Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de mayo de 2023
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la salud por parte de la Jueza y Fiscal de Materia demandados, toda vez que, en audiencia de medidas cautelares de 11 de diciembre de 2021, fue sometida a un procedimiento abreviado que concluyó con la Sentencia 49/2021 condenándola a ocho años de prisión; sin que se le haya explicado que por consecuencia de la misma tendría que purgar algunos años de su pena en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”; por lo que, solicitó que la misma sea anulada, por haber sido engañada por las autoridades demandadas y el abogado que asumió su defensa, además de hacer conocer que padece una enfermedad crónica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 63, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en virtud de los Fundamentos Jurídicos expresados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0370/2023-S2 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45225-2022-91-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Viviana Vaca Pardo contra Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Osvaldo Vinicios Castillo Rivero, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2021, cursante a fs. 4 y vta., la accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas (modificado por el tipo penal de suministro de sustancias controladas), el 11 de diciembre de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a haber señalado audiencia de medidas cautelares no instaló la misma, para someterla a un procedimiento abreviado sancionándola a ocho años de prisión sin explicarle que tendría que purgar algunos años de la condena en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”. Alegó que, la Jueza demandada le mintió al decirle que con el procedimiento abreviado saldría libre dado que se beneficiaría con la Ley del Indulto, no obstante dicha Ley fue dejada sin efecto y suspendida hasta nuevo aviso, lo que significa que no podrá recuperar su libertad; por lo que, solicitó se instale nuevamente la audiencia de medidas cautelares y se deje sin efecto la Sentencia 49/2021 de 11 de diciembre emitida en su contra; teniendo en cuenta que fue engañada por el abogado que le recomendó el Ministerio Público y más aún porque padece de una enfermedad terminal crónica como es el cáncer de colón y otros. Finalmente aludió que, también demanda al Fiscal de Materia, Osvaldo Vinicios Castillo Rivero, por haberle hecho firmar el Acuerdo Legal para Aplicación de Procedimiento Abreviado de 13 de mayo de 2021, haciéndole creer que con la Sentencia 49/2021, saldría libre en un mes, lo cual era falso, ya que no habrá indulto hasta nuevo aviso.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto a los arts. 22, 23 y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga que, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, anule la Sentencia 49/2021 de 11 de diciembre, dictada en su contra mediante procedimiento abreviado e instale nuevamente la audiencia de medidas cautelares por ciento ochenta días de detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 14 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 57 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante ratificó el tenor íntegro del memorial de demanda de acción de libertad y ampliando la misma señaló que, con la actuación de los demandados también se lesionó su derecho a la salud; toda vez que, padece cáncer terminal, lo que según el art. “232 numeral 9” del Código de Procedimiento Penal (CPP), hacía inviable la aplicación de una detención preventiva, aspecto que no consideró el Ministerio Público, ya que no se le preguntó siquiera como se encontraba su salud, pues directamente después de ser aprehendida fue conducida a la audiencia de medidas cautelares; en ese sentido, pidió se anule la Sentencia 49/2021 pronunciada en su contra, en mérito a que no se hallaba con sus “cinco sentidos” para asentir su consentimiento.
Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 14 de diciembre de 2021, cursante a fs. 38 y vta.; expresó lo siguiente: a) En ningún momento mintió o engañó a la accionante, por el contrario, le explicó sobre los alcances de la salida alternativa, siendo que el Fiscal de Materia asignado al caso le informó que la aludida suscribió el Acuerdo Legal para Aplicación de Procedimiento Abreviado de 13 de mayo de 2021, junto a su abogado defensor; en tal sentido, se instaló la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual el aludido Fiscal modificó el tipo penal imputado formalmente por el de suministro de sustancias controladas y la solicitud de detención preventiva por la aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado; posteriormente se concedió la palabra a la defensa de la impetrante de tutela, quien manifestó su conformidad y finalmente la accionante, reconoció la existencia del hecho y su participación en el mismo, renunciando a un juicio oral y asumiendo su culpabilidad de forma libre y voluntaria conforme consta en el acta de audiencia de 11 de diciembre de 2021; y, b) Los argumentos expuestos en la demanda de acción de libertad, resultan maliciosos y faltan a la verdad de lo acontecido, por lo que, no son válidos legalmente, ya que no tiene ningún interés en perjudicar a nadie; por consiguiente al no haber vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Osvaldo Vinicios Castillo Rivero, Fiscal de Materia, en audiencia requirió se deniegue la tutela solicitada expresando al efecto que en ningún momento vulneró derecho alguno de la accionante; más al contrario, fue condescendiente al modificar el tipo penal imputado, pese a que el caso fue denunciado por los vecinos y era de conocimiento de la prensa; además que no hubo una comunicación anterior a la salida alternativa de procedimiento abreviado referente a que la aludida se encontraba enferma o delicada de salud, es así que se cumplió con todo el procedimiento establecido en el art. 374 del CPP.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 10/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 63, denegó la tutela impetrada; expresando los siguientes fundamentos: 1) El lineamiento jurisprudencial sobre la protección del debido proceso respecto al derecho a la libertad personal, salud y vida, indica que los citados derechos pueden ser tutelados a través de la acción de libertad, siempre y cuando se cumplan dos aspectos esenciales que son que el acto lesivo denunciado se constituya en la causa directa para la restricción del derecho a la libertad y la indefensión absoluta; en ese sentido, de los actuados procesales remitidos, se pudo verificar que se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares el 11 de diciembre de 2021, en la cual el Ministerio Público presentó solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado a favor de la accionante, quien en dicho acto, tuvo la oportunidad de manifestar si aceptaba o no el procedimiento abreviado; es así que su abogado defensor señaló que se encontraba de acuerdo con el mismo por lo que al reconocer también el asentimiento del Ministerio Público, la Jueza demandada dio cumplimento a lo establecido en los arts. 373 y 374 del CPP, haciéndole las preguntas correspondientes a la accionante, una vez contestadas las mismas, y confirmada la voluntad de la prenombrada, emitió la Sentencia 49/2021 en la misma audiencia; y, 2) Siendo dictada la parte resolutiva de la Sentencia, tanto el Ministerio Público como la parte accionante, manifestaron que no harían uso del recurso de apelación, habiéndose ejecutoriado dicho fallo de acuerdo al art. “440” del Código Adjetivo Penal; en tal razón, se dio cumplimiento al debido proceso; por ende, la parte accionante no demostró la vulneración de los derechos aludidos. En vía de complementación y enmienda, la accionante solicitó se complemente y enmiende la Resolución dictada y se consigne el valor de la documentación adjunta respecto a su estado de salud y en esas condiciones no podía ser sometida a un procedimiento abreviado, a sabiendas que el Ministerio Público conocía de su situación de gravedad. Ante ello, la citada Jueza de garantías mediante Auto de la misma data señaló que el valor que se dio a la prueba acompañada para acreditar la situación de salud de la accionante, es el otorgado en la SCP 0359/2017-S3 de 25 de abril; empero, el Fundamento Jurídico para denegar la tutela se centró en el debido proceso y toda vez que no había una vinculación directa con el derecho a la libertad.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acuerdo Legal para Aplicación de Procedimiento Abreviado de 13 de mayo de 2021 suscrito entre Viviana Vaca Pardo -ahora accionante-y Osvaldo Vinicius Castillo Rivero, Fiscal de Materia -ahora codemandado- (fs. 29). II.2. Por memorial de 11 de diciembre de 2021, la referida autoridad fiscal imputó formalmente a la impetrante de tutela por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitando la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, así como la aplicación de procedimiento abreviado (fs. 23 a 27 vta.). II.3. Según acta de audiencia de medidas cautelares y procedimiento abreviado de 11 de diciembre de 2021, el Fiscal de Materia codemandado, modificó la imputación formal contra la peticionante de tutela, considerando que su conducta se subsumía al tipo penal de suministro de sustancias controladas, haciendo conocer a su vez a la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad judicial demandada- que conforme al Acuerdo Legal para Aplicación de Procedimiento Abreviado de 13 de mayo de 2021 suscrito, la sindicada, de manera libre, voluntaria y espontánea, se declaró culpable del delito imputado; por lo que, solicitó la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado para ésta, y se le imponga la pena privativa de libertad de ocho años (fs. 31 a 34). II.4. Mediante Sentencia 49/2021 de 11 de diciembre, la Jueza demandada declaró a la impetrante de tutela culpable de la comisión del delito de suministro de sustancias controladas, condenándola a una pena de ocho años; posteriormente tanto el Fiscal de Materia codemandado y la defensa de la accionante, renunciaron al recurso de apelación; por lo que la citada autoridad judicial, declaró la ejecutoria de la nombrada Sentencia (fs. 34 a 37).
La accionante a través de su representante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la salud por parte de la Jueza y Fiscal de Materia demandados, toda vez que, en audiencia de medidas cautelares de 11 de diciembre de 2021, fue sometida a un procedimiento abreviado que concluyó con la Sentencia 49/2021 condenándola a ocho años de prisión; sin que se le haya explicado que por consecuencia de la misma tendría que purgar algunos años de su pena en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”; por lo que, solicitó que la misma sea anulada, por haber sido engañada por las autoridades demandadas y el abogado que asumió su defensa, además de hacer conocer que padece una enfermedad crónica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema, la SCP 1691/2014 de 29 de agosto, citando a la SC 1659/2004-R 11 de octubre, señaló que: “Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos; quien inclusive, podrá determinar la absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque éste no tiene responsabilidad en el hecho. (…) …el 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales y el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que 'En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1. La existencia del hecho y la participación del imputado. 2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario” (negrillas añadidas). Por otra parte, respecto al debido proceso vinculado al procedimiento abreviado, la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, emitió el siguiente entendimiento: “En el ordenamiento jurídico nacional, el debido proceso se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado en una triple dimensión tanto como derecho, garantía y principio. El debido proceso como derecho está establecido en el art. 115.II de la CPE, señalando que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; como garantía, dispone en el art. 117.I de la referida Norma Suprema, en sentido que: ‘Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada’; finalmente conocida como un principio procesal en el art. 180.I de la CPE, estableciendo que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’. Al respecto, el profesor Ruperto Durán Rivera, (Principios, derechos y garantías constitucionales. Editorial el País. Año 2005), señaló que el debido proceso es el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley. En este contexto, el debido proceso se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, al resultar una garantía expansiva y polivalente, pues se encuentra presente en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial ante la comisión de un hecho ilícito hasta la propia ejecutoria de la sentencia. Sobre la problemática planteada debemos señalar que una de las formas de finalizar un conflicto o contienda penal es el procedimiento abreviado previsto en nuestro ordenamiento penal; que como la doctrina ha expuesto a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia y provoca la solución inmediata a la litis. En el Estado Plurinacional de Bolivia el procedimiento abreviado fue integrado al sistema procesal penal con el vigente Código de Procedimiento Penal, Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado’ (Comisión Redactora, exposición de motivos del Código de Procedimiento Penal). En base a lo precedentemente expuesto debemos enfatizar que para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo, cuya resolución en definitiva dependerá del juez de instrucción que conoce la causa y en audiencia pública. En estas circunstancias, el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, cuyo requerimiento podrá ser formulado por el representante del Ministerio Público en dos momentos procesales: i) Al finalizar la investigación preliminar conforme el art. 301.I.4 del CPP; y, ii) A la conclusión de la etapa preparatoria, según el art. 323 inc. 2) del citado Código; sin perjuicio, de que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326 del mencionado cuerpo normativo, reconoce a las partes. Respecto al trámite, el art. 374 de la norma adjetiva penal señala que: ‘En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario’; esto significa que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, el juez de la causa señalará día y hora para el verificativo de la audiencia, determinación que deberá ser puesta en conocimiento de las partes que intervendrán en dicha actuación; donde serán escuchadas con finalidades distintas. En el caso del representante del Ministerio Público para fundamentar oralmente su requerimiento conclusivo; al imputado para la admisión verosímil de su participación en el hecho atribuido y la constatación de que la renuncia al juicio oral ordinario fue voluntaria; y, a la víctima para que pueda en su caso oponerse a la aplicación del procedimiento abreviado” (las negrillas son nuestras).
La accionante, por intermedio de su representante, activó la presente acción de libertad, manifestando que fue sometida a un procedimiento abreviado y condenada a ocho años de prisión, sin que las autoridades demandadas y su abogado defensor le explicaran que tenía que cumplir algunos años de la condena impuesta en la Sentencia 49/2021 de 11 de diciembre en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola” y sin considerar que padece una enfermedad terminal, por lo que pidió se deje sin efecto la aludida Sentencia pronunciada en su contra como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado. Establecida la problemática planteada, corresponde verificar en la presente acción, si evidentemente el acto lesivo denunciado consistente en un presunto desconocimiento de la accionante respecto a los efectos de acogerse a la salida alternativa de procedimiento abreviado por no haber sido informada por las autoridades demandadas y sin tomar en cuenta su delicado estado de salud en el que se encuentra, vulnerando de esta manera los derechos invocados por la accionante. Bajo este parámetro, revisados los antecedentes arrimados, en el presente caso, se advierte la existencia de un proceso penal por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en el que el Ministerio Público imputó formalmente a la accionante (Conclusión II.1); asimismo, consta el Acuerdo Legal para Aplicación de Procedimiento Abreviado de 13 de mayo de 2021 suscrito entre el Fiscal de Materia asignado a la causa y la prenombrada (Conclusión II.2) el cual fue puesto a conocimiento de la Jueza demandada por el representante del Ministerio Público, quien a su vez modificó la imputación formal contra la impetrante de tutela por el tipo penal de suministro de sustancias controladas solicitando la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado con la imposición de la pena privativa de libertad de ocho años, aludiendo que la imputada de manera libre, voluntaria y espontánea, se declaró culpable del delito atribuido (Conclusión II.3). Ahora bien, de la lectura del acta de audiencia de medidas cautelares y procedimiento abreviado de 11 de diciembre de 2021, se evidencia que después que el abogado defensor de la solicitante de tutela, manifestó que con base en el Acuerdo Legal para Aplicación de Procedimiento Abreviado de 13 de mayo de 2021 firmado de manera libre y voluntaria con el Fiscal de Materia codemandado, su defendida asumió la responsabilidad de los hechos atribuidos, ratificando la conformidad que se le imponga la pena de ocho años de reclusión; la Jueza demanda dispuso que previamente la accionante responda las preguntas de rigor establecidas en el art. 374 del CPP, a fin de determinar si correspondía dar curso o no, a la salida alternativa impetrada, efectuando las preguntas detalladas a continuación: “JUEZ.- Imputada VIVIANA VACA PARDO manifieste Ud. si su abogado defensor le explicó los alcances del Procedimiento Abreviado. IMPUTADA VIVIANA VACA PARDO.- Si, Señora Juez. JUEZ.- ¿Manifieste la imputada si se declara culpable o inocente en la participación del hecho del cual le acusa el Ministerio Público? IMPUTADA VIVIANA VACA PARDO Soy culpable Señora Juez, quiero pedir disculpas primeramente a dios, a la sociedad si lo hice fue por necesidad porque tengo una niña que sufre de autismo esa niña no puede vivir sin mí, si lo hice fue porque necesitaba yo antes vendía al frente del colegio sacaba asadito, panza y refresco todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y me iba bien gracias a dios y ahora por el día de la pandemia todo bajo ya no se iba a la colegio no hubo venta ósea prácticamente no hubo nada y este año en febrero estuve con covid casi un mes estuve en cama y todo esto lo que me ha pasado, estoy arrepentida por qué no voy a poder estar con mi hija y es la que más necesita a mí, mi niña de nueve años.
JUEZ.- ¿Que manifieste el imputado si renuncia al Juicio Oral, siendo que en el mismo podrían ser absueltos por falta de pruebas o en su defecto condenado a una pena mayor que la solicitada por el M.P.? IMPUTADA VIVIANA VACA PARDO.- Sí, renuncio al Juicio Oral Señora Juez. JUEZ.- ¿Qué manifieste la imputada si su declaración es libre y voluntaria? IMPUTADA VIVIANA VACA PARDO.- Si, mi declaración es libre y voluntaria no estoy con ninguna presión. JUEZ. - Que manifieste la imputada si está de acuerdo con que se le imponga una pena de 8 años? IMPUTADA VIVIANA VACA PARDO.- Sí, estoy de acuerdo. JUEZ. – Se tiene presente lo manifestado por la imputada” (sic). Posterior a ello, la citada autoridad judicial, pronunció la Sentencia 49/2021 de 11 de diciembre declarando a la solicitante de tutela culpable de la comisión del delito de suministro de sustancias controladas, condenándola a una pena de ocho años; fallo que fue declarado ejecutoriado ante la renuncia al plazo procesal de apelación por parte de la defensa de la accionante y el Ministerio Público (Conclusión II.4). En ese contexto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y la normativa penal en vigencia, como una de las formas de conclusión del proceso o salida alternativa, se encuentra el someter a la imputada o imputado a un procedimiento abreviado, el cual tiene una tramitación especial y requiere de ciertos presupuestos que deben cumplirse; en ese contexto, de conformidad con el art. 373 del CPP, para su procedencia se deberá contar con el acuerdo de la imputada o el imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él, estando su tramitación y resolución, contemplada en el art. 374 del mismo Código que señala: “En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado; 2) Que el imputado voluntariamente renuncie al juicio oral ordinario; y 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario. Aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal”. Por otra parte, la jurisprudencia citada en el mismo Fundamento Jurídico, indica que el debido proceso se encuentra en cada uno de los actos procesales de la tramitación del procedimiento abreviado, que puede ser solicitado por el Fiscal asignado a la causa en dos momentos procesales, que son finalizada la investigación preliminar conforme el art. 301.I.4 del CPP; y, a la conclusión de la etapa preparatoria, según el art. 323 inc. 2) del mismo Código; sin perjuicio, que las partes puedan proponer su aplicación, en ejercicio de la facultad que el art. 326 del mencionado cuerpo normativo reconoce. En suma, la autoridad judicial que conozca una solicitud de salida alternativa, debe basar su resolución en: i) La acreditación de la existencia del hecho delictivo y la participación de la imputada o el imputado; y, ii) La existencia de una libre manifestación de la voluntad de la acusada o el acusado para renunciar al juicio oral ordinario, además de reconocer su culpabilidad en la comisión del hecho delictivo que se le imputa. De lo anteriormente desarrollado, no se advierte vulneración al debido proceso y el derecho a la libertad, habida cuenta que, la actuación tanto de Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Osvaldo Vinicios Castillo Rivero, Fiscal de Materia, se enmarcaron en las previsiones contenidas en los arts. 373 y 374 del CPP, siendo que se verificó el acuerdo expreso de la accionante y su defensor, mismo que se funda en la admisión del hecho y su participación en el tipo penal de suministro de sustancias controladas; asimismo, en el caso concreto, según se advierte del acta de audiencia de medidas cautelares y procedimiento abreviado de 11 de diciembre de 2021, la impetrante de tutela fue consultada por la Jueza demandada sobre la existencia del hecho y su participación en él, su renuncia al juicio oral y si el reconocimiento de su culpabilidad era voluntario; por consiguiente, no podría alegar que desconocía de los alcances del procedimiento abreviado. Con relación al derecho a la salud aludido como vulnerado en la ampliación de esta acción de libertad, resulta pertinente puntualizar que la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, estableció que la protección a este derecho es viable siempre y cuando se encuentre vinculado con el derecho a la vida, la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, imprimiendo que: “Con relación al derecho a la salud, y sin que éste sea objeto de protección directa por la vía de la acción de libertad, salvo que este derecho esté vinculado con el peligro de muerte o riesgo de vida, corresponde también señalar que el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, suscrito por Bolivia el 17 de noviembre de 1988, ratificado por Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005, dispone en el art. 10 que: ‘1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad’’” (negrillas añadidas); en ese entendido, se tiene, que a fs. 43, la accionante acompañó el certificado médico de 11 de diciembre de 2021, emitido por Edilberto Ortiz, Médico Cirujano, que indica que Viviana Vaca Pardo de cincuenta años de edad, fue atendida desde el 10 de noviembre del mismo año, al presentar una herida infectada a causa de una cirugía abdominal; asimismo a fs. 53 adjuntó certificado médico de 14 de diciembre de 2021, expedido por Diego Villarroel Quinteros, Especialista en Cirugía General y Laparoscópica, el cual señala que la prenombrada tiene el antecedente quirúrgico de colecistectomía convencional hace un año y hernia umbilical resuelto por hernio plastia y como antecedente patológico, diabetes mellitus tipo II HTA, diagnósticos que no señalan de ninguna manera, una situación de gravedad que ponga en riesgo la vida de la impetrante de tutela, como tampoco la documental aparejada de fs. 45 a 52 consistente en recetas médicas y fotografías de medicamentos, constituyen elementos determinantes que permitan establecer el riesgo del derecho a la vida a consecuencia del procedimiento abreviado al cual se sometió; en ese sentido, conforme el desarrollo jurisprudencial antes citado que determinó que el derecho a la salud no puede ser objeto de protección directa vía acción de libertad, si es que no se encuentra vinculado con el peligro de muerte o riesgo de vida; corresponde denegar la tutela, dado que no se percibe una lesión del derecho a la salud, con el actuar de las autoridades demandadas. Por los motivos señalados, la prueba adjunta al expediente constitucional y los argumentos de cargo y descargo expuestos, no se advierte que las autoridades demandadas hayan lesionado los derechos al debido proceso, libertad y salud de la impetrante de tutela; por el contrario, se verificó que su actuación se enmarcó dentro de la normativa penal especifica; razón por la cual, no corresponde atender de manera positiva lo peticionado. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 57 vta. a 63, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en virtud de los Fundamentos Jurídicos expresados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Barañado es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0370_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3c49d19a31c9fe18da5cb73aaa4886ff7c32e2b964219ad2a40dacc16c1f0cc5
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