B.IA.LEGAL

SCP 0365/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar
Expediente
50978-2022-102-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante alega que fueron vulnerados sus derechos al trabajo digno y la petición, a la seguridad social, al trabajo digno y a su ejercicio, al cumplimiento obligatorio de las disposiciones laborales, a la estabilidad laboral, a no sufrir ninguna forma de acoso laboral y a la inamovilidad laboral; toda vez, que habiendo sido contratada por la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) para desempeñar el cargo de portera de la institución, estando desarrollando sus funciones desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 1 de julio de 2022, la Entidad ahora demandada no dio respuesta a sus notas de 13 de octubre de 2021 y 09 de mayo de 2022, al tiempo que, sufrió acoso laboral y violencia laboral y fue desvinculada de su fuente laboral aduciendo el vencimiento de su contrato, sin tomar en cuenta que se encontraba embarazada; es así, que denunció tal situación ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, la cual emitió la Conminatoria de Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 de 7 de junio; sin embargo, pese a haber sido reincorporada el 24 de junio de 20222 a su fuente laboral en cumplimento a la referida Conminatoria, nuevamente fue desvinculada mediante memorando FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio, alegando vencimiento de su contrato, nuevamente, sin considerar su estado de gravidez, incumpliendo así, con la conminatoria de reincorporación.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 258/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 191 a 198 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos invocados, disponiendo que la parte demandada cumpla de forma inmediata, obligatoria e íntegra la CONMINATORIA J.D.T.-L.P./BDFB/N°251/2022 de 7 de junio; y, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° CONCEDER la tutela solicitada respecto del derecho de petición conforme los fundamentos del presente fallo constitucional; y consecuentemente, se ordena a la parte accionada emita y notifique con las respuestas a las notas de 13 de octubre de 2021 y de 9 de mayo de 2022, en el plazo de veinticuatro horas computables desde su notificación con el presente fallo, si es que hasta la fecha no lo hubiera ya hecho. 3° CONCEDER la tutela respecto a la denuncia de acoso laboral, disponiendo que la parte demandada se abstenga de realizar cualquier tipo de acto de amedrentamiento en contra de la accionante, bajo advertencia de remitir antecedentes ante las instancias competentes para su investigación y posible sanción.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. I.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento
  2. III.2. El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional.
  3. III.3. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.
  4. III.4. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo
  5. III.5. Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0365/2024-S1 Sucre, 29 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50978-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 258/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 191 a 198 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Eugenia Yupanqui Limachi contra Mario Jasmani Cerezo Condori, Secretario Ejecutivo, Mirian Gabriel Mamani, Secretaria de Hacienda, Freddy Cruz Colque, Secretario de Asuntos Legales y Promoción Laboral, Edgar Rubén Cala Lamas, Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, Antonia Condori Quenallata, Secretaria General y de Relaciones, todos de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 22 de agosto de 2022, cursante de fs. 37 a 50, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La ahora requirente de tutela aduce que trabajó como Portera en la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 1 de julio de 2022, que durante su tiempo de trabajo en FENACIEBO, afirmó haber sido víctima de acoso laboral y violencia laboral, incluyendo el hecho de haberle cerrado las puertas de las oficinas dejándola fuera del edificio y que le exigieran la entrega de su habitación.

Pese a estar embarazada, fue desvinculada de FENACIEBO el 13 de mayo de 2022 mediante Memorando FENACIEBO CONT/002/2022 de 13 de mayo, alegando el incumplimiento de su Contrato de Trabajo, en su inc. a) referido a la confidencialidad, frente a lo cual, la ahora accionante, mediante las notas de 13 de octubre de 2021 y 09 de mayo de 2022 solicitó a FENACIEBO el pago de sus beneficios sociales y la regularización de su situación laboral debido a su embarazo, que al no hallar respuesta, recurrió ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTPS), para apelar su desvinculación, Entidad que mediante CONMINATORIA J.D.T.-L.P./BDFB/N°251/2022 de 7 de junio, determinó que su desvinculación fue ilegal y ordenó su reincorporación a FENACIEBO.

FENACIEBO reincorporó a la ahora peticionante de tutela, pero, nuevamente la desvinculó el 1 de julio de 2022 mediante el Memorando FENACIEBO CE/008/2022 alegando el vencimiento de su contrato, frente a lo cual, presentó una nueva denuncia ante el MTPS, alegando que su segunda desvinculación también fue ilegal; la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, a través del Inspector de Trabajo La Paz, mediante Informe INFORME J.D.T.LP.-CMAR-VR-233/2022 de 18 de julio, evidenció el incumplimiento de la referida Conminatoria de reincorporación laboral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la petición, a la seguridad social, al trabajo digno y a su ejercicio, al cumplimiento obligatorio de las disposiciones laborales, a la estabilidad laboral, a no sufrir ninguna forma de acoso laboral; y, a la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 24, 45.I.II.III y V, 46.I y II, 48.I.II.III.IV y VI; y, 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

La parte accionante solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene: “1. La NULIDAD del MEMORANDO FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio de 2022, en consecuencia se DISPONGA MI REINCORPORACIÓN LABORAL EN EL CARGO DE PORTERA de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO; 2. El pago de mis beneficios sociales, sueldos devengados, vacaciones no utilizadas, bonos de antigüedad, quinquenio, asignaciones familiares por embarazo y demás derechos laborales que sean determinados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Debiendo cumplir con esta determinación el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO; 3. Una vez sea reincorporada en mi fuente laboral en el cargo de PORTERA el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, así como cualquier trabajador o persona que guarde relación Institucional o de otra naturaleza con la parte empleadora cese en sus acciones de acoso laboral; y, 4. Se dé respuesta de manera escrita a mis Notas de 13 de octubre de 2021 y 9 de mayo de 2022” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 26 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 184 a 190 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliando los mismos, manifestó: a) La ahora requirente de tutela trabajó en FENACIEGO desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 1 de julio de 2022; b) Durante su tiempo en FENACIEGO, la Sra. Yupanqui Limachi afirma haber sido víctima de acoso laboral y violencia laboral; c) La ahora requirente de tutela fue desvinculada de FENACIEGO el 1 de julio de 2022, alegando el vencimiento de su contrato, pese a estar embarazada. dicha desvinculación, se constituye en una violación de su derecho a la inamovilidad laboral; d) Precisamente, debido a su estado de embarazo solicitó la anulación del memorándum de desvinculación y su reincorporación inmediata a su fuente laboral, así como, el pago de todos sus beneficios sociales, sueldos devengados, vacaciones no utilizadas, bonos de antigüedad, quinquenio y asignaciones familiares por embarazo; e) Asimismo, solicita el cese de las acciones hostiles y de acoso laboral en su contra por parte de FENACIEGO; f) Afirma que también se ha vulnerado su derecho de petición, toda vez que, no recibió respuesta a sus solicitudes de 13 de octubre de 2021 y del 9 de mayo de 2022, a las cuales solicita que se le dé respuesta por escrito; y, g) Por lo que, solicitó que se anule la desvinculación de su clienta y que se la reincorpore a su fuente laboral. También solicita el pago de todos sus beneficios sociales y el cese de las acciones hostiles y de acoso laboral en su contra.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mario Jasmani Cerezo Condori, Miriam Gabriel Mamani, Freddy Cruz Colque y Antonia Condori Quenallata, todos, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), mediante informe escrito presentado el 26 de septiembre de 2022 cursante de fs. 105 a 112 vta., negaron haber vulnerado los derechos de la ahora accionante, manifestando que no le correspondía el pago de beneficios sociales, argumentando que: 1) La impetrante de tutela tenía un contrato laboral a plazo fijo, por lo que no era inamovible y tampoco gozaba de inamovilidad laboral; 2) La ahora accionante actuó con mala fe al presentar esta acción, por cuanto, no comunicó a FENACIEBO sobre su estado de embarazo sino hasta después de su desvinculación; 3) FENACIEBO cumplió con la conminatoria de reincorporación de la accionante; 4) Por lo expresado en los puntos descritos supra, solicita que se deniegue la acción de amparo constitucional interpuesta por la ahora requirente de tutela; 5) Por su parte y en audiencia de garantías, el abogado de la parte demandada manifestó lo siguiente: 5.i) La demanda de amparo constitucional se ha interpuesto contra 5 personas que forman parte del Comité Ejecutivo de FENACIEBO, más no así, contra FENACIEGO como persona jurídica, este hecho constituye un error, ya que la demanda debió ser presentada en contra del representante legal de la institución; y, 5.ii) Por otra parte, la ahora accionante afirma que ha trabajado de forma ininterrumpida para FENACIEBO desde octubre de 2016 hasta julio de 2022, sin embargo, en archivos de FENACIEBO existe solo un contrato a plazo fijo desde julio de 2020 hasta julio de 2022 y, si tiene otros contratos, debe presentarlos como prueba, por lo tanto, a existir un único contrato de trabajo a plazo fijo, significa que la requirente de tutela no tiene derecho a la inamovilidad laboral por embarazo, pues, la inamovilidad laboral protege a las mujeres embarazadas de ser despedidas durante su embarazo y durante un tiempo después del parto, y no aplica a las trabajadoras con contratos a plazo fijo.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 258/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 191 a 198 vta., concedió en parte la tutela solicitada, y en consecuencia dispuso que: “Se deja sin efecto Memorándum de FENACIEBO CE/008/2022 de 01 de julio del año 2022, debiendo darse cumplimiento exacto a la Conminatoria J.D.T.L.P./BDFB/N°251/2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y cumplirse la misma bajo principio de inamovilidad laboral, tomando en cuenta la situación de madre gestante de la hoy accionante. No se concede en relaciona a solicitud de pago de beneficios sociales, sueldos deberán ser establecidos ante la jurisdicción competente. En relación a la petición Nº 3, no se concede en relación al cese de acciones de acoso laboral por las razones expuestas en la presente resolución. Se concede en relación al derecho a la petición porque debe brindarse respuesta escrita las notas de 13 de octubre del 2021 y 09 de mayo del año 2022, por la parte accionada, sea en el plazo de setenta y dos (72) horas a partir de la comunicación en oralidad de esta resolución” (sic); ello, bajo los siguientes fundamentos: Entre los hechos advertidos en el presente caso, se tiene a: i) La ahora requirente de tutela tenía un contrato a plazo fijo con FENACIEBO desde 2018 hasta julio de 2022; ii) En mayo de 2022, FENACIEBO intentó desvincularla mediante un memorándum, pero el Ministerio de Trabajo le ordenó su reincorporación por inamovilidad laboral debido a su embarazo; iii) Reincorporada a su fuente laboral en cumplimiento a la conminatoria J.D.T.L.P./BDFB/N°251/2022 de 07 de junio, la Entidad, volvió a despedirla el 1 de julio de 2022, alegando que el contrato a plazo fijo había expirado, por lo que, tuvo recurrir a la instancia constitucional alegando que su despido fue ilegal; iv) Los fundamentos esgrimidos para la presente resolución fueron: iv.a) El memorándum de despido FENACIEBO CE/008/2022 de 01 de julio fue ilegal porque no cumplió cabalmente con la conminatoria de reincorporación del Ministerio de Trabajo; iv.b) La conminatoria se basó en la inamovilidad laboral de la accionante por su estado de gestación; iv.c) La Sala Constitucional consideró que la inamovilidad laboral es un derecho fundamental que protege a las mujeres embarazadas de ser despedidas, que aplica incluso a las trabajadoras con contratos a plazo fijo; iv.d) Los derechos reclamados respecto del pago de beneficios sociales y el cese de las supuestas acciones de acoso laboral, deben ser resueltos por la jurisdicción competente; y, iv.e) FENACIEBO debe responder por escrito a las peticiones de información de la impetrante de tutela efectuadas mediante notas de 13 de octubre de 2021 y 09 de mayo de 2022.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Contrato de Trabajo de 14 de octubre de 2016, suscrito entre la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) representado por su entonces Secretario Ejecutivo, Juan Guillermo Gómez Villcarana y María Eugenia Yupanqui Limachi -ahora accionante-, por el cual, la Institución contrata los servicios de la prenombrada en el cargo de PORTERA - FENACIEBO, por el plazo estipulado de un año, a partir del 14 de octubre de 2016 (fs. 5 a 6).

II.2. Cursa Contrato de Trabajo de 1 de abril de 2018, suscrito entre la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) representado legalmente por Mecedes Espinoza de Retamozo y la ahora requirente de tutela María Eugenia Yupanqui Limachi, por el cual, la Institución contrata los servicios de la prenombrada en el cargo de PORTERA, por el plazo estipulado de un año, a partir del 1 de abril de 2018 al 1 de abril de 2019 (fs. 7 a 10). II.3. Se tiene Contrato de Trabajo de 1 de julio de 2020, suscrito entre la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) representado por Edwin Freddy Díaz Apaza y María Eugenia Yupanqui Limachi, por el cual, la Institución contrata los servicios de la prenombrada en el cargo de PORTERA de FENACIEBO, por el plazo estipulado de dos años, a partir del 1 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2022 (fs. 11 a 14).

II.4. Mediante Carta presentada el 13 de octubre de 2021, la ahora peticionante de tutela se dirige al entonces Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), Mario Jasmani Cerezo Condori, para solicitarle el pago de sus beneficios sociales (fs. 15). II.5. Consta Certificado Médico de 26 de abril de 2022, extendido en hoja membretada del Ministerio de Salud, por el cual, Roxana Velásquez Luján, Médico Cirujano, certifica que María Yupanqui Limachi (ahora accionante), el 8 de abril de 2022 fue transferida al hospital Materno Infantil con amenaza de aborto, que a la fecha de la certificación presentaba un embarazo de catorce semanas (fs. 18).

II.6. A través de Carta presentada el 9 de mayo de 2022, la ahora accionante pone en conocimiento del entonces Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), sobre su estado de embarazo y sobre el colocado de candado en la puerta de ingreso, solicitándole el pago de su quinquenio, expresando lo siguiente:

“Mediante la presente me dirijo a su persona para poner a conocimiento una serie de aspectos que son inherentes a mi persona respecto a la relación laboral que tengo con la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO. 1. SOBRE MI ESTADO DE EMBARAZO De acuerdo con el Certificado Médico que adjunto a la presente misiva, debo señalar que mi persona se encuentra con 14 semanas de embarazo y por mi condición mi estado de salud es delicado. En ese entendido, y de acuerdo a disposiciones legales que me amparan como madre progenitora; actualmente mi estado de salud es estable, pero en el paso corría riesgo de amenaza de aborto en mis primeras semanas como indica mi ginecóloga mismo documento que también adjunto como respaldo. En ese entendido, solicito que por la instancia que corresponda, se haga la regularización de los beneficios que por Ley me corresponden en mi condición de mujer en situación de embarazo. 2. SOBRE EL PAGO DEL QUINQUENIO Como es de su conocimiento y de acuerdo con la documentación que cursa en mi file personal, el mes de octubre de la gestión 2021 cumplí cinco (5) años de trabajo continuos, por lo que en mérito a las disposiciones laborales corresponde que se me haga el pago que de acuerdo al cálculo efectuado asciende a la suma de Bs. 10.820,00 (Diez mil ochocientos veinte 00/100 Bolivianos) anteriormente mi persona solicito correspondientes del mismos el 12 de Octubre de la gestión pasada para que se vea el cómo y cuándo se me cancelara el mismo, a la fecha a un espero la respuesta. 3. SOBRE EL COLOCADO DEL CANDADO EN LA PUERTA DE INGRESO El día martes 26 de abril de la presente gestión sali por temas personales como generalmente suelo hacerlo cuando no me encuentro en horario de trabajo, sin embargo en esta tercera oportunidad cuando volví aproximadamente a eso de las 22:00 horas me vi sorprendida porque alguien había colocado un candado por dentro y no pude abrir la puerta, tuve que llamar y esperar que tengan la gentileza de abrirme, para el caso mi espera a esa hora de la noche y con el inminente frío que hace e la ciudad demoró alrededor de 15 a 20 minutos. En ese entendido, se me aclare mis funciones toda vez que el colocado del candado, el cierre del edificio por dentro y demás tareas son atribución mía, lo cual me deja en estado de total incertidumbre, generando cierta susceptibilidad respecto a mi situación laboral. Por todo lo expuesto, apelando a su grado de responsabilidad y humanidad, considerando que es Usted una persona que debe hacer prevalecer los derechos fundamentales en general, pero sobre todo los derechos laborales de sus trabajadores, solicito que se pueda dar curso a mis solicitudes detalladamente expuestas en los párrafos precedentes. Está claro que me encuentro en una situación de total indefensión y vulnerabilidad por mi estado de embarazo, por lo que solicito la debida consideración y comprensión hacia mi persona” (sic [fs. 16 a 17]).

II.7. Cursa Memorando FENACIEBO CONT/002/2022 de 13 de mayo

de 2022, por el cual, los miembros del Comité Ejecutivo de FENACIEBO determinaron rescindir su contrato laboral a partir de la fecha por transgredir el inc. a) del referido contrato, relativo a la CONFIDENCIALIDAD (fs. 19).

II.8. El 7 de junio de 2022 fue emitida la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022, por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, mediante la cual:

“…CONMINA A LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LA TRABAJADORA POR INAMOVILIDAD LABORAL Sra. MARIA EUGENIA YUPANQUI LIMACHI con CI N° 8291409 L.P., al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación es decir como: PORTERA dependiente de la FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DE BOLIVIA -FENACIEBO más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales (sic [fs. 21 a 25]).

II.9. Mediante Memorando FENACIEBO CE/003/2022 de 24 de junio,

por el cual, el Secretario Ejecutivo de FENACIEBO, Mario Jasmani Cerezo Condori, en atención a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022, reincorpora a la ahora requirente de tutela al mismo puesto de trabajo que ocupaba al momento de su despido, es decir, al de portera de la referida institución (fs.26).

II.10.A través de Memorando FENACIEBO CE/005/2022 de 24 de junio, por el cual, el Secretario Ejecutivo de FENACIEBO, Mario Jasmani Cerezo Condori, solicita a María Eugenia Yupanqui Limachi -accionante-, la entrega del ambiente que usa como su habitación hasta el 29 del mismo mes y año impostergablemente, aduciendo el desarrollo de actividades de los miembros la institución (fs. 27). II.11.Se tiene Memorando FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio, a través del cual, los miembros del Comité Ejecutivo de FENACIEBO comunican a la ahora requirente de tutela, la terminación del plazo de su contrato de trabajo, solicitándole la devolución de todos los activos y bienes entregados, para realizar la cancelación de sus beneficios sociales (fs. 28). II.12.Cursa Auto de 4 de julio de 2022, emitido por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, a través del cual, en atención a la solicitud de FENACIEBO complementa y enmienda las observaciones realizadas a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 de 7 de junio, aclarando que las correcciones y aclaraciones efectuadas no afectan al fondo de la Conminatoria (fs. 158 a 159 vta.). II.13.Consta Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-233/2022 de 18 de julio, emitido por Wilson Nestor Constancio Choque, Inspector de Trabajo La Paz, dirigido Carlos Michel Andrade Ramos, Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, por el cual, en relación a la verificación de reincorporación de la Trabajadora María Eugenia Yupanqui Limachi a FENACIEBO, en conclusiones y recomendaciones refirió que:

“En ese sentido, conforme a los antecedentes expuestos, se puede concluir que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE BOLIVIA FENACIEBO luego de haber reincorporado a la trabajadora, en fecha 1 de julio de 2022 procedió a desvincularla a través de memorándum de "Conclusión de Contrato" razón por la cual no pudo ser encontrada la trabajadora en el establecimiento laboral. En Este sentido recomiendo a su autoridad notificar con el presente informe a la parte interesada para fines consiguientes. Es cuanto informo por ante su despacho” (sic).

II.14.Se tiene CARNET DE SALUD PARA EMBARAZO Y EL PARTO de la Unidad de atención a las personas de la Caja Nacional de Salud,

no refiere fecha de emisión, por la cual, el Médico Cirujano Encargado de Salud Pública describe los datos médicos del embarazo de la ahora recurrente de tutela (fs. 180).

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante alega que fueron vulnerados sus derechos al trabajo digno y la petición, a la seguridad social, al trabajo digno y a su ejercicio, al cumplimiento obligatorio de las disposiciones laborales, a la estabilidad laboral, a no sufrir ninguna forma de acoso laboral y a la inamovilidad laboral; toda vez, que habiendo sido contratada por la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) para desempeñar el cargo de portera de la institución, estando desarrollando sus funciones desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 1 de julio de 2022, la Entidad ahora demandada no dio respuesta a sus notas de 13 de octubre de 2021 y 09 de mayo de 2022, al tiempo que, sufrió acoso laboral y violencia laboral y fue desvinculada de su fuente laboral aduciendo el vencimiento de su contrato, sin tomar en cuenta que se encontraba embarazada; es así, que denunció tal situación ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, la cual emitió la Conminatoria de Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 de 7 de junio; sin embargo, pese a haber sido reincorporada el 24 de junio de 20222 a su fuente laboral en cumplimento a la referida Conminatoria, nuevamente fue desvinculada mediante memorando FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio, alegando vencimiento de su contrato, nuevamente, sin considerar su estado de gravidez, incumpliendo así, con la conminatoria de reincorporación.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional; b) El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional; c) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; d) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; e) Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, f) Análisis del caso concreto.

I.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento

integral, y el acceso directo a la justicia constitucional El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0136/2021-S1 de 26 de abril, 1105/2022-S1 de 5 de mayo, 1125/2023-S1 de 20 de septiembre, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento: Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada. Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional

Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos jueces y tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica. Así entonces, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la LTCP, que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica. El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical, puesto que debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, jueces y tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE. En ese marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:

III.1.1. Fundamentos normativos de la conminatoria de reincorporación laboral

Al respecto la mencionada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente. Así entonces la Resolución de Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:

va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:

…deben concurrir los siguientes elementos: a) La voluntad inequívoca y documentada del trabajador, declarando conocer los efectos jurídicos de la rescisión del contrato de trabajo; y, b) La constancia escrita del pago de los beneficios y derechos sociales del trabajador, así como las obligaciones sociales del empleador, debiendo necesariamente incluir: b.1) La totalidad de salarios devengados hasta la fecha del retiro; b.2) El desahucio, indemnización por antigüedad, vacaciones, aguinaldos y otros derechos pagaderos a la conclusión de la relación laboral; b.3) Los aportes a la caja de salud; y, b.4) Los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

III.1.2. La conminatoria de reincorporación laboral en la jurisprudencia.

Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según AC 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambio e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que:

…en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo.

III.1.3. Análisis de los precedentes jurisprudenciales constitucionales

De igual forma la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señaló que Tribunal, en ejercicio la facultad de unificar la línea jurisprudencial prevista por el art. 28.I.15 de la LTCP, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada mediante acciones de amparo constitucional, efectúo: 1) El análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciado a través de las acciones de amparo constitucional; y, 2) El análisis sobre la aplicación de estas líneas en la resolución de causas por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las “Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” entre las cuales fue citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo, y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria.

1 La SCP 0138/2012 de 4 de mayo, resolvió una causa en la que, el accionante denunció la vulneración de sus derechos laborales ante el despido intempestivo e injustificado de su fuente laboral; y, pese a que la Dirección Departamental de Trabajo del Beni conminó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Universidad Autónoma del Beni para que restituya al trabajador, se mantuvo vigente dicho despido, concediendo la tutela el Tribunal Constitucional Plurinacional con el argumento que: "...si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”.

En este sentido, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, resolviendo un caso en el que la accionante denunció que el Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de manera injustificada dejó sin efecto la Resolución que la designó como Docente Investigadora; por lo que, acudió ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y los Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495 emitió la conminatoria de reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, la cual, no obstante de ser notificada no fue cumplida. Destacándose el argumento que refiere que: “…si bien la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; empero, en el caso específico en que se advierte un retiro intempestivo sin causa legal justificada de una trabajadora o trabajador de su fuente de trabajo, se prescinde de este principio debido al imperativo categórico de la Ley Fundamental, que impone la protección del derecho del trabajo; así como su estabilidad, porque en estos casos no solo se afecta a la persona individual sino a todo el grupo familiar que depende de una trabajadora o trabajador, puesto que el trabajo está vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona; de ahí que se enfatiza la connotación social que tiene el elemental derecho al trabajo”.

Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso Por otro lado, citó la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional 2 La SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, moduló la SCP 0177/2012, indicando que, para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que aquella se encuentre debidamente fundamentada, refiriendo que: "...ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna…” 3 La SCP 0900/2013 de 20 de junio, concluyó que: "...el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la 'verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones. Aspecto concordante con el art. 2.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) (Ley vigente en su primera parte), que señala: 'La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales". 4 La SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, en ese sentido, estableció que: "...mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”.

debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria.

5 En la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, en la que los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho al fuero sindical -entre otros-; y, a pesar de la existencia de conminatoria de reincorporación laboral, esta no fue cumplida por el empleador, este Tribunal refirió que: "...la normativa laboral de nuestro Estado, busca que la jurisdicción constitucional resguarde los derechos del trabajador disponiendo que la conminatoria de reincorporación sea cumplida en forma inmediata y obligatoria, puesto que el solo incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral del trabajador, tal como la uniforme jurisprudencia constitucional lo precisó, razón por la que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esté ante una denuncia de incumplimiento de conminatoria, verificar únicamente si en este tipo de casos se emitió una conminatoria a favor de trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo y si ¡a misma fue cumplida o incumplida, para otorgar la tutela solicitada, sin ingresar a resolver cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso del empleador (al no ser accionante) y de forma provisional, lo que quiere decir que el fallo a emitirse en esta jurisdicción no llega a ser definitivo, en virtud a que la validez de la conminatoria puede ser impugnada en la vía administrativa y/o judicial. El presente razonamiento constituye un cambio de línea jurisprudencial en resguardo y protección máxima de los derechos del trabajador (como principal fuerza de desarrollo del país y como sustento de su familia), en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se constituye en una instancia de impugnación de los procesos laborales". 6 La SCP 0015/2018-S4 de 23 de estableció que: "...no es posible suponer que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, este Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo”. 7 La SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, creó las siguientes subreglas: "...ante la evidente existencia de jurisprudencia dispersa que resuelve de manera diferente una misma problemática,; y con la finalidad de otorgar certeza jurídica al justiciable, Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática. Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral. La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, bajo el epígrafe “Análisis sobre la vigencia de las líneas jurisprudenciales en materia de conminatorias de reincorporación laboral por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional”, efectuó la identificación de los problemas jurídicos inherentes a la resolución de casos en los que se denuncia incumplimiento de las conminatorias de corresponde establecer las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo: a) Procede la acción de amparo constitucional de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa, constituyendo una excepción al principio de subsidiariedad; b) La jurisdicción constitucional verificará en cada caso la pertinencia de la conminatoria de reincorporación, limitándose tal análisis a constatar que aquella fue emitida a favor de! trabajador que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; supuestos que permitirán ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación; y, c) La tutela que otorga la jurisdicción constitucional es provisional, al quedar todavía mecanismos pendientes que pudieran eventualmente ser activados por el empleado o el empleador”. 8 La SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que: "...no es posible ante un conflicto laboral por un presunto despido injustificado, disponer el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral cuando su emisión no resulta jurídicamente razonable. Debiendo en cada caso verificar la pertinencia de la conminatoria de reincorporación laboral, constatando que la misma haya sido emitida a favor del trabajador que se encuentre dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa complementaria, analizando también que no se trate de una relación laboral sujeta a un contrato a plazo fijo es decir, que la entidad encargada de emitir las conminatorias de reincorporación, en aplicación del principio de legalidad y conservación de la norma, debe identificar incuestionablemente la naturaleza de la relación laboral de la cual emergen los supuestos actos ilegales, dada la diversidad de trabajadores y disposiciones normativas que existen en protección a estos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no pueden recibir el mismo tratamiento los trabajadores que se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo y los servidores públicos, respecto a los cuales el legislador emitió el Estatuto del Funcionario Público.

(...)

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de velar por el respeto de los derechos de toda persona, a efectos de conceder o denegar la tutela en los casos en que se denuncie el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe analizar todos los aspectos inherentes al caso que le permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática, determinando cuestiones que por su naturaleza, deben ser resueltas en la vía laboral ordinaria, sin dejar de mencionar; además, que la tutela otorgada por este Tribunal tiene carácter provisional por cuanto, tanto empleador como trabajador pueden concurrir ante la judicatura laboral a efectos de que sea la autoridad competente quien a través de un contradictorio, defina el fondo del problema laboral”. 9 La SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, indicó que a la jurisdicción constitucional le compete hacer cumplir de forma integral de la conminatoria de reincorporación: "En este entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela”.

reincorporación laboral, a partir de la individualización de los precedentes jurisprudenciales más relevantes respecto a la protección de los derechos de los (as) trabajadores (as) a partir de la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral; entonces definió que: i) Respecto a los alcances del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; es decir, cuando la conminatoria de reincorporación laboral establece además el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales; las Sentencias Constitucionales, establecieron distintas formas de resolución, siendo éstas: a) Disponer el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en los mismos términos en que fue dispuesta, incluyendo el pago de sueldos devengados y otros derechos que correspondan por ley; b) Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y no así el pago de salarios y sueldos devengados: argumentando que, estos aspectos deben dilucidarse en la vía administrativa y judicial; y, c) Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, además dispuso la suscripción de un contrato por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que el accionante trabajó durante varios años continuos bajo la modalidad de contratos a plazo fijo en la zafra y prezafra; asimismo, se dispuso el pago de los sueldos devengados, aunque este aspecto no haya sido dispuesto por la Jefatura Departamental del Trabajo. ii) Con relación al análisis de la jurisdicción constitucional de la pertinencia y del contenido de la conminatoria de reincorporación; es decir, cuando la jurisdicción constitucional, previamente a disponer su cumplimiento realiza un control de la conminatoria de reincorporación e incluso de la relación laboral, los fallos emitidos por este Tribunal se resumen en lo siguiente: a) Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación 10 Así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0376/2019-S4 18 de junio, 0904/2019-S4 de 16 de octubre, 0938/2019-S4 de 2 de octubre, 0683/2019-S4 de 28 de agosto, 0619/2019-S4 de 14 de agosto, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0236/2019-S4 de 16 de mayo, 0173/2019-S4 de 25 de abril, 0117/2019-S4 de 17 de abril, 0502/2018-S4 de 5 de septiembre, 0370/2018-S4 de 25 de julio, 0342/2018-S4 de 17 de julio, 0259/2018-S4 de 11 de junio, 0169/2018-S4 de 8 de mayo, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0084/2018-S4 de 27 de marzo, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0143/2019-S3 de 11 de abril, 0496/2019-S4 de 12 de julio, 1057/2019-S4 de 16 de diciembre, 0693/2019-S4 de 28 de agosto, 0417/2019-S4 de 2 de julio, 0529/2019-S4 de 12 de julio, 0082/2018-S4 de 27 de marzo, 0229/2019-S4 16 de mayo, 0068/2019-S4 de 5 de abril, 0092/2018-S4 de 27 de marzo, 0846/2018-S4 de 12 de diciembre, 0689/2018-S4 de 25 de octubre, 0617/2018-S4 de 2 de octubre, 0420/2018-S4 de 15 de agosto, 0318/2018-S4 de 27 de junio, 0235/2018-S4 de 21 de mayo, 0340/2018-S4 de 17 de julio, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0589/2018-2 de 28 de septiembre, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0028/2018-2 de 28 de febrero, 0096/2018-S3 de 4 de abril, 0212/2018-S3 de 1 de junio, 0396/2018-S3 de 14 de agosto, 0509/2018-S3 de 18 de septiembre, 0524/2018-S3 de 12 de octubre, 0457/2019-S3 de 23 de agosto, 0650/2019-S3 de 2 de octubre, 0498/2019-S3 de 26 de agosto, 0181/2019-S2 de 24 de abril, 0094/2019-S2 de 5 de abril y 0814/2018-S2 de 11 de diciembre; inclusive, debe ordenarse este pago aunque la conminatoria de reincorporación no lo hava dispuesto: Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0148/2019-S2 de 27 de abril, 0823/2020-S4 de 15 de diciembre y 0809/2020-S4 de 9 de diciembre. 11 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2019-S2 de 24 de abril, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0127/2019-S2 de 17 de abril, 0348/2018-S2 de 18 de julio, 0048/2019-S1 de 3 de abril, 0783/2018-S1 de 28 de noviembre, 0222/2019-S1 de 7 de mayo, 0103/2019-S1 de 10 de abril, 0641/2018-S1 de 16 de octubre, 0534/2018-S1 de 17 de septiembre, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0130/2019-S1 de 17 de abril y 0422/2020-S3 de 2 de septiembre. 12 SCP 0627/2018-S3 de 30 de noviembre laboral, limitándose la jurisdicción constitucional a constatar que esta haya sido emitida a favor del trabajador o de la trabajadora dentro del marco de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; b) Se denegó la tutela argumentando que la conminatoria de reincorporación laboral no se encontraba debidamente fundamentada; c) No obstante, que la Jefatura Departamental del Trabajo dispuso la reincorporación del trabajador, la jurisdicción constitucional denegó la tutela considerando que esta decisión no era pertinente ni razonable, por no haber tomado en cuenta que el accionante cobró sus beneficios sociales; y, en otro caso, se denegó la tutela indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables; d) En otro supuesto en el que, el empleador acusó el cobro de beneficios sociales por parte del trabajador se concedió la tutela, ordenando la restitución del trabajador progenitor al último cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales: puesto que. el referido cobro del finiquito y la consiguiente inejecutabilidad de la conminatoria de reincorporación laboral, entre otras causales, deben ser dilucidadas en la jurisdicción ordinaria laboral que podrá ser activada por el empleador, para determinar con mayor libertad probatoria si el despido fue justificado o no; e) Se denegó la tutela por cuanto, a pesar de que, la relación laboral se encontraba dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo y su Reglamento, la modalidad de trabajo fue pactada bajo el contrato a plazo fijo; por lo que, no resulta posible: "...ir más allá de lo pactado en el contrato” teniendo conocimiento las partes de la fecha de su conclusión; asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo "...no estableció ni realizó la conversión de la relación laboral de temporal a indefinida...": en este caso, el accionante suscribió cuatro contratos a plazo fijo y dos verbales, y la desvinculación se produjo meses después de la conclusión del último contrato; f) Se denegó la tutela indicando que, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo omitió considerar la existencia de derechos controvertidos, imposibilitando que su cumplimiento pueda ser dispuesto por esta jurisdicción; g) Se dispuso la reincorporación del trabajador en los términos de la conminatoria -que además ordenaba el pago de salarios devengados y demás derechos sociales-, sin hacer referencia a la existencia de varios contratos a plazo fijo y que la desvinculación se produjo antes del cumplimiento del último contrato; asimismo, se concedió la tutela señalando que, no está permitida la celebración de más de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y permanentes de la entidad; por lo tanto, no existe impedimento para que el empleador cumpla con la conminatoria, produciéndose la desvinculación al día siguiente de cumplido el cuarto contrato; y, por último, se concedió la tutela concluyendo que, la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo que tengan como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la entidad, infringen las normas laborales vigentes debiendo disponerse la conversión a un contrato a plazo indefinido en cuanto concurra el tercer contrato, constituyéndose en este caso el despido en uno injustificado; en el caso, la desvinculación se produjo al cumplimiento del último contrato; h) No se ordenó la reincorporación del trabajador -denegándose la tutela- debido a que, el presupuesto o límite del cumplimiento de la conminatoria -además de que sus fundamentos jurídicos sean razonables- es la naturaleza jurídica de la relación laboral, considerando aspectos como la firma de contratos a plazo fijo o por tiempo indefinido, la prestación de servicios de consultoría o si el contrato es de naturaleza administrativa o civil; i) Se denegó la tutela con el argumento de que, el accionante pretende la conversión de sus contratos a plazo fijo a uno de carácter indefinido, circunstancia que incumbe a la judicatura laboral; en razón a que, los hechos controvertidos o aún pendientes de resolución en la vía judicial o administrativa no pueden ser dilucidados en la vía constitucional; y, j) Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria en los términos que fue dispuesta mismo que ordenaba la reincorporación y además la cancelación de sueldos devengados desde el despido injustificado y manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondían por ley; respecto a la denuncia sobre la desvinculación posterior al vencimiento del contrato a plazo fijo, haciendo hincapié en que a la justicia constitucional no le compete ingresar a analizar los elementos que hacen al fondo de la causa, pues ello implicaría un pronunciamiento previo y anticipado respecto a los hechos a ser conocidos por la autoridad laboral competente; siendo que, la presente acción tutelar está destinada únicamente a garantizar de manera provisional el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, en atención a los bienes jurídicos protegidos. iii) Respecto al pago de sueldos y salarios del trabajador con inamovilidad por fuero sindical; es decir, cuando el accionante denuncia despido injustificado, sin tomar en cuenta su inamovilidad por fuero sindical y la jurisdicción constitucional considera la pertinencia o no del pago de salarios devengados; se presentaron las siguientes formas de resolución del caso concreto: a) Se ordenó el cumplimiento íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, incluidos salarios devengados, por cuanto el accionante tenía inamovilidad laboral en razón a su fuero sindical; no obstante, la suscripción de varios contratos a plazo fijo; b) Sin hacer referencia al pago de sueldos y salarios devengados, se estableció el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral aclarando que el accionante se encontraba bajo el amparo del art. 51.VI de la CPE, dada su condición de dirigente sindical; en consecuencia, para proceder a su desvinculación laboral, se debió previamente instaurar un proceso de desafuero sindical en su contra; y, c) En otro caso, este Tribunal consideró que, a pesar de la inamovilidad por fuero sindical del trabajador, sólo debe ordenarse el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación y no así el pago de los salarios y sueldos devengados. Seguidamente, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título “UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL” procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, han logrado estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano. Así, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tuteló de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:

1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad-cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

2) Y con relación al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero” (negrillas agregadas). En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se concluye que: a) En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, corresponde a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; b) Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se debe considerar al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenando el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, c) En caso de que la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue.

III.2. El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional.

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre, 1167/2022-S1 de 11 de octubre, 1101/2023-S1 de 14 de septiembre; mismas que formularon el siguiente entendimiento:

En el nuevo orden constitucional, se reconoce el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, como un derecho autónomo previsto en el art. 46.I.2 de la CPE. En sintonía con este reconocimiento, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982, establece implícitamente el derecho a la estabilidad laboral, al referirse en su art. 4, a la prohibición de la terminación de la relación laboral en los siguientes términos:

“No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” En ese marco normativo, corresponde señalar que la legislación nacional infraconstitucional, expresada en el art. 11.I del DS 28699, determina expresamente: “Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias”. En el marco normativo citado precedentemente, que reconoce el derecho a la estabilidad laboral, la jurisprudencia constitucional se ha encargado en establecer el contenido o alcance del citado derecho, en los siguientes términos:

… en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral.

En sintonía con dicho razonamiento, a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, expresó al respecto que:

Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho.

De las citas constitucionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; en tanto, conlleva para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral, en estricta observancia de los principios constitucionales de protección de los trabajadores, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, inversión probatoria en favor del trabajador, el carácter irrenunciable de los derechos laborales y la ineficacia de los convenios que tiendan a burlar derechos laborales, entre otros.

Ahora bien, por otra parte, en contraste al mencionado derecho, también se ha impuesto al Estado, el deber de proteger el derecho a la estabilidad laboral por mandato constitucional, en esa comprensión el Estado tiene el deber de protección el ejercicio del trabajo en todas sus formas, previsto en el art. 46.II del CPE, la norma constitucional, de manera específica establece el deber de protección a la estabilidad laboral que le corresponde, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, prescrito por el art. 49.III. A partir de este marco constitucional referido a la estabilidad laboral, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado

… en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente .

En la citada Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, de la Corte IDH, se expresó al respecto que:

… las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos (infra, párrs. 174, 176 y 180).

En esa comprensión corresponde establecer los medios o procedimientos dispuestos por el orden constitucional en sede administrativo o judicial para la protección de los derechos sociales, en los términos previstos en el art. 50 de la CPE, “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86.g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009.

Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS Nº 495, 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, el trabajador puede optar: 1) El pago de beneficios sociales; o, 2) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobada el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata, es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. Del marco normativo reglamentario relativo al proceso administrativo de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral ante el Ministerio de Trabajo vinculado al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, puede concluirse que la citada acción tutelar se activa para los casos de lesión al derecho a la estabilidad laboral, una vez agotada la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo que tenga como resultado la emisión de la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, caso contrario importará incurrir en supuestos de subsidiariedad, impidiendo Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”. 32 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS Nº 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones: “Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

`III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

`IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’. 33 Mediante SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa.

a la jurisdicción constitucional ingresar a conocer, considerar y resolver dicha causa.

III.3. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0209/2021-S1 de 25 de junio, 0225/2023-S1 de 13 de abril, 1121/2023-S1 de 19 de septiembre, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento: Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé el art. 115.I de la Norma Suprema, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente

“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado es nuestro). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:

“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado nos corresponde”.

De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-. Bajo esa comprensión: i) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 35 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 36 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, ii) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE. Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional dice: Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como caracteristica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

“Artículo 16.- (Ejecución) I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones) I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.” De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo despues de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.” (resaltado ilustrativo); previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema. De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: a) No son acatados, b) Son cumplidos parcialmente, c) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, d) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: 1) Requerir la intervención de la fuerza pública, 2) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, 3) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, 4) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.4. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0339/2020-S1 de 17 de agosto, 1012/2022-S1 de 21 de septiembre, 1110/2023-S1 de 25 de septiembre; mismas que formularon el siguiente entendimiento:

El orden constitucional establecido en la Constitución Política del Estado aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI: Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida. En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, refirió que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger.

En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:

“En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...”. Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló expresamente:

“… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también ha establecido la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedido indebidamente no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:

“Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación”. La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, entre otras. Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, la no exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional. Por otra parte, es necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE. (las negrillas nos pertenecen). El presente razonamiento fue desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1 y 0346/2021-S1.

III.5. Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0314/2020-S1 de 12 de agosto, 0099/2021-S1 de 27 de mayo, 1385/2022-S1 de 25 de 41 El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 42 En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”.

noviembre, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional como supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, tiene la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; además, bajo una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; así, respecto al derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado.

En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción tutelar, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo, ya sea en sentido positivo o negativo.

Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; y, e) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: 1) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; 2) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada, lo que implica que la respuesta debe ser motivada 44 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 45 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 46 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 47 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 48 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición” (las negrillas son incorporadas).

y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:

“Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…2) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito”.

Asimismo, en relación a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, para posteriormente referenciar las SSCC 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 18 de noviembre; y, 1064/2019-S2 de 3 de 49 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”. 50 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 51 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 52 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.

(…)

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 53 El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de diciembre, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable.

De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

(…)

Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 54 El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 55 El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”. 56 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 57 El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.

…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del por qué se da o no curso a la petición.

Por su parte, en cuanto a las peticiones efectuadas dentro un trámite administrativo o proceso judicial que tengan relación con el fondo de la pretensión jurídica; incumbe añadir a lo razonado en la SCP 0112/2020-S1 que fue descrita, las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0340/2020-S1 de 17 de agosto, que resolvió una acción de amparo constitucional en la 58 En su FJ III.2 estableció: “III.2.1. En relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19

(…)

De una relación de los antecedentes y de acuerdo a lo expuesto, Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, alegó que se brindó respuesta formal y motivada al “memorial” de 28 de marzo 2019, presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; sin embargo de ello, es preciso señalar, que el referido servidor público, no otorgó respuesta al indicado “memorial”, sino simplemente puso en su conocimiento la Nota CITE GOB/DIR.JUR./ml/ 201/2019 elaborada por la Directora de Gestión Jurídica de igual institución; es decir, que no se evidencia la emisión de una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho de petición, que responda a la solicitud en sentido de que se dé respuesta a la Nota de 14 de febrero de 2014 con una resolución administrativa motivada y fundamentada, explicándole si corresponde o no dicho extremo; es más, solo se remitió a la Nota CITE GOB/DIR.JUR./ml/ 201/2019, que no implica una respuesta material ni formal acorde al cuarto contenido esencial del derecho a la petición respecto a que la respuesta sea argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del por qué se dio o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos; estableciéndose de ello, que evidentemente se lesionó el derecho a la petición alegado por el impetrante de tutela, consideraciones por las cuales se considera que no ha existido una respuesta conforme lo solicitado.

III.2.2. En relación al recurso de revocatoria de 15 de mayo de 2019

(…)

A este respecto, tomando en cuenta que el petitorio en la presente demanda tutelar converge en que se responda con una resolución administrativa a lo solicitado en el recurso de revocatoria; de antecedentes se tiene que, el impetrante de tutela dirigió su petitorio ante Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; sin embargo, no se evidencia de los antecedentes expuestos, que esta autoridad departamental, haya emitido respuesta material mediante resolución alguna al “recurso de revocatoria” interpuesto, evidenciándose solamente una Nota elaborada por Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador de la aludida entidad departamental, poniendo en conocimiento el informe elaborado por la Dirección de Gestión Jurídica de dicha Gobernación, no así, una respuesta de la Máxima Autoridad Ejecutiva ahora demandada en la que se resuelva dicho recurso de revocatoria de forma positiva o negativa, o caso contrario explicar por qué no corresponde su resolución por dicha autoridad, o también explicándole por qué no se considera lo reclamado por el impetrante de tutela, señalándole cuál el sustento legal de su decisión, más si la Nota emitida, no constituye una respuesta oportuna de acuerdo al contenido esencial del derecho de petición conforme el Fundamento Jurídico precedentemente citado, que establece que la respuesta debe ser: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable; y, 2) Material; porque debe resolver el fondo de la pretensión y no evadirlo; de ello, se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, es quien debe atenderla, tramitarla y resolverla respondiendo de forma positiva o negativa al solicitante; siendo que en este caso, por más de treinta días hábiles administrativos, el Gobernador ahora demandado en la presente acción tutelar no otorgó respuesta formal, pronta material y motivada, al “recurso” de revocatoria de 15 de mayo de 2019.

En conclusión, con relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; y, al recurso de revocatoria de 13 de mayo de 2019, no se otorgó una respuesta formal, pronta, oportuna, material y motivada, por ninguno de los demandados; por lo que, respecto a estos memoriales, corresponde conceder la tutela impetrada, en razón de que no se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales previstos por la SCP 0276/2019-S2, la cual se constituye en el estándar más alto en la resolución de la presente causa; debiendo el Gobernador y el Director General de su despacho, otorgar respuestas al memorial con código 1785-19 y al recurso de revocatoria, de manera fundamentada y motivada.

cual se denunció que no se hubiese dado respuesta a un memorial y a un recurso de revocatoria, se sostuvo que respecto al memorial no se evidenciaba una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho a la petición que responda a la solicitud; además, en lo concerniente al recurso de revocatoria se estableció que no se resolvió dicho recurso de forma positiva o negativa, ni se explicó por qué no corresponde su resolución o por qué no es posible atender ese reclamo, en tal sentido, al no darse una respuesta oportuna tanto al memorial como al recurso de revocatoria se concedió la tutela. Asimismo, la SCP 0430/2021-S1 de 15 de septiembre, resolviendo una acción de amparo constitucional en la que se denunció que no se dio respuesta a su solicitud de medidas de protección, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional sostuvo que dicha solicitud no mereció respuesta precisa dentro del plazo razonable, omitiendo considerar que el accionante merece una respuesta pronta y oportuna ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado; consecuentemente, se concedió la tutela al conculcarse el derecho a la petición. Ahora bien, de ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se advierte que en los casos que se denuncien la falta de resolución de un recurso o medio de impugnación, o de una solicitud vinculada a una pretensión 59 En su FJ III.3 sostuvo: “De la lectura de los argumentos del accionante y los informes emitidos por los demandados, se infiere que el impetrante de tutela, el 17 de junio de 2020, solicitó al Juez de Instrucción Penal Cautelar Tercero, audiencia para considerar medidas de protección, solicitud que fue observada en sentido que aclare y justifique su petitorio, observación subsanada mediante memorial de 8 de julio del citado año, al que le correspondió la providencia de 13 de igual mes y año, a través de la cual la autoridad judicial dispuso que pasen los obrados a despacho para resolución.

Posteriormente, y al no existir resolución, el solicitante de tutela reiteró su solicitud el 15 de septiembre del referido año, pidiendo que se resuelvan las medidas de protección solicitadas, entre ellas, ordenar la salida y la desocupación del domicilio de los agresores mientras dure la conclusión del proceso penal en todas sus instancias, toda vez que no pueden cohabitar en un mismo domicilio la víctima directa de los hechos conjuntamente los agresores; sin que exista respuesta.

De lo manifestado, se advierte lesión al derecho a la petición del accionante, pues, su ejercicio implica que una vez efectuada una solicitud ante una autoridad o funcionario público, el peticionante de tutela adquiere el derecho de obtener una respuesta pronta y oportuna, ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado o requerido, sin que deba entenderse como conculcado dicho derecho cuando la autoridad conteste al peticionario denegando lo requerido, al depender la respuesta de las circunstancias concretas de cada caso, independientemente si se concedió o no lo requerido, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Por otra parte, en el caso concreto, cuando se trate del derecho de petición, corresponde recordar que éste; se encuentra satisfecho una vez que, la autoridad judicial haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental.

Consecuentemente, en el presente caso correspondía que el Juez demandado, en virtud de la petición realizada, otorgue una respuesta pronta y oportuna, resolviendo la solicitud de medidas de protección en un plazo razonable, en atención a que actuaba en suplencia legal, aspecto que no ocurrió, prolongando la solicitud sin un fundamento valedero, cuando debió actuar con celeridad y atender la solicitud del accionante, otorgándole una respuesta pronta y oportuna.

Por otra parte, de la revisión de obrados se evidencia que mediante Auto Interlocutorio 342/2020 de 8 de octubre, el Juez ahora demandado, en suplencia legal del Juez de Instrucción Tercero, dio lugar a la medida de protección requerida por el ahora accionante, disponiendo que presuntos agresores abandonen el domicilio de la víctima en un plazo no mayor a cinco días, computables a partir de su legal notificación, medida que surte sus efectos entre tanto dure la tramitación del proceso penal en todas sus instancias (Conclusiones II.1); En ese sentido, pese a la emisión de la Resolución 342/2020 de 8 de octubre, no puede denegarse la tutela por una eventual cesación de los efectos del acto reclamado; toda vez que, no se constata que la autoridad demandada habría cesado en la omisión reclamada antes de asumir conocimiento de la interposición de esta acción, conforme al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por el contrario, conforme a obrados, se advierte que la emisión de la Resolución reclamada por la impetrante de tutela se efectuó en la misma fecha que fueron notificados los demandados con la acción de amparo constitucional, es decir el 8 de octubre de 2020 (fs. 11 y 12)”

específica, es posible que este Tribunal ingrese a analizar si es evidente o no que la parte demandada omitió responder a su solicitud.

Consecuentemente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante alega que fueron vulnerados sus derechos al trabajo digno y la petición, a la seguridad social, al trabajo digno y a su ejercicio, al cumplimiento obligatorio de las disposiciones laborales, a la estabilidad laboral, a no sufrir ninguna forma de acoso laboral y a la inamovilidad laboral; toda vez, que habiendo sido contratada por la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) para desempeñar el cargo de portera de la institución, estando desarrollando sus funciones desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 1 de julio de 2022, la Entidad ahora demandada no dio respuesta a sus notas de 13 de octubre de 2021 y 09 de mayo de 2022, al tiempo que, sufrió acoso laboral y violencia laboral y fue desvinculada de su fuente laboral aduciendo el vencimiento de su contrato, sin tomar en cuenta que se encontraba embarazada; es así, que denunció tal situación ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, la cual emitió la Conminatoria de Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 de 7 de junio; sin embargo, pese a haber sido reincorporada el 24 de junio de 20222 a su fuente laboral en cumplimento a la referida Conminatoria, nuevamente fue desvinculada mediante memorando FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio, alegando vencimiento de su contrato, nuevamente, sin considerar su estado de gravidez, incumpliendo así, con la conminatoria de reincorporación. Identificada la problemática traída en revisión, resulta necesario que se tenga claro el contexto del cual emerge el reclamo, por lo que se hará alusión a las conclusiones consignadas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en tal sentido se tiene que, constan tres Contratos de Trabajo de 14 de octubre de 2016, 1 de abril de 2018 y de 1 de julio de 2020, con vigencias que iban desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 14 de octubre de 2017, del 1 de abril de 2018 al 1 de abril de 2019 y del 1 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, respectivamente, por los cuales, FENACIEBO contrata los servicios de ahora requirente de tutela para que ocupe el cargo de PORTERA de la institución (Conclusiones II.1, II.2 y II.3); el 13 de octubre de 2021, la ahora accionante remite al Secretario Ejecutivo de FENACIEBO, una nota de solicitud de pago de sus beneficios sociales (Conclusión II.4); asimismo, se tiene que el 26 de abril de 2022, Roxana Velásquez Luján, Médico Cirujano, certifica que la ahora peticionante de tutela fue tratada por amenaza de aborto y cursaba las catorce semanas de embarazo (Conclusión II.5); cursa también una segunda carta de la ahora requirente tutela de 9 de mayo de 2022, por medio de la cual, pone en conocimiento del Secretario Ejecutivo de FENBACIEBO, su estado de gravidez, le recuerda que cumplió cinco años de trabajo continuo en la institución y que goza de beneficios sociales, pidiéndole su cancelación; y, le relata lo acontecido con relación al colocado de candado en la puerta de ingreso (Conclusión II.6). A través del Memorando FENACIEBO CONT/002/2022 de 13 de mayo de 2022, la Entidad determina rescindir el contrato de trabajo con la ahora accionante, aduciendo la vulneración de la confidencialidad institucional de inc. a) del mencionado contrato (Concusión II.7); habiendo acudido ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, la accionante logró que dicha Entidad Estatal emitiera la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022, la que establece que se la deba reincorporar al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales (Conclusión II.8); en cumplimiento de la conminatoria descrita previamente, FENACIEBO reincorpora al ahora peticionante de tutela al mismo cargo que ocupaba, emitiendo al efecto, el Memorando FENACIEBO CE/003/2022 de 24 de junio (Conclusión II.9); no obstante, y casi de inmediato, la Entidad demandada emite dos Memorandos, el FENACIEBO CE/005/2022 de 24 de junio y FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio, por los cuales, pide a la accionante la entrega del ambiente que ocupaba como habitación y le anuncia la terminación del plazo de su contrato de trabajo, pidiéndole la devolución de los bienes y activos a su cargo, respectivamente (Concusiones II.10 y II.11); En ese periodo de tiempo, FENACIEBO pide al Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, complementación y enmienda a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022, mereciendo el Auto de 4 de julio de 2022, por el cual se corrigen imprecisiones y errores de forma en el documento, aclarando que las correcciones realizadas no afectan al fondo de la Conminatoria (Conclusión II12); finalmente, ante el segundo despido de la ahora accionante en estado de gestación, ésta acude nuevamente ante la Jefatura Departamental de Trabajo denunciando el hecho, cuya Entidad, habiendo realizado la inspección correspondiente, emite el Informe J.D.T.L.P.-CMAR-VR-233/2022 de 18 de julio, por el cual, evidencia el incumplimiento de la referida Conminatoria de Reincorporación (Conclusión II.13). Ahora bien antes de ingresar a verificar la denuncia, en mérito al reclamo de falta de legitimación pasiva de los demandados, en estricta observancia de la jurisprudencia glosada en el FJ III.1 de la SCP 1139/2023-S1 de 2 de octubre corresponde precisar que en el caso concreto revisado el memorial de acción de amparo constitucional existe esa coincidencia entre la persona que presuntamente vulneró los derechos denunciados y aquella contra quien se dirige la acción de defensa, en este caso la legitimación pasiva resulta ser los miembros del directorio de la Federación Nacional de Ciegos en Bolivia (FINACIEGO), por lo que corresponde ingresar a verificar el fondo del objeto procesal. Con esos parámetros corresponde verificar si los extremos denunciados por la ahora accionante, son evidentes, es así que, de conformidad a la problemática planteada, se tiene que:

III.6.1 RESPECTO A LA DENUNCIA DE LOS DERECHOS

LABORALES DE LA PARTE ACCIONANTE

Al respecto, corresponde aclarar con carácter previo, que si bien se promulgó la Ley de Procedimiento Especial Para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468- que establece un nuevo procedimiento para la ejecución de la resolución de restitución de derechos laborales en la vía judicial; la misma, en su disposición transitoria primera estableció que “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación.” Es así, que considerando que la misma fue publicada el 3 de octubre de 2022, la misma recién adquirió vigencia el 2 de noviembre del mismo año; por lo que, al haberse planteado la presente acción tutelar con carácter previo a la vigencia de la referida norma, corresponde ingresar a analizar el fondo de lo impetrado sin considerar dicha normativa.

III.6.1.1 SOBRE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN

DE LOS DERECHOS DE LA MADRE DE UN NUEVO SER EN GESTACIÓN

Con dicha aclaración, incumbe precisar, que con relación a la garantía de inamovilidad laboral del padre de un nuevo ser en gestación y la protección general que se tiene a los trabajadores, es preciso añadir la protección especial o reforzada que corresponde a los trabajadores por ciertas circunstancias excepcionales que les conciernen, como es el caso de ser padres de un ser en estado de gestación o padres de menores de un año, a quienes les corresponde un periodo de inamovilidad laboral por el que no pueden ser removidos, desmejorados o trasladados de su fuente laboral; en este caso se tiene que, la requirente de tutela cursaba las catorce semanas de gestación al 26 de abril de 2022, según el Certificado Médico de la misma fecha, otorgado por Roxana Velásquez Luján, Médico Cirujano del Ministerio de Salud, aspecto que, también fue valorado por la autoridad laboral al momento de emitir la Conminatoria Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 de 7 de junio, evidenciando que la trabajadora -ahora impetrante de tutela-, era madre de un ser en gestación.

Al respecto, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico, III.2 de este fallo constitucional, señaló que los progenitores con hijas o hijos menores de un año, gozan de un régimen de protección reforzada, por cuanto lo que se protege no solo es el derecho al trabajo de este sino también los derechos del ser en gestación y de los niños menores, quienes necesitan de la protección urgente e inmediata, puesto que el retiro del trabajador también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida del grupo familiar con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger. En ese fin, los empleadores están impedidos de proceder al despido de un dependiente con las condiciones antes citadas, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta.

En ese contexto, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, en el presente caso, inobservó la normativa y jurisprudencia atinente a los trabajadores con inamovilidad laboral por ser madre de un nuevo ser en gestación, al hacer efectivo el despido de la accionante sin tomar en cuenta la condición antes citadas, además vulnerando de tal manera su derecho a la inamovilidad laboral, asimismo cabe precisar que este derecho, se encuentra relacionado de forma directa con el derecho a la vida; toda vez que, al producirse la desvinculación laboral, el derecho que se debe proteger no es solamente la estabilidad laboral, sino otros derechos primarios del accionante, los del nuevo ser y de su familia, respectivamente, las cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la impetrante de tutela, importa también la supresión de los derechos a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a al trabajo digno y a su ejercicio, al cumplimiento obligatorio de las disposiciones laborales, a la estabilidad laboral y a no sufrir ninguna forma de acoso laboral, derechos que con la medida adoptada se ponen en riesgo.

Ahora bien, la parte demandada en su defensa señala que, el plazo del contrato de trabajo con la trabajadora -accionante- habría fenecido y que los trabajadores sujetos a contrato a plazo fijo no gozan de inamovilidad laboral; al respecto, incumbe precisar que dicho extremo fue valorado por la instancia administrativa mandada por Ley el momento de emitirse la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022, quien determinó la inmediata reincorporación de la trabajadora por inamovilidad laboral, misma que de acuerdo a los datos del proceso, no fue acatado por la Entidad demandada.

La relación expuesta precedentemente, permite llegar a la conclusión de que ciertamente la parte demandada vulneró el derecho a la inamovilidad laboral de la madre de un nuevo ser en gestación, correspondiendo por tanto conceder la tutela respecto a este agravio denunciado.

III.6.1.2 SOBRE EL INCUMPLIMIENTO A LA CONMINATORIA J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022

DE 7 DE JUNIO

Al respecto, corresponde precisar que la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sala Plena -reseñado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional- en ejercicio de su facultad de unificación jurisprudencial en cuanto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada, dispuso que:

“1) Corresponde a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones, que contemplen reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, de trabajadoras y trabajadores en general –en vigencia y aplicación de los entendimientos y la sistematización asumidas en la SCP 0795/2018-S3 de 14 de noviembre; 2) Corresponde a la jurisdicción constitucional el cumplimiento integral de la conminatoria incluyendo todos los derechos concedidos de trabajadoras y trabajadores que cuenten con fuero sindical en vigencia y aplicación de los razonamientos establecidos en la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; en ese marco corresponde, a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de las conminatorias sin omitir ninguna de sus determinaciones, razonamientos que constituyen la jurisprudencia en vigor.”

De lo glosado en líneas precedentes se tiene que a más del cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral que son de observancia inmediata y obligatoria, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan promoverse por la parte patronal en sede administrativa y/o judicial, es pertinente dejar en claro que la eventual tutela que pueda concederse respecto a la conminatoria de reincorporación laboral, tiene un carácter extraordinario y provisional entre tanto la judicatura laboral defina la situación laboral de la parte accionante, o impugnación promovida por el empleador demandado, contra las conminatorias de reincorporación laboral, en ese entendido, la jurisdicción constitucional únicamente se avoca a verificar el cumplimiento o no de la conminatoria de reincorporación laboral además de los derechos que en ella se lleguen a establecer.

En ese sentido, en la aplicación de la referida doctrina constitucional, en absoluto implica el desconocimiento de los derechos e intereses de la parte patronal, puesto que el empleador, sin perjuicio de la ejecución inmediata y obligatoria de las conminatorias laborales emitidas por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, tiene la facultad de impugnar en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico y/o en sede judicial, promoviendo la revisión de dichas resoluciones administrativas en la judicatura laboral.

De lo previamente expuesto, se llega a constatar que la impetrante de tutela desempeñó su actividad como portera de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, desde el 14 de octubre de 2016 (Conclusión II.1) hasta la fecha de su desvinculación laboral (1 de julio de 2022), fecha en la cual, la ahora accionante llevaba aproximadamente 34 semanas de embarazo (Conclusión II.14), lo cual, le otorgaba inamovilidad por ser madre de un nuevo ser en gestación, hasta que su hijo (a) cumpla el un año de edad; situación que no fue valorada por la parte demandada, y procedió a despedirla, obligándola a recurrir ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz en defensa de sus derechos laborales, Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 de 7 de junio, a través de la cual dispuso la inmediata reincorporación de la trabajadora POR INAMOVILIDAD LABORAL, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación (PORTERA) de FENACIEBO; sin embargo, si bien, mediante Memorando FENACIEBO CE/003/2022 de 24 de junio, la Entidad obligada reincorporó a la accionante al cargo que ocupaba hasta antes de su despido; empero, casi inmediatamente y a través de un nuevo Memorando signado como FENACIEBO CE/008/2022 de 1 de julio, procedió a desvincularla nuevamente sin tomar en cuenta que la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB 251/2022 estableció taxativamente que la reincorporación laboral deba darse por inamovilidad laboral y que la ahora peticionante de tutela se encontraba en estado de gestación. Aunado a lo desarrollado precedentemente, corresponde remitirnos a la premisa constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que con referencia a las conminatorias de reincorporación laboral, señaló que al ser emitidas por las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, son disposiciones de cumplimiento inmediato y obligatorio sin perjuicio de su impugnación en sede administrativa (mediante los recursos de revocatoria y jerárquico) o judicial (en materia laboral y en sus diferentes instancias), lo que condice con la obligación del Estado de proteger el trabajo en cualquiera de sus formas, tal cual lo establecen las normas constitucionales y laborales citadas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que, la conminatoria emitida hoy reclamada en su cumplimiento vía constitucional, fue inobservada por la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, y sobre la cual, solicitó su complementación y enmienda, mereciendo el Auto de 4 de julio de 2022 que realiza precisiones y correcciones de forma, y que establece que dichas correcciones y aclaraciones no afectan al fondo de la Conminatoria (Conclusión II.12), por lo mismo vulneró el derecho a la estabilidad laboral, denunciado a través de la presente acción tutelar, correspondiendo en consecuencia acoger el presente reclamo.

Asimismo, con referencia al derecho al trabajo digno y su ejercicio, se advierte que el mismo se encuentra vinculado de forma directa con el derecho vulnerado -estabilidad laboral-, toda vez que al proceder con la desvinculación de la accionante de su fuente laboral, esta queda impedida de acceder a un salario; se debe tener presente que la relación laboral y el ingreso económico que de ella deviene, asegura sobre todo la continuidad de sus medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de la trabajadora y de su entorno familiar, considerando además que del derecho al trabajo, dependen de manera subsidiaria el ejercicio de otros derechos fundamentales como la alimentación, educación, salud, entre otros; así entonces, como medidas de protección de los trabajadores, el legislador ha previsto para los casos en los que se transgredan los mismos, normas que contribuyan y fomenten su protección y la estabilidad laboral, por lo que también corresponde acoger el presente reclamo.

III.6.2 RESPECTO A LA DENUNCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN

Al respecto, incumbe precisar previamente que, la jurisprudencia razonó en el sentido de que el derecho a la petición se configura como un derecho fundamental consistente en la posibilidad de realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, bien ante autoridad, servidor público o particular, y de obtener una respuesta formal, pronta, oportuna, debidamente fundamentada y motivada, ya sea que se realicen o no dentro de un proceso o procedimiento judicial o administrativo; lo que no significa que debe absolverse el fondo de la cuestión principal. Es en ese sentido, que se establecieron supuestos por los que la jurisdicción constitucional tutela, a través de la acción de amparo constitucional, el derecho a la petición, todos concernientes a su contenido esencial (Fundamento Jurídico III.5.). Con base en el principio del estándar más alto de protección de derechos y garantías, los supuestos establecidos por los que la jurisdicción constitucional tutela, a través de la acción de amparo constitucional, el derecho a la petición, fueron desarrollados por la jurisprudencia atendiendo a su contenido esencial. En ese mérito, este derecho fundamental enseña que la solicitud o reclamo planteado debe merecer una respuesta: pronta y oportuna -que implica realizarse dentro del plazo previsto por Ley, o en su defecto dentro de un plazo razonable-; formal -que implica ser escrita y debidamente comunicada, a efectos de que en el caso de disconformidad se permita realizar los reclamos pertinentes o utilizar los medios de impugnación debidamente previstos en disposiciones normativas-; material -que implica un pronunciamiento en el fondo de la cuestión, ya sea en un sentido positivo o negativo, sin incurrir en evasivas-; y, argumentada -que implica la existencia de una debida fundamentación o motivación del porque se atiende o no la pretensión perseguida-(Fundamento Jurídico III.5.). En ese marco, en el presente caso se tiene que la ahora accionante presentó dos notas ante el Comité Ejecutivo de la FENACIEBO (de 13 de octubre de 2021 y de 9 de mayo de 2022) realizando cuatro solicitudes distintas (Conclusiones II.4 y II.6); por lo que, ahora se realizará un examen sobre estas solicitudes con base en la jurisprudencia antes desarrollada, para así determinar si la parte demandada cumplió o no con los presupuestos del contenido esencial del derecho a la petición, establecido en el art. 24 de la CPE.

RESPECTO A LAS NOTAS PRESENTADAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2021 Y EL 9 DE MAYO DE 2022

Se tiene que, la accionante a través de las Notas de referencia, realizó distintas solicitudes al entonces Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), Mario Jasmani Cerezo Condori -ahora demandado-, siendo ellas, las siguientes: Nota de 13 de octubre de 2021 Mediante esta nota, la ahora peticionante de tutela solicitó el pago de sus beneficios sociales, expresando que:

“…Tengo a bien dirigirme a su digna autoridad a objeto de solicitarle la cancelación de mis beneficios sociales que por ley y por derecho me corresponden (quinquenio). Es preciso poner a su conocimiento que mi persona viene trabajando al servicio de la institución, en el cargo de conserje por el tiempo de 4 años y once meses con esmero y dedicación. Lamentablemente, ninguna de las autoridades de turno prestó atención a mis solicitudes tanto verbales como escritas con respecto a lo mencionado. Es más, el pasado año vulneraron mis derechos, haciéndome descansar de forma obligatoria un mes; posteriormente me extendieron un nuevo contrato con la disminución de mi sueldo. Por entonces, acepté esta infamia debido a la condición pandémica que el país y el mundo entero estaba afrontando. En tal situación ha sido difícil lidiar contra la imposición injusta que se me estaba dando. Más aún en mi condición de mujer por el miedo de quedarme sin empleo. Finalmente debo expresar que tampoco se me dio mi bono de antigüedad de acuerdo a la ley. Por cierto, este punto no lo he solicitado por la delicadeza que me caracteriza, pero entiendo que los derechos son inalienables, por cuanto solo pido que se me haga justicia” (sic).

Nota de 9 de mayo de 2022

A través de la cual, la ahora accionante se dirige nuevamente ante el Secretario Ejecutivo de FENACIEBO haciéndole conocer sobre su estado de embarazo, los hechos acontecidos con relación al colocado del candado en la puerta de ingreso al edificio, sobre sobre su derecho al quinquenio, manifestando que:

“Mediante la presente me dirijo a su persona para poner a conocimiento una serie de aspectos que son inherentes a mi persona respecto a la relación laboral que tengo con la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO. 1. SOBRE MI ESTADO DE EMBARAZO De acuerdo con el Certificado Médico que adjunto a la presente misiva, debo señalar que mi persona se encuentra con 14 semanas de embarazo y por mi condición mi estado de salud es delicado. En ese entendido, y de acuerdo a disposiciones legales que me amparan como madre progenitora; actualmente mi estado de salud es estable, pero en el paso corría riesgo de amenaza de aborto en mis primeras semanas como indica mi ginecóloga mismo documento que también adjunto como respaldo. En ese entendido, solicito que por la instancia que corresponda, se haga la regularización de los beneficios que por Ley me corresponden en mi condición de mujer en situación de embarazo. 2. SOBRE EL PAGO DEL QUINQUENIO Como es de su conocimiento y de acuerdo con la documentación que cursa en mi file personal, el mes de octubre de la gestión 2021 cumplí cinco (5) años de trabajo continuos, por lo que en mérito a las disposiciones laborales corresponde que se me haga el pago que de acuerdo al cálculo efectuado asciende a la suma de Bs. 10.820,00 (Diez mil ochocientos veinte 00/100 Bolivianos) anteriormente mi persona solicito correspondientes del mismos el 12 de Octubre de la gestión pasada para que se vea el cómo y cuándo se me cancelara el mismo, a la fecha a un espero la respuesta. 3. SOBRE EL COLOCADO DEL CANDADO EN LA PUERTA DE INGRESO

El día martes 26 de abril de la presente gestión salí por temas personales como generalmente suelo hacerlo cuando no me encuentro en horario de trabajo, sin embargo en esta tercera oportunidad cuando volví aproximadamente a eso de las 22:00 horas me vi sorprendida porque alguien había colocado un candado por dentro y no pude abrir la puerta, tuve que llamar y esperar que tengan la gentileza de abrirme, para el caso mi espera a esa hora de la noche y con el inminente frío que hace e la ciudad demoró alrededor de 15 a 20 minutos. En ese entendido, se me aclare mis funciones toda vez que el colocado del candado, el cierre del edificio por dentro y demás tareas son atribución mía, lo cual me deja en estado de total incertidumbre, generando cierta susceptibilidad respecto a mi situación laboral. Por todo lo expuesto, apelando a su grado de responsabilidad y humanidad, considerando que es Usted una persona que debe hacer prevalecer los derechos fundamentales en general, pero sobre todo los derechos laborales de sus trabajadores, solicito que se pueda dar curso a mis solicitudes detalladamente expuestas en los párrafos precedentes. Está claro que me encuentro en una situación de total indefensión y vulnerabilidad por mi estado de embarazo, por lo que solicito la debida consideración y comprensión hacia mi persona” (énfasis añadido). Ahora bien, de la lectura de las notas descritas supra, se desprende que:

1) La nota de 9 de mayo de 2022 se constituye en una reiteración de la solicitud efectuada mediante la nota de 13 de octubre de 2021 Se llega a esta constatación, por cuanto, mediante la nota de 13 de octubre de 2021, la ahora requirente de tutela solicitó al Secretario Ejecutivo de la FENACIEBO, la cancelación de sus beneficios sociales, entre ellos el derecho al pago del quinquenio, haciendo notar entre otras cosas que, ninguna de las autoridades de turno de la Institución atendió sus solicitudes verbales y escritas referidas al pago de sus beneficios sociales como el del bono de antigüedad; solicitud que fue reiterada mediante el contenido de la nota de 9 de mayo de 2022, en la que, como se verificó supra, expresó que:

“2. SOBRE EL PAGO DEL QUINQUENIO Como es de su conocimiento y de acuerdo con la documentación que cursa en mi file personal, el mes de octubre de la gestión 2021 cumplí cinco (5) años de trabajo continuos, por lo que en mérito a las disposiciones laborales corresponde que se me haga el pago que de acuerdo al cálculo efectuado asciende a la suma de Bs. 10.820,00 (Diez mil ochocientos veinte 00/100 Bolivianos) anteriormente mi persona solicito correspondientes del mismos el 12 de Octubre de la gestión pasada para que se vea el cómo y cuándo se me cancelara el mismo, a la fecha a un espero la respuesta” (sic [negrillas añadidas]). Por lo que, no queda duda que lo peticionado mediante la nota de 13 de octubre de 2021, fue reiterado por la nota de 9 de mayo de 2022, aclaración que se la realiza a los efectos del cómputo de plazo para la inmediatez que aplica en las acciones de amparo constitucional, siendo que la data de la última petición es del 9 de mayo de 2022 y la presentación de la acción de amparo constitucional data del 22 de agosto del mismo año, se tiene que han transcurrido tres meses y trece días para efecto del cómputo del plazo, por lo tanto, las peticiones de la ahora requirente de tutela, se encuentran dentro de los plazos establecidos para la inmediatez de la acción (seis meses). Con dicha precisión, y de la revisión de la nota de 9 de mayo de 2022, también se puede apreciar la existencia de otras dos peticiones además del pago del quinquenio descrito precedentemente; el reconocimiento de los derechos y beneficios por el estado de embarazo de la ahora accionante y la aclaración respecto de sus funciones como portera de la Institución.

2) De la petición del reconocimiento de los derechos y beneficios por el estado de embarazo de la ahora accionante Con relación a esta petición, la ahora accionante manifiesta haber adjuntado certificado médico que establece, que, al momento de la extensión del mismo, se encontraba cursando las catorce semanas de un embarazo delicado con amenaza de aborto, a tiempo que, solicitó la regularización de sus beneficios sociales y laborales que le corresponden en su condición de mujer en estado de embarazo. 3) Respecto a la petición de aclaración de las funciones de la ahora accionante, como portera de la Institución

En la misma nota de 9 de mayo de 2022, la requirente de tutela relata al Secretario Ejecutivo de la Institución demandada que, en oportunidad en la que salió de las instalaciones por temas personales, fue intencionalmente dejada en las afueras de las oficinas de la Entidad, por cuanto, alguien, sin considerar el frío intenso de la Ciudad de La Paz a esas horas de la noche (22:00 aproximadamente), el riesgo inminente a su seguridad e integridad, ni su delicado estado de embarazo, le puso candado por dentro a las puertas de ingreso, ante lo cual, tuvo que realizar llamadas reiteradamente para que pudieran permitirle el ingreso. Hecho que además le generó una incertidumbre respecto de sus tareas como portera de FENACIEBO, además de una susceptibilidad en torno a su situación laboral, por lo que, pidió que se le aclare cuáles serían sus funciones a partir de este hecho, reiterando su estado de vulnerabilidad e indefensión por su delicado estado de embarazo. Solicitudes que, conforme a los antecedentes remitidos, no merecieron respuesta alguna; considerando que, la parte demandada tenía la responsabilidad de otorgar una respuesta, que además de ser escrita, deba ser debidamente comunicada o notificada a efectos de que la parte interesada la conozca y de no ser la respuesta correcta, pueda presentar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; quedando así, acreditado el segundo requisito jurisprudencial, puesto que se advierte la ausencia de respuesta material al accionante.

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se precisó que el núcleo del derecho de petición, es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes; vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, este requisito no es exigible. Asimismo, señaló que en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de citado derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para esta finalidad, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañe a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo); en ese orden, siendo que en el caso en examen se alega la vulneración del derecho de petición, a efectos de su tutela, se debe tomar en cuenta, si en el caso concreto se cumple con los siguientes elementos:

1) La existencia de una petición oral o escrita; que en el caso de Autos, conforme a las literales descritas en las Conclusiones del presente fallo Constitucional, se evidencia que, conforme a las Conclusiones II.4 y II.6 por notas de 13 de octubre de 2021 y de 9 de mayo de 2022, la accionante, solicitó al Secretario Ejecutivo de la Federación de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, el pago de beneficios sociales, el cómo y la manera en la que le serán cancelados dichos beneficios del quinquenio y se le aclare sus funciones y tareas, toda vez que, colocaron candado por dentro del edificio. Teniéndose acreditado el primer requisito jurisprudencial; toda vez que, existen dos notas presentadas.

2) Omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante la ausencia de una respuesta formal, falta de respuesta material, inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; se tiene que:

2.i) En cuanto al requisito de una respuesta formal, éste se refiere a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante de tutela pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa.

De la revisión del expediente, se da cuenta que, no cursa en obrados respuesta alguna a las peticiones de la impetrante de tutela, quedando acreditado el segundo requisito jurisprudencial, puesto que se advierte la ausencia de respuesta formal a la parte accionante hasta el momento de interposición de la esta acción tutelar;

2.ii) En relación al requisito establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que debe existir una respuesta material; por lo que, debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del impetrante de tutela; de conformidad a lo señalado en el punto anterior, respecto a que no existió una respuesta formal, en consecuencia no podría considerarse que existió una respuesta material;

2.iii) De los aspectos descritos en los puntos anteriores, deriva a la inexistencia de argumentación, motivación y/o fundamentación.

3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto; de lo contrario, no es exigible este requisito; en el presente caso, ninguna de las partes señaló la existencia de los medios de impugnación establecidos respecto al tratamiento específico del derecho a la petición, quedando así acreditado o cumplido el tercer requisito jurisprudencial, advirtiéndose agotada la vía con la sola petición.

En atención a ello, conforme la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto al derecho a la petición establece que una vez interpuesta la solicitud, la respuesta a ser realizada por la persona o autoridad responsable de su emisión, la cual deberá ser: a) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; b) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del impetrante de tutela pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; c) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del accionante; y, d) Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Presupuestos que deberán ser cumplidos, puesto que ante su inconcurrencia se considerara vulnerado el precitado derecho.

En tal sentido, de acuerdo a la relación de antecedentes efectuada; se tiene que, las solicitudes realizadas por la parte peticionante de tutela, fueron formuladas a través de las nota de 13 de octubre de 2021 y de 9 de mayo de 2022, (Conclusiones II.4 y II.6); peticiones que la parte ahora demandada no respondió hasta la interposición de esta acción tutelar, siendo evidente la afectación del derecho a la petición prevista por el art. 24 de la CPE; puesto que, el ejercicio de este derecho, supone que una vez efectuada la petición ante una persona, autoridad o funcionario público, al interesado le asiste el derecho de alcanzar una respuesta pronta y oportuna, la que sin mayores objeciones, está impuesta a satisfacer y dar una respuesta efectiva a la petición invocada; sea ésta positiva o negativa; empero, de manera oportuna y fundamentada, respondiendo a todos los puntos requeridos, esto debido a la naturaleza informal del derecho de petición, ya que el mismo es un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información solicitada para su pleno ejercicio; por lo que, al no haberse obrado de esa manera, evidentemente se vulneró el derecho a la petición, yendo en total contraposición con la jurisprudencia constitucional referida precedentemente; correspondiendo en base a lo expuesto, conceder la tutela impetrada.

III.6.3 CON RELACIÓN A LA DENUNCIA DE ACOSO

LABORAL

Al respecto, el art.46.I.1 de la CPE establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. El acoso laboral entendido, según la definición del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido por Bolivia en Ginebra – Suiza el 21 de junio de 2019, como: "cualquier comportamiento repetido, indeseado y ofensivo en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, que tenga como objetivo o resultado causar daño físico, psicológico, sexual o económico, o perjuicio a la dignidad de la persona o crear un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante", cuyas directrices proporcionan también ejemplos de comportamientos que pueden considerarse acoso laboral, como insultos, amenazas o humillaciones, asignación de tareas irrazonables o imposibles, aislamiento o exclusión social, sabotaje del trabajo y violencia física o sexual, entre otros; es una práctica rechazada por nuestro ordenamiento jurídico, partiendo del art. 49.III de la CPE que al respecto estableció: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”; La Ley 348 de 9 de marzo de 2013, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en su art. 21.I.4, estableció que, "El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe adoptar las siguientes medidas destinadas a garantizar el respeto a las mujeres: 4. Protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, y adopción de procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción”; por su parte el art. 3:II.c) del DS 2145 de 14 de octubre de 2014, dispuso que “El acoso laboral y la violencia laboral serán denunciados ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, asimismo, la discriminación a través de agresiones verbales o maltrato e incumplimiento de deberes ante la misma institución donde se hubiere producido el hecho, todas estas contravenciones como parte de la violencia laboral”, entre otras. En ese marco, de los antecedentes traídos en revisión ante esta instancia constitucional, se tiene que, la ahora accionante denuncia también acoso laboral por parte de los actuales miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia FENACIEBO, quienes, en su afán de desvincularla de la institución, procedieron a realizar actos reñidos con la Ley, como el hecho de haber puesto candado por dentro de la puerta del edificio de dicha institución para no permitirle el ingreso y exigirle la entrega del ambiente que utiliza como habitación siendo la portera de la Institución. Al respecto, de lo descrito en la Conclusión II.6 de la presente sentencia constitucional plurinacional, es posible extraer que la accionante expresamente puso en conocimiento de la parte empleadora sobre su estado de gravidez y que la misma es delicada por cuanto estuvo con amenaza de aborto, por otro lado, pide el reconocimiento de su derecho al pago del quinquenio y su cálculo para su pago, y finalmente pone en su conocimiento las circunstancias adversas vividas, cuando, al momento de haber salido del edificio, aprovecharon la oportunidad para colocar un candado en la puerta del mismo para impedir su ingreso, sin tomar en cuenta su delicado estado de salud por la amenaza de aborto, hecho, que es equiparable al acoso laboral, pues, con dichas acciones de hecho, se atentó contra su libre locomoción en las instalaciones de su fuente de trabajo, contra su propia integridad y su propia vida, considerando su delicado estado de salud debido a su embarazo con amenaza de aborto. Ahora bien, con relación al Memorando FENACIEBO CE/005/2022 de 24 de junio, se puede apreciar que, la parte empleadora solicita a la ahora requirente de tutela, la entrega del ambiente que usa como su habitación, poniéndole como plazo máximo e impostergable, el 29 del mismo mes y año para su desocupación, aduciendo el desarrollo de actividades los miembros de la institución, lo cual denota, una clara excusa formalizada para desalojar de los ambientes a la ahora accionante, sin considerar que el propio contrato de trabajo de 1 de abril de 2018 de fs. 7 a 10 de los antecedentes traídos en revisión, suscrito entre FENACIEBO y la ahora accionante, ya estableció en su cláusula onceava, que: “

“Siendo que las instalaciones de FENACIEBO, servirán de vivienda y al mismo tiempo será el lugar laboral establecido bajo el presente contrato, no se estipula los horarios laborales, por cuanto el cargo que desempeña es de PORTERA” (sic [el énfasis es nuestro]). Por tanto, al ser la portera de la institución, quedó también establecido en el contrato de trabajo descrito supra, en su numeral 9.8 de la cláusula novena, que una de las obligaciones de la contratada es precisamente, “Abrir las puertas de la FENACIEBO en todo momento que se le presente y cerrar las puertas en cuanto no se encuentre algún ejecutivo o personal de FENACIEBO” (sic), actividad que debe atender en cualquier hora del día, para lo cual, necesariamente requiere de un ambiente que pueda utilizarlo como vivienda, máxime, que su estado de embarazo es de gravedad. De lo que, es posible establecer que la parte ahora demandada, ejerció actos que se enmarcan dentro de los parámetros del acoso laboral en contra de la ahora recurrente de tutela, toda vez que, las conductas descritas previamente no caben dentro del normal desarrollo de las labores institucionales y dentro de la conducta de las actuales autoridades de la misma, siendo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por ellas (las autoridades) debe tener su apoyo estricto en el respeto a los principios y derechos constitucionales de los trabajadores; en ese mérito, se hace evidente que la parte demandada desconoció los derechos que le asisten a la accionante por ser madre en gestación que merece especial protección, constituyéndose su accionar en acoso laboral en forma de persecución laboral que atenta contra la estabilidad laboral, contra el derecho a un trabajo digno, contra la integridad y la dignidad, máxime, que ni en su informe escrito, ni en audiencia de garantías, la parte demanda negó tal situación, consecuentemente, corresponde conceder la tutela respecto de este agravio.

III.6.4 RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES

Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y de ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, los demandados Mario Jasmani Cerezo Condori, Secretario Ejecutivo, Mirian Gabriel Mamani, Secretaria de Hacienda, Freddy Cruz Colque, Secretario de Asuntos Legales y Promoción Laboral, Edgar Rubén Cala Lamas, Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, Antonia Condori Quenallata, Secretaria General y de Relaciones, todos de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), están impelidos a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional referido a que se deba dar cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./BDFB/N°251/2022 de 7 de junio, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, so pena de ser inclusive sancionado por el Tribunal de garantías, conforme lo dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme lo determina el art. 127 de la CPE; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento por parte de la parte demandada, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos a la estabilidad laboral y al trabajo, que afectan directamente a la familia de la accionante María Eugenia Yupanqui Limachi.

Bajo lo expuesto de forma precedente, corresponde disponer que se dé cumplimiento íntegro a la Conminatoria citada precedentemente, más la restitución de todos los derechos sociales y laborales del accionante, esto en virtud y en atención al cumplimiento íntegro que dispone la misma jurisprudencia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 258/2022 de 26 de septiembre, cursante de fs. 191 a 198 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos invocados, disponiendo que la parte demandada cumpla de forma inmediata, obligatoria e íntegra la CONMINATORIA J.D.T.-L.P./BDFB/N°251/2022 de 7 de junio; y, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° CONCEDER la tutela solicitada respecto del derecho de petición conforme los fundamentos del presente fallo constitucional; y consecuentemente, se ordena a la parte accionada emita y notifique con las respuestas a las notas de 13 de octubre de 2021 y de 9 de mayo de 2022, en el plazo de veinticuatro horas computables desde su notificación con el presente fallo, si es que hasta la fecha no lo hubiera ya hecho. 3° CONCEDER la tutela respecto a la denuncia de acoso laboral, disponiendo que la parte demandada se abstenga de realizar cualquier tipo de acto de amedrentamiento en contra de la accionante, bajo advertencia de remitir antecedentes ante las instancias competentes para su investigación y posible sanción. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

13 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre.

14 SCP 0861/2018-S4 de 18 de diciembre.

15 SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, línea de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2355/2012 de 22 de noviembre y 0625/2019-S4 de 14 de agosto; en otro caso, en el que se denegó la tutela se indicó que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables: SCP 0856/2020-S3 de 4 de diciembre.

16 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0590/2018-S4 de 28 de septiembre, 0301/2019-S3 de 15 de julio, 1004/2019-S4 de 27 de noviembre y 0071/2019-S4 de 5 de abril.

17 SCP 0449/2019-S2 de 24 de junio.

18 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0159/2019-S4 de 25 de abril, 0165/2018-S4 de 30 de abril y 0592/2018-S1 de 1 de octubre.

19 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0805/2019-S4 de 12 de septiembre, 0684/2019-S4 de 28 de agosto, 0908/2019-S4 de 16 de octubre, 0091/2019-S4 de 10 de abril, 0654/2019-S4 de 21 de agosto, 0662/2019-S4 de 21 de agosto, 0664/2019-S4 de 21 de agosto, 0413/2019-S4 de 2 de julio, 0847/2019S4 de 2 de octubre, 0687/2019-S4 de 28 de agosto, 0142/2019-S3 de 11 de abril, 564/2019-S3 de 9 de septiembre, 0455/2019-S3 de 23 de agosto, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre y 0091/2019-S4 de 10 de abril.

20 SCP 0646/2018-S3 de 11 de diciembre

21 SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio.

22 SCP 0188/2019-S1 de 7 de mayo

23 SCP 0361/2018-S1 de 26 de julio

24 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0799/2018-S4 de 20 de noviembre, 0464/2018-S3 de 13 de septiembre, 0698/2018-S1 de 30 de octubre, 0674/2018-S1 de 26 de octubre de 2018 y 0359/2018-S1 de 26 de julio

25 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0476/2018-S3 de 1 de octubre, 0641/2018-S3 de 4 de diciembre, 0012/2019-S3 de 1 de marzo, 0097/2019-S4 de 10 de abril, 0749/2018-S4 de 9 de noviembre, 0400/2019-S3 de 8 de agosto, 0534/2019- S3 de 2 de septiembre, 0325/2018-S4 de 27 de junio y 0164/2020-S4 de 21 de julio.

26 SCP 0230/2018-S1 de 29 de mayo

27 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0162/2019-S1 de 26 de abril, 0546/2018-S1 de 20 de septiembre, 0223/2018-S1 de 28 de mayo y 0168/2018S1 de 9 de mayo

28 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

29 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al desarrollo progresivo de los derechos derivados de las normas económicas y sociales, expreso en su art. 26: Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

30 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

31 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece expresamente: “Artículo 10°.- (Beneficios sociales o reincorporación) I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley. III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por

34 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas

37 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

38 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.

39 Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “… la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el

contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.

40 En el mismo sentido de la excepción a la subsidiariedad en caso de la inamovilidad laboral por mujer embarazada y padre progenitor de hijos menores hasta la edad de un año, se pronunció la SCP 0198/2013 de 27 de febrero.

43 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

60 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II.

La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0365_2024-S1.pdf · páginas 1 a 66.

Huella digital del PDF (SHA-256): d846e56a73c18cd3641580a9b78f0a9b9f35988a28928262277a81b21a1fba1a

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