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SCP 0371/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de mayo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54200-2023-109-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la vivienda y a la propiedad privada; ello debido, a que el 19 de marzo de 2022, estos, en su calidad de copropietarios y coherederos del bien inmueble ubicado en la calle Cochabamba 242, entre Pagador y Velasco Galvarro, inscrito en DD.RR., con Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0024218, se presentaron en el mismo, con la finalidad de poder vivir en dicha propiedad; sin embargo, se constataron que cuatro ambientes de la vivienda se encontraban indebidamente ocupados por terceros, quienes ingresaron al bien inmueble de forma arbitraria y unilateral, procediendo a ocupar las habitaciones con utensilios caseros y cajonería, asociado a actividades de construcción; afirma que pese a los reiterados intentos realizados por los accionantes para ejercer de manera pacífica la posesión del inmueble, estos no lograron su ingreso efectivo, en razón de que los ocupantes, luego de dejar sus pertenencias en el lugar, se retiraron a su residencia habitual, sin permitir el acceso a los propietarios; afirma que los demandados intentan justificar su ilegal ocupación mediante la presentación de un documento privado de compraventa, suscrito con una persona que no contaba con derecho propietario alguno ni poder legal para disponer del bien inmueble que -resulta ser el tío de los accionantes-; por lo que solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: 1) Los demandados, en el plazo de cuarenta y ocho horas, retiren sus utensilios y cajonería del bien inmueble; 2) Sea con costas, daños y perjuicios; 3) se notifique al Gerente…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 029/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 1620 a 1623 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2025-S3 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 54200-2023-109-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 029/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 1620 a 1623 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Enrique Costas Wantig y José Alejandro Costas Wantig contra Pedro Luis Claros Torrico, Lidia Mamani Ortiz y Ximena Quispe Mamani.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de marzo de 2023 cursante a fs. 1, 19 a 24, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante el Testimonio 722/2021, que contiene la Escritura Pública del proceso sucesorio sin testamento y aceptación pura y simple de herencia, de 21 de julio de 2021, extendido ante el Notario de Fe Pública Catorce del Distrito Judicial de Cochabamba, a cargo de Jorge Antonio Loayza Molina, se acreditó que los -ahora accionantes- son copropietarios del bien inmueble ubicado en la calle Cochabamba 242, entre Pagador y Velasco Galvarro, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) en la Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0024218. El 19 de marzo de 2022, se presentaron en el referido inmueble con la intención de vivir en él; sin embargo, se encontraron con que cuatro de los ambientes estaban indebidamente ocupados por los -ahora demandados-, mismos que ingresaron de manera arbitraria y habrían procedido a ocupar las habitaciones depositando en ellas utensilios domésticos y cajonería, aparentemente relacionada con materiales de construcción, siendo vanos sus esfuerzos por ingresar en dicha propiedad.

Los demandados justificaron su accionar mediante un documento privado de compraventa, suscrito por una persona que no tiene derecho propietario sobre el indicado bien inmueble -Gerardo David Costas León tío de los accionantes- que no tenía derecho propietario alguno ni mandato legal para disponer del bien; asimismo, los datos personales y domicilios consignados en dicho documento de los demandados no correspondían a la realidad, configurando ello una simulación. Lo denunciado se configura como medidas de hecho, debido a que los demandados ocuparon el referido inmueble en las condiciones anotadas, lo que implica una vulneración al derecho a la propiedad, como a una vivienda, causando con tales actos daños al interior de la misma, ya que hicieron desaparecer la mueblería existente en su interior.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión sus derechos a la vivienda y a la propiedad privada; citando al efecto, los arts. 56.I y 19.I de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) Los demandados, en un plazo de cuarenta y ocho horas, retiren todos sus utensilios caseros y cajonería del bien inmueble; b) Sea con costas, daños y perjuicios; y, c) Se notifique al Gerente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) regional Oruro, para la verificación de la legalidad y contenido de la cajonería.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1609 a 1619 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándola señalaron que: 1) Los accionantes acreditaron su calidad de copropietarios de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Oruro, mediante Folio Real debidamente inscrito en DD.RR.; 2) Denuncian que un tercero, sin tener el derecho propietario ni facultad legal, suscribió un documento privado de compra y venta, que dio lugar a una medida de hecho permanente, mediante la ocupación arbitraria del inmueble por parte de los demandados, quienes impidieron el ingreso de los propietarios e introdujeron utensilios caseros cajonería -material de construcción- sin autorización; 3) Ese hecho derivó en un proceso penal ajeno a los propietarios del inmueble, el cual fue utilizado de forma fraudulenta con el fin de consolidar la posesión ilegítima; y, 4) Se demostró la medida de hecho mediante videos en los que se evidenció el ingreso no autorizado, la instalación de nuevas chapas y la utilización de menores para obstruir el acceso, situación por la cual vulneró los derechos fundamentales a la propiedad y a la vivienda, sin respaldo legal.

I.2.2. Informe de los demandados

Pedro Luis Claros Torrico, Lidia Mamani Ortiz y Ximena Quispe Mamani, a través de su abogado, en audiencia señalaron lo siguiente: i) En ningún momento se produjo una ocupación arbitraria del bien inmueble objeto de esta acción tutelar, pues los videos presentados como prueba por los accionantes no evidenciaron que haya existido violencia o que el ingreso a tales ambientes haya sido forzado, los videos presentados solamente muestran a personas ingresando sin que medie violencia alguna, y también se muestra mercadería que a efectos de verdad es de los demandados y que supuestamente hace inviable para que los accionantes puedan ocupar dichos ambientes; ii) En cuanto al supuesto documento simulado para que los tres demandados ingresen a dicho inmueble, es necesario señalar que no existe tal simulación, sino que existen tres documentos de compraventa, en el que firma como vendedor Gerardo David Costas León -tío de los accionantes-, ello en virtud a un testimonio poder, por lo que este era el representante legal del verdadero propietario -padre de los impetrantes de tutela-; los contratos de compraventa se firmaron desde el mes de noviembre de 2021 hasta el mes de enero de 2022, entregándole al vendedor varios montos de dinero -sumando en total $us131 000.- (ciento treinta y un mil dólares estadounidenses), por lo que este les hizo entrega de las llaves de dicho inmueble, lo que implica que no hubo un ingreso ilegal, violento o arbitrario de su parte en esa propiedad; sin embargo, luego averiguaron que el supuesto apoderado estaba utilizando un testimonio que ya no tenía efecto legal, porque el propietario ya hubiera fallecido, motivo por el cual se le sigue un proceso penal por estafa con víctimas múltiples; iii) Los accionantes utilizaron el testimonio 722 de 21 de julio de 2021, que fue realizado en la ciudad de Cochabamba e hicieron la inscripción de su aceptación de herencia el 18 de diciembre del mismo año; sin embargo, estos no van directamente a dicha propiedad, ya que estos no viven en dicho inmueble, y ni se percataron si esta se encontraba o no ocupada; y, recién se presentaron en dicha propiedad el 18 de marzo, en la que se encontraron con los demandados, que ante esta situación, son estos los que colocaron candados en dicha vivienda, por lo que los demandados no tienen acceso a la misma y, los impetrantes de tutela desaparecieron dejando varios meses cerrado el inmueble; iv) En el trámite del proceso penal, se llamo a la familia de los accionantes, ya que estos tienen conocimiento de este hecho, pero nadie devuelve el dinero; además, no han participado en el trámite del referido caso, y tampoco recurrieron a ninguna acción judicial para recuperar la supuesta posesión que dicen que se les hubiera arrebatado; v) En el presente caso no se ha demostrado las medidas de hecho denunciadas, por lo que el hecho denunciado hubiera ocurrido el 18 de marzo de 2022, pero esta acción tutelar fue presentada el 7 de marzo de 2023, casi 11 meses después del supuesto acto que vulneró sus derechos, lo que implica que se venció el plazo de los seis meses establecidos por la Constitución Política del Estado, para poder activar esta acción tutelar, queriendo subsanar lo que no realizaron en la vía ordinaria; y, vi) En el presente caso existen terceros interesados, ya que existen dos procesos penales, por lo que se debió de notificar a los representantes del Ministerio Público.

I.2.3 Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Oruro, mediante Resolución 029/2023 de 9 de marzo, cursante de fs.1620 a 1623 vta, denegó la tutela impetrada; tal determinación, se la tomó en base a los siguientes fundamentos: a) Los accionantes denunciaron que los demandados, mediante acciones de hecho, hubieran ocupado cuatro ambientes en el bien inmueble que es de su propiedad, lo que habría vulnerado sus derechos a la propiedad y a la vivienda; sin embargo, tales hechos no se encuentran claros, ya que en la audiencia los demandados negaron estar ocupando dicho inmueble, y que por el contrario denuncian que los impetrantes de tutela hubieran cerrado dicha casa desde el 18 de marzo de 2022, al colocar candados y seguros en la misma, para evitar su ingreso; b) Si bien los accionantes hubieran acreditado su derecho propietario, a través de la Escritura Pública 722/2021, relativo al proceso sucesorio sin testamento y aceptación pura y simple de la herencia, pero no se ha acreditado las medidas de hecho denunciadas, sino que indican lo contrario, por lo que se está frente a hechos controvertidos, ya que existen versiones contrapuestas; c) Es necesario el aclarar que, la carga de la prueba para demostrar que los actos denunciados son medidas o acciones de hecho, que asumidos sin causa jurídica debe ser cumplida por la parte accionante; es decir, que los actos arbitrarios se realizaron en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de los hechos y derechos, lo que no ha sido demostrado en el presente caso; d) En cuanto al presunto daño irreparable, la jurisprudencia constitucional, exige como un presupuesto que necesariamente se debe demostrar, cual sería el daño irreversible o irremediable que podría ocasionarse, lo que no ha ocurrido en este caso. En vía de aclaración, complementación, el abogado de los accionantes solicitaron que se les indique a que vía tienen que recurrir y reclamar los derechos vulnerados. En sustanciación y resolución, la citada Sala Constitucional, con respecto a la solicitud señaló que la demanda alegaba una posible afectación de derechos vinculados a propiedad y vivienda por acciones directas de la parte demandada; sin embargo, el Tribunal de garantías no abordó el fondo del asunto al no evidenciarse daño irreparable ni determinarse con claridad los hechos, por lo que no puede señalar la vía competente, tarea que correspondería a la defensa técnica, siendo clara la Resolución pronunciada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Disco Compacto (CD) presentado por la parte accionante, con material de videos y fotografías del inmueble y de las personas que ingresaron en el lugar (fs.18). II.2. Documento privado, de entrega de dinero por compra y venta de un inmueble de 15 de febrero de 2022, suscrito entre: Gerardo David Costas León como vendedor -tío de los accionantes-, y Pedro Luis Claros Torrico, Ximena Quispe Mamani y Lidia Mamani Ortiz -demandados- (fs. 2 y vta.). II.3. Escritura pública de proceso sucesorio sin testamento y aceptación pura y simple de herencia que, suscriben Juanita Jenny Wantig Rivera vda. de Costas en su condición de esposa supérstite, José Enrique Costas Wantig, José Gerardo Costas Wantig, José Alejandro Costas Wantig, Gabriela Roxana Costas Wantig; y, Fabiola Candelaria Carolina Costas Wantig, en su condición de hijos del causante, a la sucesión de su esposo y padre -José Gastón Costas León- (fs. 5 a 17 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos a la vivienda y a la propiedad privada; ello debido, a que el 19 de marzo de 2022, estos, en su calidad de copropietarios y coherederos del bien inmueble ubicado en la calle Cochabamba 242, entre Pagador y Velasco Galvarro, inscrito en DD.RR., con Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0024218, se presentaron en el mismo, con la finalidad de poder vivir en dicha propiedad; sin embargo, se constataron que cuatro ambientes de la vivienda se encontraban indebidamente ocupados por terceros, quienes ingresaron al bien inmueble de forma arbitraria y unilateral, procediendo a ocupar las habitaciones con utensilios caseros y cajonería, asociado a actividades de construcción; afirma que pese a los reiterados intentos realizados por los accionantes para ejercer de manera pacífica la posesión del inmueble, estos no lograron su ingreso efectivo, en razón de que los ocupantes, luego de dejar sus pertenencias en el lugar, se retiraron a su residencia habitual, sin permitir el acceso a los propietarios; afirma que los demandados intentan justificar su ilegal ocupación mediante la presentación de un documento privado de compraventa, suscrito con una persona que no contaba con derecho propietario alguno ni poder legal para disponer del bien inmueble que -resulta ser el tío de los accionantes-; por lo que solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: 1) Los demandados, en el plazo de cuarenta y ocho horas, retiren sus utensilios y cajonería del bien inmueble; 2) Sea con costas, daños y perjuicios; 3) se notifique al Gerente de la ANB, Regional Oruro, para la verificación de la legalidad y contenido de la cajonería. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

La Constitución Política del Estado en el art. 128 refirió que: “La acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley”, asimismo el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), indicó “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la SCP 0046/2012 de 26 de marzo en el Fundamento Jurídico III.1, expresó que:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural… (las negrillas nos corresponden). De igual modo la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras) Sin embargo, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, bajo la denominación de flexibilización a dicho principio, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de esta excepción posibilitando a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela, si corresponde.

III.2. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; i) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho.

Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. 2La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 3La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que, frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”.

