Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, de acceso a la justicia; y, los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de seguridad jurídica, de legalidad y “reserva legal” y de la carga probatoria; puesto que, el AS 580-1 de 26 de noviembre de 2023, desconoció la existencia de una relación laboral encubierta bajo contratos civiles de comisión; privilegió la forma contractual sobre la realidad fáctica en contravención al principio de primacía de la realidad y a las normas de orden público laboral -DDSS 28699 y 0521; y, RM 108/10-; realizó una deficiente valoración de la prueba e incumplió la inversión de la carga probatoria en favor del trabajador; y, calificó erróneamente la relación contractual, derivando en una decisión incongruente y carente de fundamentación suficiente, contraria al principio de legalidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; c) Derecho a la defensa; y, d) El análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 113/24 de 12 de agosto de 2024, cursante de fs. 2257 a 2260 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la debida valoración de la prueba y a los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de legalidad y reserva legal, de seguridad jurídica y carga probatoria.
a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 580-1 de 28 de noviembre de 2023, debiendo los actuales Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitir un nuevo auto supremo y sea en el plazo de quince días computables a partir de la notificación del presente fallo constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR tutela solicitada con relación a los derechos a la defensa y de acceso a la justicia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 66549-2024-134-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 113/24 de 12 de agosto de 2024, cursante de fs. 2257 a 2260 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yamil Klinsky Vásquez, Alexandre Ledezma Echeverría y Elder Alejandro Molina Meneses por sí y en representación legal de Sueli Adriana Rodríguez Chávez, Christian Mario Toranzos Caero, Alfredo Céspedes Otterburg, Jorge Enrique Ríos Martínez, Juan José Mallo Moscoso, Yves Antonio Urioste Bravo, Pablo Roberto Antelo Bazoalto y Hugo Félix Suárez Ribera contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, ex Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
La parte accionante por memorial presentado el 28 de junio de 2024, cursante de fs. 2153 a 2163, manifestó lo siguiente:
Interpusieron un proceso laboral de sueldos devengados, beneficios sociales y otros derechos laborales contra la empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima (TELECEL S.A.) -ahora tercera interesada-, el cual fue radicado en el Juzgado Séptimo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Capital del Departamento de Santa Cruz, que emitió la Sentencia 19 de 30 de abril de 2021, declarando probada en parte la demanda por pago de beneficios sociales al evidenciar la existencia de una relación laboral de dependencia y subordinación; prestación de trabajo por cuenta ajena; y, la remuneración advertida en la modalidad de comisiones, lo cual cumplía con las exigencias legales. Ante esa determinación, la parte contraria interpuso recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 185 de 3 de noviembre de 2022, que revocó en parte la Sentencia impugnada y declaró probada en parte la demanda opuesta, reconociéndose el monto equivalente a sus derechos y beneficios sociales. Contra ese Auto de Vista la parte empleadora -hoy tercera interesada- planteó recurso de casación en la forma y en el fondo; por consiguiente, mediante Auto Supremo (AS) 580-1 de 26 de noviembre de 2023, los entonces Magistrados hoy accionados casaron el referido Auto de Vista, refutado y deliberando en el fondo declararon improbada la demanda de beneficios sociales, arguyendo que debía ser considerado el Contrato de Comisión Comercial y Licencia de uso de marca que se suscribió con la empresa ahora tercera interesada, cursante de “fs. 720 a 781” del expediente, del cual se estableció que no existía relación de dependencia ni de subordinación del comisionista con la empresa comitente ni la prestación de trabajo por cuenta ajena, porque el comisionista desarrolla una actividad propia y sujeta al pago de comisiones, tampoco existía -según dichos Magistrados hoy accionados- una percepción de salario o remuneración; puesto que, en la Cláusula Octava del contrato, el comitente reconoció en favor del comisionista el pago de una comisión. Por consiguiente, los Magistrados ahora accionados concluyeron que no se aportó ningún elemento de prueba que lleve a presumir que se hubiese establecido una relación laboral aparente ni la dependencia a un empleador, ni que se hubiese realizado alguna tarea o trabajo por cuenta ajena en beneficio de un tercero o que se percibió un salario o remuneración, cualquiera que fuera la manera en la que se hubiese producido. Además, los Magistrados hoy accionados señalaron que quedó demostrada la relación comercial por los contratos existentes y que no quedaba duda de que se trató de una relación civil-comercial de conformidad al art. 4 del Código de Comercio (CCom) y no de una relación de dependencia laboral. Los Magistrados ahora accionados no consideraron que para determinar la existencia de una relación laboral priman los hechos sobre lo determinado por acuerdo de partes; es decir, el principio de la primacía de la realidad que deriva de la obligación de las autoridades judiciales de llegar a la verdad material; puesto que, en el presente caso, de acuerdo al Informe de “fs. 31 a 33” -Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011-, el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ingresó en las oficinas de la empresa hoy tercera interesada y advirtió que, sus personas en calidad de free lance se encontraban utilizando instalaciones, mobiliarios y equipos de computación de TELECEL S.A.; y, la emisión de órdenes de personal jerárquico sobre ellos. Hechos que también se observan en la Resolución Ministerial (RM) 117/12 de 27 de febrero de 2012, de “fs. 77 a 79 vta.”; asimismo, la verificación in situ efectuada por dicho funcionario no fue cuestionada ni tampoco impugnada por la empresa hoy tercera interesada; por lo tanto, lo actuado por el señalado Ministerio se constituye en prueba sobre el desarrollo de la relación laboral, habiéndose valorado correctamente esa prueba por parte del Juez de primera instancia, quien de acuerdo a lo previsto por el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), no se encuentra sujeto a la “tarifa” legal de la prueba, habiendo formado libremente su convencimiento bajo los principios de la sana crítica y atendiendo a las circunstancias relevantes de la causa; asimismo, el art. 159 del mismo Código determina que los informes son documentos. En virtud al principio de verdad material y primacía de la realidad, se probó que el objeto de la contratación de como free lance fue para la oferta, promoción y venta de teléfonos celulares, conexiones de líneas, tarjetas prepago, entre otros; es decir, que realizaban tareas permanentes, continuas y propias del giro habitual de TELECEL S.A. -empresa hoy tercera interesada-; ya que, esa empresa lucra y subsiste en el mercado por la venta de esos servicios y productos. En conclusión, la supuesta contratación civil-comercial en tareas propias y habituales de la empresa hoy tercera interesada contravino -el art. 2 de- la RM 108/10 de 23 de febrero de 2010, que prohíbe la subcontratación en dichas tareas. Asimismo, el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 0521 de 26 de mayo de 2010, dispone que los empleadores que contraten personal mediante otras empresas para tareas propias y permanentes de su actividad, son responsables de las obligaciones socio laborales y de los aportes a la Seguridad Social. De la misma manera, los arts. 1, 2 inc. a) y 4 del mismo Decreto Supremo, establecen que toda figura contractual no laboral que encubra una relación con características laborales, será considerada como una relación de trabajo con todos sus efectos, lo cual concuerda con lo previsto por el art. 5 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que establece que cualquier forma de contrato comercial o civil que encubra una relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo primar el principio de la realidad respecto a la relación aparente. La prueba documental de “fs. 39 a 72”; y, “fs. 1726 a 1742” demuestran que sus personas -accionantes- percibían abonos de sueldos en sus cuentas personales, remuneración que es propia de las relaciones laborales y no civiles o comerciales, siendo que el pago en concepto de salarios se mantuvo vigente o de manera indefinida durante los años de vigencia de la relación laboral, lo que evidencia que el pago por servicios prestados fue por concepto de salario, configurándose de esa manera una de las características esenciales de la relación laboral conforme al art. 2 del DS 28699. En ese sentido, se probó indubitablemente la relación laboral con la empresa tercera interesada, de subordinación y dependencia, trabajo por cuenta ajena y remuneración según lo previsto en los arts. 1 del DS 23570 de 26 de julio de 1996 y 2 del DS 28699. El AS 580-1, transgredió el art. 14.III de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece el libre y eficaz ejercicio de los derechos; puesto que, casó el Auto de Vista 185, vulnerando los derechos al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a la defensa; asimismo, vulneró el parágrafo IV de dicho artículo y el art. 115 de la CPE, al pretender obligarlos a aceptar lo que la Norma Suprema y las leyes no mandan; es decir, un Auto Supremo incongruente, sin fundamentación debida y que desconoce los precitados derechos; además, del derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el AS 580-1, vulneró el principio de legalidad al negar ilegalmente resolver el fondo de la impugnación planteada en recurso de casación, y también, es contrario a la “reserva legal” al vulnerar derechos y garantías fundamentales, pretendiendo estar por encima de la ley, por fundarse en criterios ilegales y falsos, transgrediendo al mismo tiempo el principio, fin y derecho a la seguridad jurídica que garantiza que las autoridades y los particulares al ejercer sus funciones se enmarquen en la norma y respeten los límites impuestos previamente en beneficio de la certitud colectiva. El AS 580-1, vulneró el principio de la carga probatoria, al no valorar los medios de prueba que demuestran de manera indubitable y fehaciente la existencia de la relación laboral, misma que fue propuesta por sus personas -accionantes-, cuando el deber de inversión de la carga probatoria, conforme a los arts. 3 inc. h) y 150 del CPT y 48.II de la CPE, correspondía a la empresa ahora tercera interesada.
La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, -en audiencia se añadió también como vulnerado el elemento de motivación- y congruencia, a la defensa, de acceso a la justicia; y, los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de seguridad jurídica, de legalidad y “reserva legal” y de la carga probatoria; citando al efecto los arts. 14.III y IV, 48.II y 115 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto el AS 580-1 de 28 de noviembre de 2023, y se emita un nuevo auto supremo.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 2252 a 2256 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de sus abogados ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que el AS 508-1 contiene una motivación arbitraria; por cuanto, no mencionó ni valoró la prueba de cargo, habiendo considerado únicamente un contrato comercial.
Nuria Gisela Gonzáles Romero y Ricardo Torres Echalar, -entonces- Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 18 de julio de 2024, cursante de fs. 2240 a 2241, manifestaron que: a) El AS 580-1, fue pronunciado antes de que asuman el cargo; por lo que, no les corresponde pronunciarse respecto al fondo de las pretensiones de la parte accionante; sin embargo, se apersonan a objeto de asumir la responsabilidad institucional correspondiente; b) No obstante, el señalado Auto Supremo -580-1- contiene una argumentación fáctica y jurídica suficiente; por cuanto, en el curso del proceso laboral, la empresa ahora tercera interesada acreditó la inexistencia de una relación laboral con los accionantes, al contrario, existían contratos de carácter civil-comercial de venta a comisión y autorización de uso de nombre y marca comercial; y, c) El AS 580-1, resolvió la casación sin vulnerar el derecho al debido proceso ni los principios señalados en la presente acción tutelar, los cuales no pueden ser tutelados vía acción de amparo constitucional, constando que ese Auto Supremo -580-1- fue fundamentado y resolvió el recurso de casación considerando los argumentos esgrimidos en dicho recurso. Razones por las que debería denegarse la tutela solicitada.
Juan Carlos Landivar Roman, representante legal de la empresa TELECEL S.A., mediante memorial presentado el 18 de julio de 2024, cursante de fs. 2230 a 2238 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) El AS 580-1, mediante una acertada valoración de la prueba y correcta aplicación de la norma sustantiva laboral, dispuso casar el Auto de Vista -185- al constatar la existencia de una relación comercial no laboral con la parte accionante; ello, en el marco de una debida motivación y fundamentación, al margen de ser ese Auto Supremo -580-1- un fallo congruente con el recurso de casación y su respuesta, sin que se hubiese vulnerado ningún derecho constitucional; 2) El Código Procesal Constitucional dispone que la acción de amparo constitucional debe contener una relación clara de los hechos, la identificación de los derechos y garantías vulnerados y la petición, debiendo existir coherencia entre esos presupuestos; es decir, un nexo causal conforme lo señala la jurisprudencia constitucional; aspecto que no fue observado en la presente acción de defensa; ya que, su fundamento es una transcripción textual de la respuesta a su recurso de casación. Es así que la parte accionante pretende que la jurisdicción constitucional se constituya en una cuarta instancia que valore la prueba e interprete la norma ordinaria, lo que resulta incoherente con los hechos expuestos en la acción de amparo constitucional; puesto que, no señalaron cuál es la prueba irracionalmente valorada o cuáles fueron los márgenes de equidad y legalidad transgredidos por los entonces Magistrados ahora accionados, habiendo hecho referencia a la ausencia de una resolución congruente y motivada, una valoración que se aparte de los marcos de razonabilidad y equidad, y la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, sin argumentar cómo el AS 580-1, incurrió en esos tres supuestos; por lo que, la acción tutelar resulta ser improcedente; 3) La parte accionante no identificó debidamente o argumentaron cómo se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa, tampoco cumplieron con la carga argumentativa mínima exigida por la jurisprudencia constitucional para la consideración de fondo de la presente acción de defensa, no pudiendo el Tribunal Constitucional Plurinacional invadir la jurisdicción ordinaria al no haberse observado la doctrina de las auto-restricciones con relación a la interpretación de la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba; ya que, la parte accionante no señaló cómo las pruebas fueron valoradas irracionalmente o fuera de los márgenes de equidad y legalidad, cómo debieron ser valoradas o dónde radicó la arbitrariedad respecto a esa prueba; ocurriendo lo propio respecto a la supuesta incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico; puesto que, no indicaron cómo la interpretación efectuada en el AS 580-1, resulta vulneradora de sus derechos, cómo la norma debía ser interpretada y aplicada, o qué sistemas de interpretación debieron aplicarse o cuál fue la arbitrariedad respecto a los arts. 48 de la CPE, 2 y 5 del DS 28699, 1 del DS 23579, 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), 1260 del Código Civil (CC) y 39 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, normas que fueron las analizadas y compulsadas con la prueba de la causa laboral, que resulta relevante para realizar el examen compulsorio sobre la aplicación e interpretación de estas normas; 4) Además, la parte accionante solo señaló que el Informe del Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011- demostraría la relación laboral, omitiendo la totalidad del acervo probatorio valorado por el AS 580-1, sin especificar qué prueba no fue valorada o cómo esa valoración se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir ni cómo esa errónea valoración tendría relevancia en el resultado final de la resolución. Al margen de lo anterior, el indicado Auto Supremo -580-1- no se basó únicamente en los contratos comerciales sino en el Número de Identificación Tributaria (NIT), prueba testifical de cargo, facturas, comunicaciones comisionistas, confesiones espontáneas y contratos free lance que demuestran la inexistencia de una relación laboral bajo dependencia y subordinación por parte de los accionantes. Al contrario, se probó que existía una relación comercial de comisión y uso de nombre comercial con esa empresa -TELECEL S.A.-, lo que demuestra que el Auto Supremo -580-1- efectuó una valoración adecuada de la prueba que no resulta absurda e ilógica, más aun cuando los accionantes no especificaron qué prueba fue omitida o valorada fuera de los márgenes de equidad y de razonabilidad; 5) El AS 580-1, analizó el contrato de comisión comercial y licencia de uso de marca, concluyendo que era una función que no se encontraba en la estructura de la empresa hoy tercera interesada y que solo existían potestades de supervisión y no de dependencia ni subordinación; que no existió trabajo por cuenta ajena ni salario sino, una comisión por la que, se emitían facturas; y, que no se aplicaron correctamente los arts. 48 de la CPE; y, 4 de la LGT, por no existir derechos laborales. Es decir, que ese Auto Supremo -AS 580-1- explicó claramente los motivos por los que en instancias inferiores no se emitió una decisión correcta y ajustada a derecho; ello, con base en las pruebas aportadas y la normativa vigente, por consiguiente, no se vulneró el derecho al debido proceso; 6) El Informe del Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011, emitido por el Responsable de Inspección del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social-, al que hicieron alusión los accionantes, fue emitido el “4 de noviembre de 2011” -Informe para Reincorporación que generó la Nota JDTSC/CONM/RL. 077/2011 de 4 de noviembre- como parte de un proceso administrativo de reincorporación laboral, que en instancia de acción de amparo constitucional fue analizado por la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que observó y cuestionó la validez de dicho Informe; por lo que, no tiene un valor probatorio absoluto y único, más aun cuando se denegó la tutela de reincorporación de los accionantes, desconociendo justamente el valor probatorio de ese Informe; ya que, ese documento no es relevante para el presente caso; 7) Acerca de la fundamentación, el AS 580-1 condice con la línea establecida en precedentes vinculantes como los Autos Supremos (AASS) 198 de 29 de abril de 2008, 221 de 2 de mayo de igual año, 54/2012 de 17 de mayo y 57/2012 de 23 de ese mes, los cuales determinaron la aplicación del principio de primacía de la realidad en contratos civil-comerciales, en los que se identificó dicha relación sobre una relación laboral con las mismas características que la presente causa. En el caso de TELECEL S.A., cursa el AS 913 de 18 de diciembre de 2015, cuyo criterio sobre los free lance comisionistas -refrendado por los AASS 96/2017 de 16 de mayo, 24/2018 de 20 de febrero, 621 de 8 de septiembre de 2015, 182/2016 de 27 de junio, y 142/2016 de 14 de ese mes- contienen los mismos hechos, prueba y norma tratados en el presente caso; por lo que, no resulta evidente la ausencia de fundamentación y motivación, menos la vulneración del derecho al debido proceso; y, 8) La parte accionante no estableció cuál era la relevancia constitucional de su acción tutelar, siendo que la decisión de los entonces Magistrados ahora accionados no cambiará en el fondo, porque no otorgarán un valor absoluto y único al Informe infundado y emitido por un funcionario que no tenía potestad para definir la existencia o no de una relación laboral. Tampoco los referidos Magistrados accionadas podrían obviar el amplio acervo probatorio que desvirtúa dicho Informe y acredita la existencia de una relación civil-comercial; y, menos puede dejarse de lado la existencia de precedentes idénticos y análogos dentro de otros procesos seguidos contra TELECEL S.A., por comisionistas, en los cuales se determinó la inexistencia de una relación laboral. Por lo anterior, pide que sea denegada la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 113/24 de 12 de agosto de 2024, cursante de fs. 2257 a 2260 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el AS 580-1, debiendo los Magistrados ahora accionados emitir un nuevo auto supremo; bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la denuncia de la empresa hoy tercera interesada, se advierte que la SCP 2355/2012, no estableció la existencia o no de una relación laboral entre los accionantes y dicha empresa, sino que concluyó que la “Resolución” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no era clara ni pormenorizada con relación a todos los accionantes para determinar la reincorporación laboral; y, ii) El AS 580-1, realizó una descripción del contrato suscrito entre los accionantes con la empresa ahora tercera interesada; sin embargo, no hizo referencia alguna al Informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y la documentación que cursa de “fs. 39 a 72” y “fs. 1726 a 1742” referente al pago de haberes; por consiguiente, se advierte una incongruencia omisiva respecto a la valoración de esas pruebas, y no así una errónea valoración de la prueba; ya que, no puede argumentarse esta si es que no se valoró la documental, debiendo el Tribunal Supremo de Justicia emitir un pronunciamiento respecto a dichos documentos y su valoración correspondiente “…y la demás documentación que cursa en obrados” (sic). En la vía de complementación, enmienda y aclaración, la empresa hoy tercera interesada solicitó a la Sala Constitucional que se aclare cuál es la relevancia constitucional de la supuesta omisión señalada en la Resolución 113/24. Además, en cuanto al Informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se entiende que fue mencionado al momento de que la parte accionante contestó el recurso de casación; sin embargo, en cuanto a las boletas o planillas de pago de las que solo se indicaron las fojas, no existe mención alguna en la respuesta al recurso de casación; por lo que, pide que se aclare dónde versa la incongruencia identificada en el AS 580-1. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional señaló que concedió en parte la tutela y estableció claramente que no se concede la misma con respecto a otros argumentos referidos por la parte accionante; además, que la omisión valorativa de la prueba es diferente a la errónea valoración de la prueba; por lo que, serán los Magistrados ahora accionados, quienes de acuerdo a la sana crítica y técnicas de valoración de la prueba de cargo y descargo, de manera individual y en su conjunto, establecerán la existencia o no de la relación laboral. En ese mismo sentido, al haberse verificado una omisión de la valoración de la prueba, establecer la relevancia constitucional se constituiría en un criterio adelantado; ya que, tendría que darse un valor a las pruebas que fueron omitidas, lo cual debe ser efectuado por los Magistrados hoy accionados para llegar a una conclusión. Por consiguiente, la Sala Constitucional tuvo por aclarado lo solicitado por la ahora tercera interesada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de 14 de julio de 2011, emitido, por el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por el que se designó a Wilson Huarachi Choque que “…deberá supervisar el trabajo de los funcionarios que intervinieran en efectuar las inspecciones correspondientes…” (sic [fs. 33 a 34]). Asimismo, consta Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de igual mes y año, emitido por el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el que se señaló: “…mi persona para coadyuvar fue a realizar las entrevistas a los trabajadores que en ese instante se encontraban en instalaciones…” (sic [fs. 32]). II.2. Consta Informe para Reincorporación de 4 de noviembre de 2011, emitido por el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 251 a 253). Por otro lado, cursa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que denegó la tutela en una anterior acción de amparo constitucional (fs. 443 a 455). Asimismo, consta la RM 117/12 de 27 de febrero de 2012 (fs. 78 a 80 vta.). II.3. Cursa demanda por sueldos devengados, beneficios sociales y otros derechos laborales, presentada el 17 de octubre de 2013, ante el “JUEZ DE TURNO DEL TRABAJO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CAPITAL” del departamento de Santa Cruz, por Elder Alejandro Molina Meneses, Adriana Rodríguez Chávez, Pablo Roberto Antelo Bazoalto, Christian Mario Toranzos Caero, Alexandre Ledezma Echeverría, Yamil Klinsky Vásquez, Alfredo Céspedes Otterburg, Jorge Enrique Ríos Martínez, Hugo Félix Suárez Ribera, Yves Antonio Urioste Bravo y Juan José Mallo Moscoso -ahora accionantes- contra la empresa TELECEL S.A. -hoy tercera interesada- (fs. 698 a 713). Posteriormente, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del referido departamento, emitió la Sentencia 19 de 30 de abril de 2021, declarando probada la demanda ordenando el pago de beneficios y derechos laborales a los accionantes (fs. 1905 y vta.; y, 1939 a 2008).
II.4. Por memorial presentado el 18 de enero de 2022, ante el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la empresa hoy tercera interesada a través de su representante legal interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 19, emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 185 de 3 de noviembre de igual año, por los Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que determinaron revocar en parte la referida Sentencia, declarando probada en parte la demandada con costas (fs. 2054 a 2071 vta.). II.5. Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2023, ante los Vocales de Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa la Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la empresa ahora tercera interesada planteó recurso de casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista 185 (fs. 2078 a 2103 vta.), el cual fue contestado por la parte accionante a través del memorial presentado el 18 de agosto de igual año (fs. 2107 a 2111), recurso que mereció el AS 580-1 de 28 de noviembre del citado año, emitido por José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, por el que casaron el citado Auto de Vista -185- y declararon improbada la demanda de sueldos devengados, beneficios sociales y otros derechos laborales (fs. 2122 a 2132). II.6. Cursan Estados de Ahorro expedidos por el Banco de Crédito de Bolivia (BCP) Sociedad Anónima (S.A. [fs. 40 a 73]); asimismo, solicitudes de certificación y Certificados de Cuentas de Pagos de Haberes emitidos por el BCP S.A. (fs. 1728 a 1744).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, de acceso a la justicia; y, los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de seguridad jurídica, de legalidad y “reserva legal” y de la carga probatoria; puesto que, el AS 580-1 de 26 de noviembre de 2023, desconoció la existencia de una relación laboral encubierta bajo contratos civiles de comisión; privilegió la forma contractual sobre la realidad fáctica en contravención al principio de primacía de la realidad y a las normas de orden público laboral -DDSS 28699 y 0521; y, RM 108/10-; realizó una deficiente valoración de la prueba e incumplió la inversión de la carga probatoria en favor del trabajador; y, calificó erróneamente la relación contractual, derivando en una decisión incongruente y carente de fundamentación suficiente, contraria al principio de legalidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; c) Derecho a la defensa; y, d) El análisis del caso concreto.
La SCP 0273/2021-S1 de 21 de abril, establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero -en casos de resoluciones judiciales o administrativas de última instancia, que conoce la justicia constitucional, dado el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional-; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”.
La SCP 0303/2020-S1 de 11 de agosto, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba, cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Este entendimiento también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2018-S2 y 0025/2018-S2, ambas de 28 de febrero” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0696/2024-S1 de 30 de octubre reiteró el entendimiento de la 0668/2020-S1 de 30 de octubre, establece que: “El derecho a la defensa irrestricta se encuentra previsto en el art. 119.II de la CPE, que señala: ʽToda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesariosʹ. Como se afirmó anteriormente, el derecho a la defensa como elemento del debido proceso interactúa con las demás garantías y elementos del debido proceso; y es a través de esta garantía en la que se hace operativas todos los demás; por ello, su inviolabilidad porque es la garantía fundamental con que cuenta el procesado. En este contexto, el Tribunal Constitucional desarrollo jurisprudencialmente el derecho a la defensa en su dimensión material, reconoce el derecho a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal; y en su dimensión técnica, consistente en el derecho irrenunciable de contar con la asistencia de un abogado, entendimiento que tiene su antecedente en la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre, siendo confirmado por la SCP 0155/2012 de 14 de mayo. Por su parte, la SC 1534/2003-R de 30 de octubre estableció que el derecho a la defensa comprenden a la vez, los derechos a ser escuchado, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia; criterio reiterado en la SC 0183/2010-R de 24 de mayo. Por otra parte, la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, introduce como una segunda connotación del derecho a la defensa, el derecho de las personas a tener conocimiento y acceso de los actuados e impugnar los mismos en igualdad de condiciones. Más adelante, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto amplía el alcance del derecho a la defensa, estableciendo que el mismo comprende otros derechos, como son el contar con un tiempo razonable para preparar la defensa; a la comunicación privada con su defensor; a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o nombrar un abogado particular; a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas; a no declarar contra sí mismo ni contra sus parientes; y, a contar con traductor o intérprete. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se establece que como una manifestación del derecho a la defensa, comprenden también los derechos a ser escuchado, a conocer y acceder a los actuados, a presentar pruebas, a recurrir y a la observancia de los requisitos de cada instancia, a contar con un tiempo razonable para preparar la defensa, a la comunicación privada con su defensor, a que el Estado le proporcione un defensor cuando carezca de medios económicos o no nombre un abogado particular, a acceder a las pruebas de cargo y a observarlas, a no declarar contra sí mismo y/o sus parientes, a contar con traductor o intérprete; cuya inobservancia implica la vulneración de derecho a la defensa”.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, de acceso a la justicia; y, los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de seguridad jurídica, de legalidad y “reserva legal” y de la carga probatoria; puesto que, el AS 580-1 de 26 de noviembre de 2023, desconoció la existencia de una relación laboral encubierta bajo contratos civiles de comisión; privilegió la forma contractual sobre la realidad fáctica en contravención al principio de primacía de la realidad y a las normas de orden público laboral -DDSS 28699 y 0521; y, RM 108/10-; realizó una deficiente valoración de la prueba e incumplió la inversión de la carga probatoria en favor del trabajador; y, calificó erróneamente la relación contractual, derivando en una decisión incongruente y carente de fundamentación suficiente, contraria al principio de legalidad. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 17 de octubre de 2013, la parte accionante nuevamente demandó el pago de sueldos devengados, beneficios sociales y otros derechos laborales contra la empresa hoy tercera interesada ante el “JUEZ DE TURNO DEL TRABAJO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CAPITAL” del departamento de Santa Cruz, posteriormente, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del citado departamento, emitió la Sentencia 19 de 30 de abril de 2021, declarando probada la demanda ordenando el pago de beneficios y derechos laborales a los accionantes (Conclusión II.3.). Ante esa determinación, por memorial presentado el 18 de enero de 2022, la empresa hoy tercera interesada a través de su representante legal interpuso recurso de apelación, dictándose en consecuencia el Auto de Vista 185, que determinó revocar en parte la Sentencia 19 apelada, declarando probada en parte la demandada con costas (Conclusión II.4.). Auto de Vista, que mediante memorial presentado el 27 de julio de 2023, fue impugnado a través de recurso de casación en la forma y en el fondo por la empresa ahora tercera interesada, el cual fue contestado por la parte accionante a través del memorial presentado el 18 de agosto de ese año, para luego pronunciarse el AS 580-1, por los entonces Magistrados ahora accionados, que casaron el citado Auto de Vista -185- y declararon improbada la demanda de sueldos devengados, beneficios sociales y otros derechos laborales (Conclusión II.5.). Consideraciones previas José Carlos Landívar Román en representación legal de la empresa hoy tercera interesada alegó que el “…Informe del Inspector del Trabajo…” (sic) aludido por la parte accionante fue utilizado como prueba en una anterior acción de amparo constitucional y una vez que la misma fue en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, dicha prueba fue analizada por la SCP 2355/2012, la cual, cuestionó su validez para posteriormente denegar la tutela solicitada sobre reincorporación laboral; por lo cual, ese Informe no tendría valor probatorio absoluto ni relevancia en la presente causa. En ese sentido, consta que en la presente acción tutelar la parte accionante hizo referencia al Informe de “fs. 31 a 33” en el cual, el funcionario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, refirió ingresar a las oficinas de TELECEL S.A. -empresa hoy tercera interesada- advirtiendo que los free lance se encontraban en las instalaciones de esa entidad “…UTILIZANDO (…) MOBILIARIOS, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OTROS MEDIOS DE LA EMPRESA; ES MÁS DICHA INSTANCIA ADMINISTRATIVA-GUBERNAMENTAL CONSTATÓ LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PERSONAL JERÁRQUICO SOBRE LOS FREE LANCERS; ESTOS HECHOS DEL INGRESO DE LA MENCIONADA REPARTICIÓN ESTATAL AL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES DE LA DEMANDADA TAMBIÉN SE OBSERVAN EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 117/12 (…) DE FS. 77 A 79VTA” (sic). De esa manera, se constata que la parte accionante se refiere al Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011, emitido por el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anteriormente ordenado por Auto de 14 de igual mes y año, que designó a Wilson Huarachi Choque, quien “…deberá supervisar el trabajo de los funcionarios que intervinieran en efectuar las inspecciones correspondientes…” (sic [Conclusión II.1.]). Actuados que corresponden a la foliación original señalada por los accionantes en la presente acción tutelar “fs. 31 a 33”. Por el contrario, la empresa hoy tercera interesada indicó que el Informe al que se remitió la parte accionante fue analizado por la SCP 2355/2012, evidenciándose que se dirige al Informe para Reincorporación de 4 de noviembre de 2011, expedido por el mismo Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del referido Ministerio de Trabajo, respecto al que la SCP 2355/2012, concluyó que, como base de la Conminatoria de Reincorporación laboral de 5 de noviembre de 2011, se limitó a remitirse a las Resoluciones Administrativas 026/11 de 24 de agosto de 2011 y 036/11 de 7 de octubre de igual año, sin fundamentar si el proceso judicial incidía en la posibilidad de disponer la reincorporación laboral, omitiendo una motivación mínima que permita certeza sobre lo ordenado; habiendo -el señalado Informe- dispuesto la reincorporación de cincuenta y nueve trabajadores sin individualizar la situación particular de cada uno -si existía encubrimiento de relación laboral, si eran progenitores de hijos menores de un año o dirigentes sindicales-, omitiendo fechas de destitución y montos de sueldos devengados, lo que tornó inejecutable la referida Conminatoria por falta de debida motivación y fundamentación. Sin embargo, ese fallo constitucional aclaró que no correspondía determinar la existencia o no de la relación laboral ni el cumplimiento de la Resolución del Tribunal de garantías, sino que existían dos vías, primero, la ejecución debido a que los beneficiarios no podrían impugnar la citada Conminatoria, y segundo, que acudan a la vía laboral donde ese Informe para Reincorporación de 4 de noviembre de 2011, podría valorarse junto con el resto del acervo probatorio, lo que no podría producirse en sede constitucional (Conclusión II.2.). Por consiguiente, habiéndose aclarado que la SCP 2355/2012, no hace ninguna referencia o análisis respecto a la valoración del Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011, ni al Auto de 14 de ese mes y año, cursante de “fs. 31 a 33”; y, que no determinó la existencia o inexistencia de una relación laboral entre los accionantes y la empresa ahora tercera interesada, corresponde analizar si debe ingresarse al fondo de la problemática planteada en la presente acción de amparo constitucional. Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia En el memorial de contestación al recurso de casación en la forma y en el fondo que fue planteado por la empresa ahora tercera interesada, la parte accionante arguyó lo siguiente: 1) Acerca del recurso de casación en la forma. El Auto de Vista 185, respondió al recurso de apelación planteado por la empresa demandada -hoy tercera interesada-habiendo descrito en cuanto al primer agravio, los presuntos vicios de nulidad de la Sentencia 19, citando jurisprudencia constitucional y la normativa legal, como son los arts. 48 de la CPE, 120 de la LGT y 163 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, emitiendo sus propios criterios jurídicos respecto la imprescriptibilidad de los derechos laborales, aplicando la doctrina respecto al contrato de trabajo y llegando a establecer en el por tanto que el Juez de primera instancia, aplicó e interpretó correctamente las normas relativas a la prescripción, declarándose prescritos los derechos hasta el 7 de febrero de 2007. En cuanto a la valoración de la prueba, el señalado Auto de Vista -185- se basó en la SCP 1916/2012, y enumeró la forma de valoración de las pruebas, arguyendo que el Juez de primera instancia tiene la facultad de la libre apreciación de las pruebas; además, analizó la falta e incorrecta valoración de las pruebas, llegando a determinar que los contratos comerciales, la licencia de uso de marca comercial, las facturas emitidas por los demandantes -accionantes- entre otros, no se constituyeron en elementos de convicción para que el Juez de primera instancia reconociera la inexistencia de la relación laboral, es más, el Auto de Vista 185, advirtió que la empresa demandada -hoy tercera interesada- no expresó cuál era el valor probatorio que la ley reconoce o debiese reconocer, habiendo sido imprecisa respecto al error, la falsedad o arbitrariedad en la que incurrió el Juez de la causa. De un análisis normativo, doctrinal y jurídico, el Auto de Vista 185, llegó a determinar la existencia de una relación de dependencia y subordinación del trabajador con relación a la empresa empleadora -hoy tercera interesada-; la prestación de trabajo por cuenta ajena; y, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación; por lo que, ese Auto de Vista no vulneró los derechos a la defensa ni al debido proceso en ninguno de sus elementos, habiendo motivado su determinación; y, 2) En cuanto al recurso de casación en el fondo. La empresa recurrente -ahora tercera interesada- denunció la errónea interpretación de sus pruebas tales como los contratos comerciales, NIT de los demandantes -accionantes-, facturas emitidas por esos últimos, matrículas de comercio, documentos de confidencialidad, entre otros, al margen de haber manifestado la errónea valoración a la prueba del hecho referente al Informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pretendiendo hacer ver que no existió relación laboral, cuando esos documentos fueron armados para cometer fraude laboral, y no pagar beneficios sociales; empero, su recurso no considera que para determinar la existencia de una relación laboral deben pesar más los hechos de cómo se prestó el servicio por encima de lo determinado por acuerdo de partes; es decir, que debe observarse el principio de primacía de la realidad para llegarse a la verdad material, no pudiendo ser subjetiva la prueba referente al Informe de “fs. 31 a 33”, cuyos hechos también se reflejan en la RM 117/12, pruebas efectuadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que son idóneas y demuestran los hechos de manera incontrastable; ya que, la verificación en el lugar de trabajo no fue cuestionada, objetada o impugnada por la empresa demandada -ahora tercera interesada-, constituyéndose en prueba objetiva de la forma en que se desarrolló la relación laboral en los hechos y desde el interior de las oficinas de dicha empresa, habiéndose valorado correctamente esa prueba por parte del Tribunal de segunda instancia. Asimismo, las pruebas de “fs. 782 a 816” respecto a las facturas que la empresa demandada -hoy tercera interesada- obligó a emitir a los demandados -accionantes-“…prueban que fueron emitidas únicamente a la empresa TELECEL S.A.” (sic), ello demuestra, que no existió prestación de servicios civiles o comerciales; puesto que, tendrían que figurar facturas giradas a otras empresas o personas particulares, lo que no consta en la presente causa. Tampoco resulta cierta la afirmación de que los nombrados demandantes contaban con una empresa unipersonal propia; por cuanto, no es posible que dicha empresa extienda factura a un solo cliente, lo que al contrario prueba la existencia de la relación laboral. Además, de los contratos de comisión comercial cursantes de “fs. 720 a 781” se establece que los free lance estaban imposibilitados de delegar servicios, lo que demuestra la prestación personal del servicio; es decir, la ejecución del trabajo por una sola persona conforme al art. 3 del DS 28699. Por su parte, el Tribunal de alzada analizó de manera correcta que el hecho de no concurrir a la fuente de empleo en horario fijo o rígido no es motivo suficiente para establecer la relación civil-comercial; ya que, para el rubro de ventas y cobranzas la jornada laboral no puede ser rígida sino que debe adecuarse a la naturaleza del servicio “…a mayor jornada laboral más ventas, o lo contrario a menor jornada laboral menos ventas…” (sic), habiendo aplicado el juzgador la segunda parte del art. 46 de la LGT, por la que, se exceptúan de la rigidez de la jornada laboral a los empleados que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza o que trabajen discontinuamente o que efectúen labores que por su naturaleza no pueden someterse a jornadas de trabajo, logrando el Tribunal de apelación, constatar de la prueba que el objeto de la contratación fue para promoción, venta y oferta de teléfonos celulares, conexiones de líneas, entre otros que se constituyen en tareas propias, continuas y permanentes del giro habitual de TELECEL S.A., que lucra y subsiste en el mercado por la venta de esos productos y servicios. El hecho de alegarse la contratación de índole civil o comercial en tareas propias de la empresa empleadora -ahora tercera interesada- contraviene -el art. 2 de- la RM 108/10 y los arts. 1, 2 inc. a); 4 y 5 del DS 0521; y, 5 del DS 28699. Finalmente, las documentales de “fs. 39 a 72” y “fs. 1726 a 1742” demuestran que los demandantes -accionantes- percibieron en sus cuentas personales “abonos de sueldos”, que es propia de las relaciones laborales; denominación que se mantuvo vigente o de manera indefinida durante los años de vigencia de la relación laboral, lo que evidencia que el pago percibido fue por concepto de salario, referido en el art. 2 inc. c) del DS 28699. La empresa demandada -ahora tercera interesada, centró su argumento en la presunta inexistencia del vínculo laboral, cuando sí concurrieron las características de la relación de trabajo; por lo que, los derechos adeudados de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, salario promedio y sueldos devengados, entre otros, caen por su propio peso; ya que, dicha empresa no desvirtuó tales derechos. Razones por las que solicitaron que se declare infundado el recurso de casación y se mantenga incólume el Auto de Vista 185. El AS 580-1, en respuesta al recurso de casación en la forma y en el fondo, de la empresa hoy tercera interesada, y considerando la contestación de la parte accionante, dispuso casar el Auto de Vista 185 y declarar improbada la demanda, bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 185, es comprensible en su determinación y contiene una estructura clara en respuesta a los agravios expuestos en el recurso de apelación y observa el principio de pertinencia; ya que, no resulta ilegal resolver agravios por grupos o en un solo punto; puesto que, la exigencia de motivación y congruencia radica en que se resuelva de forma clara y fundada todo lo denunciado como agravio, lo cual se advierte en el Fallo impugnado. El señalado Auto de Vista -185-responde al primer agravio al desarrollar los supuestos vicios de nulidad de la Sentencia 19, indicando jurisprudencia constitucional al efecto, argumentando con normativa legal como son los arts. 48 de la CPE, 120 de la LGT y 163 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, formulando criterios propios respecto a la imprescriptibilidad de los derechos laborales, determinando en su parte resolutiva que el Juez de primera instancia aplicó e interpretó correctamente las normas relativas a la prescripción, declarándose prescritos los derechos hasta el 7 de febrero de 2007. Asimismo, el mencionado Auto de Vista -185- expuso las diferencias de la incorrecta valoración de la prueba y la ausencia de valoración de las mismas, concluyendo que los contratos comerciales, las licencias de uso de marca comercial, las facturas emitidas por los demandantes -accionantes- de ninguna manera se constituyeron en elementos de convicción respecto a la inexistencia de la relación laboral. Además, dicho Auto de Vista -185- advirtió que la empresa demandada -hoy tercera interesada- no expresó cuál es el valor probatorio que la ley reconoce o debiese reconocer, tampoco indicó cuál era el error, la falsedad o arbitrariedad en el que incurrió el Juez de primera instancia. Finalmente, el citado Auto de Vista 185, efectuó un análisis jurídico amplio a detalle de las características esenciales de la relación laboral, e individualizó los elementos de la subordinación y dependencia, la ajenidad y trabajo por cuenta ajena, la percepción de salario, para luego de un análisis normativo, doctrinal y jurídico disponer que existieron aquellos elementos, reconociendo en favor de los demandantes -accionantes- todos los derechos y obligaciones contenidas en la legislación laboral; aspecto independiente de la veracidad o no de los argumentos contenidos en el fallo de segunda instancia -Auto de Vista 185- que deben ser analizados y fundamentados al momento de resolver el recurso de casación en el fondo; y, ii) La empresa demandada -hoy tercera interesada- denunció la errónea valoración de la prueba de hecho referida a los contratos comerciales, NIT, declaraciones testificales de cargo, confesiones espontáneas plasmadas en la propia demanda, facturas y comunicaciones de comisionistas que demuestran la inexistencia de una relación laboral. Al respecto, se evidenció que la controversia de la causa radicó en la naturaleza de la relación entre las partes; por lo que, debe considerarse que todo trabajo es una prestación en favor de otro, existiendo una realización de un servicio, acto o ejecución de obra, radicando la diferencia en el modo de la relación entre quienes los brindan y quienes los reciben correspondiendo observar el papel desempeñado por cada una de las partes, ante las exigencias impuestas por el empleador, ya que, es posible el ocultamiento de la realidad bajo las apariencias de una relación no laboral. Respecto a las características esenciales de la relación laboral descritas en el art. 2 del DS 28699 concordante con el “art. 1 de la LGT”, debe ser considerado el contrato de Comisión Comercial y Licencia de Uso de Marca suscrito por el “demandante” con la empresa demandada -ahora tercera interesada-de “fs. 720 a 781”, del que se establece: a) La inexistencia de relación de dependencia o de subordinación del comisionista con la empresa comitente, sino es aquella estrictamente comercial, a pesar que de conformidad con la Cláusula Decimoséptima del referido Contrato de Comisión Comercial, la empresa comitente se reserva el derecho a la supervisión las actividades comerciales desarrolladas por el comisionista; b) La inexistencia de la prestación de trabajo por cuenta ajena, desarrollando el comisionista una actividad propia y sujeta al pago de comisiones; por lo que, la empresa comitente le autoriza a utilizar su nombre y marca comercial, teniendo el comisionista plena autonomía en el desarrollo de sus actividades; y, c) No existe pago de salario o remuneración; ya que, en la Cláusula Octava de ese Contrato, el comitente reconoce en favor del comisionista el pago de una comisión, en virtud de lo cual, el comisionista se compromete a facturar por el monto recibido. En ese sentido, la doctrina y jurisprudencia establecieron reiteradamente que no es el nombre del contrato el que determina la relación de dependencia laboral sino las características materiales de la prestación de servicios; empero, ello no conduce a interpretar que toda relación en la que existan prestaciones recíprocas deban considerarse como una relación laboral de dependencia; por lo que, las autoridades de instancia aplicaron indebidamente el art. 2 del DS 28699 concordante con el art. 1 del DS 23570, siendo evidente la aplicación indebida de los arts. 48 de CPE y 4 de la LGT, al no existir renuncia ni desconocimiento de derechos; puesto que, nunca existió una relación laboral ni trabajadores en relación de dependencia, cuyos derechos pudieran haber sido vulnerados. En cuanto a la interpretación errónea del art. 5 del DS 28699, que determina que: “ʽCualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparenteʼ” (sic), más allá de su interpretación literal debe considerarse la naturaleza jurídica del contrato de trabajo en relación con la naturaleza de las cosas; es decir, la naturaleza de la actividad que realiza la empresa comitente y la que desarrolla el comisionista. En el presente caso, dichas actividades son propiamente comerciales en un ámbito de amplia competitividad con otras empresas del rubro, no siendo posible interpretar que en ese tipo de actividades se trate de una forma de encubrimiento de la relación laboral; puesto que, el contrato de comisión se encuentra previsto en el Código de Comercio como una manera válida de establecer una relación de prestaciones recíprocas entre una empresa y una persona individual, en virtud del tipo de actividad que desarrolla. Asimismo, si bien en materia laboral se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba, no es suficiente la afirmación del supuesto trabajador, ya que, debe aportar pruebas que demuestren el derecho que reclama; por lo que, a pesar de que los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT, proclaman el principio de inversión de la carga, también establecen que ello se produce sin perjuicio de que el denunciante aporte las pruebas que crea convenientes. En la causa, “el demandante” -accionantes- no aportó ningún elemento que conlleve a la presunción del establecimiento de una relación laboral aparente, o la existencia de dependencia o subordinación a un empleador, o que se hubiese desarrollado un trabajo por cuenta ajena en beneficio de un tercero que no sea él mismo o la percepción de un salario, cualquiera fuese la manifestación en la que se hubiese producido. La actividad de “free lancers” se trata de una modalidad de actividad económica autónoma, que desarrolla actividades comerciales por cuenta propia en busca de lucro, siendo inexistente en esta la relación de dependencia o sujeción a un horario determinado, dependiendo del ingreso de la persona, de la frecuencia e intensidad aplicada a su tarea; por lo que, cobra una comisión. La contraprestación debida al comisionista era el pago de una comisión en función al total de negocios concluidos con los clientes; es decir, con base a los bienes o servicios comercializados, sin que se hubiera demostrado la existencia de una relación de subordinación o dependencia como tampoco el pago de un sueldo. En el caso de autos quedó demostrada la relación comercial por los contratos existentes y las facturas generadas para su pago, habiendo sido autorizada su emisión por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entendiéndose por comisión el mandato sin representación; por el que, el comisionista contrata con los terceros a su propio nombre; empero, por cuenta del comitente, la ejecución de un acto o negocio mercantil, de conformidad a lo dispuesto por el art. 1260 del CCom. Además, el art. 39 del DS 224 de 23 de agosto de 1943, señala que el salario es percibido por el empleado en dinero por el pago de su trabajo, incluyéndose en esa denominación las comisiones y participaciones en los beneficios, cuando tengan carácter permanente. En ese orden, no pueden confundirse las comisiones y participaciones a las que hace referencia el citado DS 224; puesto que, tiene características y connotaciones diferentes de las que se dan en material civil comercial; ya que, en materia laboral la remuneración tiene varios componentes; empero, debe revestir carácter de regularidad o periodicidad; es decir, el salario debe producirse mes a mes. También debe considerarse que no toda relación a partir de la que se genere una actividad, aunque produzca movimiento económico, se trata de una relación laboral. En el presente caso, “el demandante” -parte accionante- se constituyó en vendedor de un servicio en favor de la empresa demandada -ahora tercera interesada-, de conformidad al contrato suscrito por las partes y las comisiones serían pagadas en consideración al total de los negocios concluidos con los clientes, con base en bienes y servicios que el comisionista hubiese vendido. La Cláusula Vigesimotercera del contrato refiere que en caso de conflicto, una vez agotada la conciliación, se acudiría al arbitraje previsto en la Ley de Arbitraje y Conciliación. Más aun, los demandantes -accionantes- no tenían un ingreso fijo sino derivado de porcentajes en proporción a la comisión, de acuerdo al contrato de comisión. También debe aclararse que el Tribunal Supremo de Justicia -antes Corte Suprema de Justicia- estableció en sus resoluciones que la naturaleza jurídica del contrato no puede ser definida por la declaración que haga una de las partes, sino, las características propias de la prestación del servicio, debiendo aplicarse el principio de primacía de la realidad, siendo que en el presente caso no existe duda de que se trató de una relación civil-comercial de conformidad al art. 4 del CCom y no de una relación de dependencia laboral. De todo lo anterior, se concluye que la Jueza de primera instancia y el Tribunal de alzada, incurrieron en una indebida y errónea aplicación de normas laborales. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, toda resolución debe desarrollar una exposición clara de los hechos, la valoración individualizada de las pruebas y la explicación del nexo entre éstas y la norma aplicable (Fundamento Jurídico III.1.). En el presente caso, se evidencia la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; ya que, el AS 580-1 se pronunció de manera general sobre la validez de los contratos comerciales; empero, omitió pronunciarse sobre la alegación específica -de la parte accionante en el memorial de contestación al recurso de casación- de que en el proceso se habían producido elementos que mostraban indicios de una relación de dependencia laboral como ser el Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011, emitido por el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anteriormente ordenado por Auto de 14 de julio de 2011, cursante de “fs. 31 a 33”, la RM 117/12, cursante de “fs. 77 a 79 vta.”, los Estados de Ahorro expedidos por el BCP S.A., cursantes de “fs. 39 a 72”; y, las solicitudes de certificación y los Certificados de Cuentas de Pagos de Haberes emitidos por el BCP S.A., cursantes de “fs. 1726 a 1742” -todas las fojas señaladas son del expediente original-(Conclusiones II.2. y II.6.). Esa omisión implica incongruencia interna y externa: interna, porque existe ruptura entre las premisas fácticas y normativas y la conclusión adoptada; y externa, porque la decisión no guarda correspondencia con lo expuesto en el memorial de contestación al recurso de casación presentado por la parte accionante, cuyos argumentos debieron ser también considerados por los entonces Magistrados ahora accionados en atención al derecho a la igualdad de las partes ante la ley. En consecuencia, también el AS 580-1 carece de fundamentación debido a que no explicó por qué esos medios probatorios no fueron tomados en cuenta en el razonamiento decisorio, limitándose a destacar la literalidad de los contratos comerciales. Además, considerando que la motivación exige un proceso de subsunción entre la valoración de las pruebas y la interpretación de la norma, que permita comprender por qué se arriba a la decisión final (Fundamento Jurídico III.1.), se tiene que en el presente caso, la determinación asumida por los entonces Magistrados ahora accionados se basó casi exclusivamente en el contenido formal de los contratos comerciales, sin explicar por qué ese elemento debía prevalecer sobre el resto de la prueba ni por qué se descartaron los demás documentos aportados en la causa. Esa ausencia de nexo lógico impide que, la decisión de casar el Auto de Vista 185 y declarar infundada la denuncia, sea comprensible y verificable en términos constitucionales. Por consiguiente, la omisión de pronunciamiento sobre las señaladas pruebas -Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011, Auto de 14 de julio de 2011, RM 117/12, los Estados de Ahorro expedidos por el BCP S.A., las solicitudes de certificación y los Certificados de Cuentas de Pagos de Haberes emitidos por el referido BCP- configura lo que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 (Fundamento Jurídico III.1.) denominan motivación insuficiente o arbitraria, en tanto no se da razón sobre el por qué se las excluyó del razonamiento decisorio, aspecto que trasciende lo formal y alcanza relevancia constitucional, dado que incide directamente en el fondo de la decisión. En consecuencia, se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la debida valoración de la prueba que -conforme al entendimiento vertido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2020-S1 y 1215/2012 (Fundamento Jurídico III.2.)- puede ser revisada por la jurisdicción constitucional cuando la autoridad se aparta de los marcos de razonabilidad o incurre en omisiones parciales o totales respecto de pruebas conducentes, lo cual -conforme se señaló precedentemente- ocurre en el presente caso; puesto que, la omisión de valoración de medios probatorios impidió un análisis integral de la controversia, lo cual resulta relevante constitucionalmente, ya que, de haberse valorado dichas pruebas, la decisión podría haber variado. En ese orden, también se ven afectados los principios de primacía de la realidad y de verdad material -reconocidos por la jurisprudencia constitucional como parámetros obligatorios en procesos laborales-; ya que, fueron desconocidos al privilegiarse el contenido contractual por encima de la verificación de los hechos, incumpliendo los entonces Magistrados ahora accionados con el deber de búsqueda de la realidad efectiva. Por su parte, los principios de legalidad y de reserva legal -que en el ámbito laboral se vincula especialmente a normas de orden público que regulan derechos irrenunciables, como es la prohibición de encubrir relaciones laborales mediante contratos civiles o comerciales-, se vieron también comprometidos; puesto que, el AS 580-1 hoy impugnado, prescindió de aplicar normas de orden público laboral que prohíben encubrir relaciones laborales mediante contratos civiles, tales como los DDSS 28699 y 0521; y, la RM 108/10; al no aplicar esas normas, los entonces Magistrados ahora accionados actuaron por encima de lo que la ley establece, decidiendo sobre derechos y obligaciones sin respaldo legal expreso, dejando de proteger los derechos laborales de los trabajadores -accionantes- frente a formas de contratación que la normativa laboral considera nulas o inaplicables para eludir obligaciones, lo que vulneró asimismo, el principio de seguridad jurídica como elemento del debido proceso, al apartarse de la línea normativa laboral. Finalmente, se transgredió el principio protector que se expresa en la inversión de la carga probatoria, al exigir a los trabajadores -accionantes-, la demostración plena de la subordinación, cuando correspondía a la empresa empleadora -ahora tercera interesada-desvirtuar los indicios aportados. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, corresponde conceder la tutela por evidenciarse la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la debida valoración de la prueba y a los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de legalidad y reserva legal, de seguridad jurídica y carga probatoria. Acerca de la vulneración de los derechos a la defensa y de acceso a la justicia El derecho a la defensa y el acceso a la justicia son garantías interdependientes que permiten a toda persona cuestionar decisiones administrativas o judiciales y presentar sus argumentos de manera efectiva. En este sentido, la SCP 0696/2024-S1, reiteró el precedente de la SCP 0668/2020-S1, señalando que el derecho a la defensa irrestricta comprende tanto la posibilidad de intervenir directamente en todas las etapas del proceso como de contar con la asistencia de un abogado cuando se carece de recursos económicos. Además, asegura el acceso a los actuados, la presentación de pruebas, la observancia de los requisitos procesales y la igualdad de condiciones en la impugnación de los mismos, garantizando así que toda persona pueda hacer efectivo su derecho a la justicia (Fundamento Jurídico III.3.). En el caso concreto, la participación de los accionantes en el procedimiento de casación y la consideración de su memorial evidencian que se respetaron plenamente las garantías esenciales del derecho a la defensa y del acceso a la justicia, cumpliendo con los estándares mínimos previstos en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, respecto a la denuncia relativa a estos derechos, corresponde denegar la tutela solicitada; ya que, no se verifica afectación alguna al derecho a la defensa ni al acceso efectivo a la justicia.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 113/24 de 12 de agosto de 2024, cursante de fs. 2257 a 2260 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a la debida valoración de la prueba y a los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de legalidad y reserva legal, de seguridad jurídica y carga probatoria.
a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 580-1 de 28 de noviembre de 2023, debiendo los actuales Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitir un nuevo auto supremo y sea en el plazo de quince días computables a partir de la notificación del presente fallo constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR tutela solicitada con relación a los derechos a la defensa y de acceso a la justicia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0371_2026-S1.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): ffcaf45d231db22a8de4afdf268b0cf49a5b463499a19681642ee7e6373eda15
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