Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y/o de acceso a la justicia de una menor de edad víctima de un delito de agresión sexual; puesto que, el recurso de apelación restringida interpuesto por el hoy tercero interesado contra la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre, emitida en su contra, fue sorteada a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a cargo de los Vocales hoy accionados y recibido por el Auxiliar de la misma Sala Penal el 3 de febrero de 2023; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, dicho recurso de apelación no fue radicado, transcurriendo veinticuatro días hábiles; es decir, un plazo superior al que debía durar el trámite de ese medio de impugnación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El principio de celeridad que debe ser observado por jueces y tribunales; b) Las normas de la Ley 348 aplicables a los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género. La debida diligencia; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 131 a 135 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, sin emitir disposición alguna a ser cumplida, en vista de que ya se señaló y se llevó acabo la audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida solicitada por Lilian Elisa Calizaya Gemio. 2° DENEGAR respecto a la solicitud de imposición de costas, daños y perjuicios.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2025-S1 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54301-2023-109-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 23/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 131 a 135 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lilian Elisa Calizaya Gemio contra Salua July Dipp Antequera y Julio Huarachi Pozo, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
La accionante por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 101 a 104 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Omar Ramos Gemio -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); en el que, actuó en calidad de madre de la menor de edad AA de dos años cuando sucedieron los hechos, siendo víctima y querellante; se llevó a cabo el juicio oral, público y contradictorio, en el cual la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, pronunció la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre, declarando al ahora tercero interesado autor del citado delito, condenándolo a sufrir la pena privativa de libertad de diez años de presidio. Contra la Sentencia 75/2022, el 6 de enero de 2023, el “imputado” -hoy tercero interesado- interpuso recurso de apelación restringida, que una vez contestado por el Ministerio Público y su persona, por decreto de 27 de igual mes y año, la Jueza de la causa dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, previo sorteo y en estricta observancia de lo establecido por el art. 409 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Conforme al Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, se tiene que el recurso de apelación restringida fue sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y recibido por el Auxiliar de la indicada Sala Penal el 3 de febrero de 2023; es decir, hace “…VEINTICUATRO (24) días hábiles” (sic). En la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el recurso de apelación restringida no fue radicado “a la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- a pesar de transcurrir un plazo superior al que debió durar el trámite íntegro de dicho recurso de apelación.
La accionante denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y/o de acceso a la justicia de una menor de edad víctima de un delito de agresión sexual; citando al efecto los arts. 60, 115.II y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) La Vocal hoy accionada; ya que, el Vocal ahora coaccionado se encuentra de vacación, convoque al vocal que corresponda y señale en el plazo de veinticuatro horas, audiencia de fundamentación solicitada en el recurso de apelación restringida interpuesto por el “imputado” -hoy tercero interesado-, transcurrido ese término, se disponga el sorteo para la resolución de dicho recurso de apelación; y, b) Sea con la imposición de costas, daños y perjuicios a ser averiguables en ejecución de la “sentencia constitucional”; ya que, son veinticuatro días de inacción y de falta de atención a un recurso de apelación, lo que resulta ciertamente en un nivel de retardación de justicia.
Celebrada la audiencia pública el 16 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 126 a 130 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) La Sentencia 75/2022 condenatoria emitida contra el ahora tercero interesado, fue apelada y remitida el 3 de febrero de 2023, ante el Tribunal de alzada donde se encontraba veinticuatro días -sin resolverse-; 2) La audiencia -de fundamentación del recurso de apelación restringida- se llevó a cabo “hace un momento”; sin embargo, el decreto emitido para esa audiencia fue señalado después de que uno de los Vocales fue notificado con la presente acción tutelar; 3) La menor de edad representada por su persona, tiene derecho a que se cumplan de manera estricta los plazos previstos por ley; 4) El recurso de apelación restringida tiene un trámite específico relacionado con el principio de celeridad; por lo que, sin la necesidad de una solicitud expresa, de oficio por mandato de lo establecido por los arts. 178 y 181 de la CPE, los “tribunales” deben priorizar el sorteo de causas -que involucren menores de edad-; 5) Teniendo en cuenta el Informe -05/2023 de 16 de marzo- del Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se advierte que asume la culpa -de la dilación-, no sabiendo si está consciente de su responsabilidad al realizar ese Informe, no encontrando sentido ni justificación al mismo; ya que, no fue accionado y porque los funcionarios de apoyo jurisdiccional no pueden ser sujetos o no tienen legitimación para ser accionados en una acción de amparo constitucional de acuerdo a la jurisprudencia constitucional; 6) Existe una falta de respeto a la menor de edad; ya que, los Vocales ahora accionados no presentaron su informe, pareciendo que ya tienen certeza sobre lo que ocurrirá en la presente audiencia; 7) Al llevarse a cabo la audiencia -del recurso de apelación restringida- se presentaría la teoría del acto superado, lo que no resulta cierto; ya que, se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva; 8) No se entiende porque dicho Secretario genera una inmolación administrativa, disciplinaria y penal; toda vez que, el retardo de justicia no es solo administrativo; empero, la Vocal ahora accionada que está de turno no manifestó absolutamente nada al respecto, no mereciendo ese trato la indicada menor de edad; 9) Los Vocales hoy accionados tienen la obligación de controlar las acciones de defensa y los recursos de apelación que son remitidos a sus despachos; ya que, existe un gerenciamiento y una gestión judicial obligatoria; 10) Se acreditó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva; por lo que, se pide un pronunciamiento con relación a los niveles de retardación de justicia en esta causa; y, 11) La vulneración del citado derecho de una menor de edad, hace que se pueda vencer la lógica de la teoría del acto superado.
Salua July Dipp Antequera y Julio Huarachi Pozo, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 107 y 108.
Omar Ramos Gemio, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 110.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 23/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 131 a 135 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se “sobrecartan” los actuados realizados en el “testimonio” de apelación, vinculado al recurso de apelación restringida planteado por el hoy tercero interesado, practicados con evidente retardación, ello a efectos de agilizar la tramitación de esa causa; sin embargo, se exhortó a los Vocales ahora accionados y a los funcionarios de apoyo jurisdiccional, a cumplir con rigurosidad los plazos y las formalidades establecidas no solo por el art. 411 del CPP, sino además, todas las directrices y las circulares del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la atención de estos grupos vulnerables que se encuentran tipificados ya sea en caso de violencia familiar, contra las mujeres o niñas, niños y adolescentes, bajo alternativa de responsabilidad en caso de incumplimiento continuo; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Del Informe 05/2023 presentado por el Secretario de la sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se evidencia que de manera expresa refiere que la no tramitación del recurso de apelación restringida, obedece a un descuido de su persona; ii) No se encuentra acreditada la “vacación judicial” del Vocal hoy accionado; iii) En cuanto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; del citado Informe se advierte que el indicado Secretario se atribuye la responsabilidad por el descuido que supuestamente generó la retardación de justicia y la vulneración de los derechos de la menor de edad; iv) La jurisprudencia constitucional establece en determinados casos, que la legitimación pasiva puede radicar en los funcionarios de apoyo jurisdiccional, vinculados a la celeridad procesal y en cuanto a sus funciones específicas; así como, en acciones de libertad de pronto despacho; es decir, que pueden ser accionados; sin embargo, en el presente caso ello no ocurrió, atribuyéndose una responsabilidad directa a los Vocales ahora accionados; por lo que, no resulta atendible el justificativo de dicho Secretario; v) La obligación de los Vocales hoy accionados de presentar un informe o contestación, no se encuentra simplemente vinculado al