Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 4 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al principio de celeridad; puesto que, el 17 de diciembre de 2021 -viernes-, formuló una anterior acción de libertad, misma que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, no fue viabilizada por los funcionarios judiciales accionados ante la instancia jurisdiccional que la tramite y señale la audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, conforme al procedimiento constitucional establecido al efecto. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 60/2021 de 19 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado a la libertad; y, respecto a Nelzon Victoria Gallardo, Encargado de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por la falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones en cuanto a la administración del sorteo y asignación de causas; 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Mariela Patricia Arispe Rojas, Secretaria de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; así como, con relación al principio a la seguridad jurídica y al pago de costas procesales, de acuerdo a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 3º Recomendar a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y particularmente a los accionados Mariela Patricia Arispe Rojas, Secretaria de la Sala Constitucional Primera y Nelzon Victoria Gallardo, Encargado de Plataforma -ambos del mismo Tribunal Departamental de Justicia-, que se reitere la obligación y responsabilidad que atinge tanto al personal administrativo como al de apoyo judicial, respecto a conocer y aplicar las instrucciones que esa instancia pronuncie a través de Circulares, Instructivos y/o Acuerdos, los cuales regulan el procedimiento de las acciones tanto ordinarias como constitucionales, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas; por cuanto, aquellas no solo rigen al actuar de los funcionarios, sino que, sobre todo, tienen por finalidad resguardar el cumplimiento de las normas procesales de la materia, y por ende, el respeto a derechos fundamentales de las partes intervinientes; y, 4º Llamar la atención a Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, en virtud al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 29.4 inc. d) del Código Procesal Constitucional, instándole a que en la tramitación de futuras acciones de defensa, remita a este Tribunal toda la documentación pertinente.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0372/2023-S3 Sucre, 4 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45027-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 60/2021 de 19 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Luz Alonzo Quintanilla en representación sin mandato de Juvenal Barrios Pérez contra Mariela Patricia Arispe Rojas, Secretaria de la Sala Constitucional Primera y Nelzon Victoria Gallardo, Encargado de Plataforma, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2021, cursante de fs. 6 a 9 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
El 17 de diciembre de 2021 -viernes- a horas 15:52, presentó en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, una anterior acción de libertad que fue sorteada a la Sala Constitucional Primera de dicho Tribunal; empero, el personal de esa Sala le negó su recepción, alegando que el "funcionario corredor" de Plataforma llegó cuatro minutos después de horas 16:00; es decir, fuera del horario respectivo. Al respecto, señala que la Secretaria de la Sala Constitucional Primera del aludido Tribunal Departamental -hoy accionada-, como encargada del personal de apoyo judicial, tenía pleno conocimiento que se trataba de una acción de libertad asignada al despacho del cual forma parte; por lo que, aun estando fuera de horario, debió recibir la demanda tutelar y “…remitir al Juzgado de turno…” (sic); puesto que, presume, tiene conocimiento y criterio de la implicancia respecto a la interposición de una acción de defensa; sin embargo, rechazó su recepción al "funcionario corredor" de Plataforma. Por su parte, el Encargado de Plataforma -ahora coaccionado- en lugar de remitir la acción de libertad a un Juzgado de turno, dejó en espera esa acción tutelar; por lo que, la misma no se resolvió debido a la inoperancia de los funcionarios del Órgano Judicial, considerando que transcurrieron dos días desde su presentación.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica”, y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. “178.I” y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita "otorgar la TUTELA"; y en consecuencia, se llame severamente la atención a los ahora accionados, "…siendo que los mismos deben ser sancionados para que en el futuro reconduzcan su actuar y no vuelvan a cometer este tipo de aberraciones…" (sic), que vulneran derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales y que ese "patrón" vulneratorio no vuelva a ser cometido por ningún funcionario del Órgano Judicial; sea con costas por la demora injustificada.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 19 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 40 y vta.; con la presencia de la parte accionante, y del representante del Ministerio Público; y, ausentes los accionados se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido de la acción tutelar, y ampliándolo en audiencia manifestó que: a) Conforme a la "…S.C. 0849/2017-S3 de 01 de septiembre, la S.C. 022/2004-R del 16 de febrero…” (sic), toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrada la libertad de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o, por lo menos, dentro de plazos razonables; b) La ley y la norma establecieron los parámetros para la tramitación de una acción de libertad; por lo que, se debió señalar audiencia en el plazo de veinticuatro horas, causándole extrañeza que la Secretaria accionada refiera en su informe que se encontraba en otra audiencia, lo que hace presumir que se habilitaron horas inhábiles; es por ello que, "…se hace esta acción contra la Sala Constitucional N° 1 puesto que ella es la encargada del personal de apoyo judicial de su despacho, entonces no puede decir ella en su informe que no hay legitimación pasiva para que esta acción se dirija en contra de ella, puesto que es la encargada del despacho y del personal sub alterno…" (sic); c) La Secretaria accionada pudo ordenar la recepción de la acción de defensa; d) En cuanto al proceder del Encargado de Plataforma coaccionado, existen mecanismos de prevención que todo funcionario judicial debe conocer, y "…el que no tengan un rol de presidencia o en rol de las circulares no es de responsabilidad del mundo litigante…" (sic); e) El indicado funcionario coaccionado, señaló que el personal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba se negó a recibir el memorial de la anterior acción de libertad; consecuentemente, debió remitirlo al Juzgado de turno; y, f) Ante la conducta de los accionados, formuló la presente acción de libertad en su modalidad innovativa.
Mariela Patricia Arispe Rojas, Secretaria de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito -sin firma-, cursante de fs. 19 a 23, señaló que: 1) La parte accionante no explicó ni demostró de qué manera vulneró sus derechos y garantías constitucionales; puesto que, únicamente hizo mención a que el personal de dicha Sala se rehusó a recibir su memorial; empero, no estableció qué actuado o determinación hubiera emitido u omitido, ni mucho menos explicó por qué su persona fue la que transgredió sus derechos; 2) La parte impetrante de tutela no estableció la relación o el vínculo entre los derechos supuestamente vulnerados conforme a lo referido en la SCP 0080/2016-S2 de 12 de febrero, con relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo judicial; 3) En cuanto a la problemática planteada, se tiene que el 17 de diciembre de 2021 -viernes-, la aludida Sala Constitucional en atención a las Circulares e Instructivos correspondientes a la vacación judicial colectiva 2021, con el respectivo rol de turnos, cumplía con normalidad sus funciones, precisando que en aquella fecha se celebraron tres audiencias, siendo la última una acción de amparo constitucional, la cual culminó a las 16:25; por lo que, se encontraba conectada a la plataforma virtual “CISCO WEBEX” junto a los Vocales y demás sujetos procesales, conforme al art. 36 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo); razón por la que, no podría afirmarse que se rehusó a recibir la acción de libertad presentada por la parte peticionante de tutela; 4) Del orden cronológico de los hechos, se tiene que una vez concluida la indicada audiencia, los Auxiliares de la citada Sala le comunicaron que a las 16:05 -fuera del horario de atención-, un funcionario de Plataforma de Atención al Público les indicó que a las 16:00 se presentó una acción de libertad; y ante ello, dichos servidores de apoyo judicial señalaron que correspondía sortear la causa a un Juzgado de turno; 5) Puso en conocimiento de los Vocales dicha situación, quienes le ordenaron que esos extremos sean comunicados a Sala Plena y al Encargado de Plataforma; 6) El funcionario coaccionado, le indicó por WhatsApp que desconocía los "instructivos y circulares" que emitió Sala Plena y Presidencia respecto al sorteo de acciones de libertad; razón por la cual, a primera hora del “lunes siguiente”, enviaría a personal de su unidad para la remisión de la aludida causa; 7) Por su parte, el Secretario de Presidencia del citado Tribunal Departamental de Justicia, al conocer lo acontecido, le manifestó que el personal de Plataforma estaba incurriendo en error; 8) La Secretaria de Sala Plena del mismo Tribunal, le señaló que se debió proceder conforme a la Circular 04/2021 de 10 de febrero, al Instructivo 08/2021 de 14 de julio y al "Proveído" de 3 de diciembre de 2021, todos con relación al sorteo de causas; y, que debía comunicarse con el titular de Plataforma para dar solución a lo acontecido; 9) Ante aquella preocupación, se comunicó vía WhatsApp con Iván Cruz Hidaldo, Titular de Plataforma de Atención al Público e Informaciones del citado Tribunal, quien le manifestó que estaba al tanto de lo sucedido; empero, que desconocía de las citadas Circulares e Instructivos, y que ni Presidencia o Sala Plena lo notificaron con dichas determinaciones; sin embargo, remitiría el memorial de aquella acción de libertad de la parte hoy accionante a la Sala Constitucional de turno el "lunes a primera hora"; 10) Se debe tener presente que el Instructivo 08/2021 emitido por Sala Plena del mencionado Tribunal, dispuso que desde el 16 de julio de 2021, la jornada laboral era de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas; y, que "‘…con la modificación del horario laboral, se determina que los días vie[rn]es y un día anterior a un feriado, los casos sean asignados al tribunal o juzgado de turno a partir de horas 15:00, en Capital y Provincias’" (sic); encomendándose la labor de difusión a la Comunicadora Social del departamento de Protocolo y Prensa del mismo Tribunal Departamental; 11) De la lectura de las "circulares e instructivos", además de la existencia de una aclaración en cuanto al cumplimiento de esas determinaciones, se advierte en el presente caso que, de ser evidente la vulneración de derechos y garantías, su persona en ningún momento, omitió o evadió dar cumplimiento a sus funciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial ni en la "Ley 1104"; por el contrario, buscó la manera de hacer prevalecer los derechos de la parte impetrante de tutela; y, 12) Por lo anterior, solicitó se deniegue la tutela. Nelzon Victoria Gallardo, Encargado de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; no obstante que, en el acta de la audiencia de garantías se indicó que “…los informes fueron puestos a conocimiento de las partes” (sic), de la revisión de los antecedentes remitidos a este Tribunal, no consta la indicada literal; empero, conforme se tiene consignado en la Resolución 60/2021 (fs. 41 vta.) emitida por la Jueza de garantías, el prenombrado hubiese manifestado que, remitió aquella acción de libertad de acuerdo a la hora presentada, -15:52- “…que se habrían enviado al personal de la sala penal primera, y que en este lugar se habría encontrado 4 minutos después de las 4 de la tarde con el auxiliar Miguel Ángel Vargas, quien no quiso recepcionarle la acción de libertad, puesto que estaba fuera de horario, motivo por el cual el funcionario de plataforma tuvo que regresar al tribunal sin poder entregar la acción de libertad…" (sic).
Ramiro Altamirano Sejas, representante del Ministerio Público, en audiencia señaló que, de la lectura de la acción tutelar interpuesta, no es posible considerar que los hechos demandados estén directa o indirectamente vinculados con el derecho a la libertad; y, si bien se identifica que existieron acciones que no están respaldadas por los parámetros de sorteos de las acciones de libertad, aquello debe ser analizado a partir del contenido del presente mecanismo de defensa; consecuentemente, solicitó que se verifique los requisitos de procedibilidad del mismo.
La Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 60/2021 de 19 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se reconduzca el procedimiento, bajo los siguientes fundamentos: i) De lo manifestado por los accionados y de la normativa legal aplicable, se tiene que de acuerdo a la SCP 0080/2016-S2, se estableció la legitimación activa de los servidores de apoyo judicial, de acuerdo a las funciones y atribuciones señaladas en la Ley del Órgano Judicial; ello, tomando en cuenta que, el cargo que desempeñan está sujeto a responsabilidad; y por esa razón, tienen legitimación para ser accionados mediante la acción de libertad; ii) Sobre la celeridad dentro del proceso penal, y más aún cuando se trata de este tipo de mecanismos de defensa, de acuerdo al procedimiento constitucional establecido por el art. 126 de la CPE, toda autoridad judicial a momento de tener conocimiento de una acción de libertad, de manera inmediata deberá fijar audiencia, misma que tendrá que celebrarse dentro de las veinticuatro horas, lo cual fue ratificado por el Código Procesal Constitucional; iii) En el presente caso, se recibió aquella acción de libertad el 17 de diciembre de 2021, "…a la fecha nos encontramos a 19 de diciembre de 2021 y la presente acción de libertad ha sido recepcionada por este tribunal de garantías en horas de la mañana..." (sic); iv) La parte accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado con su libertad, por haber transcurrido más de las veinticuatro horas establecidas en el procedimiento para señalar audiencia de consideración de la acción de libertad, y si bien es evidente que existen circulares de vacación judicial, así como de los turnos establecidos para la tramitación de dicho mecanismo de defensa, además de horarios asignados; empero, no se puede dejar de lado que el sistema de reparto dirigió aquella demanda tutelar a la Sala Constitucional Primera de Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la cual no podía rechazar la misma sin emitir un decreto fundamentado; ello, de acuerdo a la Circular "29/2014" de 19 de noviembre, "5/2015" de 25 de marzo, "9/2015" de 13 de mayo y el recordatorio de 6 de septiembre de 2021, todas emitidas por Sala Plena de dicho Tribunal; motivo por el cual, correspondía explicar a la parte impetrante de tutela la razón o el motivo por el que no se recibió su acción de libertad, para que comprenda cuáles eran los fundamentos jurídicos legales para aquello y pueda modificarse el sorteo, lo contrario haría pensar que se negó el acceso a la justicia o retardación de la misma, y hasta que hubo alguna manipulación; v) Se debe tomar en cuenta el derecho al juez natural, reconocido por Convenios y Tratados Internacionales, así como en la SC 0491/2003-R de 15 de abril, que señaló como lineamiento jurisprudencial que uno de los elementos esenciales del debido proceso es precisamente el juez natural, competente, independiente e imparcial, debiendo entenderse aquello como la autoridad asignada de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas conforme a criterios de territorio, materia o cuantía llamada a conocer y resolver una controversia judicial; vi) Así, el Encargado de Plataforma coaccionado, no podía de manera directa y sin respaldo de un decreto o resolución, dejar sin efecto el sorteo efectuado, ya que lo contrario implicaría la vulneración del derecho al juez natural en cuanto a la competencia, en virtud a que el sistema de reparto de causas del indicado Tribunal Departamental tiene su fundamento no solo en la autorización de los procedimientos administrativos, sino también garantiza el derecho al debido proceso y al juez natural; vii) La Sala Constitucional Primera del señalado Tribunal debió emitir un decreto explicando las razones por las que no podía recibir el memorial de acción de libertad presentado por la parte peticionante de tutela; "…y no es responsabilidad de los vocales componentes de la sala constitucional, puesto como se tiene del desfile probatorio, ellos no tuvieron conocimiento, siendo el personal de apoyo los cuales habrían negado la recepción de dicha acción de libertad…" (sic); y, viii) No se cumplió con el procedimiento establecido para celebrar la audiencia de consideración de la acción de libertad dentro del plazo de veinticuatro horas, haciendo notar que dicho mecanismo de defensa fue presentado en horario laboral; por lo que, debió reconducirse el procedimiento del mismo. En vía de complementación y enmienda, la Secretaria accionada pidió a la Jueza de garantías considere que se concedió la tutela respecto a su persona y a un funcionario dependiente de la Sala Constitucional Primera del aludido Tribunal Departamental de Justicia, cuando los actos que vulneraron los derechos alegados por la parte accionante fueron cometidos por el personal de Plataforma. Solicitud que fue declara no ha lugar.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa memorial de acción de libertad presentada el 17 de diciembre de 2021, por Juvenal Barrios Pérez a través de su representante sin mandato -ahora parte accionante- contra Giovana Torrico Díaz, Jueza y Faviola Mamani Calani, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; acción tutelar que, fue asignada a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Consta Instructivo 08/2021 de 14 de julio, emitido por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el cual señala que: “Asimismo, con la modificación del horario laboral, se determina que lo días viernes y un día anterior a un feriado, los casos sean asignados al tribunal o juzgado de turno a partir de horas 15:00, en Capital y Provincias” (sic [fs. 29 a 30]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al principio de celeridad; puesto que, el 17 de diciembre de 2021 -viernes-, formuló una anterior acción de libertad, misma que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, no fue viabilizada por los funcionarios judiciales accionados ante la instancia jurisdiccional que la tramite y señale la audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, conforme al procedimiento constitucional establecido al efecto. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, al respecto señaló que: “…la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear Contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o Suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’.
En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio Concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción,; entendimiento que fue asumido por las SSCCO817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-52 de 29 de abril y 0244/2016-52 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘...la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa, más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción e defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’.
Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron sub reglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas sub reglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial' (citada por la SC0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras.).
En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: 'ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (...); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no Cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional'. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva" (las negrillas fueron agregadas).
En cuanto al tema, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: "El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue coonsumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’" (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y al principio de celeridad; puesto que, el 17 de diciembre de 2021 -viernes-, formuló una anterior acción de libertad, misma que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fue viabilizada por los accionados ante la instancia jurisdiccional que la tramite y señale la audiencia para su consideración dentro de las veinticuatro horas siguientes, conforme al procedimiento constitucional establecido al efecto.
En consideración a que los accionados en la presente causa son la Secretaria de la Sala Constitucional Primera y el Encargado de Plataforma, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es menester precisar que, por regla, los funcionarios de apoyo judicial carecen de legitimación pasiva para ser accionados en una acción de libertad; puesto que, no son autoridades que asumen determinaciones jurisdiccionales en el proceso; empero, excepcionalmente pueden ser parte de un mecanismo de defensa cuando, entre otros, incurran en la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa, emergente de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a éstos (SCP 0043/2018-S1). Supuesto excepcional que, se hace plenamente evidente al caso que nos ocupa, considerando la relación fáctica de la acción tutelar, que involucra un cuestionamiento a la administración del sorteo de causas y la recepción de la misma; lo que, constituye una facultad administrativa dentro de las funciones de las Secretarías de Sala, conforme al art. 94.II.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, y es precisamente a partir de esa labor establecida por ley, que necesariamente los Secretarios y Encargados de Plataforma deben realizar un trabajo coordinado, más aún -se reitera- en casos que involucren personas privadas de libertad. Con esa aclaración, corresponde ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, la cual radica principalmente en que la parte impetrante de tutela formuló el presente mecanismo de defensa reclamando en lo esencial la dilación en el trámite aplicado a una anterior acción de libertad que interpuso, ocasionado por la "…inoperancia de los funcionarios del Órgano Judicial…" (sic) -accionados-, lo cual provocó que la misma no sea gestionada conforme a procedimiento. Siendo esa la cuestión a resolver, de antecedentes se tiene que el 17 de diciembre de 2021, la parte peticionante de tutela interpuso una acción de libertad contra Giovana Torrico Díaz, Jueza y Faviola Mamani Calani, Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, el cual fue asignado por sorteo a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento (Conclusión II.1); causa que, de acuerdo al Instructivo 08/2021 de 14 de julio emitido por Sala Plena de dicho Tribunal (Conclusión II.2), al haber sido interpuesta un viernes luego de las 15:00 horas, debió asignarse al Tribunal o Juzgado de turno. En ese orden, según los hechos que motivan la acción tutelar que se revisa, en lo que respecta a la presunta lesión de los derechos y principio invocados por la parte accionante, cuya responsabilidad se atribuye a la Secretaria accionada; la parte impetrante de tutela aduce que, dicha funcionaria al conocer de la acción de libertad asignada a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -de la que depende-, debió recibirla y “…remitirla al Juzgado de turno…” (sic), en virtud a que -presume-, que tiene criterio y sabe de la implicancia de la interposición de una acción tutelar; empero, rechazó su recepción al "funcionario corredor" de Plataforma del citado