Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad e integridad física y a la inamovilidad laboral; puesto que, el 5 de mayo de 2023, fue desvinculada de su fuente laboral sin considerar su estado de gestación el cual sería de conocimiento de la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa hoy accionada-, debiendo activarse la inamovilidad laboral; además, que se incumplió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que fenecía el 31 de diciembre de ese año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; 3) Régimen de asignaciones familiares; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 85/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 89 a 93, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad e integridad física y a la inamovilidad laboral, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Nota de 5 de mayo de 2023, emitida por Joaquín Pereyra Vaca Diez, en representación legal de Red Uno de Bolivia Sociedad Anónima, ordenando el pago de salarios devengados desde la desvinculación laboral de Eliana Aliaga Morales efectuada en dicha fecha hasta la culminación de la vigencia de su contrato; es decir, 31 de diciembre de 2023, más el pago retroactivo de asignaciones familiares y seguridad social, hasta que su hijo/a haya cumplido un año de edad. 2° Exhortar a Sergio Jaime Banegas Montenegro abogado de Eliana Aliaga Morales a que en futuras actuaciones en representación de sus defendidos actúe de manera diligente en su representación.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0362/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 57384-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 85/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 89 a 93, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eliana Aliaga Morales contra Joaquín Pereyra Vaca Diez, en representación legal de Red Uno de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.).
La accionante por memoriales presentados el 31 de mayo y 7 de junio de 2023, cursantes de fs. 12 a 15; y, 19, manifestó lo siguiente:
El 13 de enero de 2023, ingresó a trabajar a la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa hoy accionada- en el cargo de ‘“…SERVICIO PROFESIONAL DE GESTION EXTERNA EN PRODUCCION…’” (sic) en el área de coordinación del programa matinal “el mañanero” encargada de coordinación de exteriores y todo lo que es “color”. El 5 de mayo de ese año, se le envió un mensaje señalándole que debía acudir a la Oficina de Recursos Humanos (RR.HH.) de la citada empresa, una vez se encontró con la encargada de RR.HH. se le informó que por orden del Directorio se estaba retirando personal y su persona ya no seguiría trabajando por cambio de programación y que “lunes” pase por su certificado de trabajo, donde se percató que lo referido era falso; por lo que, en dicha fecha, de manera verbal fue desvinculada sin tomar en cuenta su estado de gestación el cual fue de conocimiento de la mencionada empresa e incumpliendo el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que fenecía el 31 de diciembre de ese año.
Ante la documentación presentada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, como el certificado médico y ecografías que acreditan la gestación de su embarazo, es que se emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 118/2021 de 7 de julio, que determinó conminar a la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa ahora accionada-para que proceda a su reincorporación laboral reponiendo sueldos devengados desde su despido injustificado en aplicación del Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley. Al estar involucrados los derechos de una niña, niño y adolescente, o más aun, al encontrarse en pleno desarrollo de gestación comprende la importancia de la protección y la urgencia de poder activarse la inamovilidad laboral por ser madre en gestación, para que el menor de edad NASCITURUS reciba de manera prioritaria la atención que se goza al contar con trabajo, como un seguro a corto plazo y los beneficios que conllevan los mismos.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad e integridad física y a la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 9, 45, 46, 48.VI y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el despido verbal de desvinculación laboral, ordenando el cumplimiento de la reincorporación laboral y demás derechos sociales.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de junio de 2024, cursante de fs. 84 a 89, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que se encuentra con seis meses de embarazo. Ante la pregunta efectuada por la Sala Constitucional, la accionante a través de su abogado señaló que al apagar su computadora no se guardó el documento y se imprimió la Conminatoria de Reincorporación Laboral -JDTSC/JCCHS/CONM. 118/2021- la cual no existe, fue un error incurrido por el referido abogado.
Joaquín Pereyra Vaca Diez, en representación legal de Red Uno de Bolivia S.A., mediante informe presentado el 14 de junio de 2023 cursante de fs. 81 a 82; así como, en audiencia a través de su abogada manifestó que: a) No existe coherencia entre los hechos expuestos por el accionante; ya que, citó la Conminatoria de Reincorporación Laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 118/2021 y por otro lado refiere que fue notificada con el “despido verbal” el 5 de mayo de 2023, lo que constituye en un contrasentido; puesto que, las fechas y años no coinciden; b) Se refirió que en esa fecha, se instaló la audiencia en la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, lo que resulta falso; ya que, en ningún momento fue citado con audiencia alguna a instancia de la accionante y mucho menos con una conminatoria de reincorporación laboral; c) Para que exista una relación laboral es necesaria la existencia subordinación y dependencia, lo que no ocurrió en el presente caso; puesto que, el vínculo contractual con la nombrada es de naturaleza civil y no laboral, sustentados con prueba, como: 1) El marcado biométrico, donde la accionante no figura, al no estar subordinada a un horario de trabajo; 2) Declaración mensual de planillas de sueldo, salarios y accidentes de trabajo, presentadas al Ministerio de Trabajo, las que tienen calidad de declaración jurada; 3) Contrato de Prestación de Servicios de 13 de enero de 2023, en cuya Cláusula Decimosegunda se pactó como medio alternativo de solución de conflictos el arbitraje comercial; 4) Comunicación de la Recisión de Contrato de 5 de mayo de ese año, firmada por la accionante; y, 5) Recibos de pago por concepto de pago de servicios de igual fecha, firmadas por la misma; d) Con dichas pruebas se demostró que no existió relación laboral entre la accionante y la empresa que representa; por lo que, ante la alegación de la accionante, no corresponde a la jurisdicción constitucional resolver hechos controvertidos ni reconocer derechos; e) En cuanto al estado de embarazo, la nombrada no presentó pruebas que acrediten que puso en conocimiento de tal situación a la citada empresa; es recién a través de la acción tutelar que se tuvo conocimiento del estado de gestión de la nombrada; f) Misma que alegó la presunta vulneración del derecho a la inamovilidad laboral y demás derechos que competen a todos los trabajadores que se encuentran amparados por la Ley General del Trabajo; sin embargo, al respecto no presentó elemento probatorio alguno que demuestre esa calidad; g) La accionante no puede plantear esta acción tutelar alegando derechos controvertidos que se encuentran en disputa o estén pendientes de ser resueltos; y, h) La nombrada quiso pasar por alto la jurisdicción laboral y la vía administrativa a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, o la jurisdicción constitucional, los cuales son los llamados por ley para determinar si hubo o no una relación laboral y si existió o no, a partir de esa relación un derecho a la inamovilidad laboral y si corresponde su reincorporación laboral. Ante las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional, señaló que: i) El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales se encuentra disuelto. El 5 de mayo de 2023, en cumplimiento de la Cláusula Octava del citado Contrato se comunicó a la accionante la rescisión del mismo, lo que fue aceptado por la nombrada, quien en señal de conformidad y aceptación firmó los documentos que demuestran aquello;
ii) Previamente no se tuvo un periodo de negociación entre las partes; ya que, la accionante no se opuso, sino que firmó y recibió el pago por la prestación de sus servicios; por lo que, no hubo necesidad de acudir al centro de arbitraje a efectos de mediación; y, iii) No tuvieron conocimiento de que la accionante estaba embarazada, incluso al firmar la rescisión del contrato de orden civil, no refirió nada al respecto, es en la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional que se enteraron que se encontraba embarazada; además, de que recibió el pago por la prestación de servicios sin efectuar ninguna observación u oposición.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 85/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 89 a 93, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Entre los hechos no controvertidos se encuentra la existencia de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, en cuya Cláusula Octava se advierte la resolución, recisión y finalización del contrato, en la Cláusula Decimosegunda se apreció respecto a la resolución de controversias entre las partes, quienes previamente se someterán a la negociación y posteriormente al arbitraje; b) Otro hecho no controvertido es la documentación presentada “ante dicha instancia” como el certificado médico y ecografía; así también la Nota de 5 de mayo de 2023, dirigida a la accionante con la referencia de que en uso de la Cláusula de recisión resolución de prestación de servicios en el que se comunicó sobre la decisión de la empresa Red Uno de Bolivia S.A. -hoy accionada-; y, recibos de mayo de ese año, firmados por la nombrada por Bs2 000.