B.IA.LEGAL

SCP 0370/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45172-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó lesionado su derecho a la libertad, así como las garantías constitucionales, inmersas en los arts. 22, 178.I, 115.II y 180 de la CPE; toda vez que, ante la interposición de apelación incidental en contra la resolución que dispuso la imposición de medidas personales: 1) La Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no efectuó un control necesario para la remisión en alzada del referido recurso y su efectiva tramitación; y, 2) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento también –demandado- en la presente acción tutelar, pese a tener conocimiento de la interposición del referiodo recurso; fruto de la recepción del expediente original, aunque erradamente remitido, no remitió el mismo en alzada y tampoco tomó acciones o emitió pronunciamiento al respecto; 3) El Secretario codemandado, no remitió la apelación al Tribunal de alzada para su consideración y resolución ante la autoridad que corresponde y por el contrario impartió instrucciones erradas que derivaron en la remisión del expediente ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; ante este insólito hecho pretende deslindar su responsabilidad en las acciones del personal de apoyo jurisdiccional subalterno (auxiliar), pese a que las instrucciones de remisión fueron emitidas por él; esta actitud propició el incumplimiento del plazo previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa; y, exhortar a las autoridades judiciales y al personal de apoyo jurisdiccional demandados, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0370/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45172-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Juan Sanga Sanga contra Dina Yenny Larrea López, Juez de Instrucción Penal Tercero; Rudy Quispe Huanca Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Tercero; y, Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de enero de 2022, cursante de fs. 1 a 3 vta.; el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272bis del Código Penal (CP); se tiene que, cuando fue citado a prestar su declaración informativa el 16 de diciembre de 2021, ante la autoridad Fiscal de la localidad de Viacha, fue aprehendido “de manera irregular” –a decir de él–; por ende en fecha 18 del mismo mes y año, se llevó adelante audiencia cautelar, en donde se dispuso en contra suya medidas sustitutivas a la detención preventiva; ante la imposición de dichas medidas, posterior a la audiencia señalada interpuso recurso de apelación en fecha 21 de diciembre de 2021, conforme los alcances del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Juez que conoció la causa, no dio cumplimiento a los plazos de la referida norma en relación justamente al instituto de la apelación incidental; pues no remitió el expediente en alzada dentro de plazo (veinticuatro horas), por el contrario y de manera irregular remitió el expediente ante el “Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero”, en fecha 23 de diciembre del señalado año; autoridad quien pese a conocer la problemática suscitada y recibir en original el expediente con el acta que contenía la interposición de la apelación incidental, y a sabiendas de no tener competencia para resolver el asunto, también omitió remitir el expediente en alzada y tampoco emitió pronunciamiento alguno; añade finalmente que inclusive a la fecha de “presentación” de la acción de libertad (3 de enero de 2022), el expediente no fue remitido aún por el Juez antes señalado al Tribunal de alzada; motivo por el cual, considera verse afectado en su derecho a la libertad, además de considerar vulneradas las garantías constitucionales inmersas en los art. 22, 178.I, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), ante todos estos hechos y considerando la inobservancia normativa y procedimental suscitada plantea la presente acción tutelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulneradas

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó lesionado su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 22 de la CPE, del mismo modo denunció como vulneradas las garantías “jurisdiccionales” –se entiende que quiso decir constitucionales– inmersas en los art. 22, 178.I, 115.II y 180 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se remita el recurso de apelación presentado, al Tribunal de alzada de turno; asimismo la remisión del expediente “CARATULADO MP/JUAN SANGA SANGA Y OTRO” por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero –para su consideración en la audiencia de acción de libertad incoada–.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 24, presente el solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, ausentes las autoridades jurisdiccionales demandadas y el funcionario de apoyo jurisdiccional codemandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado ratificó su demanda de acción de libertad, pues asintió tácitamente la lectura completa efectuada en audiencia del memorial de acción de libertad incoado, no habiendo además puntualizado y/o ampliado mayores fundamentos al respecto. Ante la consulta efectuada por el juez de garantías constitucionales en relación a la remisión del expediente en alzada, el abogado del accionante señala por “lealtad procesal” que “una vez presentada esta acción de libertad el día de ayer se ha podido remitir inmediatamente por el juzgado tercero anticorrupción”, aspecto que hace entrever que el objeto de la presente acción de defensa se tiene por cumplido aunque de forma extemporánea.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas y del funcionario de apoyo jurisdiccional codemandado

Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 4 de enero de 2022, cursante a fs. 10 vta., señaló lo siguiente: a) Que se desarrolló en fecha 18 de diciembre del precitado año en el “Juzgado de Instrucción Tercero en lo Penal de El Alto”, audiencia de medidas cautelares en contra de Juan Sanga Sanga, disponiendo medidas sustitutivas “que ninguna de las partes apeló” (sic), ante la presentación del recurso de apelación en fecha 21 de diciembre de 2021, se emitió –por el Juez que estaba conociendo la causa– providencia de 22 del mismo mes y año; por la cual, se ordenó remitir obrados al Tribunal de Alzada; b) En el juzgado que representa, no se llevó a cabo ningún acto procesal y aclaró que el Juzgado de Instrucción Penal Tercero debió remitir el legajo de apelación incidental al Tribunal de alzada; c) Concluye señalando que para no causar dilación remitirá (el expediente) como corresponde y como indica la circular de vacación judicial. Dina Yenny Larrea López, Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 4 de enero del mencionado año, cursante a fs. 13, señala que: 1) El proceso penal caratulado como “MP/Juan Sanga Sanga” por la presunta comisión del delito de violencia familiar, fue resuelto en turno de fin de semana, resolviéndose bajo la Resolución 350/2021 de 18 de diciembre; 2) Por memorial de fecha 21 de diciembre de 2021, se ha presentado el recurso de apelación, habiéndose tramitado conforme a ley y emitiéndose instrucciones a Secretaria para su remisión dentro de plazo; 3) El expediente original fue remitido ante el Juez especializado en fecha 24 de septiembre del mismo año, aspecto que el Secretario del Juzgado no puso en conocimiento suyo, concretamente que el expediente no fue remitido en alzada, a ello señala que como autoridad jurisdiccional y además encontrándose de turno, no tuvo el tiempo suficiente para revisar los trámites administrativos que son de competencia de Secretaría de juzgado; 4) Con la notificación con la presente acción de libertad, recién se le puso en conocimiento lo suscitado; motivo por el cual, se infiere que el personal de apoyo jurisdiccional incumplió órdenes judiciales de remisión del expediente (en alzada), a su vez puntualiza en relación a este hecho y a la excesiva carga laboral por el turno de fin de año no tuvo tiempo para revisar el control de los trámites administrativos (remisiones); por lo que, se infiere que su personal de apoyo jurisdiccional no tomó caución al respecto y no remitió el expediente, en ese contexto quien debe ser “tutelado” (sic) es el Secretario del Juzgado. Rudy Quispe Huanca, Secretario – Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 4 de enero de 2021, cursante a fs. 11 señala que: i) El proceso caratulado como “MP/Juan Sanga Sanga” fue remitido desde Viacha en fecha 18 de diciembre de 2021 en fin de semana cuando –él se encontraba de turno–, en la audiencia cautelar se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, determinación que fue apelada por la parte imputada; posterior al desarrollo de la audiencia el mismo día – su persona– se constituyó en la localidad de Viacha, para ejecutar el Mandamiento de detención domiciliaria “con salida médica”, tomando en cuenta la salud y la edad del imputado; ii) Posterior a este hecho señala que dio la instrucción a la Auxiliar del juzgado para que se remita la apelación en originales ante el Juez especializado, por tratarse de un delito de violencia familiar, por este hecho se ve imposibilitado de remitir la apelación en alzada, pues no cuenta con los originales; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo denegar la tutela solicitada en contra de los jueces Dina Larrea López, Juez de Instrucción Penal Tercero y Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero; ambos de El Alto del departamento de La Paz y conceder la tutela en contra de Rudy Quispe Huanca, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Tercero del mismo distrito judicial; al margen del informe ya detallado en el acápite anterior por los accionados; señalan adicionalmente los siguientes fundamentos: a) En relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, corresponde establecer que la clasificación doctrinal que estableció la “SC 791/2015-S3”, la “SC 1579/2004 de 1 de octubre” y la “SC 0044/2010-R” de 20 de abril”, haciendo particular énfasis en la modalidad traslativa o de pronto despacho, señala que la misma busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas sin resolver, buscando la concreción del valor libertad; b) Se debe valorar si existió o no dilación indebida en la tramitación de la remisión de la apelación interpuesta por el hoy accionante, al efecto corresponde observar los alcances de la Sentencia Constitucional Plurinacional 521/2021-S3 que en su apartado III.2 hace referencia a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos, señalando que son susceptibles de tenerla, cuando concurre el incumplimiento o inobservancia de las funciones impartidas por el superior en grado, es necesario por otra parte considerar los alcances de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010– que en su art. 94.12 establece claramente las obligaciones de los secretarios de juzgado, entre ellas las de supervisar y controlar las labores del personal de apoyo jurisdiccional subalterno, motivo por el cual no es posible que se pretenda deslindar responsabilidades señalando que el incumplimiento suscitado sería del personal subalterno (auxiliar de juzgado) que evidentemente no cumplió sus obligaciones; c) En atención a la revisión de antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, se hace evidente la dilación incurrida en la remisión del expediente en alzada; al margen de la remisión tardía y el supuesto cumplimiento de la misma en la fecha; se tiene que, los funcionarios subalternos también son susceptibles de tener legitimación pasiva dentro de las acciones de libertad, en el caso que nos ocupa se tiene que el Secretario del juzgado tenía la obligación de supervisar el trabajo de los demás funcionarios subalternos; motivo por el cual, no son suficientes sus justificativos.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta en obrados el Oficio Judicial 1374/2021 de 23 de diciembre; por el cual, se tiene constancia de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz. (fs. 12) II.2. Cursa Acta de la Audiencia de acción de libertad desarrollada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en donde se exponen los informes emitidos y lo alegado por el ahora impetrante de tutela. (fs. 22 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó lesionado su derecho a la libertad, así como las garantías constitucionales, inmersas en los arts. 22, 178.I, 115.II y 180 de la CPE; toda vez que, ante la interposición de apelación incidental en contra la resolución que dispuso la imposición de medidas personales: 1) La Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no efectuó un control necesario para la remisión en alzada del referido recurso y su efectiva tramitación; y, 2) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento también –demandado- en la presente acción tutelar, pese a tener conocimiento de la interposición del referiodo recurso; fruto de la recepción del expediente original, aunque erradamente remitido, no remitió el mismo en alzada y tampoco tomó acciones o emitió pronunciamiento al respecto; 3) El Secretario codemandado, no remitió la apelación al Tribunal de alzada para su consideración y resolución ante la autoridad que corresponde y por el contrario impartió instrucciones erradas que derivaron en la remisión del expediente ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; ante este insólito hecho pretende deslindar su responsabilidad en las acciones del personal de apoyo jurisdiccional subalterno (auxiliar), pese a que las instrucciones de remisión fueron emitidas por él; esta actitud propició el incumplimiento del plazo previsto en el art. 251 del CPP para dicho efecto. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa

La doctrina y la jurisprudencia, han determinado una clasificación de los tipos de acción de libertad según su finalidad, entre éstas, la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero).

La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional

La SCP 0504/2020-S4 de 29 de septiembre, respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, citando a su vez la SCP 0961/2019-S4 de 21 de noviembre, estableció que: “‘Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)».

Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’.

Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno»’.

En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional, hechos que repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; toda vez que, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo, pero principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” .

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, alegó lesionado su derecho a la libertad, y así como garantías constitucionales, inmersas en los arts. 22, 178.I, 115.II y 180 de la CPE; señalando que, cuando fue citado a prestar su declaración informativa el 16 de diciembre de 2021, ante la autoridad Fiscal de la localidad de Viacha fue aprehendido, por ende en fecha 18 del mismo mes y año, se llevó adelante audiencia cautelar, en donde se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; ante la imposición de las mismas; de manera verbal y en audiencia interpuso el recurso de apelación, conforme el art. 251 del CPP; sin embargo el Juez que conoció la causa no dio cumplimiento a los plazos del referido artículo en relación al instituto de la apelación incidental; pues no remitió el expediente en alzada, por el contrario y de manera irregular remitió el expediente ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero, en fecha 23 de diciembre de 2021; quien pese a tener conocimiento del caso, tampoco efectuó pronunciamiento o acción alguna al respecto; ante todos estos hechos y considerando la inobservancia normativa suscitada; en el desarrollo del trámite de apelación incidental, se tiene que tras efectuar el Tribunal de Garantías la consulta al accionante, este refiere “por lealtad procesal” que el expediente ya fue remitido –en alzada– después de la presentación de la acción tutelar, aspecto que el Tribunal de Garantías tomó en cuenta a momento de resolver la presente causa, por lo que corresponde ingresar a la consideración de la presente acción de libertad en la modalidad innovativa, ello de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 esbozado en el presente fallo constitucional; en el cual, se establece que aún haya cesado la situación de dilación indebida corresponde ingresar al análisis, a fin de evitar la reiteración de tales conductas.

Ahora bien, precisado el objeto y causa de la presente acción de defensa y del desarrollo efectuado en conclusiones además de lo argumentado por la parte accionante; se tiene que, el Juez de la causa dispuso la imposición de medidas cautelares personales en contra del ahora accionante; contra dicha determinación, conforme al art. 251 del CPP, él –hoy impetrante de tutela– interpuso recurso de apelación incidental, el cual no fue remitido en alzada ante el superior en grado por el Secretario del juzgado, sino por el contrario se remitió el mismo ante autoridad que no tenía competencia para resolverlo (el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz), quien que pese a conocer el asunto y recibir el expediente original y a sabiendas de ser incompetente para resolver la causa deducida de apelación; omite pronunciarse y a su vez en una actitud inusitada evita remitir en alzada ante el superior en grado el expediente judicial, ante tales extremos se constata con meridiana claridad el incumplimiento al plazo previsto en la citada norma procesal (Conclusiones II.1, II.2).

Con base a lo precisado, se evidencia que: i) Respecto a la autoridad judicial demandada Dina Yenny Larrea López, Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, evidentemente incurrió en dilación indebida al no haberse percatado de la efectiva remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada dentro del plazo procesal determinado por ley; ocasionando que la situación jurídica del solicitante de tutela quedara en un estado de incertidumbre, ya que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.I del presente fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional debió observar la actuación diligente del personal a su cargo, respecto a la remisión del legajo de apelación extrañado; ii) Con relación a Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; se tiene que, el mismo pese a tener conocimiento de un recurso de apelación incidental pendiente y haber recibido el mismo en su despacho, omite tomar acciones correctivas oportunas, dejando pasar el transcurso del tiempo sin emitir pronunciamiento alguno, además sin considerar que la apelación incidental estaba vinculada a la restricción de la libertad del hoy accionante; y, iii) Finalmente el actuar del codemandado Rudy Quispe Huanca, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Tercero de El Alto del departamento de La Paz, que en el desempeño de sus funciones y con la evidente falta de remisión del expediente en alzada y la ausencia de control del personal subalterno, igualmente generó vulneración de los derechos alegados por el accionante; pues en la línea jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; se establece que, el personal de apoyo jurisdiccional está obligado a cumplir las órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial y en el caso presente el funcionario no cumplió con lo instruido por el juez de la causa, transcurriendo hasta la fecha de consideración de la acción tutelar por el Tribunal de Garantías; que resolvió el asunto ahora venido en revisión, trece días calendario de dilación.

En este sentido, la conducta asumida por los Jueces y Secretario demandados, al no haber remitido la apelación y los antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE y en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en consonancia con el 30.3 de la LOJ y a los Fundamentos Jurídicos III. 1 y III. 2 del presente fallo constitucional; por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad en la modalidad innovativa.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder parcialmente la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 4 de enero, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa; y, exhortar a las autoridades judiciales y al personal de apoyo jurisdiccional demandados, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0370_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4af2dffd54cc56186b2949d8ef11ee796b96097709caffd1cd5ef84f09634690

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →