Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado, al debido proceso en su vertiente de legalidad y presunción de inocencia, argumentando que, el Vocal demandado revocó el Auto Interlocutorio 33/2022 de 22 de junio, que cesó su detención preventiva: a) Efectuando observaciones arbitrarias al contrato de trabajo presentado para desvirtuar el art. 234.1 del CPP, contraviniendo el art. 231 bis pár. V del Adjetivo Penal, referido a que los riesgos procesales deben ser demostrados por quien imputa o acusa; y, la parte in fine del art. 234 del procesal penal; que señala, la valoración debe realizarse atendiendo la situación socioeconómica del imputado; y, b) Respecto al numeral 7 del referido precepto, la autoridad judicial demandada minimizó el dictamen pericial que presentó, efectuando un test sobre lo que, se entiende por peligrosidad y considerando elementos subjetivos como la gravedad del delito, sin tomar en cuenta que, no estaba presente en su propiedad cuando encontraron las sustancias controladas, lesionando la presunción de inocencia al dar por hecho que es narcotraficante que atentó contra sectores vulnerables, obligándole a cumplir una "...sentencia de culpabilidad anticipada..." (sic), tornando imposible demostrar con nuevos elementos que no es un peligro para la sociedad. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 290 a 297 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51222-2022-103-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 09/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 290 a 297 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Pedro Salas Arteaga contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 259 a 268 vta., el accionante manifestó que:
Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 8 de junio de 2022, peticionó la cesación de la medida cautelar de detención preventiva adjuntando nuevos elementos de convicción consistentes en un dictamen pericial psicológico y documentos de trabajo, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 33/2022 de 22 de junio, disponiendo la cesación de la medida extrema debido a una correcta valoración del certificado de trabajo a futuro y otros documentos que acreditaron que su empleador es ganadero y cuenta con derecho propietario de la propiedad ganadera Jurutungo; con relación al art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) presentó un dictamen pericial, el cual establece que no es una persona peligrosa para la sociedad o víctima, que no tiene conducta impulsiva o peligrosa, gozando de buen estado biopsicosocial, sin signos de depresión, ansiedad o trastorno mental o conductas que lo hagan proclive al consumo de sustancias controladas; adjuntando además, jurisprudencia en sentido que para determinar este riesgo procesal no es suficiente tomar en cuenta la gravedad del delito, sino que deben considerarse los antecedentes personales del imputado, a cuyo efecto presentó certificado negativo del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), como tampoco existió un informe policial que establezca que su persona es un peligro para la sociedad. La decisión del juez a quo fue apelada por el Ministerio Público, alegando que el contrato no cumpliría con lo establecido por la Ley General del Trabajo al no contar el empleador con el Número de Identificación Tributaria (NIT) y Registro Obligatorio de Empleadores (ROE); respecto al art. 234.7 del CPP la Fiscalía argumentó que, no se hubiese presentado documentación que enerve este riesgo procesal. La referida apelación incidental fue resuelta por el Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandado- mediante Auto de Vista 240/2022 de 30 de septiembre, revocando el Auto Interlocutorio impugnado, bajo el argumento que, si bien, el contrato cumplía con las formalidades legales, no obstante, el empleador no tenía NIT, ROE, el visado de la inspectoría del trabajo ni registro de Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), para identificar si la empresa estaba constituida legalmente; por lo que, era insuficiente para enervar dicho riesgo procesal contraviniendo lo dispuesto por el art. 231 bis pár. V del adjetivo penal, referido a que los riesgos deben ser demostrados por quien imputa o acusa, así como, lo previsto por la parte in fine del art. 234 del citado código; en ese sentido, la valoración debe realizarse atendiendo la situación socioeconómica del imputado. Con relación al art. 234.7 del CPP, en su elemento peligro para la sociedad, la autoridad demandada argumentó que el juez de primera instancia no realizó una valoración objetiva y congruente; ya que, no aplicó lo señalado por el art. 362 del Adjetivo Penal, referido al principio de congruencia, al no guardar relación entre lo que se decide y "...lo que se va a tomar para dictar el fallo..." (sic), entre otros argumentos. Como se puede advertir, el fallo de alzada le obligó directamente a tener que “...cumplir una sentencia de culpabilidad anticipada...” (sic), cuando su participación en el supuesto delito acusado será considerado dentro del juicio oral, lesionando además la presunción de inocencia porque no existe margen para que pueda demostrar con nuevos elementos que no es un peligro para la sociedad; toda vez que, según el Auto de Vista 240/2022 el peritaje psicológico y el REJAP son insuficientes, esto tomando en cuenta que el juez de instrucción penal estableció los riesgos procesales con base en una Sentencia Constitucional Plurinacional que ya fue modulada; asimismo, se vulneró sus derechos fundamentales al exigir que su persona presente ROE y NIT, contraviniendo la parte in fine del art. 234 del CPP, que establece: “...no está obligada incluso a presentar contrato formal..” (sic); no obstante, se presentó documentación que acreditó la existencia real de la propiedad donde desempeñaría funciones como administrador; pero no fueron valoradas conforme a derecho. Exigencias contrarias a la ley; ya que, de acuerdo con la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- no es vinculante para el imputado “...presentar más allá de las referencias del trabajo...” (sic), de existir duda, el Ministerio Público tiene facultades investigativas para determinar si existe dicho trabajo; de igual manera, la autoridad demandada insiste que la gravedad del delito es una vertiente para considerar el peligro efectivo para la sociedad; aspecto sobre el cual, se mencionó lo señalado por la SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, que da razonabilidad a todo lo señalado de su parte, pero no se consideró la documentación presentada; ya que, la peligrosidad “...no puede ser sometida a elementos subjetivos como es la GRAVEDAD DEL DELITO...” (sic), y al carecer de antecedentes daría certeza a la presunción de inocencia; jurisprudencia aplicable al caso por ser análogo al señalar que: “...el delito de tráfico de sustancias controladas es un peligro efectivo para la sociedad por ser atentatorio a los sectores más vulnerables (...); sin embargo no es razonable que por el solo hecho de que el imputado se encuentra procesado por ese ilícito sea necesariamente un peligro para la sociedad...” (sic), más aún si el legislador no consideró la gravedad del delito para medir el riesgo procesal.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado, al debido proceso en su vertiente de legalidad y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 15.I, 22, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, en audiencia impetró se deje sin efecto “...la orden de detención preventiva ya ordenada y ejecutada por las autoridades competentes y que se disponga la libertad inmediata” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 14 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 284 a 289 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Se le trata de obligar a presentar una serie de requisitos que son de exclusividad de su empleador y no suya; b) El juez a quo determinó que tenía un trabajo legalmente establecido en el país, enervando el art. 234.1 del CPP, demostrando que existe un arraigo natural, por ende, desaparecería el art. 234.2 del citado Código; c) Se encontró cierta cantidad de sustancias controladas en su propiedad, en el cual no se encontraba ni se le aprehendió en ese lugar, como tampoco se estableció un nexo directo con las personas que supuestamente realizaron una actividad ilegal en su propiedad; d) La autoridad demandada realizó un test para determinar cuándo es un peligro para la víctima y la sociedad, pero no se tomó en cuenta que su persona no estaba en el momento de los hechos cuando se hizo la intervención directa policial; e) Se atenta contra la presunción de inocencia porque se da por hecho que es un narcotraficante que atentó contra sectores vulnerables; y, f) La autoridad demandada manifestó que existe incongruencia en el Auto Interlocutorio 33/2022 al mencionar a Nelson David Cardozo Galindo, no obstante, se le nombró como parte de una sentencia constitucional valorada en la cesación de la detención preventiva.
Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por informe escrito presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 281 a 282 vta., y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) Respecto al art 234.1 del CPP, luego de la aplicación de los criterios de valoración de la sana critica, no llegó a la convicción de que dicho presupuesto fue acreditado, pues si bien, se argumentó la existencia de un contrato de trabajo a futuro, no es menos cierto según lo argumentado por el propio accionante, que se sujetó a la normativa laboral, conforme se evidencia del contrato de trabajo que en su encabezado estipula “...PRESENTE CONTRATO DE TRABAJO A FUTURO, RELACIÓN LABORAL CON SUJECIÓN A LAS NORMAS JURÍDICAS VIGENTES Y CÓDIGO LABORAL...” (sic); en ese sentido, según los arts. 5 y 6 de la Ley General del Trabajo (LGT), el procesado debió demostrar mediante prueba idónea, que la empresa que lo contrató está legalmente constituida, a través del NIT, ROE, y certificado de inscripción del registro de comercio, no siendo suficiente señalar la afiliación a asociaciones ganaderas, sino debe establecerse a qué tipo de sociedad comercial gira el empleador, si es una Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, en comandita simple, comandita por acciones; así como, la inscripción a la seguridad social a corto plazo, esto precautelando el derecho a la salud, según prevé el art. 14 del Reglamento de la Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943, además de ser refrendado por el inspector de trabajo o por la autoridad laboral administrativa correspondiente; por lo que, al no cumplir con la legislación laboral, no se tuvo por acreditado el presupuesto trabajo; 2) Con relación al art. 234.7 del CPP, simplemente se mencionó un sin fin de Sentencias Constitucionales Plurinacionales, argumentando aspectos generales sobre este riesgo procesal, cuando es sabido que cada caso es diferente y las circunstancias son variables, si bien, se alegó la inexistencia de antecedentes penales, no es menos cierto que el presunto delito versa sobre tráfico de sustancias controladas, indicios suficientes de que el procesado probablemente se dedicaría a este ilícito; estando especificada la víctima siendo la sociedad en su conjunto, sobre todo los grupos vulnerables conformados por los niños, niñas y adolescentes “…como las categorías sospechosas de discriminación…”
(sic) acorde prevé el art. 14.2 de la CPE, determinándose por mandato constitucional la protección reforzada de los mismos ante la amenaza de sus derechos, es así que, los riesgos procesales no deben basarse en meras presunciones o consideraciones abstractas, no es menos cierto que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe 2/97, señaló que en función de la prevención del orden público, hay circunstancias muy excepcionales referente a la gravedad de un crimen y la reacción del público puede justificar la detención preventiva, por las amenazas por disturbios del orden público que la liberación de los procesados podría generar, aspectos tomados en cuenta en los fallos Tomazi de 27 de agosto de 1992 y Letelier de 26 de junio de 1991 de la CIDH; por lo que, no se toma en cuenta solo la conducta de los procesados, sino el imperativo del orden público, de seguridad y deber del Estado de preservar dicho orden, concurriendo entonces el peligro efectivo para la sociedad, no siendo suficiente un informe psicológico sobre la personalidad del procesado; 3) A raíz de la apelación incidental, detectó que el Auto Interlocutorio impugnado era incongruente, porque en sus fundamentos señaló que Nelson David Cardozo Galindo presentó documentación para desvirtuar el art. 234.1 y 7 del CPP, y no así José Pedro Salas Arteaga “fs. 58”, llamando su atención, defecto insubsanable para el Tribunal de alzada, por lo que fue otro motivo para la revocatoria del fallo apelado; 4) La valoración integral de las pruebas lo realiza el órgano jurisdiccional ordinario, estando prohibidos los Tribunales de garantías; y, 5) En ninguna parte del informe psicológico se determinó que el procesado desvirtuó el peligro efectivo para la sociedad, esto tratándose de menores y adolescentes.
Paola Amparo Gómez Carrasco, en representación del Ministerio Público en audiencia manifestó que, el Auto de Vista 240/2022 realizó una valoración de toda la prueba adecuada a la sana crítica, para revocar el Auto Interlocutorio apelado, sin apartarse del procedimiento respecto del art. 234.1 y 7 del CPP; toda vez que, no se ha basado solo en un informe psicológico presentado para desvirtuar el numeral 7; por lo que, debe "rechazarse" la presente acción de libertad.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 09/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 290 a 297 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 240/2022 de 30 de septiembre, disponiendo que la autoridad hoy demandada emita nueva resolución; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada, tomó como parámetros para revocar el art. 234.7 del CPP, la clase de delito desarrollando lo que se entiende por peligrosidad, haciendo una descripción de lo que es el peligro para la sociedad y la víctima, sin fundamentar ni motivar por qué debe mantenerse este riesgo, siendo carente la valoración integral de los elementos presentados por el procesado; lo que, es inexcusable contrariamente, se denota una argumentación genérica, lesionando el debido proceso; ii) Debe tomarse en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre este riesgo procesal en lo concerniente a los delitos de sustancias controladas; así, la SCP 0220/2020-S3, en su ratio decidendi señaló que, “el delito de tráfico de sustancias controladas es un peligro efectivo para la sociedad por atentar sectores vulnerables” (sic); debe considerarse que, no es razonable que por el solo hecho de que el imputado se encuentre procesado por ese ilícito sea un peligro para la sociedad o víctima; toda vez que, para medir este riesgo el legislador no tomó en cuenta la gravedad del delito, debiendo realizarse un análisis integral de todas las pruebas, explicando razonablemente por qué consideran que el imputado se constituye en un peligro para la sociedad o la víctima según los hechos y escenarios donde fue desarrollado el supuesto ilícito, jurisprudencia que debe considerarse como rectora al igual que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2019-S3 de 30 de abril y “0056/2014”; y, iii) De acuerdo a la jurisprudencia referida aplicable al caso, se concluye que la autoridad demandada lesionó los derechos denunciados por el accionante. En vía de aclaración, complementación y enmienda el Vocal demandado, señaló que, el accionante en su petitorio no pidió la nulidad del Auto de Vista confutado, solicitó su libertad inmediata, en ese contexto “…solicito enmiende y dicte nuevamente el petitorio de acuerdo a lo solicitado en la acción de libertad, sin pedir la nulidad del auto de vista…” (sic). En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, adujó que, si bien, es cierto que no se pidió la nulidad del referido Auto de Vista, empero, esta acción tutelar está exentas de formalidades, por ende, le concierne ingresar a verificar los fundamentos expuestos la indicada decisión de la segunda instancia de acuerdo de la jurisprudencia, conforme a esos parámetros se determinó anular la disposición para los efectos consiguientes, más aún, cuando se demanda la vulneración del derecho al debido proceso vinculado con la libertad.
Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 301 a 303), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto Interlocutorio 33/2022 de 22 de junio, dictado por Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento del Beni, declarando fundado la solicitud de cesación de la detención preventiva de José Pedro Salas Arteaga -accionante- determinando medidas cautelares personales, como ser, detención domiciliaria con vigilancia periódica policial, arraigo nacional, obligación de presentarse los días lunes a oficinas del Ministerio Público, fianza económica de Bs.9 000.- (nueve mil bolivianos 00/100), prohibición de concurrir a bares, cantinas, riñas de gallos, cumpleaños y fiestas sociales y prohibición de comunicarse con los sujetos procesales (fs. 56 a 59). II.2. Consta Auto de Vista 240/2022 de 30 de septiembre, emitido por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandado-, revocando el Auto Interlocutorio 33/2022, bajo el fundamento de no haberse realizado una valoración adecuada de los elementos de prueba y exigibilidad referente al trabajo, al informe pericial, puesto que, no se desvirtuó los peligros procesales contenidos en los arts. 234. 1 y 7 del CPP, por consiguiente, líbrese mandamiento de detención prevención contra el impetrante de tutela (fs. 278 a 280 vta.)
El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado, al debido proceso en su vertiente de legalidad y presunción de inocencia, argumentando que, el Vocal demandado revocó el Auto Interlocutorio 33/2022 de 22 de junio, que cesó su detención preventiva: a) Efectuando observaciones arbitrarias al contrato de trabajo presentado para desvirtuar el art. 234.1 del CPP, contraviniendo el art. 231 bis pár. V del Adjetivo Penal, referido a que los riesgos procesales deben ser demostrados por quien imputa o acusa; y, la parte in fine del art. 234 del procesal penal; que señala, la valoración debe realizarse atendiendo la situación socioeconómica del imputado; y, b) Respecto al numeral 7 del referido precepto, la autoridad judicial demandada minimizó el dictamen pericial que presentó, efectuando un test sobre lo que, se entiende por peligrosidad y considerando elementos subjetivos como la gravedad del delito, sin tomar en cuenta que, no estaba presente en su propiedad cuando encontraron las sustancias controladas, lesionando la presunción de inocencia al dar por hecho que es narcotraficante que atentó contra sectores vulnerables, obligándole a cumplir una "...sentencia de culpabilidad anticipada..." (sic), tornando imposible demostrar con nuevos elementos que no es un peligro para la sociedad. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, cuyos extractos pertinentes se desglosan a continuación: así al respecto señala que:
«[…] el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten 1El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´.
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» (las negrillas fueron añadidas).
El accionante reclama que la autoridad judicial demandada al decidir revocar el fallo -Auto Interlocutorio 33/2022 de 22 de junio- que dispuso la cesación de su detención preventiva: 1) Realizó observaciones arbitrarias al contrato de trabajo presentado para desvirtuar el art. 234.1 del CPP, contraviniendo el art. 231 bis pár. V del Adjetivo Penal, que refiere sobre los riesgos procesales, los cuales deben ser demostrados por quien imputa o acusa, y, la parte in fine del art. 234 de CPP que señala, la valoración debe realizarse atendiendo la situación socioeconómica del imputado; y, 2) Con relación al art. 234.7 del citado Código, que rige la materia, la autoridad demandada minimizó el dictamen pericial que presentó efectuando un test sobre lo que se entiende, por peligrosidad y considerando elementos subjetivos como la gravedad del delito, sin tomar en cuenta que no estaba presente cuando se encontraron las sustancias controladas en su propiedad, vulnerando así la presunción de inocencia al dar por hecho que sería un narcotraficante que atentó contra sectores vulnerables, obligándole a cumplir una “...sentencia de culpabilidad anticipada” (sic), tornando imposible demostrar con nuevos elementos que no es un peligro para la sociedad. De las piezas que refleja el expediente se tiene, el Auto Interlocutorio 33/2022 dictado por Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Santa Ana del Yacuma del departamento de Beni, declarando fundado la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante determinando medidas cautelares personales, como ser, detención domiciliaria con vigilancia periódica policial, arraigo nacional, obligación de presentarse los días lunes a oficinas del Ministerio Público, fianza económica de Bs.9 000.-, prohibición de concurrir a bares, cantinas, riñas de gallos, cumpleaños y fiestas sociales y prohibición de comunicarse con los sujetos procesales (Conclusión II.1).
Por Auto de Vista 240/2022 el Vocal demandado revocó la decisión del juez de primera instancia que aceptó la cesación de la detención preventiva del accionante, bajo el fundamento de no haberse realizado una valoración adecuada de los elementos de prueba y exigibilidad referente al trabajo, al informe pericial, puesto que, no se desvirtuó los peligros procesales contenidos en los arts. 234. 1 y 7 del CPP, por consiguiente, líbrese mandamiento de detención prevención contra el impetrante de tutela (Conclusión II.2).
Así, delimitada la problemática planteada de la lectura atenta del Auto de Vista 240/2022, se advierte que el Ministerio Público encontrándose en desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia, formuló recurso de apelación incidental, siendo resuelto por el Vocal demandado bajo los siguientes argumentos:
i) Respecto al art. 234.1 del CPP, en su elemento trabajo existe el contrato de trabajo con reconocimiento de firmas y rúbricas conformé establece el Código Civil y la Ley del Notariado Plurinacional y su reglamento, constituyendo un elemento probatorio conforme lo señala el art. 173 del CPP; empero, el citado contrato estipula que se sujeta a las normas vigentes del "código laboral" entiéndase la Ley General del Trabajo, pudiendo tratarse de contratos individuales o colectivos según prevé el art. 5 de la LGT, siendo ley entre partes conforme establece el art. 6 de la citada norma; sin embargo, se tienen que cumplir ciertos. requisitos ineludibles, debiendo acompañarse el NIT y ROE para identificar si la empresa está constituida legalmente; si tiene, "FUNDEMPRESA" y no solo estar inscrita en la asociación de ganaderos, si se trata de una empresa de venta de ganado se debe establecer si es una empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Comandita Simple o por acciones, o si es una empresa unipersonal, eso para verificar y resguardar el derecho laboral del trabajador como la salud; por su parte el art. 14 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, señala para que el contrato de trabajo alcance eficacia jurídica, debe estar refrendado por la inspectoría de trabajo o por la autoridad administrativa, situación que no cumplió; y, ii) Con relación al art. 234.7 del CPP, en su componente peligro efectivo para la sociedad, se comprende como la existencia de un riesgo inminente; y, efectivo como una verdad real, denotando una operación material, activa, real, personal, fenomenológica sobre el objeto del hecho; en ambos casos cuando se invoca el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, se tiene como presupuesto la alteración del orden público o protección "…del potencial del encausado en cuanto a la situación jurídica de la sociedad…" (sic), que según el art. 60 de la CPE, son los niños y adolescentes, esto debido a la distribución de sustancias controladas; sobre esto, la CIDH, en su Informe 02/97, incorporó la función de prevención del orden público señalando las circunstancias jurisdiccionales, la gravedad del crimen o la reacción pública para justificar la prisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió pronunciamientos concernientes a criterios vinculados a las personas imputadas en esta clase de delitos, siendo el peligro efectivo para la sociedad la alteración del orden público que debe ser justificado por el administrador de justicia para precautelar la seguridad del Estado, bajo este parámetro, se adjuntó un informe psicológico que en sus conclusiones refiere que el accionante no puede ser considerado como una persona peligrosa para la víctima, que no se observa conducta, comportamiento, síntomas o registro que haga suponer que el evaluado es una persona impulsiva, violenta con un temperamento explosivo, que este atravesando un estado crítico causado por una enfermedad o trastorno; por otra parte, respecto al peligro para la sociedad, el dictamen señala que, el impetrante de tutela no puede ser considerado un peligro violento para la sociedad, tomando en cuenta que el concepto de peligrosidad abarca la conducta que está más allá de la posibilidad de delinquir, basada en un pronóstico donde se supone que la probabilidad de cometer un daño social es más acentuado "de la peligrosidad criminal" (sic), la peligrosidad social no necesariamente es peligrosidad criminal, empero, toda peligrosidad criminal siempre supone peligrosidad social; y en el caso, no se observaron rasgos sobre una probable peligrosidad social, destacando situaciones que hacen presumir que el peritado goza de un adecuado bienestar social.
Este peritaje no ameritó una valoración objetiva y congruente por parte del juez de primera instancia, omitiendo aplicar lo previsto por el art. 362 del CPP, referido al principio de congruencia; es decir, guardar relación entre lo decidido y lo que se considera para dictar el fallo; asimismo, refiere que: "los documentos que admite como válidos para desvirtuar este riesgo procesal son la presente documentación suficiente para demostrar que Nelson David Cardozo Galindo no era un peligro para la sociedad lo cual no fue valorada como ser el certificado de antecedentes policiales de la FELCC Y FELCV" (sic); por lo que, no se puede realizar una “materialización” se entiende valoración adecuada cuando es otra persona que está siendo imputada por el delito de tráfico de sustancias controladas. Los juzgadores, deben considerar los principios insertos en la Ley del Órgano Judicial, como la verdad material precautelando la identidad, debiendo realizar una valoración objetiva y sistemática, fundamentando y motivando su resolución sin cometer incongruencias que generen problemas en la presunción de inocencia, respetando el debido proceso según prevén los arts. 115 y 119 de la CPE,
De los motivos y fundamentados expresados por la autoridad demandada, se tiene un pronunciamiento sobre dos puntos esenciales de agravio esgrimidos por la parte recurrente -Ministerio Público-, como también lo manifestó el accionante en su memorial de acción de libertad, referidos a la supuesta enervación de los riesgos procesales insertos en el art. 234.1 y 7 del CPP, en su componente actividad lícita o trabajo, y peligro efectivo para la sociedad; evidenciándose que, el Vocal demandado decidió revocar el Auto Interlocutorio 33/2022, correspondiendo ingresar a una exegesis constitucional y verificar si los criterios vertidos por el prenombrado se ajustan al marco normativo y jurisprudencial constitucional, en ese sentido, este Tribunal advierte lo siguiente:
a) El Vocal demandado respecto al art. 234.1 del CPP, tomó en cuenta el certificado de trabajo a futuro de forma correcta como un elemento de convicción que podría enervar el peligro procesal de fuga, toda vez que, examinó de forma adecuada los componentes que lo integraban, concluyendo que cumplía con los requisitos de validez contractual entre partes en el marco de las disposiciones establecidas por el Código Civil y la Ley del Notariado Plurinacional, criterio que se encuentra concordante con lo establecido en el último párrafo del citado art. 234 del Adjetivo Penal y la SC 760/2004-R de 14 de mayo, reiterada por la SC 1249/2005-R de 10 de octubre y la SCP 0210/2015-S1 de 16 de febrero, que refiere sobre el contrato de trabajo a futuro, para desvirtuar el riesgo de fuga, señaló lo siguiente: “'… con relación a que el contrato presentado no se ajusta a los alcances del art 239.1 del CPP, porque fue firmado con posterioridad, es preciso señalar que dentro del marco estricto de razonabilidad,(…) exigirle al imputado que estando detenido presente un contrato que no hubiera sido acordado en esa forma es ir contra todo sentido lógico y jurídico, e imposibilitarle acceder al beneficio de la cesación para siempre…’ De lo que es posible concluir que el contrato de trabajo a futuro puede ser considerado como nuevo elemento a objeto de desvirtuar riesgo de fuga, aclarando que la veracidad e importancia del contrato señalado, debe ser compulsado por la autoridad jurisdiccional, en una valoración integral del acervo probatorio” (el énfasis fue añadido). Asimismo, explicó que el citado documento no cumplía a cabalidad con otros requisitos de orden laboral necesarios para sustentar esa idoneidad, justificando sus razonamientos de cada una de las observaciones realizadas, señalando las normas que debieron observarse en la suscripción del contrato de trabajo a futuro, por ello, se entiende que objetó la falta del ROE y el refrendado del inspector del trabajo o autoridad administrativa laboral pertinente; debido a que, el precitado documento establecía que se regía por las normas laborales; asimismo, manifestó que debió presentarse el NIT correspondiente de la empresa ganadera, y acreditar si estaba debidamente registrada en "FUNDEMPRESA" -actualmente Servido Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC)-, ya sea como una empresa unipersonal, de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad en Comandita Simple o por acciones, esto con el fin de verificar a cabalidad la existencia legal de la empresa ganadera donde prestaría sus servicios el accionante como administrador de la estancia Jurutungo. Exigencia que no resulta excesiva, dado que, la referida estancia se encuentra afiliada a la Asociación de ganaderos de la provincia Yacuma del departamento de Beni (fs. 29 y vta.), pues se logra entender el pronunciamiento precavido de la autoridad demandada dictada bajo las reglas de sana critica, lógica y experiencia, quien comprendió la necesidad de la exigencia del ROE, NIT y SEPREC de la empresa empleadora, los cuales giran entorno a la confiabilidad y legalidad del contrato de trabajo que deberán ser valorados en su oportunidad. Como se corrobora, el Vocal demandado no aplicó la presunción prohibida establecida en el último párrafo del art. 234 del CPP, toda vez que no pronunció un juicio sobre la situación laboral general del imputado; sino evaluó un contrato a futuro, respecto a la fiabilidad de la prueba específica presentada sobre la empresa cuya existencia no pudo verificar. Por consiguiente, no se advierten argumentos arbitrarios que ameriten reproche constitucional ante la inexistencia de lesiones al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, como tampoco se evidencia lesiones al principio de legalidad y presunción de inocencia, siendo suficientemente razonable la motivación vertida por el prenombrado Vocal.
b) Respecto a numeral 7 del art. 234 del Adjetivo Penal, que prevé sobre el peligro efectivo para la sociedad, se tiene que la autoridad demandada realizó una explicación gramatical del citado precepto, estableciendo que “peligro efectivo” se trataría de un riesgo inminente verdadero o real, lo cual resulta entendible conforme el diseño de la norma establecida por el legislador en el art. 234 del CPP, que señala: “(PELIGRO DE FUGA) Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes: (...) 7. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o para el denunciante”, regulación normativa bajo la cual el Vocal demandado resaltó como circunstancias existentes que dicho peligro efectivo constituía un presupuesto de la alteración del orden público por tratarse del tráfico de sustancias controladas; y la necesidad de precautela la comisión del mismo, especialmente señalando que el orden público radicaría en la protección de sectores vulnerables como son los niños y adolescentes; criterio que sustentó jurídicamente con la cita del art. 60 de la CPE, y el Informe 02/97 emitido por la CIDHA, refiriendo que incorporó como un deber de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -refrendado por nuestro país- la función de prevención del orden público y proteger del delito y la violencia a todas las personas bajo su jurisdicción, la cual debe observarse dentro de los limites necesarios para aplicar la detención preventiva, por ello, debe ser justificado por el administrador de justicia. Conforme a esos parámetros, el Vocal demandado refirió que el dictamen psicológico, en sus conclusiones establecía que el solicitante de tutela no podía ser considerado como una persona peligrosa para la víctima -entiéndase la sociedad-, esto porque no se observaron conductas, comportamientos, síntomas o registro que permitan entrever que el prenombrado sea una persona impulsiva, violenta o con temperamento explosivo o atraviese estados críticos causados por enfermedad o trastornos; se entiende que dicha conclusión no era suficiente con relación a lo que debía entenderse por peligro efectivo para la sociedad dado el caso de la litis, puesto que, es evidente que el riesgo procesal, no se construyó sobre la base de un comportamiento o conducta peligrosa desarrollada por el accionante como podría entenderse en casos de violencia física; además de ello, el Vocal demandado efectuó una transcripción de una parte de las conclusiones de dicho informe psicológico que señala: “José Pedro Salas Arteaga no puede ser considerado un peligro violento contra la sociedad, (...) en ese caso que amerita la evaluación no observan rasgos que pueda señalar una probabilidad elevada a la peligrosidad social, más bien se destacan situaciones que hacen presumir el peritado goza de un adecuado bienestar biosocial” (sic), comprendiéndose que este informe psicológico versaba sobre comportamientos o conductas sobre agresividad, cuando en realidad la peligrosidad efectiva para la sociedad deviene de una conducta o comportamiento relacionado con el tráfico de sustancias controladas y la afectación que provoca en sectores sociales considerados vulnerables, como son los niños y adolescentes. Al margen de esa advertida falta de idoneidad en el citado informe psicológico, se evidenció que el juez de primera instancia que dispuso la cesación de la detención preventiva incurrió en una incongruencia al señalar que: “…los documentos que admite como válidos para desvirtuar este riesgo procesal son la presente documentación suficiente para demostrar que Nelson David Cardozo Galindo no era un peligro para la sociedad lo cual no fue valorada como ser el certificado de antecedentes policiales de la FELCC y FELCV…” (sic), incoherencia que inobservaba lo dispuesto por el art. 362 del CPP, al no guardar relación la decisión de dar por desvirtuado el peligro efectivo para la sociedad basada en el citado informe psicológico y otros documentos a los cuales hizo mención el juez a quo, indicando que corresponderían a otra persona -Nelson David Cardozo Galindo-, por ello, la autoridad de alzada mencionó que los administradores de justicia tiene el deber de realizar una valoración integral, sistemática y objetiva de los elementos de convicción adjuntados por las partes, sin incurrir en incongruencias que podría dar lugar a la generación de problemas en la presunción de inocencia.
De lo señalado precedentemente, se concluye que el Vocal demandado en ningún momento vulneró el debido proceso en alguno de sus componentes, mucho menos el principio de legalidad al enmarcar su decisión en los parámetros normativos aplicables a cada uno de los riesgos procesales que se debatieron en la audiencia de apelación incidental, como tampoco se advierte la lesión de la presunción de inocencia; primero, porque en ningún momento la autoridad demandada no utilizó el término de narcotraficante para referirse al accionante; y segundo, no debe soslayarse que las medidas cautelares no causan estado y son modificables, por lo que, su imposición no implica el cumplimiento de una condena anticipada como sugiere el peticionante de tutela, sino que, conforme dispone el art. 221 del CPP: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.
Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el Artículo 7 de este Código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código, y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”, precepto que es concordante con la dispuesto por el art. 23 de la CPE, que en su segundo párrafo señala: “La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las Instancias jurisdiccionales”. Ahora bien, el accionante hace mención en su memorial de la acción de libertad a la SCP 0220/2020-S3, que debió considerarse para dar por desvirtuado el art. 234.7 del CPP, pues modularía el entendimiento de la SCP 0969/2017-S3, que fue asumido para la construcción de este riesgo procesal basado en la gravedad del delito y su afectación a sectores vulnerables, de la lectura del Auto de Vista no se evidencia que hiciera referencia a la gravedad del delito en sí mismo, para determinar mantener latente este peligro de fuga, por el contrario explicó de manera razonada porque se considera un peligro para la sociedad el tráfico de sustancias controladas y su afectación a sectores vulnerables, pero sobre todo consideró que el informe psicológico resultaba insuficiente a los fines de desvirtuar este riesgo en el marco de las circunstancias que fundaron al momento de imponer su detención preventiva, así como, la incongruencia en la que incurrió el juez a quo para valorar las pruebas que no se relacionaban con el imputado “…los documentos que admite como válidos para desvirtuar este riesgo procesal son la presente documentación suficiente para demostrar que Nelson David Cardozo Galindo no era un peligro para la sociedad lo cual no fue valorado como ser el certificado de antecedentes policiales de la FELCC y FELCV, no se puede realizar una materialización cuando es otra persona que está siendo imputada por el delito de tráfico de SS.CC…” (sic). Asimismo, debe tenerse presente que, la valoración de los elementos que se presentan para desvirtuar riesgos procesales, las autoridades ordinarias deben enmarcarse en los parámetros señalados por la sana critica, sin que en el presente caso el solicitante de tutela hubiese referido de manera fundamentada la inobservancia de algunos de los componentes de la sana critica, de igual manera, no resulta evidente la formulación argumentativa del impetrante de tutela cuando sostiene que el Vocal demandado lesionó el art. 231 bis pár. V del CPP, en sentido de que, los riesgos procesales deben ser demostrados por quien imputa o acusa; sin embargo, debe tenerse presente que, la problemática analizada deviene de una solicitud de cesación a la detención preventiva, figura procesal donde el impetrante de tutela le corresponde exhibir la carga de la prueba para demostrar que los peligros procesales que determinaron la detención preventiva ya no concurren porque desaparecieron o disminuyeron los motivos que los construyeron. Finalmente, en lo que concierne, al reclamo de que no se hubiese tomado en cuenta la situación socio-económica para dar por desvirtuado el art. 234.1 del CPP; cabe precisar que, este punto no fue motivo de debate en la audiencia de apelación incidental, conforme se desprende del contenido del Auto de Vista 240/2022; tampoco, se hubiese adjuntado un informe social que acredite la situación económica del impetrante de tutela, que pudiera ser analizada por la autoridad de segunda instancia, ante ello, no le concierne a este Tribunal ingresar a efectuar algún análisis al respecto, puesto que, previamente debió ser demandada y dilucidada por el Vocal demandado, por consiguiente, no corresponde efectuar mayores precisiones al respecto. Bajo esa línea de análisis, se concluye que la autoridad demandada estableció que el juez a quo no efectuó una adecuada valoración de los elementos de convicción adjuntados por el accionante para desvirtuar los riesgos procesales insertos en el art. 234.1 y 7 del CPP; por lo que, su decisión de revocar el fallo por el que cesó la detención preventiva, no vulnera el debido proceso en ninguno de sus componentes ni el principio de legalidad o la presunción de inocencia invocados por el impetrante de tutela; toda vez que, obedece a un criterio razonable, lógico y suficiente de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 290 a 297 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos del presente fallo Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0371_2026-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): b1fdee3e3f5aad0b14afbbd7b68a4b1c8887ec8a70e6cf20bcaa29c5e872b0ab
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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