B.IA.LEGAL

SCP 0360/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51951-2022-104-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como vulnerados sus derechos a, la libertad, al debido proceso en las garantías mínimas del derecho a una fundamentación y motivación razonables de las resoluciones, toda vez que: 1) Los jueces demandados, en la emisión del Auto Interlocutorio 198/2022, a través del cual revocaron su detención domiciliaria y dispusieron su detención preventiva, de manera oficiosa y arbitraria, sin solicitud ni argumentación por parte del Ministerio Público y de la parte civil, ni debate en audiencia, activaron los riesgos procesales insertos en el art. 234 núm. 3 y 4 del CPP; y emitieron una resolución judicial que carece de fundamentación y motivación; y, 2) El Vocal codemandado, incurrió en incongruencia, ya que no obstante a haber determinado que era evidente que el Tribunal de Sentencia de manera errada incorporó el riesgo procesal previsto en el núm. 3) del art. 234 del CPP; sin embargo, en la parte resolutiva declaró sin lugar al recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 40 vta. a 46, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 212/2021-SPI de 30 de agosto, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, b) Que el Vocal demandado o quien ejerza ese cargo, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela con relación a los jueces codemandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. Sobre la motivación arbitraria
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51951-2022-104-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 40 vta. a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Christian Alejandro Ávila Santos contra Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Irma Marina Castellón Betancur y Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 15 a 24, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte, tipificado por el art. 273 del Código Penal (CP); por lo que, el 11 de marzo de 2017 se instaló la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Tarija, en esa ocasión se le aplicó la medida cautelar de la detención domiciliara con beneficios de salida a estudiar; la cual, fue ratificada por Auto de Vista de 17 de marzo de 2022; habiendo obedecido las directrices emanadas de las autoridades judiciales, en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares impuestas, el periodo comprendido entre las gestiones 2018 a 2022, no existiendo un informe de parte de los funcionarios policiales a cargo de ejercer la custodia que haga referencia a que hubiera tenido comportamiento negativo o que su conducta sea contraria a lo dispuesto por la medida cautelar.

Ejerciendo su derecho al estudio, luego de cumplir formalidades estudiantiles, procedió a salir y circunstancialmente a colaborar a una familiar en la distribución de mercadería y luego alimentarse en un expendio de pollos, pero al retornar a su domicilio, se toparon con un control rutinario que realizaba la Unidad Operativa de Tránsito, por cuyos efectivos fue detenido y conducido a celdas policiales. Como efecto de ese suceso, la Fiscalía oficiosamente le inició proceso penal por la supuesta comisión del delito de evasión; lo cual, es falso porque en ningún momento se encontraba en fuga, toda vez que su conducta y forma de actuar este último tiempo acreditan que pretende someterse al proceso bajo el cual se le investiga. Por otra parte, el representante del Ministerio Público, mediante un escrito presentado el 22 de agosto de 2022, solicitó ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, que se revoquen las medidas cautelares; por lo cual, en audiencia de 24 de agosto del mismo año, el Fiscal solamente mencionó el art. 247 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que su persona en su condición de imputado habría realizado el abandono de su domicilio sin autorización previa, a consecuencia de ello se inició la causa por el delito de evasión; por su parte, la acusación particular únicamente se adhirió a lo expuesto por la Fiscalía sin fundamentar su postura. Dichos aspectos fueron cuestionados de su parte, señalando que no corresponde la revocatoria de las medidas cautelares de forma directa, sino que ésta debe ser analizada y fundamentada conforme a lo establecido por la SCP 0042/2012 de 26 de marzo. Resolviendo dicha solicitud, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, de manera oficiosa, sin solicitud ni argumentación por parte del Ministerio Público y de la parte civil, sobre la activación de los riesgos procesales insertos en el art. 234 núm. 3 y 4 del CPP; y sin que se hubieran debatido sobre los mismos, a través del Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2022, determinaron su concurren en su caso en particular, y con ese actuar irregular dispusieron la revocatoria del arresto domiciliario e impusieron la detención preventiva como medida cautelar extrema. Dicha determinación carece de fundamentación y motivación al ser arbitraria y oficiosa. Contra el referido Auto interlocutorio interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante el Auto de Vista de 30 de agosto del 2022, a través del cual decidió mantener incólume el Auto Interlocutorio apelado. En la Resolución de alzada, el Vocal demandado, incurrió en incongruencia puesto que, no obstante determinar que era evidente que el Tribunal de Sentencia de manera errada incorporó el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 3) del CPP; sin embargo, incongruentemente en la parte resolutiva declaró no ha lugar al recurso de apelación.

Añade que, tanto en el Auto Interlocutorio como en el Auto de Vista, se incorporaron riesgos procesales que nunca fueron debatidos en audiencia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos, a la libertad, al debido proceso en las garantías mínimas del derecho a una fundamentación y motivación razonables de las resoluciones mencionando los arts. 23.I; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1,3, 5 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto legal el Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2022, expedido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija; también que se expulse de la vida jurídica el Auto de Vista de 30 de mismo mes y año emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; b) Se disponga anular el mandamiento de detención preventiva emitido en su contra; y, c) El Tribunal de Sentencia Penal Primero del citado departamento, programe nueva fecha y hora de audiencia para que expida una resolución acorde a los lineamientos expresados en la acción tutelar.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de "octubre" de 2022 -siendo lo correcto noviembre-, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 40 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalo que: 1) Se tome en cuenta el Auto Supremo 443/2006 de 11 de octubre, cuya doctrina legal aplicable, determina que, el clamor de los privados de libertad; tal cual, se cita en el Auto Supremo 424/2006 de 20 de octubre, se debe respetar la presunción de inocencia; así también, se deben tomar en cuenta el principio de legalidad, la vigencia plena del derecho a la defensa, a que un Juez tome conocimiento de sus pretensiones jurídicas con criterio verás y ejerciendo con independencia, para resolver las pretensiones jurídicas que se denuncian procesamiento indebido; 2) En la dinámica del proceso ordinario del cual deviene la presente acción tutelar, se debe tomar en cuenta lo que la doctrina generada por el "Profesor Eduardo Couture" ha sentado, que el proceso tiene una finalidad, cual es, la de someter al imperio de la ley todas las circunstancias y situaciones para que con ese filtro se genere la tan ansiada justicia, lo que en la especie no ha ocurrido, el Ministerio Público no sustentó de forma correcta su pretensión jurídica; más errada fue la actuación del Tribunal de Sentencia ahora demandado, porque asumió las tareas de persecutor penal cual si fuera Fiscalía, vulnerando así el art. 172 de la CPE, otorgando de manera oficiosa más de lo impetrado, el anterior sistema procesal penal basado en la práctica inquisitiva, ya es un criterio superado, el actual sistema de garantías permite un acceso efectivo a la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que la Norma Suprema consagra, ante la falta de argumentos en el planteamiento del Ministerio Público al momento de solicitar la revocatoria de las medidas cautelares lo que correspondía era que se rechace tal pretensión ante los vicios que contaminan dicha solicitud porque adicional a la falta de argumentos, también la falta de pruebas es un elemento importante; ya que, no ha demostrado cuales son los actos preparatorios que se realizaban para consumar el delito de evasión; 3) Sufrió la lesión a sus derechos fundamentales en dos momentos puntuales en la audiencia de 24 de agosto de 2022, la primera ocasión fue cuando el Ministerio Público planteó su pretensión de revocatoria de la detención domiciliaria bajo custodia, sin mostrar la verdad material que sustenta dicha pretensión, y cuando el Tribunal ahora demandado otorgando más de lo solicitado (ultra vires) determinó la revocatoria de la detención domiciliaria disponiendo la detención preventiva en un recinto penitenciario; 4) Las autoridades demandadas han confirmado su irregular proceder en los informes que presentaron en el marco de la presente acción tutelar, se debe analizar y determinar que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, vulneró los bienes jurídicos denunciados como lesionados y el Vocal ahora demandado en vez de revisar y corregir los errores de los ad quo, convalidó dichos yerros, porque afirmó que los riesgos procesales determinados por el art. 234 núm. 3 del CPP no concurría, pero si estaba latente el contenido en el núm. 4 del mismo articulado lo que constituye una aplicación incorrecta de la normativa procesal penal, porque el Vocal ha confundido el contenido de la norma he invertido su aplicación generando los agravios denunciados, habiendo generado una realidad que no existe, cuando lo correcto era desestimar la solicitud de revocatoria de medida cautelar; y, 5) El Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, cuando se analiza la situación llevada en revisión, simplemente se aboca a validar los errores del ad quo, porque afirma que no existió la valoración de los elementos que fueron puestos a conocimiento del inferior, pero pese a ello emite criterios encontrados sobre un mismo punto de análisis, generando una contradicción y confusión en el contenido de la Resolución, se debe tomar en cuenta la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero que permite dirigir la acción tutelar contra el inferior; así como, contra la autoridad de alzada, cuando las lesiones o agravios sean coincidentes y el análisis elaborado sea limitado únicamente a validar actuaciones previas con un fallo posterior.