Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que; ante la solicitud de cesación a su detención preventiva, la autoridad demandada, habría programado y celebrado la audiencia de consideración de su medida (17 de diciembre de 2021), sin haberle notificado con la misma ni a su abogada defensora, pese que un día anterior, le manifestaron que no había ningún señalamiento; y, que además, de disponer la suspensión del citado acto procesal ni fijar otra audiencia; determinó, que vuelva a efectuar su solicitud, mediante un nuevo memorial; extremos que se constituirían, en una afectación a su derecho de libertad; puesto que, al estar con detención preventiva por más de seis años, se debería dar la celeridad necesaria a su solicitud de cesación. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 35/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciado por el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; disponiendo que de no haberse realizado la audiencia solicitada por Evert Choque Quispe, ésta sea verificada en el plazo máximo de tres días computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0368/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45166-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 35/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Eugenia Quispe Condori en representación sin mandato de Evert Choque Quispe contra Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2021, cursante de fs. 9 a 11; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por el presunto delito de abuso sexual; estando con detención preventiva desde el 11 de febrero de 2015, en el Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz; mediante memorial de 15 de diciembre de 2021, solicitó cesación a su referida medida; ante lo cual, por providencia de igual fecha, se señaló audiencia para el 17 del citado mes y año, a las 8:30; empero, en la mencionada fecha, además de instalarse el acto procesal programado, sin haberle notificado con el mismo, a su abogado defensor, no se cumplió con las formalidades de rigor; toda vez que, en virtud a ello, se debió de fijar una nueva audiencia; sin embargo, dicho verificativo fue suspendido, sin señalamiento; pese que por Secretaria, se informó que no se habían cumplido con todas las formalidades de rigor; por lo que, se encontraría indebidamente procesado; puesto que, en su condición de detenido preventivo, se debió dar la celeridad necesaria a su solicitud de cesación.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 115.II, 125 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se les conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se proceda a señalar día y hora de audiencia de consideración de su cesación a la detención preventiva de forma inmediata y sin mayor formalidad alguna.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta., presente la parte accionante, y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogada, en audiencia, ratificó de forma íntegra su demanda de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que: a) Conforme a los arts. 232 y 239.1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), mediante memorial de 15 de diciembre de 2021, solicitó cesación a su detención preventiva ante el Juez del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–; por lo que, en virtud a ello, se comunicó vía teléfono con el personal del citado Tribunal, el 16 del referido mes y año; mismos que le indicaron que, no había ningún señalamiento de audiencia; sin embargo, sorpresivamente tuvieron conocimiento que se habría convocado para dicho verificativo el 17 del citado mes y año, a las 8:30; b) Conforme al Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medida Cautelar de la mencionada fecha, misma que recién fue puesta en su conocimiento el día de ayer (28 de diciembre de 2021), establece según al informe de la Secretaria del indicado Tribunal, que se hubiere cumplido con todas las formalidades de rigor; es decir, se habría procedido con la notificación a todos los sujetos procesales, dentro del presente caso, con el fin de que se desarrolle dicho verificativo; c) Ante su solicitud y consulta a la Coordinadora Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante documentación emitida, la misma señalaría y determinaría, los actos procesales que fueron derivados por parte del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; en el cual, se advierte que, solamente han sido derivados, para este proceso penal, las notificaciones al Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y “al director de recinto penitenciario y otra dirigida al Gobernador de san pedro” (sic); por lo que, sería lógico que la autoridad demandada (en la señalada audiencia), hubiese hecho la verificación correspondiente, como director del proceso, sobre las actuaciones de su Juzgado, y advertir que no se consignaba todos los elementos o notificaciones al efecto, y donde de manera maliciosa, la Secretaria de su despacho, hubiere informado al respecto; d) Además, conforme a las diligencias de notificación, ninguna estaba dirigida a su defensa técnica, y menos al Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz; sin embargo, pese que no se cumplió con las formalidades de ley, el Juez ahora demandado, se limitó a suspender el acto procesal señalado, sin fijar otro nuevo; e) La autoridad demandada; referiría que, no haga ningún problema, y que consignara una nueva solicitud de audiencia; empero, esto involucraría una retardación innecesaria, ante su privación de libertad, y con respecto al debido proceso que guarda la celeridad correspondiente; más aún, considerando que estaría con detención preventiva por más de seis años, y diez meses; y, f) Habría presentado su acción tutelar, con carácter innovativo, con el fin de que las actuaciones del Juez hoy demandado, no se limite a consignar una suspensión de audiencia, sin su señalamiento, y al margen de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, y su modificación por la Ley 1173; es decir, que ante su solicitud de cesación a la detención preventiva, y considerando las características de la misma, se convoque a nuevo acto procesal, conforme al procedimiento y dentro del plazo legal establecido, y sea el señalamiento de oficio, sin determinar mayor formalismo, que va más allá de lo que establece su defensa técnica. En su derecho a la réplica, manifestó que: 1) El día de ayer (28 de diciembre de 2021), tuvo conocimiento del Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelar de 17 de igual mes y año, donde la Secretaría del referido Tribunal, les refirió que el Juez demandado, revisó las notificaciones; 2) Realizaron el seguimiento de su proceso, a través de la “auxiliatura del teléfono celular habilitado por el Consejo de la Magistratura” (sic), haciendo referencia si tenía señalamiento de audiencia; empero, en la primera citada fecha, a su abogada defensora, le mostraron dicha Acta con suspensión; 3) Ante el acto procesal suspendido de 17 de diciembre de 2021, donde hubiera trascurrido once días, no se apersonaron al citado Juzgado; toda vez que, al haber realizado el seguimiento de su proceso, el 16, 17 y 20 del referido mes y año, no habría ningún señalamiento de audiencia; que ante su reclamo, le indicaron que había acefalia de un juez, y que sería convocado mediante oficio; sin embargo, dicho actuado ya fue diligenciado el 15 de igual mes y año; y, 4) Contra el Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelar de 17 del indicado mes y año, no presentó ningún recurso; puesto que, al ser un detenido preventivo, se estaría ante un tema de subsidiariedad; es decir, si presentaría un recurso de apelación o de reposición contra la misma, tendría un mayor formalismo o en su defecto le estarían pidiendo que consigne un nuevo señalamiento de audiencia; cuando el Juez demandado, incurrió en un error material; toda vez que, no podía convocar audiencias, sin haber notificado a las partes procesales.
Germán Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: i) Conforme al memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, presentado por el accionante el 15 de igual mes y año, señaló audiencia para el 17 del citado mes y año, a las 8:30; que según al desarrollo de la misma, se “remitiría” al contenido del Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelar de 17 del indicado mes y año; ii) Contra lo determinado en el acto procesal de la citada fecha, ante el aludido Tribunal (de turno por vacación judicial), hasta la fecha, no se interpuso, conforme a procedimiento, recurso alguno, ni tampoco se presentó por el impetrante de tutela, nueva solicitud de audiencia; y, iii) Siendo que, lo dispuesto en dicho verificativo, no causaría estado, la pretensión efectuada en esta acción tutelar, no se encontraría inmersa en los alcances del art. 125 de la CPE, por no agotarse la subsidiariedad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 35/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Conforme al Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelares de 17 del indicado mes y año; al momento de instalarse la señalada audiencia, por Secretaria del referido Tribunal; se informó que, las partes se encontraban notificadas para dicho verificativo (aspecto que el Juez demandado tomó en consideración); misma que, estuvieron ausentes el accionante, como su defensa técnica; situación por el cual, la autoridad demandada, dispuso la suspensión del aludido acto procesal, sin señalar nueva audiencia; y, debiendo el impetrante de tutela, en caso de persistir con su solicitud, volver a efectuar la misma, mediante otro memorial; es así que, ante lo expuesto, se debería de considerar, que las funciones de la secretaria y secretarios, se encontrarían establecidas en el art. 56 del CPP, siendo una de ellas, el de asistir a la Jueza, al Juez o Tribunal en audiencia, para garantizar el desarrollo del mismo; por lo que, y justamente por el informe efectuado por la Secretaría del citado Tribunal, la autoridad demandada, determinó la suspensión de dicho verificativo; b) Conforme a los antecedentes del proceso, y lo señalado por la abogada defensora del accionante, en esta audiencia de acción de defensa, no interpuso recurso alguno, ni se presentó ningún memorial de solicitud de audiencia, pese que la misma, tenía conocimiento de lo dispuesto en el acto procesal suspendido; por lo que, la precitada defensa técnica, actuó de manera negligente; toda vez que, en su calidad de abogada defensora, tenía la obligación de realizar los actos necesarios, para que su patrocinado – impetrante de tutela–, tenga acceso a una justicia de manera efectiva y oportuna, conforme el art. 9 núm. 3 de la Ley de la Abogacia –Ley 387 de 9 de junio de 2013–; máxime cuando la misma se apersonó al referido Tribunal, once días después de la audiencia suspendida; c) Si bien la acción de libertad, no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; empero, cuando la persona previo a interponer esta acción de defensa, tiene a su alcance otros mecanismos procesales idóneos, para la protección inmediata de los derechos afectados, debe utilizarlos previamente; por lo que, la acción de defensa, operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de haberse agotado estas vías específicas; y, d) Asimismo, el recurso de reposición previsto en el art.
401 del CPP, es el medio idóneo para la protección inmediata de los derechos afectados por un decreto o una providencia, con el fin de que el Juez advertido de su error, pueda revocar o modificar los mismos; por lo que, en el caso presente, la parte accionante, al percatarse de la suspensión de la audiencia solicitada, no interpuso el recurso de reposición, previsto en dicha norma procesal, contra la providencia de suspensión del acto procesal de 17 de diciembre de 2021, a fin de que el Juez hoy demandado, corrija el supuesto error cometido; es así que, al no haberse agotado conforme a la normativa ordinaria, en el presente caso, se advierte la concurrencia del principio de subsidiariedad, con relación a la autoridad citada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante providencia de 15 de diciembre de 2021, el Juez del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva por Evert Choque Quispe –hoy accionante–, señaló audiencia virtual para el 17 de igual mes y año, a las 8:30; debiendo notificarse la misma, por la Oficina Gestora de Procesos; de lo cual, cursa formularios de notificaciones realizadas vía WhatsApp el 15 del citado mes y año, al Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Director del Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, y “Gobernador de San Pedro” (fs. 3; y, 4 a 7). II.2. Cursa Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medida Cautelar de 17 de diciembre de 2021, donde la autoridad demandada, ante el informe de la Secretaria del citado Tribunal; misma que, señaló que todas las partes estaban notificadas con la citada audiencia, y donde se advierte la presencia del Ministerio Público, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y ausentes el impetrante de tutela, como su defensa técnica; la citada autoridad, ante el precitado informe, y la ausencia de la parte accionante, dispuso la suspensión del acto procesal programado, sin nuevo señalamiento, y determinando que el solicitante de tutela, en caso de persistir en su requerimiento, debería volver a efectuar la misma, mediante un nuevo memorial (fs. 8 y vta.). II.3. Conforme al Reporte de Notificaciones Derivadas a la Oficina de Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por parte del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del mismo departamento, hasta el 16 de diciembre de 2021; se advierte, las notificaciones al Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Director del Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, y al “Gobernador de San Pedro” (fs. 17 a 19).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que; ante la solicitud de cesación a su detención preventiva, la autoridad demandada, habría programado y celebrado la audiencia de consideración de su medida (17 de diciembre de 2021), sin haberle notificado con la misma ni a su abogada defensora, pese que un día anterior, le manifestaron que no había ningún señalamiento; y, que además, de disponer la suspensión del citado acto procesal ni fijar otra audiencia; determinó, que vuelva a efectuar su solicitud, mediante un nuevo memorial; extremos que se constituirían, en una afectación a su derecho de libertad; puesto que, al estar con detención preventiva por más de seis años, se debería dar la celeridad necesaria a su solicitud de cesación. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0696/2019-S4 de 28 de agosto, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʼ”. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…)
De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva,… (…)
…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertad” Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas
En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS).
I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal.
En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.
Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.
Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.
Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento.
La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación.
La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.
Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas nos pertenecen).
Así también, la SCP 0237/2020-S4 de 23 de julio, haciendo referencia a la SCP 0247/2012 de 29 de mayo, estableció que: ”Si bien esta Sentencia Constitucional desarrolló las sub reglas referentes a que debe considerarse un acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva; pero, razonando que no existe dilación indebida cuando se suspende la audiencia de medidas cautelares por falta de notificación, debiendo fijarse nueva fecha; sin embargo, este razonamiento debe precisarse, en el sentido de que la autoridad judicial en el trámite de la cesación de la detención preventiva, no debe prolongar de forma indefinida la suspensión de audiencias de medidas cautelares, con el simple justificativo de proceder de esa forma, por una falta de notificación a las partes procesales o por una carencia de medios técnicos que pueden ser suplidos por otros. Con mayor razón, cuando la normativa procesal penal, establece en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la obligatoriedad de la notificación de las resoluciones al día siguiente de ser dictadas…ʼ Ahora bien, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial efectuado, se establece que en la tramitación de consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad judicial encargada de dicha tramitación, deberá realizarla con la mayor celeridad posible, no siendo un justificativo válido la falta de notificación de las partes procesales; por cuanto la misma es obligación suya. Al respecto, el art. 239 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización–, establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo estos los siguientes: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”; de lo expuesto, se concluye que de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo, el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días; un actuar contrario, supondría una dilación indebida” (las negrillas corresponden al texto original).
En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, ante la solicitud de cesación a su detención preventiva, la autoridad demandada, habría programado y celebrado la audiencia de consideración de su medida (17 de diciembre de 2021), sin haberle notificado con la misma ni a su abogada defensora, pese que un día anterior, le manifestaron que no había ningún señalamiento; y, que además, de disponer la suspensión del citado acto procesal, ni fijar otra audiencia; determinó, que vuelva a efectuar su solicitud, mediante un nuevo memorial; extremos que se constituirían, en una afectación a su derecho de libertad; puesto que, al estar con detención preventiva por más de seis años, se debería dar la celeridad necesaria a su solicitud de cesación. Identificada la problemática planteada y la pretensión del accionante, que motivaron la interposición de esta acción de defensa, es necesario efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso penal de origen, en el que se habrían suscitado las actuaciones hoy cuestionadas de lesivas de derechos vía acción de libertad; de donde se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Evert Choque Quispe –ahora impetrante de tutela–, a instancia del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por el presunto delito de abuso sexual; al estar el mismo con detención preventiva, desde el 11 de febrero de 2015, en el Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro”
de La Paz; mediante memorial de 15 de diciembre de 2021, solicitó cesación a su referida medida; que en respuesta, por providencia de igual fecha, el Juez del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del departamento de La Paz –hoy demandado–, señaló audiencia virtual para el 17 de igual mes y año, a las 8:30; y, ordenando la notificación con la misma, por la Oficina Gestora de Procesos; de lo cual, cursa formularios de notificaciones realizadas vía WhatsApp el 15 del citado mes y año, al Ministerio Público, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Director del Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, y “Gobernador de San Pedro” (Conclusión II.1). Realizado el acto procesal programado, cursa el Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medida Cautelar de 17 de diciembre de 2021, donde la autoridad demandada, ante el informe de la Secretaria del citado Tribunal, misma que señaló que todas las partes estaban notificadas con la referida audiencia, en el cual se advierte la presencia del Ministerio Público, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y ausentes el impetrante de tutela, como su defensa técnica; la citada autoridad, ante el precitado informe, y la ausencia de la parte solicitante de tutela, dispuso la suspensión del referido acto procesal, sin fijar nuevo señalamiento, y determinando que el accionante, en caso de persistir en su requerimiento, debería volver a efectuar el mismo, mediante un nuevo memorial (Conclusión II.2). Asimismo, cursa Reporte de Notificaciones Derivadas a la Oficina de Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, realizadas por parte del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero del mismo departamento, hasta el 16 de diciembre de 2021; de donde se advierte, las notificaciones al Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Director del Centro Penitenciario de “San Pedro de Chonchocoro” de La Paz, y al Gobernador de San Pedro –se entiende para la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del accionante, programada para el 17 de igual mes y año– (Conclusión II.3). Por otra parte, se tiene lo manifestado por la parte impetrante de tutela, en la audiencia de acción tutelar, referido a que ante la solicitud de cesación de su medida (15 de diciembre de 2021), se comunicó vía telefónica con el personal del citado Tribunal el 16 del referido mes y año, mismos que le indicaron que no había ningún señalamiento de audiencia; sin embargo, recién el 28 del citado mes y año, tuvo conocimiento del Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medida Cautelar de 17 del mencionado mes y año, donde se habría convocado para dicho verificativo en la indicada fecha a las 8:30; que según al informe de la Secretaria del referido Tribunal, se hubiere cumplido con todas las formalidades al haber notificado a todos los sujetos procesales con la merituada audiencia; empero, conforme al precitado Reporte de Notificaciones Derivadas a la Oficina de Gestora de Procesos, realizadas por parte del señalado Tribunal de Sentencia, se advierte que solo fueron notificados las otras partes, y no su abogada defensora; y, que además, de disponer la suspensión del aludido acto procesal, por lo señalado anteriormente, el Juez demandado, no fijó nueva fecha de audiencia, más al contrario determinó que se realice una nueva solicitud de cesación, extremos que involucraría una retardación innecesaria a su privación de libertad, y al debido proceso que guarda la celeridad correspondiente. Por último, se tiene lo manifestado por la autoridad demandada, en su informe presentado en esta acción tutelar, donde refiere que, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada por el accionante el 15 de diciembre de 2021, señaló audiencia para el 17 del citado mes y año, a las 8:30; y, que según al desarrollo de la misma, se “remitía” al contenido de la mencionada Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelares, y que contra lo determinado en el citado acto procesal, hasta la fecha, no se interpuso, conforme a procedimiento, recurso alguno ni tampoco presentó el impetrante de tutela, nueva solicitud de audiencia.
Con base a dichos antecedentes se tiene que, conforme al Fundamento Jurídico II.2 del presente fallo constitucional, la solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. En ese entendido, conforme a lo expuesto en la presente acción tutelar, se advierte que ante la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada por el accionante, el 15 de diciembre de 2021, se tuvo la providencia de igual fecha, donde el Juez demandado, señaló audiencia de consideración de dicha medida, para el 17 del citado mes y año, a la 8:30, y que si bien dicho acto se encontraba dentro del plazo de cuarenta y ochos horas previsto en la normativa procesal penal; sin embargo, se advierte que, conforme al Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelares de aludida fecha, el citado acto procesal programado, fue suspendido “sin fecha”. En consecuencia, como se estableció previamente, si bien se suspendió la audiencia de consideración de medidas cautelares –en el presente caso por ausencia de la parte accionante–, correspondía a la autoridad hoy demandada fijar nueva fecha y no prolongar de forma indefinida la suspensión de la citada audiencia y menos señalar que se debería presentar un nuevo memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, pues la normativa vigente –art. 113 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– es expreso al determinar que la autoridad judicial ante la incomparecencia del imputado y su abogado defensor, la autoridad demandada, debió hacer uso de su poder ordenador y disciplinario para disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los mismos, y en su caso señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles, que al no ocurrir de esa forma, el Juez demandado, dilató de manera injustificada la consideración de la solicitud de cesación a su detención preventiva del impetrante de tutela, que trajo como consecuencia ineludible, la afectación del derecho a la libertad personal del mismo.
En este sentido, la conducta asumida por el Juez hoy demandado, además de suspender el acto procesal programado, sin las condicionantes establecidas en la norma adjetiva penal, y no haber señalado nueva audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva del accionante, dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, resulta contrario al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, y los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en consonancia con el 30.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); consiguientemente, por lo expuesto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tipología de la acción de libertad, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas.
Se aclara que la concesión otorgada en la presente acción tutelar únicamente abarca el acto de consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva en el marco de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, y no así sobre el fondo de la situación jurídica del impetrante de tutela –libertad– pues dicha decisión corresponderá a la autoridad jurisdiccional quien deberá asumir una decisión en el marco de la normativa legal vigente y los tratados y convenios internacionales sobre el juzgamiento con perspectiva de género y protección reforzada a las víctimas de agresión sexual a fin de evitar una posible revictimización.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 35/2021 de 29 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciado por el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; disponiendo que de no haberse realizado la audiencia solicitada por Evert Choque Quispe, ésta sea verificada en el plazo máximo de tres días computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0368_2023-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): cb3f791c6bca21733b00d0b1af02da0c91392dc07f14d4521bebca411090d215
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