B.IA.LEGAL

SCP 0367/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45156-2022-91-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la libertad; debido a que, se encuentra detenido por más de nueve años sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia; por lo que, solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demandada, resolvió ordenar la devolución de la causa al juzgado de origen para que corrija el procedimiento y subsane lo observado, dejándolo en estado de indefensión, poniendo en riesgo su vida por el COVID-19. En revisión, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/22 de 6 de enero de 2022, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo demandado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45156-2022-91-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/22 de 6 de enero de 2022, cursante de fs. 49 a 51 vta.; pronunciada, dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Mamani Arauz contra Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de enero de 2022, cursante de fs. 6 a 7, el accionante manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, robo agravado, organización criminal y lesiones leves y graves, desde el 1 de diciembre de 2012, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cotoca en suplencia legal de su similar de Pailón; ambos del departamento de Santa Cruz, libró mandamiento de detención en su contra, a cumplirse en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, encontrándose recluido nueve años, un mes y cuatro días, habiendo superado con tres años la pena máxima del delito que se le acusa, según lo previsto por el art. 223 del Código Penal (CP); ya que, en virtud al delito tipificado en el mismo, es de seis años de reclusión. Una vez sorteada su causa al Juzgado de la autoridad ahora demandada, el 21 de diciembre de 2021, solicitó cesación a las medidas cautelares, basado en el art. 239.3 modificado por la ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, sin merecer respuesta alguna; tomando conocimiento que, por Resolución de 4 de enero de 2022, devolvieron el expediente al Juzgado de origen, dejándolo de esta manera en estado de indefensión, poniendo en riesgo su vida y su salud por el hacinamiento en el que se encuentra, el cual se complica con el COVID–19.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, señalando los arts. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se fije audiencia pública para fundamentar y ampliar en forma oral su solicitud de cesación a su detención preventiva; y, b) Se emita mandamiento de libertad irrestricta.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 6 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 49, presente la parte solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda y realizando algunas puntualizaciones agregó lo siguiente: 1) A la fecha no cuenta con sentencia de primera instancia; 2) Presentó cesación a la detención preventiva el 8 de octubre de 2021 al Juzgado de San Julián; debido a que, el caso radicaba en dicha localidad; por lo que, la Jueza respondió que no era su competencia y remitió obrados al Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal de turno de Pailón, lo que motivó a presentar una nueva solicitud de cesación a dicho Juzgado el 15 de octubre de igual año, autoridad jurisdiccional que remitió antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de Santa Cruz por no tener competencia, 3) El 9 de diciembre de igual año el Tribunal antes referido declinó competencia, realizando un nuevo sorteo recayendo el proceso al Juzgado de Sentencia Penal Décimo Segundo del mismo departamento; instancia que manifestó, no ser competente para conocer el proceso, resolviendo que la autoridad llamada a conocer el proceso es el juzgado de origen; y, 4) La detención preventiva excede el mínimo legal, de la pena establecida por el delito más grave, que en el presente caso, estaría superando los seis años de manera anticipada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 6 de enero de 2022, cursante de fs. 47, manifestó lo que sigue: i) Por Resolución 28/21 de 17 de diciembre de 2021 y en aplicación del control jurisdiccional de los actuados del cuaderno procesal, ordenó la devolución de la causa al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón del departamento de Santa Cruz, para que la referida autoridad jurisdiccional, a cargo de la etapa preparatoria del proceso corrija procedimiento y subsane las observaciones detalladas en el citado fallo; ii) En virtud a la “SCP 0077/2019-S3”, los casos en los que el juez o tribunal de sentencia devuelva obrados al juzgado de instrucción por saneamiento procesal de la etapa preparatoria, debe determinar con precisión en su resolución los actos observados o a subsanarse a efectos de que la competencia sea ejercida únicamente para saneamiento de los puntos que manda la indicada decisión, que necesariamente debe recaer en actuados anteriores a la presentación de la acusación fiscal; en razón a que, los jueces de instrucción ejercen el control jurisdiccional en la etapa preparatoria; iii) No admitió su competencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva de la parte accionante; en razón a que, se ordenó la devolución de actuados a objeto de realizar el saneamiento de los actos procesales; iv) La detención preventiva de más de nueve años, no es atribuible al control jurisdiccional, como pretende hacer ver el accionante; y, v) No incurrió en ningún acto lesivo en contra del ahora impetrante de tutela; por lo que, no se cumplen los presupuestos adjetivos previstos en el art. 125 de la CPE y 46 de la Ley 254 –Código Procesal Constitucional (CPCo), de 5 de julio de 2012–.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 05/22 de 6 de enero de 2022, cursante de fs. 49 a 51 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes argumentos: a) El Juez Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal de San Julián del departamento de Santa Cruz, mediante providencia se negó a tramitar la causa, bajo el argumento de haber perdido competencia de la causa; b) Una vez que la causa fue remitida al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón del mismo departamento; recepcionó la misma el 13 de octubre de 2021, emitiendo providencia el 14 de octubre de igual año, disponiendo el sorteo y remisión de la causa al Tribunal de Sentencia Penal de turno, al existir acusación fiscal presentada en la causa; el 15 de igual mes y año, nuevamente el ahora accionante solicitó la cesación a la detención preventiva a la Jueza referida, quien mediante providencia de 18 del citado mes y año, indicó que no podía tramitar la cesación a la detención preventiva por haber ordenado ya la remisión de la causa a otro órgano jurisdiccional; c) Una vez remitida la causa a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia el 26 de noviembre de igual año, la causa fue sorteada al Tribunal de Sentencia Penal Quinto; instancia que, recibió una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva; empero, dicha autoridad mediante providencia de 13 de diciembre de 2021, sostuvo que no le correspondía radicar la causa, por no ser delitos de su competencia, disponiendo un nuevo sorteo de la misma al Juzgado de Sentencia Penal de turno; d) El 16 del mismo mes y año se remitió la causa al Juzgado de la autoridad ahora demandada, quien mediante Auto 28/21 ordenó la devolución de la causa al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón del departamento de Santa Cruz, para que corrija el procedimiento y subsane defectos procesales; e) El Tribunal de garantías, no puede ordenar la libertad inmediata del impetrante de tutela; toda vez que, es necesario cumplir con el procedimiento para la cesación a la detención preventiva descrito en el art. 239.3 del CPP; es decir, verificar la procedencia o nó de la misma, previa revisión de los actuados; y, f) Con relación al accionar de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto, éstos tampoco pueden ser responsables de las dilaciones indebidas; precisamente, porque nunca radicaron la causa al ser incompetentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en contra de Armando Mamani Aruaz –accionante– y otros, la Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, por Auto 28/21 de 17 de diciembre de 2021 resolvió ordenar la devolución de la causa al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón, del mismo departamento, para que corrija el procedimiento y subsane lo observado, dejando sin efecto el sorteo informático, habiendo señalado los siguientes puntos que debían subsanarse:

- Se presentó requerimiento conclusivo de conciliación en favor de Fátima Casupa Salvatierra, Rufina Salvatierra Taceo, Rómulo Casupa Ramos y Carla Beliña Vásquez Mercado, por los delitos de lesiones graves y leves, audiencia que hasta la fecha no se llevó a cabo, quedando incierta la situación jurídica de los denunciados; en razón a que, si se aprueba la salida alternativa de conciliación se extingue la acción penal, no habiendo problema en este caso; empero, si es rechazada, el Ministerio Público deberá presentar otro requerimiento conclusivo y concluida la etapa preparatoria deberá presentar un acto conclusivo; por lo tanto, al no haberse tramitado dicho requerimiento en la etapa preparatoria, no corresponde que se convalide un aspecto, que viciaría el presente proceso. - La segunda omisión realizada por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón es violentar el debido proceso, porque para que se dé inicio a la etapa preparatoria de seis meses, corresponde que todos los imputados estén legalmente notificados con la imputación formal, sin que sea necesario que se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares; pues, es suficiente poner a conocimiento del imputado conforme a procedimiento, para que este plazo esté vigente y se compute a partir de ese acto procesal; por otro lado, tampoco existe acto conclusivo contra el imputado (hoy accionante) dentro del presente caso, advirtiéndose otra irregularidad en el trámite. - Y la tercera es que el Juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón no resolvió los incidentes y excepciones interpuestos por las partes (fs. 3 a 5). II.2. Cursa memorial de 21 de diciembre de 2021 dirigido a la Jueza del Juzgado de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; por el cual, Armando Mamani Arauz –accionante– solicitó cesación de las medidas cautelares, manifestando que se encuentra con detención preventiva librado el 1 de diciembre de 2012 y a la fecha se encuentra nueve años en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”; y que, el delito por el que se le acusa está tipificado en el art. 223 del Código Penal (CP), con pena máxima de seis años de reclusión, a la fecha ya habría superado con tres años la pena máxima del delito que se le acusa (fs. 2); que mereció el proveído de 22 de igual mes y año; por el cual, la jueza ahora demandada señaló Estese al Auto de 17 de diciembre de 2021 (fs. 38).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la libertad; debido a que, se encuentra detenido por más de nueve años sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia; por lo que, solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demandada, resolvió ordenar la devolución de la causa al juzgado de origen para que corrija el procedimiento y subsane lo observado, dejándolo en estado de indefensión, poniendo en riesgo su vida por el COVID-19. En revisión, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Sobre el tema, la SCP 0135/2021-S4 de 17 de mayo, citando la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, entendió que: ‘“La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las Sentencias Constitucionales 0817/2001-R de 3 de agosto, 0139/2002-R de 20 de febrero, 1279/2002-R de 22 de octubre y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las Sentencias Constitucionales 0233/2003-R de 24 de febrero, 0396/2004-R de 23 de marzo y 0807/2004-R de 24 de mayo’ (SC 1651/2004-R de 11 de octubre).

En la misma línea argumentativa, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que, ‘Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma. Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la libertad; debido a que, se encuentra detenido por más de nueve años sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia; por lo que, solicitó cesación a su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demandada, resolvió ordenar la devolución de la causa al juzgado de origen para que corrija el procedimiento y subsane lo observado, dejándolo en estado de indefensión, poniendo en riesgo su vida por el COVID-19.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación ingresar analizar los antecedentes adjuntos al expediente; así se evidencia que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra y otros por la presunta comisión de los delitos de deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, robo agravado, organización criminal y lesiones leves y graves, desde el 1 de diciembre de 2012, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cotoca, en suplencia legal de su similar de Pailón, libró mandamiento de detención en su contra, a cumplirse en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, encontrándose recluido nueve años, un mes y cuatro días, habiendo superado con tres años la pena máxima del delito que se le acusa; la cual, para el delito tipificado en el art. 223 del CP, es de seis años de reclusión.

Una vez sorteada la causa, recayó en el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; por lo que, la Jueza ahora demandada, por Auto 28/21 de 17 de diciembre de 2021, resolvió ordenar la devolución de la causa al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón del mismo departamento, para que corrija el procedimiento y subsane las observaciones realizadas en el referido fallo, dejando sin efecto el sorteo informático; posterior a ello, el 21 de igual mes y año, mediante memorial dirigido a la autoridad judicial antes mencionada, el solicitante de tutela pidió cesación a las medidas cautelares basado en el art. 239.3 del CPP, modificado por la ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, que mereció el proveído de 22 de igual mes y año; en el que, se determinó: Estése al Auto de 17 de diciembre de 2021; es decir, que la autoridad ahora demandada no señaló audiencia porque, en ese momento el proceso ya no se encontraba radicado en su Despacho judicial.

Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se determina que para viabilizar la acción de libertad, es ineludible que la misma sea dirigida contra la persona, autoridad o funcionario que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; y por lo mismo, la parte impetrante de tutela tiene la obligación de sustanciar en este proceso constitucional, una demanda que cumpla con los requisitos mínimo exigido; entre ellos, el de la legitimación pasiva. En ese entendido y considerando que la Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, ahora demandada, mediante Auto 28/21, ordenó la devolución de la causa al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pailón del mismo departamento, para que corrija el procedimiento y subsane lo observado, con anterioridad a la presentación del memorial de 21 de diciembre de 2021; por el cual, el impetrante de tutela solicitó cesación a las medidas cautelares, cuando la ahora demandada ya no era la competente para resolver el mismo; por lo tanto, no resulta posible exigir a la misma que fije audiencia pública, para fundamentar y ampliar en forma oral la solicitud de cesación a su detención preventiva del accionante, como tampoco que emita mandamiento de libertad irrestricta; tal como pretende, en la presente acción tutelar. Por lo que, habiéndose instaurado la acción de libertad, con posterioridad a la remisión del expediente de su despacho, la presente acción, carece de legitimación pasiva; dado que, no se evidencia que la autoridad demandada hubiera causado lesión de los derechos denunciados en la presente acción de defensa; por tanto, sin ingresar al análisis de fondo y ante la falta de legitimación pasiva, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/22 de 6 de enero de 2022, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo demandado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0367_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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