B.IA.LEGAL

SCP 0367/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
51039-2022-103-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; toda vez que, dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido en su contra, se declaró probada la demanda y se ordenó la restitución del bien inmueble, bajo alternativa de emitir Mandamiento de Desapoderamiento; por lo que, una vez apelada dicha decisión, los demandados a momento de dictar el Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, omitieron pronunciarse respecto al punto apelado sobre el lanzamiento que ya fue ejecutado el 3 de marzo de 2011, como si tal acto procesal jamás hubiera ocurrido; esta omisión ocasiono que el Juez de la causa, continúe realizando actos tendientes a desapoderarle de su vivienda, lo que se demuestra por el Auto de 4 de agosto de 2022. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 101/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 60 a 63, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos congruencia externa e interna, disponiéndose que queda sin efecto el Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, consiguientemente deberán las autoridades demandadas, emitir una nueva resolución conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2024-S1 Sucre, 29 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 51039-2022-103-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 101/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 60 a 63, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Euhirosina Pupuisiri Solíz contra Roberto Ismael Nacif Suárez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil, Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022 cursante de fs. 25 a 28 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedente, señala que dentro el proceso Interdicto de Recobrar la Posesión seguida en su contra por Victoria Rea Chávez, se emitió la Sentencia 81/10 de 16 de diciembre de 2010, que dispuso la entrega voluntaria del bien inmueble que habitaba, bajo alternativa de expedirse Mandamiento de Desapoderamiento, y al no haberlo entregado, se ejecutó el citado mandamiento el 3 de marzo de 2011, lo que determinó la conclusión definitiva del referido proceso. Posteriormente, su persona ingresó nuevamente al inmueble el 8 de octubre de 2013, lo que generó que el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, ordenara nuevamente el desapoderamiento del lote de terreno. El citado Juez, a petición de la impetrante de tutela, dispuso el 13 de mayo de 2021, que en el plazo de diez días su persona entregue voluntariamente el lote y si incumplía, libraría el Mandamiento de Desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública, siendo que éste ya carecía de competencia en razón a que el 3 de marzo de 2011, dicho actuado fue ejecutado, habiendo causado la conclusión del litigio. El 2 de junio de 2021, planteó incidente de nulidad de obrados, y el Juez rechazó dicho incidente, argumentando que según certificación del Oficial de Diligencias se señaló que el 3 de marzo de 2011 procedió a la ejecución del Mandamiento de Desapoderamiento, pero también indicó que no se ejecutó el lanzamiento, señalando además que según el Auto Interlocutorio de 8 de octubre de 2013, se ordenó nuevamente el Desapoderamiento y que el mismo, no fue cumplido. Por ello, el 9 de septiembre de 2021, interpuso Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación, fundamentando que el 3 de marzo de 2011 se ejecutó lo dispuesto en la Sentencia lo cual consta en el acta de lanzamiento; por lo que, al disponerse nuevamente el Desapoderamiento, el acto se encontraría viciado de nulidad por haber sido dictado por una autoridad sin competencia. En mérito a esos antecedentes, señala que remitido su Recurso de Apelación ante los Vocales ahora demandados, éstas autoridades por Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, confirmaron la resolución impugnada señalando que: a) La Sentencia 81/10 dispuso la restitución del inmueble en diez días y en caso de incumplimiento se ordenaría el desapoderamiento; y, b) Dicho mandamiento de 8 de octubre de 2013 no fue ejecutado, lo que demostraría que el proceso no concluyó. Si se observa lo expuesto en su Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación, se advierte que señalaron que a horas 10:20 del 3 de marzo de 2011, se ejecutó el Mandamiento de Desapoderamiento, tal cual la certificación del Oficial de Diligencias; lo que se encuentra corroborado por la firma de la demandante en el acta de lanzamiento de esa fecha. No obstante, los Vocales demandados a momento de dictar el Auto de Vista 71/2022, omitieron pronunciarse sobre el punto apelado respecto al lanzamiento ejecutado el 3 de marzo de 2011, como si tal acto procesal jamás hubiera ocurrido. Esta omisión de los Vocales, ocasionó que el Juez de la causa continúe realizando actos tendientes a desapoderarle de su vivienda, demostrado por el Auto de 4 de agosto de 2022, el cual ordenó que en el plazo de diez días proceda a desalojar la vivienda bajo alternativa de ordenar el desapoderamiento con el auxilio de la fuerza pública.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y se disponga la nulidad del Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, ordenando a los demandados se emita un nuevo fallo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Roberto Ismael Nacif Suárez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil, Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pese a su legal notificación conforme las diligencias cursantes a fs. 32, no presentaron informe escrito, ni se presentaron en la audiencia señalada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Victoria Rea Chávez, a través de informe escrito cursante de fs. 51 a 52 y en audiencia, refirió que: 1) La incidentista no demostró los principios de perjuicio, trascendencia e indefensión, debiendo alegar el daño o perjuicio sufrido; prueba del perjuicio; y, el interés jurídico que se procura subsanar; en conclusión no identificó la desventaja en el acto impugnado o viciado; 2) La accionante señaló que el Auto emitido por los Vocales demandados omitieron pronunciarse respecto al supuesto acto sui generis de lanzamiento de 3 de marzo de 2011 3) Sobre lo aludido, los Vocales se pronunciaron amplia y contundentemente citando la aplicación de los arts. 6 y 397 del CPC, citando el último actuado procesal “a fs. 109”, que no se ejecutó el mandamiento a desapoderar; y, 4) Por verdad material la peticionante de tutela presentó Memorial el 16 de septiembre de 2013, solicitando Señalamiento de Audiencia de Conciliación ante el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, reconociendo en el mismo, que “…SE SUSPENDIA LA EJECUCION DEL MANDAMIENTO DE LANZAMIENTO QUE HABRIA LIBRADO SU AUTORIDAD” (sic); de ello se puede advertir la actuación temeraria de la impetrante de tutela que sirviéndose de artificios, que hasta la fecha no se ha dado integro cumplimiento a la sentencia 81/10; por lo cual, solicitó se rechace la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, a través de Resolución 101/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 60 a 63, concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, debiendo emitir un nuevo fallo, señalando que: i) Identificada la problemática planteada y establecidos los antecedentes procesales, se advierte que la parte accionante cuestionó la determinación asumida por los Vocales ahora demandados, denunciando expresamente que el mismo contiene una incongruencia, que vulnera su derecho al debido proceso, por cuanto omitieron pronunciarse respecto a lo denunciado en su Recurso de Apelación en sentido que el acto de lanzamiento fue ejecutado el 3 de marzo de 2011 y que los actos realizados posterior a la indicada fecha, son total y completamente nulos; ii) Bajo ese contexto, para resolver la denuncia de incongruencia, corresponde conocer cuáles fueron los argumentos expuestos por las autoridades demandadas para confirmar la resolución impugnada; así se tiene que dichas autoridades, identificaron los siguientes agravios denunciados como lesivos a sus derechos: ii.a) La sentencia dictada resolvió que la demandada entregue el inmueble a la accionante de manera voluntaria, y que en caso de no entregarse el mismo en el término establecido por su autoridad, se procedería al desapoderamiento del bien con intervención de la fuerza pública; es decir de manera forzosa, en el presente caso se tiene que para el cumplimiento de la sentencia se tuvo que recurrir a la fuerza pública; ii.b) A horas 10:20 de 3 de marzo del 2011 se ejecutó el desapoderamiento del inmueble, tal como consta en el Acta de Lanzamiento, en la cual el Oficial de Diligencias certifica que fue debidamente ejecutado y que el inmueble fue entregado a la impetrante de tutela, con el desapoderamiento del inmueble, la sentencia se la tiene por cumplida y por tanto concluido el litigio, encontrándose plenamente demostrado, probado y comprobado, en aplicación de la norma contenida en el art. 16 núm. 4 del CPC, la cual prescribe que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado litigio cuando éste concluye, corresponde a su autoridad declarar la nulidad de todos los actuados realizados con posterioridad a la ejecución del desapoderamiento; y, ii.c) Que, debe tomarse en cuenta que la actuación en una causa dentro de la cual la autoridad perdió competencia, el art. 188.I núm. 10 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010- lo considera una falta gravísima; iii) A momento de resolver el Recurso de Apelación, las autoridades demandadas manifestaron los siguientes argumentos: iii.1) La Resolución Recurrida, Auto de 14 de julio del 2021, se tiene que la Sentencia 88/10, declara: PROBADA la demanda de INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN, y en consecuencia, se ordena la restitución inmediata del bien objeto del despojo; iii.2) El Auto Interlocutorio 488/13, de 8 de octubre de 2013, señalando de manera textual, que al no haber desocupado la demandada el inmueble en el plazo concedido, POR ÚLTIMA VEZ SE ORDENA, DESAPODERAR el lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Vecinal lote 28 - manzano A, Bloque B - calle 27 y 7 inscrito en Derechos Reales (DD.RR) bajo matrícula computarizada 8.01.1.01.0012742; iii.3) De la revisión de actuados procesales se puede constatar que no se dió cumplimento de lo ordenado en Sentencia, así como también, no se ejecuto el mandamiento ordenado mediante auto de fs. 109, en consecuencia, la sentencia y orden de restitución siguen vigentes, no habiendo concluido el proceso; iii.4) El incidente planteado fue rechazado por que la parte recurrente, no probó las causales que impliquen una nulidad de obrados y/o estado de indefensión en el trascurso del proceso, además de que se tiene por demostrado que la sentencia de primera instancia la cual tiene calidad de cosa juzgada; y, iv) De la revisión y análisis del Auto de Vista objeto de la presente acción tutelar, esta Sala Constitucional, advierte que las autoridades demandadas a momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la ahora accionante, omitieron pronunciarse respecto a lo denunciado, en el sentido de que el acto de lanzamiento fue ejecutado el 3 de marzo de 2011, pese a que en el punto 2 de la Resolución impugnada, lo identifican como agravio reclamado en el Recurso de Apelación; incurriendo de esta manera en una incongruencia interna denunciado como lesivo; toda vez que, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico V.I de la presente Resolución de Sala Constitucional: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia" (sic); por lo que, la falta de respuesta por parte de las autoridades demandadas al segundo agravio identificado en el Auto de Vista 71/2022, denota la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, lo que contradice el principio procesal de congruencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido por Victoria Rea Chávez en contra de Euhirosina Pupuisiri Soliz, ahora accionante, el Juez de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento del Beni, el 16 de diciembre de 2010, emitió la Sentencia 81/10 que declaro PROBADA LA DEMANDA y ordenó la restitución inmediata del bien objeto del despojo (fs. 3 a 4 vta.). II.2. El 18 de febrero de 2011, el Juez de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento del Beni, emitió el mandamiento de lanzamiento dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido por Victoria Rea Chávez en contra de la ahora peticionante de tutela, ordenando al oficial de diligencias proceda al lanzamiento de los ocupantes del inmueble ubicado en la Villa Vecinal, Manzano A, Bloque B, registrado bajo la Matrícula Computarizada 8.01.1.01.0012742 a favor de Victoria Rea Chávez (fs. 5). II.3. Consta Acta Pública de Lanzamiento de 3 de marzo de 2011, firmado por Dalmar Víctor Hurtado Antelo, Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento del Beni, que establece que se procedió al lanzamiento de los ocupantes del inmueble ubicado en la Villa Vecinal, Manzano A, Bloque B, sobre la calle 27, registrado bajo la Matricula Computarizada 8.01.1.01.0012742 (fs. 6 a 7). II.4. Cursa Informe de 3 de septiembre de 2013 de la oficial de diligencias del Juzgado de Instrucción Civil Primero de la Capital del departamento del Beni, en suplencia legal de su similar tercero, emitido dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión en el cual puso en conocimiento del Juez de la causa, que se hizo presente el 29 de agosto de 2013 en el lote 28 ubicado en calle 27, a objeto de dar cumplimiento al lanzamiento ordenado por Auto de 31 de julio de 2013. “…pero se llegó a suspender debido a que el abogado patrocinante de la demandante DR JOSE ALBERTO OJOPI LEIGUE y el presidente dela junta señor WILSON VACA VACA llegaron a un acuerdo en el cual le indicaba que iba a hablar con la demandada para que desocupe en el plazo de 15 días…” (sic [fs. 41]). Por Decreto de 6 de septiembre de 2013, el Juez de la causa, tuvo presente el informe disponiendo se acumule a sus antecedentes (fs. 41 vta.). II.5. Por Memorial de 16 de septiembre de 2013, la ahora impetrante de tutela, solicitó al Juez de Instrucción Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento del Beni, señale audiencia de conciliación dentro el proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido por Victoria Rea Chávez, con la finalidad de que el pre acuerdo de suspensión de la ejecución del mandamiento de lanzamiento arribado entre las dos partes involucradas, se plasme en realidad (fs. 42). II.6. Por Auto Interlocutorio 488/13 de 8 de octubre de 2013, el Juez de Instrucción Civil de la Capital del departamento del Beni, señalo que al no haber desocupado la demandada el inmueble, por última vez, ordenó al Oficial de Diligencias que proceda a Desapoderar el lote de terreno ubicado en la Villa Vecinal, Manzano A, Bloque B sobre la calle 27, registrado bajo la Matricula Computarizada 8.01.1.01.0012742, con facultad de allanamiento y con asistencia de la fuerza pública de acuerdo a los arts. 613 y 636 del Código de Procedimiento Civil (CPC [fs. 43)]. II.7. A través de Memorial de 2 de junio de 2021, Euhirosina Pupuisiri Soliz, ahora accionante, promovió Incidente de Nulidad de Obrados dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido por Victoria Rea Chávez ante el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, sobre todo lo actuado en la ejecución del mandamiento de Lanzamiento (fs. 8 a 9 vta.). Por Auto de 14 de julio de similar año, el prenombrado Juez rechazo el incidente de nulidad de obrados (fs. 11 a 13). II.8. Mediante Memorial de 9 de septiembre de 2021, la impetrante de tutela, interpuso ante el Juez de la causa Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación señalando, entre otros, que al haberse rechazado el incidente de nulidad de obrados, señalando que no se identificó el interés jurídico que se pretende satisfacer con la nulidad, además que el acto denunciado de irregular, no puede ser anulado, señalando en lo sustancial que:

“1) El litigio fue concluido dando cumplimiento efectivo a la sentencia; 2.- La sentencia dictada por su autoridad resolvió que la demandada entregue el inmueble a la demandante de voluntaria y que en caso de no entregarse el mismo por su autoridad, se procedería al término establecido por su autoridad, desapoderamiento del bien con intervención de la fuerza pública, es decir de manera forzosa. 3.- En el presente caso se tiene que para el cumplimiento de la sentencia se tuvo que recurrir a la fuerza pública. 4.- Que a horas 10:20 a.m. de fecha 3 de Marzo del 2011 se ejecutó el desapoderamiento del inmueble, tal como consta en el Acta de Lanzamiento inserta a fs. 63 de obrados, en la cual el señor Oficial de Diligencias certifica que el acto desapoderamiento fue debidamente ejecutado y que el inmueble fue entregado a la demandante. 5.- Con el desapoderamiento del inmueble, la sentencia se la tiene por cumplida y por tanto concluido el litigio. Señor Juez, de acuerdo a la norma contenida en el art. 16 Núm. 4 del Código Procesal Civil, la misma que textualmente dispone: "PERDIDA DE LA COMPETENCIA.- La autoridad judicial perderá competencia por: 4.- Conclusión del pleito." (sic). Señor Juez, considerando que en fecha 3 de Marzo del 2011 fui desapoderada del inmueble, todo esto a objeto de entregárselo a la demandante y que habiéndose entregado a la señora Victoria Rea el referido inmueble, con ello se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia No. 81/2010 de 16 de Diciembre del 2010, cumplimiento que al haber traído consigo la conclusión del litigio, ello hace que su autoridad hubiera perdido competencia para continuar realizando actos procesales dentro de la presente y fenecida causa.

