Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
La accionante mediante su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, libertad y educación, en mérito a que: i) La autoridad jurisdiccional demandada, no da respuesta a su solicitud de reintegración familiar, debiendo esta ordenar o conminar a la DNA la restitución a su familia ampliada paterna; ii) Los funcionarios municipales demandados, no dan respuesta a su solicitud de visitas de su familia ampliada en línea paterna. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o no la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 041/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad jurisdiccional y funcionarios municipales demandados, el cumplimiento estricto del procedimiento de reintegración familiar. 3° Exhortar a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, actuar conforme a la normativa citada ante la solicitud de visitas de menores con acogida circunstancial.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 54850-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 041/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mery Angélica Mariscal Palle en representación sin mandato de AA contra Wendy Verónica Mamani Condori, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la capital; José Luis Valencia Lima, Coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); y, Vladimir Monje Arteaga, Responsable del Albergue del Bi-Centenario Solidario de Mallasa, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 15 a 19 vta., la impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
El 15 de febrero de 2023, ante un supuesto maltrato psicológico por parte de su progenitor y ante la existencia de un informe psicológico efectuado sin consentimiento de su familia, AA fue remitida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a un centro de acogida circunstancial; siendo informado de esta decisión el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de la Capital, quien, en conocimiento de esta situación, durante un mes no hizo absolutamente nada. Conocido este acogimiento circunstancial, la tía –hoy representante sin mandato– y la abuela paterna de AA, solicitaron al referido Juez, la reintegración familiar de la menor de once años, en favor de ésta familia ampliada, existiendo como antecedentes que, Francisca Palle de Mariscal –abuela paterna– mediante acta de compromiso suscrito ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo anteriormente obtuvo la custodia temporal de AA; empero, esta solicitud nunca fue respondida y por el contrario, ante la existencia de la señalada acta, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto, el 14 de marzo de 2023, remitió el expediente a su similar Segundo. Ante esta situación el tío paterno de AA, –Efraín Mariscal Palle–, el 15 del mismo mes y año, solicitó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero (que se encontraba en suplencia de su similar Segundo), reintegración familia de la citada menor de edad; no obstante, mediante decreto de 17 de marzo de 2023, esta autoridad determinó que, se ponga en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dicha pretensión, cuando lo correcto era conminar a esta instancia su reintegración familiar, pero hasta el momento de la presentación de esta acción de tutela, no se dio respuesta a la señalada solicitud. Respecto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia –sin precisar un nombre o cargo concreto– señaló que, el 15 de marzo de 2023, la abuela y tíos paternos de AA, acudieron a esta instancia, y ante su solicitud de informe, luego de ser maltratados, les indicaron que solicitaron la acogida circunstancial al Juzgado competente, sin considerar que existe una disposición jurisdiccional que determinó la custodia de AA en favor de Francisca Palle de Mariscal; además, ante la solicitud de poder visitar a la menor, les señalaron que esa decisión la debe tomar el juez; posterior a ello, les indicaron que les comunicarían cualquier información aspecto que nunca ocurrió. La parte accionante, de manera puntual, solicitó que, “…en caso de que se considere que la acción de libertad no procede por esta vía, se proceda a la reconducción o adecuación de la acción de defensa constitucional que corresponda” (sic).
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, vida y educación, citando al efecto los arts. 17, 22, 23, 59, 80 y 82 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Solicitaron se conceda la tutela; por consiguiente, se ordene a: a) Wendy Verónica Mamani Condori, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de La Paz, responda de manera inmediata y sin dilaciones las solicitudes de reintegración familiar, y si corresponde ordene a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ponga en libertad a AA y la reintegre al hogar de su familia ampliada paterna, sin supeditar esta decisión a la emisión de algún informe; b) José Luis Valencia Lima, Coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, deje “…en inmediata libertad” a AA, en su defecto “…de prueba y muestras de signo de vida, con buena salud, que no recibió maltrato físico” y que permita las visitas sin condicionar las mismas a un pronunciamiento judicial; y, c) Vladimir Monje Arteaga, Responsable del Albergue del Bi-Centenario Solidario de Mallasa, la inmediata reintegración de AA a su familia ampliada paterna, y que no condicione las visitas de sus familiares a una autorización judicial.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de marzo de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 27 a 29 vta.; presentes la parte accionante; y, la autoridad jurisdiccional y funcionarios municipales demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La parte solicitante de tutela ratificó en su integridad su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) no le proporcionaron ninguna información respecto al estado actual de AA; les condicionan las visitas a ésta, a la existencia de una orden judicial; y, que al tener familia ampliada la menor de edad requiere de cariño y atención de sus tíos y su abuela.
Wendy Verónica Mamani Condori, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de La Paz, en audiencia tutelar señaló que: 1) Las primeras solicitudes de reintegración familiar, no fueron conocidas por su autoridad; 2) El 14 de marzo de 2023, fue remitido a su juzgado el expediente, siendo providenciado por su similar Tercero el 15 del mismo mes y año, conforme establece la norma, y recién tuvo conocimiento de esta solicitud con la notificación de esta demanda tutelar, pues el 15 de igual mes yaño, se encontraba en comisión por estudios, dispuesta por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 3) La solicitud de reintegración familiar, no puede otorgarse a simple solicitud, y debe cumplirse lo que señala el art. 54 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) el cual establece que la reintegración familiar se otorgará previa valoración “biopsicosocial” y compromiso escrito de la familia; 4) El citado cuerpo normativo dispone que la acogida circunstancial debe otorgarse por un plazo máximo de treinta días, plazo en el cual la DNA debe buscar algún familiar para la reintegración familiar, y finalizado el mismo se debe hacer un seguimiento permanente, este plazo aún no ha concluido; 5) Siendo que anteriormente se dio la custodia a Francisca Palle de Mariscal, con la finalidad del cuidado y resguardo de la menor de edad, no se comprende por qué nuevamente se está frente a denuncias por agresiones psicológicas, por lo cual esta persona ha incumplido con su labor del cuidado de la menor; y, 6) El caso de AA según relatan los personeros de la DNA, es complicado, por lo que se debe asumir una decisión con la finalidad de velar por su derechos y tranquilidad, por lo cual antes de emitir una nueva reintegración familiar se debe valorar la situación de la misma. José Luis Valencia Lima, Coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia tutelar señaló que: i) AA anteriormente ya sufrió violencia familiar o domestica siendo el agresor su progenitor Freddy Apolinar Mariscal, hecho que se denunció en la DNA, por otro lado, también se denunció un abuso sexual en contra de la menor, que ya se encuentra con imputación, por lo cual una autoridad jurisdiccional otorgó a la abuela paterna la custodia temporal, ya que su madre se encuentra procesada por el presunto delito de sustracción de menor; ii) En ningún momento se trató mal a los familiares de AA, por el contrario se les explicó cual el procedimiento de reintegración familiar; iii) La DNA fue notificada con la Resolución de acogimiento circunstancial el 27 de febrero de 2023, y se encuentran en plazo para emitir los informes que correspondan, considerando además, que no solo solicitó la reintegración familiar la abuela paterna sino también la progenitora de AA; y, iv) Respecto al derecho a la educación de AA, no se está desconociendo el mismo, pues se ha coordinado con la unidad educativa, y la menor está pasando clases, además de contar en el albergue con educadoras, médicos y psicólogos. Vladimir Monje Arteaga, Responsable del Albergue del Bi-Centenario Solidario de Mallasa, en audiencia tutelar señaló que: a) No es el encargado del Albergue del Bi-Centenario Solidario de Mallasa, sino el Director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; no obstante, la instancia a la que representa no cuenta con competencia para determina “la libertad” de la menor de edad; b) El año 2019, se denunció a ambos progenitores de la menor, al padre por violencia familiar o doméstica y a la madre por sustracción de menor, las mismas fueron rechazadas; sin embargo, el 25 de diciembre la madre de la menor presentó una nueva denuncia en contra del padre por el presunto delito de abuso sexual la misma que se encuentra con imputación y por lo cual una autoridad jurisdiccional determinó la custodia temporal de AA en favor de la abuela paterna; c) La abuela paterna, al poner en contacto a la menor con su padre, provocó una nueva situación de violencia, que fue reconocida por AA identificando como su agresor a su propio padre; y, d) El 27 de febrero fueron notificados con la Resolución de acogida circunstancial por lo cual se emitirán los informes pertinentes, estando dentro del plazo establecido por Ley; y, e) Respecto a las visitas, estas deben ser autorizadas por una autoridad jurisdiccional, en resguardo de la integridad psicológica de la menor de edad.
El Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 041/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: 1) Si bien la acción de libertad no puede activarse en caso de no existir mecanismos idóneos para reclamar protección del derecho a la libertad; empero, se debe prescindir de la subsidiariedad excepcional, cuando se demuestra un estado absoluto de indefensión y cuando se alega la lesión del derecho a la vida; 2) En el presente caso se denuncia la lesión del derecho a la libertad, en virtud de que la autoridad jurisdiccional y los funcionarios municipales demandados, determinaron la acogida circunstancial de AA en un albergue temporal, sin ningún motivo aparente; 3) La autoridad jurisdiccional tiene un plazo de 30 días para modificar la acogida circunstancial establecida mediante Resolución fundamentada, este plazo deberá ser computado en días hábiles, conforme establece el art. 197 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA); 4) El art. 55 del citado cuerpo normativo, establece con claridad que el acogimiento circunstancial no debe considerarse privación de libertad, el art. 54 del citado cuerpo normativo establece que esta medida deberá evaluarse permanentemente por la autoridad jurisdiccional y su aplicación no se considerará privación de libertad; y, 5) Bajo estas precisiones, y estando la autoridad jurisdiccional en plazo para resolver la solicitud de reintegración familiar, opera la subsidiariedad excepcional, pues debe ser decisión de esta autoridad la que resuelva la pretensión de la parte accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial dirigido al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de La Paz presentado el 1 de marzo de 2023, por Francisca Palle de Mariscal, por el cual solicitó ordene y conmine a la DNA “…para que de manera inmediata restituya a su hogar familiar” (sic) a AA (fs. 3 y vta.); lo que mereció decreto de 2 de igual mes y año, por el cual el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de La Paz, en lo principal dispuso, poner en conocimiento de la DNA del GAMLP, para su pronunciamiento (fs. 4). II.2. Mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2023, Mery Angélica Mariscal Palle, solicitó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de La Paz, “Conminar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia – Max Paredes, para que de manera inmediata RESTITUYA, a mi hogar familiar a mi sobrina para que cuente con protección familiar” (sic [fs. 5 y vta.]); lo que mereció decreto de 3 del mismo mes y año, por el cual el titular del referido juzgado, en lo principal dispuso notificar el memorial a la DNA (fs. 5 vta.). II.3. Cursa Resolución 182/2023 de 6 de marzo emitida por Walter Juan Fernández Cuentas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de La Paz, mediante la cual resuelve en virtud al principio de concentración, remitir las solicitudes de reintegración familiar al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de La Paz (fs. 13 a 14).
II.4. Por memorial presentado el 15 de marzo de 2023. –recepcionado en el Juzgado respectivo el 16 del mismo mes y año–, Efraín Mariscal Palle, solicitó a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de La Paz, que se disponga la reintegración familiar de AA en su hogar (fs. 6 a 7); lo que mereció decreto de 17 del mismo mes y año, firmado por Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, por el cual en lo principal dispuso poner en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 8).
La accionante mediante su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, libertad y educación, en mérito a que: i) La autoridad jurisdiccional demandada, no da respuesta a su solicitud de reintegración familiar, debiendo esta ordenar o conminar a la DNA la restitución a su familia ampliada paterna; ii) Los funcionarios municipales demandados, no dan respuesta a su solicitud de visitas de su familia ampliada en línea paterna. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o no la tutela solicitada.
Sobre lo señalado la SCP 0074/2020-S4 de 10 de julio sostuvo que: “Los arts. 125 a 127 de la CPE, consagran a la acción de libertad como una garantía jurisdiccional, que tiene por finalidad, dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, con el objeto de: a) Tutelar la vida de una persona; b) Evitar las persecuciones ilegales; c) Remediar los procesos indebidos; y, d) Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente, de forma inmediata y oportuna. Sobre la naturaleza de la acción de libertad la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala: ‘(…) se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida’. En la misma línea la SCP 003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad’. De conformidad con el art 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo): ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. Por determinación de la SCP 0212/2012 de 24 de mayo: ‘Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley” (el resaltado nos pertenece).
Conforme dispone el art. 53 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), “El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados”. Por su parte la SC 0735/2010-R de 26 de julio, al respecto sostuvo que: “…el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal” (las negrillas fueron añadidas). Con relación a la obligación de comunicar esta decisión, el art. 54 del citado cuerpo normativo, establece que: a) Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la DNA o autoridades comunitarias dentro de las veinticuatro horas; y, b) La DNA deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos horas.
Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia El art. 54.VI, del CNNA, establece con claridad que, “El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad” (las negrillas son nuestras Por su parte el art. 55 del citado cuerpo normativo señala que, “I. La derivación de la niña, niño o adolescente a un centro de acogida pública o privada, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en éste Código. En ningún caso la niña, niño o adolescente podrá ser apartado del centro de acogida salvo resolución judicial que prevea la adopción, guarda, tutela o reintegración familiar.
libertad y será ejecutada con estricta sujeción a lo establecido en este Código” (el resaltado nos pertenece);
Ahora bien, respecto a la reintegración familiar, este proceso deberá efectuarse en el marco del acogimiento circunstancial dentro del plazo de treinta días, conforme establece el art. 54.VI del CNNA, el cual señala que: “El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad” (el resaltado nos pertenece). Bajo estas privaciones normativa se debe establecer que, la DNA que realiza el acogimiento circunstancial se encarga de: 1) Ubicar e identificar a miembros de la familia de nuclear y/o ampliada de la NNA; 2) Realizar un diagnóstico de la familia nuclear y/o ampliada; 3) Realizar un pronóstico de familia nuclear y/o ampliada previamente diagnosticada en función de una posible reintegración familiar; 4) Elaborar un informe psicosocial de la familia de nuclear y/o ampliada en función del diagnóstico, a ser presentado al Juez Público de la Niñez y Adolescencia; 5) Recibir resolución de reintegración familiar emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia; y, 6) Efectivizar la reintegración familiar, a través de un acompañamiento y seguimiento a la familia nuclear y/o ampliada. Ante la solicitud de reintegración familiar, se debe operar de la misma manera, haciendo énfasis en que el diagnóstico y pronóstico de actuación de la familia nuclear o familia ampliada deberá evaluar las siguientes áreas:
Habitabilidad de la vivienda.
Educación y formación técnica laboral de los miembros de la familia de nuclear y/o ampliada.
Situación legal del grupo familiar.
Relaciones familiares, comunitarias y redes de apoyo.
Estado afectivo y emocional entre la NNA en acogimiento circunstancial y los miembros de la familia de nuclear y/o ampliada. De acuerdo al diagnóstico previamente realizado, el equipo multidisciplinario de la DNA evaluará la disponibilidad y capacidad de la familia nuclear y/o ampliada de asumir la responsabilidad del cuidado y educación de la NNA que se encuentra en acogimiento circunstancial. El pronóstico, tomará en cuenta los factores de protección y de riesgo que se detectaron en la etapa diagnóstica. Si la evaluación de la posibilidad de reintegración, familiar tiene un resultado positivo, el equipo multidisciplinario de la DNA elaborará un informe psicosocial de la familia nuclear y/o ampliada que respaldará la postura de la DNA hacia la reintegración familiar. Una vez que la DNA presente al Juez Público de la Niñez y Adolescencia este informe, en el cual se recomiende la reintegración familiar, el Juzgado emitirá una Resolución en el plazo de 48 horas, disponiendo la reintegración familiar, previa suscripción de un acta de compromiso de atención, protección y supervisión de conducta por parte de la familia nuclear y/o ampliada, con seguimiento de máximo dos años con presentación de informes cada seis meses por parte de la DNA.