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Jorge Ahmed Julio Ale, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito de 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33 vta., manifestó lo siguiente: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de sus fallos y hermenéutica, ha generado el criterio de que la justicia constitucional no es la instancia idónea para revisar las resoluciones de la jurisdicción ordinaria como si se trataría de una etapa más de esta última, la SCP 1031/2016-S2 de 24 de octubre, determina que la situación del detenido preventivo podrá ser modificada cuando nuevos elementos enerven los riesgos aplicados en la audiencia de medidas cautelares; ii) La "SCP 1179/2015" de 16 de noviembre citando la SCP 0767/2015-S3 de 8 de julio que también menciona la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, desarrollan la subsidiariedad; es decir, que se deben activar los medios idóneos para cumplir las etapas procesales y no realizar activaciones paralelas de medios de defensa que puedan causar disfunciones procesales; iii) La autoridad llamada para precautelar los derechos de los justiciables en el ámbito del proceso penal no es otro que el Juez Cautelar, pero esa facultad de solicitar control jurisdiccional tiene sus regulaciones, la tarea a realizar en una audiencia que dilucida la revisión sobre la detención efectuada, la Fiscalía debe demostrar ante la autoridad jurisdiccional que procede la detención preventiva ajustando su actuar al marco normativo; iv) El Auto de Vista 212/2022 objeto de la acción tutelar, estableció que toda resolución emitida por una autoridad superior, debe estar motivada, fundamentada y con una clara exposición de motivos, con el afán de que la determinación a tomar sea justificada y correctamente sustentada, haciendo conocer la pertinencia de aplicar los requisitos determinados por el art. 233 del CPP; así como, también los postulados exigidos por los arts. 234 y 235 de la norma adjetiva penal, todo esto dando cumplimiento al contenido del art. 236 de la misma norma; lo cual, es vital para resolver aspectos vinculados a la libertad del justiciable; v) El recurso de apelación incidental resuelto, reclamaba como agravios, la falta de fundamentación, una inexistente motivación, al realizar la introspección se pudo evidenciar el contraste y la subsunción realizada por los ad quo, al haberse habilitado la concurrencia del riesgo procesal inserto en el art. 234 núm. 4, "que no existe fundamentación sobre el art. 234 núm. 3 del CPP; sin embargo, se activa erradamente por el Tribunal esto si consiste en una incongruencia omisiva en relación a este numeral 3 pero no así el núm. 4 pues este ha sido debidamente fundamentado"; y, vi) Para establecer la pertinencia de la detención preventiva, es necesario aplicar el tecnicismo que nos permita equilibrar su aplicación, su finalidad es la de asegurar la presencia del imputado en la tramitación de la causa y esa tarea la cumplió el Tribunal de Sentencia ahora demandado, la desestimación de la apelación no se constituye en un acto vulneratorio por cuanto los Tribunales de alzada tienen la competencia para resolver las impugnaciones planteadas por los justiciables en la forma que la norma procesal les permite. Irma Marina Castellón Betancur y Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, presentaron su informe escrito de 22 de noviembre de 2022, cursante a fs. 38 de obrados, argumentando que: La resolución cuestionada, contiene los suficientes elementos que explican la relación fáctica, los argumentos jurídicos y la motivación que llevó a tomar la decisión asumida, porque se tomó conocimiento de que el ahora accionante, al estar bajo el mandato-de una detención domiciliaria, burló su custodia policial y acomodó su conducta en las causales de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva contenidas en el art. 247 núm. 1, 2 y 3 del CPP que también pueden ser instrumentalizados para verificar la existencia de riesgos procesales, porque al haber sido encontrado en flagrancia evadiendo su detención domiciliaria, concurre la aplicación de dicha conducta como fuga, por eso correspondió la activación del art. 234 núm. 3 y 4 de la misma norma adjetiva, aplicando la legalidad imperante y tomando en cuenta la verdad material. La Fiscal de Materia, "Beatriz Soliz", mediante intervención vía oral realizada en audiencia (fs. 40 vta.), expresó que no existe agravio alguno; por lo que, no corresponde estimar la pretensión del accionante.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 05/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 40 vta. a 46, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: a) Los Tribunales de alzada, son competentes para enmendar los yerros y equivocaciones de las autoridades inferiores; por lo que, la activación de la jurisdicción constitucional tiene que darse contra las autoridades de última instancia; b) La jurisdicción constitucional no puede invadir las competencias de la justicia ordinaria, como en el caso de la valoración probatoria, porque dicha potestad es exclusiva de la jurisdicción ordinaria, tal criterio esta esbozado en las SSCC 0577/2022-"R" y 0343/2010-R de 15 de junio, la única permisión es cuando se verifique que la justicia constitucional habría podido constatar que la labor desplegada por el Juez ordinario, ha sido lesiva a los derechos fundamentales en cuanto al análisis y valoración del elenco probatorio; c) En la especie el accionante no se encuentra privado indebidamente de su libertad, se le impuso un mandato para que él lo cumpla y lamentablemente, no ha seguido las determinaciones emanadas de autoridad competente, porque fue interceptado en compañía femenina con influencia alcohólica, en plena vía pública cuando debía de estar en su casa cumpliendo la detención domiciliaria; por lo que, en resguardo de los fines del proceso, correspondía su detención preventiva; y, d) En la consideración a la situación del imputado, este debía permanecer en su domicilio bajo custodia, con la única permisión de salir a cumplir sus labores estudiantiles, y al no ejecutar de esa forma sus beneficios procesales, generó la concurrencia de lo establecido por el art. 234 numeral 4 del CPP, esto se determinó correctamente por el Vocal de la Sala Penal Primera, pero también se advirtió una postura contraria lo cual debería haber generado el efecto de manifestarse en parte con la resolución confutada, al haberse desvirtuado lo determinado por el núm. 3 del precitado artículo, descartando riesgos procesales al amparo del art. 247.1 del CPP; lo cual, solo se constituye en elementos de forma que no inciden con importancia en la tramitación de la situación procesal del imputado; así como, tampoco en la decisión asumida.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2022, el Ministerio Público, impetró ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, la revocatoria de medidas cautelares, en contra de Christian Alejandro Ávila Santos, esto dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de lesión seguida de muerte previsto y sancionado por el art. 273 del CP (fs. 2 a 3 y vta.). II.2. El 24 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento -ahora demandados- mediante Auto Interlocutorio 197/2022 de 24 de agosto, determinó revocar la detención domiciliaria del ahora accionante y modificarla reemplazándola por la aplicación de la medida extrema de la detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, dicha decisión fue apelada en audiencia por la defensa técnica del imputado (fs. 5 a 6 y vta.). II.3. En la audiencia de 30 de agosto de 2022, desarrollada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, la defensa técnica del ahora impetrante de tutela, fundamentó su recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 198/2022 de 24 de agosto, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento, en la audiencia de modificación de medida cautelar solicitada por el Ministerio Público (fs. 7 a 14 y vta.). II.4. El Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en su rol de revisión, emitió el Auto de Vista 212/2021-SPl de 30 de agosto, declaró sin lugar el recurso de apelación (fs. 34 a 37).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como vulnerados sus derechos a, la libertad, al debido proceso en las garantías mínimas del derecho a una fundamentación y motivación razonables de las resoluciones, toda vez que: 1) Los jueces demandados, en la emisión del Auto Interlocutorio 198/2022, a través del cual revocaron su detención domiciliaria y dispusieron su detención preventiva, de manera oficiosa y arbitraria, sin solicitud ni argumentación por parte del Ministerio Público y de la parte civil, ni debate en audiencia, activaron los riesgos procesales insertos en el art. 234 núm. 3 y 4 del CPP; y emitieron una resolución judicial que carece de fundamentación y motivación; y, 2) El Vocal codemandado, incurrió en incongruencia, ya que no obstante a haber determinado que era evidente que el Tribunal de Sentencia de manera errada incorporó el riesgo procesal previsto en el núm. 3) del art. 234 del CPP; sin embargo, en la parte resolutiva declaró sin lugar al recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, reafirmando lo señalado por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea en cuanto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, estableció lo siguiente: «El Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP» [el resaltado es añadido].

III.2. Sobre la motivación arbitraria

Con relación a la motivación arbitraria y las modalidades que esta tiene, la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, luego de efectuar la sistematización de la jurisprudencia constitucional sobre esta temática, señala:

…Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso examinado, el accionante denuncia que: i) Los jueces demandados, en la emisión del Auto Interlocutorio 198/2022, a través del cual revocaron su detención domiciliaria y dispusieron su detención preventiva, de manera oficiosa y arbitraria, sin solicitud ni argumentación por parte del Ministerio Público y de la parte civil, ni debate en audiencia, activaron los riesgos procesales insertos en el art. 234 núm. 3 y 4 del CPP; y emitieron una resolución judicial que carece de fundamentación y motivación; y, ii) El Vocal codemandado, incurrió en incongruencia, ya que quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 2El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

3El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 4El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

no obstante haber determinado que era evidente que el Tribunal de Sentencia de manera errada incorporó el riesgo procesal previsto en el núm. 3) del art. 234 de la norma adjetiva penal, sin embargo, en la parte resolutiva declaró sin lugar al recurso de apelación. De principio cabe precisar que en mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ésta Sala limitará su análisis al Auto de Vista emitido por el Vocal demandado, toda vez que dicha autoridad tiene plena competencia para revisar y en su caso reparar las vulneraciones en las que pudo haber incurrido el Tribunal de primera instancia; consiguientemente, corresponde denegar la tutela respecto a los jueces demandados, sin ingresar al examen de fondo sobre el Auto Interlocutorio impugnado. Con relación al Vocal demandado. Del análisis del contenido del Auto de Vista 212/2021-SPI de 30 de agosto, emitido por el Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al referirse al riesgo previsto en el art. 234.3 del CPP, señala: “ debemos tener consideración de que no existe fundamentación sobre el art. 234 numeral 3 del C.P.P. sin embargo se activa erradamente por el Tribunal esto si consiste en una incongruencia omisiva en relaciona que este numeral 3 pero no así el numeral 4 pues este ha sido debidamente fundamentada…” (sic); no obstante de efectuar dicho razonamiento, el Vocal demandado, en la parte resolutiva declara no ha lugar al recurso de apelación incidental, sin ninguna reserva, es decir totalmente. Ahora bien, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente sentencia Constitucional Plurinacional, la arbitrariedad de la resolución judicial puede darse por quebrantamiento del principio de congruencia, que, en su dimensión, se presenta por la incoherencia interna del fallo; es decir, cuando no existe relación entre las premisas -normativa, fáctica y la conclusión-. En el caso examinado, el Vocal demandado ha incurrido en dicha incoherencia, puesto que no obstante a concluir que el Tribunal de Sentencia incurrió en incongruencia omisiva al no fundamentar sobre el riesgo de fuga previsto en el art. 234.3 del CPP; es decir, de encontrar mérito a ese agravio, empero de forma incoherente resolvió declarar sin lugar al recurso de apelación; con lo cual efectivamente ha vulnerado el derecho al debido proceso y por consecuencia el derecho a la libertad personal del imputado, razón por la cual corresponde conceder la tutela sobre esta denuncia. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obro de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 40 vta. a 46, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, bajo los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 212/2021-SPI de 30 de agosto, emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, b) Que el Vocal demandado o quien ejerza ese cargo, emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela con relación a los jueces codemandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0360_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 52f36e360a50d95a377ebac44ac1f1417b2b813f6c96605b54f02419e0e92316

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