Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 19 de mayo de 2025
Deniega la tutela
La parte accionante considera lesionados sus derechos a la petición, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, a solicitud de la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA, se emitió el Auto de 26 de septiembre de 2022, por el cual se concede una medida cautelar de retención de fondos de INTERVÍAS CONSTRUCCIONES SUCURSAL BOLIVIA, por un contrato suscrito entre estas el 31 de diciembre de 2018, pero el auto señalado indica también la retención de fondos de las empresas JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución Constitucional -SC2-CBB-AAC-0015/2023 de 16 de febrero cursante de fs. 370 a 376 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías; y, DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2025-S3 Sucre, 19 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 54120-2023-109-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución Constitucional-SC2-CBB-AAC-0015/2023 de 16 de febrero, cursante de fs. 370 a 376 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Guzmán Céspedes en representación legal de la Asociación Accidental Tunari contra María Yovana Ramírez Ramírez, ex Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Cuarta de la Capital y Vladimir Claros Torrico, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital, ambos del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 2 y 8 de febrero de 2023, cursante de fs. 80 a 93 vta. y 98, la accionante expresó que:
En su calidad de representante legal de la Asociación Accidental Tunari, señaló que, el 16 de septiembre de 2022, la Asociación Accidental AEQPRO KAPRA formalizó una demanda preliminar de medida cautelar en su contra; de la revisión del expediente, se tiene que la parte demandante presentó un contrato de 31 de diciembre de 2018; por el cual, se evidencia la relación contractual civil que tiene el ahora demandante con la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. Sucursal Bolivia, en referencia a trabajos para la superestructura del Tren Metropolitano de la ciudad de Cochabamba. Mediante Auto Definitivo de 26 de septiembre de 2022, la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, aceptó la imposición de la medida cautelar solicitada por el demandante, y en consecuencia dispuso la retención de cuentas de la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA y de las empresas JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL BOLIVIA y MOLINARI RAIL AG SUCURSAL BOLIVIA, por un monto de Bs17 053 573,74.- (diecisiete millones cincuenta y tres mil quinientos setenta y tres 74/100 bolivianos), por cada una de ellas, sin que existiera una relación o vínculo contractual u obligación alguna con estas dos últimas empresas, ya que la relación contractual solo fue suscrita con la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA y debía haberse dirigido la medida cautelar solo en contra de dicha empresa. EL 5 de octubre de 2022, con la notificación realizada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se efectivizó la retención de sus cuentas bancarias, ordenada por la referida Jueza; motivo por el cual, solicitaron copias simples de todo el expediente, por memorial de 11 de octubre de 2022, dándose curso a su solicitud por providencia de la misma fecha. El 20 de octubre de 2022, interpusieron recurso de apelación, como Asociación Accidental Tunari, mismo que fue corrido en traslado por providencia de 21 del mismo mes y año; de la misma manera, el 20 de octubre de 2022, también se presentó un memorial solicitando el cese de la medida cautelar, solicitud que fue rechazada por decreto de 21 de octubre del mismo año, bajo el fundamento de no estar comprendida la solicitud dentro de lo señalado por el art. 318 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-. El 24 de octubre de 2022, la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA presentó una solicitud de conciliación previa, mismo que fue atendida por Auto de 28 de octubre del mismo año, en el que la Jueza se inhibe del conocimiento de la conciliación solicitada y dispuso se acuda a la vía correspondiente llamada por ley, procediendo a la devolución del legajo a la parte solicitante; motivo por el cual, el 31 de octubre de 2022, la Asociación Accidental Tunari interpone recurso de reposición, contra el decreto de 25 de octubre de igual año, y que fue rechazado sin mayor trámite por Auto de 1 de noviembre de 2022. El 7 de noviembre de 2022 se emitió un Auto, referente al proveído de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de 31 de octubre del mismo año, por el cual se procedió a dar la baja del sistema del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba y la reasignación de las causas, remitiéndose la causa origen de la presente acción tutelar de 14 de noviembre de 2022 al Juzgado Público Civil y Comercial de la Capital Vigésimo del departamento de Cochabamba, mismo que emitió el decreto de dedicatoria el 15 del mismo mes y año, fecha en el que la Asociación Accidental Tunari solicitó por memorial el levantamiento de la medida cautelar por caducidad, disponiéndose el traslado respectivo por proveído de 16 de noviembre de 2022. El 30 de noviembre de 2022, por memorial, la Asociación Accidental Tunari, reiteró la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, disponiéndose nuevamente el traslado por decreto de 1 de diciembre del mismo año, de la misma manera la misma asociación, presentó certificaciones bancarias que determinaban que las cuentas retenidas sirven para el pago de sueldos y salarios el 2 de diciembre de 2022, mismas que fueron providenciadas por adjuntadas el 5 del mismo mes y año. El 9 de diciembre de 2022, la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA presentó memorial solicitando que se deniegue la petición de levantamiento de la medida cautelar, que tuvo como repuesta el decreto de 12 de igual mes, por el cual se dispuso que se esté a los traslados dispuestos; por lo que finalmente la Asociación Accidental Tunari, el 20 de diciembre de 2022, solicita, vía memorial, se emita resolución, sin que hasta la fecha se haya emitido o dado respuesta alguna. Por tales motivos señala que se vulneró su derecho a la petición, al no haberse dado respuesta alguna a su solicitud de cese de la medida cautelar; ello en primer lugar por parte de la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, al no haber dado una respuesta motivada y fundamentada, ya que la providencia de 21 de octubre rechazó su solicitud, sin dar razones o exponer los hechos que sustenten su decisión, limitándose a señalar al art. 318 del CPC cuyo contenido refiere a los bienes inembargables y que no condicen con la petición solicitada, lo que se agrava ya que en su caso no existe una relación o vínculo contractual con los ahora accionante y la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA; motivo por el cual, plantearon el recurso de reposición con alternativa de apelación , mismo que fue rechazado sin la debida fundamentación y motivación y que coarta toda posibilidad de impugnación o recurribilidad. Igualmente señala que la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, al no haber dado respuesta ni pronunciarse sobre los memoriales de 15 y 30 de noviembre y de 20 de diciembre, todos del 2022, incumplió su obligación y vulneró su derecho a la petición, incumpliendo con plazos procesales y el tiempo determinado para la vía preliminar sin la interposición de una demanda ordinaria. Finalmente señala que se vulneró el debido proceso, porque los Jueces ahora demandados no respetaron el procedimiento legalmente establecido, ni la prevalencia de los requisitos para la concesión de una medida cautelar, en la vía preliminar, al haberse congelado las cuentas de la Asociación Accidental Tunari, sin la existencia de un vínculo u obligación contractual y la concesión de lo solicitado en un monto en demasía; es decir, el monto total por cada una de las empresas, lo que a su criterio duplica la retención de manera ilegal y de continuarse con la medida sin que se haya interpuesto una demanda ordinaria, siendo que, por el transcurso del tiempo la misma ya habría caducado, más aún si las cuentas congeladas sirven para el pago de sueldos y salarios de los trabajadores. Añade que también se vulneró el derecho a la defensa al no tenerse una respuesta a las solicitudes planteadas y no tenerse una certeza respecto a los argumentos, justificaciones y fundamentos de hecho y derecho sobre la postura asumida por los demandados y poder plantear los recursos que la ley franquea.
Denunció la lesión de sus derechos a la petición, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 24, 115, 116 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) Al Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, el cese de la omisión ilegal y otorgue una respuesta fundamentada y motivada al memorial de solicitud de cese de la medida cautelar presentado el 20 de octubre de 2022 y reiterada por memoriales de 30 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, respectivamente, estableciendo los justificativos y razonamientos pertinentes que atiendan cada una de las solicitudes respetando el debido proceso y la legítima defensa; b) Se deje sin efecto y se anulen el Auto Definitivo de 26 de septiembre, providencia de 21 de octubre y Auto de 1 de noviembre, todos de 2022; y, c) Se determine responsabilidad civil y se condene costas y procesales.
Celebrada la audiencia pública el 16 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 367 a 369, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola agregó que: 1) En cuanto a la subsidiariedad, a pesar de la existencia de un recurso de apelación de la medida cautelar, la resolución de la misma resultaría tardía, evidenciando la existencia de un daño irreparable e irremediable, en relación a la actividad propia de la empresa, más aún si se trata de un proyecto de interés nacional, como es la construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba; y, 2) El Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, prosiguió con la vulneración de sus derechos, al no dejar sin efecto la medida cautelar y de contrario emitió el Auto de 22 de diciembre de 2022, de reciente notificación, vulnerando el derecho a la defensa al no tomarse en cuenta los argumentos planteados de su parte y por consiguiente la imposibilidad de hacer valer sus derechos constitucionales al no haberse pronunciado sobre los mismos.
María Yovana Ramírez Ramírez, ex Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito, cursante de fs. 114 a 115, presentado vía WhatsApp el 14 de febrero de 2023, señalo que: i) El 19 de septiembre de 2022, la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA planteó la medida cautelar de retención de fondos, en contra de la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA, JOCA CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL BOLIVIA y MOLINARI RAIL AG SUCURSAL BOLIVIA, por la suma de Bs17 053 573,24.- valorados los antecedentes, por Auto de 23 de septiembre de 2022, se ordenó la retención de fondos de las diferentes cuentas bancarias que las indicadas empresas tienen en el Banco Bisa S.A., hasta el monto previamente indicado; ante tales acontecimientos, la Asociación Accidental Tunari conformada por las empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL BOLIVIA y MOLINARI RAIL AG SUCURSAL BOLIVIA, presentó su solicitud de cesación a dicha medida cautelar y que mereció su proveído correspondiente en plazo determinado por ley y que fue objeto de recurso de reposición y que también fue atendida dentro de plazo correspondiente; ii) Ante el cambio de denominación del Juzgado a su cargo, fue notificada con el proveído de 31 de octubre de 2022, emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se procedió al sorteo de las causas y remisión a los distritos asignados de las causas, habiéndose tramitado todo el proceso en observancia del principio de legalidad y dentro del debido proceso; iii) Los accionantes en todo momento hicieron uso de los recursos que la ley les franquea, y la tramitación se realizó dentro del principio de legalidad y el debido proceso, así mismo indica que la parte accionante no precisan de qué manera o por intermedio de que actos o resoluciones judiciales se vulnero sus derechos, incumpliendo con la normativa constitucional actual por lo que el amparo es manifiestamente improcedente. Vladimir Feliz Claros Torrico, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 215 a 216, presentado el 15 de febrero de 2023, señaló que: a) El proceso cautelar de referencia fue remitido al Juzgado a su cargo, ello debido a la reasignación de Juzgados y ampliación de competencias, radicando el indicado caso desde el 15 de noviembre de 2022; b) La parte accionante, adjuntando una certificación del Banco Bisa S.A. sobre la retención de fondos y sin adjuntar prueba alguna, respecto a su pedido, solicitó el levantamiento de la medida cautelar por caducidad, mismo que fue corrido en traslado por providencia de 16 de noviembre de 2022; tal solicitud fue reiterada el 30 de noviembre del mismo año, acompañando en esa ocasión certificaciones del Banco Bisa S.A. sobre la ejecución de la retención de fondos, señalando que la Asociación ARQPRO KAPRA no formalizó la demanda principal, hasta esa fecha y sin acompañar prueba pertinente relativa a su pedido; por providencia de 1 de diciembre de 2022, se dispuso que corra con el traslado dispuesto por providencia de 16 de noviembre del mismo año; c) El 2 de diciembre de 2022, la parte accionante acompañó certificaciones, por las que se acredita que las cuentas retenidas sirven para el pago de sueldos y salarios y con ello respaldó lo señalado en el memorial de 30 de noviembre de 2022, escrito al que se atendió por providencia de 5 de diciembre de 2022; d) El 19 de diciembre de 2022 la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA, adjuntando un registro del SIREJ acreditó la formalización de una demanda y copia de la demanda principal, en contra de la parte ahora accionante y la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA, y respondiendo a la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, solicitando que no se dé curso a la misma, por la formalización de la demanda, por lo que se emitió el Auto de 22 de diciembre de 2022, resolviendo a los pedidos de levantamiento de medidas cautelares de parte de la Asociación Accidental Tunari, por lo que no se evidencia ninguna omisión ilegal o indebida; e) La parte accionante interpuso un recurso de apelación, en contra el Auto de 26 de septiembre de 2022, recurso que fue concedido por Auto de 22 de diciembre del mismo año; y, f) La parte accionante denuncia una demora en la tramitación de sus pedidos, sin embargo, esta no tomó en cuenta el periodo de vacación de que se hizo uso del 10 de enero al 3 de febrero de 2023, por lo que no consideró que durante tal periodo los plazo se suspenden, conforme lo determinado por el art. 124 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, y acreditado por la circular 12/2022 de 19 de octubre del mismo año, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; g) Un aspecto que incidió en la demora de las notificaciones a las artes con los actuados, es el hecho que los tres funcionarios del Juzgado son nuevos.
Marco Antonio Gálvez Lozano en representación de la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA, en audiencia manifestó que: 1) La acción de amparo constitucional es improcedente en mérito al art. 53.1 y 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) ya que se pretende anular el Auto Definitivo de 26 de septiembre de 2022, mismo que efectuado el trámite procesal y habiéndose interpuesto recurso de apelación sobre este y que ha sido concedido, además de la existencia de actos consentidos en relación al art. 53.2 del CPCo , por cuanto al haber sido convocados a conciliación mediante cartas y otros, en dicha instancia no indicaron saber cómo pagar lo adeudado, afirmando que se encuentran impagos por más de un año y medio por la parte accionante siendo que las alegaciones en contra del Auto de 26 de septiembre y la providencia de 21 de octubre, ambos de 2022 no tienen sustento legal; 2) En cuanto a una excepción al principio de la subsidiariedad, la parte accionante no acompañó prueba que acredite el daño irreparable o irremediable, para su consideración limitándose a afirmar que la empresa no canceló lo adeudado a los trabajadores por más de un año y medio, en la construcción del Tren metropolitano, citando la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, pretendiendo forzar los argumentos de su acción tutelar para subsanar su negligencia en la tramitación del proceso judicial; 3) En cuanto al derecho a la petición, respecto a providencia de 21 de octubre de 2022, respecto al señalamiento del art. 310 del CPC, debe considerarse lo establecido en el art. 322 del mismo cuerpo legal, que establece que la apelación de la medida cautelar es en efecto devolutivo, circunstancia que hubiera acontecido por lo que no hubiera podido resolverse su solicitud de cese de medida cautelar, negligencia que pretende taparse con esta acción de amparo constitucional y se pretende se ingrese a revisar lo resuelto en la resolución de medida cautelar; 4) Respecto al Auto de 1 de noviembre de 2022, si la parte accionante consideró ser agraviada por esta, en función de los arts. 256 y 257 del CPC, podía realizar la apelación , situación que no aconteció y ante dicho actuar su derecho precluyó; 5) En cuanto a los memoriales que señala como no atendidos, ello no es evidente, menos acredita la existencia de perjuicio conforme el entendimiento de la SCP 0501/2018-S4 de 5 de septiembre; 6) En cuanto al debido proceso, la parte accionante pretende que se haga que la jurisdicción constitucional analice y valore prueba, competencia privativa de la instancia ordinaria, por cuanto no corresponde analizar el fondo de la medida cautelar, se otorgó las respuestas y tuvieron la oportunidad de exponer lo que consideraban erróneo por parte de las autoridades judiciales, no explican la razón de porque consideran que las respuestas no fueron motivadas o debidamente fundamentadas; y, 7) Como Asociación Accidental, presentaron prueba referente al vínculo que se tiene con los ahora accionantes y la empresa INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA y otra; y que acreditan también que se suscitó conciliaciones de pagos y otros entre las tres citadas, y que acredita que se tiene una deuda de las mismas hacia ARQPRO KAPRA, por lo que la jurisdicción constitucional no puede determinar respecto a la existencia del vínculo o no que hubiere entre las empresas; motivo por el cual, es incoherente el petitorio de la presente acción tutelar. INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA, a través de su abogada, Jackeline Guzmán Céspedes, se ratificó íntegramente en los fundamentos de la acción de amparo constitucional presentada y la vulneración de derechos señalada por la parte accionante y manifestó lo siguiente: i) La medida cautelar interpuesta fue determinada en demasía, habiendo transcurrido más de ciento veinte días desde la resolución que determina la misma fuera de lo permitido por la normativa, vulnerándose el principio de razonabilidad y de congruencia; ii) No existe documentación alguna que estuviera relacionando a la Asociación Accidental Tunari, JOCA o MOLINARI con INTERVIAS BOLIVIA; y, iii) En relación a la subsidiariedad, señaló que la juez de primera instancia no respondió un recurso de reposición interpuesto, de la misma manera, no fueron objeto de notificación alguna como señala con la resolución de 22 de diciembre de 2022 el 8 de febrero de 2023, al haber acudido de manera continua al Juzgado realizando el seguimiento correspondiente, habiendo ya transcurrido cuatro meses, desde la demanda preliminar y que con la resolución de alzada durará mucho más , motivo por el que considera que se constituye en un daño irremediable e irreparable para considerar la excepcionalidad del principio de subsidiariedad.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución Constitucional -SC2-CBB-AAC-0015/2023 de 16 de febrero cursante de fs. 370 a 376 vta., denegó la tutela solicitada sin ingresar al fondo, tal determinación se dio bajo los siguientes argumentos: a) Respecto al derecho a la petición, debe considerarse que el mismo no se encuentre vinculado a un proceso judicial, por cuanto si tuviere ordenamiento jurídico preciso al cual corresponde sean sometidas sus solicitudes incluidos los medios de impugnación claramente previstos en su normativa, que en el caso presente se evidencia que las solicitudes planteadas han sido atendidas por intermedio de las providencias y Autos emitidos por los jueces ahora demandados, y que si los mismos carecían de fundamentación o motivación o no hubieran respondido sus peticiones, la parte accionante tenía los medios de impugnación necesarios, determinados en el ordenamiento procesal normativo civil, y que en el caso presente, se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación, interpuesto en contra del Auto de concesión de la medida cautelar de retención de fondos de la parte accionante, siendo respondidas las peticiones planteadas de cese de la medida cautelar, y las demás solicitudes realizadas, por intermedio del Auto de 22 de diciembre de 2022, por el que se dispuso la remisión de antecedentes, respecto al recurso de apelación planteado en contra del Auto de 26 de septiembre de 2022, así como también el Auto emitido en diciembre de igual año, que es pasible de impugnación por los sujetos procesales; b) Por lo previamente detallado, se evidencia la falta de agotamiento de los medios y recursos establecidos en el ordenamiento procesal civil, deviniendo lo establecido en el art. 129.I de la CPE concordante con el art. 54 del CPCo, que es el incumplimiento del principio de subsidiariedad; c) Respecto a la excepción de subsidiariedad planteada por la parte accionante, a pesar de haberse acompañado planillas, referente al pago de los trabajadores y otros que estuvieran coartadas por la medida cautelar de retención de fondos, de acuerdo con la SC 1026/2005-R y reiterada por la SCP 0915/2016-S3, el accionante debe demostrar la inminencia de un daño irreparable o que el medio de defensa resulte ineficaz, presupuestos que no han sido demostrados en el presente caso, ya que se tiene una medida cautelar determinada en respuesta de una demanda preliminar, reclamo que devendría de no haberse honrado algunos pagos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de solicitud de medidas cautelares presentado el 16 de septiembre de 2022, por Marco Antonio Gálvez Lozano en representación de la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA solicitando al Juez Público Civil y Comercial de la Capital de turno de la ciudad de Cochabamba (fs. 116 a 129). II.2. Auto de 26 de septiembre de 2022, por el cual se concede la medida cautelar de retención de fondos disponiendo que la ASFI proceda a la retención de cuentas de INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. SUCURSAL BOLIVIA, JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL BOLIVIA Y MOLINARI RAIL AG SUCURSAL BOLIVIA por un monto de Bs17 053 573,24 a cada una de las empresas mencionadas (fs. 130 a 132 vta.). II.3. Cursa memorial de recurso de apelación en contra del auto que concedió la medida cautelar interpuesto por la Asociación Accidental Tunari el 20 de octubre de 2022 (fs. 134 a 144 vta.). II.4. Memorial de recurso de reposición con alternativa de apelación presentado el 31 de octubre de 2022, presentado por la Asociación Accidental Tunari y Auto de 1 de noviembre de 2022, que rechaza dicho recurso emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba (fs. 147 a 151).
II.5. Solicitud de levantamiento de medida cautelar presentado por la Asociación Accidental Tunari el 15 de noviembre de 2022, y providencia de traslado de 16 de noviembre de 2022 (fs. 155 a 157). II.6. Memorial de respuesta al traslado de cese de la medida cautelar presentada por la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA el 19 de diciembre de 2022 (fs. 187 a 188). II.7. Auto de 22 de diciembre de 2022 emitido por el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba que rechaza la solicitud de la Asociación Accidental Tunari y concede los recursos de apelación interpuestos por esta misma, ordenando su remisión para su consideración por un Tribunal de Alzada (fs. 189 a 191 vta.).
La parte accionante considera lesionados sus derechos a la petición, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, a solicitud de la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA, se emitió el Auto de 26 de septiembre de 2022, por el cual se concede una medida cautelar de retención de fondos de INTERVÍAS CONSTRUCCIONES SUCURSAL BOLIVIA, por un contrato suscrito entre estas el 31 de diciembre de 2018, pero el auto señalado indica también la retención de fondos de las empresas JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL BOLIVIA y MOLINARI RAIL AG SUCURSAL BOLIVIA, que forman la Asociación Accidental Tunari, sin estas empresas tener una relación con el demandante, por lo que solicitaron el cese de la medida cautelar, así como la interposición de recurso de reposición que fue rechazado sin fundamentación y motivación alguna y sin considerar su petición y recurso de apelación, que no fue resuelto además de solicitar en reiteradas oportunidades el cese de la medida cautelar, por ser las cuentas retenidas utilizadas para el pago de sueldos y salarios de sus trabajadores, dentro del proyecto de construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba, proyecto de interés nacional al no tener una respuesta de parte del Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba, por lo que solicita que se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: 1) Al Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba cese la omisión ilegal y otorgue una respuesta fundamentada y motivada al memorial de solicitud de cese de la medida cautelar presentado el 20 de octubre de 2022, y reiterada por memoriales de 30 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, respectivamente, estableciendo los justificativos y razonamientos pertinentes que atiendan cada una de las solicitudes respetando el debido proceso y la legitima defensa; 2) Se deje sin efecto y se anulen el Auto Definitivo de 26 de septiembre, providencia de 21 de octubre y Auto de 1 de noviembre, todos de 2022; y, 3) Se determine responsabilidad civil y se condene costas y procesales.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; en esa misma línea, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Ahora, con relación al tema, la SCP 0820/2019-S2 de 17 de septiembre, estableció que:
[A] efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.
Por otra parte, en relación a los alcances del derecho a la petición y su diferenciación de una pretensión procesal este Tribunal a través de la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, señaló que:
[U]n elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla.
En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso- forma parte de la pretensión, pero no toda petición involucra una impugnación. Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionarioʼ.
Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso (las negrillas nos pertenecen). En ese contexto, Respecto a los ámbitos procesales de aplicación del citado precedente, la SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, estableció que:
[P]or sus implicancias resulta plenamente aplicable en todo proceso contencioso, es decir, dentro una causa donde se constituyan partes procesales en controversia, donde una es la parte actora que tiene una pretensión y otra que se oponga a ella, debiendo las mismas ser sustanciadas en el marco de una norma adjetiva y resueltas en observancia del debido proceso, en ese entender será la norma procesal la encargada de regular los plazos, etapas e instancias procesales, al que las partes, coadyuvantes y otros sujetos procesales se encuentran sometidas, en razón a que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que, toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales. En consecuencia, se puede manifestar que, en virtud a los entendimientos jurisprudenciales glosados precedentemente, el derecho a la petición de manera autónoma no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo a efectos de solicitar a una determinada autoridad, la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley, esta compelida a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos a tal efecto y la pretensión de las partes en relación al citado acto.
En cuanto a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 0717/2024-S1 de 27 de diciembre ha señalado al respecto que: “El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0189/2022-S1 de 6 de mayo; 0507/2023-S1 de 30 de mayo; 0852/2023-S1 de 27 de julio; entre otros, mismos que describen lo siguiente:
Al respecto, la SCP 0800/2019-S1 de 4 de septiembre citando a la SCP 0983/2017-S2 de 18 de septiembre, ha señalado que:
“El art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procederá: “Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas” (las negrillas nos pertenecen).
En ese aspecto, se entiende que si una resolución sea esta judicial o administrativa cuya ejecución estuviere suspendida por la interposición ya sea de recursos judiciales (reposición, apelación, casación, compulsa y/o revisión extraordinaria de sentencia), o administrativos (revocatoria, jerárquica y/o contencioso administrativo), la activación de la acción de amparo constitucional será improcedente, al estar dilucidándose la pretensión en una instancia inferior y que la misma no cuenta con una Resolución emitida por la autoridad correspondiente.
Ahora bien, respecto a la activación paralela de una jurisdicción ya sea esta judicial o administrativa y a la misma vez la acción de amparo constitucional, la SCP 1164/2016-S2 de 7 de noviembre, en la que se interpuso un recurso de revocatoria a una resolución sancionatoria, se determinó que:
“…activó en forma previa dicho recurso, el cual a momento de plantear la presente acción tutelar, se encontraba en trámite, pendiente de resolución; entonces si las accionantes acudieron a esta vía idónea, deben aguardar que la respectiva autoridad, resuelva el recurso de alzada que fue interpuesto, y posteriormente el recurso jerárquico y una vez agotada dicha vía, y si acaso persiste la lesión al debido proceso y al trabajo que ahora invocan, recién podrá acudir a la jurisdicción constitucional para su reparación.” (las negrillas fueron añadidas).
Es decir, que si la persona que se considere agraviada en sus derechos y garantías constitucionales inserta en un proceso judicial o administrativo en la que sea haya emitido una Resolución en la que discurra lesionado sus intereses particulares y al haber interpuesto en contra de esa decisión los recursos idóneos que le franquea la Ley, debe permitir que las autoridades jerárquicas o de alzada se pronuncien sobre dichos agravios, y solo cuando se culmine con el procedimiento establecido y en el hipotético caso de no satisfacer sus expectativas al considerar que sus derechos y garantías siguen lesionados, recién podrá activar la justicia constitucional, en la que no podrá activar esta vía constitucional de forma paralela a los recursos judiciales o administrativos que el ordenamiento jurídico creó para el efecto.
Por lo que en palabras de la referida SCP 0800/2019-S1, concluye que:
“… cuando se activen dos vías paralelas, la ordinaria, sean éstas judiciales, administrativas o de otra índole, y la constitucional, denunciando la ilegal de un mismo acto, corresponde la aplicación del art. 53.1 del CPCo; pues los supuestos actos lesivos denunciados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, estando activada de manera simultánea la vía ordinaria…” (las negrillas pertenecen al original).
Por lo que siguiente la lía jurisprudencial establecida por este Tribunal Constitucional Plurinacional, en aplicación de lo establecido en el art. 53.1 del CPCo, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto si el accionante ha activado dos vías paralelas o simultáneas reclamando los mismos hechos, incurre en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, por el cual no corresponde ingresar al análisis de fondo.”
La impetrante de tutela en representación de la Asociación Accidental Tunari, considera lesionados sus derechos a la petición, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, a solicitud de la Asociación Accidental ARQPRO KAPRA se emitió el Auto de 26 de septiembre de 2022; por el cual, se concede una medida cautelar de retención de fondos de INTERVÍAS CONSTRUCCIONES SUCURSAL BOLIVIA por un contrato suscrito entre estas el 31 de diciembre de 2018, pero el auto señalado indica también la retención de fondos de las empresas que conforman la Asociación Accidental Tunari, ahora accionante, por lo que solicitaron el cese de la medida cautelar, así como la interposición de recurso de reposición que fue rechazado sin fundamentación y motivación alguna y sin considerar su petición y recurso de apelación que no fue resuelto además de solicitar en reiteradas oportunidades el cese de la medida cautelar por ser las cuentas retenidas utilizadas para el pago de sueldos y salarios de sus trabajadores dentro del proyecto de construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba, proyecto de interés nacional, todo esto sin tener relación alguna con la parte demandante y no tener una respuesta de parte del Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba.
La parte accionante claramente refiere que su derecho de petición se hubiere vulnerando al no haberse dado respuesta a su solicitud de cese de la medida cautelar, por parte del Juez Público Civil y Comercial 24º, al no haber dado una respuesta motivada y fundamentada, ya que la providencia de 21 de octubre rechazó su solicitud, sin dar razones o exponer los hechos que sustenten su decisión, limitándose a señalar al art. 318 del CPC cuyo contenido refiere a los bienes inembargables y que no condicen con la petición solicitada. Mientras que el Juez Público Civil y Comercial de la Capital 20º del departamento de Cochabamba, al no haber dado respuesta ni pronunciarse sobre los memoriales de 15 y 30 de noviembre y de 20 de diciembre, todos del 2022, a criterio de la parte accionante, vulneró su derecho a la petición, incumpliendo con plazos procesales y el tiempo determinado para la vía preliminar sin la interposición de una demanda ordinaria.
Del contenido de sus requerimientos, se tiene que, ante ambos jueces ahora demandados, se solicitó textualmente el cese de la medida cautelar establecida en contra de las empresas que conforman la Asociación Accidental Tunari; lo que claramente se constituye en una pretensión procesal, por lo que corresponde recordar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 que determina que el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un proceso, sea este judicial o administrativo, a efectos de solicitar a una autoridad, en este caso dos jueces, la ejecución de un acto procesal, en este caso el determinar el cese de una medida cautelar, por lo que respecto a la denuncia de la vulneración de derecho de petición, corresponde denegar la tutela impetrada.
Previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada, se debe considerar lo señalado por el tercero interesado Asociación Accidental ARQPRO KAPRA, respecto al incumplimiento del principio de la subsidiariedad en la presente acción tutelar, ya que señaló en audiencia que existe un recurso de apelación concedido por uno de los demandados en contra del auto de 26 de septiembre de 2022, que concede la medida cautelar, recurso de apelación concedido por Auto de 22 de diciembre de 2022, de la misma manera siendo que la petición de la acción de amparo constitucional es dejar sin efecto dicho Auto, así como la falta de fundamentos para abstraerse del principio de subsidiariedad solicitado por el peticionante de tutela.
Al respecto y de la revisión de los antecedentes acompañados en el expediente es evidente que cursa el memorial de recurso de apelación presentado por la parte accionante en contra del Auto de 26 de septiembre de 2022 (Conclusión II.3) y el Auto de 22 de diciembre del mismo año, por el que, el ahora demandado, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Cochabamba que rechaza la solicitud de cese de la medida cautelar de retención de fondos y de la misma manera concede el recurso de reposición señalado líneas arriba (Conclusión II.7).
Por lo que, es evidente que existe un recurso del cual ha hecho uso la parte accionante y que a la fecha está pendiente de resolución por parte de un Tribunal de alzada y que esta íntegramente vinculado al petitorio de la presente acción de amparo constitucional, como es la nulidad del Auto de 26 de septiembre de 2022, por lo que tenemos que remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que establece que cuando se activan dos vías paralelas, la ordinaria, sean éstas judiciales, administrativas o de otra índole, y la constitucional, denunciando la ilegalidad de un mismo acto, corresponde la aplicación del art. 53.1 del CPCo.
Por lo previamente detallado, los supuestos actos lesivos denunciados no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, estando activada de manera simultánea la vía ordinaria, cosa que en el caso de autos es evidente ya que estando pendiente el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante se puede generar dos resoluciones sobre un mismo hecho y que puede generar disparidad, debiendo darse la oportunidad a las autoridades del Tribunal de alzada de pronunciarse al respecto, más aún si la solicitante de tutela no ha comprobado el daño irreparable e irremediable para poder hacer una abstracción del principio de subsidiariedad, por cuanto debe denegarse la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución Constitucional -SC2-CBB-AAC-0015/2023 de 16 de febrero cursante de fs. 370 a 376 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías; y, DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0366_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5a9f8769692fac2e9b9aab9f62dc9e5d25e59ab0fe6346a4e767b179bbd8a60d
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