- (dos mil bolivianos) por concepto de pago de servicios; c) Si bien la accionante es madre progenitora en estado de gravidez, encontrándose protegida por la jurisprudencia constitucional y por la Constitución Política del Estado; empero, como estableció la jurisprudencia constitucional con la SCP 0684/2019-S4 de 28 de agosto, la misma debe acudir ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a efectos de denunciar algún retiro injustificado, siendo dicha instancia la que emita una conminatoria de reincorporación laboral en su favor o una resolución en el marco de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales; es decir, una resolución de reincorporación laboral y en caso de su incumplimiento, recién acudir a la acción de amparo constitucional para la concesión de la tutela provisional; d) La accionante si bien citó una conminatoria de reincorporación laboral, en audiencia manifestó que sería inexistente, de lo que se puede advertir que no acudió a la citada Jefatura, entidad competente para la resolución de la reincorporación laboral o la conminatoria respectiva; y, e) Al no contarse con elementos de prueba y al no acudirse a la referida Jefatura denunciando esos extremos en el marco de lo dispuesto por la Ley 1468 de 3 de octubre de 2022, desarrollada también por la Resolución Ministerial (RM) 1377/2022 de 11 de noviembre, es que se denegó la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
En vía de aclaración, complementación y enmienda, la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa ahora accionada- a través de su abogada, solicitó a la Sala Constitucional que se condene a las costas procesales a la accionante; ya que, se evidencia que actuó de manera inescrupulosa, temeraria actuando con deslealtad procesal; puesto que, se hizo alusión a una prueba que no adjuntaron la cual fue contundente para el presente caso y que gracias a su intervención se admitió de que no existía conminatoria de reincorporación laboral. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, declaró no ha lugar, manifestando que de conformidad a la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, para la imposición de costas procesales en las acciones tutelares se debe considerar si la accionante actuó dolosamente con temeridad abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y vulnerando intereses legítimos de la parte contraria; en ese sentido, no se estableció carga argumentativa sobre la existencia dolosa o con temeridad; además, de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con vigencia de duración de 13 de enero de 2023 al 31 de diciembre de ese año, suscrito entre Eliana Aliaga Morales -hoy accionante- y Joaquín Pereyra Vaca Diez, en representación legal de Red Uno de Bolivia S.A. -ahora accionado-, siendo el objeto del contrato la provisión de servicios profesionales para el desarrollo de ‘“…SERVICIO PROFESIONAL DE GESTION EXTERNA EN PRODUCCION’” (sic), y su naturaleza, se constituye en un contrato civil de prestación de servicios regido por el Código Civil y no es una relación jurídico laboral en el que ambas partes renuncian tácitamente a cualquier tipo de normativa o legislación que tenga relación a la vía jurídico laboral o Código de Seguridad Social. En la Cláusula Octava de resolución, rescisión y finalización de contrato se estableció que el contratante de manera unilateral podrá terminar el vínculo contractual, sin necesidad de intervención judicial alguna, bastando una notificación por escrito con quince días de anticipación, sin que ello genere derechos para solicitar reclamo alguno, sino simplemente la liquidación de saldos que pudiera existir entre partes hasta el último día de prestación del servicio; en la Cláusula Decimosegunda se determinó la solución de controversias, en todo litigio, discrepancia, cuestión y reclamación resultante de la ejecución o interposición del citado Contrato, se someterá previamente a la negociación directa entre partes, de no ser resuelta amigablemente se resolverá definitivamente mediante arbitraje en el marco de la Ley de Conciliación y Arbitraje vigente, sujeta a las autoridades, reglas y el procedimiento contenidos en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial (CCAC) de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO [fs. 73 a 76]). II.2. Cursa Certificado de Ultrasonido Morfológico Fetal de 10 de marzo de 2023, correspondiente a la accionante, emitido por el Médico Gineco Obstetra; por el cual se estableció que cuenta con un embarazo de 12.4 semanas por biometría fetal (fs. 3 a 4). II.3. Por Nota de 5 de mayo de 2023, dirigida a la accionante; la parte accionada comunicó el uso de la Cláusula de rescisión del Contrato de Prestación de Servicios, por lo cual se informó sobre la finalización de dicho contrato, siendo su último día de prestación de servicios en igual fecha (fs. 77).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad e integridad física y a la inamovilidad laboral; puesto que, el 5 de mayo de 2023, fue desvinculada de su fuente laboral sin considerar su estado de gestación el cual sería de conocimiento de la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa hoy accionada-, debiendo activarse la inamovilidad laboral; además, que se incumplió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que fenecía el 31 de diciembre de ese año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La excepción al principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional respecto a los derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral de padres progenitores; 2) La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; 3) Régimen de asignaciones familiares; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, señala que: “Con relación a la garantía de inamovilidad laboral, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 constituye el antecedente de la línea jurisprudencial sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos de despidos intempestivos de padres progenitores; en la cual, se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no pueden estar pendientes de otros recursos o vías administrativas; dicho entendimiento, fue confirmado por la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre; y posteriormente, por la SCP 0102/2012 de 23 de abril, reiterando que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuyo resguardo es urgente e inmediato ante el despido intempestivo de su fuente laboral, la activación de la acción de amparo constitucional no se sujeta al principio de subsidiariedad. Por su parte, la SCP 0735/2013 de 6 de junio, interpretando las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 0496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, estableció que dado que el art. 1 del DS 496, es una norma permisiva, si el trabajador así lo decide, puede prescindir del medio administrativo de acudir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para pedir su reincorporación y acudir directamente a la acción de amparo constitucional.
En torno a la jurisprudencia constitucional relativa a la protección del derecho a la estabilidad laboral por vía de la acción de amparo constitucional, la SC 873/01-R de 20 de agosto de 2001 sentó la línea jurisprudencial de denegatoria de tutela de reincorporación laboral por vía constitucional, en caso de despidos, en mérito al principio de subsidiariedad; ya en vigencia del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, la SC 0274/2007-R de 17 de abril, refiriéndose a una conminatoria de reincorporación laboral, señaló que el amparo constitucional no era el mecanismo idóneo para exigir la ejecución de las resoluciones definitivas emergentes de los procedimientos administrativos, debiendo acudirse a la misma instancia que emitió la resolución; entendimiento reiterado por la SC 1613/2010–R de 15 de octubre. (…) …en cuanto a la abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en los casos en que se denuncia vulneración a la inamovilidad y estabilidad laboral de madres gestantes y padres progenitores por efecto de despidos intempestivos, resulta aplicable el entendimiento contenido en la SCP 0735/2013, por cuanto permite un acceso directo a la justicia constitucional, para el restablecimiento inmediato de los derechos primarios vulnerados, al establecer que en mérito a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral y del derecho a la estabilidad laboral de padres progenitores hasta el año de edad del hijo o hija a través de la acción de amparo constitucional, no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad; por consiguiente, si el trabajador así lo decide, ante un despido intempestivo, puede prescindir de la vía administrativa y acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; razonamiento que será aplicado en el presente fallo…”.
acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material
La SCP 0512/2020 S1 de 16 de septiembre, establece que: “El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios. En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad -art. 62 de la CPE-. Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino, que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y lactancia, aspectos que dan lugar a un amparo y trato diferencial justificado a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: ‘Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal’. Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, lo entendió la SC 1497/2011-R de 11 de octubre. Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la SC 130/2005-R, de 10 de febrero de 2005, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción. En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, estableció que la garantía de inamovilidad laboral: …es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores. Entonces, la interpretación finalista de la norma constitucional contenida en el art. 48.VI de la CPE, como expresión normativa y axiológica de la igualdad en razón de sexo (art. 14.I de la CPE), que establece que: ‘Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’ (…), está en el reconocimiento de la garantía de la inmovilidad laboral tanto de mujeres gestantes o padre progenitor con hijos o hijas menores a un año, en razón a sus finalidades implícitas, cuales son la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, a la salud del niño o niña o ser en gestación en el periodo desde su concepción hasta que cumple un año, finalidad que garantiza la Constitución Política del Estado, a través de otorgar inamovilidad del progenitor sin distinción de sexo, en un contexto de alto grado de mortalidad infantil, aspecto que a su vez, provoca que toda decisión administrativa o judicial incluyendo a la justicia constitucional deba encontrarse regida y guiada por el interés superior del mismo. Otro elemento que involucra la protección y resguardo de estos derechos se vincula con la obligación del Estado en resguardo del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
El derecho a la seguridad social consagrado en el art. 45 de la CPE, incluye las contingencias de maternidad, paternidad y asignaciones familiares. Así, dicha norma sostiene que: I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En ese orden, referente al régimen de asignaciones familiares inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que fue reiterada en numerosas Sentencias como la SCP 1006/2015-S2, entre otras, señala que, de acuerdo al Código de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte, así como de las asignaciones familiares, concluyendo dicha Sentencia que: …todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad. Finalmente, en cuanto al alcance de la garantía de inamovilidad laboral, en el marco de la protección que brinda la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional precisó que está orientada a proteger a las madres y padres progenitores, garantizándole su inamovilidad laboral, sea cual fuese la modalidad de trabajo o la calidad de servidora o servidor público hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad. Así efectuó pronunciamiento, refiriéndose a las diferentes calidades de servidoras y servidores públicos, entre ellos, los de libre nombramiento, provisorios, y los de cargos electivos. (…) Consecuentemente, la garantía de inamovilidad funcionaria a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, es una garantía normativo constitucional de carácter general y extensivo, que no admite discriminación alguna, por lo que la norma suprema está orientada a proteger a la madre o padre progenitores, garantizándole su inamovilidad en el trabajo sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza del contrato o modalidad contractual, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad…” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La SCP 1102/2022-S4 de 26 de agosto, señala que: “el art. 45 de la CPE, en su parágrafo I, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; así también en el parágrafo III del mismo artículo, reconoce que el régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riegos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalides, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. Asimismo, el art. 48 de la Norma Suprema, prevé en su parágrafo I, que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; el parágrafo IV, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegios y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatal y de lactancia. El Decreto Supremo (DS) 21637 de 25 de junio de 1987, que Reglamenta el art. 3 de la Ley 924 de 15 de abril de 1987, reconoce las siguientes prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado: a) Subsidio prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad, b) el subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) Subsidio de lactancia consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida. El DS 3546 de 1 de noviembre de 2018, que modifica el art. 25 del Decreto Supremo 21637, establece en su art. 25, que se reconocen las prestaciones del Régimen de las Asignaciones Familiares, que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: ‘a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) el subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-(DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. En relación al pago retroactivo de las asignaciones familiares, el art. 19 de la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011, prevé que se efectuará en los siguientes casos: ‘1. La compensación del subsidio en especie y en dinero se realizará con carácter retroactivo, a los meses correspondientes, en caso que el empleador hubiese incumplido la otorgación de las asignaciones familiares de manera oportuna. 2. El retroactivo del subsidio en especie es otorgado al primer mes de cada año de acuerdo al incremento del Salario Mínimo Nacional”’ [ahora equivalente a Bs2 000.- conforme la modificación efectuada por el DS 3546 de 1 de mayo de 2018] (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad e integridad física y a la inamovilidad laboral; puesto que, el 5 de mayo de 2023, fue desvinculada de su fuente laboral sin considerar su estado de gestación el cual sería de conocimiento de la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa hoy accionada-, debiendo activarse la inamovilidad laboral; además, que se incumplió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que fenecía el 31 de diciembre de ese año. Ahora bien de la revisión de antecedentes se advierte que existe Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con vigencia de duración de 13 de enero de 2023 al 31 de diciembre de ese año, suscrito entre la accionante y la parte ahora accionada, siendo el objeto del contrato la provisión de servicios profesionales para el desarrollo de ‘“…SERVICIO PROFESIONAL DE GESTION EXTERNA EN PRODUCCION’” (sic), y su naturaleza, se constituye en un contrato civil de prestación de servicios regido por el Código Civil y no es una relación jurídico laboral en el que ambas partes renuncian tácitamente a cualquier tipo de normativa o legislación que tenga relación a la vía jurídico laboral o Código de Seguridad Social. En la Cláusula Octava de resolución, rescisión y finalización de contrato se estableció que el contratante de manera unilateral podrá terminar el vínculo contractual, sin necesidad de intervención judicial alguna, bastando una notificación por escrito con quince días de anticipación, sin que ello genere derechos para solicitar reclamación alguna, sino simplemente la liquidación de saldos que pudiera existir entre partes hasta el último día de prestación del servicio; en la Cláusula Decimosegunda se determinó la solución de controversias, en todo litigio, discrepancia, cuestión y reclamación resultante de la ejecución o interposición del citado Contrato, se someterá previamente a la negociación directa entre partes, de no ser resuelta amigablemente se resolverá definitivamente mediante arbitraje en el marco de la Ley de Conciliación y Arbitraje vigente, sujeta a las de CCAC de la CAINCO (Conclusión II.1.). Por Certificado de Ultrasonido Morfológico Fetal de 10 de marzo de 2023, correspondiente a la accionante, emitido por el Médico Gineco Obstetra; se estableció que cuenta con un embarazo de 12.4 semanas por biometría fetal (Conclusión II.2.); y, mediante Nota de 5 de mayo de igual año, dirigida a la nombrada; la parte hoy accionada comunicó el uso de la Cláusula de rescisión del Contrato de Prestación de Servicios, por lo cual se informó sobre la finalización de dicho Contrato, siendo su último día de prestación de servicios en igual fecha (Conclusión II.3.). Previo al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde mencionar que conforme la accionante acreditó en la interposición de esta acción de defensa, a través del Certificado de Ultrasonido Morfológico Fetal de 10 de marzo de 2023, se encontraría en estado de gestación; razón por la cual, de conformidad a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional respecto a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, en caso de madres en gestación, se estableció que acreditada dicha calidad podrá activar directamente esta acción tutelar, sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa o judicial en denuncia de la vulneración de sus derechos laborales. Planteada la problemática y de los antecedentes procesales cursantes en obrados, se advierte que la accionante interpuso la presente acción de amparo constitucional alegando que le correspondía la inamovilidad laboral por ser madre en estado de embarazo y demás derechos que se le estarían negando al desvincularla de su fuente laboral a pesar de conocerse su estado de madre en gestación. Por su parte, en defensa, la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa ahora accionada- en cuanto al estado de gestación de la accionante señaló que, la nombrada nunca comunicó dicho estado, ni se hubiesen adjuntado pruebas que la acrediten; por lo que, no tuvo conocimiento del estado de gestación de la misma, sino fue hasta la presentación de esta acción de defensa. Al respecto, conforme al razonamiento establecido en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, se tiene que: “…no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora, para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado…” (las negrillas son nuestras); en ese marco, al no ser un requisito hacer conocer el estado de gestación a la parte hoy accionada corresponde analizar si a la accionante le corresponde la inamovilidad laboral. En ese entendido, la accionante adjuntó Certificado de Ultrasonido Morfológico Fetal de 10 de marzo de 2023, emitido por el Médico Gineco Obstetra; por el cual, se acreditó que contaba con un embarazo de 12.4 semanas por biometría fetal; es decir, que al 5 de mayo de ese año, que fue desvinculada de su fuente laboral, se encontraba aún en estado de gestación. Ahora bien, conforme lo establecido por el art. 48.VI de la CPE, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los trabajadores o servidores públicos progenitores (madres y padres), hasta un año después de producido el nacimiento del hijo o hija, que en armonía con el art. 60 de la misma Norma Suprema, se garantiza la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional no admite discriminación, siendo aplicable en el sector público o privado, sea cual fuese la modalidad de trabajo, naturaleza de contrato es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales; además, garantizar el bienestar de la madre gestante y de los trabajadores y servidores públicos progenitores (padre o madre); asimismo, de los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta que cumplan un año de edad; en ese sentido y al encontrarse acreditado su estado de gestación de la accionante debe tomarse en cuenta la situación de inamovilidad, aquello en preeminencia también de los de los derechos del nasciturus; por lo que, se vulneró de esa manera el derecho a la inamovilidad laboral, que conlleva en conexitud a la vulneración de los derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, al empleo y a la dignidad e integridad física; en