Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de junio de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación con relación a la libertad personal y vinculado a los principios de celeridad y oportunidad; puesto que, desde el 3 de mayo de 2022 hasta la interposición de esta acción de defensa 29 de junio de ese año, no existe un pronunciamiento motivado y fundamentado; en el cual, se explique por qué los documentos presentados a fin de acreditar la solvencia de su garante personal no serían suficientes, ocasionando una dilación indebida y poniendo en riesgo su libertad ante la solicitud de revocatoria de medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 25 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1o CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2024-S3 Sucre, 28 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48908-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 25 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eliana Felisa Rojas Quisbert contra Santos Iván Ayala Choque, Juez y América Dunia Ticona Machicado, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.
La accionante por memorial presentado el 29 de junio de 2022, cursante de fs. 17 a 18 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Pablo Quispe Ramos contra su persona por la presunta comisión del delito de avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP), por Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril se dispuso, entre otras medidas cautelares, la presentación de un garante solvente quien en caso de fuga deberá empozar Bs5 000.- (cinco mil bolivianos). Por consiguiente, cumplió con lo dispuesto a excepción de la presentación del garante solvente; ya que, el Juez y la Secretaria ahora accionados, al igual que el Secretario en suplencia legal se niegan a realizar la compulsa de los documentos de la solvencia del garante ofrecido, exigiendo la presentación de un folio real; transcurriendo aproximadamente dos meses sin que exista un pronunciamiento motivado y fundamentado al respecto. Asimismo, la parte contraria solicitó su detención preventiva sin considerar que cuenta con setenta y tres años de edad, en consecuencia, se programó audiencia de consideración de revocatoria de medidas sustitutivas dispuestas a la detención preventiva para el 30 de ese mes y año.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación con relación a la libertad personal y vinculado a los principios de celeridad y oportunidad; citando al efecto los arts. 21.7, 22, “24”, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia el Juez ahora accionado se prenuncie mediante una resolución debidamente motivada y fundamentada sobre el ofrecimiento del garante solvente realizado el 3 de mayo de 2022, sea con las formalidades de ley.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) “Hoy” -30 de junio de 2022- se instaló la audiencia de consideración de revocación de medidas sustitutivas; en la cual, el Juez hoy accionado determinó dejar sin efecto la exigencia del garante solvente, sustituyendo por una fianza de Bs5 000.-; y, b) Se sustrajo “el objeto de la presente acción de libertad…” (sic.); por ello, desiste de la presente acción de defensa.
Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: 1) La accionante por memorial presentado el “5” -siendo lo correcto 3- de mayo de 2022, ofreció al garante solvente, adjuntando a tal efecto fotocopia de la cédula de identidad y boleta de pago; no obstante, olvidó que conforme a la SCP 2386/2012 de 22 de noviembre, se estableció que para la determinación del garante solvente necesariamente se deben acreditar tres elementos, como ser, domicilio, trabajo e ingreso económico mensual al igual que la presencia física del mismo; en ese sentido, la accionante no acreditó tales requisitos a excepción del ingreso económico mensual; por lo que, el garante fue rechazado; 2) A través de memorial de 29 de dicho mes y año, la accionante intentó que se admita al garante ofrecido; sin embargo, continuó incumpliendo con los requisitos señalados, que mediante decreto de igual fecha se le respondió de manera explícita el motivo del rechazó al garante; y, 3) Se emitió el Auto Interlocutorio 214/2022 de 30 de junio; por el cual, se dispuso reemplazar la medida cautelar de ofrecimiento de un garante de la accionante, por una fianza económica consistente en Bs5 000.- que debían ser empozados en el plazo de tres días ante la Jefatura Administrativa y Financiera del Órgano Judicial. America Dunia Ticona Machicado, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: i) Asumió el cargo de Secretaria del indicado Juzgado el 6 de junio de 2022; ii) No es cierto que exigió la presentación del folio real correspondiente al garante, puesto que, el 8 de igual mes y año, su persona al advertir que la accionante es de la tercera edad, la trató de la mejor manera, tolerando el maltrato por el procurador de la misma; y, ii) No tuvo más contacto con la nombrada; por lo que, desconoce si se le negó algún documento “o algo” por el Juzgado donde desarrolla sus funciones.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 25 a 29 vta., concedió la tutela solicitada respecto al Juez hoy accionado y al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo conminando a que la mencionada autoridad judicial emita la resolución expresa en cuanto al ofrecimiento del garante solvente de 3 de mayo de 2022, en el término de cuarenta y ocho horas o en su caso “…cumpla con la Resolución de Revocatoria de Medidas Cautelares que emitió el día de hoy 30 de junio de 2022 como es la Resolución Nº 2017/2022…” (sic); y, denegó la tutela solicitada respecto a la Secretaria hoy coaccionada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del indicado departamento en suplencia legal de su similar Segundo, tiene obligaciones limitadas para dar cumplimiento a las órdenes dispuestas por el Juez ahora accionado para la aplicación de una medida cautelar de carácter personal; por lo que, no podía extralimitarse exigiendo requisitos que no se encuentran específicamente establecidos en el Auto Interlocutorio 141/2022; b) La Secretaria hoy coaccionada no cuenta con legitimación pasiva al asumir sus funciones posteriormente a la emisión del referido Auto Interlocutorio; c) El Juez ahora accionado debió controlar el actuar del Secretario en suplencia legal; asimismo, era su obligación emitir una nueva resolución aclaratoria sobre el garante solvente, como lo solicitó la accionante; y, d) No es óbice para el análisis de esta acción de defensa el desistimiento formulado en audiencia por la accionante o la emisión de una resolución que reemplazó la presentación de un garante solvente por la fianza económica de Bs5 000.- impuesta a la accionante; ya que, se incurrió en demora injustificada.
En vía de complementación y enmienda el Juez hoy accionado, solicitó al Juez de garantías que se aclare referente a que su autoridad deberá emitir una nueva resolución distinta al decreto de 29 de junio de 2022, que explicó detalladamente a la accionante que debe acreditar el domicilio, trabajo conocido y un ingreso mensual de su garante, y la presencia del mismo para suscribir el acuerdo. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías, emitió el Auto de Complementación de 30 de junio de 2022, estableciendo que el decreto de 29 de igual mes y año, fue realizado de manera posterior a la interposición de esta acción de defensa; asimismo, la accionante no tiene conocimiento de lo dispuesto en ese decreto; ya que, no le fue notificado, considerando que se revocó la medida cautelar de carácter personal del -garante solvente- a una fianza personal; el referido decreto no tendría efectos a futuro; puesto que, “…no tendría sentido porque se habría revocado y por ende dejado sin efecto el garante solvente y por esa razón no podría entenderse que sin haber sido notificada pudiera haber dado cumplimiento al punto 4 de la Resolución tantas veces señalada” (sic); en consecuencia, el Juez hoy accionado “…deberá emitir una RESOLUCION ACLARATORIA de lo que ya ha resuelto con respecto del garante que ya no es necesario sino solo la fianza…” (sic).
Mediante al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril, emitido por Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-; por el que, se dispuso aplicar medidas cautelares de carácter personal en favor de Eliana Felisa Rojas Quisbert -hoy accionante-, entre otras, la presentación de un garante solvente quien en caso de fuga deberá empozar Bs5 000.-. Determinaciones a ser cumplidas en el plazo de tres días de notificado dicho Auto Interlocutorio, caso contrario se procederá a revocar dichas medidas, disponiendo medidas cautelares más gravosas inclusive (fs. 7 a 9 vta.). II.2. Consta memorial presentado el 3 de mayo de 2022, ante el Juez ahora accionado; por el que, la accionante en cumplimiento al Auto Interlocutorio 141/2022 adjuntó documentación de su garante solvente referente a cédula de identidad y boleta de pago (fs. 14), Que mereció el decreto de 4 de ese mes y año; por el que, el Juez ahora accionado dispuso que se cumpla a cabalidad el indicado Auto Interlocutorio, debiendo remitirse la documentación del garante solvente mediante la Secretaría de su Juzgado (fs. 14 vta.). Asimismo, por memorial presentado el 17 de igual mes y año, ante el Juez hoy accionado; por el que, la accionante solicitó la compulsa de los documentos referentes a su garante solvente, en ese sentido, a través del decreto de 18 de mayo de 2022, el Juez ahora accionado reiteró que se deberá presentar la documentación del garante solvente a efecto de la compulsa por el Secretario en suplencia legal y cumplida dicha presentación se determinará lo que en derecho corresponda (fs. 12 a 13). III.3. Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2022, ante el Juez ahora accionado, Pablo Quispe Ramos -víctima en la acción penal-, solicitó revocatoria de medidas cautelares personales por el incumplimiento, pidiendo la detención preventiva de la accionante (fs. 11).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación con relación a la libertad personal y vinculado a los principios de celeridad y oportunidad; puesto que, desde el 3 de mayo de 2022 hasta la interposición de esta acción de defensa 29 de junio de ese año, no existe un pronunciamiento motivado y fundamentado; en el cual, se explique por qué los documentos presentados a fin de acreditar la solvencia de su garante personal no serían suficientes, ocasionando una dilación indebida y poniendo en riesgo su libertad ante la solicitud de revocatoria de medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).
