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SCP 0368/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de junio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
48836-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, -se infiere a la libertad-, así como al principio de celeridad; puesto que ante su solicitud de redención de pena, por decreto de 18 de mayo de 2022, se ordenó a la Secretaria ahora accionada que realice el cómputo de pena; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -24 de junio de igual año-, dicho cómputo no fue elaborado, dilatando de manera indebida la tramitación de solicitud de redención de pena. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 163/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del beneficio de redención de pena y su vínculo con el derecho a la libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0368/2024-S3 Sucre, 28 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48836-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 163/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Gustavo Tapia Tapia en representación sin mandato de Edver Quizo Ajno y Juan Carlos Quizo Choque contra Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que motivan la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 24 de junio de 2022, cursante de fs. 13 a 15, manifestaron que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del Código Penal (CP), se encuentran cumpliendo la Sentencia Condenatoria S-36/2021 de 2 de agosto -por cuatro años de privación de libertad-, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Bajo esos antecedentes, el 17 de mayo de 2022, interpusieron el incidente de redención de pena, en consecuencia por decreto de 18 de igual mes y año emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, ordenó que por Secretaría se realice el cómputo de la pena y redención; sin embargo, recién el 17 de junio del mismo año, después de casi un mes, la Secretaria ahora accionada, observó que no se adjuntó la documentación necesaria para realizar el respectivo cómputo dilatando de sobremanera la tramitación de su solicitud. Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de defensa, de 24 de junio de 2022, cursante de fs. 19 a 21, se ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que el 4 de mayo del mencionado año, solicitaron los oficios actualizados y pertinentes referentes a trabajo y estudio; de igual manera los certificados de permanencia y conducta fueron remitidos. El -17 de junio de ese año-, adjuntando lo observado por la Secretaria ahora accionada solicitaron día y hora de audiencia del incidente de redención de pena; por lo que el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz ordenó a dicha Secretaria que a la brevedad posible efectúe el correspondiente cómputo; empero, hasta la interposición de esta acción de defensa esa orden no fue cumplida, transcurriendo más de dos años y nueve meses privados de libertad.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones -se infiere a la libertad- así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se declare “PROCEDENTE” esta acción de defensa y, en consecuencia se ordene que la Secretaria ahora accionada realice el cómputo correspondiente y posteriormente se señale día y hora de audiencia para considerar el incidente de redención de pena.

I.2. Informe de la funcionaria de apoyo jurisdiccional accionada

Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 24 de junio de 2022, cursante a fs. 17 y vta., manifestó que: a) Al momento de realizar el cómputo se observó que en el certificado de permanencia y conducta no estaba registrado el mandamiento de condena, siendo necesario ese dato; b) Por decreto de 20 del indicado mes y año, se instruyó que realice el cómputo “…mismo que es dejado por defensa pública el día de ayer, en horas de la tarde, señalándole a dicho funcionario que se iba a realizar el mismo…” (sic); y, c) No cuenta con Auxiliar o Notificador, por lo que, realiza varias tareas; siendo el único Juzgado que atiende los casos que se tramitan en la ciudad de El Alto del indicado departamento; en consecuencia, pidió que se “rechace” la acción de libertad.