consecuencia, deben ser tutelados y si bien por el tiempo transcurrido no es posible disponer la reincorporación de la accionante a su fuente laboral; ya que, a partir de la emisión del Certificado de Ultrasonido Morfológico Fetal que fue del 10 de marzo de 2023, se refirió que la nombrada se encontraba con 12.4 semanas de embarazo; a la fecha de emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el menor de edad nacido tiene más de un año de edad; empero, es oportuno el pago de los sueldos devengados desde el momento del despido -5 de mayo de ese año- hasta la fecha de cumplimiento de su contrato; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. Sumado a ello, la Red Uno de Bolivia S.A. -empresa hoy accionada-respecto a la desvinculación laboral anticipada de la accionante; es decir, anterior al 31 de diciembre de 2023, fecha de finalización del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de 13 de enero de igual año, señaló que responde a lo establecido en la Cláusula Octava del referido Contrato, de cuyo análisis en su punto 8.2 claramente se determinó que el citado Contrato será rescindido, resuelto o finalizado “Por EL CONTRATANTE, en cualquier momento y por medio de comunicación expresa escrita con 15 (quince) días de anticipación…” (sic); sin embargo, de la Nota de 5 de mayo de 2023, dirigida a la accionante, dicha empresa comunicó sobre la finalización de ese Contrato, siendo su último día de prestación de servicios en esa fecha; de lo que se puede inferir que la desvinculación de la nombrada; además, fue intempestiva; es decir, el 5 de mayo de 2023, cuando desde la referida fecha es que se debió compatibilizar recién los quince días para efectuar su desvinculación. Asimismo, corresponde precisar que el abogado de la accionante en la redacción de su memorial de acción de amparo constitucional expresó de manera errónea que la comunicación de la desvinculación laboral de la accionante fue de forma verbal, cuando de la revisión de antecedentes se tiene que dicha comunicación fue de manera escrita a través de la Nota de 5 de mayo de 2023 y recepcionada por la propia accionante; así también, de manera irresponsable señaló la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, la cual después, en audiencia de consideración de esta acción tutelar fue desmentida, alegando su inexistencia; empero, a pesar de aquellas actuaciones, en resguardo de los derechos del nasciturus se efectuó su análisis para evitar una vulneración mayor, no sin antes exhortar a Sergio Jaime Banegas Montenegro abogado de la accionante a que en futuras actuaciones en representación de sus defendidos actúe de manera diligente en su representación.
Además, debe tenerse presente que los derechos del menor de edad tampoco pueden verse afectados; puesto que, lo que se busca es la protección del ser en gestación y del recién nacido en sus derechos a la vida y a la salud; en mérito a lo dispuesto por el art. 25 del DS 3546, que reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares como son: i) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; ii) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2 000.-;y, iii) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2 000.- por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida; conforme también estableció la jurisprudencia constitucional en la SC 1539/2010-R de 11 de octubre; derechos de los que la accionante y el menor de edad fueron privados, vulnerándose también el derecho a la seguridad social. En ese sentido, tomando en cuenta la protección de los derechos sociales de la madre progenitora y el interés superior de su hija o hijo por nacer que sustenta su atención prioritaria, corresponde disponer se otorgue el pago retroactivo de las asignaciones familiares hasta que la hija o el hijo de la accionante haya cumplido un año de edad, siempre y cuando la nombrada cumpla con los requisitos establecidos por la normativa administrativa pertinente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 85/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 89 a 93, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos a la vida digna de su persona y de la niña o niño, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la dignidad e integridad física y a la inamovilidad laboral, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Nota de 5 de mayo de 2023, emitida por Joaquín Pereyra Vaca Diez, en representación legal de Red Uno de Bolivia Sociedad Anónima, ordenando el pago de salarios devengados desde la desvinculación laboral de Eliana Aliaga Morales efectuada en dicha fecha hasta la culminación de la vigencia de su contrato; es decir, 31 de diciembre de 2023, más el pago retroactivo de asignaciones familiares y seguridad social, hasta que su hijo/a haya cumplido un año de edad. 2° Exhortar a Sergio Jaime Banegas Montenegro abogado de Eliana Aliaga Morales a que en futuras actuaciones en representación de sus defendidos actúe de manera diligente en su representación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0362_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 301d3bee2f33b28d862fb2fc5f0e5c10f1b02eb957cc1ffada97fdd080802d64
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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