cumplimiento de una formalidad, sino, de un mandato constitucional, respondiendo por los presuntos actos que generaron acciones ilegales o indebidas contra menores de edad, como en el presente caso. Esa obligación no fue cumplida por los mencionados Vocales, lo que podría entenderse como una aceptación de los hechos; vi) Al no haber alegado los Vocales ahora accionados el acto superado, mal podría analizarse esa situación; sin embargo, todos los actuados desarrollados por ellos a partir del 14 de marzo de 2023 y “en el día de la fecha”, fueron con posterioridad a la notificación con la admisión de esta acción de defensa, siendo dichos elementos irrelevantes para eximirlos de responsabilidad; vii) Sobre la legitimidad pasiva que pretendió atribuirse el citado Secretario; teniendo en cuenta el trámite que se debe aplicar a los recursos de apelación restringida conforme con lo establecido por el art. 411 del CPP, se advierte que el señalamiento de la audiencia de fundamentación oral complementaria, no se encuentra condicionada a ningún otro acto administrativo; por lo que, mal podría justificarse ello en omisiones o descuidos de orden netamente administrativos, lo que tampoco exime de responsabilidad a los Vocales hoy accionados; viii) La Nota de 3 de febrero de 2023, lleva el sello del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, siendo su referencia la remisión del recurso de apelación restringida. El referido Juzgado puso en conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por estar dirigida a “…su presidente el Dr. Julio Huarachi Pozo…” (sic), que remite el indicado recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia 75/2022; constando un elemento contradictorio ya que en el reverso de esa nota fue “asentada” por el Secretario de la citada Sala Penal, quien refiere que el “testimonio” del recurso apelación restringida fue recibido a las 8:00 horas del 14 de marzo de 2023, e ingresado bajo la partida 130/2023, lo cual se contradice con la fotocopia del Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, cursante a fs. 2 del cuaderno procesal, que evidencia la remisión del recurso de apelación restringida y cuyo “testimonio” fue recepcionado el 3 de febrero de 2022, lo que guarda coherencia y credibilidad con la nota de remisión suscrita por la Jueza de la causa; ix) Esa nota se encuentra suscrita por Ricardo Richard Pacheco Canchari, Auxiliar de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y refrendado además por los sellos correspondientes; por lo que, resulta verosímil que el “testimonio” del mencionado recurso de apelación fue remitido a la citada Sala Penal a cargo de los Vocales hoy accionados y recepcionado el 3 de febrero de 2023; y, a la fecha de interposición de esta acción tutelar, que fue presentada el 13 de marzo de igual año, no se imprimió ningún actuado o decisión al respecto conforme exige el art. 411 del CPP, siendo ese grado de retardación atribuible a los indicados Vocales; x) El derecho de acceso a la justicia de la accionante fue vulnerado; ya que, desde la remisión del “testimonio” del mencionado recurso de apelación transcurrieron veintiséis días que no se pronunciaron decisión alguna, encontrándose el cuaderno procesal desprovisto de control jurisdiccional que responda a las peticiones realizadas por las partes procesales; xi) Se advierte la vulneración del citado derecho de un miembro de un grupo vulnerable de alta sensibilidad como la víctima menor de edad, víctima por delitos sexuales y su condición de mujer; y, xii) Los actos posteriores a la admisión de la presente acción tutelar, más allá de la retardación con la que fueron desarrollados, deben subsistir para efectos de la conclusión del proceso y la aplicación de una justicia eficaz y eficiente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, ante la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Oruro, Omar Ramos Gemio -hoy tercero interesado-, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre (fs. 41 a 56); contestado por la Fiscal de Materia (fs. 81 a 82 vta.) y por Lilian Elisa Calizaya Gemio -ahora accionante- (fs. 91 a 95 vta.), la mencionada Jueza, emitió el decreto de 27 de igual mes y año; por el cual, dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (fs. 96). II.2. Cursa fotocopia del Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; en el que, se advierte la remisión del recurso de apelación restringida el 3 de febrero de 2023; constando el sello de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental del Justicia de Oruro y la firma de Ricardo Richard Pacheco Canchari, Auxiliar de dicha Sala Penal (fs. 2). II.3. Consta Informe 05/2023 de 16 de marzo, emitido por Eduardo Toledo Ríos, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por el cual, señaló que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora tercero interesado, no se fijó audiencia con antelación por un descuido de su persona (fs. 119). II.4. Por Auto de 14 de marzo de 2023, Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionada-, radicó el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora tercero interesado, admitiendo el mismo y señalando audiencia de fundamentación oral complementaria de dicho recurso de apelación para el 16 de igual mes y año, a las 14:30 horas (fs. 121).
La accionante denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y/o de acceso a la justicia de una menor de edad víctima de un delito de agresión sexual; puesto que, el recurso de apelación restringida interpuesto por el hoy tercero interesado contra la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre, emitida en su contra, fue sorteada a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a cargo de los Vocales hoy accionados y recibido por el Auxiliar de la misma Sala Penal el 3 de febrero de 2023; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, dicho recurso de apelación no fue radicado, transcurriendo veinticuatro días hábiles; es decir, un plazo superior al que debía durar el trámite de ese medio de impugnación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; por lo que, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El principio de celeridad que debe ser observado por jueces y tribunales; b) Las normas de la Ley 348 aplicables a los procesos judiciales por hechos de violencia en razón de género. La debida diligencia; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0165/2019-S2 de 24 de abril, establece que: «El art. 178.I de la Ley Fundamental, dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. Previendo el art. 180.I de la CPE, que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”. Expresando finalmente el art. 115.II de la Norma Suprema, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Así, el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en las causas sometidas a sus conocimientos. En ese orden, en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales de la función de impartir justicia en la actividad judicial; la SCP 0507/2012 de 9 de julio, refiere que: “Para impartir justicia conforme imponen los mandatos de la Constitución Política del Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los valores y principios que son la base del nuevo documento constituyente, el cual contiene una vocación axiológica, principista y finalista que configura un Estado sustentado en valores y principios con una convicción progresista en relación a la clásica confección estatal de tipo positivo; dicho de otro modo, nuestra Carta Fundamental construye el Estado Plurinacional sobre la base de valores, principios y principios ético morales, que erigen una sociedad respetuosa de la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia, los cuales se encuentran previstos en muchos de los artículos del texto constitucional, además del Capítulo Segundo del Título Primero, de la Primera Parte, titulado: ‘Principios, Valores y Fines del Estado’. En ese contexto, de la lectura del texto constitucional, es posible identificar valores y principios en los arts. 1, 2, 11, 178, 180, 186, 190, 196 y otros del documento constitutivo del Estado Plurinacional boliviano; muchos de esos principios son dedicados con exclusividad a la función de impartir justicia, siendo imprescindibles en la labor jurisdiccional, por lo que se constituyen en la dogmática constitucional inexcusable en todo acto judicial. Por ello, este Tribunal afirma que la labor del juez sólo será acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional; de modo tal, que el usuario del sistema judicial, luego de cumplidos los actos jurisdiccionales, pueda percibir en los resultados de tal actuación, la vigencia y materialización de los principios constitucionales que otorgan validez a los eventos judiciales. (…) En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio ‘oportunidad’ importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial. Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias”» (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0009/2025-S1 de 5 de marzo, citando a su vez a la SCP 0466/2021-S1 de 20 de septiembre, estableció lo siguiente: “El derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, fue precisado en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, cuando indicó: …la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Por su parte, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, estableció que dicho derecho implica:
1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. En situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no sólo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva una obligación para el Estado en todos sus niveles, no sólo de investigar y sancionar actos de violencia contra ella; sino de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas, a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción por parte de un servidor público resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, en delitos de violencia contra la mujer, el Estado a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar conforme al estándar de la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; en ese sentido, el Estado boliviano instituyó normas de desarrollo internas contenidas en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que es una norma específica en materia de violencia en razón de género, aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su edad; normas que deben ser aplicadas, de manera especial en los procesos judiciales y administrativos por violencia en razón de género, y que en su Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia y establece, en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: ‘3) El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas’. Por otra parte, en el Título V, Legislación penal, en el Capítulo III, la citada Ley 348 establece los principios procesales (art. 86) que deben regir los hechos de violencia contra las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: ‘2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento’. De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta además que en los supuestos en que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis merecerá un enfoque interseccional o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición de menor de edad y mujer en situación de violencia” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y/o de acceso a la justicia de una menor de edad víctima de un delito de agresión sexual; puesto que, el recurso de apelación restringida interpuesto por el hoy tercero interesado contra la Sentencia 75/2022 de 14 de noviembre, emitida en su contra, fue sorteada a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a cargo de los Vocales hoy accionados y recibido por el Auxiliar de la misma Sala Penal el 3 de febrero de 2023; sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, dicho recurso de apelación no fue radicado, transcurriendo veinticuatro días hábiles; es decir, un plazo superior al que debía durar el trámite de ese medio de impugnación. De la revisión de antecedentes se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el hoy tercero interesado, la Jueza de la causa, emitió la Sentencia 75/2022, declarando al nombrado autor de la comisión del delito de abuso sexual y condenándolo a cumplir la pena privativa de libertad de diez años de presidio, en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 3 a 24 vta.). contra esa determinación, dicho tercero interesado por memorial presentado el 6 de enero de 2023, interpuso recurso de apelación restringida, solicitando en el otrosí segundo de su memorial, se señale día y hora de audiencia de fundamentación del recurso; el cual una vez contestado por la Fiscal de Materia y por la accionante, mereció el decreto de 27 de igual mes y año, emitido por la mencionada Jueza, quien dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada (Conclusión II.1.). Así también, de acuerdo a la fotocopia del Libro de Altas y Bajas del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; en la que, se advierte la remisión del recurso de apelación restringida el 3 de febrero de 2023; constando el sello de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental del Justicia de Oruro y la firma del Auxiliar de dicha Sala Penal (Conclusión II.2.). Una vez interpuesta la presente acción de defensa el 13 de marzo de 2023, admitida y notificada a las partes procesales el 14 de ese mes y año (fs. 106 a 110), y debido a la solicitud efectuada por la accionante en el otrosí 2 de su memorial de amparo constitucional (fs. 104); el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, presentó el Informe 05/2023, señalando que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora tercero interesado, no se fijó audiencia con antelación por un descuido de su persona (Conclusión II.3.). Así también se tiene que, por Auto de 14 de marzo de 2023, la Vocal ahora accionada, radicó el recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora tercero interesado, admitiendo el mismo y señalando audiencia de fundamentación oral complementaria de dicho recurso de apelación para el 16 de igual mes y año, a las 14:30 horas (Conclusión II.4.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se evidencia que la accionante precisa como el acto vulneratorio de su derecho, la omisión de radicatoria y la consiguiente tramitación del recurso de apelación restringida interpuesto por el hoy tercero interesado contra la Sentencia 75/2022 emitida en su contra, desde el 3 de febrero de 2023, cuando fue sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro a cargo de los Vocales ahora accionados y recibido por el Auxiliar de la misma Sala Penal; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, transcurrieron veinticuatro días hábiles; es decir, un plazo superior al que debia durar el trámite de ese medio de impugnación. Con la finalidad de establecer si la denuncia efectuada por la accionante resulta evidente, es necesario remitirnos al marco normativo que regula el trámite del recurso de apelación restringida; en ese sentido, se tiene que el art. 411 del CPP, al efecto señala que: “Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los diez días de recibidas las actuaciones. Concluida la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de veinte días”. Aplicando esa disposición legal al proceso penal del cual deriva la presente acción de defensa, se tiene que una vez remitidos los antecedentes del recurso de apelación restringida al Tribunal de alzada, acaecido el 3 de febrero de 2023, los Vocales hoy accionados debido a la solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de fundamentación efectuada por el ahora tercero interesado, debieron señalar la misma dentro del plazo de los diez días de recibidos las actuaciones, y luego de ello pronunciar