 5 de octubre del mismo año, SETAR le notificó con un informe legal, en el cual en su parte conclusiva estableció que se recomendaba dotar el servicio eléctrico hasta que llegue la valoración de la autoridad competente y después que ordene el “juez” se puede suspender el servicio “…si la autoridad le concede al señor Ignacio Valdez Saracho, [aun] se haya dado el servicio la palabra final la realiza el juez” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al servicio básico de electricidad, a la vida, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la petición, citando al efecto los arts. 19.I, 20, 24, 58, 59.I y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La empresa SETAR proceda con la instalación que requirió su persona; y, b) Cese cualquier acción hostil contra su familia, proveniente de Ignacio Valdez Saracho.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 59 a 62, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, ratificó el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) De forma posterior a la notificación con esta demanda -aunque previamente a esta audiencia de garantías- SETAR recién ordenó que se efectúe la conexión de energía eléctrica, es decir, cuarenta y cuatro días después de su solicitud, a la presentación de la correspondiente documentación y cumplimiento de todos los requisitos para la conexión; y, 2) De la documental acompañada a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija “…memorial presentado en fecha 6 de octubre en la cual fue adherido un informe legal N° 166, el mismo que en su parte conclusiva (…) manifiesta, revisada la documentación adjunta y siendo analizada pues se evidencia (…) que existe una pugna del derecho propietario en el lugar, no existe tuición o mandato de autoridad competente para que no se coloque este servicio…” (sic), pues su persona es propietaria del bien inmueble al igual que Ignacio Valdez Saracho -su hermano-; consiguientemente, tuvo que plantear este mecanismo constitucional y una vez que SETAR fue notificado, recién procedió a la conexión, indicando su informe claramente que se le dotará del servicio de energía eléctrica, mientras no exista una orden judicial que lo deniegue. A las preguntas de la citada Sala Constitucional respondió que: los servicios básicos los pagan en común, excepto el de gas, porque no tiene la instalación del mismo; por otro lado, aclaró que ella siempre pidió los planes de pagos; dejó de abonarlos porque ya no contaba con una fuente de trabajo, además, la deuda a la que hizo referencia Ignacio Valdez Saracho -demandado- es de él y no de ella. El nombrado le suspendió la luz, mediante el trabajo de un albañil en el techo, cortando los cables que van al fondo donde habita junto a sus hijos, también hubo corte por parte de SETAR por falta de pago de julio de 2020, aproximadamente, estando sin energía eléctrica más de un año.