Conocido que la accionante a través de su representante sin mandato alega la lesión de sus derechos a la vida, libertad y educación, y en sujeción a lo peticionado en su memorial de acción de libertad, referido a la conversión de acciones si esta acción de liberta no fuera la idónea para tutelar los derechos invocados, del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; se tiene que, la acción de libertad se constituye en el mecanismo idóneo para la tutela efectiva, entre otros, de los derechos a la vida y libertad, y siendo precisamente estos dos derechos los alegados como lesionados por la parte accionante, no corresponde una conversión de acciones, debiendo esta denuncia ser analizada mediante este mecanismo de defensa constitucional, ello con relación al derecho a la vida y libertad. Por otro lado, respecto a la presunta lesión del derecho a la educación, que según su naturaleza jurídica correspondería ser analizado mediante la acción de amparo constitucional, por lo cual merecería una conversión de acciones; sin embargo, si se toma en cuenta que, José Luis Valencia Lima, Coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia tutelar señaló que AA, aun estando en el centro de acogida se encuentra asistiendo a su colegio de manera regular, además de recibir apoyo psicológico y educativo, no amerita un mayor análisis, pues la parte accionante tampoco acompañó alguna prueba o fundamento para establecer que efectivamente se está ante una lesión del citado derecho. Regresando al análisis por la presunta vulneración de los derechos a la vida y la libertad, los cuales si pueden ser tutelados por esta acción de defensa, de las Conclusiones II.1 y II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, Francisca Palle de Mariscal y Mery Angélica Mariscal Palle –abuela y tía paterna de AA– solicitaron el 1 y 2 de marzo de 2023 respectivamente, al Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de La Paz, la restitución inmediata de AA a su hogar, para que cuente con la protección familiar, lo que en primera instancia mereció decretos de 2 y 3 del mismo mes y año, mediante los cuales se ordenó poner en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dichas solicitudes para su pronunciamiento. Posteriormente, y en conocimiento de que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de La Paz, ya tuvo conocimiento sobre la situación de AA; mediante Resolución 182/2023 de 6 de marzo, y en cumplimiento del principio de concentración el Juez Cuarto remitió las solicitudes antes mencionadas al referido Juzgado Segundo (Conclusión II.3). Por otro lado, mediante memorial de 15 de marzo, Efraín Mariscal Palle –tío paterno de AA–, solicitó a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de La Paz, disponga la reintegración familiar a su hogar como familia ampliada paterna, lo que mereció decreto de 17 del mismo mes y año, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, por el cual dispuso poner en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dicha solicitud (Conclusión II.4).
En ese contexto, la parte accionante alega que la falta de respuesta a estas solicitudes de reintegración familiar, determinan la subsistencia del acogimiento circunstancial de AA, por lo tanto, la lesión de sus derechos a la vida y libertad; en consecuencia, del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional se tiene que, el acogimiento circunstancial debe ser comprendido como una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que requieren las niñas, niños y adolescentes, la misma que puede ser otorgada por la DNA, que necesariamente debe ser informada en setenta y dos horas a la autoridad jurisdiccional competente; conforme establece el art. 54.VI del CNNA, el acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta días, tiempo en el cual la DNA, agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolecente para la reintegración familiar, la misma que también puede ser solicitada por el padre, la madre o responsable del menor, la cual puede ser otorgada, bajo el cumplimiento previo y necesario de dos condiciones: i) Una valoración psico-social, no sólo al menor de edad, sino también a la familia núcleo o familia ampliada; y, ii) La suscripción de un acta de compromiso de protección por única vez, la misma que nos era aplicable en caso de reincidencia. Cabe volver a reiterar que los arts. 54.VI y 55 del CNNA, resaltan que el acogimiento circunstancial no debe ser considerado como una privación de libertad, y, por el contrario, como se señaló supra, se constituye en un mecanismo de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. En el presente caso se debe considerar que la primera solicitud de reintegración familiar fue presentada por Francisca Palle de Mariscal el 1 de marzo de 2023; la segunda por Mery Angélica Mariscal Palle el 2 de igual mes y año; empero, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto, considerando que dichas pretensiones debían ser resueltas por su similar Segundo, quien anteriormente conoció sobre la situación de AA; mediante