Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 16 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como legalidad y aplicación objetiva de la ley; acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; y, a la vivienda; alegando que dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública por manifiesta falsedad e ilicitud, sustanciado en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitaron la medida prohibición de innovar y contratar, que fue deferida inicialmente por Autos Interlocutorios de 11 y 27 de ambos enero de 2021. Empero, ante la apelación formulada por Dora Graciela Villazón, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, disponiendo revocar totalmente el Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021 y su complementario de 27 de igual mes y año, rechazando el pedido de aplicación de la medida cautelar específica, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, aplicando erróneamente el art. 400 del CPC, que es viable solo para procesos ejecutivos; sin contestar además nada en cuanto a los argumentos vertidos en la contestación de la apelación. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 042/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 722 a 732, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente en relación a los derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, respecto al Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, emitido por los Vocales demandados, respecto a los Autos Interlocutorios de 11 y 27 de enero de 2021; en iguales términos a la Sala Constitucional precitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela en lo referente al Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, dictado por los Vocales demandados, en cuanto al Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021; así como en lo inherente a la denuncia de vulneración del derecho a la vivienda, por las razones desarrolladas en la última parte del presente fallo constitucional plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0361/2023-S2 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 47438-2022-95-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 042/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 722 a 732, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Luisa Rioja de Vidal y Pedro Aurelio Vidal Cavero contra Juan Edgar Balderrama Balderrama y Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 161 a 182 vta., los accionantes expresaron lo siguiente:
Son propietarios de un bien inmueble adquirido en virtud a un trámite judicial de usucapión seguido ante el Juzgado de Partido Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, que concluyó con la emisión de la Sentencia de 8 de abril de 2013, que declaró probada la demanda, estableciendo como propietaria del inmueble ubicado en la Urbanización Pacata Alta “IVS-EXFONVIS”, manzano R-17 B, en la av. Ramón Espinoza s/n, Distrito 1, subdistrito No. 26, zona Mesadilla, manzana 110, con extensión superficial de 248.14 m², a María Luisa Rioja de Vidal; fallo ejecutoriado que fue inscrito en el registro de Derechos Reales (DD.RR.), bajo matrícula computarizada 3.10.1.01.0045967, el 11 de junio de 2014, en el asiento A-1. Destacando que, sobre su predio existe otro registro en DD.RR., inscrito a nombre de Dora Graciela Villazón, bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0003048, adquirido a título de adjudicación en remate dentro del proceso ejecutivo instaurado por Juan Carlos Ferreira Villa contra Silvia Adriana Maldonado Villazón, en etapa de ejecución en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital de ese Departamento, consignado en el sistema “IANUS” con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 200634951. Resalta que, habiéndose rematado el bien inmueble a Silvia Adriana Maldonado Villazón, en virtud a un título falso inscrito en DD.RR., a nombre de Wilson Hermosa Gonzales; falsedad que fue declarada mediante Informe E/2021-11924/INF/MOPS/VMVU/UET/EJ 0157/2021 de 17 de septiembre, expedido por la Unidad Ejecutoria de Titulación del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda; formularon proceso ordinario de nulidad de escritura pública por manifiesta falsedad e ilicitud, sustanciado en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, cuyo titular, dispuso por Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021, la prohibición de innovar, ordenando a su vez la notificación al Juzgado similar Vigesimoprimero de la Capital del departamento citado y a DD.RR. En el mencionado Juzgado, se expidió un mandamiento de desapoderamiento del lote 17, mismo que ellos se encuentran en posesión y tienen constituida su vivienda; por lo que, dentro de la causa ordinaria, la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento referido, en virtud a los memoriales de 12 y “20” de noviembre; y, 4 y 14 de diciembre, todos de 2020, determinó como medida cautelar la prohibición de innovar entre tanto se resuelva la misma. En dicho proceso, que es doble, requirieron la nulidad de la escritura pública de Wilson Hermosa Gonzales y la cancelación de los demás registros; por otra parte, en la acción reconvencional de Dora Graciela Villazón, se demandó la reivindicación y mejor derecho propietario, pidiendo la entrega del bien que ocupan. Contra el fallo que determinó la prohibición de innovar y contratar, la hoy tercera interesada Dora Graciela Villazón, planteó recurso de apelación radicado ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que emitió el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, revocando de forma total el Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021 y su complementario de 27 de ese mes y año, rechazando el pedido de aplicación de medida cautelar. Por último, el 17 de febrero de 2022, dentro del proceso ejecutivo seguido ante el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento mencionado, la tercera interesada antes mencionada requirió la actualización del mandamiento de desapoderamiento, lo que fue concedido por Auto de 22 de igual mes y año, siendo extendido y entregado el 27 de marzo de similar año; lo que los pone en un estado de indefensión ante el peligro inminente de afectación de su derecho a la vivienda emergiendo dicho mandamiento de un título falso. Señalándose de otro lado, en el Juzgado de la materia Décimo de la Capital del departamento citado, audiencia preliminar para el 26 de mayo del mismo año, en la que la justicia ordinaria “…decidirá el conflicto legal, que ocupa a las partes procesales” (sic).
En ese orden, pese a que su pedido de prohibición de innovar fue sustentado en que el título que ostenta Dora Graciela Villazón, devendría de un registro falso, existiendo dos propietarios inscritos en DD.RR., en disputa, que se sobreponen al mismo inmueble, siendo necesaria la protección de su derecho a la vivienda; lo que fue deferido inicialmente en su favor a través de Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021, por la constancia de derechos controvertidos sobre el inmueble motivo de la litis; la tercera interesada formuló los recursos de apelación de 25 de enero y 19 de febrero de igual año, que fueron contestados de su parte mediante memorial presentado el 5 de marzo de similar año; constando, al respecto, la emisión del Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, que no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado, resultando incongruente y arbitrario, limitándose a observar simplemente “…la diferencia de datos técnicos en cuanto al derecho propietario…” (sic), omitiendo motivar el por qué decidió no proteger el derecho a la vivienda, efectuando una compulsa parcial de los hechos sometidos a su juzgamiento, sin resolver la respuesta que presentaron a las alzadas. En ese marco, tampoco mencionó por qué la prueba que aportaron a sus memoriales de 12 y 20 de noviembre de 2020, no generó la convicción en cuanto al peligro existente, habiéndose acompañado la orden de desapoderamiento y la prueba que acredita que el inmueble del proceso se constituye en su vivienda, no habiéndole asignado valor probatorio. Aludió entre otros aspectos que, el Tribunal de apelación consideró que la fase de ejecución no podría ser paralizada conforme al art. 400.I del Código Procesal Civil (CPC); empero, de los datos del proceso ordinario se tendría que emerge como consecuencia de un acto ilícito, “UNA FALSEDAD”, que inclusive la norma procesal civil contempla como causal de suspensión de la ejecución en el parágrafo II de esa norma; a más que la misma rige al proceso ejecutivo y no puede aplicarse como restricción a la aplicación de medidas cautelares en un proceso ordinario. A más de ello, se indicaría que “…se trataría de dos derechos propietarios distintos…” (sic), ingresando en cuestiones de fondo que no eran el objeto de la apelación, siendo el argumento para motivar la medida de prohibición de innovar la existencia de derechos en disputa. Finalmente, refirió que el Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, en el proceso ordinario, resolvió rechazar la petición de no extender comisión instruida y/o testimonio con la medida de prohibición de innovar y contratar, así como la nulidad de la notificación al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento citado; fallo contra el que Dora Graciela Villazón planteó recurso de apelación reiterando los argumentos vertidos en la alzada de las medidas cautelares, indicando que sería una decisión carente de motivación y fundamentación que afecte su derecho propietario. Al respecto, se emitió otro Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, estableciendo que el punto neurálgico de la alzada recaía en la orden emitida por la Jueza de la causa disponiendo la aplicación de las cauciones de prohibición de innovar y contratar y los trámites pendientes a esas medidas notificadas a DD.RR.; por lo que, al ser dejadas sin efecto, no ameritaba mantenerse vigentes los trámites inherentes a estas; siendo innegable que el Tribunal de apelación dictó un fallo incongruente, siendo que la decisión cuestionada se hallaba vinculada a otra petición, resultando distinta a las relacionadas con la aplicación de medidas cautelares.
Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como legalidad y aplicación objetiva de la ley; acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; y, a la vivienda; citando al efecto los arts. 19.I, 67.I, 115.I y II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Dejar sin efecto los Autos de Vista de 14 de febrero de 2022, “…con relación a los Autos de 11 y 27 de enero de 2021, (…) al Auto de 12 de marzo de 2021…” (sic), dictados por los Vocales demandados, ordenando se emitan nuevos fallos que resuelvan su petición contenida en los memoriales de 12 y 20 de noviembre; y, 4 y 14 de diciembre, todos de 2020, en respeto de los derechos al debido proceso y a la vivienda; y, b) La tutela provisional de protección del derecho a la vivienda entre tanto la jurisdicción ordinaria defina la situación jurídica de disputa del bien.
Celebrada la audiencia pública el 28 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 719 a 721, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que, el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, pronunciado en relación a la medida cautelar de no innovar, restringe el debido proceso en su elemento congruencia al no resolver el contenido fáctico de la petición de las partes, no habiéndose pronunciado respecto a la lesión de su derecho a la vivienda, tomando en cuenta solo elementos sesgados referentes al derecho a la propiedad; es decir, únicamente a datos técnicos sobre los que “…se hubiere indicado no tener certeza del derecho a proteger, cuando conforme a los antecedentes se trata de un mismo bien en cuestión…” (sic). Añade que, Dora Graciela Villazón, reconoce en su memorial que ellos se encuentran habitando su bien inmueble, lo que fue considerado por el Juez del proceso para disponer la medida cautelar de no innovar; sin embargo, el Tribunal de alzada se limitó a verificar cuestiones inherentes al derecho propietario, no así al de vivienda; omitiendo contestar los aspectos que detalló en su memorial de contestación a la alzada, “…y asimismo verificar la existencia de dos derechos propietarios con diferentes datos técnicos, pero un mismo lugar geográfico” (sic); ingresando a dilucidar cuestiones que deben comprobarse en la vía ordinaria, cuando lo que debió primar es el principio de verdad material, pretendiéndose sacarlos de un inmueble en el que residen muchos años atrás, con base en un título falso que se dilucida en la causa ordinaria, existiendo un riesgo inminente que sean afectados en sus derechos.
Juan Edgar Balderrama Balderrama y Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentaron informe escrito de 28 de abril de 2022, cursante de fs. 225 a 229, mediante el que, solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Los impetrantes de tutela pretenden emplear la acción de defensa como un recurso para impugnar el Auto de Vista de 14 de febrero de igual año, que pronunciaron; asemejándola así a una instancia casacional; 2) La demanda tutelar contiene demasiadas páginas y extensas copias de líneas jurisprudenciales expuestas como si fueran argumentos propios de los demandantes de tutela, tornándola en confusa e irrespetuosa “…del tiempo ajeno”; entremezclándose el contenido y determinaciones asumidas en dos Autos de Vista que dictaron en similar año. En ese sentido, aclararon que dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública se emitieron los Autos Interlocutorios de 11 y 27 de enero; y, de 12 de marzo, todos de 2021; tratándose los dos primeros de una misma determinación judicial, siendo una complementaria a la otra, por lo que, se dispuso que la alzada interpuesta en su contra se eleve en efecto devolutivo confeccionando para ello un cuadernillo procesal; posteriormente, la apelación planteada contra el tercer Auto Interlocutorio mencionado, también fue concedida en igual efecto devolutivo en otro cuadernillo legalizado elevado a dicha instancia, resultando ambos sorteados el 31 de enero de 2022, “…mereciendo cada cuadernillo su respectivo Auto de Vista, de fecha 14 de febrero de 2022 cada uno. Ambos Autos de Vista signados con la misma fecha resolvieron un recurso de Apelación diferente de los dos elevados” (sic); 3) Los Autos de Vista cuestionados, cuentan con la debida motivación y fundamentación en apoyo de la normativa, exponiendo las razones en virtud a las que se asumió la determinación contenida en los mismos; no constituyendo la jurisdicción constitucional una nueva instancia para revisar la actividad interpretativa efectuada por tribunales ordinarios. En ese orden, los demandantes de tutela debieron precisar el vínculo existente entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa desarrollada por la autoridad judicial, no pudiendo la jurisdicción constitucional asumir un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad realizada por los Vocales a tiempo de resolver la alzada puesta a su conocimiento; salvo que se hubieran lesionado derechos fundamentales y garantías constitucionales, lo que no sucedió; 4) No se precisaron en la acción de amparo constitucional cuáles serían los defectos puntuales del Auto de Vista, y cómo estos hubieran transgredidos los derechos invocados en la demanda tutelar, “…teniéndose por el contrario, del tenor íntegro de la demanda de amparo, una asimilación errónea por parte de la accionante de que la vía tutelar de esta jurisdicción fungiría como una instancia de corrección del procedimiento ordinario, lo que por supuesto no resulta evidente ni viable” (sic). Razones que denotarían que no se cumplió la carga argumentativa suficiente por parte de los solicitantes de tutela, quienes no indicaron de forma precisa la relación de vinculación entre la actividad interpretativa y argumentativa que desarrollaron de su parte; 5) Los Autos de Vista de 14 de febrero de 2022, explicaron a detalle los parámetros y alcances de las medidas precautorias, específicamente la prohibición de innovar que fue requerida por los accionantes, “…como una medida supletoria a la impericia cometida de su parte dentro un proceso ejecutivo -tramitado paralelamente con mucha anterioridad al proceso ordinario- por no haber Apelado la determinación de la Jueza Público en lo Civil y Comercial N° 21 de la Capital respecto a su determinación de expedirse mandamiento de desapoderamiento sobre el predio que ocupan los nombrados accionantes bajo el argumento de que los inmuebles en cuestión no son los mismos” (sic); y, 6) Los Autos de Vista refutados no dirimieron derecho propietario alguno, solo versaron sobre la indebida aplicación de la medida cautelar dispuesta por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; en cuyo orden, no afectaron tampoco el derecho a la vivienda de los peticionantes de tutela, por cuanto, en apelación no se puede ingresar a resolver cuestiones ajenas al proceso, ello en aplicación de los principios de pertinencia y congruencia que rigen en segunda instancia.
Dora Graciela Villazón, presentó memorial de 27 de abril de 2022 cursante de fs. 447 a 457, y en audiencia; indicó lo siguiente: i) En calidad de adjudicataria dentro del proceso ejecutivo instaurado por Juan Carlos Ferreira Villa (acreedor) contra Silvia Adriana Maldonado Villazón (deudora), adquirió derecho propietario mediante adjudicación judicial, a través de Auto Interlocutorio de 17 de abril de 2009, modificado en cuanto al monto de adjudicación por Auto Interlocutorio de 27 de mayo de ese año; encontrándose registrado su derecho propietario en las oficinas de DD.RR. de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0003048 de 20 de noviembre del mismo año, asiento A-3, consignándose la escritura de venta judicial 671/2009, otorgada por la Notaria de Fe Pública 29. Encontrándose a esa fecha en la fase de desapoderamiento ordenada por Resolución de 16 de febrero de 2018, “…impedido y dilatado sistemáticamente por los temerarios accionantes, no obstante, que tras varios incidentes, estos han sido RECHAZADOS por la autoridad que conoce el proceso ejecutivo, incluso pesa EJECUTORIA sobre la pretensión de oposición a desapoderamiento, planteado por los ocupantes quienes no entienden que, no tienen derecho alguno sobre este fin de (su) propiedad adquirido por venta judicial…” (sic); ii) Los demandantes de tutela pretenden en el proceso ordinario que instauraron lograr la nulidad de la escritura pública que acredita su propiedad, aduciendo ilicitud, indicando que el registro que hubiere realizado Wilson Hermosa Gonzales (fallecido), bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0003048, asiento A-1 de 15 de julio de 2003, en virtud a la escritura pública 4060, que forma parte del antecedente dominial, sería falso al ser los documentos de origen de su derecho propietario inexistente, “…que, el FONVIS no hubiera titulado con este predio al Sr. Wilson Hermosa Gonzales” (sic). En ese orden, la causa ordinaria con base en que al ser notificados con una orden de desalojo en el proceso ejecutivo, efectuadas las averiguaciones respectivas, establecieron que el inmueble registrado a nombre de Silvia Adriana Maldonado Villazón, se sobrepone al 50% de su propiedad, que les fue rechazado porque la autoridad judicial determinó no tratarse del mismo inmueble; lo que se demostraría además con la prueba adjuntada en la demanda de nulidad de escritura, referente al proceso ordinario de usucapión extraordinaria formulada, que falló declarando probada la demanda y en consecuencia, propietaria del bien inmueble situado en la urbanización Plan R-17 B, en la av. Ramón Espinoza s/n Distrito 01, sub Distrito 26, zona Mesadilla, manzano 110, con una extensión superficial de 248.14 m², registrado en DD.RR., bajo la matrícula computarizada 3.01.1.01.0024808 de 20 de julio de 2002, bajo el asiento A-1 (registrado a la fecha con la matrícula computarizada 3.10.1.01.0045967, asiento A-1 de 11 de junio de 2014); comprobándose con ello más bien que, el inmueble sobre el que se pidió la nulidad de escritura pública, es uno ajeno distinto sobre el que tendrían derecho propietario los hoy demandantes de tutela iii) En mérito a lo expuesto, los solicitantes de tutela carecen de derecho subjetivo e interés sustancial dentro de la demanda intentada, por cuanto “…el derecho propietario que les asiste sobre el bien inmueble que hubiese sido objeto de usucapión resulta ser un bien inmueble distinto al mío, que, tiene otro antecedente dominial, otra superficie, otras colindancias, y está claramente determinada como lote No 16, hecho que hace a la improponibilidad subjetiva de la demanda de nulidad de escritura...” (sic). Resaltando que, los peticionantes de tutela indujeron en error a la autoridad judicial que conoce el proceso ordinario, que se encontraría en etapa de excepciones opuestas de su parte (falta de legitimación e interés legítimo); alegando los mencionados que se trataría de un mismo inmueble registrado en el año 2003 con datos antiguos, siendo su derecho propietario registrado supuestamente el 2014, habiendo cambiado los datos de la Urbanización y las colindancias, ratificándose que “…el derecho propietario inscrito primigeniamente a nombre de Wilson Hermosa Gonzales, se sobrepone en el 50% aproximadamente a (su) propiedad” (sic); iv) La acción de amparo constitucional es dirigida contra dos Autos de Vista de 14 de febrero de 2022, pronunciados respecto a las apelaciones interpuestas contra los Autos Interlocutorios de 11 y 27 de enero;
y, 12 de marzo, todos de 2021, dictados dentro del proceso ordinario de nulidad de escrituras públicas; no constando lesión alguna de los derechos invocados en la demanda tutelar por parte de los Vocales demandados, por cuanto, los accionantes no tendrían derecho alguno, reiteran, sobre el bien inmueble de su propiedad, respecto al que sin legitimación y derecho subjetivo buscan la nulidad de bien ajeno; siendo el inmueble de los impetrantes de tutela el situado en “…la Urbanización Pacata alta IVS-EXFOMVIS manzana R-17B, en la Av. Ramón Espinoza s/n Distrito 01, Sub distrito No. 26, zona Mesadilla, Manzana No. 110, con una extensión superficial de 248.14 m², (…) inscrita en el Registro de Derechos Reales bajo la matrícula computarizada No 3.10.01.01.0045967, en fecha 11 de junio de 2014, Asiento A-1” (sic); estando el de ella inscrito “…bajo la matrícula computarizada No 3.10.1.01.003048, derecho adquirido a título de adjudicación en remate dentro el proceso ejecutivo seguido por Juan Carlos Ferreira Villa contra Silvia Maldonado Villazón…” (sic); v) Los demandantes de tutela no tenían “…derecho a interponer la demanda ordinaria de nulidad de escrituras (…) menos medida cautelar alguna y peor aún pedir y ordenar a otra autoridad judicial se inhiba de ejecutar una sentencia con calidad de cosa juzgada…” (sic); no existiendo derecho sobre el que pueda basarse la probabilidad, provisional e indiciaria de la medida precautoria, menos la verosimilitud del derecho arrogado por los accionantes al solicitar la medida de prohibición de innovar y contratar, carente de justificación legal y documental; lo que fue correctamente valorado en los Autos de Vista impugnados en la demanda tutelar, conforme a los parámetros establecidos en la SCP 0630/2015-S2 de 3 de junio; existiendo contrariamente a lo afirmado por los preciados, invasión a una parte de su inmueble sin derecho alguno, sin consideración incluso de su edad de ochenta y seis años. Gonzalo, Wilson Baldimir y Rosa Carminia Hermosa Camacho, presentaron a su vez, memorial de 27 de abril de 2022 cursante de fs. 458 a 460 vta., señalando lo siguiente: a) La acción de amparo constitucional interpuesta es falsa, temeraria y dolosa, refiriendo los impetrantes de tutela fallos constitucionales y normas jurídicas no aplicables a la litis con el fin de inducir en error a la jurisdicción constitucional y que no se proceda a la ejecución de un mandamiento de desapoderamiento dentro de un proceso ejecutivo en el que existe una venta judicial; b) Como reconocen los accionantes, su progenitor transfirió “…el LOTE DE TERRENO signado con el N 17, , que cuenta con una extensión superficial de 463,00 m2, ubicado en PACTA ALTA distrito N 1, su Distrito N 20, manzana ‘B’, debidamente registrado en Derechos Reales de Sacaba, bajo la matrícula computarizada n 3.10.1.01.0003048, a favor de SILVIA ADRIANA MALDONADO VILLAZÓN…” (sic); siendo posteriormente el inmueble objeto de subasta y remate dentro de un proceso ejecutivo, materializándose la venta judicial a favor de Dora Graciela Villazón, quien registró su derecho propietario en el asiento A-3, el 20 de noviembre de 2009, ejecutándose el desapoderamiento para desalojar a los ocupantes quienes se opusieron, rechazando el Juez de la causa dicha oposición al tratarse de dos bienes inmuebles distintos, lo que no fue impugnado por los mencionados; c) En el marco de lo antes expuesto, los peticionantes de tutela intentan dejar sin efecto una venta judicial que desde la aprobación del Auto de adjudicación, fue perfeccionada; no habiendo sido cuestionada por negligencia y omisión de los accionantes, buscando en el proceso ordinario una nulidad objetivamente improponible no solo por carencia de condiciones formales de procedibilidad sino cuando la infundabilidad de la pretensión es evidente que su demanda no es acogible en el ordenamiento jurídico; d) Los Vocales demandados decidieron de forma correcta revocar el Auto Interlocutorio que dispuso medidas cautelares de no innovar y contratar, siendo innegable que el Juez de la causa las ordenó infringiendo los arts. 311, 314 y 315 del CPC, impidiendo la ejecución de un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada, lesionando el art. 400 del Código señalado; e) Los Autos de Vista dictados por las autoridades judiciales demandadas se encuentran debidamente fundamentados y motivados, no existiendo transgresión de derechos alguna; tratándose de dos bienes inmuebles distintos “…y son los ACCIONANTES QUE A TRAVÉS DE UN USUFRUCTO SE APROPIARON INDEBIDAMENTE PARTE DE OTRO INMUEBLE QUE NO LES PERTENECE” (sic); y, f) En el asunto de examen, no existe un proceso en el que se intente el reconocimiento de un mejor derecho propietario, sino de una nulidad respecto a un inmueble, reiteran, diferente; por lo que, no sería viable ni siquiera una tutela provisional en relación al derecho a la vivienda. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de su Unidad Ejecutora de Titulación, cuyo Responsable del enlace Jurídico, brindó informe oral en audiencia, exponiendo lo que sigue: 1) En relación a la titulación del Exfondo Nacional de Vivienda (FONVIS), se encontraría en proceso de saneamiento de toda la documentación; por lo que, remitiéndose a los antecedentes que cursarían en dicha institución en cuanto al bien o bienes inmuebles en cuestión referentes al Proyecto Habitacional Pacata Alta y en cuanto a “…Roberto Ortiz Oporto y Wilson Hermosa Gonzales, del cual devendrían, respecto del primero la propiedad que alegan los accionantes y respecto del segundo la de Dora Villazón, y que conforme al Informe emitido por la Unidad Ejecutoria de Titulación No. 0157/2021 de fecha 17 de septiembre, que cursa en el proceso judicial, se tendría inexistencia de su adjudicación por el Ex FONVIS a esas dos personas, tachando de fraudulentas e ilegales las mismas…” (sic); 2) Los ocupantes de los inmuebles referidos tendrían problemas entre los lotes 16 y 17, impidiendo establecer el derecho propietario de ambos; en ese orden, al contar con escrituras públicas ilegales en relación a dichos inmuebles, fueron demandados en la justicia ordinaria; y, 3) Existen carpetas sociales de postulación en cuanto a “…bienes realizados por Karina Oporto y los ahora accionantes, consecuentemente en trámite de otorgarse derecho propietario…” (sic); constando, por ende, la instauración de acciones legales en referencia a esas escrituras públicas por lesión del derecho propietario del Estado, conforme al art. 59.II de la CPE; y, en consecuencia, “…propiedad del pueblo boliviano, por cuanto en el caso correspondía otorgar tal derecho por el Estado” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 042/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 722 a 732, concedió en parte la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista de 14 de febrero de ese año, su Auto complementario, así como todos los actuados posteriores; disponiendo que los Vocales demandados emitan un nuevo fallo considerando y resolviendo el memorial de 5 de marzo de 2021, de contestación al recurso de apelación, tomando en cuenta lo establecido en el fallo constitucional y los lineamientos jurisprudenciales referentes a los derechos al debido proceso, y al principio de verdad material. Y denegó en cuanto a la otorgación de tutela provisional de protección del derecho a la vivienda. Por último, se dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De una contrastación del memorial de apelación presentado contra los Autos Interlocutorios de 11 de enero y su complementario de 27 de igual mes y ambos de 2022, así como de la contestación a dicha alzada y el contenido del Auto de Vista de 14 de febrero de igual año, se evidencia que el fallo cuestionado se limitó a resolver los cuestionamientos efectuados por la recurrente Dora Graciela Villazón; por su parte, en cuanto a la contestación a la alzada contenida en el memorial de 5 de marzo de 2021, únicamente se ciñó a consignar el pedido efectuado por los impetrantes de tutela en sentido que se emita un fallo confirmando la decisión o en su defecto se resuelva en el fondo garantizando la tutela efectiva de sus derechos, sin haber precisado los argumentos expuestos en la respuesta precitada, ceñidos en esencial “…al principio de verdad material, el hecho de ser propietarios de una fracción de terreno claramente determinado, sobre el cual hubieren construido su domicilio, su vivienda y su morada desde hace 20 años atrás y de igual manera que ejercen la posesión física del inmueble donde hubiesen construido su vivienda, ostentando el derecho a la vivienda, (…) buscando en consecuencia con la medida cautelar motivo de cuestionamiento, su protección de ese derecho a la vivienda como base para ejercicio de los demás derechos que ostentaron (…) derecho que se encontraría reforzado por cuanto resultan ser personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad ante la existencia de un mandamiento de desapoderamiento emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial No 21 se pretendería despojarlos de esa posesión y de su vivienda en base a un título ilegal, vivienda que estuviesen ostentando hace más de 20 años atrás y consecuentemente sobre el principio de verdad material respecto a los hechos en cuanto a que se estuviese cuestionando la fracción de terreno donde tuvieren su vivienda y Dora Graciela Villazón serían propietarios de una misma fracción de terreno…” (sic); cuestiones que, por ende, tampoco merecieron definición en la parte resolutiva, tornando al Auto de Vista de 14 de febrero de mismo año impugnado, en una decisión arbitraria e incongruente, siendo innegable la lesión del debido proceso al carecer de la debida motivación en cuanto a los aspectos desarrollados en la contestación a la alzada que conforme al art. 265 del CPC, debieron ser atendidos; y, ii) En relación al derecho a la vivienda, la disposición de desapoderamiento emerge de un proceso ejecutivo; es decir, dentro de otra causa judicial cuya autoridad no fue objeto de cuestionamiento en la acción de defensa, no pudiendo, por ende, constar pronunciamiento de la jurisdicción constitucional al respecto. En ese orden, se advierte que, la impetrante de tutela María Luisa Rioja de Vidal, interpuso un incidente de nulidad respecto al mandamiento precitado y la “…determinación de la Juez Público Civil y Comercial No. 10 de prohibición de innovar y contratar que no hubiese sido considerado en Auto de 22.02.2022 por la Juez Público Civil y Comercial No 21 a tiempo de disponer el indicado mandamiento, tenerse alegado defectos absolutos entre otros, conforme se tiene del memorial respectivo de fecha 04.02.2022 y consiguientemente emitido resolución por la indicada Juez cursante Auto de 20.04.2022 al respecto y determinándose su rechazo, último actuado que se observa cursante en el expediente judicial…” (sic); respecto al que no se advierte la interposición de los medios ordinarios de defensa establecidos en el ordenamiento procesal civil. Leída la Resolución, por Auto complementario de 28 de abril de 2022, la Sala Constitucional precitada, declaró no ha lugar al pedido de la parte accionante, “…en sentido de pronunciamiento en la resolución constitucional respecto al Auto Interlocutorio de 12.03.2022…” (sic); no existiendo, según refirió fundamentación escrita ni oral en cuanto a los cuestionamientos inherentes a la apelación del Auto Interlocutorio de 12 de marzo de similar año, y el consiguiente Auto de Vista de 14 de febrero de ese año.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario de nulidad de título instaurada por Pedro Aurelio Vidal Cavero y María Luisa Rioja de Vidal, ahora accionantes, contra Dora Graciela de Villazón; el 12 de noviembre de 2020, los demandantes de tutela pidieron a la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, emitir la medida cautelar de prohibición de innovar, notificando a su vez al Juez de igual materia Vigesimoprimero de la Capital del departamento citado, a objeto que paralice el mandamiento de desapoderamiento (expedido dentro del proceso ejecutivo seguido por Juan Carlos Ferreira contra Silvia Adriana Maldonado Villazón, “…quien supuestamente adeudaba al ejecutante la suma de $us.- 3.000; llevándose adelante la ejecución del bien inscrito a nombre de Adriana Maldonado Villazón, quien habría comprado a Wilson Hermosa Gonzales, llevándose a cabo la subasta de dicho inmueble en la que resultó como adjudicataria DORA GRACIELA VILLAZÓN, quien habría cancelado la suma de Bs.- 80.000; -resultando- lo paradójico que la adjudicataria resulta ser la madre de la ejecutada” [sic]), entre tanto se resuelva el conflicto principal (fs. 55 a 56 vta.). Medida que fue reiterada a través de memoriales de 4 y 14 ambos de diciembre de igual año (fs. 75 a 79 vta.; 80 a 83 vta.). II.2. A través de Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021, la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, ordenó a la demandada Dora Graciela Villazón, de una revisión de los antecedentes del proceso y la verosimilitud existente en previsión de los arts. 310.I, 315.I y III, 336 y 337 del CPC, la prohibición de innovar y contratar en relación al bien inmueble objeto de la litis, registrado bajo la matrícula computarizada 310101003048, asiento A-3 de 20 de noviembre de 2009, bajo conminatoria de ley, disponiendo al efecto, la notificación de DD.RR. mediante comisión instruida y con su resultado se extienda provisión ejecutoria (fs. 672). Disposición complementada a pedido de Pedro Aurelio Vidal Cavero, mediante Auto Interlocutorio de 27 del mes y año señalados, dictado por la Jueza de la causa, quien estableció la adición de la prohibición de innovar y contratar en referencia al inmueble ya señalado, “…sea en el proceso ejecutivo seguido por Juan Carlos Ferreira Villa contra Adriana Maldonado Villazón con Nurej: 200634951…” (sic [fs. 673]). II.3. El 25 de enero de 2021, Dora Graciela Villazón formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 11 de enero de ese año, pidiendo sea revocado, con la condenación de costas y costos (fs. 646 a 651). Por su parte, el 19 de febrero del mismo año, planteó recurso de apelación contra el Auto complementario de 27 de enero del año señalado, pidiendo sea también revocado con expresa condenación de costas y costos, sin perjuicio de las acciones legales a plantearse de su parte por la “…manifiesta arbitraria e legal resolución” (sic [fs. 674 a 677 vta.]). II.4. Por memorial presentado el 5 de marzo de 2021, los impetrantes de tutela respondieron al recurso de alzada detallado en la Conclusión anterior, pidiendo se revise el fallo dictado por la Jueza de la causa, pronunciando Resolución confirmando el fallo y/o en su defecto se resuelva en el fondo, garantizando la tutela efectiva de sus derechos (fs. 678 a 682 vta.). II.5. A través de Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó el pedido de no extender comisión instruida y/o testimonio con la medida de prohibición de innovar y contratar, así como disponer la nulidad de notificación al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de Capital del departamento referido, contenida en “…memorial de 19 de febrero de 2021…” (sic [fs. 652 y vta.]). Contra dicha decisión, el 18 de marzo de similar año, Dora Gabriela Villazón interpuso recurso de apelación, pidiendo sea revocado (fs. 653 a 660 vta.). II.6. Mediante Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, revocó totalmente el Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021 y su complementario de 27 de igual mes y año; rechazando el pedido de aplicación de la medida cautelar específica de prohibición de innovar formulada por los accionantes a través de memoriales presentados el 12 y 20 de noviembre; y, 4 y 14 de diciembre, todos de 2020. Sin costas ni costos por previsión del art. 223.IV.3 del CPC, no existiendo recurso ulterior, determinándose la devolución de obrados al Juzgado de origen concluidos los trámites de notificación (fs. 684 a 688 vta.). II.7. Por Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, revocó totalmente a su vez, el Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, dejando sin efecto las notificaciones realizadas a las oficinas de DD.RR. de Sacaba y al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento mencionado, con los Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021. Sin costas ni costos (fs. 152 a 154). II.8. El 7 de abril de 2022, Pedro Aurelio Vidal Cavero solicito aclaración y complementación del Auto de Vista descrito en la Conclusión II.6, “…respecto al presupuesto de verosimilitud (…) al segundo presupuesto relacionado a la ineficacia de la sentencia (…) respecto a la previsión contenida en el art. 400.I y la presente demanda…” (sic [fs. 691 a 692 vta.]); dictando la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Auto de igual data, declarando no ha lugar a lo requerido manteniendo incólume la determinación asumida, al tratarse de cuestiones de fondo (fs. 693). II.9. Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, Dora Graciela Villazón requirió actualización de mandamiento de desapoderamiento, dentro de la causa ejecutiva instaurada por Juan Carlos Ferreira Villa contra Silvia Adriana Maldonado Villazón (fs. 157 y vta.). Al respecto, mediante Auto Interlocutorio de 22 de ese mes y año, la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso expedir nuevo mandamiento de desapoderamiento contra las poseedoras y poseedores del inmueble registrado en DD.RR. de Sacaba, “…bajo la matrícula computarizada Nro. 3.10.1.01.0003048, ubicado en Pacata Alta, Distrito No. 1, Sub-Distrito No. 20, lote No. 17, manzana ‘B’, Plan R-17-A-B Sacaba, con una extensión superficial de 463, 00 m (fs. 158).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como legalidad y aplicación objetiva de la ley; acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; y, a la vivienda; alegando que dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública por manifiesta falsedad e ilicitud, sustanciado en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, solicitaron la medida prohibición de innovar y contratar, que fue deferida inicialmente por Autos Interlocutorios de 11 y 27 de ambos enero de 2021. Empero, ante la apelación formulada por Dora Graciela Villazón, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, disponiendo revocar totalmente el Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021 y su complementario de 27 de igual mes y año, rechazando el pedido de aplicación de la medida cautelar específica, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, aplicando erróneamente el art. 400 del CPC, que es viable solo para procesos ejecutivos; sin contestar además nada en cuanto a los argumentos vertidos en la contestación de la apelación. Ocurriendo igual situación con la apelación del Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, que dispuso rechazar la petición de no extender comisión instruida y/o testimonio con la medida de prohibición de innovar y contratar, así como la nulidad de la notificación al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de referido; sobre el que, se emitió otro Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, determinándose, revocar totalmente el Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, incurriendo en similares vulneraciones a las ya descritas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
de la legalidad ordinaria, que vulneren derechos fundamentales Respecto al intitulado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, efectuando un análisis y extracto de la contextualización jurisprudencial emitida por el órgano de constitucionalidad en cuanto a la posibilidad de revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales; concluye que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico -argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa -argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Sobre el particular, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, haciendo referencia a diversos fallos constitucionales anteriores, establece que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. (…) Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. (…) En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
La jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, expuso que, el debido proceso en su elemento congruencia, no se limita únicamente a responder a la parte demandante respecto a la demanda o a los agravios expuestos en un recurso interpuesto, sino también a la contestación con la que, la parte demandada controvierte a la otra parte; teniendo sustento aquello en el principio de igualdad procesal en vinculación con el debido proceso precitado. En ese orden, refiriéndose a la necesidad de pronunciarse sobre la contestación a un recurso de apelación o de una demanda en un proceso, la SCP 0007/2021-S2 de 23 de febrero, haciendo alusión a resoluciones constitucionales anteriores, precisa que: “…la indicada SC 0682/2004-R, señaló que ‘Al tratarse la problemática planteada de omisiones indebidas que se hubieren suscitado dentro de un acto resolutivo materializado en una resolución dictada en apelación, cabe señalar de manera general que toda resolución, en lo que concierne al fondo de la misma, debe ser debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y derecho en la parte de fundamentación jurídica, la misma que por una parte, deberá guardar consecuencia con la parte de relación de los hechos, en la que resulta obvio se deberá exponer todo cuanto hubiera sido argumentado por las partes; y por otra, dicha fundamentación deberá ser congruente con la parte resolutiva que tendrá a su vez que ser coherente con la fundamentación y el petitorio de las partes apelantes. (…) Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación. Lo expuesto, no responde únicamente a un mero formulismo de estructura sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir una resolución motivada…’. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, en relación a la motivación respecto a la contestación dentro un proceso judicial sostuvo que: ‘El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes. Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis’ (…). De la jurisprudencia citada se puede advertir que el deber de motivación de las resoluciones de los tribunales de alzada, no se limita únicamente a la resolución de los agravios expresados por el recurrente en su impugnación; más al contrario, el Tribunal ad quem debe también considerar de manera motivada la contestación con la que controvierte la otra parte a los puntos apelados, ello en observancia al principio de igualdad procesal que orienta la labor de la administración de justicia dentro el modelo de Estado constitucional de derecho; un entendimiento contrario, afectaría el trato igualitario hacia los justiciables en desmedro del derecho a obtener una resolución debidamente fundamentada y motivada como componente del debido proceso” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Los accionantes de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, así como legalidad y aplicación objetiva de la ley; acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; y, a la vivienda; aduciendo que dentro de la causa ordinaria de nulidad de escritura pública por manifiesta falsedad e ilicitud, seguida en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Cochabamba, impetraron la medida prohibición de innovar y contratar, que fue deferida anteriormente a través de Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021. No obstante, ante la apelación planteada por Dora Graciela Villazón, los Vocales demandados pronunciaron el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, disponiendo revocar totalmente el Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021 y su complementario de 27 de igual mes y año, rechazando el pedido de aplicación de la medida cautelar específica, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, empleando erróneamente el art. 400 del CPC, que es aplicable únicamente para procesos ejecutivos; sin responder nada en referencia a los argumentos vertidos en la contestación de la apelación. Lo mismo habría sucedido con la alzada del Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, que determinó negar la petición de no extender comisión instruida y/o testimonio con la medida de prohibición de innovar y contratar, así como la nulidad de la notificación al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba; respecto a la que, se emitió otro Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, determinándose, revocar totalmente el Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, incidiendo en iguales vulneraciones a las ya expuestas. Al respecto, se advierte que en la causa ordinaria de nulidad de título seguida por los hoy impetrantes de tutela contra Dora Graciela Villazón, el 12 de noviembre; 4 y 14 de diciembre, todos de 2020, los mencionados pidieron a la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, determine la medida cautelar de prohibición de innovar, notificando, asimismo, al Juez de igual materia Vigesimoprimero de la Capital del departamento citado, a objeto que paralice el mandamiento de desapoderamiento emitido dentro de la causa ejecutiva citada en la Conclusión II.1, entre tanto se resuelva el conflicto principal. En ese orden, por Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021, la Jueza de la causa, ordenó a la hoy tercera interesada Dora Graciela Villazón, la prohibición de innovar y contratar en relación al bien inmueble objeto de la litis, registrado bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.003048, asiento A-3 de 20 de noviembre de 2009, bajo conminatoria de ley, disponiendo al efecto, la notificación de DD.RR. mediante comisión instruida y con su resultado se extienda provisión ejecutoria. Determinación complementada a través de Auto de 27 del mes y año precitados, con la adición de la prohibición de innovar y contratar en referencia al inmueble ya señalado, “…sea en el proceso ejecutivo seguido por Juan Carlos Ferreira Villa contra Adriana Maldonado Villazón con Nurej: 200634951…” (Conclusión II.2). Ahora bien, se evidencia que, el 25 de enero de 2021, Dora Graciela Villazón formuló recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 11 de enero de ese año, pidiendo sea revocado; y, a su vez, el 19 de febrero de similar año, contra el Auto Interlocutorio complementario de 27 de enero del año señalado, requiriendo también sea revocado con expresa condenación de costas y costos, sin perjuicio de las acciones legales a plantearse de su parte por la “…manifiesta arbitraria e legal resolución” (Conclusión II.3). Alzadas, en cuanto a las que, los demandantes de tutela presentaron memorial respondiéndolas, requiriendo se revise el fallo emitido por la Jueza del proceso, emitiendo resolución confirmando el fallo y/o en su defecto se resuelva en el fondo, garantizando la tutela efectiva de sus derechos (Conclusión II.4). Contestación que contiene los siguientes argumentos: a) La Jueza de la causa no dispuso de oficio la medida cautelar, sino que aquello respondió a los pedidos contenidos en los memoriales de 12 y 20 de noviembre, 4 y 14 de diciembre, todos de 2020; atendidos con dilación por Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021, realizando una corrección del proceso, “…ante la ilegalidad y falta de atención desplegada por el juez en suplencia…” (sic); b) Respecto a la falta de verosimilitud del derecho y a que no tendrían legitimidad para pedir la nulidad de título porque se trataría de dos inmuebles distintos; mediante memorial presentado el 14 de noviembre de 2019, Dora Graciela Villazón respondió negativamente a la demanda ordinaria, planteando acción reconvencional pidiendo se declare su mejor derecho sobre el predio y la reivindicación de la fracción que le corresponde; por su parte, a través de memorial del 13 de noviembre de 2020, requirió medida cautelar de anotación preventiva en el inmueble registrado en DD.RR., bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0045967, que les pertenece. En ese sentido, se comprueba la falsedad del argumento de la apelante, existiendo claramente una relación entre ambas partes consistentes en el predio que cuenta con dos títulos; debiendo considerarse conforme al principio de verdad material que, tanto Dora Graciela Villazón como ellos aducen ser propietarios de una fracción de terreno plenamente identificada sobre la que ellos construyeron su domicilio hace más de veinte años; sino cuestionan por qué hubiera pedido la anotación preventiva sobre su bien, por qué habría formulado acción reconvencional. Argumentos que aluden, serán dilucidados solo con la resolución definitiva del proceso, cuya sentencia determinará si efectivamente se trata o no del mismo bien inmueble y cuál derecho propietario incumbe proteger; c) Ellos son quienes ejercen la posesión física del inmueble sobre el que tienen construida su vivienda, buscando con la medida cautelar, por ende, proteger su derecho propietario en igualdad de condiciones, a más del derecho a la vivienda con base en el ejercicio de los demás derechos reforzados al ser adulta mayor; resaltando que, la ahora tercera interesada jamás estuvo en posesión del bien, mismo que adquirió en virtud a una adjudicación en remate judicial emergente de un proceso ejecutivo; d) En cuanto al peligro, consta un mandamiento de desapoderamiento expedido en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante el que, Dora Graciela Villazón pretende despojarles de su posesión y vivienda; e) La falta de fundamentación del Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021, fue subsanada y complementada por Auto Interlocutorio de 27 de ese mes y año, gozando la medida de legitimidad a los efectos del proceso; f) Respecto a la notificación al Juzgado precitado, el art. 315.II del CPC, es claro al establecer que el afectado con las medidas cautelares será notificado en el plazo de tres días computables de su ejecución; procedimiento que se complementa con lo previsto en el parágrafo I de esa norma, que regula que ningún incidente ni observación planteada por la o el cautelado con la medida podrá impedir su ejecución; máxime si se tiene en cuenta que las alzadas respecto a la adopción de medidas cautelares deben ser tramitadas en el efecto devolutivo; es decir, no paralizan el proceso; y, g) No existe infracción o vulneración alguna a la norma procesal; no pudiendo acogerse el argumento que la prohibición de innovar “…no puede impedir la ejecución del mandamiento de desapoderamiento (…), puesto que el proceso ordinario por excelencia, es el que en definitiva resuelve los derechos controvertidos; en cambio el proceso ejecutivo, tiene el carácter de monitorio, por tanto sus resoluciones (sentencia) solo tiene el carácter de cosa juzgada formal, máxime si se tiene en cuenta que el proceso ordinario, puede modificar lo dispuesto en el proceso ejecutivo” (sic). Finalmente, en el Otrosí, en cuanto a la petición de no extenderse comisión instruida, indicaron que la misma no podía ser atendida considerando lo regulado en el art. 315.I del CPC. En relación a la apelación y contestación antes anotadas, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022 (Conclusión II.6), revocando totalmente el Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2021 y su complementario de 27 de igual mes y año; rechazando el pedido de aplicación de la medida cautelar específica de prohibición de innovar requerida por los impetrantes de tutela mediante memoriales presentados el 12 y 20 de noviembre; y, 4 y 14 de diciembre, todos de 2020; determinándose la devolución de obrados al Juzgado de origen concluidos los trámites de notificación (Conclusión II.6). Auto de Vista de 14 de febrero de 2022 respecto al que, se dictó por su parte, el Auto de 7 de abril de ese año, declarando no ha lugar al pedido de aclaración y complementación cursado por Pedro Aurelio Vidal Cavero (Conclusión II.8). El Considerando I de dicho Auto de Vista, expone los antecedentes del proceso; el contenido de los recursos de apelación planteados; refiriendo en su punto I.3, el trámite de los recursos y concesión de las apelaciones, señalando únicamente que fueron concedidos en el efecto devolutivo “…previa contestación de los demandantes mediante memorial de 05 de marzo de 2021, (…) por el que solicitaron al Tribunal de Alzada emitan resolución confirmando la resolución y/o en su defecto fallen en el fondo garantizando la tutela efectiva de sus derechos” (sic). En ese marco, se advierte que en el Considerando II, el Auto de Vista se ciñe a responder solo los puntos de agravio expuestos en la apelación presentada por Dora Graciela Villazón, sin detallar, precisar ni referirse en ningún momento a los argumentos vertidos en la contestación exhibida por los demandantes de tutela; por lo que, pese a que los Vocales demandados sí fundamentaron, motivaron y respondieron congruentemente los agravios expuestos por la ahora tercera interesada en su apelación; omitieron pronunciarse en cuanto a los de la otra parte (contestación presentada por los hoy demandantes de tutela), desconociendo que a efectos de cumplir el principio de congruencia, inherente al debido proceso, no solo se deben responder los agravios expuestos en un recurso, sino también la contestación de la otra parte (Fundamento Jurídico III.3), entendiéndose que, la omisión de la consideración de la respuesta al recurso, resulta arbitraria y constituye una omisión indebida advertida en el fallo de alzada. En cuanto a lo antes señalado, la jurisprudencia constitucional detallada en el precitado Fundamento Jurídico III.3, refiere que, la obligación de las autoridades judiciales de responder y pronunciarse no solo sobre los argumentos de la alzada, sino también sobre la contestación a la misma; no es un mero formalismo de estructura, teniendo sustento en los deberes esenciales del juez y en el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de orden procesal reconocidos a los sujetos procesales, vinculado ello, asimismo, a los derechos al acceso a la justicia, a la igualdad de las partes, y a obtener una resolución fundamentada, motivada y congruente; y, a una valoración de la prueba, en el marco del debido proceso. En ese orden, la decisión de dejar sin efecto el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, pronunciado en cuanto a los Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021, resuelta por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, es correcta, al ser imprescindible el pronunciamiento de un nuevo fallo que responda expresamente a los aspectos contenidos en la contestación de la alzada, confirmando o desvirtuando, lo expuesto por los hoy accionantes, en sentido, entre otros, que la medida cautelar fue emitida no de oficio sino conforme a sus solicitudes de 12 y 20 de noviembre, 4 y 14 de diciembre, todos de 2020; que, por memorial presentado el 14 de noviembre de 2019, Dora Graciela Villazón respondió negativamente a la demanda ordinaria, planteando acción reconvencional pidiendo se declare su mejor derecho sobre el inmueble y la reivindicación de la fracción que le corresponde; por su parte, a través de memorial de 13 de noviembre de 2020, requirió medida cautelar de anotación preventiva en el inmueble registrado en DD.RR., bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0045967, que les pertenecería, lo que comprobaría la supuesta falsedad del argumento de la apelante, existiendo claramente una relación entre ambas partes consistentes en el predio que contaría con dos títulos. Que además, debiera considerarse conforme al principio de verdad material que, tanto Dora Graciela Villazón como ellos aducen ser propietarios de una fracción de terreno plenamente identificada sobre la que ellos habrían construido su domicilio hace más de veinte años; lo que únicamente sería dilucidado con la resolución definitiva del proceso, cuya sentencia determinará si efectivamente se trata o no del mismo bien inmueble y cuál derecho propietario incumbe proteger. Que, ellos eran quienes ejercían la posesión física del inmueble sobre el que tienen construida su vivienda, buscando con la medida cautelar, por ende, proteger su derecho propietario a más del derecho a la vivienda con base en el ejercicio de los demás derechos reforzados al ser adulta mayor; resaltando que, la tercera interesada jamás estuvo en posesión del bien. Que, referente al peligro, constaría un mandamiento de desapoderamiento expedido en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante el que, Dora Graciela Villazón pretendería despojarles de su posesión y vivienda. En ese marco, se reitera que, la falta de respuesta a los puntos contenidos en la contestación al recurso de apelación, claramente generó inseguridad jurídica y falta de certeza a los hoy impetrantes de tutela, sobre la determinación asumida, de revocar totalmente los Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021, rechazando el pedido de aplicación de medida cautelar específica de prohibición de innovar; lo que conlleva a que, el Auto de Vista precitado de 14 de febrero de 2022, sea un fallo arbitrario e insuficiente; no habiendo respondido de forma fundamentada, motivada y congruente los aspectos plenamente identificados en la respuesta a la apelación de los Autos Interlocutorios señalados; obviando que, los justiciables merecen respuestas que cumplan el debido proceso exigible en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Efectuadas dichas precisiones, corresponde señalar que, la tutela es otorgada únicamente en referencia a la transgresión del derecho al debido proceso, que conforme al Fundamento Jurídico III.1, en relación a la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, es otorgable: Por lesión del indicado derecho a recibir una resolución congruente y motivada; valoración probatoria apartada de los marcos de razonabilidad y equidad; e, incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, que vulneren derechos fundamentales; siendo innegable que, en el caso, se produjo la transgresión del debido proceso en dichos elementos, así como a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Por su parte, en lo referente al derecho a la vivienda, si bien consta la expedición del mandamiento de desapoderamiento descrito en la Conclusión II.9; se advierte que dicho derecho está supeditado a la nueva decisión a ser emitida por parte de los Vocales demandados, en relación a la apelación de los Autos Interlocutorios de 11 y 27 ambos de enero de 2021, cuya respuesta contiene argumentos vinculados al mismo; por lo que, conforme concluyó la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no es viable su tutela. Finalmente, en cuanto al Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021, a través del que, la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó el pedido de no extender comisión instruida y/o testimonio con la medida de prohibición de innovar y contratar, así como disponer la nulidad de notificación al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento referido, contenida en “memorial de 19 de febrero de 2021”. Se advierte que, el 18 de marzo de 2021, Dora Gabriela Villazón interpuso recurso de apelación, pidiendo sea revocado (Conclusión II.6); no mereciendo dicha apelación contestación alguna por parte de los hoy impetrantes de tutela; emitiendo los Vocales demandados, el Auto de Vista también de 14 de febrero de 2022 (Conclusión II.7), revocando totalmente el fallo impugnado, dejando sin efecto las notificaciones realizadas a las oficinas de DD.RR. de Sacaba y al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento mencionado, con los Autos Interlocutorios de 11 y 27 de enero de 2021, “…siempre y cuando dichas actuaciones procesales -y otra más relacionadas únicamente a la aplicación y materialización de medidas cautelares- hayan sido efectivamente practicadas, ello tomando en cuenta que no cursan en antecedentes todas las notificaciones realizadas” (sic). En ese sentido, este Tribunal tal como determinó la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no puede emitir ningún pronunciamiento sobre el particular, al no evidenciarse que, los accionantes hubieran respondido en su oportunidad a la alzada que mereció la emisión de dicho Auto de Vista. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela respecto a los derechos al debido proceso, y el principio de verdad material, dejando sin efecto el Auto de Vista de 14 de febrero de 2022 y su complementario, emitido en relación a los Autos Interlocutorios de 11 y 27 de ambos enero de 2021; y, denegarla en lo referente a la otorgación de tutela provisional de protección del derecho a la vivienda, así como el otro Auto de Vista de la misma fecha; actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 042/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 722 a 732, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente en relación a los derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, respecto al Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, emitido por los Vocales demandados, respecto a los Autos Interlocutorios de 11 y 27 de enero de 2021; en iguales términos a la Sala Constitucional precitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela en lo referente al Auto de Vista de 14 de febrero de 2022, dictado por los Vocales demandados, en cuanto al Auto Interlocutorio de 12 de marzo de 2021; así como en lo inherente a la denuncia de vulneración del derecho a la vivienda, por las razones desarrolladas en la última parte del presente fallo constitucional plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0361_2023-S2.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): afa417a05b32decaaeb880ad88c69481e7dcd3a0fa36fb892d0ecee434b878f9
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