La SC 0241/2010-R de 31 de mayo, señaló que: “…la fianza personal consiste en la obligación principal que asume una o más personas de presentar al imputado ante el Juez o Tribunal del proceso las veces que sea requerido; así como en la obligación alternativa de pagar la suma que el juez o tribunal determinen como suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales en caso de incomparecencia del imputado que se encuentra sometido a la medida cautelar personal sustitutiva de fianza personal. Por lo expuesto previamente, es preciso remarcar que como el o los fiadores personales asumen también esa obligación alternativa, que eventualmente se tornará en una obligación económica cuando sea determinada por el Juez o Tribunal a los efectos indicados, si bien no es posible que se desnaturalice la finalidad de la fianza personal con exigencias propias de la de carácter real, por cuanto -a pesar que ambas tienen como objetivo común asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso- cada una de ellas tiene una naturaleza jurídica distinta que ha determinado que el legislador las considere por separado; esto no significa que el órgano jurisdiccional no pueda valorar si aquéllos (los fiadores o garantes) tienen las posibilidades económicas o patrimoniales de cumplir la eventual obligación económica alternativa resultante de la incomparecencia del imputado; ese ha sido el entendimiento que al respecto ha tenido este Tribunal en la SC 1045/2004-R de 6 de julio, que señaló: ‘Las citadas normas, si bien implícitamente exigen que el fiador reúna ciertas condiciones de solvencia, éstas no son las mismas que se exigen cuando se impone una fianza real, pues lo que se ha estipulado es que el fiador deberá presentar a su garantizado -imputado- las veces que sea requerido, y si no lo hace, deberá pagar la suma suficiente para la captura y todo lo que ella demande para tal efecto, de esto resulta obvio que deberá tener ciertos ingresos que le permitan asumir, en una eventualidad como esa, los gastos referidos, pero esta obligación no implica que, al igual que en una fianza real, se deban presentar los mismos documentos que se exigen cuando se impone una fianza real, pues entender y exigir los requisitos de ésta para la personal, sería desnaturalizar esta última; y hacer abstracción de los requisitos de cada una de ellas y dejar sin aplicación material y objetiva un presupuesto jurídico establecido por un cuerpo legal vigente como es el relativo a la fianza personal.
Sin embargo, también es importante señalar que el hecho de que para acreditar la solvencia del garante personal, no se exijan los mismos requisitos de la fianza real, no impide al juzgador, que aplique la medida cautelar de fianza personal que valore la situación patrimonial del garante, estableciendo entre otros, si tiene un domicilio y trabajo conocido como también un ingreso mensual, que le permita inferir que en el supuesto de declararse la rebeldía del imputado podrá asumir los gastos de su captura” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación con relación a la libertad personal y vinculado a los principios de celeridad y oportunidad; puesto que, desde el 3 de mayo de 2022 hasta la interposición de esta acción de defensa 29 de junio de ese año, no existe un pronunciamiento motivado y fundamentado; en el cual, se explique por qué los documentos presentados a fin de acreditar la solvencia de su garante personal no serían suficientes, ocasionando una dilación indebida y poniendo en riesgo su libertad ante la solicitud de revocatoria de medidas cautelares personales.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que cursan en obrados el Auto Interlocutorio de 141/2022 de 14 de abril, emitido por el Juez ahora accionado; por el que, se dispuso aplicar medidas cautelares de carácter personal en favor de la accionante, entre otras, la presentación de un garante solvente quien en caso de fuga deberá empozar Bs5 000.-. Determinaciones a ser cumplidas en el plazo de tres días de notificado con el citado Auto Interlocutorio, caso contrario se procederá a revocar dichas medidas, disponiendo medidas cautelares más gravosas inclusive (Conclusión II.1.). En consecuencia, por memorial presentado el 3 de mayo de 2022, ante el Juez ahora accionado; por el que, la accionante en cumplimiento al Auto Interlocutorio 141/2022 adjuntó documentación de su garante solvente, referente a cédula de identidad y boleta de pago mereciendo en respuesta el decreto de 4 de ese mes y año; por el que, se dispuso que se cumpla a cabalidad el indicado Auto Interlocutorio, debiendo remitirse la documentación del garante solvente mediante la Secretaría de su Juzgado. Posteriormente, por memorial presentado el 17 de igual mes y año, ante el Juez hoy accionado, la accionante solicitó la compulsa de los documentos referentes a su garante solvente, en ese sentido, a través del decreto de 18 de mayo de 2022, el Juez ahora accionado reiteró que se deberá presentar la documentación del garante solvente a efecto de la compulsa por el Secretario en suplencia legal y cumplida dicha presentación se determinará lo que en derecho corresponda (Conclusión II.2.). Finalmente, por memorial presentado el 13 de junio de 2022, ante el Juez ahora accionado, la víctima en el proceso penal solicitó revocatoria de medidas cautelares personales ante el incumplimiento, pidiendo la detención preventiva de la accionante (Conclusión II.3.).
En ese sentido, previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario mencionar al desistimiento efectuado por la accionante en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, aclarando que el mismo no procede; puesto que, conforme a la SCP 0103/2012 de 23 de abril, señaló que: “Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)…”; razón a ello , la solicitud de la accionante no puede ser atendida. Ahora bien, de antecedentes se tiene que el Juez ahora accionado ante la presentación de los memoriales de ofrecimiento de documentos de la garante solvente de la accionante en cumplimiento al Auto Interlocutorio 141/2022, simplemente ordenó a la nombrada que cumpla a cabalidad lo dispuesto en cuanto a dicho ofrecimiento, conforme se advierte de la Conclusión II.2. de este fallo constitucional; no obstante, omitió su deber de fundamentación; ya que, debió explicar de manera explícita la documentación faltante o por qué la prueba que presentó la accionante sería insuficiente para dar por cumplida la medida cautelar en cuanto a la presentación de un garante solvente. Por su parte la accionante denuncia la exigencia de presentación de un folio real de su garante, adjuntando una copia de un listado de requisitos que presumiblemente serían exigidos para la garantía personal solvente, siendo estos “1. Folio Real (original) a. Último impuesto pagado b. Factura de Agua y Luz 2. Acreditar trabajo (original) a. Credencial de asociación o Institución más una Certificación vigente b. Papeleta de pago (Último mes) 3. Cédula de identidad (Original y Fotocopia Simple). 4. Croquis de domicilio” (sic [fs. 4]); los cuales demuestran un excesivo formalismo y cúmulo de requisitos que pueden tornarse de imposible cumplimiento en los plazos que se otorgan para la presentación de un garante solvente, desnaturalizando de esta manera la finalidad de esta garantía conforme se señaló en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional.
En ese contexto, se advierte que la accionante en cumplimiento al Auto Interlocutorio 141/2022 ofreció un garante solvente desde el 3 de mayo de 2022, sin obtener una respuesta fundamentada que le permita entender el por qué no logró demostrar la solvencia del mismo; transcurriendo aproximadamente dos meses; por lo cual, la víctima solicitó la revocatoria de las medidas cautelares personales impuestas a la accionante y pidió que se aplique la detención preventiva, ocasionando de esta manera una dilación indebida y poniendo en peligro el derecho a la libertad personal de la accionante; puesto que, bajo advertencia del Juez hoy accionado que ante el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas se impondrían unas más gravosas para la accionante; por consiguiente, conforme a lo manifestado en audiencia el Juez hoy accionado alegó que el 29 de junio de dicho año, emitió un decreto explicando las razones de rechazo del garante personal de la accionante, refiriendo que ese decreto no fue notificado a la nombrada. Finalmente, el 30 de igual mes y año, se celebró una audiencia de revocatoria de medidas cautelares personales, en las que se remplazó la exigencia de presentación de un garante personal, por empozar Bs5 000.- a cargo de la accionante. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad innovativa conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, toda vez que, con lo señalado precedentemente se advierten vulneraciones a los derechos de la accionante; empero, el hecho denunciado como vulnerado en esta acción de libertad cesó, lo que no implica que el Juez ahora accionado se libere de la responsabilidad que le corresponde.
Finalmente, en cuanto a la Secretaria ahora coaccionada, se tiene que la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras). En consecuencia, al no subsumir su conducta a ninguno de los presupuestos mencionados precedentemente, corresponde denegar la tutela solicitada, en cuanto a dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 30 de junio, cursante de fs. 25 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1o CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0371_2024-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ddb60d23ed2778d26c53082f7aae3cd14c37366df8a200066f73ab4171792f87
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