Resolución de 6 de marzo de 2023, remitió las mismas al Juzgado de Público de la Niñez y Adolescencia Segundo; por otro lado, Efraín Mariscal Palle mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2023, también solicitó la reintegración familiar de AA a su hogar. En ese marco, considerando que, en audiencia tutelar José Luis Valencia Lima, Coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aseveró que existiría una solicitud de reintegración familiar presentada por la madre de AA, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de La Paz –hoy demandada– tiene la obligación de resolver las misma, que según se tiene de la normativa glosada supra, dicha decisión no deberá pasar los treinta días, en este caso computados a partir del conocimiento de dichas solicitudes, es decir, desde la fecha de su recepción en el citado juzgado, que aunque no existe constancia precisa de dicho acto, esta remisión no pudo haber sido antes del 6 de marzo de 2023, es decir que, el plazo adoptar una decisión respecto al acogimiento circunstancial, no ha sobrepasado los límites temporales de treinta días, si se considera que la acción de tutela fue presentada el 21 del mismo mes y año; además de que se debe considerar que, esta decisión necesariamente debe supeditarse al informe psico-social que la DNA tiene que elaborar y remitir, con el fin de generar en la autoridad jurisdiccional un convencimiento de que su determinación no implique la lesión de los derechos de AA y mucho menos constituya un riesgo a la integridad física y psicológica de la misma. En ese contexto, y siendo que la DNA tiene conocimiento de estas solitudes, y que el propio Director de esta instancia en audiencia tutelar señaló que dichos informes se encuentran en elaboración, no se advierte que la autoridad jurisdiccional demandada hubiere lesionado el derecho a la libertad de AA, máxime si se considera que el legislador ha establecido con absoluta claridad que el acogimiento circunstancial es una medida de protección y no una privación de libertad, por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada, sin perjuicio de ello es importante efectuar una exhortación a la autoridad jurisdiccional y los funcionarios municipales demandados, a cumplir con el procedimiento y los plazos establecidos para el procedimiento de reintegración familiar, a fines de garantizar los derechos de AA, debiendo procurar en todo momento la “…protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por otro lado, la parte accionante también ha denunciado la lesión de su derecho a la vida; empero, no ha establecido de manera clara y tampoco ha aportado prueba para acreditar que su vida, efectivamente se encontraría en peligro, máxime si se considera que los centros de acogimiento temporal cuentan con la atención médica, psicológica y social, en tal sentido, no existe elemento fáctico que permita establecer una amenaza a la vida de AA, en tal sentido, corresponde también denegar la tutela solicitada. Finalmente, la parte accionante también alegó la lesión de sus derechos invocados, en mérito a que los funcionarios de la DNA no respondieron a la solicitud de sus familiares a visitarla; al respecto, esta presunta omisión, para nada repercute en el derecho a la vida o libertad de la accionante, pues como ya se estableció la acogida circunstancial es una medida de protección mas no así una privación de la libertad, además que, no existen elementos para establecer que la vida de AA se encuentre en peligro ante esta omisión, por lo cual, corresponde también denegar la tutela solicitada; no obstante, si se considera que, las visitas del padre, madre o de algún miembro de la familia de origen y/o ampliada son un derecho propio de este grupo de atención prioritaria, de conformidad a lo establecido en los arts. 9 de la CDN; y, 40 y 173 inc. 1) del CNNA. En este contexto, la niña, niño o adolecente será escuchada en relación al tema de las visitas de algún familiar al centro de acogida u otra modalidad alternativa de cuidado, en tal sentido, su opinión será tomada en cuenta de acuerdo a la edad, madurez y velando su interés superior, en aplicación de los arts. 12 de la CDN; y, 12 inciso e), 122 y 123, del CNNA, por lo tanto, y aunque no implique una lesión de los derechos invocados, corresponde exhortar a la DNA tomar en cuenta los citados fundamentos normativos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar, la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 041/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad jurisdiccional y funcionarios municipales demandados, el cumplimiento estricto del procedimiento de reintegración familiar. 3° Exhortar a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, actuar conforme a la normativa citada ante la solicitud de visitas de menores con acogida circunstancial. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0366_2023-S4_id63164.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9d92d25c9b59ef3a16e0580fa973dffa7a2842d65a50726068393b29783d29b1
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