I.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 163/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Secretaria ahora accionada “…el día lunes 26 de junio del año en curso, por horas de la tarde realice el cómputo de pena y redención debiendo observar lo subsanado por los accionantes…” (sic), en caso de incumplimiento se remitirán antecedentes “…ante el Ministerio Público como lo dispone el art. 39 del Código Procesal Constitucional y paralelamente a Transparencia de Consejo de la Magistratura al incurrir en faltas disciplinarias establecidas en la Ley del Órgano Judicial” (sic); todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a los antecedentes descritos en esta acción de libertad se advierte que existió una omisión injustificada por la Secretaria ahora accionada, al no realizar hasta la interposición de esta acción de defensa el cómputo de pena ordenada por decreto de 20 de junio de 2022, no siendo una causal justificable que el indicado Juzgado no cuenta con Auxiliar u Oficial de Diligencias; puesto que, conforme a lo previsto por el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, el interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de trabajo o estudio, en tal motivo beneficiarse con la redención de pena; en ese contexto, los accionantes pueden acceder a los otros beneficios que dispone la citada ley como ser el extramuro o la libertad condicional, lo que implica que pueden gozar del derecho a una libertad previo al cumplimiento de las condiciones y reglas que disponga el juez de ejecución penal; y, 2) La dilación incurrida por la Secretaria hoy accionada está vinculada a la libertad de locomoción de los accionantes, más aun si los mismos se encuentran detenidos dos años, siete meses y diez días al 5 de mayo de 2022, según el Certificado de Permanencia y Conducta; en consecuencia, aplicándose la excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, se tiene que la mencionada Secretaria incumplió lo previsto por los art. 94 num. 6 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 180 de la CPE respecto al principio de celeridad. Correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 17 de junio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por Edver Quizo Ajno y Juan Carlos Quizo Choque -hoy accionantes-, con la suma “CUMPLE LO OBSERVADO Y ADJUNTA LITERALES Y SOLICITA SE SEÑALE DIA Y HORA DE AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REDENCIÓN” (sic), adjuntaron copias legalizadas de sus mandamientos de detención preventiva en cumplimiento a lo observado en el cómputo de la pena emitido por Edith Torres Camacho, Secretaria del referido Juzgado -ahora coaccionada- (fs. 11 y vta.), mereciendo el decreto de 20 de igual mes y año, que dispuso “Por adjuntada la documentación que antecede y en atención a la misma por secretaría del juzgado a la brevedad posible elabórese el informe de computo de pena y redención conforme lo instruido en la decreto de fecha 18 de mayo de 2022” (sic [fs. 12]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, -se infiere a la libertad-, así como al principio de celeridad; puesto que ante su solicitud de redención de pena, por decreto de 18 de mayo de 2022, se ordenó a la Secretaria ahora accionada que realice el cómputo de pena; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -24 de junio de igual año-, dicho cómputo no fue elaborado, dilatando de manera indebida la tramitación de solicitud de redención de pena. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Esta modalidad de la acción de libertad busca que toda autoridad, ya sea administrativa o judicial, que tenga bajo su conocimiento una solicitud o trámite que se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad, deberá actuar bajo el principio de celeridad evitando dilaciones indebidas, buscando su efectivización y materialización en procura de evitar una vulneración de dicho derecho.

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que:“…este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Del beneficio de redención de pena y su vínculo con el derecho a la libertad

La SCP 0061/2021-S2 de 20 de abril, citando a la SCP 0579/2018-S4 de 28 de septiembre, estableció que: “Si bien de manera general, puede afirmarse que los beneficios penitenciarios son mecanismos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención; la materialización de tales beneficios importan en contrapartida la obligación positiva de los Estados de adoptar las medidas que fueren necesarias tendientes a garantizar la reinserción del penado en la sociedad…

Consiguientemente, si bien dichos beneficios no constituyen per se, en un derecho fundamental, sino más bien una opción político criminal, en determinados casos, dada su trascendental incidencia en el derecho a la libertad de las personas privadas de éste, pues su procedencia podría modificar sustancialmente su situación, en aplicación de los principios pro homine y reinserción social, se asume que éstos tienen una directa vinculación con el derecho a la libertad personal, de ahí que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad, cuya configuración constitucional tiene por la finalidad la protección y garantía del derecho a la libertad física y o de locomoción de las personas ante actos u omisiones que restrinjan o amenacen el pleno ejercicio de este derecho, -sin perjuicio de la tutela del derecho a la vida e integridad física-.

Por tanto, con base en el razonamiento precedente, se tiene que el beneficio de redención, tiene una vinculación directa con el derecho a la libertad personal, cuyo accesibilidad –previo de los requisitos establecidos por ley– se convierte a su turno, en un derecho exigible, por lo que, los aspectos relativos a su consideración y tramitación pueden ser tutelados a través de la acción de libertad, consagrada en el art. 125 de la CPE; y, del CPCo, ello sin perjuicio del principio de subsidiariedad excepcional previsto por la jurisprudencia constitucional” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, -se infiere a la libertad-, así como al principio de celeridad; puesto que ante su solicitud de redención de pena, por decreto de 18 de mayo de 2022, se ordenó a la Secretaria ahora accionada que realice el cómputo de pena; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa -24 de junio de igual año-, dicho cómputo no fue elaborado, dilatando de manera indebida la tramitación de solicitud de redención de pena. De los antecedentes que cursan en antecedentes, se tiene que mediante memorial presentado el 17 de junio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por Edver Quizo Ajno y Juan Carlos Quizo Choque -hoy accionantes-, con la suma “CUMPLE LO OBSERVADO Y ADJUNTA LITERALES Y SOLICITA SE SEÑALE DIA Y HORA DE AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REDENCIÓN” (sic), adjuntaron copias legalizadas de sus mandamientos de detención preventiva en cumplimiento a lo observado en el cómputo de pena emitido por Edith Torres Camacho, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz ahora accionada, mereciendo el decreto de 20 de ese mes y año, que dispuso “Por adjuntada la documentación que antecede y en atención a la misma por secretaría del juzgado a la brevedad posible elabórese el informe de computo de pena y redención conforme lo instruido en la decreto de fecha 18 de mayo de 2022” (sic [Conclusión II.1.]).

Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario aclarar en cuanto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, se tiene que conforme a lo establecido en la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo: “…adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son nuestras); por consiguiente, la Secretaria ahora accionada al incurrir en los supuestos b) y c), cuenta con legitimación pasiva en esta acción de defensa.

Ahora bien, de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional se tiene que el acceso al beneficio de la redención de penas por trabajo y estudio, se encuentra subordinado al cumplimiento de condiciones y reglas que implican trámites a cargo del personal de apoyo jurisdiccional o Directores de establecimientos penitenciarios, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones se encuentra constreñido a observar los principios pro homine y reinserción social, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los internos, de ahí que la jurisprudencia constitucional señala que los aspectos procedimentales de su consideración y tratamiento por parte de las autoridades llamadas por ley, pueden, ante eventuales vulneraciones al debido proceso, ser tutelables a través de la acción de libertad.

En ese contexto, se advierte que la Secretaria hoy accionada, no obstante de que por decreto de 18 de mayo de 2022, se le ordenó realizar el respectivo cómputo de pena, recién el 17 de junio de ese año, emitió un informe observando falta de documentación, incurriendo de esta manera en una primera dilación; posteriormente, en la misma fecha ante el memorial por el que los accionantes subsanaron lo observado por dicha Secretaria, por decreto de 20 de ese mes y año, se dispuso “Por adjuntada la documentación que antecede y en atención a la misma por secretaría del juzgado a la brevedad posible elabórese el informe de computo de pena y redención conforme lo instruido en la decreto de fecha 18 de mayo de 2022” (sic); sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa, 24 de junio de 2022, no se realizó dicho cómputo, dejando que el tiempo transcurra superabundantemente, ocasionando de esta manera una vulneración a los derechos de los accionantes, olvidando que las solicitudes en las que se encuentra involucrado el derecho a la libertad deben ser tratadas con la debida celeridad, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, si bien la Secretaria ahora accionada incurrió en dilaciones indebidas, se exhorta al Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, tener mayor control respecto a su personal subalterno, sobre todo en las solicitudes en las que se encuentra vinculados al derecho a la libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 163/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0368_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 915837f01589c3ffafb4f37d8bcb033d6851f0882b14c2dc68e9c7bf8d5f5c44

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