I.2.2. Informe de los demandados

Marco Antonio López Zamora, Gerente General de SETAR, presentó informe escrito el 7 de octubre de 2022, cursante de fs. 56 a 58, solicitando se “…declare NO ha lugar…” (sic) a esta acción de tutela, con base en los siguientes argumentos: i) Fue notificado con este mecanismo constitucional el 6 del indicado mes y año; ii) El 5 del referido mes y año, se realizó la entrega de la Nota GER.COM. 1011/2022 a la accionante, quien firmó su recepción, al cual se adjuntó el Informe Legal 166/2022 de 5 de octubre, que la favoreció con la instalación de energía eléctrica, con lo que se desvirtúan los infundados hechos denunciados por la peticionante de tutela; iii) El 14 de septiembre del mismo año, se realizó la firma del contrato tanto del Gerente Comercial como de la nombrada; su hermano de la citada mediante carta pidió a la Gerencia Comercial que se sustente documentalmente la entrega de un nuevo medidor de energía eléctrica “…A su vez pide la suspensión de cualquier nuevo servicio de fecha 14-09- hora 11;09” (sic); asimismo, el 6 de octubre de 2022, se instaló dicho medidor y se colocó la acometida, para lo cual presentó fotos como evidencia del lugar de funcionamiento; y, iv) No se incumplió con el art. 20 de la CPE ni se vulneró el derecho previsto en el art. 24 de la Norma Suprema, estando la presente acción de defensa sustentada en meras hipótesis. En audiencia de garantías, a través de su abogado ratificó expresamente el informe presentado y a la pregunta de la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sobre el plazo que SETAR tiene para una nueva instalación de energía eléctrica y su respectivo medidor, respondió que, se demoran veinte días para llevar a cabo todo, siempre y cuando no exista objeción alguna, computables desde la suscripción del contrato, y tres días adicionales para el colocado “en parte técnica”. Ignacio Valdez Saracho, en audiencia de garantías indicó que: a) El motivo por el cual le negó a la impetrante de tutela la conexión de energía eléctrica, fue porque “…antes de estos líos yo a ella le explique de que vayamos y solucionemos el plan de la luz, pero ella argumento que tenía que hablar primero con su abogada y puso un montón de trabas, incluso me cito con la conciliadora exigiendo de que se pueda cancelar lo que es de la luz, arreglar lo que son los impuestos de casa, incluso también lo que es deuda del agua, en todos estos temas ella se negó rotundamente a arreglar, motivo por el cual yo fui a Setar e hice la cancelación total de lo que es la luz monto que se hizo alrededor 3370 ya que a ella le correspondía pagar era 3185 con 20 centavos, ella siempre se negó a pagar diciendo que no tenía plata…” (sic); por ello, fue a pagar el monto total del servicio eléctrico para que pueda tener energía eléctrica, porque no podía estar sin el mismo; b) Cuando fue a SETAR a ponerse un medidor aparte, no le permitieron sin la autorización de la accionante, por lo que, es raro que a la nombrada le den esa posibilidad y pueda sacar autorización, cuando a su persona le negaron porque la impetrante de tutela no accedió; c) Inclusive, acudió a la conciliadora, y allí él presentó todas las deudas de energía eléctrica; d) Solicitó que la accionante le devuelva Bs3 185,20.- (tres mil ciento ochenta y cinco 20/100 bolivianos) “…de esa manera yo le doy la autorización…” (sic); y, e) Inicialmente pagaban ambos hermanos los servicios que tenían; sin embargo, la peticionante de tutela dejó de pagar, por lo que, él tuvo que hacerlo, hasta el 21 de marzo de 2017, posteriormente tuvieron que cortarles la energía eléctrica, desde entonces se hizo cargo del pago correspondiente; incluso quiso acceder a un plan de pagos, pero como fallaron varios meses, no le permitieron beneficiarse con el mismo; la deuda es de Bs6 370,40.- (seis mil trescientos setenta 40/100 bolivianos), monto del cual la mencionada no hizo ningún pago.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

El representante fiscal no asistió a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno pese a su notificación cursante a fs. 32 vta.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 98/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 62 vta. a 66, concedió en parte la tutela solicitada, debiendo SETAR proceder a la instalación del servicio de energía eléctrica; con base en los siguientes fundamentos: 1) La citada empresa manifestó que tenía veinte días para hacer efectiva la solicitud de instalación del servicio de energía eléctrica, aprobada mediante la suscripción del documento respectivo con la accionante; por lo tanto, debería haber realizado la instalación dentro de ese plazo previsto, el no haberlo hecho implica una limitación al derecho al acceso al servicio básico de electricidad; su restitución después de haber sido notificado con esta acción tutelar no libera a dicha institución de la responsabilidad que tenía de haber cumplido con esa instalación acordada; por consiguiente, no ingresa en la causal de improcedencia del hecho superado, pues SETAR recién actuó como producto de la notificación con este mecanismo constitucional, que fue presentado el 30 de septiembre de 2022 y la instalación recién se llevó a cabo el 6 de octubre de ese año; por lo que, se evidenció vulneración de derechos por parte de la referida entidad; y, 2) Con respecto a Ignacio Valdez Saracho -demandado-, existe un problema familiar en la vivienda que habitan junto a su hermana -accionante-, empero, nadie puede ejercer justicia de hecho, si existen obligaciones de pagos por servicios, deben acudir a la instancia ordinaria correspondiente, el denunciar que alguno de los habitantes de un mismo inmueble no cumplió con sus obligaciones, no faculta que la otra parte tome acción por mano propia; por lo tanto, se exhorta a los nombrados que habitan el mismo bien inmueble a que acudan a la jurisdicción mencionada, si existen deudas pendientes, mas no deben valerse de la justicia por mano propia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De acuerdo a fotocopia de cédula de identidad de la accionante, emitida el 24 de noviembre de 2021, la misma tiene como domicilio la av. Caraparí y San Lorenzo 16, barrio Rosedal de la ciudad de Tarija (fs. 11). II.2. Consta solicitud de servicio nuevo 79341 de 25 de agosto de 2022, impetrado por la peticionante de tutela, donde se indicó que se trata de un nuevo contrato y que la fecha de inspección era para el 26 de ese mes y año (fs. 5). II.3. Cursa contrato de suministro de energía eléctrica 66476 de 14 de septiembre de 2022; asimismo, factura 251 de SETAR emitida en la misma fecha, a nombre de la accionante, de la cual se advierte que se pagó por el servicio de conexión (fs. 4 y 41 y vta.). II.4. Mediante nota presentada el 14 de septiembre de 2022, ante el Gerente Comercial de SETAR, Ignacio Valdez Saracho -demandado- solicitó se le facilite la documentación presentada para la conexión de nuevo medidor impetrada por la accionante, señalando que: “…Ya que como co-propietario de la vivienda, desconozco totalmente tal solicitud.

En fecha 8 del presente mes, se aperson[ó] a mi domicilio un técnico de SETAR (…) para dar el visto bueno de dicha conexión, suceso que sorprendió de sobremanera a mi persona, ya que en ningún momento facilité ningún tipo de documentación que respalde esta petición” (sic [fs.

45]). II.5. Cursa folio real con Matrícula 6.01.1.01.0011557 emitida el 22 de septiembre de 2022, en la cual se puede verificar que la peticionante de tutela y el codemandado, son copropietarios del inmueble sito en el barrio Rosedal de la ciudad de Tarija provincia Cercado del departamento de Tarija, de 136 m, colindante con los lotes 6, 15 y 17 y la calle sin nombre (fs. 1). II.6. A través de memorial presentado el 28 de septiembre de 2022, al Encargado de Atención al Cliente de SETAR, la accionante pidió que se emita por escrito el rechazo de su conexión del servicio de energía eléctrica, bajo los siguientes argumentos: Ella inició el trámite de venta de energía eléctrica, pero luego de que procedió a entregar y cumplir con todos los requisitos solicitados por SETAR e incluso habiendo comprado el material que se le ordenó, le señalaron que dicha institución iría a su domicilio dentro de los cinco días siguientes para efectuar la correspondiente conexión; sin embargo, nunca llegaron y cuando se apersonó a las oficinas de esa empresa a reclamar la razón de ello, le indicaron que existía una nota de Ignacio Valdez Saracho -demandado- que manifestaba su desacuerdo con la conexión de electricidad a su domicilio (fs. 7). II.7. Por Informe Legal 166/2022 de 5 de octubre el Asesor Legal Comercial de SETAR, concluyó que: “Revisando la documentación adjunta y siendo analizada (…) se evidencia que existe Una pugna por el derecho de propie[dad] (…) NO existe tuición o Mandato de autoridad competente para que NO se coloque este servicio ya que la Señora es propietaria del Bien Inmueble al igual que el Hermano. Para lo cual solicita el suministro de energía Eléctrica y el señor nombrado arriba solicita que se le proporcione la documentación y el porqué (…) dar este servicio, con todo eso se RECOMIENDA Dotar del Servicio hasta que llegue la valoración de la autoridad competente y después que Ordene el Juez se puede suspender el servicio Si la autoridad lo concede …” (sic [fs. 26 a 27]). II.8. Mediante Auto 223/2022 de 6 de octubre, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, admitió la presente acción tutelar, de la cual consta la notificación a SETAR realizada el 6 de octubre de 2022 a horas 11:57 (fs. 30 y vta. y fs. 32). II.9. A través de Orden de Servicio de 5 de octubre de 2022, el 6 de igual mes y año a horas 12:00, se hizo la conexión del servicio de energía eléctrica, constando la firma de la accionante, en la que se señaló como fecha de asignación de medidor el 15 de septiembre de 2022 (fs. 42).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a cargo de sus tres hijos menores de edad, denuncia la vulneración de sus derechos al servicio básico de electricidad, a la vida, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la petición, porque Ignacio Valdez Saracho -su hermano y demandado- le cortó el suministro del señalado servicio que recibía en la vivienda que ambos habitan con sus respectivas familias; y por otra parte, la empresa SETAR no le instaló el nuevo medidor que solicitó de dicho servicio para contar con energía eléctrica, pese a que con anterioridad había cumplido con la presentación de todos los documentos para ese fin y suscrito contrato de suministro de energía eléctrica 66476, recibiendo como explicación de dicha negativa, que su hermano se había opuesto, lo cual no sería justificativo; toda vez que, también es propietaria del inmueble respecto del cual pidió una nueva conexión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre las medidas de hecho y la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiari[e]dad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra. (…) III.4. La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela Por su parte, si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. En el marco de lo indicado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente…” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. De la protección del derecho constitucional a los servicios básicos

afectado por medidas de hecho

Al respecto, el art. 20.I de la CPE establece: “…Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.

En relación a dicha protección, la SCP 0375/2019-S3 de 31 de julio, señaló: «Al respecto la SCP 1086/2017-S1 de 3 de octubre, expres[ó]: “El art. 20 de la CPE, incorporó como derechos fundamentales el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, responsabilizando al Estado a su provisión a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias, debiendo responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social. Además según establece el citado art. 20.III de la CPE, el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, es así que cualquier acto arbitrario que suspenda o interrumpa la provisión o uso del servicio de dichos servicios básicos, constituyen actos vulneratorios a derechos fundamentales, susceptibles de ser protegidos a través de las acciones tutelares que prevé la Ley Fundamental. En este sentido se tiene la SC 1898/2010-R de 25 de octubre, señalando que: ‘El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los derechos humanos inherentes a toda persona por el sólo hecho de existir, reconocido por el art. 20.I y III de la CPE, por tanto de rango constitucional, estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los servicios constituye una violación a esos derechos fundamentales.

Al respecto, este Tribunal ha establecido en la SC 0517/2003-R de 22 de abril, que: ‘La energía eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en los casos previstos por Ley, conforme expresa el art. 24.c) de La Ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, modificada por la Ley 2066, y el art. 59 LEC; en consecuencia, los propietarios de inmuebles u otras terceras personas no pueden cortar o amenazar cortar dichos servicios, menos utilizarlos como mecanismo de presión para obtener la ejecución de algún acto, así lo ha establecido este Tribunal en su uniforme jurisprudencia sentada en las Sentencias Constitucionales 797/2000-R, 607/2001-R, 980/2001-R y 170/2002-R’.

Con ese mismo razonamiento, a través de la SC 0071/2010-R de 3 de mayo, se señaló que: ‘El derecho al acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad está reconocido y consagrado como derecho fundamental por el art. 20.I de la CPE, dentro de los principios de universalidad y equidad; es decir que los servicios básicos como responsabilidad del Estado en todos los niveles de gobierno de manera directa o mediante contratos con empresas privadas como prevé el parágrafo II de la citada norma constitucional, no deben ser restringidos en el acceso por motivos o causas más allá de las previstas por las normas o procedimientos para tal efecto.

En los casos en que la persona ya ha accedido a los servicios básicos si ha cumplido las obligaciones corresponde ejercer sus derechos, por tanto cuando una autoridad o un particular haciendo uso inadecuado del poder sin motivo alguno o apartándose de la norma y los procedimientos priva el uso a quien en su derecho ha accedido al mismo, sea la privación a través de determinados actos o por la fuerza, dicha acción se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho que indudablemente amerita la tutela directa e inmediata a fin de evitar el abuso de poder frente al usuario o titular del derecho, que al ser elemental y vital en los casos de la vivienda o morada familiar trasciende a otros derechos también fundamentales como ser a la vida, la salud y la dignidad, entre otros. Entendimiento que guarda relación con los principios, valores y fines del Estado boliviano establecidos por el art. 8.II de la CPE, como ser la igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, bienestar común, entre otros, para vivir bien; como también con la previsión legal del art. 1282.I del Código Civil (CC), que establece que: ‘Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece’””» (énfasis añadido).

III.3. Respecto a las causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional

En relación a ello, la SCP 0053/2018-S4 de 14 de marzo, determinó: «El art. 53 del CPCo, dispone que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá: (…) 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado”.

Según la norma citada, la acción de amparo constitucional es improcedente cuando los efectos del acto reclamado como vulneratorio de sus derechos han cesado.

Con relación al momento en que cesan los actos ilegales o las omisiones indebidas denunciados en la acción de amparo constitucional, para que opere como causal de improcedencia, la SCP 0036/2014 de 3 de enero, señaló que: “…cuando se denuncian actos ilegales u omisiones indebidas; y éstos cesan con anterioridad a la celebración de la audiencia del recurso, sin mayor análisis se deberá negar la tutela por la cesación de la causa que la motivó, dado que ello implica la desaparición del objeto del recurso.

Al respecto, este Tribunal Constitucional, a través de la SC 0998/2003-R de 15 de julio, estableció que: ‘(...) la cesación del acto ilegal en el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo la lesión, ésta se reparó de motu propio del legitimado pasivo’. Línea jurisprudencial reiterada en la SC 0339/2011-R de 7 de abril.

Complementando la jurisprudencia glosada, la SC 1314/2004-R de 17 de agosto, señaló lo siguiente: ‘...para la existencia de cesación de los actos denunciados de ilegales, éstos deben quedar sin efecto antes de la notificación con el amparo, cabe hacer notar que el sentido de la norma refleja la necesidad de que esos actos tengan la efectividad que tuvieron los actos denunciados, de tal forma que restituyan la situación fáctica al estado en que se encontraba antes de los actos ilegales, haciendo por ello innecesaria la intervención de la jurisdicción constitucional y de la tutela solicitada; ello importa que siendo actos de motu propio el legitimado pasivo está obligado a la utilización de todos los medios materiales necesarios a su alcance por si o por otras personas, para informar al interesado de que los actos agresivos a sus derechos quedaron sin efecto, ya que es su voluntad y acciones para solucionar el conflicto lo que motiva la improcedencia del recurso, caso contrario, de ser insuficientes las acciones asumidas para la restitución de los derechos vulnerados sin que se haya favorecido efectivamente al perjudicado, es también responsabilidad suya, por lo que en ese caso no opera la causal de improcedencia del recurso'. Siguiendo ese entendimiento, también se pronunciaron en ese sentido las SSCC 1359/2010-R, 1376/2010-R, 1491/2010-R, entre otras. De lo manifestado, se concluye que la protección que brinda la presente acción tutelar no se activa cuando los efectos de la resolución o acto impugnado hubieren cesado, por lo tanto, cuando el acto hubiere quedado revocado o anulado, el amparo debe ser denegado; porque se supone que el acto lesivo de los derechos y garantías de las personas ha desaparecido”.

Según la norma procesal y línea jurisprudencial citadas precedentemente, la protección que brinda la acción de amparo constitucional no se activa cuando los efectos de la resolución o acto impugnado han cesado con anterioridad a la notificación con la acción de amparo constitucional para la celebración de la audiencia; por lo tanto, es improcedente, por cuanto junto a ella el acto lesivo ha desaparecido» (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Del cómputo del plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez de la acción de amparo frente a medidas de hecho

La SCP 0768/2016-S2 de 22 de agosto -citada por el AC 0094/2023-RCA de 3 de julio, señaló: “En definitiva, cuando las vías o medidas de hecho persisten en el tiempo, ocasionan una permanente y continua conculcación de los derechos denunciados en la acción de amparo constitucional, prolongando la consumación irregular del hecho y la vulneración de tales derechos, situación por la que no es posible admitir como válida, la alegación del transcurso del tiempo para denegar la tutela impetrada, pues los actos ilegales perviven en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad discurra normalmente; en tal sentido, el cómputo de dicho plazo no debe realizarse desde el primer acto lesivo, tratándose de medidas de hecho, sino que se debe tomarse en cuenta la continuidad de tal acto ilegal ejercido por el demandado” (el resaltado fue añadido).

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante a cargo de sus tres hijos menores de edad, denuncia la vulneración de sus derechos al servicio básico de electricidad, a la vida, a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la petición, porque Ignacio Valdez Saracho -su hermano y demandado- le cortó el suministro del señalado servicio que recibía en la vivienda que ambos habitan con sus respectivas familias; y por otra parte, la empresa SETAR no le instaló el nuevo medidor, que pidió de dicho servicio para contar con energía eléctrica, pese a que con anterioridad había cumplido con la presentación de todos los documentos para ese fin y suscrito contrato de suministro de energía eléctrica 66476, recibiendo como explicación de dicha negativa, que su hermano se había opuesto, lo cual no sería ningún justificativo; toda vez que, también es propietaria del inmueble respecto del cual solicitó una nueva conexión. Establecido el planteamiento del problema, concierne contextualizar el mismo; en ese orden, se advierte que efectivamente la accionante tiene registrado a su nombre un bien inmueble junto con su hermano en el barrio Rosedal de la ciudad de Tarija provincia Cercado del departamento de Tarija (Conclusión II.5) y de acuerdo a su cédula de identidad su domicilio es en dicho barrio y ciudad (Conclusión II.1); asimismo, se puede verificar que el 25 de agosto de 2022, la impetrante de tutela pidió a SETAR un servicio nuevo para su domicilio (Conclusión II.2); consta factura de pago por el servicio de conexión de 14 de septiembre del mismo año (Conclusión II.3); el 28 del señalado mes y año, pidió a SETAR que la negativa de dicha conexión sea por escrito (Conclusión II.6); finalmente, por Informe Legal 166/2022 de 5 de octubre, dicha empresa arribó a la conclusión de que se debía dotar de ese servicio a la impetrante de tutela (Conclusión II.7), el cual, con base en la Orden de Servicio de esa misma fecha, se efectuó al día siguiente a horas 12:00 (Conclusión II.9). Ahora bien, en aplicación del razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el cual establece que es improcedente una acción de amparo constitucional cuando se repara la lesión denunciada antes de que el demandado sea notificado con la señalada acción tutelar, en cuyo caso, se entiende que desaparece el objeto procesal, en el presente caso, sin ingresar a analizar los actos u omisiones llevadas a cabo por SETAR, se evidencia que existe la instalación del medidor de energía eléctrica en el domicilio de la accionante realizada el 6 de octubre de 2022 a horas 12:00, y aunque haya sido tres minutos después de haber sido notificada con esta acción tutelar (Conclusión II.8), ese lapso de tiempo no puede entenderse que es suficiente para que dicha instalación haya sido producto de la demanda recibida por la mencionada empresa, sino que se llega a comprender que es el resultado de decisiones asumidas con anterioridad, y por ello, solo existe esa diferencia de tiempo entre la reparación del acto vulnerador y la notificación con este mecanismo de defensa, siendo este último actuado definitivo para disponer la procedencia o no de la demanda de acción de amparo constitucional; sin embargo, considerando la escasa diferencia de tiempo, por lo advertido precedentemente, se evidencia que el objeto procesal con respecto a SETAR ha desaparecido y no existe la necesidad de analizar la denuncia de la accionante con relación a aquella empresa, correspondiendo denegar la tutela al respecto. Pasando a examinar la actuación de Ignacio Valdez Saracho -demandado-, se inicia dicho análisis con relación al principio de inmediatez frente a medidas de hecho y de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia desarrolló el entendimiento en el sentido de que mientras persistan las medidas de hecho, no se computa el plazo de seis meses previsto por el señalado principio; en este caso, se evidencia que la falta de energía eléctrica en el domicilio de la accionante, ha sido continua desde el corte denunciado hasta la interposición de esta acción tutelar, es decir, que el referido demandado ha mantenido la medida de hecho, por lo que, aunque el corte de este haya sido hace más de un año, como lo señaló la accionante -y no lo negó aquél- no se tiene incumplido dicho principio; ello permite el ingreso al análisis de la actuación del nombrado. En ese orden, principalmente se advierte que Ignacio Valdez Saracho

-hermano de la impetrante de tutela-, a tiempo de asumir defensa, en ningún momento negó los hechos de los que le responsabiliza la accionante, es decir, de haberle cortado la energía eléctrica y oponerse a su reinstalación, sino que por el contrario, ratificó la posición de la nombrada al esgrimir que tenía motivos suficientes para impedirle gozar del servicio indicado, pues señaló que solo él estaba cancelando las deudas por dicho servicio, cuando les correspondía a los dos; sumado a ello, que requería le sean devueltos Bs3 185,20.- para así recién él poder autorizar a SETAR la instalación del referido medidor; consiguientemente, está claro que el demandado es responsable de que la solicitante de tutela no goce del citado servicio, habiendo generado acciones de hecho que suprimieron el derecho de acceder a los servicios básicos que asiste a la misma, afectando con ello también a los hijos menores de edad de la prenombrada, quienes al pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad, merecen una especial atención por todas las entidades estatales, así como, por la administración de justicia. Entonces, evidenciadas las medidas de hecho de corte de energía eléctrica por parte del indicado demandado, las cuales están contundentemente prohibidas, como se analizó en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y más aun tratándose de uno de los servicios básicos establecidos como derecho constitucional afectado, cuya relevancia y su protección urgente frente a medidas de hecho -como las del presente caso- ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Consiguientemente, tomando en cuenta que la accionante ya goza del servicio de energía eléctrica, a tiempo de corresponder la concesión de la tutela, la finalidad de la misma debe ser que el referido demandado ya no vuelva a interrumpir el servicio de energía eléctrica de la nombrada, bajo ninguna excusa ni argumento, pues nada justifica la medida de hecho en la que ha incurrido. En cuanto a la denuncia de vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad, no se evidencia que la impetrante de tutela haya esgrimido elementos que indiquen que los mismos estén en peligro, y de los hechos alegados tampoco se verifica que hayan sido afectados; por lo que, corresponde la denegatoria de la tutela con relación a ellos; finalmente, con respecto a la denuncia de vulneración del derecho de petición porque SETAR no instaló el medidor de energía eléctrica -por las razones señaladas al inicio de este análisis-, no es posible examinar los actos de dicha empresa, dada la desaparición del objeto procesal de esta acción tutelar en relación a esta. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 98/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 62 vta. a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela, con respecto a Ignacio Valdez Saracho -demandado-por la vulneración del derecho al servicio básico de energía eléctrica, a quien se le prohíbe volver a incurrir en las medidas de hecho advertidas; y; 2° DENEGAR la tutela con relación a la empresa de Servicios Eléctricos Tarija y a los derechos de petición, a la vida, a la salud, a la dignidad y a la igualdad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0374_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): dec1893246e01e11c6dfa383637e205e991dc23db2f8f5898bff0c46e04b959f

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