B.IA.LEGAL

SCP 0366/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46801-2022-94-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho al salario justo y al principio de inamovilidad funcionaria; toda vez que, habiendo sido designado el 20 de octubre de 2020, en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana de Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz, empero: a) Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidente Ejecutiva a.i. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 27/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 329 a 332 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la inamovilidad laboral y el interés superior del niño, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Disponer que, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– restituya de forma inmediata al ahora peticionante de tutela a su puesto de trabajo en Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; salvo que, a consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, ya se hubiese procedido de dicha manera.

3º DENEGAR la tutela impetrada, respecto al derecho a la petición y al salario justo, conforme a los términos expuestos por la Sala Constitucional antes mencionada y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Respecto al valor de los informes técnicos y su impugnación en sede administrativa
  3. III.3. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores
  4. III.4. Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  5. III.5. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares
  6. III.6. La interposición de la acción de amparo en forma directa, sin necesidad de agotar las vías previstas cuando se encuentren involucrados los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2023-S1 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46801-2022-94-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 329 a 332 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Pablo Escalante Arteaga contra Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i.; Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz; Rosmery Flores Flores, Técnico Administrativo a.i. Unidad Administrativa Financiera, Gerencia Regional del mismo departamento; y, Eufemia Catarí Huanca, Jefe de Unidad Administrativa Financiera Gerencia Regional del referido departamento, todos de la Aduana Nacional.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 3 y 25 de enero de 2022, cursantes de fs. 108 a 124; y, 161 a 181 vta., el ahora accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refiere que, el 20 de octubre de 2020 fue contratado por la Aduana Nacional en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana de Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz. Mediante Memorándum Cite 5468/2021 de 23 de agosto, emitido por la Presidenta a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– se le asignó en comisión de servicios a la Gerencia Regional de La Paz por el lapso de ochenta y cuatro días, desde el 24 de agosto hasta el 22 de noviembre de 2021, desarrollando su actividad laboral en el aeropuerto de la ciudad de El Alto del referido departamento. En su parte final, señala que la Gerencia Regional de Santa Cruz le proporcionará los pasajes y viáticos solamente por un día de traslado, que hasta la fecha no le fue pagado. Asimismo, dicho memorándum no incluyó el pago de sus viáticos conforme establece el art. 18.IV del Reglamento Interno de la Aduana, cuya suma asciende a Bs22 927 80.- (veintidós mil novecientos veintisiete bolivianos 80/100). Mediante carta AN-PREDC-C-2021/2504 de 20 de octubre de 2021, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, denegó el recurso de revocatoria que planteó en contra del cambio de sede; señalando que, la comisión de servicios se debió a una necesidad institucional y operativa; y que, su nivel salarial no sería afectado, además que esta orden estaba conforme la normativa del Reglamento Interno del Personal el cual en su art. 18.IV determina el pago de viáticos. Presentó el Informe de 23 de noviembre de 2021, dirigido a Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz –ahora codemandado– sobre la conclusión de la comisión; empero, dicha autoridad jamás dio respuesta a su informe; sino, mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, Rosmery Flores Flores, Técnico Administrativo a.i. de la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia Regional del citado departamento –ahora codemandada–, le señaló que su solicitud no podía ser atendida debido a que el memorándum adjunto no cumplía los requisitos determinados en el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana Nacional, desconociendo su derecho a percibir viáticos. Al respecto, el art. 18 del Reglamento Interno, en coherencia con el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos –ambos de la Aduana Nacional– establecen que le corresponde el pago de viáticos y que debe ser ordenado mediante el memorándum de designación de la Presidenta ahora demandada y no así por el trabajador, por lo cual dicha Comunicación Interna se constituye en un acto ilegal e indebido cometido por la referida autoridad ahora demandada. Por Memorándum 6312/2021 de 24 de noviembre -siendo lo correcto 6311/2021 de 22 de noviembre-, nuevamente la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, vulnerando el principio de inamovilidad funcionaria, le asignó otra comisión al distrito de La Paz, por el plazo de treinta ocho días más, desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021. En este memorándum tampoco se ordenó el pago de viáticos por transporte a la ciudad antes citada, alimentación y estadía, cuya suma asciende a Bs10 981 60 (diez mil novecientos ochenta y uno bolivianos 60/100). Conforme el Cite 7250/2021 de 30 de diciembre, le señalaron que se le devolvería al distrito de Santa Cruz, Gerencia de Puerto Suarez; empero, mediante llamada telefónica y vía WhatsApp le mencionaron que se le otorgaría una nueva comisión en el distrito de La Paz, por lo que de manera inmediata tendría que presentarse en dicha ciudad en enero de 2022. Sin embargo, no le entregaron el memorándum de la nueva comisión y, a pesar de haber realizado varios reclamos al Jefe de Recursos Humanos de la Aduana Nacional Gerencia de La Paz, no obtuvo una respuesta formal. Adjuntó los reportes de asistencia hasta el 22 de referido mes y año, el informe AN-GRLGR-ELALA-I-4198-2021 de 27 de noviembre, el informe final de comisión de servicios AN-GRLGR-ELALA-I-8-2022, el formulario de descargo de viaje de misión oficial, liquidación de viáticos y pasajes; sin embargo, hasta la fecha no se le canceló la comisión desde su inicio. Se encuentra a kilómetros de su sede laboral que es Santa Cruz, donde tiene constituida su familia, conformada por su esposa y un hijo menor de edad que en ese lapso de tiempo contaba con tan solo tres meses de edad. Su familia depende del salario que percibe mensualmente el cual asciende a la suma de Bs9 040.- (nueve mil cuarenta bolivianos); y que ahora, debe destinarlo al hospedaje, transporte, alimentación y cuentas personales que debe honrar mensualmente, habiendo disminuido considerablemente sus ingresos. Este hecho no le importó a la Aduana Nacional, que ilegalmente le designó en comisión a otra jurisdicción, incumpliendo el principio de inamovilidad funcionaria, con la única finalidad de perjudicarle, buscando que se canse y renuncie a su cargo. Aspecto el cual es ilegal, ya que al tener un hijo menor de un año, goza de la inamovilidad funcionaria, no puede ser removido de su cargo y distrito laboral. La Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– incumple la normativa interna de dicha institución al haber ordenado el pago de viáticos solamente por un día –monto que tampoco fue pagado– conociendo que su comisión inicialmente fue por ochenta y cuatro días y posteriormente por treinta y ocho días más; por lo que, debió ordenar el pago previo de la comisión encomendada en los Memorándums 5468/2021 y 6312/2021 –siendo lo correcto 6311/2021–. Además, no tomó en cuenta que no podía ser removido de su distrito laboral al tener un hijo menor de un año, habiéndose vulnerado el principio de inamovilidad funcionaria.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela alegó como vulnerado su derecho al salario justo, al principio de inamovilidad funcionaria; y, al efecto cito el art. 48.III, IV y VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Sea restituido a su sede laboral en la ciudad de Santa Cruz, Gerencia de Puerto Suárez; b) La Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– ordene a su departamento de finanzas la cancelación de sus viáticos devengados hasta la fecha, que ascienden a la suma de Bs33 909 40 (treinta y tres mil novecientos nueve bolivianos 40/100), más el día de traslado ordenado en el Memorándum 5468/2021; y, que en virtud al Memorándum 6311/2021, se le dote de pasajes hasta su destino en administración frontera de Puerto Suarez más viáticos por traslados; c) En caso de incumplimiento por parte de la autoridad antes mencionada, se determine lo expresado por el art. 129.V de la CPE; y, d) Sea con expresa condenación de honorarios, costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual en plataforma CISCO-WEBEX el 8 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 318 a 329, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia virtual ratificó los mismos argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y ampliándolo, agregó que: 1) A través de Memorándum 5468/2021, se le asignó en comisión del 24 de agosto hasta el 22 de noviembre de 2021; posteriormente, mediante Memorándum 6312/2021 -siendo lo correcto 6311/2021-se le asignó en comisión del 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021; asimismo, le dieron un tercer Memorándum 044/2021 por el cual le asignaron en comisión desde el 3 de enero hasta el 1 de abril de 2022, cuando la Constitución y la Ley en materia laboral prohíben trasladar a un trabajador de su ubicación a un distrito laboral distinto, por lo que se vulneró el principio de inamovilidad funcionaria; 2) Se incumplió el art. 18 del Reglamento Interno de la Aduana Nacional, el cual establece que el personal declarado en comisión de servicios fuera del departamento donde se encuentra la sede habitual de su trabajo, tendrá derecho a pasajes de ida y vuelta por transporte conveniente y adecuado, y el reconocimiento de viáticos por el tiempo que dure dicha comisión, siendo la autoridad jerárquicamente superior de la institución quien ordene este aspecto mediante memorándum, todo ello porque el salario de un trabajador no puede recibir ninguna disminución; 3) Por más de tres meses que se encuentra en La Paz, tuvo que gastar de su sueldo para poder sustentarse, sin que la Presidenta ahora demandada establezca en ninguno de los memorándums el pago de viáticos mientras dure la comisión; 4) La jurisprudencia establece que la madre o el padre, sea cual sea su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedido, afectarse su nivel salarial, ubicación y puesto de trabajo; 5) En el presente caso, se dio una afectación económica porque tuvo que irse a otro distrito, y pagar su estadía, transporte, alimentación, además de enviar dinero a su familia; 6) Presentó sus informes de conclusión de cada una de las comisiones; 7) Esta petición no requiere cumplir con el principio de subsidiariedad; toda vez que, se tutela el derecho al trabajo del cual se beneficia la familia; 8) El Reglamento Interno, señala que solamente le podían trasladar por dos meses, pero está en comisión ciento cincuenta días; 9) Presentó en el momento correspondiente el informe de conclusión el 23 de noviembre de 2021, hizo su liquidación como señala el Reglamento de viáticos y pasajes; y, realizó lo mismo el “3 de enero”, hay una hoja de ruta del 23 de noviembre de 2021 sin respuesta hasta el día de hoy, que se encuentra en la Gerencia Nacional de Finanzas; también, se dirigió al Gerente de La Paz, pero tampoco tuvo respuesta; y, 10)

Solicitó se conceda la tutela impetrada, restituyéndolo a su distrito laboral que es Puerto Suárez, Gerencia Regional de Santa Cruz, se ordene la cancelación de todos sus viáticos, transporte y alimentación, en la suma determinada en el memorial de la acción tutelar planteada en Bs33 909 40.-, además de Bs10 721 90.- (diez mil setecientos veintiuno 90/100) en mérito al último memorándum, el cual debe realizarse a través del Departamento de Finanzas, quienes cometieron la ilegalidad de no atender la solicitud de pago de viáticos por el hecho de que el memorándum no cumplía con lo señalado en la norma.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito cursante de fs. 306 a 317, manifestó que: i) El amparo es improcedente por subsidiariedad, en razón de que el ahora accionante en conocimiento de las acciones de la Aduna Nacional, no utilizó los medios de defensa a su alcance, pues no acudió a la Dirección General de Servicio Civil, tampoco a un juzgado de trabajo y seguridad social; ii) El ahora peticionante de tutela, señala que la designación en comisión a la Gerencia Regional de La Paz, realizada por Memorándum 5468/2021, ocasiona una supuesta afectación a su nivel salarial, sin considerar que la Presidenta ahora demandada a momento de emitir el citado memorándum taxativamente señaló: “(…) debiendo al efecto figurar en su mismo ítem y nivel salarial (…)” (sic), y bajo ese contexto en ningún momento se afectó su nivel salarial; iii) Los beneficios sociales son derechos adquiridos y consolidados a favor de los trabajadores comprendidos bajo la Ley General del Trabajo; sin embargo, el art. 41 de la Ley General de Aduanas (LGA) -Ley 1990 de 28 de julio de 1999- de manera taxativa, señala que: “Los funcionarios de la Aduana Nacional, son servidores públicos y no están sujetos a la Ley General del Trabajo” (sic), concordante con el art. 233 de la CPE, que dispone: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas (…)” (sic); iv) Los servidores públicos que desarrollan sus actividades laborales en la Aduana Nacional, se rigen bajo las disposiciones de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, cuyos arts. 6 y 7, excluye de su aplicabilidad la Ley General del Trabajo; la designación del ahora impetrante de tutela fue en calidad de funcionario provisorio de acuerdo al art. 71 de la LEFP; v) Los viáticos no se consideran como beneficio social, por lo que la Administración Aduanera bajo ninguna circunstancia vulneró las garantías constitucionales invocadas por el ahora accionante; vi) Al no estar consolidado los derechos a beneficios sociales por parte del prenombrado, no corresponde solicitar la tutela a derechos que jamás fueron adquiridos, por su calidad de servidor público; vii) El ahora peticionante de tutela fue designado mediante Memorándums 5468/2021 y 6311/2021 emitidos por la Presidenta ahora demandada en comisión de servicios, desarrollando sus funciones como servidor público, regido bajo el art. 18 del Reglamento Interno de Personal, el cual, señala que: “tendrá derecho al reconocimiento de viáticos por el tiempo que dure la comisión, si corresponde conforme a la norma que establece la escala de viáticos y al Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos” (sic) por lo que no se establece la obligatoriedad del pago de viáticos, máxime cuando el art. 7.2 del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos, establece que el pago de viáticos únicamente corresponde a comisiones oficiales, lo cual es concordante con el art. 9.IV del referido Reglamento; viii) El Memorándum 5468/2021 establece de manera concreta todos los aspectos inherentes a lo establecido en el art. 18 del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, al tratarse de una “comisión de servicios” (sic) que se desarrolló por plazos mayores a los establecidos en el Reglamento de Permisos Oficiales, Permisos Personales y Becas Estatales, la misma fue dispuesta por la Presidenta ahora demandada, mediante documento expreso, en el caso concreto a través del señalado memorándum, el cual de manera taxativa estableció la información referida al lugar, tiempo de duración y motivo; y, ix) Solicitó se deniegue la tutela impetrada. Asimismo, en audiencia virtual mediante plataforma CISCO WEBEX, a través de sus representantes legales, la autoridad ahora demandada ratificó los argumentos expuestos en su informe escrito y ampliándolo el mismo; agregó que: a) Con referencia al principio de subsidiariedad, debe existir un daño irreparable; sin embargo, el primer memorándum es de hace cinco meses, con lo cual el ahora accionante está confesando que no existe dicho daño, porque de ser así, hubiese acudido a esta vía más antes; b) No fundamentó en qué basa su reclamo para señalar que se violentó su derecho al trabajo, cuando sigue siendo servidor público, manteniéndose su salario y su nivel de ítem; c) Todos los trabajadores de la Aduana Nacional al momento de ingresar se les pregunta si tienen la disposición de poder ir a trabajar al interior y todo aquel que responde afirmativamente es incluido como funcionario; d) La Aduana Nacional no es una institución común; toda vez que, constantemente por el tema del contrabando se emiten memorándums de comisión para que los funcionarios vayan a ejercer distintas comisiones en frontera, en la ciudad de La Paz, en aeropuertos, esencialmente para resguardar el tema de corrupción, al haberse establecido que los funcionarios no pueden ejercer funciones durante un lapso de tiempo extensivo; e) Se presentó como prueba el Informe “932022” emitido por el Departamento de Recursos Humanos, donde se explica y diferencia el tipo de comisiones, en qué casos corresponde pagar viáticos y las razones por las cuales no procede pagar ningún tipo de viático al peticionante de tutela; y, f) El ahora impetrante de tutela presentó un recurso de revocatoria basado en la Ley de Procedimiento Administrativo , y como no es una decisión definitiva, pudo haber interpuesto un Recurso jerárquico, pero no lo hizo, seguramente porque se dio cuenta que no era la vía adecuada. Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz de la Aduana Nacional, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito cursante de fs. 251 a 259 vta., ratificados en audiencia, manifestó que: 1) Conforme al Memorándum 5468/2021 que señaló “(…) debiendo al efecto figurar en su mismo ítem y nivel salarial (…)” (sic), se evidencia que con dicha disposición en ningún momento se afectó su nivel salarial, es más los salarios percibidos por el ahora accionante fueron cancelados de manera oportuna, mucho menos se vulneró su derecho al trabajo; 2) El ahora peticionante de tutela tiene la errónea apreciación de que los viáticos son un beneficio social adquirido y que se le debe cancelar de manera inmediata, sin embargo dichos beneficios se encuentran comprendidos bajo la Ley General del Trabajo; empero, el art. 41 de la LGA, señala que: “Los funcionarios de la Aduana Nacional son servidores públicos y no están sujetos a la Ley General del Trabajo” (sic)., bajo tal contexto, los mismos se rigen bajo la Ley del Estatuto del Funcionario Público; 3) Asimismo, el art. 6 de dicha Ley excluye de su aplicabilidad la Ley General del Trabajo a aquellas personas que con carácter eventual o para prestación de servicios específicos o especializados se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable regulado por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; 4) Por su parte, el art. 7.III de la cita Ley, excluye otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rige únicamente para los trabajadores; 5) El Reglamento Interno de Personal y el Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos no establecen la obligatoriedad del pago de viáticos a los servidores públicos declarados en Comisión de Servicio; y, 6) Se rechace la acción de amparo constitucional, declarándola improcedente o denegando la tutela solicitada. Eufemia Catarí Huanca, Jefe de Unidad Administrativa Financiera Gerencia Regional de La Paz, no presento informe escrito y tampoco asistió a la audiencia virtual, pese a su legal notificación, según consta en acta cursante a fs. 231.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 27/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 329 a 332 vta., concedió en parte la tutela solicitada, sin señalar disposición alguna, y bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional por cuestiones formales que ya fueron superadas, no merece ningún tipo de pronunciamiento; ii) La SCP 0086/2012 de 16 de abril, establece la inamovilidad del progenitor varón por un periodo de un año computable desde el nacimiento de su hijo, bajo este criterio se procura garantizar la estabilidad laboral y sobre todo la inamovilidad, independientemente si se trata de empleados del sector privado como de funcionarios o servidores públicos en resguardo del recién nacido hasta su primer año de edad, por ser un sujeto vulnerable de protección reforzada; iii) El presente caso se trata de la estabilidad en relación a la ubicación del puesto de trabajo, mientras se tenga bajo su cargo un menor de edad, ello tiene como finalidad garantizar el sustento en su entorno familiar, asegurar las mejores condiciones económicas para que éstas sean estables, no pudiendo desmejorarse las condiciones de trabajo en las que éste se encuentra, lo cual podría en algún momento afectar a la madre y al nacido vivo, así como también afectar la condición económica del ahora accionante hasta entre tanto el niño cumpla un año de edad; iv) El niño tiene como fecha de nacimiento el 25 de mayo de 2021, lo cual se traduce que se habría vulnerado el derecho fundamental del ahora peticionante de tutela; v) La Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada- tiene la atribución de declarar en comisión oficial a los funcionarios como establece su Reglamento Interno de Personal; sin embargo, no es menos cierto que dicho reglamento no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado, siendo de carácter infra constitucional; vi) Podría cuestionarse que, el ahora impetrante de tutela no concluyó su procedimiento interno administrativo, acudiendo al recurso jerárquico, pero el recurso revocatorio fue realizado en contra de la máxima autoridad ejecutiva de la Aduana Nacional que es la Presidenta, entonces el recurso jerárquico tendría que plantearse a la misma autoridad, no existiendo una autoridad superior jerárquica ejecutiva en la institución, la vía se agota, quedando expedida la acción de amparo constitucional, debiendo concederse en parte la tutela; vii) En relación a la remuneración por los viáticos no cancelados, aún queda expedita la vía interna a través de los recursos que le permite la Ley de Procedimientos Administrativos, entendiendo que este reclamo cae en la subsidiariedad; viii) La autoridad ahora demandada debe devolver o restituir al ahora accionante a su fuente original de trabajo; y, ix) Se deniega la tutela solicitada. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte peticionante de tutela, en audiencia de la acción de amparo constitucional; señaló que, al momento de los argumentos se concedió en parte la tutela, pero en la parte resolutiva del fallo se determinó no conceder la tutela. En mérito a ello, la Sala Constitucional, evidenciando que al dictar la parte resolutiva existió un error, concedió en parte la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. A través de Memorándum Cite 2493/2020 de 20 de octubre, emitido por José Joaquín Aponte Zambrana, Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, dirigido a Jorge Pablo Escalante Arteaga –ahora accionante– con “Ref. Designación” (sic), en aplicación del art. 39 inc. d) de la LGT, le comunica que fue designado interinamente y con carácter provisional en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana de Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz con el ítem “1701” y haber mensual de Bs10 567 00.- (diez mil quinientos sesenta y siete bolivianos) debiendo asumir funciones a partir del 22 de diciembre de 2020, en la Unidad de Coordinación Operativa e Investigación (fs. 286). II.2. Cursa Certificado de Nacimiento de NN, hijo de Jorge Pablo Escalante Arteaga –ahora accionante– y Cleydy Yelina Alcoba Gutiérrez, nacido el 25 de mayo de 2021 (fs. 104).

II.3. Mediante Nota de 10 de junio de 2021, dirigida a Gisela Villarubia, Jefe de Unidad Administrativa de la Aduana Nacional Gerencia Regional de Santa Cruz, el ahora peticionante de tutela Técnico Aduanero I, con Ref. “Presenta Certificado de Nacido Vivo y Comprobante de Afiliación a la Caja de Salud” (sic) de su hijo recién nacido, solicitando se habilite los beneficios que le corresponde (fs. 287).

II.4. Por Memorándum Cite 5468/2021 de 23 de agosto, emitido por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, dirigido al ahora impetrante de tutela, con Ref. “Comisión de Servicios” (sic), en aplicación del art. 39 inc. d) de la LGA, le comunica que fue declarado en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz a partir del 24 de agosto hasta el 22 de noviembre de 2021, figurando en su mismo ítem, nivel salarial y señalando las funciones a cumplir (fs. 6 a 7). II.5. Se advierte Nota AN-PREDC-C-2021/2504 de 20 de octubre de 2021, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, dando respuesta al memorial presentado por el ahora accionante; por el cual, interpuso Recurso de Revocatoria en contra del Memorándum Cite 5468/2021, referente a la comisión de servicios a la Gerencia Regional de La Paz; señalando que, el mismo fue emitido en el marco de las atribuciones establecidas y reconocidas en el art. 39 inc. d) de la LGA, concordante con el art. 18 del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, aplicado en razón a la necesidad institucional y operativa de la Entidad, documento que al no constituirse en un acto administrativo definitivo, no afecta su ítem, nivel salarial y tiene un plazo definido; y que, en consecuencia el requerimiento efectuado no cumple con los requisitos esenciales para la interposición de los recursos previstos en el art. 56 de la LPA (fs. 2). II.6. Se evidencia Memorándum Cite 6311/2021 de 22 de noviembre, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional -ahora demandada-, dirigido al ahora peticionante de tutela, con Ref. “Comisión de Servicios” (sic); en aplicación, del art. 39 inc. d) de la LGA, donde le comunica que fue declarado en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz a partir del 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021, figurando en su mismo ítem, nivel salarial y señalando las funciones a cumplir (fs. 4 a 5).

II.7. Mediante Informe de 23 de noviembre de 2021, emitido por el ahora impetrante de tutela, Técnico Aduanero en Gestión Operativa, dirigido a Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz -ahora codemandado-, señalando lo siguiente:

I.ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a Memorándum Cite 5468-2021 de 23/08/2021, tengo a bien elevar el presente Informe de actividades desarrolladas entre el 31/08/2021 hasta el 22/11/2021.

I. DESARROLLO

De acuerdo a Memorándum de Asignación de Funciones se realizó el legajado, foliado, procedió a ordenar e inventariar correlativamente y cronológicamente de la siguiente documentación: En cumplimiento a instrucciones emitidas mediante Memorándum de Presidencia 5468-2021 de fecha 23/08/2021 mi persona en comisión de servicios se hizo presente a efecto de iniciar la misma en fecha 31/08/2021 a horas: 10:44 en el en el archivo regional de la Ciudad de La Paz dependiente de la Gerencia Regional La Paz a efectos de realizar la clasificación 03 cajas de documentación de manera diaria y otras funciones según el memorándum de presidencia 5468/2021.

En el tiempo establecido de mi comisión se dio cumplimento a la instrucción y se clasifico las 03 cajas diarias de documentación además de las funciones asignadas en el memorándum 5468/2021

En fecha 22/11/2021 se culminó con ninguna novedad, terminando mi horario a horas 18:30 conforme establecido por el Memorándum de Presidencia 5468/2021. El tiempo de la comisión se cumplió a cabalidad en el Archivo Regional La Paz TAREAS REALIZADAS (…) A efectos de análisis del presente informe mi designación fue en virtud de la Presidenta Ejecutiva de la institución mediante Memorándum 5468/2021, la Comisión de Servicios ordenada a mi persona se realizó de acuerdo al Artículo 18 inciso b) de manera que tuve que trasladarme al Departamento de La Paz y a la ciudad del Alto Lugar donde hago notar que debió ser únicamente 2 meses la COMISION pues es fuera del Departamento donde habitualmente cumplo funciones, como establece el artículo antes mencionado del Reglamento de Interno de Personal de la Aduana Nacional de Bolivia RD-02- 019-21 de fecha 21 de julio 2021.

-En lo principal hago conocer a su digna Autoridad el presente informe y sus anexos (fotocopia del Memorándum 5468/2021 de Presidencia, Reporte de asistencia, pasaje de Santa Cruz- La Paz de fecha 31/08/2021, informes periódicos de actividades de los mes de Septiembre, Octubre, Noviembre.) para que el mismo sea aprobado y procesado como corresponde en la repartición y/o Unidad adecuada de la Aduana Nacional de Bolivia siguiendo el conducto regular.

II. CONCLUSIONES

Se hace notar que las cajas trabajadas fueron asignadas a mi persona de manera diaria, al principio de la jornada laboral y fueron entregadas cada viernes al finalizar la jornada laboral, procesadas, etiquetadas, y con el visto bueno correspondiente, NO teniendo trabajo pendiente o acumulado.

Por lo anteriormente mencionado se informa, que el trabajo realizado por mi persona en la sección de Archivo de la Gerencia Regional La Paz, se cumplió en apego a lo instruido en el Memorándum 5468/2021 (sic [fs. 11 a 13]). II.8. Conforme Comunicación Interna AN-GRLGR-UADLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, emitida por Rosmery Flores Flores, Técnico Administrativo a.i. Unidad Administrativa Financiera, vía Eufemia Catarí Huanca, Jefe de Unidad Administrativa Financiera, ambas de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional y –ahora codemandadas–, dirigida al ahora accionante, con Ref. “Respuesta a solicitud de pago de viáticos” (sic), que señala lo siguiente:

En atención a hoja de ruta GRLGR2021-4986, en la cual mediante informe sin cite, el servidor público Jorge Pablo Escalante Arteaga, solicita el pago de pasajes viáticos por motivo de traslado de la gerencia Regional de Santa Cruz a la Gerencia Regional La Paz de acuerdo al siguiente detalle:

– Gerencia Regional La Paz al 22/11/2021 Conforme al Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana nacional aprobado mediante Resolución RD 02-020-21 de 21/07/2021, en la cual establece en su artículo 9 (declaración en comisión oficial y requisito), numeral IV “El Memorándum de declaración en comisión oficial deberá mencionar claramente el motivo de la misión, destino, itinerario, días de comisión, los días de tráfico aéreo y/o terrestre y el pago de viáticos y pasajes (según corresponda) debiendo aclarar cualquier otro aspecto que facilite la correcta liquidación de los mismo”, aspectos que ninguno de los memorándums menciona, por lo que su solicitud no puede ser atendida. (sic [fs. 8]). II.9. Consta Memorándum Cite 0044/2022 de 3 de enero, emitido por la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada–, dirigido al ahora peticionante de tutela, con Ref. “Comisión de Servicios” (sic); en aplicación, del art. 39 inc. d) de la LGA, donde le comunica que fue declarado en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz a partir del 3 de enero hasta el 1 de abril de 2022, figurando en su mismo ítem, nivel salarial y señalando las funciones a cumplir (fs. 183 a 184).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho al salario justo y al principio de inamovilidad funcionaria; toda vez que, habiendo sido designado el 20 de octubre de 2020, en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana de Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz, empero: a) Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidente Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– mediante Memorándum Cite 5468/2021 de 23 de agosto, le asignó en comisión de servicios a la Gerencia Regional de La Paz por el lapso de ochenta y cuatro días, desde el 24 de agosto al 22 de noviembre de 2021, a pesar de que interpuso un recurso de revocatoria en contra del cambio de sede, el mismo le fue denegado, aduciendo que dicha comisión de servicios se debe a una necesidad institucional y operativa; y que, su nivel salarial no sería afectado; posteriormente, se volvió a vulnerar el principio de inamovilidad funcionaria, al asignarle otra comisión del 24 de noviembre al 31 de diciembre que a la fecha le señalaron otorgarle una nueva comisión en el distrito del referido departamento, dichas designaciones son ilegales; puesto que, al tener un hijo menor de un año, goza de la inamovilidad funcionaria por lo cual no puede ser removido de su cargo y distrito laboral; b) El 23 de noviembre de 2021, presentó un Informe sobre la conclusión de la comisión asignada, dirigido a Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz –ahora codemandado– ; sin embargo, dicha autoridad jamás dio respuesta a su informe, en su lugar, le respondieron mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, emitida por la Técnico Administrativo a.i. de la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional, donde le señalaron que su solicitud de pago de viáticos no podía ser atendida; y, c) Rosmery Flores Flores, Técnico antes mencionado –ahora codemandada–, con el visto bueno de Eufemia Catarí Huanca, Jefe Administrativa Financiera, ambas de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional –ahora codemandadas–, mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, le señalaron que su solicitud de pago de pasajes y viáticos por motivo de traslado de la Gerencia Regional de Santa Cruz a la Gerencia Regional de La Paz no podía ser atendida, debido a que el memorándum adjuntado no cumplía los requisitos determinados en el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana Nacional, desconociendo su derecho a percibir viáticos, lo cual se constituye en un acto ilegal e indebido cometido por la mencionada funcionaria ahora codemandada; toda vez que, el art. 18 del Reglamento Interno, en coherencia con el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos ─ambos de la Aduana Nacional─ establecen que le corresponde dicho pago; puesto que, su familia depende del salario que percibe mensualmente, el cual actualmente debe destinarlo al hospedaje, transporte, alimentación y cuentas personales que debe honrar mensualmente, habiendo disminuido considerablemente sus ingresos. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin inicialmente se verificará: 1) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; 2) Respecto al valor de los informes técnicos y su impugnación en sede administrativa; 3) La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores; 4) Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto; 5) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; 6) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, 7) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

El art. 128 de la CPE, establece:

“La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”. Asimismo, en su art. 129.I de la Norma Suprema, señala que:

“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez dispone:

“I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.” Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así que, en su Fundamento Jurídico III.1., estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

“…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son añadidas).

Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así, lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.

III.2. Respecto al valor de los informes técnicos y su impugnación en sede administrativa

Al respecto, la SCP 0366/2014 de 21 de febrero, reiterada por la SCP 0976/2014 de 28 de mayo, señala lo siguiente:

Al referirse a los actos administrativos, la doctrina es uniforme al precisar que: “Quedan aquí excluidos del concepto todos los «actos preparatorios» (informes, dictámenes, proyectos, etc.) y en general cualquier acto que por sí mismo no sea suficiente para dar lugar a un efecto jurídico inmediato en relación a un sujeto de derecho; esos actos no son impugnables administrativa ni judicialmente. (…) En cambio, quedan comprendidos en el concepto aquellas actividades que producen por sí mismas un efecto jurídico, aunque él no sea inmediato en el tiempo: actos que se dictan para producir efectos a partir de una fecha futura determinada, sujetos a término o condición, etc.”. “‘Informes administrativos son aquellos documentos que contienen una declaración de juicio emitida por un organismo, centro directivo o unidad de la administración sobre cuestiones de hecho o derecho que sean objeto de un procedimiento. (…) La finalidad de estos documentos, es proporcionar a los órganos administrativos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento, datos, valoraciones y opiniones precisos para la formación de su voluntad y la adopción de los acuerdos o resoluciones”. “Los informes técnicos elaborados por las distintas instancias institucionales al interior de las entidades públicas, inicialmente no podrán considerase actos administrativos propiamente dichos, en razón a que no producen efectos jurídicos de manera inmediata, por cuanto únicamente sirven de sustento técnico para la toma de decisiones que se trasuntan en resoluciones administrativas o respuestas de carácter concluyente; por el contrario son actos administrativos aquellos informes técnicos que produzcan efectos jurídicos para el administrado y no sean un acto preparatorio de otro acto administrativo definitivo como ser el respaldo de una Resolución Administrativa. Con mayor razón será considerado un acto administrativo, aquél documento denominado informe que sin embargo implique una decisión que defina alguna situación respecto al administrado. En conclusión, sí son impugnables los informes técnicos que puedan vulnerar de manera directa algún derecho o principio, consecuentemente, una vez agotada la vía administrativa podrán ser impugnados en la esfera constitucional, por cuanto en los hechos son asimilables a los actos administrativos propiamente dichos, en razón a que en esencia no difieren de los mismos. De manera general, la Ley de Procedimiento Administrativo prevé el sistema de impugnación contra los actos administrativos, basado en dos recursos, como son el de revocatoria y el jerárquico, el primero de ellos a ser presentado ante la autoridad que emitió la resolución impugnada previo cumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la norma, y en caso de obtenerse una decisión desfavorable, ya sea por la emisión de una resolución, o bien por la omisión en su pronunciamiento dentro del plazo estipulado, entonces queda abierta la vía del recurso jerárquico, el que deberá ser presentado ante la misma autoridad que resolvió el recurso de revocatoria, a efectos de que ésta, remita el mismo ante la autoridad competente para su conocimiento y resolución” (las negrillas son nuestras). Respecto a los informes ya sean técnicos y legales, la SCP 0430/2017-S1 de 19 de mayo, en su parte final del Fundamento Jurídico III.3., expresó también lo siguiente:

“…En ese contexto, los mencionados informes, al ser un acto que no resuelve de manera definitiva la denuncia interpuesta, debe ser entendido que no puede ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional, mucho menos puede ser considerado como una resolución que puede ser objeto de apelación dentro del referido proceso interno, es decir, al ser recomendaciones o sugerencias u opiniones realizadas a la autoridad que emitirá un fallo, ya sea, de auto de admisión de la denuncia e inicio de la investigación, auto de inicio del sumario disciplinario o resolución definitiva en primera instancia, por lo tanto, no se evidencia la supuesta vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales con la emisión de los aludidos informes”. Por su parte la SCP 0847/2018-S1 de 17 de diciembre, en al análisis del caso concreto aplicando los razonamientos desarrollados por la citada SCP 0976/2014, refirió que:

“…en relación a los informes técnicos legales citados en el presente caso, que al no ser estos actos administrativos propios en razón que no producen efectos jurídicos inmediatamente sino que únicamente sirven de sustento para la tarea de decisiones, no son objeto de apelación, por ende no necesariamente son susceptibles de notificación antes de la emisión de la respectiva resolución” (las negrillas son nuestras). En conclusión, de lo descrito por la jurisprudencia constitucional, se advierte un elemento importante que define la asimilación a un acto administrativo, y es lo referido a que los Informes Técnicos se constituyen en actos administrativos, cuando produzcan efectos jurídicos para el administrado, y no sean un acto preparatorio de otro acto administrativo definitivo; en consecuencia, sólo si se cumple dicho presupuesto, serán considerados los Informes Técnicos en actos administrativos. No obstante lo advertido, donde la jurisprudencia constitucional justifica las razones que en un supuesto determinado, los Informes Técnicos pueden ser considerados actos administrativos; no debemos dejar de lado que, dentro el amplio desarrollo de los trámites administrativos, se presentan supuestos en los cuales las autoridades y funcionarios administrativos, mediante Notas, sean externas o internas, que no se constituyen en actos administrativos, producen efectos jurídicos que atentan directamente a los derechos de los administrados; en ese orden, con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los administrados frente al poder estatal representado por el sector burocrático del Estado, con una visión garantista y progresiva (art. 13.I de la CPE) surge la necesidad de efectuar una modulación a la SCP 0366/2014 de 21 de febrero, en el sentido que, a partir del presente fallo constitucional, las Notas Internas y Notas Externas se tendrán como actos administrativos cuando produzcan efectos jurídicos para el administrado, y no sean meros actos preparatorios de otro acto administrativo definitivo.

III.3. La protección reforzada de la inamovilidad laboral de padres progenitores

La inamovilidad laboral se encuentra regulada en el art. 48.VI de la Sección III (Derecho al Trabajo y al Empleo), Capítulo Quinto (Derechos sociales y económicos), Título II (Derechos fundamentales y garantías) de la Primera Parte (Bases fundamentales del estado derechos, deberes y garantías) de la Constitución Política del Estado, que señala lo siguiente:

Artículo 48. (…) VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Asimismo, el Decreto Supremo 12, de 19 de febrero de 2009 (Inamovilidad laboral de los padres de familia), que refiere lo siguiente:

Artículo 2.- (Inamovilidad laboral). La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. La SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, al respecto señalo el siguiente entendimiento:

Respecto a la garantía de inamovilidad laboral de padres progenitores, las SSCC 0505/2000-R -en el Cuarto Considerando- y 0068/2003-R de 21 de enero, entre otras, refiriéndose al fundamento de la garantía de la inamovilidad funcionaría, señalaron que no solo se debe proteger el derecho al trabajo sino otros derechos primarios del trabajador y del nuevo ser, que resultan afectados con el despido intempestivo, como son la seguridad social, que a su vez resguarda la salud y finalmente la vida; por su parte, la SCP 0424/2012 de 22 de junio complementó que la finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y a su familia con un menor de edad, estabilidad no solo económica, sino también, la consiguiente atención médica y emocional. En cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, la SC1536/2005-R de 29 de noviembre1 2 indicó que la misma, no solo protege la permanencia en la fuente laboral del trabajador, sino además, que no puede afectarse su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo; dicho entendimiento, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0434/2010-R de 28 de junio y 0105/2012 de 23 de abril”.

1 El FJ III.1, refiere: “...este Tribunal en invariable jurisprudencia ha concedido la tutela ' ...por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley(...)'". 2 El FJ III.3, indica: “Cabe aclarar que la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que conforme a su art. 2 también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo." 3 El FJ III.4, manifiesta: “.Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: '.también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo' (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre)". 4 El FJ III.3, menciona: “Respecto a la inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada, la jurisprudencia constitucional se ha expresado a través de la SC 0434/2010-R de 28 de junio, señalando que: '.Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que: «.también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de La SCP 0226/2013 de 6 de marzo, respecto al Decreto Supremo 12 de 19 de febrero de 2009, expresa lo siguiente:

Por su parte, el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, con respecto a la inamovilidad laboral en su art. 2, preceptúa que: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”. Asimismo, esta disposición legal reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores, en los siguientes términos:

a) La inamovilidad laboral de la madre o padre progenitores se aplica en el sector público y privado. b) La inamovilidad laboral de la madre o padre progenitores, sea cual fuese su estado civil, abarca desde la gestación hasta que el o la menor cumpla un año de edad, no pudiendo los padres ser despedidos, afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. c) A efectos de beneficiarse de la estabilidad laboral, la madre o el padre progenitores deberán presentar certificado médico de embarazo extendido por el ente gestor de salud o por los establecimientos públicos de salud, certificado de matrimonio o acta de reconocimiento ad vientre extendido y certificado de nacimiento del hijo o hija, ambos extendidos por el Oficial de Registro Civil. d) Si la madre o el padre progenitores incurren en las causales que justifican su despido, determinadas tanto en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 9 de su Decreto Reglamentario, no gozarán del beneficio de la inmovilidad laboral. e) La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas figuras y otras modalidades se intente eludir el alcance de la inamovilidad. La inamovilidad laboral tanto para el padre como para la madre progenitores se f) aplicará cuando éstos cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia respecto a su hijo o hija. g) Finalmente, si el empleador no acata y respeta el alcance de la inamovilidad laboral de los progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispondrá la reincorporación de la madre o padre progenitores, con goce de haberes y otros derechos por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de sanciones por incumplimiento a leyes sociales, salvando los derechos de la madre o padre progenitores cuya tutela se solicité a través de acciones de índole legal y que se interpongan en la vía judicial. En conclusión, la madre y/o padre progenitores, sin importar su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo, se aplica en el sector público y privado. En suma, la finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la familia, la estabilidad no solo económica; sino también, la consiguiente atención médica y emocional.

III.4. Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0276/2019-S2 de 24 de mayo, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al referido derecho. En ese marco, según la mencionada jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al señalado derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo. En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo; señaló que, la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la Ley Fundamental, que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. A partir de dicha previsión, este Tribunal se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese entendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la Ley Fundamental, el cual dispone que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos. No obstante, manifestó también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos: i) Contenido esencial; ii) Requisitos de procedencia; iii) Legitimación activa; iv) Legitimación pasiva; y, v) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, una vez interpuesta la solicitud de la respuesta debe ser: a) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la Ley o dentro de un plazo razonable; b) Formal; es decir que, la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por Ley; c) Material , porque debe 6 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 7 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 8 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 9 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo, atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, d) Argumentada; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto, precisó:

Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación-en la respuesta; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. En relación a la legitimación activa, haciendo referencia a la SCP 0470/2014 de 25 de febrero; manifestó que, puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito, cual es de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0083/2015-S3 de 10 de febrero, 0449/2017-S3 de 26 de mayo y 1111/2019-S2 de 18 de diciembre.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo , luego haciendo referencia a las SSCC 0310/2004-R , 0560/2010-R , 1995/2010-R , y las Sentencias 11 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”. 12 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 13 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 14 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral. Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.

(…)

Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 18 de noviembre y 1064/2019-S2 de 3 de diciembre , entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción tutelar por derecho de petición: i) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión de lo peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al accionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: a) En el término establecido por ley; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 15 El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

(…)

Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 16 El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 17 El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”. 18 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 19 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reg lamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; 2) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del accionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; 3) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, 4) Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para dicha finalidad, el Juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercida dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).

III.5. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005, Corte IDH (Ser. C) 122 2005, en su párrafo 28, señaló de forma expresa, lo siguiente:

“Asimismo, en relación con la posibilidad de que se aleguen otros hechos o derechos que no estén incluidos en la demanda, la Corte ha determinado que:

[…] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.

[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, 'en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente', en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan” (las negrillas son nuestras). En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, citando el Auto Constitucional 0202/2011-RCA de 3 de junio; estableció que, ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados, tal como prevé el art. 97.IV de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley de 6 de julio de 2010-, no puede ser interpretada restrictivamente, siendo que dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se expliquen los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados. Posteriormente, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, citando la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, consideró pertinente asumir los referidos razonamientos jurisprudenciales desarrollados en forma precedente, máxime si conforme al precitado fallo constitucional las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, al efecto, precisó que:

“… el requisito de presentación de las acciones de defensa, establecido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dice: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”, no deberá ser entendido en un sentido restringido, sino bien en un sentido amplio, por el cual, la parte que solicite la tutela constitucional, tenga que exponer de manera clara y precisa, los hechos y derechos presuntamente lesionados, citando para el efecto las disposiciones constitucionales que consideren vulnerados; empero, en resguardo a la tutela judicial efectiva, si no se mencionaran dichas disposiciones, no podrá rechazarse la demanda presentada, si es que existiese una adecuada exposición de los hechos, así como mención de los derechos lesionados; en ese mismo sentido, tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados. (las negrillas son nuestras). Al respecto, la precitada SCP 0304/2013-L, aclara de forma pertinente que la aplicación del principio iura novit curia no debe entenderse en sentido de que la parte accionante no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que considere vulnerados; sino, más bien deberá entenderse en el sentido de que efectivamente tiene el deber de cumplir con dicho requisito en todas las acciones de defensa; siendo que, este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que, si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador constitucional, identifique –ante la negligencia de la partes– los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible.

III.6. La interposición de la acción de amparo en forma directa, sin necesidad de agotar las vías previstas cuando se encuentren involucrados los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

La acción de amparo constitucional definida como: “…aquella acción por medio de la cual todo ciudadano puede solicitar a la autoridad competente se le haga justicia, reestableciendo o garantizando el libre ejercicio de sus derechos cuando éstos, algunos o alguno de ellos es suprimido, restringido o existe la amenaza de coartarla; en franca contraposición a lo que justamente toda Constitución Política del Estado declara y sostiene", se encuentra descrita en el art. 128 de la CPE que prescribe:

“La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.”

Por su parte el art. 129.I de la norma supraconstitucional citada refiere:

“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.” (las negrillas y subrayado son nuestras).

Del texto literal constitucional referido, se tiene que, condiciona la presentación de la citada acción tutelar, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos vulnerados, en esa línea el art. 54.I del CPCo, bajo la figura de la subsidiariedad precisó: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo…”

En consecuencia, la acción de amparo constitucional no resulta ser un medio de defensa de interposición arbitraria e ilimitada, sino que se encuentra limitado en su accionar, al respecto conviene referir que el art. 53 del citado Código, bajo el nomen de improcedencia estableció que dicha acción no procederá:

1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular. Bajo esas premisas, resulta evidente que la acción tutelar referida, en su admisión y posterior conocimiento debe superar previamente barreras legales y fácticas; sin embargo de ello, la propia dinámica e interpretación constitucional, bajo las directrices del bloque de constitucionalidad, fueron flexibilizando las mismas, cuando la vulneración denunciada comprende a los denominados “grupos vulnerables” como acontece con los niños, niñas y adolescentes. Al respecto la Constitución Política del Estado con referencia a los derechos de este grupo, en su art. 60 dispone:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Del texto literal de la norma constitucional citada, se advierte que por antonomasia es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés del referido grupo, y que comprende la preeminencia de sus derechos, así como el de garantizar el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna; en consecuencia, cuando se denuncia la vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, corresponde enfocarlos bajo el tamiz de dicha premisa constitucional, por constituirse en grupos de atención prioritaria. Entendimientos que fueron desarrollados de SC 1879/2012 de 12 de octubre, que en su Fundamento Jurídico III.2.1., concluyó:

“En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto 23 F.J. III.2.1. Prevalencia e interés superior de los derechos del menor como sujeto de especial protección constitucional e internacional. Tanto el Estado Plurinacional de Bolivia como otros Estados, otorgan protección especial a los menores de edad, cuyos derechos fundamentales se hallan insertos en la Ley Fundamental así como en diversos instrumentos internacionales; situación que conlleva el deber de toda autoridad de tomar sus decisiones considerando la situación de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse afectados; debiendo en cualquier caso prestar atención al interés superior que merecen al ser sujetos de derechos progresivos. (…). En cuanto a instrumentos internacionales, se tiene la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, que en su art. 2, determina que los niños gozarán de una: “...protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. El art. 24.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece el: “…derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado”. En igual sentido se encuentran otros instrumentos internacionales que otorgan protección especial a los niños, niñas y adolescentes, tal el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Glosada la normativa constitucional e internacional que demuestra el máximo interés que la legislación ha otorgado a los menores de edad, en prevalencia de sus derechos fundamentales, compele referirse a la jurisprudencia sentada por otros tribunales de justicia constitucional; tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en relación al interés superior del que gozan, a través de su Sentencia T-973/11 de 15 de diciembre de 2011 -entre otros fallos emitidos al respecto- , expresó: “…Bajo la concepción de que los niños, por su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, necesitan protección y cuidados especiales, los Estados y en general la comunidad internacional, los han proclamado como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, centrado su atención en el propósito de garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde al rol de gran trascendencia que están llamados a cumplir en la sociedad. 6.2. Ese especial interés en proporcionarle a los menores un tratamiento preferencial, que implica adoptar ‘una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran’, encuentra particular sustento en los distintos instrumentos o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia…” (…)De todo lo relacionado se concluye que, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado…”.

jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales”.

Similar entendimiento fue desarrollado por la SCP 0033/2015-S1 de 6 de febrero que sobre la temática concluyó:

“Consiguientemente, en resguardo de ese interés superior, en casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de derechos invocada atente los derechos de niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismo; y, en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática, haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige al amparo constitucional”.

De lo precedentemente expuesto, en similar criterio al desarrollado por la jurisprudencia constitucional citada, de nuestra parte concluimos que en las acciones de amparo constitucional, cuando se denuncie la vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, corresponde a los Jueces y/o Tribunales de garantías constitucionales, y al propio Tribunal Constitucional Plurinacional, prescindir de la subsidiariedad e ingresar al análisis de fondo y resolver la problemática planteada.

III.7. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la lesión de su derecho al salario justo y al principio de inamovilidad funcionaria; toda vez que, habiendo sido designado el 20 de octubre de 2020, en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana de Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz, empero: i) Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidente Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional – ahora demandada– mediante Memorándum Cite 5468/2021 de 23 de agosto, le asignó en comisión de servicios a la Gerencia Regional de La Paz por el lapso de ochenta y cuatro días, desde el 24 de agosto al 22 de noviembre de 2021, a pesar de que interpuso un recurso de revocatoria en contra del cambio de sede, el mismo le fue denegado, aduciendo que dicha comisión de servicios se debe a una necesidad institucional y operativa; y que, su nivel salarial no sería afectado; posteriormente, se volvió a vulnerar el principio de inamovilidad funcionaria, al asignarle otra comisión del 24 de noviembre al 31 de diciembre que a la fecha le señalaron otorgarle una nueva comisión en el distrito del referido departamento, dichas designaciones son ilegales; puesto que, al tener un hijo menor de un año, goza de la inamovilidad funcionaria por lo cual no puede ser removido de su cargo y distrito laboral; ii) El 23 de noviembre de 2021, presentó un Informe sobre la conclusión de la comisión asignada, dirigido a Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz –ahora codemandado–; sin embargo, dicha autoridad jamás dio respuesta a su informe, en su lugar, le respondieron mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, emitida por la Técnico Administrativo a.i. de la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional, donde le señalaron que su solicitud de pago de viáticos no podía ser atendida; y, iii) Rosmery Flores Flores, Técnico antes mencionado –ahora codemandada–, con el visto bueno de Eufemia Catarí Huanca, Jefe Administrativa Financiera, ambas de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional –ahora codemandadas–, mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, le señalaron que su solicitud de pago de pasajes y viáticos por motivo de traslado de la Gerencia Regional de Santa Cruz a la Gerencia Regional de La Paz no podía ser atendida, debido a que el memorándum adjuntado no cumplía los requisitos determinados en el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana Nacional, desconociendo su derecho a percibir viáticos, lo cual se constituye en un acto ilegal e indebido cometido por la mencionada funcionaria ahora codemandada; toda vez que, el art. 18 del Reglamento Interno, en coherencia con el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos -ambos de la Aduana Nacional-establecen que le corresponde dicho pago; puesto que, su familia depende del salario que percibe mensualmente, el cual actualmente debe destinarlo al hospedaje, transporte, alimentación y cuentas personales que debe honrar mensualmente, habiendo disminuido considerablemente sus ingresos.

Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene como antecedente que, el ahora peticionante de tutela, padre de un menor nacido el 25 de mayo de 2021 (Conclusiones II.2 y II.3) fue designado interinamente y con carácter provisional en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana de Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz, asumiendo funciones desde el 22 de diciembre de 2020 (Conclusión II.1); posteriormente, fue declarado en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz desde el 24 de agosto hasta el 22 de noviembre de 2021 por la Presidente Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– (Conclusión II.4); ante lo cual, interpuso recurso de revocatoria, recibiendo como respuesta de parte de la autoridad antes mencionada que dicha declaración en comisión no es un acto administrativo definitivo, y no afecta su ítem, o nivel salarial; además que, tiene un plazo definido, en consecuencia le señaló que el requerimiento efectuado no cumple con los requisitos esenciales para la interposición de los recursos previstos en el art. 56 de la LPA (Conclusión II.5); a cuya conclusión el ahora impetrante de tutela presentó un Informe dirigido al Gerente Regional de La Paz, presentando su reporte de asistencia y pasaje de Santa Cruz- La Paz, entre otros, a fin de que los mismos sean aprobados y procesados siguiendo el conducto regular (Conclusión II.7); recibiendo como respuesta una comunicación interna emitida por la Técnico Administrativo a.i. Unidad Administrativa Financiera, vía Jefe Administrativa Financiera, ambas de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional, en la cual señalaron que su solicitud no podía ser atendida, debido a que los memorándums presentados no contenían los requisitos del art. 9 del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana Nacional (Conclusión II.8); siendo declarado nuevamente en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021 (Conclusión II.6); y posteriormente, del 3 de enero hasta el 1 de abril de 2022 (Conclusión II.9).

III.7.1. Consideraciones previas

Antes de ingresar a la problemática planteada, cabe aclarar que el ahora accionante no denunció como derecho vulnerado el derecho al interés superior del niño y a la petición; empero, este Tribunal tratará o analizará los derechos indicados en apoyo de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.5., del presente fallo constitucional, el cual señala que el principio iura novit curia; determina que, los Jueces se encuentran vinculados a aplicar las normas jurídicas que correspondan a la solución de determinado conflicto jurídico que se sustancia dentro el proceso establecido por ley, a pesar de que el derecho aplicable al caso concreto no haya sido invocado por las partes del proceso o lo haya sido erróneamente; cuidando que, su aplicación no afecte el principio de congruencia, ya que los Jueces no podrán ir más allá del petitorio, generar indefensión, ni sustentar su fallo en elementos fácticos distintos a los expuestos por las partes. Por lo tanto, los Jueces, en aplicación del principio iura novit curia, en general no deberían dejar de otorgar o resolver alguna pretensión jurídica o de derecho, bajo el sustento o fundamento de que alguna de las partes presentó su exposición de hechos y pretensiones sin el apoyo jurídico que sea aplicable al caso concreto, en otros términos, estas autoridades no deberían omitir o evadir resolver una problemática jurídica en el fondo por la ausencia de cita de normas jurídicas o la cita incorrecta de las mismas.

En ese contexto, resulta pertinente aclarar que, encontrándose involucrado un menor, el cual se encuentra comprendido dentro de los “grupos vulnerables”, en estricta observancia del Fundamento Jurídico III.7., del presente fallo constitucional, el cual señala que cuando se denuncia la vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, –tal como sucede en el caso en examen– permite prescindir de la subsidiariedad e ingresar al análisis de fondo y resolver la problemática planteada.

III.7.2. Análisis de fondo

Respecto a la primera problemática

El ahora accionante; refiere que, Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidente Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada–, mediante Memorándum Cite 5468/2021, le asignó en comisión de servicios a la Gerencia Regional de La Paz por el lapso de ochenta y cuatro días, desde el 24 de agosto al 22 de noviembre de 2021; a pesar de que, interpuso un recurso de revocatoria en contra del cambio de sede, el mismo le fue denegado, aduciendo que dicha comisión de servicios se debe a una necesidad institucional y operativa; y que, su nivel salarial no sería afectado; posteriormente, se volvió a vulnerar el principio de inamovilidad funcionaria, al asignarle otra comisión del 24 de noviembre al 31 de diciembre y a la fecha le señalaron que se le otorgaría una nueva comisión en el distrito de La Paz, dichas designaciones son ilegales; toda vez que, al tener un hijo menor de un año, goza de la inamovilidad funcionaria por lo cual no puede ser removido de su cargo y distrito laboral.

Revisados los antecedentes del caso, se pudo verificar que, en efecto, el ahora peticionante de tutela a través del Memorándum Cite 2493/2020, fue designado interinamente y con carácter provisional en el cargo de Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz (Conclusión II.1); posteriormente, el 25 de mayo de 2021 nació su hijo (Conclusión II.2); aspecto que, dio a conocer a la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Aduana Nacional Gerencia Regional de Santa Cruz el 10 de junio de igual año (Conclusión II.3); a pesar de ello, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada–, le comunicó que fue declarado en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz a partir del 24 de agosto hasta el 22 de noviembre de citado año (Conclusión II.4); ante lo cual, el ahora impetrante de tutela presentó ante dicha autoridad, un recurso de revocatoria, mismo que fue rechazado, alegando que no cumple con los requisitos esenciales para la interposición de los recursos previstos en el art. 56 de la LPA (Conclusión II.5); no obstante de ello, mediante Memorándum Cite 6311/2021, la misma autoridad ahora demandada, le comunicó que fue declarado en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz a partir del 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre de referido año (Conclusión II.6); y, nuevamente a través de Memorándum Cite 0044/2022, se le declaró en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz a partir del 3 de enero hasta el 1 de abril de 2022 (Conclusión II.9).

Esta denegatoria implicaría que el ahora accionante conforme al marco normativo, acuda a las instancias que señala el procedimiento administrativo; no obstante, conforme se dijo en el acápite III.7.1., incumbe aplicar la subsidiariedad excepcional, en razón al interés superior del menor, en ese marco se ingresará a verificar el fondo del análisis. Conforme se tiene ya referido en el Fundamento Jurídico III.3., del presente fallo constitucional, la madre y/o padre progenitores, sin importar su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo, cuya finalidad no es otra que la de otorgar a la familia, la estabilidad no solo económica; sino también, la consiguiente atención médica y emocional. Ahora bien, en el presente caso, el ahora peticionante de tutela goza de esta garantía a su favor al ser padre de un menor de un año; aspecto que además, fue puesto a conocimiento de la Jefe de Unidad Administrativa de la Aduana Nacional Gerencia Regional de Santa Cruz, habiendo acompañado al efecto la prueba correspondiente para certificar este extremo. Sin embargo, a pesar de que la misma institución reconoce este beneficio, toda vez que, en el apartado “I. Derechos en norma específica” de la Segunda Parte del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, aprobado por la Resolución RD 02-019-21 de 21 de julio de 2021, está transcrito el Decreto Supremo 12, de 19 de febrero de 2009 (Inamovilidad laboral de los padres de familia); empero, de manera arbitraria e ilegal se procedió a declararlo en comisión de servicios al Archivo de la Gerencia Regional de La Paz en tres oportunidades, sin considerar que tiene constituida su familia conformada por su esposa y un hijo menor de un año en Santa Cruz, siendo evidente la vulneración al derecho a la inamovilidad laboral respecto a la ubicación de su puesto de trabajo, lo cual, tal como se señaló en el Fundamento Jurídico III.3., afecta a la estabilidad no solo económica; sino también, la consiguiente atención médica y emocional de la familia; de otro lado, la SCP 1066/2022-S1 de 5 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.7 estableció que ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña; toda vez que, el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y socia; en este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales; asimismo, la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses; por lo tanto, corresponde conceder la tutela respecto al derecho a la inamovilidad laboral.

Respecto a la segunda problemática El peticionante de tutela, refiere que, el 23 de noviembre de 2021, presentó un Informe sobre la conclusión de la comisión asignada, dirigido a Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz –ahora codemandado–, sin embargo dicha autoridad jamás dio respuesta a su informe, en su lugar, le respondieron mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, emitida por la Técnico Administrativo a.i. de la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional, donde le señalaron que su solicitud de pago de viáticos no podía ser atendida. El reclamo formulado por la parte impetrante de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en que la autoridad demandada, no dio una respuesta, respecto al informe de 23 de noviembre, lo cual viola su derecho a una respuesta formal positiva o negativa conforme el art. 24 de la CPE; corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración al derecho a la petición.

en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia”.

De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio.

Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se precisó que el núcleo del derecho de petición, es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Asimismo señaló que, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para dicha finalidad, el Juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañe a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo); en ese orden, siendo que en el caso en examen se alega la vulneración del derecho de petición, a efectos de su tutela, se debe tomar en cuenta, si en el caso concreto se cumple con los siguientes elementos:

i) La existencia de una petición oral o escrita; que en el caso de Autos, conforme a la literal descrita en las Conclusiones del presente fallo Constitucional, se evidencia que, conforme a la (Conclusión II.7), por Informe de 23 de noviembre de 2021 emitido por el ahora accionante, Técnico Aduanero en Gestión Operativa, dirigido a Antonio Claudio Martínez Villa, Gerente Regional de La Paz –ahora codemandado– señaló lo siguiente:

A efectos de análisis del presente informe mi designación fue en virtud de la Presidenta Ejecutiva de la institución mediante Memorándum 5468/2021, la Comisión de Servicios ordenada a mi persona se realizó de acuerdo al Artículo 18 inciso b) de manera que tuve que trasladarme al Departamento de La Paz y a la ciudad del Alto Lugar donde hago notar que debió ser únicamente 2 meses la COMISION pues es fuera del Departamento donde habitualmente cumplo funciones, como establece el artículo antes mencionado del Reglamento de Interno de Personal de la Aduana Nacional de Bolivia RD-02- 019-21 de fecha 21 de julio 2021.

-En lo principal hago conocer a su digna Autoridad el presente informe y sus anexos (fotocopia del Memorándum 5468/2021 de Presidencia, Reporte de asistencia, pasaje de Santa Cruz- La Paz de fecha 31/08/2021, informes periódicos de actividades de los mes de Septiembre, Octubre, Noviembre.) para que el mismo sea aprobado y procesado como corresponde en la repartición y/o Unidad adecuada de la Aduana Nacional de Bolivia siguiendo el conducto regular.

De donde se advierte que, del Informe de 23 de noviembre de 2021 (Conclusión II.7), en todo el contenido sólo consta aspectos relacionados a las tareas realizadas en el desempeño de sus funciones, adjuntando la documentación consistente en el Memorándum 5468/2021, reporte de asistencia, pasaje de Santa Cruz a La Paz de 31 de agosto de 2021, informes periódicos de actividades de los meses de septiembre, octubre y noviembre; para su correspondiente aprobación y procesamiento, empero no contiene una petición expresa; es decir que, no consta ninguna solicitud suficientemente identificable, es en ese entendido que esta instancia constitucional, no puede subsumir la reclamación realizada en la presente problemática a la jurisprudencia desarrollada respecto a la protección al derecho a la petición; puesto que, debe haber la formulación de una solicitud efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, a fin de que la misma sea respondida por la persona o autoridad responsable de su emisión, aspecto que no se evidencia en la documental que cursa en obrados. Al no tenerse acreditado el primer requisito jurisprudencial, no corresponde ingresar en el análisis de los demás requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto al derecho a la petición.

Respecto a la tercera problemática El ahora accionante, refiere que, Rosmery Flores Flores, Técnico Administrativo a.i. de la Unidad Administrativa Financiera, con el visto bueno de Eufemia Catarí Huanca, Jefe Administrativa Financiera, ambas de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional –ahora codemandadas–, mediante Comunicación Interna AN-GRLGR-UDLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, le señalaron que su solicitud de pago de pasajes y viáticos por motivo de traslado de la Gerencia Regional de Santa Cruz a la Gerencia Regional de La Paz no podía ser atendida, debido a que el memorándum adjuntado no cumplía los requisitos determinados en el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana Nacional; desconociendo su derecho a percibir viáticos, lo cual se constituye en un acto ilegal e indebido cometido por la referida funcionaria, toda vez que, el art. 18 del Reglamento Interno, en coherencia con el art. 9.IV del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos ─ambos de la Aduana Nacional─ establecen que le corresponde dicho pago, toda vez que, su familia depende del salario que percibe mensualmente, el cual actualmente debe destinarlo al hospedaje, transporte, alimentación y cuentas personales que debe honrar mensualmente, habiendo disminuido considerablemente sus ingresos.

Al respecto, este Tribunal pudo advertir, lo que esencialmente denuncia el ahora peticionante de tutela contra Rosmery Flores Flores, Técnico Administrativo a.i. Unidad Administrativa Financiera; y, Eufemia Catarí Huanca, Jefe de Unidad Administrativa Financiera ambas de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional –ahora codemandadas–, es que la primera, con visto bueno de la segunda, cometieron el acto ilegal de negar su solicitud de pago de pasajes y viáticos por motivo de traslado de la Gerencia Regional de Santa Cruz a la Gerencia Regional de La Paz, alegando que el memorándum adjuntado no cumplía con ciertos requisitos, sin considerar que le corresponde dicho pago, el cual se encuentra regulado por la normativa interna de la Aduana Nacional.

Ahora bien, cabe remitirnos a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual señala que, los Informes pueden ser asimilados a los actos administrativos cuando produzcan efectos jurídicos para el administrado y no sean un acto preparatorio de otro acto administrativo definitivo como ser el respaldo de una Resolución Administrativa, siendo impugnables cuando vulneren de manera directa algún derecho o principio; asimismo, dentro el amplio desarrollo de los trámites administrativos, se presentan supuestos en los cuales las autoridades y funcionarios administrativos, mediante Notas, sean externas o internas, que no se constituyen en actos administrativos, producen efectos jurídicos que atentan directamente a los derechos de los administrados; en ese orden, con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los referidos administrados, frente al poder estatal representado por el sector burocrático del Estado, y con una visión garantista y progresiva, dichas Notas internas y externas se tendrán como actos administrativos, cuando produzcan efectos jurídicos para el administrado, y no sean meros actos preparatorios de otro acto administrativo definitivo.

En el caso de examen, de acuerdo a lo consignado en la (Conclusión II.8) de este fallo constitucional, se emitió la Comunicación Interna AN-GRLGR-UADLR-CI-1037-2021 de 1 de diciembre, que señala lo siguiente:

En atención a hoja de ruta GRLGR2021-4986, en la cual mediante informe sin cite, el servidor público Jorge Pablo Escalante Arteaga, solicita el pago de pasajes viáticos por motivo de traslado de la gerencia Regional de Santa Cruz a la Gerencia Regional La Paz de acuerdo al siguiente detalle:

Nº MEMORÁNDUMS

COMISIÓN

DE SERVICIOS

PAGO DE PERIODO VIÁTICOS

1 5468/2021

Gerencia Regional Santa Cruz – Gerencia Regional La Paz

De: 31/09/2021 al 22/11/2021

84 días

Conforme al Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana nacional aprobado mediante Resolución RD 02-020-21 de 21/07/2021, en la cual establece en su artículo 9 (declaración en comisión oficial y requisito), numeral IV “El Memorándum de declaración en comisión oficial deberá mencionar claramente el motivo de la misión, destino, itinerario, días de comisión, los días de tráfico aéreo y/o terrestre y el pago de viáticos y pasajes (según corresponda) debiendo aclarar cualquier otro aspecto que facilite la correcta liquidación de los mismo”, aspectos que ninguno de los memorándums menciona, por lo que su solicitud no puede ser atendida (sic) [las negrillas son nuestras]).

Como se advierte, mediante dicha Comunicación Interna se deniega la solicitud del ahora impetrante de tutela, lo que conllevaría inicialmente a comprender que la misma no se constituye en un acto administrativo susceptible de impugnación en sede administrativa; no obstante, aplicando los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2., de este fallo constitucional, en el cual efectuando una modulación se concluyó en que:

“…las Notas Internas y Notas Externas se tendrán como actos administrativos cuando produzcan efectos jurídicos para el administrado y no sean meros actos preparatorios de otro acto administrativo definitivo” (sic). En consecuencia, y para el caso concreto, se tiene que la señalada Comunicación Interna efectivamente produjo efectos jurídicos directos y no se constituye en un mero acto preparatorio para la emisión de un acto administrativo definitivo; es decir, sobre la base de esta Comunicación Interna no se emitió una decisión definitiva (acto administrativo).

Bajo esa comprensión, se tiene dos aspectos: la primera, referida a que la indicada Comunicación Interna se constituye en un acto administrativo que, incidió directamente en los derechos del ahora accionante; y la segunda, relacionada a que, conforme a la jurisprudencia constitucional dicha Comunicación Interna se configura en un acto administrativo, resulta aplicable el instituto jurídico de la impugnación en sede administrativa regulada en la Ley de Procedimientos Administrativos, como son el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, tal como precisó la SCP 0366/2014 citada en el mencionado Fundamento Jurídico III.2., de este fallo constitucional; por consiguiente, el peticionante de tutela debió acudir al recurso de reposición y de persistir las ilegalidades activar el recurso jerárquico, para después recién acudir a esta instancia constitucional, subsumiéndose en consecuencia a las razones del Fundamento Jurídico III.1., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, referido a que se incurre en un supuesto de subsidiariedad cuando no se utilizó previamente los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico; motivos por los cuales, corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

No obstante lo reflexionado, con la finalidad de no generar posibles contradicciones internas, incumbe precisar que, si bien en la primera problemática se aplicó la excepción a la subsidiariedad, fue en razón a que los actos denunciados están íntimamente ligados a los derechos e interés superior del menor debido a que, con la designación en comisión del padre para realizar sus actividades laborales en otro departamento, el menor fue apartado de la protección paterna y sus cuidados a los cuales tal como se desarrolló en dicho acápite tiene derecho preferente; empero, en la problemática actual, no ocurre lo mismo, debido a que los hechos denunciados no guardan una afectación directa al menor al tratarse de irregularidades de carácter administrativo que no inciden en los derechos del menor, lo cual no amerita aplicar la excepción de subsidiariedad.

Finalmente, respecto a que se habría vulnerado el derecho al salario justo, de los antecedentes remitidos en revisión, esta instancia constitucional no advierte tal vulneración, en razón a que el ahora accionante sigue en funciones laborales, y en cuanto a su solicitud de pago de pasajes y viáticos que según el prenombrado afectarían su salario, tal como se estableció líneas arriba, debe agotar previamente los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico; por esas razones, corresponde denegar la tutela respecto a este derecho. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 27/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 329 a 332 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la inamovilidad laboral y el interés superior del niño, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Disponer que, la Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional –ahora demandada– restituya de forma inmediata al ahora peticionante de tutela a su puesto de trabajo en Puerto Suárez (Arroyo Concepción) de la Gerencia Regional de Santa Cruz, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; salvo que, a consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, ya se hubiese procedido de dicha manera.

3º DENEGAR la tutela impetrada, respecto al derecho a la petición y al salario justo, conforme a los términos expuestos por la Sala Constitucional antes mencionada y los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Conejo Gallardo es Voto Aclaratorio.

Fdo.MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo.MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

PAGO DE Nº MEMORÁNDUMS COMISIÓN DE SERVICIOS PERIODO VIÁTICOS

1 5468/2021 Gerencia Regional Santa Cruz De: 31/09/2021 84 días

su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo» (SC 1536/2005-R de 29 de noviembre) '".

5 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido).

10 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición (las negrillas son incorporadas).

20 Razonamiento, que fue asumido por la Corte Constitucional de Colombia, mediante su Sentencia T-146/10 de 4 de marzo, en el siguiente sentido: “9. El principio iura novit curia es un principio que rige el proceso de acción de tutela así no se invoque y, la falta de un recurso a la sentencia condenatoria de los congresistas no viola el derecho de toda persona a recurrir la sentencia condenatoria que se le imponga ante el juez o tribunal superior. 9.1. El principio general del derecho iura novit curia, que significa 'el juez conoce el derecho', es una de las columnas vertebrales de la acción de tutela. En la medida que la tutela es un recurso judicial informal que puede ser interpuesto por personas que desconocen el derecho, es deber del juez de tutela, en principio, analizar el caso más allá de lo alegado por el accionante. La manera como se ha entendido y reiterado el principio iura novit curia en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, es que en virtud de éste, «el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente…” (las negrillas son nuestras).

21 Entendimiento que fue reiterado entre otras por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.

22 Freddy Flores Ponce "Derecho Constitucional General".

24 SCP 1066/2022-S1 de 5 de octubre III.7. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0366_2023-S1.pdf · páginas 1 a 40.

Huella digital del PDF (SHA-256): f7c815473e35ade656f721f5d08f6931fd37946b906059e84af8697942731db8

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