En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 4La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 5La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, ii) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.(El resaltado es propio). Dicho entendimiento fue desarrollado por la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a una vivienda y a la propiedad privada; ello debido a que el 19 de marzo de 2022, estos, en su calidad de copropietarios y coherederos del bien inmueble ubicado en la calle Cochabamba 242, entre Pagador y Velasco Galvarro, inscrito en DD.RR. con la Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0024218, se presentaron en el mismo, con la finalidad de poder vivir en dicha propiedad; sin embargo, se constataron que cuatro ambientes del indicado inmueble se encontraban indebidamente ocupados por terceros, quienes asumen que ingresaron a la vivienda de forma ilegal mediante vías de hecho, procediendo a ocupar las habitaciones con utensilios caseros, cajonería y mercadería asociada a actividades de construcción. Tales elementos hacen que sea imposible que los impetrantes de tutela puedan ingresar a su vivienda, pese a los reiterados intentos realizados para ejercer de manera pacífica la posesión del inmueble, ello en razón de que los ocupantes, luego de dejar sus pertenencias en el lugar, se retiraron a su residencia habitual, sin permitir el acceso a los propietarios. Aparte de lo previamente detallado, afirman que los demandados intentan justificar su ilegal ocupación mediante la presentación de un documento privado de compraventa, suscrito con una persona que no contaba con derecho propietario alguno ni poder legal para disponer del bien inmueble -que resulta ser el tío de los accionantes-. De la revisión de antecedentes, se verificó que los accionantes acreditaron su derecho propietario, mediante el Testimonio 722/2021, que contiene la Escritura Pública del proceso sucesorio sin testamento y aceptación pura y simple de herencia, documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro de DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0024218. No obstante, para que proceda la acción de amparo constitucional en que se denuncia la comisión de una medida o acción de hecho, no es suficiente la sola acreditación del derecho propietario; sino que también, es necesario el demostrar las acciones arbitrarias, unilaterales o incluso violentas de los demandados, que hayan prescindido totalmente de todas las vías legales e institucionales que hayan causado la vulneración de los derechos a la propiedad de los accionantes, correspondiendo la carga de la prueba para demostrar objetivamente tales extremos al impetrante de tutela, ello conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese sentido, del análisis de la única prueba aportada -el material audiovisual presentado por los propios accionantes en un CD- se concluye que no se logró acreditar de manera objetiva que éstos hubieran intentado ingresar efectivamente al inmueble, ni que dicho ingreso hubiera sido impedido por los demandados, mediante actos de violencia o fuerza. En cuanto a la supuesta instalación de cerraduras o candados que impidan el acceso de los impetrantes de tutela a su vivienda, existen versiones contrapuestas ya que ambas partes se acusan de no tener acceso a dicho inmueble desde el 18 de marzo de 2022, por lo que claramente existen hechos controvertidos. En cuanto a los objetos depositados en el inmueble, material de construcción, no existe prueba alguna de que tal material hubieran sido introducido de manera violenta o clandestina, o que ello se hubiese hecho de forma que impidiera de manera efectiva el ejercicio del derecho propietario de los accionantes. Por el contrario, se constató la existencia de hechos controvertidos relativos a la tenencia del bien, ya que los particulares demandados sostienen que su ingreso a dicho inmueble se originó a partir de la firma de varios contratos privados de compraventa, mismos que fueron suscritos con un tercero-Gerardo David Costas León- quien resulta ser tío de los impetrantes de tutela y que actuaba supuestamente con un poder a nombre del padre de estos, que era el propietario original del referido inmueble y les heredó tal propiedad; sin embargo, la legitimación y facultades del supuesto vendedor fueron cuestionadas por los propios accionantes y los demandados, quienes iniciaron procesos penales por estos hechos en contra del mencionado tío de los impetrantes de tutela, por la presunta comisión del delito de estafa con múltiples víctimas. Este conflicto legal sobre si esos contratos de compraventa son válidos y qué efectos tienen, no pueden resolverse en la jurisdicción constitucional, ya que la jurisdicción constitucional no define derechos; en ese entendido,0 tales temas deben ser definidos en la justicia ordinaria, para eso, existen mecanismos legales apropiados. Asimismo, se advirtió que la parte accionante tampoco pudo acreditar la posible existencia de un daño irreparable o “incorregible” (sic), por lo que no corresponde dar lugar a lo pretendido por los prenombrados. En consecuencia, si bien los accionantes ostentaban derecho propietario, no cumplieron con la carga probatoria que recae sobre quien invoca una medida de hecho, al no demostrar de forma objetiva la existencia de una ocupación ilegítima ni la supresión fáctica de su derecho a poseer o habitar el inmueble; por tanto, al no haberse acreditado los presupuestos de procedencia de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 029/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 1620 a 1623 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho, en el F.J, III.3 expresó: “… debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 6SCP 0998/2012, FJ III.4.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0371_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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