Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; a recurrir, a la defensa, seguridad jurídica y, el principio de legalidad; alegando que solicito la cesación a su detención preventiva al amparo del inc. 3) del art. 239 del CPP, la cual fue rechazada por la Jueza ahora demandada, quién con consideraciones impertinentes e incongruentes, se apartó de las exigencias que demanda el núm. 3) del art. 239 del CPP, generando falta de fundamentación y motivación, determinación que al ser apelada fue resuelta por la Sala Penal Tercera compuesta por la Vocal codemandada, quién incurrió en el mismo aspecto, y pese a que declaró procedente en parte su recurso, no precisó respecto a que, ya que confirmó la Resolución apelada, sin darle posibilidad que pueda obtener su pretensión. Corresponde ahora analizar en revisión, verificar si tales extremos son evidentes fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 43/2022 de 3 de mayo, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de las problemáticas jurídicas planteadas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0362/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 47457-2022-85-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 043/2022 de 3 de mayo, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Orellana Sandy contra María Giovana Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera; y, Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y Sentencia Quinta ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 14 y 22 ambos de abril de 2022, cursante de fs. 36 a 43 y 48 a 50, el impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito incumplimiento de deberes, el 2 de diciembre de 2021, solicito cesación a su detención preventiva por el cumplimiento de la causal inserta en el núm. 3) del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que mereció el decreto de 7 de igual mes y año, a través del cual la Jueza de la causa ahora demandada, señaló audiencia vulnerando el procedimiento, ya que la norma referida establece una matriz lógica para la aludida causal, por lo que no puede vulnerarse la norma procesal a criterio personal de los administradores de justicia sin considerar las normas procesales más aún cuando el decreto prenombrado no contempla una fundamentación jurídica concordante con las normas nacionales y/o internacionales.
Motivando que, a través de memorial de 8 del citado mes y año, planteé recurso de reposición solicitando se dé cumplimiento al referido articulado párrafo segundo, y corra en traslado a las partes procesales para que con contestación o sin ella, sea resuelto dentro del plazo de 48 horas siguientes. Por Auto 62/2021-E de 16 de diciembre, la aludida Jueza declara la improcedencia de lo solicitado, arguyendo tres aspectos: a) “...Que el Sr. Freddy Orellana Sandy, ha generado la suspensión de audiencias de fecha 18 de junio de 2019, 8 de julio de 2021, 25 de julio de 2019, 19 de diciembre de 2019, 16 de marzo de 2019, 26 de agosto de 2021, es decir que de la actuación del acusado en la sustanciación del presente proceso penal se denota retardación atribuible a su persona…” (sic); b) “…en el presente caso se debe considerar que se trata de delitos de corrupción con afectación económica al Estado, quien se constituye en víctima a través de sus instituciones públicas como el DIRCABI y el Ministerio de Gobierno…” (sic); y, c) “…ya se tiene sentencia condenatoria de primera instancia, la cual mereció recurso de apelación restringida, que se encuentra pendiente de resolución por la Sala Penal, quedando claro que el plazo de duración de la detención preventiva, responde a la etapa investigativa, criterio instituido por el Auto de Vista del 20 del 6 de marzo del 2020…” (sic). Determinación que fue apelada incidentalmente el 17 de diciembre de 2021, donde se detalló que la actuación desplegada por la Jueza a quo no concernía a las exigencias que demanda el núm. 3) del art. 239 del CPP, lo que había generado falta de fundamentación y motivación por consiguiente el principio de seguridad jurídica, aspectos