Tribunal, dilatando así el trámite de la referida causa sin justificativo legal. Sin embargo, de los antecedentes detallados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se advierte que a más de lo aseverado por la parte peticionante de tutela, no existe actuado alguno que genere certeza sobre una actuación dilatoria incurrida por la Secretaria accionada; ello, debido a que conforme el Instructivo 08/2021, emitido por la Sala Plena del indicado Tribunal Departamental de Justicia, se dispuso que las causas ingresadas los viernes a partir de las 15:00 horas -como ocurrió en la especie- debían asignarse al Tribunal o Juzgado de turno, tanto en capital y provincias. De modo tal que, en acatamiento a dicho Instructivo, no correspondía a la Secretaria accionada recibir y luego derivar la demanda tutelar opuesta en ese entonces por la parte hoy accionante; por no atingir a sus funciones el sorteo o asignación de demandas tutelares interpuestas en su distrito judicial. Por lo tanto, corresponde denegar la tutela respecto de la referida funcionaria de apoyo judicial, habida cuenta de que no se advierte una infracción de las tareas a su cargo que haya derivado en el acto dilatorio acusado por la parte impetrante de tutela.
Y en lo que respecta al Encargado de Plataforma del mismo Tribunal Departamental de Justicia -coaccionado-, la parte accionante aduce que este funcionario, pese a tener conocimiento de que el personal de apoyo judicial de la Sala Constitucional Primera del señalado Tribunal se negó recibir la acción de libertad presentada, no remitió dicha causa de manera inmediata al Juzgado de turno correspondiente. Al respecto, como se tiene precisamente del Instructivo 08/2021, al haberse dispuesto por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que las causas que ingresaren los viernes a partir de las 15:00 horas debían asignarse al Tribunal o Juzgado de turno, -tanto en capital y provincias-; resulta plenamente evidente que el funcionario coaccionado se apartó de lo determinado en esa orden administrativa; puesto que, en consideración a la hora y el día en la que fue presentada la primera acción de libertad formulada por la parte impetrante de tutela, -viernes 17 de diciembre de 2021, luego de las 15:00-, ésta debió ser remitida al Tribunal o Juzgado de turno para su tramitación. Sin embargo, el Encargado de Plataforma coaccionado, al haberla asignado erróneamente a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y esperar a que la misma solucione una equivocación que le era atribuible, ocasionó una dilación innecesaria en la gestión procesal de esa acción tutelar; ya que -además-, no previó que pudo subsanar su falta derivando la causa al Tribunal o Juzgado de turno, en atención a que, por la naturaleza de la acción de libertad y los derechos que tutela, la audiencia respectiva para su resolución debía señalarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, como estipula el art. 49.1 del CPCo. Conforme a lo anterior, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, advierte que hubo una tramitación dilatoria de la anterior acción de libertad presentada por la parte impetrante de tutela, develando la poca diligencia del Encargado de Plataforma coaccionado, que decantó en la transgresión de los plazos procesales; y con ello, en la vulneración del derecho de la parte peticionante de tutela, al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado con su libertad; lo que, amerita la concesión de la tutela pretendida, a la vez de ser pertinente recomendar a la Secretaria y el Encargado de Plataforma accionados, que es de su entera obligación y responsabilidad conocer y aplicar las instrucciones de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia -del cual forman parte- emitidas mediante Circulares, Instructivos y/o Acuerdos, que regulan el procedimiento de las acciones tanto ordinarias como constitucionales, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas por cuanto éstas no solo rigen el actuar de los funcionarios, sino, sobre todo tienen por finalidad resguardar el cumplimiento de las normas procesales de la materia, y por ende, el respeto a derechos fundamentales de las partes intervinientes. En cuanto a la denuncia de vulneración del “derecho” -siendo lo correcto principio- a la seguridad jurídica, la parte accionante se limitó a su sola mención sin efectuar sustento argumentativo en torno al mismo; por lo que, al no advertirse acto ilegal u omisión indebida que genere su análisis, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. Finalmente, en cuanto a la solicitud de la parte impetrante de tutela en torno a que se fijen costas procesales por la demora injustificada, tal extremo no puede ser considerado por la concesión parcial de la tutela y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo.
Resuelta como se tiene la problemática, es pertinente emitir pronunciamiento sobre la actuación de la Jueza de garantías, relativa a la remisión de la documentación atinente a la presente acción de libertad.
Al respecto, el art. 29.4 del CPCo, dispone que en los procedimientos ante juezas, jueces y tribunales en acciones de defensa, el expediente constará por escrito y estará integrado por: "a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad. b) El auto de admisión y las providencias que se emitan. c) Las notificaciones que correspondan. d) El informe o contestación a la acción. e) Los documentos que contengan elementos de prueba. f) El acta de audiencia. g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa" (las negrillas nos corresponden). Del marco normativo antes citado, se concluye que los Jueces y Tribunales de garantías y las Salas Constitucionales, en las acciones de defensa sometidas a su conocimiento, tienen el deber de remitir en revisión ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, las piezas procesales señaladas precedentemente, evitando que la falta de una de ellas provoque dilaciones innecesarias en la resolución de la problemática jurídica. Sin embargo, en el presente caso la Jueza de garantías omitió enviar el informe del Encargado de Plataforma coaccionado, limitándose únicamente al de la Secretaria accionada; situación que, pudo ser salvada por lo consignado en la Resolución 60/2021 que ella misma pronunció en cuanto a la intervención del referido funcionario. Por lo que, corresponde llamar la atención a Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; en virtud al incumplimiento de lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional, respecto a la tramitación de acciones tutelares, instándole a que en futuras causas remita toda la documentación pertinente. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 60/2021 de 19 de diciembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado a la libertad; y, respecto a Nelzon Victoria Gallardo, Encargado de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por la falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones en cuanto a la administración del sorteo y asignación de causas; 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Mariela Patricia Arispe Rojas, Secretaria de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; así como, con relación al principio a la seguridad jurídica y al pago de costas procesales, de acuerdo a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 3º Recomendar a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y particularmente a los accionados Mariela Patricia Arispe Rojas, Secretaria de la Sala Constitucional Primera y Nelzon Victoria Gallardo, Encargado de Plataforma -ambos del mismo Tribunal Departamental de Justicia-, que se reitere la obligación y responsabilidad que atinge tanto al personal administrativo como al de apoyo judicial, respecto a conocer y aplicar las instrucciones que esa instancia pronuncie a través de Circulares, Instructivos y/o Acuerdos, los cuales regulan el procedimiento de las acciones tanto ordinarias como constitucionales, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas; por cuanto, aquellas no solo rigen al actuar de los funcionarios, sino que, sobre todo, tienen por finalidad resguardar el cumplimiento de las normas procesales de la materia, y por ende, el respeto a derechos fundamentales de las partes intervinientes; y, 4º Llamar la atención a Liliana Romero Espinoza, Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, en virtud al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 29.4 inc. d) del Código Procesal Constitucional, instándole a que en la tramitación de futuras acciones de defensa, remita a este Tribunal toda la documentación pertinente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0372_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): c3d23229c9d96393c349b228d4248bbbbaed29448418de6e6f63eba308bd2084
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →