B.IA.LEGAL

SCP 0372/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54207-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes alegan vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad, al trabajo, a la salud y a la educación de su hijo menor de edad, debido a que habitan un departamento ubicado en el inmueble de Prolongación Calle 17 N° 51, zona Alto Obrajes, en cumplimiento de un contrato de antícresis celebrado con los propietarios -ahora demandados-, si bien en su momento los titulares originales ofrecieron transferir la titularidad del departamento mediante el pago del anticrético, el constante incumplimiento de los trámites motivó a los accionantes a requerir, mediante cartas notariadas, la devolución del monto correspondiente a la ampliación del contrato (Bs97 580.-); sin embargo, los demandados, en lugar de atender la solicitud, adoptaron actitudes arbitrarias, levantando muros dentro del inmueble y clausurando la puerta de ingreso al departamento, privando a los solicitantes de tutela de acceder a su vivienda y retirar sus pertenencias hasta la interposición de la acción de tutela; por lo expuesto, los peticionates de tutela solicitan se conceda la tutela, restableciendo su derecho a la vivienda y demás derechos conexos, así como remitir los antecedentes al Ministerio Público y disponer el pago de daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 43/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 150 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1. CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la vivienda, al acceso a la justicia; y, al acceso a los servicios básicos; en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional, respecto al acceso de los accionantes al referido departamento que ocupan en calidad de anticresistas, y una tutela preventiva, prohibiendo a los particulares demandados reiterar medidas o vías de hecho en contra de los impetrantes de tutela. 2. Denegar la tutela en cuanto a los derechos a la salud, violencia hacia la mujer e hijo, al trabajo; y, a la educación, al no haberse fundamentado cómo y en qué sentido se hubiera vulnerado tales derechos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho
  4. III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia.
  5. III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2025-S3 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54207-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 43/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 150 a 153, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcelo Andrés Fernández Aramayo y Griselda Lucy Gutiérrez Calle contra Jaime Ticona Maydana y Dania Pardo Delgadillo de Ticona.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de febrero de 2023, cursante de fs. 26 a 36, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 22 de septiembre de 2015, viven en el tercer piso del inmueble ubicado en la prolongación de la calle 17 de la Zona Obrajes 51, en cumplimiento de un contrato de anticrético de Bs209 100.- (doscientos nueve mil cien bolivianos) con Jaime Ticona Maydana; posteriormente, el 12 de marzo de 2019 suscribieron un segundo contrato privado de anticrético, por el monto de Bs250 920.- (doscientos cincuenta mil novecientos veinte bolivianos), que fue depositado en la cuenta de la esposa del mencionado, Dania Pardo Delgadillo de Ticona. Faltando un mes para el vencimiento del anticrético, el 18 de febrero de 2021, se acordó entre ambas partes el ampliar el contrato al monto de $us50 000.-(cincuenta mil dólares estadounidenses), comprometiéndose a efectuar una minuta de anticrético con registro en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), que a la fecha no se realizó; debiendo los anticresistas, realizar el correspondiente mantenimiento del referido departamento; procediendo el 25 de mayo de ese año, a depositar el monto de de Bs97 580.- (noventa y siete mil quinientos ochenta bolivianos), a la cuenta de Dania Pardo Delgadillo de Ticona. Al pasar ya varios meses sin que se firme la minuta, solicitaron que se les devolviera su dinero mediante una carta notariada; sin embargo, los demandados, confesaron que no tenían dicho monto y propusieron transferir el indicado departamento; y si bien consintieron dicha propuesta, propusieron que tal transferencia se haga sobre los Bs250 920.- y que se les devolviera el monto de los Bs97 580.-, no obstante, tal propuesta no fue aceptada; por lo que, el 7 de octubre de 2021, remitieron una segunda carta notariada reiterando la solicitud de la devolución del dinero depositado el 25 de mayo del misma año. El 15 de febrero de 2023, cuando Marcelo Andrés Fernández Aramayo se encontraba solo en dicho departamento, fue encerrado dentro del mismo, ya que obreros que fueron contratados por los propietarios del inmueble -demandados-procedieron a levantar muros con ladrillos que imposibilitaban el ingreso o la salida de dichos ambientes; además, que se cortaron los servicios de luz y agua, y solamente cuando procedió a llamar al 110, los propietarios recién decidieron quitar momentáneamente los muros que le impedían salir de su departamento. Hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, se encuentran impedidos de realizar sus actividades cotidianas, al no poder ingresar al indicado departamento para poder sacar su ropa y otros enseres, constituyéndose tales actos en medidas de hecho que vulneran sus derechos fundamentales como ser el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación de su hijo menor de edad (que no tiene acceso a su material escolar), etc.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, al acceso a servicios básicos, limitación en el derecho de trabajo y violencia hacia la mujer e hijo por la restriccion a la vivienda, citando al efecto los arts. 56, 59 y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Se restituya de forma inmediata su derecho a la vivienda, de la que ilegalmente fueron despojados, así como el acceso a servicios básicos, al haberse ocasionado grave daño económico por la conculcación de sus derechos a la vivienda, a la propiedad privada, a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación; b) Señalar día y hora de audiencia para la apertura de la puerta de ingreso, y se entreguen las llaves respectivas, a cuyo efecto y considerando la existencia de documentación laboral de terceras personas y enseres valores, dineros, personales se determine enviar oficio a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, para la verificación correspondiente acerca del cambio de puerta de ingreso al inmueble, chapa y se conmine a la parte demandada a entregar dichas llaves con Notario de Fe Pública para su constancia, se prohíba el cambio nuevo de candados a los demandados y con el fin de precautelar derechos constitucionales y los del adolescente de iniciales NN de diesises años de edad; se les prohíba incurrir en actos en represalia en su contra; c) Se garantice "la vivienda digna", con la pacífica posesión y convivencia; d) Se remitan antecedentes al Ministerio Público por la violación a derechos y garantías de un menor de edad; y, e) El pago de daños y perjuicios en la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), se ordene la firma de garantías unilaterales en su favor para evitar futuras agresiones ya sean verbales o físicas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 24 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 143 a 149 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de sus abogadas, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Jaime Ticona Maydana y Dania Pardo Delgadillo de Ticona, por medio de su abogado, en el desarrollo de la audiencia de garantías señalarón que: 1) Dentro de la acción de amparo constitucional presentada no se especifica bien cual es el “hecho vulnerado” (sic); y en la exposición realizada por parte de los impetrante de tutela, se tiene que esta es confusa y que en realidad no existe acto ilegal alguno que hayan cometido, siendo ellas propietarios del indicado inmueble, que tiene seis plantas, y está construido en un terreno de gran desnivel, motivo por el cual tiene varias puertas de ingreso, viviendo en el inmueble conjuntamente varios inquilinos; 2) La puerta que se ha cerrado en nada afecta a la circulación de los departamentos, los cuales todos, a excepción de los que viven en la planta baja, tienen que salir por la puerta que da a la calle 17 “Nº” 7; 3) La puerta que se cerró, fue por motivos de seguridad, para evitar agresiones a los propietarios del inmueble, debido a que los solicitantes de tutela dieron las llaves de las mencionadas puertas a varias personas; ya que se han dado agresiones anteriormente, las que fueron denunciadas penalmente; 4) No se ha entregado la llave de la puerta principal del inmueble a los anticresistas, porque este se encuentra en mantenimiento y se pueden perder los materiales de construcción; y, 5) El tema del monto del anticrético no tiene relación alguna con los hechos que denuncian los accionantes, y en cuanto a la accion penal instaurada por las agresiones sufridas de su parte, tales hechos están en competencia de un Juzgado Público.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 43/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 150 a 153, determinó conceder la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia que se restituya el ingreso al inmueble y a la unidad “funcional” de la parte peticionante de tutela, conforme lo pactado en el contrato, sea en el plazo de veinticuatro horas, a partir de la emisión de dicha Resolución; tal determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional establece presupuestos de procedibilidad en las acciones de amparo constitucional frente a las medidas de hecho, siendo uno de estos el de identificar de manera incotrovertible el hecho generador de las vulneraciones a sus derechos fundamentales, extremo que fue cumplido por la parte accionante, al presentar un muestrario fotográfico, que demuestra los problemas de acceso al departamento que habita con su familia, que fue provocado por los actos de los demandados, extremo que no pudo ser desvirtuado por la parte demandada; por lo que, los impetrantes de tutela han cumplido con la carga de la prueba de demostrar los actos arbitrarios de los que fueron objeto, afectando la libre locomoción dentro del mencionado inmueble, sin poder ingresar a dicha unidad habitacional; ii) Se tiene acreditadó también su situación jurídica, ya que se presentaron pruebas documentales en sentido que los impetrantes de tutela son anticresistas, y que los demandados no cumplieron con la entrega del dinero en contraprestación a la habitabilidad del bien inmueble; extremo que no fue controvertido por la parte demandada; por lo que, no existe debate de su situación jurídica; y, iii) Otro aspecto que se demostró en el desarrollo de la audiencia, además de los actos denunciados, en cuanto al tapiado de puertas y la construcción de los muros dentro de el inmueble; es decir, los propietarios demandados no proveyeron las llaves de la puerta principal del mencionado inmueble a la parte solicitante de tutela, más aun si la puerta por la que usualmente ingresaban ha sido clausurada, vulnerando sus derechos de acceso a su vivienda, correspondiendo conceder la tutela impetrada. En via de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante solicitó se aclare: a) Si habiéndose dispuesto la restitución del inmueble en el estado en que fue suscrito el contrato de antícresis, correspondía hacerlo con la puerta cuya restitución se ordena; siendo que en ninguna parte, se señala su existencia, ni que estuviese ubicada en el pasaje Hugo Pilela del Villar 51, y no en la calle Prolongación 17-7, como se indica en la Resolución; por tanto, no correspondería restituir un acceso no pactado; y, b) El art. 114 del Código Civil (CC), no establece que las personas puedan cerrar un fundo en cualquier momento; disposición que es aplicable a su caso; ya que, el citado artículo regula la propiedad de todo bien inmueble, no solo de terrenos. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, declaró no ha lugar a la solicitud de lo impetrado, señalando con respecto al primer punto que: 1) En ninguna parte de la Resolución emitida identificaron ni individualizaron la puerta ni calle señaladas; por lo que, su alegato carece de sustento; aclaró que el debate se refiere a un único bien inmueble, reconocido por las partes en calidad de propietarios y anticresistas, y que la controversia radica únicamente en el cierre del acceso ordinario, realizado sin autorización; por otra parte, en relación al segundo punto; y, 2) Sobre el argumento del “fundo”, la citada Sala precisó que el bien no corresponde a un terreno rústico o urbano, sino a una propiedad sujeta al régimen de propiedad horizontal, regida por la teoría de unidades funcionales yuxtapuestas, por lo que la aplicación del art. 114 del CC resulta improcedente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa contrato de anticrético de 22 de septiembre de 2015, por la suma de Bs209 100.-; reconocida en firmas y rúbrica ante Diomar Marina Ovando Polo, Notaria de Fe Pública 25 del departamento de La Paz; suscrito por Jaime Ticona Maydana como propietario, y Marcelo Andrés Fernández Aramayo y Griselda Lucy Gutiérrez Calle como anticresistas; el objeto contractual es el departamento ubicado en el tercer piso del inmueble 51, Prolongación Calle 17, zona Alto Obrajes (fs. 7 a 9). II.2. Según carta notariada de 17 de agosto de 2021, mediante la cual los ahora accionantes Marcelo Andrés Fernández Aramayo y Griselda Lucy Gutiérrez Calle, conminan al codemandado Jaime Ticona Maydana a la devolución de Bs97 580.-, correspondiente a ampliación y cumplimiento del contrato de antícresis (fs. 10 a 11); asimismo, cursa segunda carta notariada de 7 de octubre de ese año, con idéntico contenido (fs. 12 a 15). II.3. A través del muestrario fotografíco del inmueble que muestra la parte externa e interna antes y después de los hechos, evidenciando la eliminación de la puerta de ingreso y el cierre del pasadizo y gradas de acceso al departamento del tercer piso, mediante la construcción de un muro de ladrillo y cemento (fs. 21 a 23); se acompaña además, disco en formato DVD con registros audiovisuales relacionados a los hechos denunciados (fs. 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegan vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad, al trabajo, a la salud y a la educación de su hijo menor de edad, debido a que habitan un departamento ubicado en el inmueble de Prolongación Calle 17 N° 51, zona Alto Obrajes, en cumplimiento de un contrato de antícresis celebrado con los propietarios -ahora demandados-, si bien en su momento los titulares originales ofrecieron transferir la titularidad del departamento mediante el pago del anticrético, el constante incumplimiento de los trámites motivó a los accionantes a requerir, mediante cartas notariadas, la devolución del monto correspondiente a la ampliación del contrato (Bs97 580.-); sin embargo, los demandados, en lugar de atender la solicitud, adoptaron actitudes arbitrarias, levantando muros dentro del inmueble y clausurando la puerta de ingreso al departamento, privando a los solicitantes de tutela de acceder a su vivienda y retirar sus pertenencias hasta la interposición de la acción de tutela; por lo expuesto, los peticionates de tutela solicitan se conceda la tutela, restableciendo su derecho a la vivienda y demás derechos conexos, así como remitir los antecedentes al Ministerio Público y disponer el pago de daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, reiterada por la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio, así como la SCP 0069/2019-S2 de 3 de abril, entre otras, asumió el siguiente entendimiento:

La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En esa comprensión, la SCP 0046/2012 de 26 de marzo en el Fundamento Jurídico III.1, expresó que:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural… (las negrillas nos corresponden).

De igual modo la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras) Sin embargo, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, bajo la denominación de flexibilización a dicho principio, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de esta excepción posibilitando a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela, si corresponde. .

III.2. Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0344/2018-S2, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0373/2018-S2 y 0069/2019-S2; entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio2 , la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre3 y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

Sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. En ese fallo, entre otros reiterados, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular-en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. (Cita de la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, Fundamneto Juridico .III.1). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia con un modelo de justicia plural eficiente al servicio de la protección tanto de derechos individuales como colectivos con acceso a la justicia en sentido amplio para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato constitucional prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre entendió que el desconocimiento de particulares o servidores públicos que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así señaló que:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión.

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la Constitución, esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional; sin exclusión y, por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, en especial, por los órganos jurisdiccionales de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución (SCP 0112/2012) que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-. En efecto, la Constitución reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, de comunidades, de sindicatos, de corporaciones en general, etc. que se autorregulan y ejercen un tipo de funciones jurisdiccionales y solucionan conflictos que demuestran que no sólo el Estado crea derecho y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independiente del aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia.

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar que, independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable (acción de amparo, acción de libertad o, acción popular) por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos, de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: (i) Una tutela definitiva únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio y la inobservancia y fractura del principio de Estado Constitucional de Derecho; (ii) Una tutela provisional y transitoria (con efectos preventivos o reparadores) con relación al derecho sustantivo en cuestión (derecho a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.) hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina o, en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: a) Preventiva y/o b) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponerse la desocupación inmediata de la propiedad incluso con el auxilio de fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que corresponda, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina o, en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento y, por tanto, se tiene por cumplida en la medida (transitoriedad) de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad, por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate que una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario, demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a demostrar la circunstancias que permiten inferir tal peligro que convalidan la percepción subjetiva, es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de la sentencia constitucional, que inicia con la notificación legal del fallo constitucional a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medias o vías de hecho y cesa con la apertura de la competencia de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina o, en su caso, reafirme su titularidad, toda vez, que se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a 10La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado. 14 impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales

III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

Continuando con la jurisprudencia constitucional referida a medidas de hecho, la SCP 0344/2018-S2 así como la SCP 0373/2018-S2, asumieron el siguiente entendimiento:

La jurisprudencia estableció las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; i) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos, por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, ii) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.6. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se tiene que los accionantes viven en un departamento, que se encuentra dentro del inmueble ubicado en la prolongación de la calle 17 de la Zona Obrajes 51, en cumplimiento de un contrato de anticrético de 22 de septiembre de 2015, firmado con los propietarios -ahora demandados-, por la suma de Bs209 100.-, reconocida en firmas y rúbrica ante Diomar Marina Ovando Polo, Notaria de Fe Pública 25 del departamento de La Paz, propietario Jaime Ticona Maydana, como anticresistas Marcelo Andrés Fernández Aramayo y Griselda Lucy Gutiérrez Calle; objeto del contrato, el departamento ubicado en el tercer piso (Conclusión II.1). El contrato de anticrético fue ampliado, incorporándose la suma adicional de Bs97 580.-; sin embargo, tras suscitarse conflictos entre las partes, los actuales impetrantes de tutela solicitaron, mediante cartas notariadas de 17 de agosto y 7 de octubre de 2021, la devolución del monto ampliado correspondiente al cumplimiento del contrato de anticrético (Conclusión II.2). El 15 de febrero de 2023, los propietarios del inmueble clausuraron la puerta de acceso al departamento de los accionantes, que comunicaba con la vía pública, y levantaron muros internos que bloquearon el ingreso al mismo; hechos acreditados mediante el muestrario fotográfico adjunto como prueba (Conclusión II.3). Los demandados, en su intervención durante la audiencia de la acción tutelar, no negaron los hechos denunciados, limitándose a justificarlos, alegando que el tapiado de la puerta de ingreso al departamento y la construcción de muros dentro del inmueble fueron medidas adoptadas por motivos de seguridad, y porque, según afirmaron, los accionantes los habrían agredido con anterioridad. Aparte de ello, los demandados, en el desarrollo de la audiencia de garantías, adujeron que el inmueble de su propiedad se encontraba en etapa de refacciones y remodelaciones; motivo por el cual, solo estaba habilitada la puerta principal; de la cual, según sus propias declaraciones, no dieron las llaves a los impetrantes de tutela, afirmando que existía el riesgo que se perdiera el material de construcción. Por lo previamente detallado, se concluye que los accionantes han cumplido con la carga de la prueba exigida para poder ingresar al fondo de lo reclamado, al demostrar de manera incontrovertible los hechos arbitrarios cometidos en su contra, mismos que se dieron en total prescindencia de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de derechos, realizando justicia por mano propia, lo que implica una vulneración directa al derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia, citado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que amerita una tutela definitiva respecto de tal derecho fundamental. Tambien se ha demostrado dentro del presente caso que los accionantes ocupan tales ambientes en calidad de anticresistas, por lo que dentro del presente caso no existen hechos ni derechos contrevertidos. Al demostrarse la comisión de medidas de hecho, por parte de los propietarios del referido bien inmueble, es innegable que tales actos ocasionaron la vulneración de los derechos de acceso a la vivienda de los accionantes, correspondiendo, en aplicación de la jurisprudencia citada en el Fundameno Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conceder la tutela respecto al acceso del departamento que habitan los impetrantes de tutela, en el marco de la provisionalidad, con relación a los derechos a la vivienda, al acceso a los servicios básicos, actos que tienen una agravante, ya que entre los afectados se encuentra un menor de edad, que tiene protección reforzada por parte del Estado. En ese sentido la tutela resulta provisional, teniendo las partes intervinientes en este caso el deber de acudir a las vías llamadas por ley para resolver sus conflictos, y no cometer de nuevo las arbitrariedades denunciadas dentro de esta acción tutelar. Respecto a los derechos de salud, trabajo, violencia hacia la mujer e hijo por la restricción a la vivienda, o educación, se concluye que la parte accionante, no explicó cómo y en qué sentido los actos denunciados vulneraron su derecho a la salud; o por qué motivo la construcción de un muro implica un acto de violencia; o lesiono el derecho a la educación y al trabajo de los accionantes correspondiendo denegar la tutela sobre tales extremos. De lo previamente detallado, al constatarse las medidas de hecho denunciados; corresponde además, otorgar una tutela preventiva, a objeto de impedir que tales actos se vuelvan a repetir por parte de los propietarios del indicado bien inmueble, ahora demandados. Finalmente, respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, se advierte que la parte accionante tiene toda la libertad de acudir a las instancias que considere pertinentes, para denunciar la posible comisión de delitos, no siendo ello una función específica del Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de este caso en particular; por lo que, se deniega tal solicitud, ya que en este caso solamente se determinó la comisoón de medidas de hecho y la tutela correspondiente. En cuanto a la solicitud de pago de daños y perjuicios, el accionante, dentro de su acción tutelar no ha establecido un criterio para determinar económicamente los daños que presumiblemente hubiera sufrido; por lo que, no corresponde a la jurisdicción constitucional el determinar tal extremo, por lo que se deniega lo solicitado. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, ha obrado de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 43/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 150 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1. CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto a los derechos a la vivienda, al acceso a la justicia; y, al acceso a los servicios básicos; en los mismos términos dispositivos establecidos por la Sala Constitucional, respecto al acceso de los accionantes al referido departamento que ocupan en calidad de anticresistas, y una tutela preventiva, prohibiendo a los particulares demandados reiterar medidas o vías de hecho en contra de los impetrantes de tutela. 2. Denegar la tutela en cuanto a los derechos a la salud, violencia hacia la mujer e hijo, al trabajo; y, a la educación, al no haberse fundamentado cómo y en qué sentido se hubiera vulnerado tales derechos.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 182/2007-R, de 23 de marzo, sostuvo que: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, señaló que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”.

2 La SCP….desarrolló el cumplimiento de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado. Entendió que:

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0372_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 347cc175bdf1ca23bbfb61f58c704a427ee135080b133111ee98e10234fc4036

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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