que fueron fundamentados en audiencia de 5 de enero de 2022, haciendo énfasis en el análisis jurídico desarrollado por la aludida autoridad, dos de ellos impertinentes e incongruentes al acto solicitado, sólo el primer análisis de manera inconsistente estaría de alguna manera enmarcado en la norma aludida, verificativo donde fue emitido el Auto de Vista 07/2022 de la misma fecha, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, compuesta por la Vocal ahora demandada, quién declaró procedente en parte su recurso, pero no indica en que parte, ya que confirmó la Resolución apelada, generando que no exista fundamentación, puesto que sólo se limitó a mencionar al igual que la a quo, las suspensiones de las audiencias pero simplemente como una forma de retardación atribuida a su persona cuando los verificativos señalados tienen actas que exponen las razones de las suspensiones, pese a que dicho aspecto fue denunciado como una incorrecta aplicación de la norma. Por lo que las acciones asumidas por la autoridad de primera instancia y el Tribunal de alzada, se abocan simplemente a negarle su pretensión con argumentos no discutibles en peticiones de tal naturaleza, dándose sólo a la tarea de ver las suspensiones, sin considerar que se encuentra detenido preventivamente sin contar con sentencia ejecutoriada, por lo que en su caso aplica la causal inserta en el inc. 3) del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173 en su art. 11, donde indica: –Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales– “Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga” (sic); sin embargo, se le impide acogerse a la cesación, porque al contar con una sentencia en primera instancia lo establecido en la citada norma no es aplicable para los condenados sino para los que se encuentran en etapa de investigación o preparatoria para juicio oral, argumento que no resulta valedero, puesto que ello significaría encontrarse ante un cumplimiento de condena ipso facto, sin haber agotado todos los recursos que la Ley otorga a cada procesado.
La accionante, alega como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; a recurrir, a la defensa, seguridad jurídica y, el principio de legalidad, señalando al efecto el art. 115.II, 116, 119, 120, 122 y 180.II de la CPE; art. 8.1 y 2 inc. d) de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 7, 10 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, art. 2 inc. a) y b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 07/2022 de 5 de enero, emitido por la Sala Penal Tercera, y se otorgue su cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 147 a 148, en presencia de la parte accionante y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los fundamentos de la acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que, tanto la Jueza a quo como la Vocal demandada emitieron sus fallos sin la debida fundamentación y motivación, ésta última habiendo reiterado los mismos argumentos que la a quo, en sentido de que su persona hubiera causado dilación al no asistir a las audiencias de cesación a la detención preventiva solicitadas por su parte, sin considerar los fundamentos que expuso, remitiéndose a la SCP 1590/2011 en cuanto al carácter provisional de la detención preventiva “por lo que debió haber sido suspendida a momento de realizada la solicitud de cesación referida, no obstante haberse emitido una Sentencia en su contra de cuatro años, la misma que estuviese pendiente de apelación restringida” (sic), por lo que aún no se encuentra ejecutoriada, por lo que debe considerarse su solicitud de cesación a la detención preventiva realizada en función al inc. 3 del art. 239 del CPP, en torno a la provisionalidad de la medida cautelar y su carácter excepcional, además de tomar en cuenta que se encuentra con detención preventiva dos años y once meses aproximadamente, desde agosto de 2019, transcurriendo más del tiempo establecido en la norma procesal; máxime, cuando el Ministerio Público no solicitó la ampliación de su detención, finalizo reiterando su petición de tutela.
María Giovana Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 3 de mayo de 2022, cursante a fs. 84 y vta., manifestó que: 1) Mediante Auto de Vista 07/2022 de 5 de enero, se declaró la procedencia en parte del recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante “empero, CONFIRMANDO por lo demás el Auto interlocutorio de 16 de diciembre de 2021” (sic), emitido por la Jueza ahora demandada; 2) La problemática traída a materia ya fue resuelta vía acción de libertad en la cual fue denegado el recurso, cuya mención se omite maliciosamente, existiendo identidad de sujetos, equivalencia de objeto y paridad de causa, reiterándose en ambos casos los mismos hechos, aduciendo en común la transgresión del deber de motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, así como normas que asisten al derecho a la libertad y los principios en el involucrados; y, 3) La acción de amparo constitucional es manifiestamente improcedente, pues de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la tutela es improcedente cuando el recurrente interpone dos recurso contra las mismas autoridades accionadas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abuso del recurso, por lo que corresponde se deniegue la tutela impetrada. Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del mismo Tribunal, a través de informe presentado el 29 de abril de 2022, constando a fs. 85 a 86, precisó: i) De la confusa acción tutelar planteada, no es posible dilucidar con claridad, cuáles serían los derechos presuntamente vulnerados, ya que el memorial es una mezcla de normativa y jurisprudencia desordenada, haciendo referencia al debido proceso pero no concreta en cual vertiente, presentado carencia argumentativa; ii) La resolución que emitió es clara en cuanto al cumplimiento del análisis del transcurso del tiempo y la actividad dilatoria en la que incurrió el hoy solicitante de tutela, lo que imposibilita pueda acogerse al beneficio de cesación a la detención preventiva, determinado de manera taxativa en el art. 239 última parte del CPP; iii) Actuó en el proceso en suplencia legal, por vacación judicial, habiéndose activa la presente acción en su contra de forma equivocada, pues a la fecha ya no ejerce la suplencia legal del Juzgado Tercero de Sentencia del departamento de Cochabamba, por cuanto no cuenta con competencia para modificar ningún aspecto del fallo emitido, por lo que el accionante debió accionar contra el titular de dicho juzgado, lo que motiva deba ser rechazada al ser improcedente; iv) El Tribunal de alzada ratificó la posición de dilación provocada por el acusado, actuando en el marco legal, pues la norma en cuestión refiere que procede siempre que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del imputado, por lo que no se vulnero ningún derecho; v) La parte accionante no fundamentó cuales “son las sub reglas que considera subsistentes” (sic), para que el Tribunal de garantías ingrese al fondo, habiéndose confundido a la jurisdicción constitucional como una etapa más del ámbito jurisdiccional máxime, cuando los reclamos que efectúa ya fueron realizados en su recurso de apelación, habiendo sido dilucidad por la Sala Penal; y, vi) La denuncia efectuada carece de relevancia constitucional, ya que las medidas cautelares son modificables en cualquier estado del proceso, además que su análisis no garantiza que la situación jurídica del acusado mejore o cambie, pues lo contrario significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia donde no se encuentren conformes las partes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías constitucionales que amerite la activación de una acción tutelar; argumentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada, al no haber vulneración alguna de derechos y al resultar improcedentes los aspectos reclamados.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 043/2022 de 3 de mayo, cursante de fs. 149 a 153, denegó la tutela; en base a los siguientes fundamentos: a) De la revisión de la prueba presentada, se verifica que el hoy accionante a través de un abogado sin mandato interpuso una anterior acción de libertad, la cual fue dirigida contra las mismas autoridades, versando sus fundamentos sobre los mismos hechos que ahora exponen, cuestionando el Auto Interlocutorio 62/2021-E de 16 de diciembre, que determina la improcedencia de la solicitud de referencia, remitiéndose igualmente al memorial de 17 de igual mes y año, relativo a la apelación incidental, y la emisión del Auto de Vista de 5 de enero de 2022, emitido por la Vocal entonces y ahora demandada, cuestionándose asimismo la falta de fundamentación y motivación de los aludidos fallos, observándose los mismos fundamentos que expone en este amparo constitucional, denunciándose la vulneración del debido proceso vinculado a la libertad, acción tutelar que fue resuelta mediante sentencia de 29 de marzo de 2022, por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, quien ingresó a resolver el fondo de los cuestionamientos, conforme se advierte de su Considerando II denegándose la tutela, resolución que por la fecha aún se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; y, b) No es posible ingresar a dilucidar los hechos denunciados, por cuanto el hoy accionante interpuso una anterior acción tutelar, actuando de manera temeraria al interponer esta segunda acción de defensa, sin esperar que la primera sea revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de tenerse previamente una resolución con calidad de cosa juzgada material, extremos que inviabilizan ingresar al fondo, pues de hacerlo se ingresaría a una duplicidad de resoluciones constitucionales no deseado por el orden constitucional, correspondiendo por ello la denegatoria al ser improcedente.
CONCLUSIONES
Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa una acción de libertad interpuesta por Marcial Marcelino Huanca en representación sin mandato de Freddy Orellana Sandy, contra Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y Sentencia Quinta; y, María Giovana Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en la que se cuestionan aspectos en torno al Auto 62/2021-E de 16 de diciembre, emitido por la Jueza demandada y el Auto de Vista 07/2022 de 5 de enero, pronunciada por la Vocal demandada, dictadas en merito a la solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo del núm. 3) del art. 239 del CPP, denunciando la vulneración de su derecho a la libertad, dignidad, inocencia y debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, a través de la cual se solicitó que al encontrarse recluido por más de dos años, superior al mínimo legal de la pena y con la finalidad de reparar sus derechos y garantías constitucionales se conceda la tutela y se disponga su libertad (fs. 66 a 73). II.2. Consta Resolución 02/2022 de 29 de marzo de 2022, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, constituido como Juez de garantías, quién denegó la tutela impetrada por el hoy accionante, señalando en lo más sobresaliente que la justicia constitucional no podía realizar un nuevo examen del Auto 62/2021-E de 16 de diciembre, emitido por la Jueza demandada y el Auto de Vista 07/2022 de 5 de enero, pronunciado por el Tribunal de alzada, en pleno y legal ejercicio de sus atribuciones y menos para establecer si se efectuó o no una correcta valoración de los antecedentes o motivos que fundaron su decisión de respecto a la determinación asumida en negar la cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante al amparo del art. 239.3) del CPP, siendo ello una facultad exclusiva de quienes conocen el proceso, por lo que el reclamo realizado que sería sobre el fondo del rechazo de la detención preventiva, no se encontraba vinculado con su derecho a la libertad y porque no se cumplieron los presupuestos para que se ingrese a la revisión de la legalidad ordinaria (fs. 75 a 83 vta.). III.3. Del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad de referencia fue recepcionada por esta instancia el 13 de abril de 2022, siendo signada con el número de expediente 46688-2022-94-AL, encontrándose a la fecha en espera de turno para sorteo.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; a recurrir, a la defensa, seguridad jurídica y, el principio de legalidad; alegando que solicito la cesación a su detención preventiva al amparo del inc. 3) del art. 239 del CPP, la cual fue rechazada por la Jueza ahora demandada, quién con consideraciones impertinentes e incongruentes, se apartó de las exigencias que demanda el núm. 3) del art. 239 del CPP, generando falta de fundamentación y motivación, determinación que al ser apelada fue resuelta por la Sala Penal Tercera compuesta por la Vocal codemandada, quién incurrió en el mismo aspecto, y pese a que declaró procedente en parte su recurso, no precisó respecto a que, ya que confirmó la Resolución apelada, sin darle posibilidad que pueda obtener su pretensión. Corresponde ahora analizar en revisión, verificar si tales extremos son evidentes fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que: «El Tribunal Constitucional mediante SC 0766/2010-R de 2 de agosto, confirmó la línea jurisprudencial ya trazada con anterioridad y a la luz de la nueva Constitución Política del Estado, señaló que la acción de amparo constitucional, conforme lo previsto por el art. 128 de la CPE, refiere que: “…otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos”. Por otra parte el art. 74.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), establece ciertas causales de improcedencia de esta acción, entre otras, determina que no procede: “Cuando se hubiere interpuesto anteriormente una acción constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado”; al respecto, la SC 0328/2010-R de 15 de junio, extrayendo los alcances de la identidad, ha determinado que: ‘…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es decir: a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo…’; ello implica que la presentación de un segundo o posterior recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, impide el ingreso al análisis de la problemática planteada, por cuanto supone que la misma ya fue analizada en una primera oportunidad habiendo sido resuelta mediante una resolución constitucional que tiene entre sus efectos la vinculatoriedad y por ende es irrevisable, adquiriendo la calidad de cosa juzgada constitucional. Asimismo la jurisprudencia constitucional, determinó como causal de improcedencia la identidad de sujeto, objeto y causa, así la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, determinó: ‘…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto’. En ese entendido, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada por la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, que cita a su vez otras Sentencias Constitucionales, indica que: ‘Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías’. Siguiendo el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, afirmó que: ‘…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material. En los casos en los que el juzgador que hubiera conocido el amparo, no hubiese observado todas las normas de procedimiento aplicables al recurso, los que se consideren perjudicados con esas omisiones podrán solicitar ante el mismo tribunal o juez del recurso formalmente sean subsanadas o, en su caso, denunciarlas en la instancia de revisión ante este Tribunal’.
(…) La jurisprudencia de este Tribunal ha definido claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha presentado una acción de defensa y ésta no ha concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, resulta ser temeraria, a cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado, de no actuar así se podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal error el legislador ha previsto las causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal debe declarar la improcedencia de la acción, denegando la tutela solicitada”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en la presente acción tutelar; alegando que tanto la Jueza demandada como el Tribunal de alzada, incurrieron en falta de fundamentación y motivación, pues con consideraciones impertinentes e incongruentes, se apartaron de las exigencias que demanda el núm. 3) del art. 239 del CPP, en torno al cual fue amparada su solicitud de cesación a la detención preventiva y pese a que la Vocal demandada, declaró en parte procedente su recurso, no precisó respecto a que, ya que confirmó la Resolución apelada, sin darle posibilidad que pueda obtener su pretensión.
Ahora bien, con carácter previo a ingresar a realizar cualquier consideración en torno a las problemáticas expuestas, resulta imperante aclarar que conforme bien alegan las autoridades demandadas, el hoy accionante interpuso con anterioridad una acción de libertad contra las mismas autoridades y bajo los mismos argumentos que ahora son motivo del presente amparo constitucional, concurriendo por ello la existencia de la triple identidad, ; se tiene de la revisión de los antecedentes procesales cursantes en obrados y del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, como evidente tal aspecto; sin embargo, pese a ello, resulta preponderante en el presente caso, De los antecedentes cursante en obrados, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 048/2021 de 26 de enero, la Jueza de Instrucción Penal Séptimo del departamento de Oruro, dispuso apartarse de la solicitud de detención preventiva impetrada por el representante del Ministerio Público, y aplicar medidas cautelares de carácter personal, con la relación a la hoy accionante, disponiendo que asista a despacho judicial y Ministerio Público para la firma de libro de presentaciones cada primero de mes; y, prohibición expresa de acercarse o tomar comunicación con las instituciones coadyuvantes y sus representantes, testigos, partícipes u otras personas que el Ministerio Público identifique para coadyuvar dentro la presente causa; y en la vía de complementación, estableció que conforme las boletas de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2020, que acredita que la ahora peticionante de tutela cumple funciones en el GAMO, ratificada por Certificación emitida por el Director de Gestión de Recursos Humanos de 5 de enero de 2021, deberá cumplir con la medida de restricción en cuanto a tomar comunicación con los responsables de dicha institución u otros que el Ministerio Público identifique, en la medida que no afecte su derecho al trabajo (Conclusión II.1).
Determinación que al ser objeto de apelación mereció la emisión del Auto de Vista 073/2021 de 26 de marzo, por el que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, compuesto por el Vocal demandado, en cuanto a la apelación de la parte víctima (Ministerio Público) declaró la procedencia en parte respecto a establecer la probabilidad de autoría de la hoy accionante, en los elementos constitutivos del tipo penal incumplimiento de deberes, confirmando el fallo apelado “con esos aspectos anteriormente mencionados” (sic); y, en la vía de complementación, dispuso además la medida de fianza personal en la suma de Bs. 1 500.- (Conclusión II.2).
Ahora bien, con carácter previo a ingresar a analizar la presente acción tutelar, es menester aclarar que de acuerdo al contenido del memorial de acción de amparo constitucional y la documental con la que cuenta este Tribunal –desglosada precedentemente-, se evidencia que la accionante funda su pretensión en hechos generados efecto de la imposición de medidas cautelares, los cuales se halla en estrecha vinculación con su derecho a la libertad.
A partir de los referidos antecedentes inherentes al expediente 42090-2021-85-AL, se evidencia que en el presente caso son de aplicación los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre la triple identidad como causal de inviabilidad de una acción de defensa con relación a otra; así, en el presente caso se tiene la identidad de sujetos, objeto y causa advertida respecto al citado expediente con la presente acción tutelar; dado que, en cuanto a los sujetos procesales, la referida acción tutelar fue interpuesta por Jorge José Valda Daza -peticionante de tutela- contra Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia y Gustavo Antonio Baldiviezo Sánchez, funcionario policial asignado al caso -ahora accionados en la presente acción de defensa-, denotando con ello identidad de los sujetos procesales, misma que si bien es parcial por cuanto en el expediente 42090-2021-85-AL se añadió a un sujeto procesal; empero, fue por otra actuación, lo que no invalida de ninguna forma la existencia de la identidad de sujetos conforme se tiene explicado en la jurisprudencia constitucional referida precedentemente; de igual manera, en cuanto a la causa se tiene que, en la señalada acción de libertad, así como también en la presente acción de defensa, se cuestiona como ilegal y vulneratorio a los derechos de la parte impetrante de tutela la emisión de una orden de aprehensión en su contra en contravención de procedimiento; puesto que, en ese momento el plazo para la etapa investigativa había concluido y se habría emitido el Auto de Control Jurisdiccional 289/2021 de 8 de julio, invocando asimismo en ambas acciones de defensa la Resolución 13/2021 de 10 de julio, que concedió a su vez la tutela en una primera acción de defensa planteada, de lo cual se concluye la existencia de identidad en la causa en ambas acciones de defensa; finalmente en lo que hace al objeto, de la verificación del petitorio y pretensión planteados por el impetrante de tutela en ambas acciones de defensa, se evidencia que al versar su petitorio en la presente acción en solicitar se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión librado por la Fiscal de Materia accionada en contravención de procedimiento; se ordene al Ministerio Público emita un requerimiento conclusivo de la etapa preliminar en el plazo de veinticuatro horas; y, el funcionario policial accionado cese la persecución en su contra, así como los actos investigativos fuera del control jurisdiccional; es evidente que existe identidad de objeto con relación al expediente 42090-2021-85-AL, pues en este último el petitorio es idéntico en sus puntos a), c) y d), conforme la descripción de dicha acción realizada ut supra. Así, del desarrollo efectuado precedentemente, que converge en los antecedentes del expediente 42090-2021-85-AL y la presente acción de defensa, es evidente la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa, lo que impide que se pueda ingresar a un análisis de fondo de lo cuestionado en la presente acción tutelar, bajo el entendido de que la interposición de una nueva acción de libertad con iguales fundamentos y contra las mismas autoridades accionadas, habiendo sido resuelto el primero y contar con un pronunciamiento definitivo -SCP 1058/2022-S2 de 22 de agosto-, implicaría incurrir en una duplicidad de Sentencias en cuanto a idénticos hechos invocados como lesivos; situación que en el caso concurre y es además sui géneris; dado que, el peticionante de tutela formuló esta acción de defensa el mismo día que había planteado la demanda constitucional correspondiente al referido expediente 42090-2021-85-AL, y se entiende que por esa razón o alguna otra circunstancia luego optó por retirar la demanda de la presente acción, pero cuando la etapa procesal para ello había ya vencido, denotando tal circunstancia en una falta de lealtad procesal al activar innecesariamente con dos acciones de defensa planteadas el mismo día y con la triple identidad expuesta, el aparato procesal previsto en la jurisdicción constitucional; correspondiendo por todo lo expuesto, denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de este punto de reclamo. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 43/2022 de 3 de mayo, cursante de fs. 149 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de las problemáticas jurídicas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0362_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
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