Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 129/2022 de 9 de marzo, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, sin esperar turno ni sorteo, dicha Sala Penal, convoque a audiencia de consideración del recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 138/2022 de 2 de marzo, siempre y cuando la situación jurídica del impetrante de tutela, no haya cambiado por el transcurso del tiempo.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0364/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 46647-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mary Elizabeth Carrasco Condarco en representación sin mandato de Jeyson Hernán Martínez Medina contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente impugnación; toda vez que, habiéndose declarado infundada su solicitud de cesación de su detención preventiva, en la misma audiencia interpuso recurso de apelación incidental de forma oral; no obstante, ante la falta de señalamiento de audiencia, su defensa se apersonó ante el Tribunal de alzada y revisado el cuaderno de apelación, advirtió que el Vocal demandado, actuando de manera unilateral había emitido el Auto de Vista 129/2022 de 9 de marzo, declarando inadmisible la apelación interpuesta “…por no haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales …” (sic), situación que vulnera sus derechos. Por lo que, solicita se ordene el cese del procesamiento indebido, disponiendo se deje sin efecto el referido Auto de Vista, y se conmine al Vocal demandado a que realice en el día audiencia de fundamentación de agravios. Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación; sin embargo, del acta de audiencia se advierte que, José Andrés Escobar Lecoña, Secretario de Cámara de dicha Sala Penal, habría remitido informe escrito señalando que el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 17/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base el fundamento de que: De los escasos antecedentes, se concluyó que, conforme a la normativa y jurisprudencia citadas, el Vocal demandado actuó correctamente al aplicar las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; correspondiendo, denegar la tutela impetrada, puesto que la abogada de la parte accionante no se adecuó al procedimiento modificado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por Decreto Constitucional de 27 de mayo de 2025, cursante a fs. 133, el Magistrado Presidente de la Comisión de Admisión, ante la reposición de actuados de la presente acción de defensa, y ante la no remisión del memorial de interposición de la acción por el solicitante de tutela; y, en aplicación de los principios constitucionales de impulso de oficio, de no formalismo y de celeridad, dispuso que se proceda de inmediato al sorteo de la causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, asumió el siguiente entendimiento:
[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido].
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente entendimiento:
[El] derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: `I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental.
Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo1 y 0275/2012 de 4 de junio2, entre otras.
De los antecedentes del caso; se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra Jeyson Hernán Martínez Medina -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva, actuado procesal en el cual el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 138/2022 el 2 de marzo, declaró infundado dicho incidente; por lo que, el impetrante de tutela a través de su defensa en la misma audiencia manifestó su voluntad de apelar dicha determinación, al expresar “…hago anuncio de apelación…” (sic), la cual fue concedida por el Juez a quo, quien remitió actuados al Tribunal de alzada, el 9 del indicado mes y año, y fue radicada en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; es así que, el 21 de igual mes y año, su defensa se apersonó a la referida Sala Penal, a objeto de realizar seguimiento del caso; toda vez que, no había señalamiento de audiencia, pese a haber transcurrido doce días; empero, al revisar el cuaderno de apelación se corroboró que el Vocal demandado había emitido el Auto de Vista 129/2022 de 9 de marzo; por el cual, declaró inadmisible la apelación interpuesta “…por no 1 El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido:
1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158)
2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158)
3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”. 2 El FJ III.2.2. refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras).
haberse interpuesto en el acto oralmente conforme señalan las normas legales indicadas…” (sic), sosteniendo que la expresión “hago anuncio de apelación” se refiere a un acto futuro que puede o no puede ser realizado, en cambio, la interposición en el acto de un recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto (fs. 95 a 96). En ese entendido, la decisión del Vocal demandado no solo se sustentó en un entendimiento errado del alcance de la expresión utilizada, sino también en una concepción formalista del recurso de apelación incidental, contraria a la jurisprudencia constitucional aplicable; en efecto, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la interposición oral del recurso de apelación en audiencia y la ulterior exposición de agravios ante el Tribunal de apelación constituyen presupuestos suficientes para la activación del mecanismo impugnativo, sin que resulte admisible exigir formalidades adicionales que vacíen de contenido el derecho a recurrir; por ello, al declarar inadmisible la apelación, la autoridad demandada desconoció arbitrariamente un acto procesal válido y oportunamente realizado por el accionante, cerrándole indebidamente el acceso a la revisión de la resolución que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva. Por otra parte, es preciso señalar que, la solicitud de cesación de la detención preventiva se vincula de manera directa con el derecho a la libertad personal; precisamente por esa razón, el Tribunal de apelación debió asumir un criterio interpretativo amplio y favorable al ejercicio del derecho de impugnación, antes que una postura restrictiva y arbitraria como la asumida en el Auto de Vista 129/2022, cuyos fundamentos se apartan de la normativa procesal aplicable y de la jurisprudencia constitucional desarrollada en este fallo constitucional. De igual manera, este Tribunal constata que la actuación del Vocal demandado también lesionó los derechos a la defensa y a la impugnación del accionante; toda vez que, la inadmisión del recurso de apelación le impidió ser oído en audiencia pública y oral respecto de los agravios que consideraba lesivos a sus intereses legítimos, privándole del ejercicio pleno de su defensa material y técnica, así como de la posibilidad de obtener una respuesta de fondo por parte del superior en grado; correspondiendo, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 129/2022 de 9 de marzo, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, sin esperar turno ni sorteo, dicha Sala Penal, convoque a audiencia de consideración del recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 138/2022 de 2 de marzo, siempre y cuando la situación jurídica del impetrante de tutela, no haya cambiado por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0364_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 041361def92806b96b00d2f312f396356f72a49f722f55badc38be998f6db2e0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →