Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 29 de abril, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0370/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55479-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/23 de 29 de abril, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Coral del Carmen Basma Cuellar y Fatima Marisol Fuentes Melgar en representación sin mandato de Diego Fernando Rivero Fuentes contra Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz y Rosa Elizabeth Coro Buitrago, Fiscal de Materia.
El accionante señala como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de tutela judicial efectiva, a la igualdad, a la defensa pronta y oportuna, a la fundamentación, motivación y congruencia, lealtad procesal, objetividad, cumplimiento de deberes, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia demandada emitió el 6 de abril del 2023 Resolución de aprehensión en su contra, que fue ejecutada el 13 del mismo mes y año por no haber asistido a prestar su declaración informativa el 16 de marzo del indicado año; no obstante, al haber acreditado con certificado médico su impedimento por razones de salud; por su parte, la Jueza codemandada, instaló audiencia de aplicación de medidas cautelares y dispuso su detención preventiva sin considerar las irregularidades denunciadas en las que incurrió la Fiscal de Materia y que, el proceso no se encontraba registrado en el sistema; por lo que, solicita la nulidad de la denuncia interpuesta por violencia familiar o doméstica, de todos los actos investigativos, de la infundada imputación Fiscal; de la investigación penal, de la audiencia de las medidas cautelares de 15 de abril de 2023; asimismo, la restitución de todos sus derechos y garantías lesionados; y, que las servidoras públicas demandadas sean multadas a efecto de que reparen el daño con la anotación preventiva de sus bienes hasta la suma de seis salarios. Caly Erika Barrancos Rojas, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexta de la Capital del departamento Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 56 a 58 informó que conoció la causa debido a que se encontraba de turno el fin de semana; por lo cual, el cuaderno procesal ya fue devuelto Juzgado de origen; el relato de los hechos efectuados por el impetrante de tutela no guardan relación con el motivo sobre el que debería pronunciarse la Jueza de garantías ni se señala con claridad la conducta que hubiera vulnerado sus derechos; y, que debe tomarse en cuenta el “principio“ de subsidiariedad en razón a que existe un Juez a cargo del control jurisdiccional de dicho proceso -Juzgado Decimocuarto de la Capital del referido departamento-. Rosa Elizabeth Coro Buitrago, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, alegando que respecto a la falta de registro en el sistema informático, debe tomarse en cuenta que entre enero y diciembre de 2022, se suscitó un problema sistemático; por lo cual varias denuncias no interoperaron con el Órgano Judicial, situación que fue de conocimiento del Fiscal Departamental y del Presidente del Tribunal Departamental; el impetrante, se apersonó al proceso en enero de 2023, presentó memorial el 10 de febrero del referido año, teniendo en consecuencia pleno conocimiento del caso, inclusive en diferentes oportunidades procedió a devolver las notificaciones e incluso a presentar certificados médicos solicitando suspensiones de audiencias, oportunidad en la que se lo ordenó se apersone al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a efecto de que valide el certificado médico presentado, determinación a la que hizo caso omiso; motivo por el cual, se emitió el correspondiente mandamiento de aprehensión; y, el 13 de abril 2023, el impetrante de tutela prestó su declaración informativa, la cual fue firmada por sus dos abogados, mismos que estuvieron presentes en la audiencia de consideración de la medida cautelar, quienes no alegaron ninguna vulneración de los derechos de su defendido, haciéndolo recién en esta audiencia de acción tutelar, situación que devenía en improcedente; toda vez que, esa era la oportunidad para plantear el incidente de nulidad de la imputación formal de aprehensión. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 02/23 de 29 de abril, cursante de fs. 100 a 102 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el argumento de que el impetrante de tutela previo a acudir a la justicia constitucional, debió hacer conocer las denuncias efectuadas en la acción tutelar al Juez que tenía el control jurisdiccional de dicha causa, no cumpliéndose con la subsidiariedad excepcional que reviste la acción tutelar.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-008/2016 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades contenidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril establecido que:
…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la etapa para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales. Consecuentemente, en los casos en los que el accionante activa directamente la acción de libertad, sin acudir previamente ante el Juez cautelar que ejerce el control jurisdiccional de la etapa preparatoria, para denunciar las ilegalidades atribuidas a los fiscales y/o policías, corresponde denegar la tutela sin ingresar examen de fondo.
Con relación al agotamiento previo del recurso de apelación incidental contra las resoluciones judiciales que resuelven sobre medidas cautelares de carácter personal, para el cumplimiento de la subsidiariedad excepcional dela acción de libertad, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que:
[N]o cabe duda que el recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su resolución (tres días).
De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas.
De acuerdo a los antecedentes que cursa en obrados se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, el accionante fue nuevamente notificado a efecto de que comparezca a la audiencia de declaración informativa a realizarse el 16 de marzo de 2023 (fs.7), en merito a ello el accionante presentó memorial solicitando la suspensión de audiencia adjuntando certificado médico a dicha solicitud (fs. 8); solicitud que fue rechazada por la Fiscal demandada bajo el justificativo de la existencia de varias suspensiones de audiencia sin justificación ni impedimento legítimo (fs. 92);posteriormente el 6 de abril del año indicado, la Fiscal de Materia emitió la resolución de aprehensión de Diego Fernando Rivera -solicitante de tutela- (fs. 11 y vta.), ejecutada el 13 del mismo mes y año (fs. 9 a 10), por lo que conforme lo referido por la demandante, emergente del mismo fue puesta a disposición de la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosexta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- Jueza de turno de fin de semana-, autoridad jurisdiccional que en audiencia de consideración, impuso medidas cautelares al impetrante de tutela, ordenando que su persona presente documentación pertinente en el plazo de veinte días.
Con relación a las denuncias formuladas contra la fiscal demandada, cabe precisar que conforme establece la jurisprudencia constitucional en vigor, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las ilegalidades en las que puedan incurrir los fiscales durante la etapa preparatoria deben ser denunciadas previamente ante el Juez cautelar, dado que dicha autoridad es la encargada de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las partes durante la etapa preparatoria, no siendo posible activar directamente la vía constitucional, en cuyo caso corresponde denegar la tutela sin ingresar al examen de fondo; dicho entendimiento debe ser aplicado en el caso que se examina, puesto que el impetrante de tutela, presentó directamente la presente acción de libertad, sin agotar previamente el incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de Instrucción Penal Decimocuarto del departamento de Santa Cruz, quien al ejercer el control jurisdiccional de la causa seguida contra el impetrante de tutela, es la autoridad competente para reparar las ilegalidades denunciadas y restituir los derechos vulnerados en su caso; consiguientemente, al no haber procedido de esa manera no ha cumplido con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a la Fiscal de Materia demandada. Lo propio sucede con relación a la Jueza codemandada, puesto que el accionante igualmente activó la vía constitucional sin agotar previamente el recurso de apelación incidental contra el Auto interlocutorio que dispuso su detención preventiva, que conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, consituye el idóneo, inmediato y eficaz para la reparación de las vulneraciones en las que pudo haber incurrido la autoridad judicial codemandada a tiempo de disponer su detención preventiva; razón por la cual, igualmente corresponde denegar la tutela solicitada contra dicho codemandado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 29 de abril, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo.Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0370_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4df42c27a1c165a6a92f860aec5c0e7aec01100452c9e41f838b417062cd4ffa
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