B.IA.LEGAL

SCP 0361/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 29 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
29 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
50918-2022-102-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso de Nulidad de Escritura Pública y Cancelación de Partida en DDRR, se emitió el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre; el cual, generó los siguientes agravios: 1) En su CONSIDERANDO I; señaló que, el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre, declaró probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, concordante con el art. 551 del CC, extremo falso; ya que, dicha resolución utilizó normas ajenas a la causa como es el art. 559 del CC referente a la anulabilidad; 2) En su CONSIDERANDO II, no existe un justificativo legal; por el que, se deba negarle el derecho de accionar el proceso de nulidad; consiguientemente, el recurso de casación no fue realizado dentro de las previsiones del art. 274.3 del CPC, no hace cita del error legal en el que podría haber incurrido el Auto de Vista 191/2021 de 20 de julio; por lo que, conforme el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 115/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 225 a 233, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0361/2024-S1 Sucre, 29 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50918-2022-102-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 115/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 225 a 233, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio Iturri Jiménez contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 21 de enero y 2 de marzo de 2022, cursantes de fs. 122 a 132; y, 135 a 142, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como socio activo en la Asociación Minero Metalúrgico, el año 2008 entró en posesión de un lote de terreno en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz, sector Minero Metalúrgicos; el año 2015, Ángel Tarifa Cabo interpuso una demanda de Reivindicación en su contra, utilizando la Escritura Pública 622/89 de 27 de marzo de 1989, de adjudicación definitiva de derecho propietario sobre un lote de terreno urbanizado, que confiere la Asociación de Profesionales y Técnicos del Sector Minero Metalúrgicos para la Vivienda; en dicho proceso, se realizó una inspección judicial en la Notaría de Fe Pública 50 del municipio de La Paz; de la cual, se pudo corroborar que el instrumento público 622/89, no corresponde a un protocolo original y válido; ya que, en los libros protocolares, con dicho número de protocolo se encuentra un distinto acto jurídico de Escritura Pública de transferencia definitiva de vivienda que otorga el Consejo Nacional de Vivienda para los esposos Mario Pérez Pinedo y Teresa López de Pérez; pese a la evidencia del documento irregular, la Jueza Pública Civil y Comercial Octavo de la capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 377/2017 de 14 de Julio, declarando probada la demanda de reivindicación; señalando que, la nulidad de Escritura Pública debe ser declarada judicialmente, sentencia que a la fecha no fue ejecutoriada y continúa el proceso en tramitación. Con dicha Sentencia el año 2018, se instauró una demanda de Nulidad de Escritura Pública y cancelación de partida en Derechos Reales (DDRR), ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo noveno de la capital del señalado departamento, en contra de María Eugenia Quiroga de Navarro Notaría de Fe Pública 50 del municipio de La Paz y Ángel Tarifa Cabo, acreditando su interés legal con dicha sentencia. La Notario de Fe Pública de la Notaría 50, envió informe en el cual; señaló que, la Escritura Pública 622/89 corresponde al acto Jurídico de "ESCRITURA PÙBLICA DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE VIVIENDA QUE OTORGA EL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS ESPOSOS, MARIO PEREZ PINEDO Y TERESA LOPEZ DE PEREZ" (sic); y no así, al documento que porta Ángel Tarifa Cabo; con el cual, le demandó previamente. El 16 de septiembre de 2019 se instauró la audiencia preliminar; en la cual, el demandado Ángel Tarifa Cabo, interpuso en audiencia la excepción de falta de legitimación pasiva; la cual, pese a haberse presentado fuera de término, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo noveno de la capital del indicado departamento, dio por probada, y rechazó la demanda por medio del Auto Interlocutorio Definitivo 281/2019 de 16 de septiembre, fallo sustentado en normas ajenas a la causa, utilizando como base de su fundamento el art. 559 del Código Civil (CC), que corresponde a la Anulabilidad de los contratos y no así a la nulidad que era el objeto de la demanda. Apelada dicha resolución, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, emitió la Resolución 326/2020 de 14 de agosto, anulando el Auto Interlocutorio Definitivo 281/2019, disponiendo que el juez a quo emita una nueva Resolución debidamente fundada, motivada y congruente; en consecuencia, el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno del citado departamento, emitió el Auto Interlocutorio 187/2020 de 11 de diciembre, declarando nuevamente probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda, recayendo nuevamente en el mismo error, justificando su fallo, una vez más, en el art. 559 del CC, utilizando nuevamente normas impertinentes a la causa, propias de la anulabilidad. Apelando nuevamente el Auto Interlocutorio 187/2020, esta fue derivada a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, la misma que emitió la Resolución 191/2021 de 20 de julio, declarando improbada la excepción de falta de legitimación y revocando el Auto Interlocutorio 187/2020. A la resolución 191/2021, el demandado Ángel Tarifa Cabo, interpuso recurso de Casación, el mismo que a todas luces no cumple con los requisitos señalados por el art. 274 de la norma adjetiva. Posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre -objeto de la presente acción de amparo constitucional- casó la Resolución 191/2021. Bajo el marco señalado precedentemente, denuncia que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, generó los siguientes agravios: a) En su CONSIDERANDO I; señaló que, el Auto Interlocutorio 187/2020 de 11 de diciembre, declaró probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, concordante con el art. 551 del CC, extremo falso; ya que, dicha resolución utilizó normas ajenas a la causa como es el art. 559 del CC referente a la anulabilidad; b) En su CONSIDERANDO II, no existe un justificativo legal por el que se deba negarle el derecho de accionar el proceso de nulidad; consiguientemente el recurso de casación no fue realizado dentro de las previsiones del art. 274.3 del Código de Procedimiento Civil (CPC), no hace cita del error legal en el que podría haber incurrido la Resolución 191/2021; por lo que, conforme al art. 277.I del CPC dicho recurso no debió ser admitido; c) En el título “En el fondo” (sic) señala: “...Manifestó que el demandante no tiene y no se encuentra legitimado para demandar por el simple hecho de haber perdido un proceso con la Escritura Pública No 622/89, por no haber acompañado documento alguno para refutar o desnaturalizar dicho instrumento público; aduce que, el presente recurso de casación en el fondo mencionó que el hecho de haber perdido una litis por imperio de la Escritura Pública 622/89, no le otorga legitimidad ad procesum, pues no ha demostrado con documento alguno en el proceso tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial 8º de La Paz, llegando a colegir que el demandante no tiene ni legitimación ad procesum ni legitimación ad causam, otorgándole el Tribunal de alzada de manera errónea la legitimación” (sic); sin indicar qué norma fue omitida o vulnerada por parte de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, en la resolución 191/2021, extremo requerido por el art. 274 del CPC, que fue infringido; d) Entra en un sinfín de incoherencias, tanto de apreciación como de relación de los hechos; ya que, confunden al demandado con el demandante, interpretando de manera maliciosa la realidad de la causa, siendo que los antecedentes que se encuentran en la Sentencia 377/2017 de 11 de julio, adjuntada a la demanda de nulidad que no fue analizada; e) Señala que, “el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública No 622/89; toda vez que, al no tener posesión del terreno, tampoco ser titular del inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo” (sic); extracto del cual, nace el fundamento para casar la Resolución 191/2021, denotando carencia de sindéresis para justificar su determinación; toda vez que, continúa en posesión del terreno objeto de la demanda de reivindicación de manera continuada desde 2008; y, la Sentencia de dicho proceso no está ejecutoriada; por lo que, existe un derecho subjetivo; y, f) Refiere que “...Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras circunstancias en las cuales, las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia, puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merecen ser enmendado” (sic), de donde se advierte que se reconoce su legitimación para accionar la nulidad, pero que se deben tomar otros puntos de vista, pero no indica cuáles normas, jurisprudencia, doctrina u otro similar, que deba aplicarse para tal efecto, el punto de vista que utiliza simplemente es desde la parcialidad y empatía contra el demandado, sin cumplir con lo exigido por el art. 220.IV del CPC para decidir que existían “momentos procesales oportunos” (sic), negando completamente la característica más importante de la nulidad, que es la imprescriptibilidad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alegó como vulnerados su derecho al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad, sin mencionar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que se anule el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, disponiendo que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emita una nueva Resolución debidamente fundamentada y coherente, aplicando el artículo 277.I del Código Procesal Civil.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual) de la presente acción de defensa, se celebró el 16 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 222 a 224 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso el contenido de la presente acción.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 216 a 218 vta., solicitó que se deniegue la tutela imperada por el solicitante de tutela; para lo cual, manifestó lo siguiente: 1) El Auto Supremo de Admisión, se limita a un cumplimiento de ciertos requisitos de admisibilidad que todo recurso debe contener; es decir, un análisis de forma, conforme el art. 277 con relación a los arts. 271, 272, 273 y 274 del CPC, procediéndose a la verificación si el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por la ley, si el recurrente cuenta con la legitimación procesal para recurrir del Auto de Vista, y si el recurso contiene agravios, los que según el recurso de casación interpuesto por el demandado Ángel Tarifa Cabo, están destinados a cuestionar la falta de legitimación del actor, para interponer la demanda de nulidad de la Escritura Pública 622/89 de 27 de marzo de 1989, a no ser parte de la suscripción de dicho instrumento público, a más de haber sido vencido en anterior proceso de reivindicación al no aportar prueba para refutar o desnaturalizar dicha escritura pública demandada de nulidad; 2) El Auto Supremo cuestionado a tiempo de describir los antecedentes del presente proceso, hizo referencia a la existencia de un anterior proceso de reivindicación sustanciado entre las partes -ahora contendientes-, incurriendo ciertamente en error involuntario al identificar como sujeto activo en aquella causa a Antonio Iturri Jiménez -ahora accionante-, cuando quien tuvo dicha calidad fue Ángel Tarifa Cabo, error que de ninguna manera implica ligereza en la emisión del Auto Supremo conforme acusa el impetrante de tutela, pues lo trascendental de la cita de dichos antecedentes radica en identificar los argumentos y las consecuencias del fallo emitido dentro de aquel proceso; es decir, las razones por las cuales el Juez Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de La Paz declaró probada la demanda, indicando que fue objeto de dicha determinación en consideración a que la Escritura Pública 622/89, base de la demanda de reivindicación del inmueble, resulta válida mientras no se declare su nulidad por resolución judicial, lo que implica que, el demandado Antonio Iturri Jiménez -ahora accionante- entregue el inmueble poseído a favor del demandante; 3) El peticionante de tutela señala que el Auto Supremo hubiera indicado que el actor no se encuentra en posesión del inmueble a efectos de sustentar su falta de interés legítimo para demandar la nulidad de la Escritura Pública 622/89, cuando el propio demandado reconoció su actual posesión, argumento desleal y deshonesto al descontextualizar el argumento de la Resolución hoy cuestionada, pues lo que se manifestó es que, “... el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública (...); toda vez que, al no tener la posesión del terreno, tampoco ser titular del bien inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo (...) más cuando no conserva ni la posesión, por la resolución del proceso de reivindicación en el que fue sometido...” (sic); es decir, que el recurrente ya no cuenta con la posesión del inmueble por efecto de la resolución emitida dentro del proceso de reivindicación que declaró probada la demanda incoada en su contra, siendo una situación ajena a la resolución emitida por éste Tribunal que dicha determinación no haya sido ejecutada materialmente en aquel proceso, encontrándose reatado el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, al análisis en mérito a la resolución recurrida de casación si el actor cuenta o no con la legitimación activa para la sustanciación de la causa; 4) Tampoco resulta evidente la falta de respaldo jurídico para casar el Auto de Vista, pues la resolución fundó su fallo en la interpretación del art. 551 del CC, y cita de la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 664/2014 de 06 de noviembre; por el que, se estableció que el parámetro para establecer la legitimación es la acreditación del derecho subjetivo que dependa directamente de la nulidad del acto jurídico acusado de nulo, esto en razón a que, en el supuesto de acogerse favorablemente la demanda y establecerse la nulidad del acto acusado de nulo, en nada varia la posición jurídica de Antonio Iturri Jiménez -ahora acciónate-respecto al bien inmueble, en cuyo mérito, al advertir éste Tribunal que el recurrente no demostró titularidad sobre el bien inmueble, al margen de no conservar la posesión en virtud al proceso de reivindicación incoada en su contra se estableció su falta de interés legítimo para accionar la nulidad de la Escritura Pública 622/89, decidiendo casar el Auto de Vista recurrido; no siendo que la resolución cuestionada no tenga respaldo jurídico, pues la misma se fundó en lo dispuesto por el art. 551 del CC, así como en la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo; y, 5) En cuanto a la valoración razonable o a la legalidad de la prueba bajo el principio de verdad material, el anterior proceso de reivindicación en el que el hoy recurrente fue vencido por el demandado Ángel Tarifa Cabo mediante la compulsa de la Escritura Pública 622/89, no lo habilita automáticamente para la pretensión de la nulidad en este proceso, pues dicha documental tiene todo el valor jurídico mientras no sea declarada judicialmente su nulidad. Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de figurar en el informe escrito presentado el 21 de abril de 2022, cursante de fs. 216 a 218 vta.; sin embargo, no suscribió el mismo.