el respectivo auto de vista en el plazo de veinte días; sin embargo, en el caso concreto, el trámite que le correspondía a dicho recurso de apelación con la radicatoria y el señalamiento de audiencia de fundamentación oral complementaria, en efecto no fue realizado hasta el 13 de marzo de igual año, fecha en la que se interpuso esta acción tutelar, como denunció la accionante, sino de manera posterior. Es así que el 14 de marzo de 2023, los Vocales hoy accionados fueron citados con el memorial de acción de amparo constitucional y su Auto de admisión (fs. 108); es decir, después de veinticuatro días hábiles de remitidos los antecedentes del recurso de apelación restringida, recién por Auto de esa fecha radicaron esos antecedentes y admitieron el citado recurso de apelación, señalando audiencia de fundamentación oral complementaria de dicho recurso de apelación para el 16 de igual mes y año, a las 14:30 horas; es decir, media hora antes de la audiencia fijada para la consideración de la presente acción de defensa; aspectos que evidencian que dichos Vocales no cumplieron con los plazos procesales establecidos por el art. 411 del CPP para el trámite del citado medio de impugnación, cuya radicación, admisión y señalamiento de audiencia se produjeron recién como efecto del planteamiento de la acción tutelar, y no como resultado de la actuación diligente que les compete como miembros de un Tribunal de alzada. La dilación advertida por esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional y el consiguiente apartamiento del principio de celeridad en las actuaciones desarrolladas por los Vocales ahora accionados, que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, lo que implica el cumplimiento de los plazos procesales con la finalidad de evitar retardaciones indebidas, ilegales e innecesarias en las causas sometidas a su conocimiento; quedó corroborado con el Informe 05/2023 del Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, quien reconoció la falta de radicatoria y señalamiento de audiencia de manera oportuna por parte de dichos Vocales, quedando así en evidencia, el actuar negligente y omisivo de los indicados Vocales con relación a los plazos previstos por ley, que provocó un retraso innecesario en la tramitación del recurso de apelación restringida interpuesto por el hoy tercero interesado, situación que no fue desvirtuada ni justificada por los Vocales ahora accionados, al no concurrir a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni presentar informe al respecto. Esa actuación irregular y contraria con lo previsto por el art. 411 del CPP, atribuida a los Vocales hoy accionados, ocasionó también la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva o de acceso a la justicia de la menor de edad, quien por su minoría de edad y su condición de víctima de los hechos denunciados relacionados con un delito de carácter sexual, que fue tramitado y sentenciado dentro del proceso penal seguido contra el ahora tercero interesado; y además por su pertenencia a un grupo vulnerable, merece una priorización en el tratamiento de la causa en la que se encuentra involucrada y una pronta resolución de la misma por parte de los administradores de justicia; en ese sentido, al no ocurrir aquello en el presente caso en particular, queda en evidencia que los Vocales hoy accionados asumieron una actitud pasiva y dilatoria en el cumplimiento de sus funciones, frente a un sector vulnerable de la sociedad, evitando realizar acciones inmediatas que tiendan a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos; más aún, si tienen la obligación de actuar con la debida diligencia en el marco de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer; más aún, tratándose de una niña menor de edad, como ocurre en el caso concreto, en el que debieron desarrollar sus actuaciones con la celeridad debida; motivo por el que, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, si bien de acuerdo a lo manifestado por la accionante y que fue confirmado por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida solicitada a través de esta acción tutelar, ya se hubiese llevado a cabo minutos antes de la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, no pudiendo por ese motivo, ordenar que se desarrolle nuevamente ese actuado procesal; sin embargo, dicho aspecto no soslaya la retardación advertida en las actuaciones de los Vocales hoy accionados, tampoco impide la concesión de la tutela peticionada. En cuanto a la solicitud de imposición de costas, daños y perjuicios, los mismos no pueden ser considerados en razón a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debiendo denegarse la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 131 a 135 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, sin emitir disposición alguna a ser cumplida, en vista de que ya se señaló y se llevó acabo la audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida solicitada por Lilian Elisa Calizaya Gemio. 2° DENEGAR respecto a la solicitud de imposición de costas, daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0366_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0677ecf7848533bf19a5f55d87d09ed550780bdc70a7064828623718582376bc
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →