Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de abril de 2025
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 06 de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales a la vida, salud, dignidad, a la seguridad social y al trabajo; en favor de Ezequiel Romero Peralta;
1.1. Disponer, que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, reincorpore al accionante a su fuente laboral en el mismo cargo y con el mismo nivel salarial que tenía al momento de su desvinculación, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, computables a partir de su legal notificación y al pago de la totalidad de sueldos, salarios devengados y demás beneficios sociales, generados desde la fecha de desvinculación hasta la efectiva reincorporación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0368/2025-S4 Sucre, 28 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 54429-2023-109-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 06 de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ezequiel Romero Peralta contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Por memoriales presentados el 19 de diciembre de 2022 y el de subsanación el 30 del mismo mes y año, cursante de fs. 49 a 72 y 76 a 79, respectivamente, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 7 de julio de 2010 fue contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el cargo de profesional "A", posteriormente, le reasignaron el ítem 2005 y nivel 12 con un haber básico de Bs7 236.- (siete mil doscientos treinta y seis bolivianos) dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Empleos; en virtud del cual, realizaba conjuntamente actividades laborales vinculadas a la comunicación social cumpliendo sus funciones en el marco de las responsabilidades con eficiencia. No obstante, el cumplimiento de sus funciones, fue notificadó el 16 de agosto de 2022 con el Memorándum 943re/2022 de agosto del 2022, (no indica fecha) comunicando la conclusión de función laboral en dicha entidad, sin justificación alguna ni proceso interno previo; sin considerar su estado de salud que padece cáncer de próstata tipo Adenocarcinoma Gleason 7, según biopsia de 18 de diciembre de 2019, extremo que era de conocimiento de la entidad municipal. A raíz de dicha notificación, el 23 de agosto del 2022, presentó recurso de revocatoria en contra de dicho memorándum; que no fue resuelto, operando –a decir del solicitante de tutela– el silencio administrativo negativo; por lo que, planteó el recurso jerárquico el 9 de septiembre de 2022; mismo que, fue respondido mediante carta emitida por la Dirección General Municipal OFICIO D.G.M. 2179/2022 de 3 de octubre; el cual, haciendo referencias a sentencias constitucionales y una serie de disposiciones jurídicas, concluye que no corresponde plantear recurso de revocatoria ni jerárquico, por tener su persona la calidad de servidor provisorio, siendo que la impugnación está reservada para los servidores de carrera administrativa y no así para servidores provisorios.
El accionante denunció la lesión de sus derechos y garantías fundamentales a la vida, la salud, a la seguridad social y a la dignidad, al trabajo con salario justo, a los principios éticos, vivir bien, solidaridad, justicia social, invocando los arts. 15.I y II, 18.I, 22, 35.I, 37, 45.I, II y III; y, 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene: a) La restitución de manera inmediata a su fuente laboral como funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en el cargo antes ejercido con el ítem 2005 y nivel 12; y, b) Reponer sus sueldos devengados desde el despido injustificado que data de 16 de agosto de 2022, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 95 a 98, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su abogado ratificó todos los argumentos esgrimidos en su demanda tutelar, destacando: 1) Que cumple con los votos exigidos por el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 2) Que el primer acto conculcador de los derechos data de 16 de agosto del año 2022, y el segundo acto o momento data de 3 de octubre de igual año, notificado el 7 de octubre del mismo año; razón por la cual, se cumplen los votos exigidos por el art. 129 parágrafo II de la CPE, con relación al art. 55.I del CPCo; 3) Los documentos que fueron anexados a la demanda prueban claramente que el 7 de julio de 2010 ha sido contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en el cargo de profesional “A” y posteriormente le reasignaron el ítems 2005 de nivel 12 con un haber básico de Bs7 236.-dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Empleos; sin embargo, la autoridad accionada, emite un memorándum de agosto de 2022, comunicando la conclusión de su relación laboral, sin justificación alguna, menos de un proceso interno previo que dé cuenta de dicha decisión, extremo comunicado oportunamente por el impetrante de tutela al ente municipal; planteó recurso de revocatoria que no fue produciéndose silencio negativo; por lo que, se presenta recurso jerárquico; 4) Los dos recursos planteados fueron respondidos por el ente municipal a través de lo que han denominado “Oficio DGM Nº 2179/2022” donde prácticamente reafirma o confirma la ilegalidad del memorándum bajo el argumento de que el accionante, desvinculado a través del memorándum, no tendría derecho de recurrir de la manera como que lo hizo a través de recurso jerárquico y contencioso, que no tendría derecho a recurrir por estar ellos, exentos de cánones que establece la Ley General del Trabajo, por cuanto la categoría del empleado solicitante de tutela, es provisorio, citando disposiciones legales, jurisprudencia etc., que son peroratas jurídicas que en absoluto desvirtúan los alcances legales del art. 12 parágrafo IV de la Ley 1223 de 5 de septiembre de 2019 –Ley del Cáncer–; 5) El ente municipal ha vulnerado sus derechos del impetrante de tutela al trabajo, a recibir una remuneración justa, estabilidad laboral y el derecho a la protección a la vida, salud y dignidad, el memorándum no justifica absolutamente el despido más halla de citar leyes, la resolución, informe u oficio como lo cataloga el ente municipal, sin ingresar al fondo, indica simplemente que no corresponde recurrir contra ese memorándum, lo que reafirma la ilegalidad del mismo, porque inobserva el art. 12 parágrafo IV de la Ley 1223, que señala de manera taxativa: “Se garantiza la estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer y no podrán ser despedidos sin justa causa”, esta norma surgió de manera posterior a unos lineamientos jurisprudenciales que ya trabajaron a casos análogos al caso particular que nos asiste; 6) Más allá de que el memorándum es ilegal, lo único que hace la resolución o mejor dicho oficio 2179/22 de 3 de octubre de 2022, reafirma esa ilegalidad conculcando los derechos del accionante que deben ser tutelados, que supone invalidar o anular ese oficio, por ende deja sin efecto el memorándum de despido, disponiendo la restitución en su fuente laboral en las funciones que asumía Ezequiel Romero Peralta, con las retribuciones correspondientes que significa los salarios devengados, considerando de que no existe justificación alguna para dar por válida la determinación de desvinculación laboral; y, 7) Existe respaldo probatorio y argumentativo para atender positivamente la tutela que se invoca, pidió se tenga a bien declarar la nulidad o se deje sin efecto dicho memorándum, así como el oficio que se especificó; en consecuencia, se determine el cumplimiento de las obligaciones sociales que como ente municipal tiene para con el accionante, considerando su estado de salud que está amparado por el art. 12 parágrafo IV de la Ley 1223.
Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su abogado y apoderado Ricardo Segundo Saucedo Zeballos, solicitó se deniegue la tutela impetrada en virtud de los siguientes argumentos: i) Ezequiel Romero Peralta –accionante– ocupaba el cargo de profesional “A” en la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, como funcionario provisorio, que no gozan de los derechos a que hace referencia el art. 7.II de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 –Estatuto del Funcionario Público–, al encontrase dentro la clasificación de funcionario público provisorio previsto por el art. 71 de la misma norma, no goza de los derechos de estabilidad laboral, reservado solo para los funcionarios de carrera; ii) Que la autoridad recurrida al haber prescindido del servicio profesional del recurrente, no incurrió en acto ilegal ni vulneró su derecho al trabajo; iii) La inamovilidad funcionaria está garantizada para los funcionarios de carrera y no así para los funcionarios públicos provisorios, no goza de estabilidad laboral, en ningún momento se ha vulnerado sus derechos constitucionales, situación que lo excluye del alcance del alcance del régimen de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario 224 de 23 de agosto de 1943; y, iv) Con referencia al estado de salud del impetrante, el acceso a la salud no está condicionado a la permanencia de un puesto de trabajo; toda vez que, este es de carácter universal, tal como lo establece el art. 15 y 18 la CPE, y las Leyes 1223 y 1152 de 20 de febrero de 2019 que modifica la Ley 475 de 30 de diciembre de 2013 –Ley de Prestación de Servicios de Salud Integral–; por lo que, la atención médica y la continuidad del tratamiento es accesible sin previo requisito de contar con una fuente laboral, por lo que solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 06 de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo: a) Para que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, restituya en el cargo que ocupaba el accionante hasta antes de su remoción del cargo; y, b) En el plazo de cuarenta y ocho horas deberá acreditar ante la Unidad Administrativa de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, los haberes devengados impagos desde el momento de su desvinculación hasta el presente, bajo los siguientes argumentos: En el presente caso, se tiene la evidente protección reforzada con la que goza el ahora solicitante de tutela por tratarse de una persona de la tercera edad que padece de la enfermedad del cáncer; por lo que, se evidencia que se le privó de su fuente de trabajo sin poder acceder a los servicios de salud y seguridad social de corto y largo plazo, lo que también afectaría a su vejez digna con calidad y calidez humana tal cual prevé el art. 67.I de la CPE.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Memorándum 943re/2022 con código 3398162, dirigido a Ezequiel Romero Peralta profesional “A” con Item 2005, nivel 12, dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, comunicando la conclusión de su actividad laboral, suscrito por Max Jhonny Fernández Saucedo Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, debiendo entregar todos los documentos o información que estuviere manejando a su inmediato superior en el plazo de diez días; además, pasar por la contraloría General del Estado y realizar la declaración jurada de conclusión de relación laboral en el plazo de treinta días calendario de acuerdo a Ley, cuyo sello de recepción data de 16 de agosto de 2022 (fs. 2). II.2. Nota presentada el 19 de agosto de 2022, por Ezequiel Romero Peralta, dirigida a Manfredo Menacho Ferrante, Director Municipal de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por la cual solicitó la reversión y anulación del Memorándum 943re/2022 (fs. 3). II.3. Consta en original Informe Médico de 29 de abril de 2021 emitido por Herbert Adorno Cuellar, Oncólogo Clínico del Hospital Obrero 3 de la Cana Nacional de Salud del departamento de Santa Cruz de la Sierra; en el cual, manifiesta que el paciente: Ezequiel Romero Peralta de setenta y cinco años de edad presenta diagnóstico de cáncer de próstata tipo adenocarcinoma gleason 7 según biopsia (18-12-19) de forma particular, transferido por urología de consulta externa, siendo valorado por primera vez en consulta externa de oncología clínica el 21-12-20, venía recibiendo tratamiento con bicalutamida 50 mg., por día con buena tolerancia. PSA total y libre dentro de parámetros normales. TAC de torax-abdomen y pelvis con contraste (30-12-20) nódulo tiroideo derecho, quiste renal simple paracalicial derecho, dilataciones varicosas en suelo pélvico y bolsas escrotales, espondiloartrosis degenerativa L5-S1. Gammagrafia ósea (año 2020) negativo para para M1. Enviado a endocrinología para evaluar Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) de tiroides, “el paciente deberá seguir controles periódicos cada tres meses bajo vigilancia activa y nueva toma de biopsia” (sic [fs. 29]). II. 4. Nota de 16 de abril de 2021 dirigida a Javier Cedeño Catacora Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remitido por Ezequiel Romero Peralta, solicitando estabilidad laboral bajo la cobertura legal que brinda el art. 12.IV de la Ley 1223 de 5 de septiembre de 2019, que garantiza por su condición de salud, con fecha de recepción de 22 de abril de 2021 (fs. 8). II.5. Memorial de recurso de revocatoria contra el Memorándum de retiro, 943re/2022, presentado por Ezequiel Romero Peralta dirigido al alcalde Municipal de Sana Cruz de la Sierra el 23 de agosto de 2022, solicitando revoquen totalmente el mencionado memorándum, le restituyan en su puesto de trabajo, al uso de los servicios del seguro médico y pago de sus sueldos devengados (fs. 9 a 13). II.6. Memorial de recurso jerárquico presentado el 9 de septiembre de 2022, por Ezequiel Romero Peralta, solicitando se revoque totalmente la denegatoria a su recurso traducida en la falla de pronunciamiento y consecuentemente se revoque el Memorándum 943re/2022, restituyéndolo a su fuente laboral más el pago de sueldos devengados (fs. 14 a 17 vta.). II.7. Oficio D.G.M. 2179/2022 de 3 de octubre de 2022, dirigido a Ezequiel Romero Peralta dando respuesta a los memorial de recurso de revocatoria y recurso jerárquico contra el Memorándum 943re/2022, que concluye manifestando que los funcionarios públicos no están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo; por lo que, no corresponde plantear ningún recurso de impugnación contra las facultades de la máxima autoridad ejecutiva de remoción de personal; ya que, este medio de impugnación se encurta reservado para los servidores públicos de carrera administrativa y para los que se encuentran al amparo de la ley general del trabajo y no para funcionarios provisorio; diligencia de notificación a Ezequiel Romero Peralta el 7 de octubre de 2022 con el mencionado oficio de respuesta a los dos recursos presentados por el accionante (fs. 18 a 28). II.8. Cursa copia fotostática de la cédula de identidad de extranjería de Ezequiel Romero Peralta con Cédula de Identidad E-3398162 en la que figura como nacido el 30 de enero de 1946, lo que demuestra que se trataría de una persona adulta mayor, perteneciente a los grupos vulnerables de la población, conforme al bloque constitucional existente (fs. 86).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, al trabajo con salario justo, a la integridad física y a la garantía de inclusión; alegando que, desde el 7 de julio de 2010 es funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ocupando diferentes cargos y niveles; fue diagnosticado de cáncer de próstata recibiendo tratamiento médico específico; por lo que, el 22 de abril de 2021, presentó nota comunicando al empleador su estado de salud, solicitando estabilidad laboral, invocando el art. 12.IV de la Ley 1223; empero, el 16 de agosto de 2022 fue notificado con el Memorándum 943re/2022, comunicándole que a partir de la recepción, concluía su actividad laboral como servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sin motivo alguno o proceso administrativo previo que justifique ese despido, lo que motivó presentar recurso de revocatoria y por silencio administrativo negativo presentó recurso jerárquico el cual fue resuelto mediante oficio, determinado que por ser funcionario provisorio no corresponde plantear recurso de revocatoria ni jerárquico contra el mencionado memorándum. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: 1) El derecho a la vida y su protección en todas sus formas; excepciones al principio de subsidiariedad; 2) Los servidores públicos desde la Constitución Política del Estado; 3) El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas; 4) Especial protección del derecho al trabajo de las personas con cáncer por su estado de debilidad manifiesta. Estabilidad laboral reforzada; y, 5) Análisis del caso.
El presente entendimiento fue desarrollado en la SCP 0457/2024-S3 de 9 de julio:
“III.1. Excepciones al principio de subsidiariedad
Al respecto, la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, refiriéndose a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, señaló que: `En forma previa, cabe establecer que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, este Tribunal ha determinado que se puede abstraer su observancia, dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada...´.
Por otra parte, la SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, precisó que:`De lo expuesto se tiene que el ámbito preventivo de la acción de amparo constitucional, está destinado a evitar la vulneración de derechos a través de la concesión de una tutela constitucional inmediata y efectiva que evite la consumación de la lesión y/o violación de derechos. En ese sentido, los pronunciamientos de esta jurisdicción fueron uniformes al sostener que, la abstracción del principio de subsidiariedad que uniforma a esta acción tutelar, se producirá cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz y se trate de grupos de atención prioritaria, como ser: niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres en estado de gestación; posteriormente, se amplió esta abstracción a casos en los que se encuentren comprometidos los derechos a la salud y la vida, así como los referidos a temas de discriminación y racismo, siendo sin embargo el común denominador de dicha aplicación excepcional, la acreditación objetiva del daño irreparable´.
Asimismo, la SCP 0913/2023-S4 de 20 de septiembre establece que: `art. 45 de la CPE, establece que: «I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales; IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo».
Derecho que fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional, entre otras, a través de la SC 0062/2005 de 19 de septiembre, concluyendo que: `…la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares'.
Asimismo, la SC 1560/2010-R de 11 de octubre, sostuvo que el derecho a la seguridad social: '…derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el ‘vivir bien’, consecuentemente, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE establece el control y participación social'.
En ese contexto, es necesario referir que si bien el art. 129.I de la Norma Suprema, reconoce los principios de subsidiariedad e inmediatez al disponer que: 'La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'; así una de las características de la acción de amparo constitucional es el principio de subsidiariedad, que implica la activación de la misma ante la ausencia de otros medios o vías ordinarias para la reparación inmediata y efectiva de los derechos y garantías vulnerados y desconocidos por actos u omisiones ilegales o indebidos; sin embargo, dicho principio tiene excepciones; en ese sentido la SC 1649/2011-R de 21 de octubre, estableció que: '…existen excepciones a esta regla, siendo una de ellas que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione o pueda ocasionar un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el amparo constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia de un mal grave e irremediable, lo que exige una acción urgente para otorgar la protección inmediata e impostergable por parte del Estado en forma directa (SSCC 1082/2003-R, 0864/2003-R, entre otras)'”.
Al respecto, la SCP 0221/2022-S2 de 3 de mayo, señaló que: `El Capítulo Cuarto del Título V de la Norma Suprema, establece la composición de los servidores públicos de la administración, previendo los principios orientadores que los rigen, y efectuando a la vez una primera definición en su art. 233, expresando que: «Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento» (el resaltado y subrayado fueron añadidos), precisando posteriormente los requisitos para su acceso, obligaciones, prohibiciones y causas de incompatibilidad, entre otras particularidades.
En ese sentido, debiendo el marco legal guardar estricta relación con el contenido dispositivo de la Constitución Política del Estado, el art. 4 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), prevé que: 'Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración'.
(…)
Con relación a los servidores públicos de carrera, el art. 5 inc. d) del EFP, los define como trabajadores que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa que se establecen en dicho Estatuto, estando los puestos que ocupan previstos en la estructura orgánica de la institución, de acuerdo a un proceso de dotación de personal, desempeñando sus funciones según lo establecido por el Estatuto y su Reglamento -art. 12 inc. d). (…)
La jurisprudencia constitucional precisó a través de la SC 0474/2011-R de 18 de abril, refiriendo que gozan del: '…derecho a la inamovilidad laboral y en su caso a impugnar toda determinación relacionada con su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios; de otra parte, el art. 57 del DS 26115 de 16 de marzo de 2001,dispone quienes son los funcionarios reconocidos en la carrera administrativa, estableciendo para ello requisitos como el cumplimiento de determinada cantidad de años de servicio ininterrumpidos, registro en la Superintendencia del Servicio Civil y la renuncia voluntaria a su cargo'. De modo que, para su remoción, se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno.
Respecto de los servidores públicos provisorios, el art. 71 del EFP, los define como aquellos '…que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley'.
Vale decir que, son funcionarios que ingresan por invitación directa de la MAE, pudiendo ser desvinculados sin causa ni motivo, siendo suficiente para su retiro una comunicación del cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta, tampoco se les iniciará proceso administrativo interno, y por ende no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; empero, si para su retiro se invocare una causal, ello conllevaría la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo (criterio sentado vía jurisprudencia constitucional por la SC 0474/2011-R).
Teniéndose en consecuencia que, ese tipo de servidores públicos, son trabajadores que se desempeñan en áreas que corresponden a cargos de la carrera administrativa, quienes no tienen los derechos de personal de carrera propiamente, ni a impugnar decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, exceptuando la permisibilidad jurisprudencial citada, estando supeditados a la decisión de la MAE respecto de su permanencia.
Los servidores públicos interinos, a decir del inc. e) del art. 5 del EFP, son aquellos que de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de noventa días ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme a dicho Estatuto y disposiciones reglamentarias.
La categoría de otros, dentro de la clasificación antes descrita, se identifica a los trabajadores eventuales -según el art. 6 del EFP-, no están sometidos al Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, y que '…con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios':
Por otro lado, el DS 26115 de 16 de marzo de 2021 -que aprueba las Normas Básicas del Sistema de administración de personal-, en su art. 18 núm. 5, inc. e), determina que la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato; y, el art. 60 prevé: 'No están sometidos a la Ley del Estatuto del Funcionario Público ni a las presentes Normas Básicas, aquellas personas que con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública'.
Sobre este tipo de personal, la SC 0369/2003-R del 26 de marzo, sostuvo que: '…tiene el derecho que el art. 51-g) Ley del Estatuto del Funcionario Público le reconoce, es decir, a la percepción de aguinaldo de Navidad, en igualdad de condiciones que los demás funcionarios públicos, al margen de la fuente de su remuneración o partida presupuestaria que la deba soportar'; de modo que, se trata de servidores públicos que prestan servicios al Estado, y que por su condición gozan únicamente de algunos beneficios debido a la naturaleza de su contracción.
(…)
En la categoría de otros, se identifica a los trabajadores eventuales, cuya relación de trabajo, permanencia y remisión se establece mediante un contrato, no estando sometidos al Estatuto del Funcionario Público ni a las Normas Básicas para la prestación de servicios específicos o especializados.
Efectuada dicha diferenciación normativo-constitucional, legal y reglamentario sobre los tipos de servidores públicos, con las excepciones expresamente aclaradas, resulta necesario considerar la labor intelectiva desplegada por la jurisprudencia constitucional al respecto, desarrollando entendimientos, razonamientos y puntualizaciones al ejercicio material de los mismos que profundizan a su distinción, y de cuya relación -a partir de los arts. 48.VI y 49.III de la CPE-, emergen tanto la inamovilidad como la estabilidad laboral como derechos y garantías constitucionales, a desglosarse a continuación´.
En relación al tema, la supra citada SCP 0221/2022-S2, desglosó que: `Con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, fue establecida la estabilidad laboral tanto en el ámbito público y privado como derecho y garantía, encontrándose reconocida en el art. 48.II de la CPE, previendo: «Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador».
La protección de la estabilidad laboral alcanza únicamente a los servidores públicos de carrera, tal cual sostuvo de manera uniforme la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1462/2011 de 10 de octubre, que reiterando el pronunciamiento efectuado por la SC 0474/2011-R de 18 de abril, indicó que, esa clase de servidores públicos, además de gozar ‘…de los derechos establecidos en el art. 70 I. del referido estatuto, tienen derecho a la carrera administrativa y estabilidad laboral, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad, entre otras; además a impugnar, en la forma prevista en el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos, las decisiones administrativas que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro, o aquellas que deriven de procesos disciplinarios’. En cuyo marco, gozan plenamente de la aludida garantía, lo cual no ocurre con otro tipo de servidores públicos.
Por otro lado, la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, sostuvo que: ‘…la jurisdicción constitucional también tuteló el derecho a la estabilidad laboral en casos de despidos de trabajadores que padecen enfermedades terminales’; así como la SCP 0616/2018-S2 de 8 de octubre, que alude a la protección de trabajadores «…que padecen enfermedad terminal como es el caso del cáncer, independientemente que se trate de funcionarios públicos o interinos, garantía que también favorece a los trabajadores provisorios»´.
En cuanto a ello, la SCP 0492/2019-S2 de 11 de julio, señaló que: `La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo digno, que en nuestro caso se encuentra reconocido expresamente en el art. 46.I.1 de la CPE, como el derecho al trabajo digno, para cuyo alcance, resulta pertinente citar el entendimiento formulado en la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, como ‘la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia’. En sintonía con la Constitución Política del Estado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el ‘Protocolo de San Salvador’ establece en su art. 6:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo (…).
Este derecho se encuentra armónicamente complementado con el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, reconocido en el art. 46.I.2 de la citada Norma Suprema; a decir de la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, sobre la citada base normativa, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:
…en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente.
(…)
Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho (…).
Glosando las citas constitucionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y de la Corte IDH, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; en tanto, conlleva para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral. Para complementar este sistema normativo de protección al trabajador, es preciso agregar el deber de protección al ejercicio del trabajo en todas sus formas (art. 46.II) y el deber de proteger la estabilidad laboral (art. 49.III), que la Ley Fundamental le impone al Estado, en correspondencia con la prohibición del despido injustificado y toda forma de acoso laboral, prescrita en esta última norma constitucional, de tal modo que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de estos derechos, en sus diferentes ámbitos y niveles´.
Estabilidad laboral reforzada
Al respecto, la SCP 0088/2022-S3 de 24 de marzo, sostuvo que: `La Constitución Política del Estado en su art. 48.II, establece que: Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador', siendo el derecho a la estabilidad laboral una protección ampliamente reconocida en favor de las personas de sectores vulnerables de la sociedad, que por su condición requieren de una protección reforzada por parte del Estado.
La jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0846/2012 de 20 de agosto, 1490/2015-S2 de 23 de diciembre y 0951/2017-S2 de 18 de septiembre, entre otras, con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, reconoció ese derecho en los casos que se produjeron despidos injustificados, bajo el entendimiento del principio de igualdad material a través de una interpretación progresiva, libre de formalismos, a partir de los criterios y métodos de interpretación constitucionalizados como los de favorabilidad, favor debilis y pro homine, en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, se encuentra perfectamente compatibilizado y complementado con el principio de igualdad formal, siendo que la igualdad material, busca la igualdad efectiva mediante el trato desigual a los desiguales, y se encuentra constitucionalizada a través de una normativa de discriminación positiva de personas que forman parte de grupos en desventaja para buscar el equilibrio con la población en general.
(…)
De igual manera, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su jurisprudencia tuteló la estabilidad laboral de trabajadores despedidos con enfermedades terminales, tal es el caso de los enfermos de cáncer, quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad por su estado de debilidad manifiesta y deterioro de su salud, tal es así que la SCP 0616/2018-S2, señaló que: 'la jurisdicción constitucional también tuteló el derecho a la estabilidad laboral en casos de despidos de trabajadores que padecen enfermedades terminales; así en la SC 1684/2003-R de 24 de noviembre, se tuteló el derecho de una trabajadora que fue despedida no obstante padecer de cáncer terminal, reconociendo que si bien la entidad demandada tenía cierta permisibilidad para disponer del cargo que ocupaba la recurrente, no era menos cierto que en casos como el planteado, dicha permisibilidad deba estar sometida a un bien jurídico de mayor protección, como es el derecho a la vida misma; en el mismo sentido, en la SCP 0046/2013-L de 6 de marzo, también se concedió tutela a la trabajadora despedida, sin considerar que padecía cáncer de piel. Finalmente, en la SCP 0115/2017-S2 de 20 de febrero en su Fundamento Jurídico III.4, también se concedió la tutela a favor de una funcionaria pública interina que fue despedida sin considerar el cáncer terminal que padecía, en el que se señala lo siguiente:
…velando por el interés primario del bien jurídico protegido por el Estado, el derecho a la vida, sobre la cual se sustentan otros derechos como la salud, independientemente de la condición de interinato alegado por la parte demandada, al igual que la falta de carnet de discapacidad (…) al darle conclusión a la relación laboral se está vulnerando flagrantemente el derecho a la vida de la accionante, pues como consecuencia, el seguro médico del que venía gozando quedaría suspendido, lo cual no es admisible, cuando se alega la continuidad del servicio o el tratamiento integral del padecimiento de la accionante, lo que implica que la atención en salud no puede ser suspendida en ningún caso, es decir, su prestación debe ser ininterrumpida, constante y permanente, puesto que no se puede dejar en desamparo a quien está en tratamiento, más aun cuando la falta de tal servicio o atención médica vulnere o amenace vulnerar los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere.
En síntesis, la jurisprudencia constitucional también reconoció la estabilidad laboral a favor de los trabajadores que padecen enfermedad terminal como es el caso del cáncer, independientemente que se trate de funcionarios públicos interinos, garantía que también favorece a los trabajadores provisorios'.
(…)
Al ser el cáncer una enfermedad invasiva y de multiplicación rápida que puede afectar cualquier parte del organismo, el Estado tiene el deber de asegurar el ejercicio material del acceso a los derechos a la vida, a la salud, y a la seguridad social, por la conexitud que existe entre esos derechos.
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la vida, mediante la SCP 0137/2013 de 5 de febrero, señaló que: '…el contenido esencial del derecho a la vida, se encuentra el derecho a que no se impida a las personas el acceso a las condiciones que les garanticen una existencia digna…', aseverando que el citado derecho se ve materializado, siempre y cuando se brinde a las personas acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna, que incluye, un trato digno y una buena vida con calidad, calidez humana, respeto por sus derechos y protección de forma reforzada para los sectores vulnerables de la sociedad, que además, se encuentra compatibilizado con el principio rector de la Constitución Política del Estado como ser el suma qamaña o vivir bien.
Asimismo, conforme lo establecen los arts. 35 y 37 de la CPE, es obligación del Estado, en todos sus niveles, garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, de todas las bolivianas y todos los bolivianos y con mayor énfasis de las personas de sectores vulnerables, tal es el caso de las personas con enfermedades terminales como el cáncer, a quienes se les debe otorgar un servicio de salud continuo que le permita poder acceder a un tratamiento no solo durante el padecimiento de la enfermedad, sino de forma posterior a la misma, realizando el seguimiento respectivo para detectar a tiempo una posible recurrencia del mismo. Por lo que, resulta importante tutelar el derecho a la estabilidad laboral de trabajadores que padecen dicha enfermedad, por su íntima relación con el derecho a la salud y a la seguridad social, con la finalidad de garantizar a ese sector de la población un servicio de salud continuo, que les asegure una existencia digna. A lo expuesto, se tiene además el art. 12.IV de la Ley del Cáncer, el cual respecto a la estabilidad laboral de las personas con cáncer, establece que: 'Se garantiza la estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer y no podrán ser despedidos sin justa causa; asimismo, se reconocen los permisos laborales necesarios a efectos de su tratamiento, de acuerdo a normativa vigente'.
Es decir, que la norma específica infraconstitucional -Ley del Cáncer-reconoce y garantiza el derecho de estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer, prohibiendo su destitución sin causa justificada.
En consecuencia, conforme a la Ley del Cáncer y el principio de igualdad material se garantiza el derecho a la estabilidad laboral reforzada de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado que padecen la enfermedad de cáncer, quien por su condición de salud se encuentra en estado de debilidad manifiesta o vulnerabilidad necesita de un seguro de salud y recursos económicos necesarios para su subsistencia y asegurar la continuidad de su tratamiento médico, de manera que se le garantice una existencia digna, con la finalidad de materializar sus derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social (las negrillas corresponden al texto original).
El art. 14.II de la CPE textualmente prevé que: `El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona´.
Al respecto, sobre el derecho a la no discriminación, la SCP 0362/2012 de 22 de junio, sobre el derecho a la no discriminación, manifestó en su Fundamento Jurídico III.3, que: `…la luz de la Constitución Política del Estado y las normas vigentes en nuestro país, la idea de superioridad, marginación, exclusión y segregación entre semejantes está vetada, al considerar que dichos prejuicios son pura expresión del racismo y la discriminación; en ese entendido, en nuestro medio no es concebible ni aceptable tales actos tendientes a menoscabar el derecho a la igualdad del cual goza toda persona. Se debe dejar claramente establecido que, existiendo diferencias entre unos y otros, debe primar una plena y armoniosa igualdad en derechos, deberes y oportunidades, las diferencias en razón alguna deben ser motivo para ejercer dominio, preponderancia, sometimiento, supresión o marginación, de ninguna naturaleza. (…) la igualdad, más allá de ser un derecho fundamental, también constituye un valor, sobre cuya práctica deben descansar las estructuras del Estado, estando expresamente prohibida, cualquier forma de discriminación conforme a lo determinado por el art. 14.II de la CPE´.
La SCP 0296/2014 de 12 de febrero, por su parte, dentro de su Fundamento Jurídico III.5, estableció que, con base en lo dispuesto por el art. 14.II de la CPE, garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe todo tipo de discriminación fundada en cualquier razón, que pretenda anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona; más aún, cuando esta prohibición constituye una vertiente del principio de igualdad; por el cual, todos los miembros de la sociedad tienen derecho a no recibir un trato discriminatorio por los particulares y el Estado, debiendo exigir el mismo trato preferente de otras personas en similar situación; señalando además que, se debe tomar en cuenta que al existir diferencias entre uno y otros, debe primar una armoniosa igualdad en el ejercicio de los derechos, deberes y oportunidades; reiterando, que las diferencias, bajo ninguna razón, deben ser motivo para ejercer dominio, preponderancia, sometimiento, supresión o marginación, de ninguna naturaleza” (las negrillas corresponden al texto original).
Decreto Supremo 4881 de 22 de febrero de 2023 (Reglamento de la Ley del Cáncer -1223 de 5 de septiembre de 2019-).
Artículo 7°.- (Estabilidad laboral)
I. El empleador del sector público o privado deberá garantizar la estabilidad laboral a toda trabajadora o trabajador con cáncer a sola presentación de un informe médico firmado por el especialista del área oncológica, que señale el diagnóstico, estadio y tratamiento.
en el Parágrafo precedente. (el resaltado fuera de texto original).
El Decreto Supremo 4881 de 22 de febrero de 2023 (Reglamento de la Ley del Cáncer –Ley 223 de 5 de septiembre de 2019) en su art. 7 establece la exigencia al trabajador enfermo con cáncer que goza de inamovilidad laboral en sentido que deberá presentar un informe médico suscrito por el especialista del área oncológica que señale el diagnostico, estado y tratamiento; informe médico que deberá ser presentado de forma anual a su empleador.
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, al trabajo con salario justo, a la integridad física y a la garantía de inclusión; alegando que, desde el 7 de julio de 2010 es funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ocupando diferentes cargos y niveles; fue diagnosticado de cáncer de próstata recibiendo tratamiento médico específico, aspecto que comunicó oralmente a su empleador; sin embargo, de forma intempestivamente fue despedido el 16 de agosto de 2022, mediante Memorándum 943re/2022, sin motivo alguno o proceso previo que justifique el despedido; por lo que, impugnó el indicado memorándum, presentando primero un recurso de revocatoria el cual no tuvo respuesta oportuna, ante él silencio administrativo negativo presentó recurso jerárquico, resuelto mediante “oficio”, determinando que al tratarse de funcionario provisorio no corresponde plantear recurso de revocatoria ni jerárquico contra el mencionado memorándum.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, conforme a las conclusiones del presente fallo constitucional y sobre todo lo manifestado por las partes en oportunidad de celebrare la audiencia tutelar, se establece que, Ezequiel Romero Peralta, el 7 de julio de 2010, fue contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y asumió el cargo de profesional "A", posteriormente, le reasignaron el ítem 2005 y nivel 12 con un haber básico de Bs7 236.- (siete mil doscientos treinta y seis bolivianos), dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico y Empleos, en virtud del cual, realizaba conjuntamente actividades laborales vinculadas a la comunicación social cumpliendo sus funciones en el marco de las responsabilidades con eficiencia; en ese ínterin fue diagnosticado con cáncer de próstata tipo adenocarcinoma Gleason 7 según biopsia (18-12-19), conforme refiere el Certificado Médico de 29 de abril de 2021 (Conclusión II.3), recibiendo tratamiento medio específico, extremo que hizo conocer oportunamente a la entidad municipal mediante nota escrita de 16 de abril de 2021 (Conclusión II.4), dirigida a Javier Cedeño Catacora Director de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, solicitando estabilidad laboral bajo la cobertura legal que brinda el art. 12.IV de la Ley 1223 de 5 de septiembre de 2012.
No obstante, la autoridad ahora accionada, como titular del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de agosto, le notificó con el “Memorándum 943re/2022 de agosto de 2022” sin fecha (Conclusión II.1), por el cual comunicaron la cesación de sus funciones laborales en dicha entidad, sin justificación alguna ni proceso administrativo interno previo; de tal manera, el 23 de agosto de 2022 presentó recurso de revocatoria (Conclusión II.5), impugnado el prenombrado memorándum de desvinculación, solicitando se revoque totalmente el mismo, le restituyan a su puesto de trabajo y dispongan el pago de sus sueldos devengados y el uso de los servicios de seguro médico que fueron cortados de forma arbitraria.
No obstante, la precitada autoridad accionada, no resolvió el recurso de revocatoria, produciéndose –a decir del solicitante de tutela– silencio administrativo negativo, que le obligó a presentar recurso jerárquico mediante memorial el 9 de septiembre de 2022 (Conclusión II.6), el cual fue respondido mediante carta Oficio D.G.M. 2179/2022 de 3 de octubre de 2022, que en su parte sobresaliente señala que, los servidores públicos no están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo, tal como establece el Estatuto del Funcionario Público y normas anexas que rigen el procedimiento administrativo, que “los trabajadores agrícolas, los funcionarios públicos y empleados públicos y del ejército” no están dentro de los alcances de la Ley General del Trabajo, en este caso, el accionante estaría catalogado como servidor público provisorio, considerado así, dentro del ordenamiento jurídico provisional sujeto a la libre remoción; por lo que, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) estaba facultada para remover a funcionarios municipales o incorporados a la carrera administrativa; finalmente el mencionado “oficio” concluyó indicando que; no corresponde plantear ningún recurso de impugnación contra actos de la MAE, por cuanto los funcionarios públicos no estarían sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo; consecuentemente, no corresponde planear ningún recurso de impugnación contra las facultades de la MAE de remoción de personal; ya que, este medio de impugnación se encuentra reservado para los servidores públicos de carrera administrativa y para los que se encuentran al amparo de la Ley General del Trabajo y no para funcionarios provisorios; habiéndose notificado a Ezequiel Romero Peralta el 7 de octubre de 2022 con el curioso oficio de respuesta a los dos recursos presentados, impugnando su desvinculación laboral, conforme se tiene descrito en (Conclusión II.7).
Identificada la problemática en la presente acción de amparo constitucional y revisados los antecedentes que informan la presente acción tutelar, es necesario establecer lo siguiente:
Como se tiene demostrado Ezequiel Romero Peralta, desde el 7 de julio de 2010, fue funcionario público del Gobierno Autónomo Municipal del Santa Cruz de la Sierra en el cargo de profesional "A", con el ítem 2005 y nivel 12 con un haber básico de Bs7 236.-; sin embargo, el 18 de diciembre de 2019, conforme a la biopsia realizada fue diagnosticado con cáncer de próstata tipo adenocarcinama Gleason 7, recibiendo tratamiento médico específico, tal cual refiere el Informe Médico de 29 de abril de 2021, aspecto que dio a conocer, a su empleador mediante nota escrita de 16 de abril de 2021, no obstante conocer su delicado estado de salud, el 16 de agosto le entregaron el Memorándum 943re/ 2022 de agosto de 2022 (sin fecha) emitido por Max Jhonny Fernández Saucedo Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra; por el cual, le comunican que la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 –Ley de Pensiones–, solo reconoce los riesgos de origen común, profesional y laboral hasta los 65 años cumplidos, en ese entendido y precautelando la salud y seguridad daban por concluida la relación laboral, tal como se evidencia de fs. 2 a 8, y descritos en Conclusiones II.1, 2, 3 y 4 del presente fallo constitucional.
De lo relacionado como se puede advertir el ahora impetrante de tutela, fue despedido de su fuente laboral sin que exista una causa que justifique su desvinculación y revisados los antecedentes no se advierte que se hubiera iniciado un proceso administrativo previo en su contra, lo que pone en evidencia que se vulneró su derecho al trabajo digno y a una fuente laboral establece; a ello se suma que paradójicamente, el mencionado memorándum de despido, de forma discriminatoria, insensible y desatinada, pretendiendo justificar el despido ilegal, hace referencia a la Ley de Pensiones, de forma muy general, señalando que los riesgos laborales y otros, serían reconocidos solo hasta los 65 años cumplidos y supuestamente precautelando su salud y seguridad habrían determinado la conclusión de su relación laboral con la entidad municipal.
Este último dato inserto en el Memorándum 943re/ 2022 de agosto (sin fecha), pone de manifiesto que la autoridad ahora accionada, a tiempo de disponer su desvinculación sabía perfectamente que el accionado era una persona de la tercera edad, que pertenecía a un grupo vulnerable de protección reforzada, extremo corroborado por la copia fotostática de su cédula de identidad (Conclusión II.8), que pone de manifiesto pertenecer a los grupos vulnerables de la población, que conforme se tiene de la abundante jurisprudencia desarrollada al efecto, las personas de la tercera edad o adultas mayores con sus particularidades se encuentran expuestas a diferentes riesgos; por lo que, cuentan con tutela reforzada constitucional, complementándose con los principios y valores del Estado Plurinacional, teniendo derecho a una vida con dignidad, recordando que mientras más edad tenga una persona está más propensa al abandono y olvido de su familia; por lo que el Estado, las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de proporcionar una protección reforzada según sus características revitalizando sus conocimientos; además de otorgar un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral-o distribución de ciertos recursos o servicios, así como el acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado, como se puede advertir; en ese entendido, la autoridad accionada, en ningún momento consideró el respeto y consideración especial del que gozaba el accionante al ser una persona adulta mayor.
En ese contexto, cabe señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció un precedente conforme lo previsto en el art. 12.IV de la Ley 1223, respecto a la garantía de estabilidad laboral de trabajadora o trabajador sea del sector público o privado que padecen de cáncer, que a la letra dice: “Se garantiza la estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer y no podrán ser despedidos sin justa causa; asimismo, se reconocen los permisos laborales necesarios a efectos de su tratamiento, de acuerdo a normativa vigente”, norma que también fue invocada por el propio accionante a tiempo de comunicar al empleador, su delicado estado de salud; por lo que, solicitó estabilidad laboral bajo la cobertura legal que establece el indicado artículo, mencionado también en su demanda y durante la audiencia tutelar, normas que fueron inobservada por la autoridad accionada; por lo que, la decisión de conclusión de la relación laboral por parte del ahora accionado, le privó de generar ingresos económicos para cubrir las necesidades que reporta el tratamiento permanente de una enfermedad tan grave como es el cáncer; por lo que, se tiene evidencia que, el despido fue ilegal y arbitrario, que afectó no solo el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; sino también, otros derechos fundamentales como son el derecho a la vida y seguro social. En ese contexto, si bien la autoridad demanda en su informe, alegó que el accionante tenía la calidad de funcionario público provisorio de libre remoción, y no estaba regido dentro del marco establecido de la Ley General del Trabajo; extremos sobre los cuales en este fallo constitucional no ingresaremos al análisis de fondo; empero, no consideró la enfermedad grave que le aquejaba por el cáncer de próstata que le habían diagnosticado, que en el contexto del Fundamento Jurídico precedentemente mencionado de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, bajo una interpretación progresiva en favor de las personas en situación de debilidad manifiesta, se reconoce la estabilidad laboral en favor de los trabajadores que padecen enfermedades graves como el cáncer, independientemente, que se traten de funcionarios del sector público o privado, sean estos de carrera o no, garantía que también favorece a los funcionarios provisorios; por lo que, en el presente caso, el accionante con diagnóstico de cáncer de próstata se encuentra en estado de debilidad manifiesta producto de la enfermedad grave, misma que estaba siendo tratada por médicos especialistas al momento de la desvinculación laboral habiendo perdido justamente su trabajo y por ende el seguro de salud en lesión a sus derechos a la salud y la vida por lo que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no debió haberlo despedido, vulnerando los derechos fundamentales de la vida, salud y seguro de salud, tal como se tiene previsto en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, las leyes, jurisprudencia y los tratados internaciones las personas con cáncer se encuentran en situación especial de vulnerabilidad ligada a su salud, dignidad y su vida; por lo que, gozan de estabilidad laboral y no puede ningún empleador prescindir de sus servicios sin causa justificada, habiendo perdido juntamente con su fuente laboral, su seguro de salud atentado sobre todo contra su vida; por lo que, aun siendo funcionario público, por su delicado estado de salud aquejado por cáncer de próstata, no debió ser desvinculado así como tampoco, debió soslayarse sus pedidos de reincorporación laboral, solicitado reiteradamente a tiempo de impugnar el Memorándum de desvinculación, mediante los recursos de revocatoria y luego jerárquico, mismos que de forma curiosa y vulnerando el debido proceso en sus elementos a recurrir, a la tutela efectiva, fundamentación y congruencia, establecido en el art. 115 de la CPE, además de incumplir lo establecido en el art. 112.IV de la Ley 1223, que en el marco de la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad, las leyes y la jurisprudencia constitucional, las personas enfermas que padecen de cáncer, por su especial situación de vulnerabilidad, ligada a su salud, dignidad y vida, gozan de estabilidad laboral, y no puede ningún empleador, prescindir de sus servicios sin causa legal justificada y previo proceso administrativo en su contra.
Aspectos que no fueron tomados en cuenta por la entidad edil representada por el solicitante Max Jhonny Fernández Saucedo; por lo que en este caso, el peticionante de tutela gozaba de inamovilidad laboral debido a su delicado estado de salud por el cáncer de próstata que padecía, enfermedad grave que podía llegar a poner en riesgo su vida si no recibe tratamiento médico adecuado; sin embargo, fue desvinculado de su fuente laboral, dejando de percibir ingreso salarial que representaba el sustento económico para cubrir los gastos que reportaba la compra de medicamentos adicionales que no siempre cubre el seguro de salud, vulnerando de esta forma los derechos fundamentales mencionados.
A lo mencionado habrá que considerar la siguiente sub regla que conforme establece el art. 7 del Decreto Supremo 4881 de 22 de febrero de 2023 (Reglamento de la Ley del Cáncer –Ley 1223 de 5 de septiembre de 2019) establece que el trabajador aquejado por la enfermedad del cáncer, deberá presentar un informe médico suscrito por el especialista del área de oncológica que señale el diagnostico, estadio y tratamiento; informe médico que deberá ser presentado de forma anual a su empleador.
En el presente caso, de la revisión de antecedentes que informan la presente acción de amparo constitucional el único respaldo que acredita su condición de enfermo por cáncer, se trata del Informe Médico de 29 de abril de 2021 emitido por Herbert Adorno Cuellar, Oncólogo Clínico del Hospital Obrero 3 de la Caja Nacional de Salud del departamento de Santa Cruz, en el cual manifiesta que el paciente: Ezequiel Romero Peralta de setenta y cinco años de edad presenta diagnóstico de cáncer de próstata tipo adenocarcinoma Gleason 7 según biopsia (18-12-19) de forma particular.
El extremo mencionado pone de manifiesto que Ezequiel Romero Peralta habría incumplido con la obligación de presentación de los informes oncológicos anuales que establece la normativa precedentemente mencionada; toda vez que, del informe Médico de 29 de abril de 2021 tenía una duración hasta el 29 de abril de 2022, a partir de dicha fecha; ya no, se cuenta con un informe oncológico anual que demuestre el diagnóstico, estado y tratamiento recibido, lo que conllevaría a presumir que su estado de enfermedad de cáncer hubiera sido superada; de ser así, dejaría de gozar de su estabilidad laboral que fue obtenida precisamente por su condición de enfermo del cáncer.
En todo caso, el accionante, deberá cumplir con la exigencia de presentación del informe oncológico de diagnósticos por cáncer estimativo que hubiera padecido por las gestiones 2022, 2023, 2024 y 2025, a fin de cerciorarse que aún padecía y padece de la enfermedad del cáncer, de no cumplir con dicha exigencia prevista en la reglamentación establecida en el Decreto Supremo 4881 de 22 de febrero de 2023, se presumirá haber superado la enfermedad; por lo tanto, dejará de gozar de la estabilidad laboral y aquellos sueldos devengados que hubieran sido obviados en su favor por el demandado, sin justa acreditación de su estado de enfermedad por las gestiones devengadas.
En ese sentido, se tiene evidencia que la parte accionada lesionó sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, así mismo inobservó la Ley del Cáncer, la cual establece que se garantiza la estabilidad laboral de toda trabajadora o trabajador del sector público o privado con cáncer y que estos no podrán ser despedidos sin justa causa; es decir, que la desvinculación no podrá ser el resultado de la decisión unilateral insensible y arbitraria de la entidad empleadora, sino como consecuencia de una resolución debidamente fundamentada y motivada respetando al debido proceso en todas sus instancias, debiendo ponderarse el estado de debilidad manifiesta en el que se encuentran los trabajadores enfermos de cáncer y la protección reforzada del cual gozan; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, este Tribunal debe pronunciarse sobre la vulneración del valor y derecho fundamental a la dignidad, consagrado en los arts. 8.II y 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE), esto considerando que la dignidad no es una mera declaración retórica, sino uno de los pilares axiológicos sobre el cual se asienta el Estado Social de Derecho y el principio del "vivir bien", implicando el reconocimiento de que toda persona resulta un fin en sí misma y jamás un medio o instrumento; motivo por el cual, el art. 22 de la misma Norma Fundamental impone al Estado el deber primordial de garantizar y proteger el derecho a la dignidad. Dicho deber de protección se ve acentuado e intensificado frente a sujetos que pertenecen a grupos de atención prioritaria, como lo es el accionante, quien ostenta una doble condición de vulnerabilidad: ser un adulto mayor y padecer una enfermedad grave como el cáncer. En este contexto, el acto de desvinculación laboral trasciende el análisis de la mera legalidad ordinaria debido a que se trata de un trabajador en una situación existencial crítica, ignorar deliberadamente su avanzada edad y su delicado estado de salud al momento de prescindir de sus servicios, constituye un acto que lo "cosifica", reduciéndolo a su mera capacidad productiva y desconociendo su valor intrínseco como ser humano; consecuentemente, el "trato indigno" denunciado se materializa precisamente en esa falta de consideración elemental de su situación de extrema fragilidad en la que se encontraba el accionante al momento de su desvinculación; por lo que sobre esta denuncia se debe conceder la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 06 de 14 de febrero de 2023, cursante de fs. 98 vta. a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales a la vida, salud, dignidad, a la seguridad social y al trabajo; en favor de Ezequiel Romero Peralta;
1.1. Disponer, que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, reincorpore al accionante a su fuente laboral en el mismo cargo y con el mismo nivel salarial que tenía al momento de su desvinculación, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, computables a partir de su legal notificación y al pago de la totalidad de sueldos, salarios devengados y demás beneficios sociales, generados desde la fecha de desvinculación hasta la efectiva reincorporación.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía
MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0368_2025-S4.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5ac456b14cd07e0f9202ebcad5ac95243be5ee1249d13d0120a0c13d7d50ec29
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