Señor Juez, encontrándose plenamente DEMOSTRADO, PROBADO Y COMPROBADO que el presente litigio se encuentra concluido de manera definitiva, en aplicación de la norma contenida en el art. 16 Num. 4 del Código Procesal Civil, la cual prescribe que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado litigio cuando este concluye, corresponde a su autoridad declarar la nulidad de todos los actuados realizados con posterioridad a la ejecución del desapoderamiento; es decir desde fs. 95 de obrados inclusive, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados.

(…)

Señor Juez, debe de tomarse en cuenta que la actuación en una causa dentro de la cual la autoridad ha perdido competencia, el art. 188.1 Num. 10 de la Ley No. 025 o Ley del órgano Judicial, lo considera una Falta Gravísima. Señor Juez, considerando que su autoridad viene actuando dentro de una causa ya fenecida careciendo de competencia para ello, al amparo de la norma contenida en el art. 253 y siguientes del Código Procesal Civil, interpongo Recurso de Reposición en contra del Auto Interlocutorio de 14 de Julio del 2021, solicitando a su digna que luego de constatar que el litigio ha concluido en todas sus etapas y de manera definitiva, modifique el Auto recurrido de Reposición y sea disponiendo la nulidad de obrados hasta fs. 95 inclusive, además de ordenar el correspondiente archivo de obrados.

Señor Juez, en el inesperado e injustificado caso que su autoridad tome la decisión de confirmar o ratificar el Auto Interlocutorio recurrido de Reposición, hago conocer a su autoridad de manera expresa que interpongo alternativamente Recurso de Apelación” (sic [fs. 14 a 15 vta.]). II.9. Por Auto de 6 de octubre de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, concedió el Recurso de Apelación ante el superior en grado en el efecto devolutivo (fs. 16 a 18 vta.).

II.10.Mediante Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, Roberto Ismael Nacif Suárez y Asunta Montenegro Melgar, Vocales de la Sala Civil, Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública de la Capital del departamento del Beni, confirmaron la Resolución impugnada, señalando:

“…VISTOS: El Recurso de apelación que antecede, interpuesto por Eurosima Pupirisi Soliz dentro del proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por Victoria Rea Chávez en contra de la recurrente, de los actuados remitidos a este tribunal, sobre lo cual se hace necesario considerar lo siguiente: Se apela contra el Auto Interlocutorio de fecha 14 de julio de 2021 cursante a fs. 109 a 111. Del cuadernillo, mediante el cual se resuelve RECHAZAR el incidente de NULIDAD DE OBRADOS, impugnación que se hace en base a los siguientes argumentos: 1. La sentencia dictada por su autoridad resolvió que la demandada entregue el inmueble a la demandante de manera voluntaria y que en caso de no entregarse el mismo en el término establecido por su autoridad, se procedería al desapoderamiento del bien con intervención de la fuerza pública, es decir de manera forzosa, en el presente caso se tiene que para el cumplimiento de la sentencia se tuvo que recurrir a la fuerza pública. 2. Que, a horas 10:20 a.m. de fecha 3 de Marzo del 2011 se ejecutó el desapoderamiento del inmueble, tal como consta en el Acta de Lanzamiento inserta a fs. 63 de obrados, en la cual el señor Oficial de Diligencias certifica que el acto de desapoderamiento fue debidamente ejecutado y que el inmueble fue entregado a la demandante, con el desapoderamiento del inmueble, la sentencia se la tiene por cumplida y por tanto concluido el litigio. Señor Juez, encontrándose plenamente demostrado, probado y comprobado, en aplicación de la norma contenida en el art. 16 Num. 4 del Código Procesal Civil, la cual prescribe que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado litigio cuando este concluye, corresponde a su autoridad declarar la nulidad de todos los actuados realizados con posterioridad a la ejecución del desapoderamiento 3. Que, debe tomarse en cuenta que la actuación en una causa dentro de la cual la autoridad ha perdido competencia, el art. 188.1 Núm. 10 de la Ley No. 025 o Ley del Órgano Judicial, lo considera una Falta Gravísima.

Corrida en traslado la apelación fue contestada por la contraparte conforme lo siguiente: 1. Que, faltando totalmente a la verdad, por parte de la señora no es extraño y tampoco de novedad, constituyéndose más que un intento de burla, así lo evidencio el mismo señor Juez en una anterior Audiencia Pública de Inspección Judicial, que cursa a fs. 58 de obrados, 2. que durante todo el proceso de ejecución, se ha conducido o manejado lineamiento de ley, tal como lo dispone en el art.- 397 (Procedencia) las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutaran instancia de parte interesada sin alterar ni modificar su contenido, autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso 3. Que la señora recusante está en una errónea interpretación al señalar el art.-16 del CPC. En sus literales expuestas señala la supuesta entrega de mi inmueble, siendo todo lo contrario que hasta la fecha la señora demandada actual la señora demandada sigue en posesión ilegal de mi inmueble. 4. que por Informe del señor Oficial de Diligencia, en fecha 3 de septiembre 2013, de manera textual se demuestra que a la fecha ya indicada, la señora demandada continuaba en posesión ilegal, donde conjuntamente con el presidente de la Junta, se llegó a un acuerdo, en dar un plazo de 15 caso contrario se procedía a ejecutar el mismo. Por tal motivo no se llegó a realizar el actuado procesal.

Analizada la apelación y su contestación se resuelve conforme a los siguientes argumentos: La resolución Recurrida, Auto de fecha 14 de julio del 2021, saliente de fs. 138 a 140 de obrados, Se tiene que, la Sentencia N° 88/10, declara: PROBADA la demanda de INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN, y en consecuencia se ordena la restitución inmediata del bien objeto del despojo. Sentencia de fs. 68 a 69 de obrados. A fs. 109, sale el Auto Interlocutorio No.- 488/13, de fecha 08 de octubre de 2013, señalando de manera textual, al no haber desocupado la demandada el inmueble en el plazo concedido, POR ÚLTIMA VEZ SE ORDENA, DESAPODERAR el lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Vecinal lote 28 - manzano A. Bloque B- calle 27 y 7 inscrito en DDRR bajo matricula computarizada 8.01.1.01.0012742

De la revisión de actuados procesales se puede constatar que no se ha dado cumplimento de lo ordenado en Sentencia, así como también no se ha ejecutado el mandamiento ordenado mediante auto de fs. 109, en consecuencia la sentencia y orden de restitución siguen vigentes, no habiendo concluido el proceso. Que, el ARTÍCULO 6. De la Ley 439 dispone: …(…) Que conforme manda el art. 397 de la Ley 439 "Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán sólo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido, por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso..." normativa que va en estricta relación con el art. 400 de la misma ley procedimental. El incidente planteado fue rechazado por que la parte recurrente, no ha probado las causales que impliquen una nulidad de obrados y/o estados de indefensión en el trascurso del proceso, además de que se tiene por demostrado que la sentencia de primera instancia la cual tiene calidad de cosa juzgada. Por lo expuesto se concluye que al haberse declarado “IMPROBADO” el incidente de nulidad se ha obrado en forma correcta.” (sic [fs. 21 a 22 vta.]). II.11.Por Auto de 4 de agosto de 2022, el Juez Público civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, dispuso: “…la entrega voluntaria del bien al décimo día de su legal notificación, en caso de incumplimiento líbrese mandamiento de desapoderamiento para que se ejecute si es estrictamente necesario con auxilio de la fuerza pública… (sic) “…Se dispone la notificación de partes, y personas que habiten en el inmueble en cualquier calidad”. (sic [fs. 23]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; toda vez que, dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido en su contra, se declaró probada la demanda y se ordenó la restitución del bien inmueble, bajo alternativa de emitir Mandamiento de Desapoderamiento; por lo que, una vez apelada dicha decisión, los demandados a momento de dictar el Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, omitieron pronunciarse respecto al punto apelado sobre el lanzamiento que ya fue ejecutado el 3 de marzo de 2011, como si tal acto procesal jamás hubiera ocurrido; esta omisión ocasiono que el Juez de la causa, continúe realizando actos tendientes a desapoderarle de su vivienda, lo que se demuestra por el Auto de 4 de agosto de 2022. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras). 2 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; toda vez que, dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido en su contra, se declaró probada la demanda y se ordenó la restitución del bien inmueble, bajo alternativa de emitir Mandamiento de Desapoderamiento; por lo que, una vez apelada dicha decisión, los demandados a momento de dictar el Auto de Vista 71/2022 de 3 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.

7 de abril, omitieron pronunciarse respecto al punto apelado sobre el lanzamiento que ya fue ejecutado el 3 de marzo de 2011, como si tal acto procesal jamás hubiera ocurrido; esta omisión ocasiono que el Juez de la causa, continúe realizando actos tendientes a desapoderarle de su vivienda, lo que se demuestra por el Auto de 4 de agosto de 2022.

La peticionante de tutela denuncia que dentro del proceso de interdicto de Recobrar la Posesión seguido por Victoria Rea Chávez en su contra, el por entonces, Juez de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento del Beni, emitió la Sentencia 81/10 de 16 de diciembre de 2010, declarando probada la demanda, y ordenó la restitución inmediata del bien objeto del despojo; y el 18 de febrero de 2011, el citado Juez, emitió el Mandamiento de Desapoderamiento, ordenando al Oficial de Diligencias, proceda al Lanzamiento de los ocupantes del inmueble ubicado en la Villa Vecinal, Manzano A, Bloque B registrado bajo la Matricula Computarizada 8.01.1.01.0012742 a favor de Victoria Rea Chávez, extremo que consta en el Acta Pública de Lanzamiento de 3 de marzo de 2011, firmado por el Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento del Beni, que establece que se procedió al lanzamiento de los ocupantes del inmueble (Conclusiones II.1 y II.3). Sin embargo, el citado funcionario de apoyo jurisdiccional, por Informe de 3 de septiembre de 2013 puso en conocimiento del Juez de la causa que se hizo presente el 29 de agosto de 2013 en el lote objeto del litigio para dar cumplimiento al Lanzamiento ordenado por Auto de 31 de julio de 2013. “Pero se llegó a suspender debido a que el abogado patrocinante de la demandante DR JOSE ALBERTO OJOPI LEIGUE y el presidente de la junta señor WILSON VACA VACA llegaron a un acuerdo en el cual le indicaba que iba a hablar con la demandada para que desocupe en el plazo de 15 días…” (sic). Y por Decreto de 6 de septiembre de 2013, el Juez de la causa, tuvo presente el informe, disponiendo se acumule a sus antecedentes (Conclusión II. 4). La ahora accionante, el 16 de septiembre de 2013, solicitó al Juez del caso, señale audiencia de conciliación dentro el citado proceso de interdicto de Recobrar la Posesión con la finalidad de que el pre acuerdo de suspensión de la ejecución del mandamiento de lanzamiento arribado entre las dos partes involucradas, se plasme en realidad. Ante ello, el Juez del caso, por Auto Interlocutorio 488/13 de 8 de octubre de 2013, -señalando que al no haber desocupado la demandada el inmueble, por última vez, ordenó al Oficial de Diligencias que proceda a Desapoderar el lote de terreno, con facultad de allanamiento y con asistencia de la fuerza pública de acuerdo a los arts. 613 y 636 del CPC-(Conclusiones II.5 y II.6). Por ello, la peticionante de tutela el 2 de junio de 2021, promovió Incidente de Nulidad de Obrados dentro del citado proceso, siendo rechazado dicho incidente por Auto de 14 de julio de igual año; por ello el 19 de septiembre del mismo año, la impetrante de tutela, interpuso ante el Juez de la causa Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación; y concedida la apelación alternativa, los Vocales demandados, confirmaron la Resolución impugnada.

En ese contexto fáctico, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar, si en efecto las autoridades judiciales, ahora demandadas, al momento de emitir el Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril que confirmó la resolución impugnada, vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento congruencia. Sobre este extremo, en mérito a lo expuesto precedentemente, considerando que en la presente problemática, la ahora accionante, en lo particular, denuncia la carencia de congruencia, infiriéndose tanto en su ámbito externo e interno, es preciso hacer alusión al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por el cual, se sostuvo que la congruencia como parte esencial del debido proceso posee una doble dimensión (interna y externa), la congruencia externa que exige la plena correspondencia o coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto por las autoridades; por lo que, los operadores de justicia se encuentran proscritas de incurrir en incongruencia citra petita al omitir, o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes; y la congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma, que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Bajo ese parámetro, considerando que el accionante denuncia que los Vocales de la Sala Civil, Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, al emitir el Auto de Vista 71/2022, omitieron pronunciarse respecto al punto apelado sobre el lanzamiento que ya fue ejecutado el 3 de marzo de 2011, como si tal acto procesal jamás hubiera ocurrido; por ello, el análisis se centrará en determinar si es evidente que se incurrió en una incongruencia externa por no responder al agravio expuesto en el Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación presentado dentro el proceso Interdicto de Recobrar la Posesión seguido en su contra por Victoria Rea Chávez y si existió un incongruencia interna en el citado fallo. En ese contexto, al fin señalado, corresponde realizar la contrastación y verificación de los argumentos expuestos en el Memorial de Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación y los fundamentos expuestos en el Auto de Vista ahora impugnado, los cuales fueron referidos en las Conclusiones II.8 y II.10 del presente fallo constitucional; siendo que a ese efecto, en lo sustancial, en el citado Recurso de Apelación Alternativa, la impetrante de tutela expresó lo siguiente:

“…4.- Que a horas 10:20 a.m. de fecha 3 de Marzo del 2011 se ejecutó el desapoderamiento del inmueble, tal como consta en el Acta de Lanzamiento inserta a fs. 63 de obrados, en la cual el señor Oficial de Diligencias certifica que el acto desapoderamiento fue debidamente ejecutado y que el inmueble fue entregado a la demandante. 5.- Con el desapoderamiento del inmueble, la sentencia se la tiene por cumplida y por tanto concluido el litigio. Señor Juez, de acuerdo a la norma contenida en el art. 16 Núm. 4 del Código Procesal Civil, la misma que textualmente dispone: "PERDIDA DE LA COMPETENCIA.- La autoridad judicial perderá competencia por: 4.- Conclusión del pleito." (sic). Señor Juez, considerando que en fecha 3 de Marzo del 2011 fui desapoderada del inmueble, todo esto a objeto de entregárselo a la demandante y que habiéndose entregado a la señora Victoria Rea el referido inmueble, con ello se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia No. 81/2010 de 16 de Diciembre del 2010, cumplimiento que al haber traído consigo la conclusión del litigio, ello hace que su autoridad hubiera perdido competencia para continuar realizando actos procesales dentro de la presente y fenecida causa. Señor Juez, encontrándose plenamente DEMOSTRADO, PROBADO Y COMPROBADO que el presente litigio se encuentra concluido de manera definitiva, en aplicación de la norma contenida en el art. 16 Num. 4 del Código Procesal Civil, la cual prescribe que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado litigio cuando este concluye, corresponde a su autoridad declarar la nulidad de todos los actuados realizados con posterioridad a la ejecución del desapoderamiento; es decir desde fs. 95 de obrados inclusive, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados. (…).... Señor Juez, debe de tomarse en cuenta que la actuación en una causa dentro de la cual la autoridad ha perdido competencia, el art. 188.1 Num. 10 de la Ley No. 025 o Ley del órgano Judicial, lo considera una Falta Gravísima. Señor Juez, considerando que su autoridad viene actuando dentro de una causa ya fenecida careciendo de competencia para ello, al amparo de la norma contenida en el art. 253 y siguientes del Código Procesal Civil, interpongo Recurso de Reposición en contra del Auto Interlocutorio de 14 de Julio del 2021, solicitando a su digna que luego de constatar que el litigio ha concluido en todas sus etapas y de manera definitiva, modifique el Auto recurrido de Reposición y sea disponiendo la nulidad de obrados hasta fs. 95 inclusive, además de ordenar el correspondiente archivo de obrados. Señor Juez, en el inesperado e injustificado caso que su autoridad tome la decisión de confirmar o ratificar el Auto Interlocutorio recurrido de Reposición, hago conocer a su autoridad de manera expresa que interpongo alternativamente Recurso de Apelación” (sic).

Ante ello, los Vocales ahora demandados, en el Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, confirmaron la Resolución impugnada, señalando:

“1. La sentencia dictada por su autoridad resolvió que la demandada entregue el inmueble a la demandante de manera voluntaria y que en caso de no entregarse el mismo en el término establecido por su autoridad, se procedería al desapoderamiento del bien con intervención de la fuerza pública, es decir de manera forzosa, en el presente caso se tiene que para el cumplimiento de la sentencia se tuvo que recurrir a la fuerza pública. 2. Que, a horas 10:20 a.m. de fecha 3 de Marzo del 2011 se ejecutó el desapoderamiento del inmueble, tal como consta en el Acta de Lanzamiento inserta a fs. 63 de obrados, en la cual el señor Oficial de Diligencias certifica que el acto de desapoderamiento fue debidamente ejecutado y que el inmueble fue entregado a la demandante, con el desapoderamiento del inmueble, la sentencia se la tiene por cumplida y por tanto concluido el litigio. Señor Juez, encontrándose plenamente demostrado, probado y comprobado, en aplicación de la norma contenida en el art. 16 Num. 4 del Código Procesal Civil, la cual prescribe que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado litigio cuando este concluye, corresponde a su autoridad declarar la nulidad de todos los actuados realizados con posterioridad a la ejecución del desapoderamiento 3. Que, debe tomarse en cuenta que la actuación en una causa dentro de la cual la autoridad ha perdido competencia, el art. 188.1 Núm. 10 de la Ley No. 025 o Ley del Órgano Judicial, lo considera una Falta Gravísima.

Corrida en traslado la apelación fue contestada por la contraparte conforme lo siguiente:

1. Que, faltando totalmente a la verdad, por parte de la señora no es extraño y tampoco de novedad, constituyéndose más que un intento de burla, así lo evidencio el mismo señor Juez en una anterior Audiencia Pública de Inspección Judicial, que cursa a fs. 58 de obrados, 2. que durante todo el proceso de ejecución, se ha conducido o manejado lineamiento de ley, tal como lo dispone en el art.- 397 (Procedencia) las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutaran instancia de parte interesada sin alterar ni modificar su contenido, autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso 3. Que la señora recusante está en una errónea interpretación al señalar el art.-16 del CPC. En sus literales expuestas señala la supuesta entrega de mi inmueble, siendo todo lo contrario que hasta la fecha la señora demandada actual la señora demandada sigue en posesión ilegal de mi inmueble. 4. que por Informe del señor Oficial de Diligencia, en fecha 3 de septiembre 2013, de manera textual se demuestra que a la fecha ya indicada, la señora demandada continuaba en posesión ilegal, donde conjuntamente con el presidente de la Junta, se llegó a un acuerdo, en dar un plazo de 15 caso contrario se procedía a ejecutar el mismo. Por tal motivo no se llegó a realizar el actuado procesal.

Analizada la apelación y su contestación se resuelve conforme a los siguientes argumentos:

La resolución Recurrida, Auto de fecha 14 de julio del 2021, saliente de fs. 138 a 140 de obrados, Se tiene que, la Sentencia N° 88/10, declara: PROBADA la demanda de INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN, y en consecuencia se ordena la restitución inmediata del bien objeto del despojo. Sentencia de fs. 68 a 69 de obrados.

A fs. 109, sale el Auto Interlocutorio No.- 488/13, de fecha 08 de octubre de 2013, señalando de manera textual, al no haber desocupado la demandada el inmueble en el plazo concedido, POR ÚLTIMA VEZ SE ORDENA, DESAPODERAR el lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Vecinal lote 28 - manzano A. Bloque B- calle 27 y 7 inscrito en DDRR bajo matricula computarizada 8.01.1.01.0012742

De la revisión de actuados procesales se puede constatar que no se ha dado cumplimento de lo ordenado en Sentencia, así como también no se ha ejecutado el mandamiento ordenado mediante auto de fs. 109, en consecuencia la sentencia y orden de restitución siguen vigentes, no habiendo concluido el proceso” (sic).

Explanados como se encuentran los argumentos expresados en el recurso de apelación alternativa, así como los fundamentos contenidos en el Auto de Vista 71/2022; corresponde referirse en principio respecto a la alegada falta de congruencia externa; en tal sentido, debe precisarse que, en la impugnación, en esencia se denunció que, a horas 10:20 de 3 de marzo del 2011 se ejecutó el desapoderamiento del inmueble, tal como consta en el Acta de Lanzamiento inserta a fs. 63 de obrados, en la cual el Oficial de Diligencias certifica que el acto desapoderamiento fue debidamente ejecutado y que el inmueble fue entregado a la accionante; al respecto, de la revisión del Auto de Vista 71/2022, se advierte que, las autoridades ahora demandadas, si bien consideraron los puntos de agravio expuestos por la impetrante de tutela; no obstante, no se advierte que al momento de resolver el citado Recurso de Apelación se hayan pronunciado sobre lo denunciado; es decir, respecto al acto de lanzamiento que había sido ejecutado a horas 10:20 de 3 de marzo del 2011, pese a que en los puntos 2, 3 y 4 del medio impugnatorio, lo identificaron como agravio reclamado en el Recurso de Reposición bajo alternativa de apelación; incurriendo de esta manera no solamente en una incongruencia externa, por no atender el agravio expuesto; sino también en incongruencia interna, al señalar en el citado fallo, el agravio y no referirse ni desarrollar consideraciones respecto a él, en el decisorio, tal como lo denunció la impetrante de tutela; por lo que, se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos congruencia externa e interna, que se constituye en una omisión de pronunciamiento que quiebra la correlación entre los puntos controvertidos y los resueltos en la decisión. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al conceder la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 101/2022 de 21 de septiembre, cursante de fs. 60 a 63, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento del Beni; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos congruencia externa e interna, disponiéndose que queda sin efecto el Auto de Vista 71/2022 de 7 de abril, consiguientemente deberán las autoridades demandadas, emitir una nueva resolución conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0367_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.

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