B.IA.LEGAL

SCP 0369/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48848-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica; puesto que, la Jueza ahora accionada, programó audiencia de cesación de su detención preventiva fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, previsto por el art. 239 del CPP; y, no obstante que interpusieron recurso de reposición la Jueza hoy accionada declaró no ha lugar el mismo, dejándolos en estado de indefensión y dilatando la consideración de la cesación de su detención preventiva; sin tomar en cuenta que son menores de edad infractores. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 156/2022 de 6 de junio, cursante a fs. 80 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo los mismos términos del Juez de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al principio de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio del interés superior del menor
  3. III.3. La audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva en los casos en los que se encuentren involucrados menores de edad infractores
  4. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0369/2024-S3 Sucre, 28 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48848-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 156/2022 de 6 de junio, cursante a fs. 80 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Parijahua Villca en representación sin mandato de los menores de edad AA y BB contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 5 de junio de 2022, cursante de fs. 2 a 3, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP); el 24 de abril de 2021, se dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Bajo ese antecedente, es que, conforme al art. 291 inc. d) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, el 17 de mayo de 2022, solicitaron cesación de su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora accionada suspendió la audiencia de consideración de dicha solicitud en dos oportunidades por falta de comunicación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. Posteriormente, el 1 de junio de ese año, nuevamente se suspendió la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, reprogramando dicho actuado procesal para el 6 de igual mes y año, sin considerar que se trata de menores de edad infractores que se encuentran con detención preventiva por más de un año y un mes. En consecuencia, ante la providencia de señalamiento de audiencia, interpusieron recurso de reposición, solicitando que la referida audiencia sea programada dentro de las cuarenta y ocho horas previstas por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que, dicha determinación estaría dejándolos en estado de indefensión y dilatando la consideración de la cesación de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica; de los menores de edad AA y BB, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el “decreto” de 1 de -junio- de 2022 y se señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas; y, b) Se disponga la notificación a la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos con la acusación, para que brinden protección y participación activa dentro del proceso penal.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 79, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: 1) El 17 de mayo de 2022, el abogado de la parte accionante presentó la solicitud de cesación de la detención preventiva, señalándose audiencia para el 20 de ese mes y año, la misma que fue suspendida ante la inasistencia del abogado defensor y los progenitores de los menores infractores -accionantes-; asimismo, de las respectivas actas se puede advertir la presencia de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi que hace el seguimiento de las garantías constitucionales de los menores de edad infractores; por lo que, tuvo que reprogramar la audiencia para el 24 del mismo mes y año, que de igual forma, fue suspendida a causa de la inasistencia de la parte accionante, señalando nueva fecha de audiencia para el 1 de junio del mismo año, empero, la misma que, fue suspendida por ausencia del abogado defensor de la parte accionante; en consecuencia las referidas suspensiones son atribuibles al actuar negligente de la parte accionante; y, 2) Contra la reprogramación de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de la parte accionante, señalada para el 9 del citado mes y año, se interpuso recurso de reposición, solicitando la aplicación del art. 239 del CPP para el señalamiento de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, no obstante, es necesario aclarar que los menores infractores están siendo procesados bajo la normativa del Código Niña, Niño y Adolescente, donde no se establece un plazo para el señalamiento de la audiencia; sin embargo, su autoridad programó todas las audiencias en el plazo de tres días, es decir, a la brevedad posible. Por consiguiente, refiere que su autoridad no vulneró ningún derecho de la parte accionante, debiendo denegarse la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 156/2022 de 6 de junio, cursante a fs. 80 y vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza ahora accionada señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo los siguientes fundamentos: i) Es deber del Juez el avance del proceso y el impulso de oficio, conforme a sus facultades procesales de dirección; y, ii) El art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que, atendiendo el interés superior del niño, niña y adolescente, la Jueza hoy accionada debió señalar audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, no existiendo argumento para obrar de manera contraria a lo previsto en el art. 239 del CPP; y, no obstante que se interpuso un recurso de reposición, se señaló audiencia después de ocho días.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sortero de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 1 de junio de 2022, en la que se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los menores de edad AA y BB -ahora accionantes-; ante la inasistencia de los nombrados y de sus progenitores y del abogado defensor, se suspendió dicho acto procesal, difiriéndose para el 9 de igual mes y año a las 9:00 horas (fs. 68 a 71). Contra esa determinación se interpuso recurso de reposición, solicitando que, el señalamiento de audiencia sea dentro de las cuarenta y ocho horas previstas por el art. 239 del CPP (fs. 6 a 7; y, 72 a 73). Mereciendo en respuesta el Auto de 2 de igual mes y año, por el que, Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz -hoy accionada-; declaró, no ha lugar el mismo, quedando firme y subsistente el señalamiento dispuesto en la audiencia de 1 de junio de 2022 (fs. 8 a 9; y, 74 a 75).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica; puesto que, la Jueza ahora accionada, programó audiencia de cesación de su detención preventiva fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, previsto por el art. 239 del CPP; y, no obstante que interpusieron recurso de reposición la Jueza hoy accionada declaró no ha lugar el mismo, dejándolos en estado de indefensión y dilatando la consideración de la cesación de su detención preventiva; sin tomar en cuenta que son menores de edad infractores. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Esta modalidad de la acción de libertad busca que toda autoridad, ya sea administrativa o judicial, que tenga bajo su conocimiento una solicitud o trámite que se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad, deberá actuar bajo el principio de celeridad evitando dilaciones indebidas, buscando su efectivización y materialización en procura de evitar una vulneración de dicho derecho. La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a su vez la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que:“…este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).

III.2. El principio del interés superior del menor

La SCP 0100/2015-S3 de 4 de febrero, determinó que: «Nuestra Norma Suprema (art. 60) establece el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior del menor, estableciendo el alcance de ello: a) Preeminencia de sus derechos; b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; d) Acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado. Así, nuestro ordenamiento jurídico interno apunta a garantizar la prioridad del interés superior del menor y, lo anterior, se fundamenta en el proceso de desarrollo en que se encuentran los menores de edad, con miras a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones (art. 58 de la CPE). Ligado con el principio del interés superior del menor, el art. 59.I y II de la CPE, establece lo siguiente: “I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. En el marco de las normas internacionales, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, cabe referir que la Convención sobre los Derechos del Niño (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989) en el art. 3.1 señala que: ‘En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño′; ello además ligado a que en su preámbulo establece que: ‘…como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, 'el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimientoʼ. De igual manera, el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado′. A partir de la normativa internacional antes glosada y respecto a la garantía del interés superior del menor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: ‘Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano (…), en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño′; y, en ese mismo sentido observó que: ‘…para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño (…) establece que éste requiere cuidados especiales', y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir 'medidas especiales de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia” (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto)» (las negrillas nos corresponden).

III.3. La audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva en los casos en los que se encuentren involucrados menores de edad infractores

La SCP 0366/2022-S3 de 28 de abril, se establece que: “El art. 291 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), establece que: ‘I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos:

a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;

b) Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga;

c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y d) Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código′ Si bien la norma citada precedentemente establece de manera clara las causales por las que cesará la detención preventiva cuando se encuentren involucrados menores de edad, se observa que dicha norma no contiene un plazo específico respecto al procedimiento aplicable para que el Juez o Tribunal señale día y hora de audiencia; por lo tanto, con la finalidad de evitar dilaciones en el proceso penal, corresponde la aplicación del art. 239 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley1173-; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- que marca la diferencia en el trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva de acuerdo a la causal alegada, determinando un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del citado artículo. Así, el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone lo siguiente: ‘Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código′. En ese marco, se concluye que conforme a las normas citadas y tomando en cuenta los principios de celeridad y el interés superior del menor, ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno o varios menores de edad infractores, enmarcada en el art. 291 del CNNA, se debe señalar día y hora para su consideración de audiencia en el término de veinticuatro horas, según el procedimiento establecido en el art. 239 del CPP; es decir, que realizando una diferenciación desglosada del art. 291 del CNNA, en dichos casos se aplicará de la siguiente manera: a) Ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrado uno o varios menores de edad, en el caso del inciso a) del parágrafo I del art. 291 del CNNA, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; y, b) Ante una solicitud de cesación a la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno a varios menores de edad en los casos de los incisos b), c) y d), del parágrafo I del art. 291 del CNNA la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de la seguridad jurídica; puesto que, la Jueza ahora accionada, programó audiencia de cesación de su detención preventiva fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, previsto por el art. 239 del CPP; y, no obstante que interpusieron recurso de reposición la Jueza hoy accionada declaró no ha lugar el mismo, dejándolos en estado de indefensión y dilatando la consideración de la cesación de su detención preventiva; sin tomar en cuenta que son menores de edad infractores. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia el Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 1 de junio de 2022, en la que se advierte que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la parte accionante, ante la inasistencia de los nombrados y de sus progenitores y del abogado defensor, se suspendió dicho actuado procesal, difiriéndose para el 9 de igual mes y año a las 9:00 horas. Contra esa determinación se interpuso recurso de reposición, solicitando que la programación de audiencia sea dentro de las cuarenta y ocho horas prevista por el art. 239 del CPP. Mereciendo en respuesta el Auto de 2 de igual mes y año, por el cual, la Jueza ahora accionada declaró no ha lugar el mismo, quedando firme y subsistente el señalamiento dispuesto en la audiencia de 1 de junio de 2022 (Conclusión II.1.). En ese marco y conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales.

En ese sentido, se concluye que, si bien la audiencia de 1 de junio de 2022 de consideración de cesación de la detención preventiva de la parte accionante, fue suspendida por la Jueza ahora accionada ante la inasistencia de los imputados -accionantes-, sus progenitores y su abogado defensor; sin embargo, tal acto procesal fue diferido para el 9 de igual mes y año, es decir, fuera del plazo de las cuarenta y ocho horas establecidas por ley, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; incurriendo en consecuencia en una dilación indebida al mantener a los accionantes en una incertidumbre en cuanto a su situación jurídica, alargando de manera indebida la consideración de la cesación de su detención preventiva que podría tener como resultado la libertad de los nombrados, vulnerando de esta manera los derechos de la parte accionante. En ese sentido, es necesario precisar que cuando se encuentran involucrados menores de edad en algún proceso penal, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, merecen una atención prioritaria con relación a la actuación de los servicios públicos y privados, así como el acceso a una administración de justicia pronta, con la finalidad de precautelar su interés superior tomando en cuenta el proceso de desarrollo en el que se encuentra; por consiguiente, y conforme a lo expuesto precedentemente corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la supuesta vulneración del principio de seguridad jurídica que alega la parte accionante, a través de su representante sin mandato, además de no constituirse como un derecho sino como un principio, no expresaron con la necesaria claridad de qué forma estuviera siendo afectado en función a los bienes jurídicos que protege esta acción tutelar, por esa razón, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 156/2022 de 6 de junio, cursante a fs. 80 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo los mismos términos del Juez de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al principio de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0369_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 48db211f13e1bc8b4f616b7272124c4c9a2f77b28582f4269f6c9cb5dead0b08

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →