Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de mayo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración integral de la prueba y la conclusión fundamentada, a la defensa, a la información, a la igualdad de las partes o sujetos procesales; de acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva, al juez natural; así como a los principios de legalidad, al de verdad material, de progresividad; y, de seguridad jurídica; puesto que los Magistrados ahora accionados, al emitir: i) El AS 710/2021-RA de 5 de agosto, por el cual admitieron el recurso de casación, no identificaron de forma individual todos los agravios reclamados, no efectuaron la fundamentación legal y fáctica, no expresaron el razonamiento con relación a cada uno de los agravios expuestos, ingresando en un defecto absoluto, al no buscar la verdad material; y, ii) El AS 820/2021 de 15 de septiembre, que declaró infundado el recurso de casación, no permitieron comprender los criterios asumidos para resolver y responder los agravios denunciados, dicho Auto Supremo, siendo insuficiente porque no tenía una orden de ideas válidas, y ni citó norma adjetiva, “subjetiva”, o doctrina aplicable; tampoco formuló argumentos lógico-jurídicos suficientes que justifiquen las razones de la decisión, y no consideró el reclamo respecto al principio de verdad material que demuestre que el derecho propietario del bien inmueble reclamado se encontraba en conflicto legal. Asimismo, se limitaron a efectuar una descripción genérica del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 033/2022 de 19 de “marzo” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 361 a 364 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0364/2023-S3 Sucre, 3 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47334-2022-95-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución AAC 033/2022 de 19 de “marzo” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 361 a 364 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Reyna Zárate Anagua y Víctor Bejarano Zárate contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Los accionantes, mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2022, cursante de fs. 302 a 317, manifestaron lo siguiente:
Oscar Benítez Wilcarani -ahora tercero interesado- presentó demanda ordinaria de cumplimiento de contrato contra sus personas, una vez citados con la misma, contestaron de forma negativa y formularon demanda reconvencional por extinción de la obligación por su cumplimiento; tramitada ante el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Pando, quien dictó la Sentencia 03/2020 de 20 de enero, que declaró probada la demanda principal respecto al incumplimiento de contrato e improbada con relación a los daños y perjuicios, y la demanda reconvencional. Por efecto del recurso de apelación incidental planteado por sus personas, los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitieron el Auto de Vista 69/2021 de 24 de marzo, confirmando la Sentencia 03/2020; por lo cual, formularon recurso de casación en el fondo, que fue resuelto por Auto Supremo (AS) 820/2021 de 15 de septiembre, que declaró infundado el referido recurso. Los Magistrados hoy accionados al emitir el AS 710/2021-RA de 5 de agosto, admitieron el recurso de casación que formularon; empero, no identificaron de forma individual todos los agravios reclamados, ni fundamentaron su decisión legal y fáctica; omitieron una motivación que exprese el razonamiento arribado con relación a cada uno de los agravios expuestos, limitándoles el derecho a la información e ingresando en un defecto absoluto, al no buscar la verdad material. El AS 820/2021 que resolvió el recurso de casación, contiene una motivación insuficiente e incongruente, al no permitir comprender los criterios asumidos para resolver y responder los agravios expuestos, siendo insuficiente porque no tenía una orden de ideas válidas, y no citó norma adjetiva, “subjetiva”, o doctrina aplicable; tampoco formuló argumentos lógico-jurídicos suficientes que justifiquen las razones, limitándose a efectuar una descripción del art. 568.I del Código Civil (CC) e incurriendo en una interpretación “distinta” al no realizar una descripción precisa respecto a los agravios reclamados, extrañándose elementos estructurales que hagan a la debida motivación de las resoluciones y la exposición de manera clara de las razones que justifiquen el referido Auto Supremo; está “…traducido en una decisión insuficiente…” (sic), al no dar a conocer los razonamientos empleados para arribar a la decisión, obviando pronunciarse sobre el agravio reclamado y utilizando un argumento genérico, aspecto que los deja en indefensión, viciando los principios de seguridad jurídica y legalidad; además de no considerar el reclamo con relación al principio de verdad material que demuestra que el derecho propietario del bien inmueble reclamado se encuentra en conflicto legal, razón por la cual “…este hecho no debería nacer y menos ser admitido porque existe vicios de nulidad absolutos que no fueron considerados por los hoy accionados” (sic). Se vulneró el derecho al juez natural debido a que el proceso inició con el Juez Público de Familia Primero en suplencia legal, luego paso a conocimiento de la Jueza Pública de Familia Segunda, para posteriormente ser tramitado por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto, y finalmente el trámite correspondió al Juez Público Civil y Comercial Primero, todos de la Capital del departamento de Pando, lo que dio lugar a que cada uno de esos juzgadores entiendan e interpreten los antecedentes de distinta manera y no en su verdadero contexto.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración integral de la prueba y la conclusión fundamentada, a la defensa, a la información, a la igualdad de las partes o sujetos procesales; de acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva, al juez natural; así como a los principios de legalidad, al de verdad material, de progresividad; y, de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 1, 8.1, 13.I, III y IV, 14.II y V, 115.I y II; 116.II, 117.I, 119.II, 178, 180.I y II, 196; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el AS 710/2021-RA de 5 de agosto, que declaró la admisión de su recurso de casación, y el AS 820/2021 de 15 de septiembre, que declaró infundado el referido recurso, disponiendo que los Magistrados ahora accionados, emitan nuevos Autos Supremos, conforme a derecho, respetando el debido proceso en sus elementos de fundamentación, verdad material, a la defensa y acceso a la justicia; y, b) Se condene con costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 358 a 360, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) Ante la existencia de vicios de nulidad, pide se anule obrados hasta la Sentencia 03/2020; y; 2) El AS 820/2021 que declaró infundado su recurso de casación, resulta incongruente y contradictorio respecto al AS 710/2021-RA que lo admitió, generando inseguridad jurídica.
Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe de 18 de abril de 2022, cursante de fs. 355 a 357 vta., manifestaron que: i) Los reclamos respecto al AS 710/2021-RA están fuera del plazo de los seis meses que señala el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) El referido Auto Supremo solo verifica aspectos esenciales, y al momento de resolver el recurso de casación en el fondo se consideraron todos los agravios; iii) La acción de amparo constitucional interpuesta, no refleja con precisión cual es el derecho vulnerado y su relación de causalidad con los hechos denunciados, limitándose a una simple descripción de antecedentes; iv) La acción de amparo constitucional no tutela principios constitucionales; v) Los accionantes no describieron la omisión de valoración de algún elemento probatorio, y tampoco sobre el yerro en la consideración de la equidad en dicha valoración; vi) No se identificó que agravios no fueron respondidos y su relevancia constitucional; vii) La acusación de incongruencia externa no resulta evidente, debido a que los agravios expuestos en el recurso de casación fueron respondidos; y, viii) El AS 820/2021 explicó las razones y motivos de la decisión, al verificarse que la obligación contraída por los accionantes no fue cumplida. Con base en estos argumentos, solicitaron se deniegue la tutela.
Oscar Benítez Wilcarani a través de su abogado en audiencia manifestó que: a) Mediante Escritura Pública 247 de 26 de septiembre de 2016, su persona concedió un préstamo de $us71 400.- (setenta y un mil cuatrocientos dólares estadounidenses) en favor de los accionantes por un plazo de tres meses y con la garantía de un bien inmueble ubicado en el barrio Madre de Dios de la ciudad de Cobija del departamento de Pando; b) Los accionantes con una serie de argucias le convencieron para que levante el gravamen hipotecario que pesaba sobre el bien inmueble otorgado en garantía y acepte la garantía sobre un bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario; c) No existe vicio alguno en el proceso debido a que el caso fue atendido por un Juez en suplencia legal conforme lo establece la Ley del Órgano Judicial; d) El documento de transferencia y el contradocumento de 23 de octubre de 2017 sobre un bien inmueble con matrícula computarizada 9.01.1.01.00012318, no existe, por ello dicha transferencia nunca se materializó, razón por la cual, mediante carta notariada se desistió de la transferencia, lo que dio lugar a la propuesta de transferirle otro bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario; y, e) En la demanda reconvencional ofrecieron como prueba la transferencia de un bien inmueble en su favor de 21 de mayo de 2018; sin embargo, no explicaron los motivos por las cuales suscribieron el documento de transferencia de un terreno sujeto a regularización del derecho propietario el 6 de junio de igual año. Con base a esos criterios, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución AAC 033/2022 de 19 de “marzo” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 361 a 364 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Con el AS 710/2021-RA los accionantes fueron notificados el 18 de agosto de 2021 y la acción de amparo constitucional fue presentada el 25 de marzo de 2022; es decir, fuera de los seis meses que establece el art. 129.I de la CPE, situación que impide analizar el problema expuesto con relación al referido Auto Supremo; 2) De la revisión del AS 820/2021, se evidencia que contiene una adecuada estructura de forma, y en el fondo motiva de manera clara la respuesta al recurso de casación, concluyendo que los accionantes no cumplieron con su obligación de entregar el bien inmueble objeto de la demanda en el plazo de tres meses, además de la transferencia definitiva; 3) El citado Auto Supremo tiene la normativa y la doctrina aplicable al presente caso, lo que demuestra que se encuentra debidamente fundamentado, y resulta coherente respecto a los reclamos efectuados en el recurso de casación, y posee una congruencia interna sobre lo fundamentado y lo decidido; 4) El art. 568 del CC fue aplicado para declarar probada la demanda ante el incumplimiento de contrato de transferencia del bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario por los accionantes; y, 5) Respecto a los vicios de nulidad denunciados en cuanto al actuar de los jueces que tramitaron el proceso, corresponde establecer que ante la prolongación de las vacaciones judiciales de los jueces en materia civil, por decisión de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, se autorizó la suplencia legal a los jueces en materia familiar, y en caso de que los accionantes no estuvieron de acuerdo, debieron plantear la excepción de incompetencia, al no hacerlo consintieron dichos actos, las cuales no pueden ser revisados por la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por Sentencia 03/2020 de 20 de enero, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Pando, se declaró probada la demanda principal de cumplimiento de contrato presentada por Oscar Benítez Wilcarani -hoy tercero interesado-contra María Reyna Zárate Anagua y Víctor Bejarano Zárate -ahora accionantes- e improbada respecto al pago de daños y perjuicios; así como la demanda reconvencional de extinción de obligación por cumplimiento, formulada por los accionantes (fs. 166 a 174). II.2. A través del Auto de Vista 69/2021 de 24 de marzo, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en apelación, confirmaron la Sentencia 03/2020 (fs. 217 a 219). II.3. Mediante memorial presentado el 12 de mayo de 2021, ante los Vocales de la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; los accionantes, formularon recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista 69/2021 (fs. 224 a 225). II.4. Cursa AS 710/2021-RA de 5 de agosto, emitido por Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -hoy accionados-, por el cual dispusieron la admisión del recurso de casación planteado por los accionantes, determinación que fue notificada a las partes mediante cédula el 16 de igual mes de 2021 (fs. 275 a 277). II.5. Consta AS 820/2021 de 15 de septiembre, pronunciado por los Magistrados ahora accionados, por el cual declaró infundado el recurso de casación, formulado por los accionantes (fs. 279 a 285 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración integral de la prueba y la conclusión fundamentada, a la defensa, a la información, a la igualdad de las partes o sujetos procesales; de acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva, al juez natural; así como a los principios de legalidad, al de verdad material, de progresividad; y, de seguridad jurídica; puesto que los Magistrados ahora accionados, al emitir: i) El AS 710/2021-RA de 5 de agosto, por el cual admitieron el recurso de casación, no identificaron de forma individual todos los agravios reclamados, no efectuaron la fundamentación legal y fáctica, no expresaron el razonamiento con relación a cada uno de los agravios expuestos, ingresando en un defecto absoluto, al no buscar la verdad material; y, ii) El AS 820/2021 de 15 de septiembre, que declaró infundado el recurso de casación, no permitieron comprender los criterios asumidos para resolver y responder los agravios denunciados, dicho Auto Supremo, siendo insuficiente porque no tenía una orden de ideas válidas, y ni citó norma adjetiva, “subjetiva”, o doctrina aplicable; tampoco formuló argumentos lógico-jurídicos suficientes que justifiquen las razones de la decisión, y no consideró el reclamo respecto al principio de verdad material que demuestre que el derecho propietario del bien inmueble reclamado se encontraba en conflicto legal. Asimismo, se limitaron a efectuar una descripción genérica del art. 568.I del CC e incurrieron en una interpretación “distinta”. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional (…), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, debiendo el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso; así, mediante la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, se determinó que: ‘…el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses; la no observancia de este requisito, determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, además de implicar el consentimiento tácito de los recurrentes con esa decisión…’, razonamiento al que se arribó ante la inexistencia de norma legal específica y la necesidad de establecer un plazo relativamente prudencial que si bien permita el ejercicio del derecho a la defensa, no atente contra la seguridad jurídica y el principio de celeridad que rige a la administración de justicia (...). A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (…), se estableció en el art. 129.II que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’. De la interpretación sistemática y teleológica de las normas citadas supra en relación al art. 4.II de la Ley de Necesidad de Transición de los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, es posible concluir entonces que, la presentación de la acción de amparo constitucional debe efectuarse en el plazo de seis meses después de conocida la lesión o de notificada la última resolución administrativa o judicial que se considere vulneratoria, o de la que, en su caso, emerja de la solicitud de aclaración enmienda y complementación (…) un requisito para la procedibilidad de la acción de amparo constitucional es precisamente la inmediatez (…), siendo que ‘…la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida’ (SC 0128/2010-R de 10 de mayo); de donde se infiere que la presente acción tutelar debe ser intentada dentro de los plazos establecidos por la norma y la jurisprudencia, plazo que es razonable, oportuno y justo y que tiene la finalidad de evitar que este mecanismo de defensa se convierta en una excusa que salve la desidia, negligencia o indiferencia de los actores procesales y que, como lógica consecuencia, genere una suerte de inseguridad jurídica en la sociedad. En este sentido, al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aún cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0458/2016-S3 de 20 de abril estableció que: “En relación a los elementos esenciales que componen el derecho al debido proceso, se encuentran la motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, entre otros, que deben observarse a tiempo de asumir una determinación, tanto en sede judicial como administrativa. En este sentido, el razonamiento consolidado a través de la jurisprudencia reiterada tanto por el extinto Tribunal Constitucional como por este Tribunal, estableció que: ‘…[L]a garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió ’” (las negrillas son nuestras). En cuanto a la fundamentación, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero citando otra vez a la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, indicó que: en cuanto a los supuestos de motivación arbitraria señaló que: “…se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada”. (las negrillas y subrayado nos corresponden).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración integral de la prueba y la conclusión fundamentada, a la defensa, a la información, a la igualdad de las partes o sujetos procesales; de acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva, al juez natural; así como a los principios de legalidad, al de verdad material, de progresividad; y, de seguridad jurídica; puesto que los Magistrados ahora accionados, al emitir: i) El AS 710/2021-RA de 5 de agosto, por el cual admitieron el recurso de casación, no identificaron de forma individual todos los agravios reclamados, no efectuaron la fundamentación legal y fáctica, no expresaron el razonamiento con relación a cada uno de los agravios expuestos, ingresando en un defecto absoluto, al no buscar la verdad material; y, ii) El AS 820/2021 de 15 de septiembre, que declaró infundado el recurso de casación, no permitieron comprender los criterios asumidos para resolver y responder los agravios denunciados, dicho Auto Supremo, siendo insuficiente porque no tenía una orden de ideas válidas, y ni citó norma adjetiva, “subjetiva”, o doctrina aplicable; tampoco formuló argumentos lógico-jurídicos suficientes que justifiquen las razones de la decisión, y no consideró el reclamo respecto al principio de verdad material que demuestre que el derecho propietario del bien inmueble reclamado se encontraba en conflicto legal. Asimismo, se limitaron a efectuar una descripción genérica del art. 568.I del CC e incurrieron en una interpretación “distinta”.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Sentencia 03/2020, el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Pando, declaró probada la demanda principal de cumplimiento de contrato presentada por el hoy tercero interesado contra los accionantes e improbada respecto al pago de daños y perjuicios; así como la demanda reconvencional de extinción de obligación por cumplimiento, formulada por los nombrados (Conclusión II.1.). quienes ante esa determinación plantearon recurso de apelación, que fue resuelto por el Auto de Vista 69/2021, pronunciado por los vocales de la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Pando, que confirmó la Sentencia 03/2020 (Conclusión II.2.). Mediante memorial presentado el 12 de mayo de 2021, los accionantes, formularon recurso de casación en el fondo contra el referido Auto de Vista (Conclusión II.3.). Por AS 710/2021-RA, los Magistrados hoy accionados, dispusieron la admisión del recurso de casación presentado por los accionantes, notificándoles mediante cédula el 16 de agosto de 2021 (Conclusión II.4.). Dicho recurso mereció el AS 820/2021, por lo que los Magistrados hoy accionados, lo declararon infundado (Conclusión II.5.). Establecidos los antecedentes e identificada la problemática planteada, se pasa a resolver la misma y se tiene que: En cuanto a la denuncia de que el AS 710/2021-RA que admitió el recurso de casación, no identificó de forma individual todos los agravios reclamados, ni efectuó la fundamentación legal y fáctica, no expresó el razonamiento con relación a cada uno de los agravios expuestos, ingresando en un defecto absoluto, al no buscar la verdad material.
Corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la presentación de la acción de amparo constitucional debe efectuarse en el plazo de seis meses después de conocida la vulneración o de notificada con la última resolución administrativa o judicial que se considere vulneratoria, o de la que, en su caso, emerja de la solicitud de aclaración complementación y enmienda. Identificada la problemática jurídica planteada y los antecedentes procesales correspondientes a la presente acción de defensa, en atención a lo señalado por los Magistrados hoy accionados en su informe cursante de fs. 355 a 357 vta., y el fundamento expresado por la Sala Constitucional que tramitó y resolvió la presente acción de amparo constitucional, se analizará el cumplimiento del principio de inmediatez en la presentación de este mecanismo de defensa constitucional respecto al AS 710/2021-RA que admitió el recurso de casación, por tratarse de un requisito de procedencia, de cuyo cumplimiento depende el análisis de las cuestiones planteadas por los accionantes. En ese contexto, se evidencia que el presunto acto lesivo a los derechos denunciados por los accionantes es el AS 710/2021-RA que admitió el recurso de casación. En ese sentido, de conformidad al art. 129.II de la CPE, los accionantes tuvieron el plazo de seis meses a partir de la notificación con el referido Auto Supremo efectuada el 16 de agosto de 2021, para formular la presente acción de amparo constitucional; es decir, hasta el 16 de febrero de 2022; sin embargo, del Sistema Integrado de Registro Judicial cursante a Fs. 1, se constata que la presente acción de defensa fue planteada el 25 de marzo de igual año, sobrepasando el plazo señalado por el art. 129.II de la CPE. Por lo que, su derecho a acudir a esta jurisdicción por medio de la acción de amparo constitucional caducó por su presentación extemporánea, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, impidiendo a esta jurisdicción constitucional asumir conocimiento de los hechos denunciados que presuntamente vulneraron sus derechos; puesto que, esta jurisdicción no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho supuestamente vulnerado solicite su protección, ya que debe ser diligente en cuanto a la búsqueda del respeto de sus derechos presuntamente vulnerados. En consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. Respecto a la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia al dictarse el AS 820/2021
El Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, estableció que la motivación significa que toda autoridad judicial que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, observándose en no incurrir en una decisión basada en una motivación arbitraria que deviene de la arbitrariedad en la valoración de la prueba. En cuanto a la fundamentación, señaló que dicho elemento se constituye en una garantía de que el juzgador -entendido este de manera amplia-, tanto en procesos judiciales como administrativos explicará de manera clara y sustentada en derecho los motivos que los llevaron a tomar una decisión. En cuanto a la congruencia también se mencionó que la autoridad jurisdiccional o administrativa en su fallo debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes, además de que debe guardar coherencia dentro de la estructura de su propio fallo, cuidándose que no existan contradicciones de argumentos en su interior. En el presente caso, con el objeto de determinar si las denuncias expuestas por los accionantes en la acción tutelar son evidentes, se procederá a analizar el contenido del memorial de recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 224 a 225 y del AS 820/2021, pronunciado por los Magistrados ahora accionados. En el recurso de casación en el fondo, planteado contra el Auto de Vista 69/2021, los accionantes, expusieron los siguientes agravios: 1) El Auto de Vista 69/2021 incurrió en incorrecta aplicación del art.
568 del CC, al no efectuar una interpretación en función de lo señalado por el art. 519 del mismo Código. En la demanda reconvencional se presentó en calidad de prueba un contradocumento mediante el cual se demostró que el préstamo de dinero otorgado por el ahora tercero interesado de $us70 000 (setenta mil dólares estadounidenses).- se habría cumplido con la entrega de otro bien inmueble, transferencia que fue suscrita por Mariela Ticlla Felipe. 2) La decisión adoptada en el Auto de Vista 69/2021, es arbitraria e incongruente respecto a la jurisprudencia dictada por el más alto tribunal de justicia sobre la materia, además de apartarse de la solución normativa “antes señalada”. Adolece de omisiones, errores, y desaciertos de gravedad extrema que lo tornan inhábil como acto judicial e injusto en el campo del derecho, debido a que, cualquiera que sea la causal de resolución, esta no procede cuando el contrato se cumplió por efecto de las prestaciones satisfechas.
Al respecto, los Magistrados ahora accionados, a través del AS 820/2021, declararon infundado el recurso de casación formulado por los accionantes, bajo los siguientes fundamentos:
i) El ahora tercero interesado en su demanda solicitó el cumplimiento del contrato de transferencia del derecho de propiedad sujeto a regularización del derecho propietario de 6 de junio de 2018, suscrito con los accionantes, los cuales en su descargo alegaron el cumplimiento de la obligación, en razón a que el 23 de octubre de 2017, suscribieron dos documentos; el primero, sobre la transferencia de un bien inmueble ubicado en la manzana 27, predio 11, con matrícula computarizada 9.01.1.01.00012318, suscrito entre Mariela Ticlla Felipe en favor de Alfredo Saire Ramos, por Bs30 000 (treinta mil bolivianos).-; y el segundo, celebrado entre Mariela Ticlla Felipe, Alfredo Saire Ramos y el hoy tercero interesado, donde se aclara que el precio de la transferencia es de $us70 000.- y que la misma se constituye en un pago en favor del ahora tercero interesado respectó a la deuda contraída por los accionantes. El documento aclaratorio de 23 de octubre de 2017 “rotulado como contradocumento”, hace mención que la transferencia de un bien inmueble efectuada por Mariela Ticlla Felipe en favor de Alfredo Saire Ramos, tuvo el propósito de cancelar la deuda contraída por los accionantes del hoy tercero interesado, contenido que contradice lo establecido en el documento de 6 de junio de 2018, respecto a una transferencia del bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario a cuenta de pago de la deuda asumida por los accionantes del ahora tercero interesado. Ese documento posterior al contradocumento señalado por los recurrentes, dio a entender que la transferencia y la aclaración de precio efectuada el 23 de octubre de 2017, quedaron sin efecto por la suscripción del documento de transferencia del bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario de 6 de junio de 2018, debido a que el contenido de los referidos documentos tratan del pago de la deuda contraída por los accionantes en favor del hoy tercero interesado, y porque además, los documentos de 23 de octubre de 2017 no podrían efectivizarse; puesto que, el bien inmueble prometido para satisfacer la referida deuda, ya fue dispuesto por la propietaria María Ticlla Felipe en favor de Lucio Wilcarani Choque. Asimismo, conforme el principio de comunidad de la prueba, se entiende que ante el reclamo notarial efectuado por el ahora tercero interesado, para dejar sin efecto los documentos de 23 de octubre de 2017, los accionantes suscribieron el documento de transferencia del bien inmueble de 6 de junio de 2018, lo que demuestra la existencia de infracción del art. 568 del CC, al existir obligaciones pendientes de cumplimiento emergentes del documento de 6 de junio de 2018 por parte de los accionantes. ii) El Juez de la causa tomó en cuenta el contrato de transferencia del bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario de 6 de junio de 2018, como base esencial de la pretensión, el cual fue calificado como un contrato bilateral, por consiguiente, la forma de exigir el cumplimiento de las obligaciones bilaterales normativamente es sobre la base del contenido del art. 568 del CC, en ese sentido el referido Juez aplicó correctamente la norma respecto al cumplimiento de la obligación pendiente. La alusión respecto al pago de daños y perjuicios, no se encuentra descrita de acuerdo a los datos del proceso. Asimismo, respecto a que el Auto de Vista 69/2021 es incongruente y que adolece de omisiones, errores que la tornan como inhábil, esta denuncia no se encuentra sustentada por argumentos jurídicos ni situaciones precisas, lo que demuestran el incumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 274.I del Código Procesal Civil (CPC). En este marco, de la revisión y análisis del AS 820/2021, se evidencia que los Magistrados hoy accionados, motivaron y fundamentaron su decisión, identificando la problemática planteada en el recurso de casación, respecto al cumplimiento o incumplimiento de la obligación de transferencia de un bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario contenido en el documento de 6 de junio de 2018, suscrito por los accionantes en favor del ahora tercero interesado, contrastando el mismo con lo señalado en los documentos de transferencia del bien inmueble y aclaración de precio, ambos de 23 de octubre de 2017, el primero suscrito por Mariela Ticlla Felipe en favor de Alfredo Saire Ramos, y el segundo documento, celebrado entre Mariela Ticlla Felipe, Alfredo Saire Ramos y el hoy tercero interesado, documentos con los cuales se intentó demostrar el pago de la deuda contraída por los accionantes en favor del ahora tercero interesado, situación que no pudo demostrarse, debido a la firma posterior del documento de 6 de junio de 2018, y porque además, los documentos de 23 de octubre de 2017 no podrían efectivizarse, en razón a que el bien inmueble prometido para satisfacer la referida deuda, ya fue dispuesto por la propietaria María Ticlla Felipe en favor de Lucio Wilcarani Choque, y la existencia de un poder notarial efectuado por el hoy tercero interesado, para dejar sin efecto los documentos de 23 de octubre de 2017, lo que motivó que los accionantes, suscribieran el documento de transferencia del bien inmueble el 6 de junio de 2018, lo que evidencia la existencia de obligaciones pendientes de cumplimiento emergentes del documento de 6 de junio de 2018 por los accionantes.
Asimismo, establecieron correctamente que el contrato de transferencia del bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario de 6 de junio de 2018, es un contrato bilateral, por consiguiente, corresponde la aplicación del art. 568 del CC, con la finalidad de exigir el cumplimiento de la obligación pendiente por los accionantes. Finalmente, los Magistrados hoy accionados, determinaron no pronunciarse respecto a la alusión de daños y perjuicios y sobre la denuncia de que el Auto de Vista 69/2021 es incongruente y que adolece de omisiones, errores que la tornan como inhábil, debido a que esos supuestos agravios no se encuentran sustentados por argumentos jurídicos ni situaciones precisas como lo exige el art. 274.I del CPC. Razonamiento correcto, debido a que el recurso de casación es extraordinario por ser viable únicamente ante casos precisos, existiendo para esa situación causal de improcedencia regladas por ley denominadas objetivas o construcciones jurisprudenciales, características que nos permiten apreciar que el recurso de casación por su naturaleza vertical debe contener una coherente técnica recursiva; es decir, que los temas de análisis deben estar avocados a observar lo resuelto y determinado en el referido Auto de Vista de forma clara y precisa, lo contrario implicaría desnaturalizar su esencia y finalidad asimilándolo a un recurso ordinario. De ahí que, cuando se plantea el recurso de casación, el o los recurrentes deben observar los requisitos de contenido establecidos por el art. 274.I del CPC, expresando con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, vulneradas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la vulneración, falsedad o error, el incumplimiento de dichos requisitos impedirá que el Tribunal de casación se pronuncie sobre el fondo de lo reclamado, como ocurrió en el presente caso. Fundamentación y motivación que al margen de resultar congruente con el problema de fondo planteado, evidencia que los Magistrados ahora accionados cumplieron con su obligación de explicar de manera clara y concisa los motivos de su determinación; es decir, resolvieron el tema de fondo, asumiendo en el marco del art. 568 del CC, la existencia de obligación pendiente de cumplimiento por los accionantes con relación al contenido del documento de transferencia del bien inmueble sujeto a regularización del derecho propietario de 6 de junio de 2018. En cuanto a la denuncia de vulneración del derecho al juez natural, debido a que el proceso fue tramitado primero por jueces en materia familiar y después por jueces en materia civil, quienes entendieron de diferentes maneras los hechos suscitados.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional señaló que un acto procesal es susceptible de nulidad, solo cuando es reclamado oportunamente o el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causó indefensión, afectando su derecho a la defensa; dicho entendimiento fue complementado por la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, determinando que quien pide la nulidad, debe ser el agraviado por el acto viciado, además, tiene que verificarse el acto procesal denunciado que le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; el vicio procesal debe colocarlo en un verdadero estado de indefensión; el perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; el vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y no se debe convalidar ni consentir con el acto impugnado de nulidad. En el presente caso, si los accionantes consideraban que el cambio de jueces en la tramitación del proceso les generaba vulneración de sus derechos, debieron plantear en el momento oportuno un incidente de nulidad denunciando el presunto vicio procesal reclamado, al no hacerlo, consintieron y convalidaron los actuados de las autoridades judiciales que tramitaron el proceso. En ese sentido, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede pronunciarse al respecto en el marco de las reglas de procedencia establecida por el art. 53.2 del CPCo, debido a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional. Asimismo, corresponde establecer respecto a la supuesta incongruencia por falta de pronunciamiento de fondo en los agravios planteados en el recurso de casación, no resulta evidente, del análisis del AS 820/2021, los Magistrados hoy accionados, dieron respuesta a los dos agravios expuestos por los accionantes en su recurso de casación, razón por la cual, no resulta evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia. En el marco de lo señalado, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto a la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración integral de la prueba y la conclusión fundamentada. Al respecto, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe alegar la vulneración a sus derechos fundamentales y expresar qué pruebas fueron valoradas apartándose del marco legal de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo, no fueron producidas o compulsadas, además debe señalar en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante al no ser oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma indefensión material relevante. En el presente caso, los accionantes no expresaron específicamente qué elementos probatorios no fueron valorados, qué pruebas fueron valoradas apartándose del marco legal de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo, no fueron producidas o compulsadas, además debe señalar en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante al no ser oportunamente solicitada, tiene incidencia en la resolución final. Omisión argumentativa que impide a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional de manera excepcional pronunciarse al respecto, tomando en cuenta que la valoración de la prueba corresponde privativamente a las autoridades judiciales competentes. Por lo referido, corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación a la denuncia de vulneración de los derechos a la defensa, a la información, a la igualdad de las partes o sujetos procesales, de acceso a la justicia; y, a la tutela judicial efectiva. Considerando que los accionantes sobre aquellos derechos, no efectuaron una debida argumentación, sin hacer conocer como y a través de que actos los Magistrados ahora accionados vulneraron dichos derechos, lo que hace factible denegar la tutela solicitada respecto a los mismos. Finalmente, sobre la presunta vulneración de los principios de legalidad, de verdad material, de progresividad; y, de seguridad jurídica, al no ser vinculados algún derecho por los Magistrados hoy accionados y con la finalidad de su consideración, no corresponde pronunciamiento alguno, tomando en cuenta que la presente acción de amparo constitucional, no tutela principios sino derechos y garantías. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 033/2022 de 19 de “marzo” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 361 a 364 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0364_2023-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1a3b28d4a8ee20fdcb61f10f57cce6034a12152aca66835737b293cdc55dd74d
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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