I.2.3. Intervención del Tercero Interesado

Angel Tarifa Cabo, en su condición de tercero interesado, en la presente audiencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando lo siguiente: i) No es posible atender las pretensiones de un detentador precario, porque ni siquiera es poseedor del inmueble, ya que se lo venció con justa prueba en otro proceso y en este caso tampoco aportó ninguna prueba que le haga cambiar su titularidad o su situación de detentador, y perdió en dos instancias, pretendiendo ahora que la jurisdicción constitucional ingrese en una interpretación de legalidad ordinaria que no le corresponde y seguir obteniendo dilación en este proceso con el único fin de eludir la ejecución de cosa juzgada de otros procesos; y, ii) Ahora alega que el título es falso; ante lo cual, se debe cuestionar por qué los diferentes actos procesales durante varios años dejaron que se vaya consolidando en el tiempo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 115/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 225 a 233, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El objeto pretensional material de este caso es la Escritura Pública 622/89 de 27 de marzo de 1989, sobre una adjudicación definitiva de derecho de propiedad a favor de Ángel Tarifa Cabo, otorgado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Sector Minero Metalúrgicos para la Vivienda, donde Antonio Iturri Jiménez -ahora accionante- no tiene ninguna relación, no fue parte, no se constituyó en usufructuario, no se le reconoció algún derecho expectaticio; este documento de Escritura Pública de Adjudicación, no tiene, no evoca ni en pasado ni en futuro ninguna situación que haga establecer que el ahora solicitante de tutela, podría invocar un perjuicio con esta escritura y el hecho de que la acción de nulidad pueda ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo, esta ello no es una cláusula abierta discrecional, arbitraria; sino que, está supeditada al interés legítimo directamente vinculado al derecho subjetivo que pueda tener cualquier persona; b) Acusar de nulidad una escritura que no tiene consecuencia jurídica sobre el actor, se consideraría un atentado a la seguridad jurídica, pues el interés legítimo está vinculado a la legalidad, un interés simple no puede justificarse como un interés legítimo, un interés simple como el efecto ni siquiera de esta escritura al efecto de una resolución judicial, no puede confundirse con un interés legítimo y auto-arrogarse una legitimación procesal a través de la consecuencia de un razonamiento judicial; c) La pretensión de base no es dejar simplemente sin efecto esta escritura, sino que el ahora accionante pretende seguir cuestionando una disposición que dispone la reivindicación de un bien; d) De ninguna manera este Tribunal puede llegar a inferir que una persona que no fue parte de una escritura pública pueda señalar o arrogarse una legitimación activa vinculada a un interés legítimo; y, e) El Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, fue debidamente motivado y le otorga las razones claras, precisas y exactas al señalar que, al haber sido parte de un proceso de reivindicación, desarrolló y desplegó sus medios de defensa en aquel proceso y de ninguna manera un otro proceso ordinario podría constituirse en un medio de defensa o en otra instancia a efecto de paralizar o dejar sin efecto la decisión judicial asumida en otro proceso, entendiéndose que no existe por parte de los demandados vulneración a derecho alguno, como es el derecho a la motivación, fundamentación o congruencia de una resolución judicial.

II. CONCLUSION

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso de Nulidad de Escritura Pública y Cancelación de Partida en Derechos Reales, seguido por Antonio Iturri Jiménez -ahora impetrante de tutela- contra Ángel Tarifa Cabo y María Eugenia Quiroga de Navarro Notaria de Fe Pública 50.

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN En el marco de los argumentos del recurso de casación en análisis, se ingresa a resolver el recurso planteado con base en las siguientes consideraciones; aparte acusó en la forma: que el demandante sin ser parte en la Escritura Pública Nº 622/89 tiene legitimación para demandar su nulidad, sin acompañar prueba alguna en el proceso en el que se declaró probada la demanda en el Juzgado Público Civil y Comercial 8º de La Paz, siendo un detentador precario que avasalló su inmueble. En el fondo: manifestó que el demandante no tiene y no se encuentra legitimado para demandar por el simple hecho de haber perdido un proceso con la Escritura Pública Nº 622/89 de 27 de marzo, por no haber acompañado documento alguno para refutar o desnaturalizar dicho instrumento público. Conforme lo descrito en los agravios planteados que tienen por objeto cuestionar la legitimación del demandante para solicitar la nulidad del título, se otorgará respuesta única a los agravios descritos. En virtud a lo expuesto, para la comprensión del litigio se describirá los antecedentes que informan el proceso. Según la documentación adjunta, Antonio Iturri Jiménez señalo que, en el año 2015, instauró una demanda de reivindicación, contra Ángel Tarifa Cabo, sobre un terreno que poseía por más de 10 años, ante el Juzgado Público Civil y Comercial 8º de la ciudad de La Paz, demanda sustentada con documentación falsa, carente de legalidad, ya que los supuestos documentos de respaldo como la Escritura Pública Nº 622/89 de 27 de marzo, no son concordantes con la nueva realidad material en la cual se encontraba la zona, habiéndose emitido una sentencia en su contra; resolución que no ha buscado el fin máximo del derecho que es llegar a la verdad material de los hechos, y pese a todos los indicios que recaen sobre la Escritura Pública Nº 622/1989 de 27 de marzo, la Juez a cargo tomó como prueba plena y veraz para la reivindicación al inmueble, so pretexto de que la nulidad para que sea válida debe ser declarada judicialmente. La referida escritura pública correspondía a la transferencia definitiva de vivienda que otorgó el Consejo Nacional de Vivienda para trabajadores fabriles, constructores y gráficos “CONVIFACG” en favor de Mario Pineda y Teresa López, afirmó que dicho documento no existe en registros notariales, no existe de manera física en los libros notariales, y la Juez a cargo al emitir sentencia basada en dicha escritura pública en su contra perjudicó y transgredió su derecho al predio que poseía. Entonces, en resguardo y defensa de sus derechos vulnerados en el proceso de reivindicación, demandó la nulidad del referido documento. Ante esa pretensión el demandado opuso excepción de falta de legitimación, misma que mereció Resolución N° 187/2020 de 11 de diciembre, que declaro probada la falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda; misma que posteriormente fue revocado por el Auto de Vista, Nº 191/2021 por criterio en contrario. En ese contexto, a objeto de establecer la legitimación debemos recurrir al art. 551 del Código Civil, que señala: “La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo”, norma que fue interpretada por este Tribunal Supremo de Justicia en relación al interés legítimo para demandar la nulidad, que de acuerdo a la jurisprudencia plasmada en el Auto Supremo N° 664/2014 de 06 de noviembre, entre otros, orientó: “En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda. La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos”. Siendo el parámetro para establecer la legitimación, la observancia del derecho subjetivo que dependa directamente de la nulidad del acto jurídico acusado de nulo. Por consiguiente, el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública N° 622/89, toda vez que al no tener posesión del terreno, tampoco ser titular del bien inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo, de lo que se deduce que la presente demanda fue interpuesta por un tercero que no tiene la legitimación o interés para interponer la nulidad pretendida, ya que el demandante no ostenta un derecho subjetivo que dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, pues en el hipotético de establecer la nulidad del acto acusado, no se evidencia que se establezca de forma inmediata el derecho subjetivo, digno de protección, quedando invariable su posición jurídica respecto al bien inmueble, sin establecerse derecho sobre el mismo, más cuando no conserva ni la posesión, por la resolución del proceso de reivindicación en el que fue sometido; es decir, el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge de la nulidad del contrato, siendo menester demostrar idóneamente la titularidad del derecho que pretende prevalezca ante la nulidad del acto y que la misma se encuentre en pugna o colisión con los efectos generados por la Escritura Publica demandada de nulidad. Finalmente, en lo que respecta a la argumentación del actor planteada en el memorial de contestación al recurso de casación de fs. 200 y vta., con relación a la condición de la tercera edad, no se consideró la situación etaria del demandado para la decisión asumida, además que el demandante se encuentra en similar situación para tomar una posición de favorabilidad sobre alguno de ellos. Por otro lado, el hecho que en un anterior proceso fuese vencido en reivindicación por parte del demandado Ángel Tarifa Cabo mediante compulsa de la Escritura Publica Nº 622/89, no le habilita automáticamente para la pretensión de nulidad en este proceso, sin que acredite su interés legítimo, conforme se explicó anteriormente.Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras las circunstancias en las cuales las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia, puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merece ser enmendado. De lo expuesto, es admisible en parte los argumentos del recurso de casación, conclusión a la que arriba la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la doctrina señalada, y al ser evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde considerar el recurso deducido.

POR TANTO

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 191/2021 de 20 de julio, cursante de fs. 190 a 193 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, deliberando en el fondo, mantiene firme la determinación del Auto Interlocutorio Definitivo Nº 187/2020 de 11 de diciembre, cursante de fs. 156 a 158 de obrados (sic [fs. 118 a 121 vta.)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso de Nulidad de Escritura Pública y Cancelación de Partida en DDRR, se emitió el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre; el cual, generó los siguientes agravios: 1) En su CONSIDERANDO I; señaló que, el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre, declaró probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, concordante con el art. 551 del CC, extremo falso; ya que, dicha resolución utilizó normas ajenas a la causa como es el art. 559 del CC referente a la anulabilidad; 2) En su CONSIDERANDO II, no existe un justificativo legal; por el que, se deba negarle el derecho de accionar el proceso de nulidad; consiguientemente, el recurso de casación no fue realizado dentro de las previsiones del art. 274.3 del CPC, no hace cita del error legal en el que podría haber incurrido el Auto de Vista 191/2021 de 20 de julio; por lo que, conforme el art. 277.I del CPC, dicho recurso no debió ser admitido; 3) En el título “En el fondo” (sic) señala: “...Manifestó que el demandante no tiene y no se encuentra legitimado para demandar por el simple hecho de haber perdido un proceso con la Escritura Pública No 622/89 de 27 de marzo de 1989, por no haber acompañado documento alguno para refutar o desnaturalizar dicho instrumento público; aduce que, el presente recurso de casación en el fondo mencionó que el hecho de haber perdido una Litis por imperio de la Escritura Pública 622/89, no le otorga legitimidad ad procesum; pues, no ha demostrado con documento alguno en el proceso tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de La Paz, llegando a colegir que el demandante no tiene ni legitimación ad procesum ni legitimación ad causam, otorgándole el Tribunal de alzada de manera errónea la legitimación” (sic); sin indicar qué norma fue omitida o vulnerada por parte de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento en el Auto de Vista 191/2021, extremo requerido por el art. 274 del CPC, que fue infringido; 4) Entra en un sinfín de incoherencias, tanto de apreciación como de relación de los hechos; ya que, confunden al demandado con el demandante, interpretando de manera maliciosa la realidad de la causa; siendo que, los antecedentes que se encuentran en la Sentencia 377/2017 de 11 de julio, adjuntada a la demanda de nulidad que no fue analizada; 5) Señaló que, “el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública No 622/89; toda vez que, al no tener posesión del terreno, tampoco ser titular del inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo” (sic); extracto del cual, nace el fundamento para casar el Auto de Vista 191/2021, denotando carencia de sindéresis para justificar su determinación; toda vez que, continúa en posesión del terreno objeto de la demanda de reivindicación de manera continuada desde el 2008; y, la Sentencia de dicho proceso no está ejecutoriada; por lo que, existe un derecho subjetivo; y, 6) Refiere que, “...Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras circunstancias en las cuales las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien, en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia; puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merecen ser enmendados”(sic), de donde se advierte que se reconoce su legitimación para accionar la nulidad, pero que se deben tomar otros puntos de vista, pero no indica cuáles normas, jurisprudencia, doctrina u otro similar, que deba aplicarse para tal efecto, el punto de vista que utiliza simplemente es desde la parcialidad y empatía contra el demandado, sin cumplir con lo exigido por el art. 220.IV del CPC para decidir que existían “momentos procesales oportunos” (sic), negando completamente la característica más importante de la nulidad, que es la imprescriptibilidad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin inicialmente se verificará: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar 1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

la labor de los administradores de justicia (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso de Nulidad de Escritura Pública y Cancelación de Partida en DDRR, se emitió el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre; el cual, generó los siguientes agravios: 1) En su CONSIDERANDO I; señaló que, el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre, declaró probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, concordante con el art. 551 del CC, extremo falso; ya que, dicha resolución utilizó normas ajenas a la causa como es el art. 559 del CC referente a la anulabilidad; 2) En su CONSIDERANDO II, no existe un justificativo legal; por el que, se deba negarle el derecho de accionar el proceso de nulidad; consiguientemente, el recurso de casación no fue realizado dentro de las previsiones del art. 274.3 del CPC, no hace cita del error legal en el que podría haber incurrido el Auto de Vista 191/2021 de 20 de julio; por lo que, conforme el art. 277.I del CPC, dicho recurso no debió ser admitido; 3) En el título “En el fondo” (sic) señaló: “...Manifestó que el demandante no tiene y no se encuentra legitimado para demandar por el simple hecho de haber perdido un proceso con la Escritura Pública No 622/89 de 27 de marzo de 1989, por no haber acompañado documento alguno para refutar o desnaturalizar dicho instrumento público; aduce que, el presente recurso de casación en el fondo mencionó que el hecho de haber perdido una Litis por imperio de la Escritura Pública 622/89, no le otorga legitimidad ad procesum; pues, no ha demostrado con documento alguno en el proceso tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de La Paz, llegando a colegir que el demandante no tiene ni legitimación ad procesum ni legitimación ad causam, otorgándole el Tribunal de alzada de manera errónea la legitimación” (sic); sin indicar qué norma fue omitida o vulnerada por parte de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, en el Auto de Vista 191/2021, extremo requerido por el art. 274 del CPC, que fue infringido; 4) Entra en un sinfín de incoherencias, tanto de apreciación como de relación de los hechos; ya que, confunden al demandado con el demandante, interpretando de manera maliciosa la realidad de la causa; siendo que, los antecedentes que se encuentran en la Sentencia 377/2017 de 11 de julio, adjuntada a la demanda de nulidad que no fue analizada; 5) Señaló que, “el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública No 622/89; toda vez que, al no tener posesión del terreno, tampoco ser titular del inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo” (sic); extracto del cual, nace el fundamento para casar el Auto de Vista 191/2021, denotando carencia de sindéresis para justificar su determinación; toda vez que, continúa en posesión del terreno objeto de la demanda de reivindicación de manera continuada desde el 2008; y, la Sentencia de dicho proceso no está ejecutoriada; por lo que, existe un derecho subjetivo; y, 6) Refiere que, “...Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras circunstancias en las cuales las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien, en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia; puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merecen ser enmendados” (sic), de donde se advierte que se reconoce su legitimación para accionar la nulidad, pero que se deben tomar otros puntos de vista, pero no indica cuáles normas, jurisprudencia, doctrina u otro similar, que deba aplicarse para tal efecto, el punto de vista que utiliza simplemente es desde la parcialidad y empatía contra el demandado, sin cumplir con lo exigido por el art. 220.IV del CPC para decidir que existían “momentos procesales oportunos” (sic), negando completamente la característica más importante de la nulidad, que es la imprescriptibilidad. Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que: el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso de nulidad de Escritura Pública y cancelación de partida en DDRR, seguido por Antonio Iturri Jiménez -ahora accionante- contra Ángel Tarifa Cabo y María Eugenia Quiroga de Navarro Notaria de Fe Pública 50 del municipio de La Paz, en su parte resolutiva casa el Auto de Vista 191/2021 de 20 de julio, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento y, deliberando en el fondo, mantiene firme la determinación del Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre (Conclusión II.1). Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra, el reclamo formulado por el impetrante de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración a los derechos invocados por el peticionante de tutela. Con relación a la primera problemática El solicitante de tutela señaló que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, en su CONSIDERANDO I; señaló que, el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre, declaró probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, concordante con el art. 551 del CC, extremo falso; ya que, dicha resolución utilizó normas ajenas a la causa como es el art. 559 del CC referente a la anulabilidad. De la revisión del “CONSIDERANDO I” del Auto Supremo 873/2021, se advierte que el mismo señaló lo siguiente:

CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO (…) 2. Resolución que al haber sido recurrida en apelación por la parte demandante mediante memorial cursante de fs. 117 a 120, la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 326/2020 de 14 de agosto, cursante de fs. 136 a 137 vta., de obrados que ANULA la Resolución N° 281/2019 de 16 de septiembre, disponiendo que la autoridad judicial A quo emita una nueva resolución debidamente fundada, motivada y congruente; emitido el nuevo Auto Interlocutorio Definitivo Nº 187/2020 de 11 de diciembre, cursante de fs. 156 a 158, donde el Juez Público Civil y Comercial 29° de La Paz declaró PROBADA la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, concordante con el art. 551 del Código Civil; habiéndose recurrido en apelación por la parte demandante mediante memorial cursante de fs. 165 a 166 vta., la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 191/2021 de 20 de julio, cursante de fs. 190 a 193, de obrados, por el cual REVOCA la Resolución Nº 187/2020 de 11 de diciembre, cursante de fs. 156 a 158 de obrados, disponiendo en consecuencia IMPROBADA la excepción de falta de legitimación opuesta en la audiencia preliminar por el demandado Ángel Tarifa Cabo, debiendo el juzgador continuar con la tramitación del proceso, alegando que de la revisión de la Resolución N° 187/2020 de 11 de diciembre, en el acápite III.2. Motivación Fáctica, hace mención a cuatro supuestos de falta de legitimación, adecuando al punto 1): “cuando el actor o el demandado no son titulares de la relación jurídico-substancial”, sin tomar en cuenta que la acción de nulidad, también puede ser instaurada por cualquier persona que tenga un interés legítimo así lo prevé el art. 551 del Código Civil, de lo que es evidente la incongruencia en la que recae el Juzgador, toda vez que inobserva los hechos que motivaron al actor a interponer la demanda de nulidad; estableciéndose que no existe aquel hilo conductor entre lo demandado, la excepción opuesta y lo resuelto en el Auto Definitivo (sic [el subrayado es nuestro]). Al respecto, si bien es evidente que el referido Auto Supremo refiere que el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre, que declaró probada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo, estableció una concordancia con el art. 551 del CC, cuando la referida Resolución en realidad se refirió al art. 559 del CC; sin embargo, no se puede dejar de lado que esta consideración se relaciona con el acápite de la descripción de los antecedentes del proceso, que se constituye en un marco descriptivo que no merece ser compulsado; toda vez que, el mismo no se considera parte de la resolución; por lo que, este aspecto resulta irrelevante y no es suficiente para determinar que se afectó a los derechos invocados por el ahora accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.

Con relación a la segunda y tercera problemática Por didáctica constitucional se procederá a efectuar el análisis de la segunda y tercera problemática por encontrarse estrechamente relacionadas. De una parte, la segunda problemática refiere que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, en su CONSIDERANDO II; señaló que, no existe un justificativo legal por el que, se deba negarle el derecho de accionar el proceso de nulidad; consiguientemente, el recurso de casación no fue realizado dentro de las previsiones del art. 274.3 del CPC, no hace cita del error legal en el que podría haber incurrido el Auto de Vista 191/2021, por lo que, conforme el art. 277.I del CPC dicho recurso no debió ser admitido. De otra parte, en la tercera problemática señala que el impetrante de tutela, indica que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, en el título “En el fondo” (sic) señala: “...Manifestó que el demandante no tiene y no se encuentra legitimado para demandar por el simple hecho de haber perdido un proceso con la Escritura Pública No 622/89, por no haber acompañado documento alguno para refutar o desnaturalizar dicho instrumento público; aduce que, el presente recurso de casación en el fondo mencionó que el hecho de haber perdido una Litis por imperio de la Escritura Pública 622/89, no le otorga legitimidad ad procesum, pues no ha demostrado con documento alguno en el proceso tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de La Paz, llegando a colegir que el demandante no tiene ni legitimación ad procesum ni legitimación ad causam, otorgándole el Tribunal de alzada de manera errónea la legitimación” (sic), sin indicar qué norma fue omitida o vulnerada por parte de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, en el Auto de Vista 191/2021, extremo requerido por el art 274 del CPC, que fue infringido. Al respecto, fue el Auto Supremo 785/2021-RA de 6 de septiembre, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dentro el proceso de nulidad de escritura pública y cancelación de partida en DDRR seguido por Antonio Iturri Jiménez contra Ángel Tarifa Cabo y la Notaría de Fe Pública 50 a cargo de María Eugenia Quiroga de Navarro, el que consideró los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en función al art. 277 con relación a los arts. 271, 272, 273 y 274 del CPC. De donde se advierte que el agravio reclamado por el ahora peticionante de tutela se encuentra relacionado con el Auto Supremo 785/2021-RA; el cual, admitió el referido recurso. Ahora bien, conforme se tiene del petitorio del memorial de subsanación de la presente acción de amparo constitucional de 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 135 a 142, dicha Resolución no fue reclamada en la presente acción tutelar, sino el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre; el cual, no consideró los referidos requisitos de admisibilidad del recurso de casación; por lo que, no corresponde ingresar al fondo de la presente problemática, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Con relación a la cuarta problemática El solicitante de tutela señaló que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, entra en un sinfín de incoherencias, tanto de apreciación como de relación de los hechos; ya que, confunden al demandado con el demandante, interpretando de manera maliciosa la realidad de la causa, siendo que los antecedentes que se encuentran en la Sentencia 377/2017 de 11 de julio, adjuntada a la demanda de nulidad que no fue analizada. De la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional se advierte que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, en el “CONSIDERANDO IV” referido a los fundamentos de la resolución, señaló lo siguiente:

… Según la documentación adjunta, Antonio Iturri Jiménez señalo que, en el año 2015, instauró una demanda de reivindicación, contra Ángel Tarifa Cabo, sobre un terreno que poseía por más de 10 años, ante el Juzgado Público Civil y Comercial 8º de la ciudad de La Paz…(sic). Al respecto, efectivamente se advierte que existe un error en la identificación del sujeto activo del proceso ordinario sobre reivindicación y entrega de inmueble; toda vez que, el mismo fue seguido por Ángel Tarifa Cabo contra Antonio Iturri Jiménez; y no así por este último contra el primero; sin embargo, dicho lapsus no es suficiente para determinar que las autoridades ahora demandadas interpretaron de manera maliciosa la realidad de la causa; además que, no incide en el fondo del asunto; por lo que, dicho error no merece ser considerado por carecer de pertinencia, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Con relación a la quinta problemática El accionante refiere que, el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, señala que “el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública 622/89; toda vez que, al no tener posesión del terreno, tampoco ser titular del inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo”; extracto del cual, nace el fundamento para casar el Auto de Vista 191/2021 de 20 de julio, denotando carencia de sindéresis para justificar su determinación; toda vez que, continúa en posesión del terreno objeto de la demanda de reivindicación de manera continuada desde el 2008; y, la Sentencia de dicho proceso no está ejecutoriada; por lo que, existe un derecho subjetivo.

Al respecto, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, señala que: “la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto; en el cual, está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica; en la cual, se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual, se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador”. Precisado el marco jurisprudencial, nos remitiremos a los fundamentos vertidos por las autoridades demandadas, en el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, que al respecto señaló lo siguiente:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En el marco de los argumentos del recurso de casación en análisis, se ingresa a resolver el recurso planteado con base en las siguientes consideraciones; aparte acusó en la forma: que el demandante sin ser parte en la Escritura Pública Nº 622/89 tiene legitimación para demandar su nulidad, sin acompañar prueba alguna en el proceso en el que se declaró probada la demanda en el Juzgado Público Civil y Comercial 8º de La Paz, siendo un detentador precario que avasalló su inmueble. En el fondo: manifestó que el demandante no tiene y no se encuentra legitimado para demandar por el simple hecho de haber perdido un proceso con la Escritura Pública Nº 622/89 de 27 de marzo, por no haber acompañado documento alguno para refutar o desnaturalizar dicho instrumento público. Conforme lo descrito en los agravios planteados que tienen por objeto cuestionar la legitimación del demandante para solicitar la nulidad del título, se otorgará respuesta única a los agravios descritos.

En virtud a lo expuesto, para la comprensión del litigio se describirá los antecedentes que informan el proceso. Según la documentación adjunta, Antonio Iturri Jiménez señalo que, en el año 2015, instauró una demanda de reivindicación, contra Ángel Tarifa Cabo, sobre un terreno que poseía por más de 10 años, ante el Juzgado Público Civil y Comercial 8º de la ciudad de La Paz, demanda sustentada con documentación falsa, carente de legalidad, ya que los supuestos documentos de respaldo como la Escritura Pública Nº 622/89 de 27 de marzo, no son concordantes con la nueva realidad material en la cual se encontraba la zona, habiéndose emitido una sentencia en su contra; resolución que no ha buscado el fin máximo del derecho que es llegar a la verdad material de los hechos, y pese a todos los indicios que recaen sobre la Escritura Pública Nº 622/1989 de 27 de marzo, la Juez a cargo tomó como prueba plena y veraz para la reivindicación al inmueble, so pretexto de que la nulidad para que sea válida debe ser declarada judicialmente. La referida escritura pública correspondía a la transferencia definitiva de vivienda que otorgó el Consejo Nacional de Vivienda para trabajadores fabriles, constructores y gráficos “CONVIFACG” en favor de Mario Pineda y Teresa López, afirmó que dicho documento no existe en registros notariales, no existe de manera física en los libros notariales, y la Juez a cargo al emitir sentencia basada en dicha escritura pública en su contra perjudicó y transgredió su derecho al predio que poseía. Entonces, en resguardo y defensa de sus derechos vulnerados en el proceso de reivindicación, demandó la nulidad del referido documento.

Ante esa pretensión el demandado opuso excepción de falta de legitimación, misma que mereció Resolución N° 187/2020 de 11 de diciembre, que declaro probada la falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda; misma que posteriormente fue revocado por el Auto de Vista, Nº 191/2021 por criterio en contrario.

En ese contexto, a objeto de establecer la legitimación debemos recurrir al art. 551 del Código Civil, que señala: “La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo”, norma que fue interpretada por este Tribunal Supremo de Justicia en relación al interés legítimo para demandar la nulidad, que de acuerdo a la jurisprudencia plasmada en el Auto Supremo N° 664/2014 de 06 de noviembre, entre otros, orientó: “En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda. La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos”. Siendo el parámetro para establecer la legitimación, la observancia del derecho subjetivo que dependa directamente de la nulidad del acto jurídico acusado de nulo.

Por consiguiente, el demandante al momento de interponer la presente demanda de nulidad, no demostró derecho alguno sobre el bien inmueble y, por ende, tampoco acreditó interés legítimo para pretender la nulidad de la Escritura Pública N° 622/89, toda vez que al no tener posesión del terreno, tampoco ser titular del bien inmueble, no cuenta con derecho subjetivo que pueda ser la base de partida para demostrar su interés legítimo, de lo que se deduce que la presente demanda fue interpuesta por un tercero que no tiene la legitimación o interés para interponer la nulidad pretendida, ya que el demandante no ostenta un derecho subjetivo que dependa inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, pues en el hipotético de establecer la nulidad del acto acusado, no se evidencia que se establezca de forma inmediata el derecho subjetivo, digno de protección, quedando invariable su posición jurídica respecto al bien inmueble, sin establecerse derecho sobre el mismo, más cuando no conserva ni la posesión, por la resolución del proceso de reivindicación en el que fue sometido; es decir, el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge de la nulidad del contrato, siendo menester demostrar idóneamente la titularidad del derecho que pretende prevalezca ante la nulidad del acto y que la misma se encuentre en pugna o colisión con los efectos generados por la Escritura Publica demandada de nulidad.

Finalmente, en lo que respecta a la argumentación del actor planteada en el memorial de contestación al recurso de casación de fs. 200 y vta., con relación a la condición de la tercera edad, no se consideró la situación etaria del demandado para la decisión asumida, además que el demandante se encuentra en similar situación para tomar una posición de favorabilidad sobre alguno de ellos. Por otro lado, el hecho que en un anterior proceso fuese vencido en reivindicación por parte del demandado Ángel Tarifa Cabo mediante compulsa de la Escritura Publica Nº 622/89, no le habilita automáticamente para la pretensión de nulidad en este proceso, sin que acredite su interés legítimo, conforme se explicó anteriormente.

Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras las circunstancias en las cuales las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia, puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merece ser enmendado.

De lo expuesto, es admisible en parte los argumentos del recurso de casación, conclusión a la que arriba la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de la doctrina señalada, y al ser evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde considerar el recurso deducido (sic [el subrayado es nuestro]). De lo expuesto se evidencia que la cuestionada Resolución, se refirió al art. 551 del CC para referirse al “interés legítimo”, el cual señala lo siguiente:

ARTÍCULO 551. (PERSONAS QUE PUEDEN DEMANDAR LA NULIDAD)

La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo. Además de señalar al Auto Supremo N° 664/2014 de 06 de noviembre; a través de la cual, el Tribunal Supremo de Justicia interpretó el referido artículo, al señalar:

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda. La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos (sic). Estableciendo dicho Auto Supremo como el parámetro para establecer el interés legítimo normado por el ya mencionado art. 551 del CC, señalando que dicho interés legítimo está limitado al interés personal que emerge de la nulidad del contrato, siendo menester demostrar idóneamente la titularidad del derecho que pretende prevalezca ante la nulidad del acto y que la misma se encuentre en pugna o colisión con los efectos generados por la Escritura Pública demandada de nulidad, aspectos que el demandante al momento de interponer la demanda de nulidad, no demostró. Del análisis realizado; se tiene que, se efectuó una adecuada explicación a efectos de comprender el alcance del referido artículo en la aplicación del caso concreto; extremos que, ponen de manifiesto que la aludida Resolución cuenta con una suficiente fundamentación y motivación, no siendo evidente la carencia de sindéresis para justificar la determinación arribada; toda vez que, tal como señala el Auto Supremo cuestionado, el solicitante de la demanda de nulidad no demostró estar en posesión del terreno objeto de una anterior demanda de reivindicación, ni contar con la titularidad del derecho que pretende prevalezca; por lo que, al no advertirse el derecho subjetivo alegado por el ahora impetrante de tutela; corresponde en consecuencia denegar la tutela con relación a la falta de fundamentación y motivación como elementos del debido proceso. Con relación a la sexta problemática El peticionante de tutela indica que el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, refiere que “...Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras circunstancias en las cuales las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia, puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merecen ser enmendados” (sic), de donde se advierte que se reconoce su legitimación para accionar la nulidad, pero que se deben tomar otros puntos de vista, pero no indica cuáles normas, jurisprudencia, doctrina u otro similar, que deba aplicarse para tal efecto, el punto de vista que utiliza simplemente es desde la parcialidad y empatía contra el demandado, sin cumplir con lo exigido por el art. 220.IV del CPC para decidir que existían “momentos procesales oportunos” (sic), negando completamente la característica más importante de la nulidad, que es la imprescriptibilidad. De lo descrito en la presente problemática se advierte que el ahora solicitante de tutela reclama la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación. Al respecto el Auto Supremo cuestionado señaló lo siguiente:

Con relación a lo actuado en aquel proceso de reivindicación el actual demandante tuvo los medios legales a su alcance para hacer valer sus derechos, en los momentos procesales oportunos, ahora son otras las circunstancias en las cuales las partes están activando sus derechos conforme a procedimiento y la norma, y si bien en esta resolución se optó por revertir la determinación de los juzgadores de instancia, puesto que, conforme se examinó el interés legítimo del actor, en obrados se han constatado hechos no advertidos por el Tribunal Ad-quem, que merece ser enmendado (sic). De lo expuesto en el párrafo descrito a manera de conclusión, se entiende que se refiere a los medios legales que tuvo el ahora accionante en una anterior demanda de reivindicación y entrega de inmueble para hacer valer sus derechos en momentos procesales oportunos y que en el actual proceso de nulidad de escritura pública y cancelación de partida en DDRR, si bien la Auto de Vista 191/2021 emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 102 a 105 del expediente), revocó el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre, declarando improbada la excepción de falta de legitimación o interés legítimo; sin embargo, se advirtieron hechos no advertidos por la referida Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, lo que se traduce en la parte resolutiva del Auto Supremo 873/2021 que casa el Auto de Vista 191/2021 de 20 de julio y mantiene firme el Auto Interlocutorio Definitivo 187/2020 de 11 de diciembre (fs. 87 a 89 del expediente). Al respecto, del análisis del referido párrafo del Auto Supremo ahora cuestionado, no se advierte el reconocimiento de la legitimación del ahora accionante para accionar la nulidad, como tampoco se hace referencia a “que se deben tomar otros puntos de vista” (sic), ni relación alguna con el art. 220.IV del CPC, menos aún que se haya negado la imprescriptibilidad de la nulidad; toda vez que, como se expuso en la anterior problemática, el Auto Supremo 873/2021 de 4 de octubre, contiene la debida fundamentación y motivación, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en relación a los principios de seguridad jurídica y legalidad el ahora accionante no explicó cómo la resolución cuestionada incurrió en la vulneración de dichos principios, como tampoco los relacionó con algún derecho; por lo que, al no evidenciarse la lesión de los mismos, también corresponde denegar la tutela solicitada.

Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 115/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 225 a 233, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y legalidad, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0361_2024-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): ee8f988de1ea624548a0c1a04c8a0e1bf5ade02cd8138632459f57dad7358f5a

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